El SINPAE comunica con gran orgullo que la Huelga Indefinida del Magisterio Nacional fue declarada legal.
Hoy, después de 163 días, en los cuales los valientes sinpaístas nos hemos mantenido en huelga indefinida, a pesar de las amenazas y represión del Ministerio de Educación Pública, nos sentimos satisfechos de la labor realizada.
Continúe leyendo el comunicado en la siguiente imagen.
Este viernes 22 de febrero Diálogos críticos con la ciudadanía: “Acerca de las condiciones laborales en las piñeras: uno de come la piña y al otro le duele la panza”, junto a Ismael Gutiérrez Calero, miembro de la Unión Nacional de Trabajadores y trabajador en finca piñata de la Zona Norte y Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE. Conduce el director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, Luis Paulino Vargas Solís.
Este documental fue hecho para mostrar cómo los sindicatos son vitales para el bienestar y el desarrollo de la región y su gente, como lo fue en la década de 1930.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), aprobó la creación de la Comisión Institucional para la Atención de Asuntos sobre el Acoso Laboral, constituyéndose en una de las primeras instituciones del país que cuenta con un instrumento legal de esta índole para abordar los casos de acoso laboral.
La Comisión de acoso laboral es un órgano administrativo desconcentrado, que tendrá atribuciones preventivas, divulgativas y sancionatorias en torno al tema del acoso laboral, así como realizar la propuesta de reglamento que regule el procedimiento para combatir el acoso laboral dentro de la UNA.
Con dicha comisión, la UNA da un paso importante en materia laboral, sobre todo, por ir en concordancia al llamado que hace el proyecto de ley 20.853. “Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado”, de exigir a todas las entidades públicas o privadas, a crear y divulgar políticas o reglamentos donde se prevenga, evite y sancione las conductas relacionadas con el acoso laboral.
Preventiva y menos punitiva
José Carlos Chinchilla, presidente del Consejo Universitario de la UNA, indicó que la creación de esta comisión es una deuda que se tenía como institución, que a la vez forma parte de un acuerdo de la convención colectiva institucional, al que se llegó con el Sindicato Interno de Trabajadores de la Universidad Nacional (Situn). “La UNA es una casa de enseñanza superior estatal humanista, que quiere tener las condiciones de organización suficientes como para evitar cualquier tipo de acoso laboral”, agregó Chinchilla.
Enfatizó que el camino a seguir de esta comisión será la prevención del acoso, pues considera que en algunas ocasiones éste obedece a fallas que se encuentran en los propios reglamentos y no tanto a situaciones personales, aunque suelen existir. “La idea es tener una instancia que permita restaurar el tejido social que se rompe a lo interno de la universidad generado por un proceso, pero también que ejerza una función punitiva cuando la circunstancia lo amerite, sin embargo, eso último no será el común denominador”.
Precisamente, el pasado 14 de febrero de 2019, el Consejo Universitario de la UNA juramentó a las personas que integrarán dicha instancia que se constituye en un órgano administrativo desconcentrado, que tendrá atribuciones preventivas, divulgativas y sancionatorias en torno al acoso laboral, así como el responsable de proponer el reglamento para definir el procedimiento de combate a esa temática dentro de la institución.
Juan Segura, integrante académico del Consejo Universitario de la UNA, indicó que se aprobó un artículo transitorio para que los profesionales nombrados se capaciten por un periodo de seis meses en todo lo concerniente a la jurisprudencia de acoso laboral, para que así la comunidad universitaria reciba el asesoramiento apropiado. Asimismo, deberán elaborar una política institucional que deberá aprobar el Consejo Universitario, para incorporar el tema en la normativa vigente en la universidad.
Alberto Salom, rector de la UNA, expresó su satisfacción por la creación de esta comisión que atenderá los asuntos de acoso laboral. “Con su instauración queremos reforzar nuestra cultura de diálogo, paz, sana convivencia y salud laboral. De la misma manera, para que actúe en la solución alternativa de conflictos, como instancia preventiva y no punitiva”, enfatizó Salom.
Atribuciones de la comisión
Promover la investigación y la divulgación de la doctrina, la legislación nacional y extranjera y la jurisprudencia relacionada con el acoso laboral y en general, con la violencia psicológica en el trabajo.
Promover la realización de actividades tales como: charlas, talleres, conferencias y otras; para sensibilizar y capacitar a toda la comunidad universitaria en relación con las materias señaladas en el inciso anterior.
Proponer al Consejo Universitario el reglamento que regule el acoso laboral en la Universidad Nacional, así como después de su entrada en vigencia, proponer ante ese mismo órgano las modificaciones que sean razonables y justificadas.
Establecer la figura u órgano que conocerá y juzgará las denuncias de este tipo.
***Mayor información con: José Carlos Chinchilla (8395-3971) o con Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3464).
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
En la segunda cita de coordinación entre jerarcas y funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), se sentaron las bases para un trabajo conjunto que busca promover el modelo cooperativo entre las personas con discapacidad, como una opción de ingresos y empleo en esa población.
