Este miércoles 29 de abril, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) presentó una Propuesta integral y equitativa para la recuperación de la crisis económica y social, provocada por el COVID-19. La misma fue entregada en Casa Presidencial por Yorgina Alvarado, Secretaria General del SEC, al vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez y la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara.
Enlace de la propuesta: https://www.seccr.org/covid-19-la-crisis-economica-y-soci
Esta ruta planteada se basa en la mitigación de las consecuencias de la pandemia y su recuperación. También se incorpora un esquema mejorado de recaudación que abarca la intervención estatal durante la crisis y el alivio al bolsillo de las personas.
Gilberth Díaz, presidente del SEC, explica que es necesario mejorar la recaudación impositiva para dotar de recursos al Plan Proteger, aumentando su alcance y cobertura hasta los ¢200 mil. Para ello es necesaria una reforma tributaria progresiva que grave los ingresos líquidos netos (después de deducciones) personales a partir de ¢1,5 millones sin importar si la persona trabaja en el sector público o el privado”.
“Necesitamos una aplicación de impuestos extraordinarios a la renta empresarial; las rentas y ganancias de capital; al consumo suntuario; además de un impuesto por única vez del 1,5% a las fortunas privadas y empresariales ociosas mayores a $1 millón. Igualmente, estamos proponiendo un impuesto escalonado a las zonas francas cuyas actividades o giros de negocio no han sido afectados económicamente por la pandemia o bien sus ganancias se han visto incrementadas”, dijo Díaz.
La propuesta del SEC incluye la utilización de una parte de los fondos provenientes del financiamiento externo y sugiere un rol más activo del Banco Central en la compra de deuda para reducir la presión fiscal, la emisión de dinero para inyectar liquidez a la economía y la emisión de bonos.
El presidente del SEC agregó la necesidad de renegociar la deuda interna con el fin de reducir su peso en el presupuesto nacional y mejorar así las finanzas públicas.
“Los ahorros que genere el sector público producto de este período de aislamiento deben dirigirse al fortalecimiento de la CCSS y para apoyo de las mipymes. (Por ejemplo, viáticos, combustibles, electricidad, agua, algunos de mantenimiento, etc.), los superávits libres de instituciones públicas y el recorte de gastos superfluos”, señaló.
La propuesta del SEC hace un llamado a la responsabilidad del Gobierno de garantizar la estabilidad del empleo público en el entendido que es necesario para la atención de la emergencia y la reconstrucción de la economía. Al mismo tiempo se sugiere que toda ayuda que se otorgue a través de moratorias hacendarias y previsionales sean otorgadas específicamente a empresas con problemas comprobables.
Respecto al mejoramiento de las condiciones económicas individuales y empresariales, se necesita una amplia moratoria financiera de 6 meses para quienes sufren los efectos de la crisis por lo que el Banco Central BCCR debe dar facilidades de liquidez con un fondo de rescate.
Para lograr el alivio económico de hogares y empresas es fundamental que la ley de usura ponga un tope de 27% sobre la Tasa Básica Pasiva. Esto unifica las tasas tope y crea condiciones de control crediticio para el BCCR. “La aprobación del proyecto actual es una burla a miles de costarricenses”.
El BCCR debe fijar topes de comisiones por uso de datáfonos considerando: estándares internacionales, la coyuntura económica del país y la urgencia de las pymes por contar con recursos para operar, también debe asegurar que las entidades financieras entreguen a las empresas el dinero producto de las transacciones el mismo día.
Sugerimos un sistema de precios subsidiados de la electricidad para personas, comercios e industrias de forma segmentada y con criterios técnicos definidos por el ICE. La idea es que el consumo más básico de cada segmento tenga un mayor subsidio y que luego de ciertos volúmenes se pase la tarifa completa.
La ruta planteada por el SEC también menciona la participación del capital privado en la construcción y operación de proyectos de infraestructura medulares para el país. Entendemos, que para que el modelo de APP sea exitoso se tiene que incorporar la noción de conveniencia e interés nacional en la negociación y que el proyecto se construya desde las necesidades de la población. “No es conveniente que la Asamblea Legislativa se enfrasque en discusiones que retrasen el financiamiento de obras claves en la etapa de recuperación económica y social”.
También se propone una ley de medicamentos que se concentre en el servicio que presta el fármaco y no reducirlo únicamente a su dimensión comercial o verlo como un simple producto. También será necesaria una ley de implementos médicos que recoja las lecciones aprendidas de esta emergencia.
Es evidente que el país necesita una soberanía alimentaria, es decir, abastecer por nuestros medios los alimentos básicos.
Una vez superada la pandemia, debemos reconstruir del tejido económico y social que ha quedado muy dañado. Lo primero es atraer recursos de organismos internacionales para crear empleos.
Esta reconstrucción requiere un fondo equivalente al 7% del PIB (¢2,3 billones) para financiar un amplio programa de inversión pública que genere empleos directos (detallados en la propuesta).
No es momento de polarizar a la sociedad con discusiones ideológicas de privatización, venta de activos o austeridad fiscal, requerimos consenso. Esta es una propuesta para construir un futuro diferente y seguro para toda persona sin importar su género, credo, orientación sexual, pensamiento político o clase social, “Haremos lo necesario para garantizar la justicia en estos tiempos”, concluyó el presidente del SEC.