A finales del año anterior se dio un primer acercamiento entre las jerarquías institucionales, ya que una de las metas del sector cooperativo en el Plan Nacional de Desarrollo busca promocionar las cooperativas en nuevos grupos de la sociedad. En cuanto al Conapdis, una de las funciones que señala su ley de creación, es la promoción del empleo.
En este segundo encuentro, Gustavo Fernández Quesada, director ejecutivo A.i., del Infocoop señaló que esa institución puede aportar los insumos de formación y capacitación para la integración de cooperativas como fuente de empleo entre la población con discapacidad en todo el país.
En ese sentido, señaló Fernández, el objetivo es promover el modelo cooperativo de manera conjunta con el Conapdis. Recordó que son 75 años de experiencia en Costa Rica en temas cooperativos y enfatizó que es momento para el respeto al derecho de las personas con discapacidad de formar parte del movimiento cooperativista.
Agregó que ya hay experiencias exitosas en el desarrollo de cooperativas de personas con discapacidad, tales como Coopecivel y Coopesuperación.
Concluyó su intervención señalando que el cooperativismo es una forma de distribución de la riqueza que se genera en el país, tal como se ha probado en comunidades como Pérez Zeledón, San Carlos, Grecia y Dota, por citar sólo unos ejemplos.
Por su parte, Lizbeth Barrantes Arroyo, directora ejecutiva de Conapdis, coincidió con el representante de Infocoop en que el objetivo es innovar y unir esfuerzos para aprovechar los conocimientos del Infocoop en materia cooperativa y del Conapdis sobre la realidad de las personas con discapacidad.
En esta cita, desarrollada en el Centro de Capacitaciones La Catalina, ahora perteneciente a Infocoop, se apersonaron las jefaturas de las sedes regionales de Conapdis, quienes trabajarían el tema en sus respectivas comunidades.
“Es necesario reunirse con las cooperativas grandes para que promuevan la inclusión de personas con discapacidad entre sus asociados. En esas cooperativas vamos a trabajar con las jefaturas de Recursos Humanos, para que también sean inclusivos en la contratación del personal administrativo de la cooperativa. Hay grandes cooperativas que son grandes empleadores”, señaló la jerarca de Conapdis.
También las cooperativas se pueden perfilar como organizaciones que puedan asumir proyectos tales como el de desarrollo de turismo accesible en la región Pacífico Central, concluyó.
Se adjunta audio de la directora ejecutiva de Conapdis, Lizbeth Barrantes Arroyo.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) solicitó al Ministerio de Hacienda tener mayores controles y mecanismos de fiscalización para proteger el salario de los funcionarios públicos, esto luego de presentarse una gran cantidad de rebajos por parte de una cooperativa sin la autorización de los asalariados.
En la solicitud dirigida al Director Jurídico Ministerio de Hacienda, Martín Durán Espinoza se indica que no es la primera que se da ésta situación, incluso en 2015 ANEP-Fuerza Pública presentó una denuncia por un rebajo irregular en el salario de oficiales de la Fuerza Pública.
“No es la primera vez que se reciben en esta organización sindical casos de funcionarios que aducen se les rebajan montos incorrectos, o, por parte de empresas con las que no tienen ningún tipo de relación. Además, en la mayoría de casos, agregan que, al intentar hacer contacto con dichas entidades no tienen éxito, pues no atienden números telefónicos, y, hasta han encontrado que no se ubican en la dirección que extienden”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
En vista de lo anterior, la ANEP cuestiona los mecanismos de Hacienda para controlar este tipo de situaciones y solicita explicaciones ante lo sucedido, y a la vez, pide a los afectados interponer la denuncia ante el Ministerio Público para evitar que estos casos queden impunes.
Cuestionamientos de la ANEP al Ministerio de Hacienda
¿Qué mecanismos jurídicos ofrece el Ministerio de Hacienda para proteger el salario de los servidores públicos, y evitar que sean víctimas de estafas, u otra acción irregular que les afecte su remuneración económica?
¿Qué acciones deben realizar las personas afectadas para prevenir que se les siga rebajando por parte de entidades a las que no han autorizado para que se les rebaje directamente del salario?
¿Qué medidas tomará el Ministerio de Hacienda, con las entidades que, aprovechando las facilidades del sistema, se abusan del mismo y cometen actos como el que nos ocupa?
¿Qué acciones tomará su representada, ante los numerosos señalamientos de funcionarios a quienes se les ha rebajado dinero directamente de su salario, sin que medie la manifestación expresa del mismo para que se ejecute dicho rebajo de esa manera?
Compartimos documento enviado al Ministerio de Hacienda y declaraciones de Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud, FECTSALUD, integrada por los sindicatos A.E.S.S.-SINTAF-SINASS-SISSS-SITEPP-ASNISS-SINTRASASS-UNTRAP y SITRACCSS, luego de valoraciones consideramos oportuno manifestar que ha llegado el momento de consolidar la Unidad Sindical y Obrera en nuestra Institución.
La realidad del país y en nuestra Institución provocan desconciertos e incertidumbres y no caben ya pensamientos de individualidad ni soberbias personalistas. Es hora ya de unirnos y él o los que piensan que una sola organización sindical tiene la fuerza sindical para enfrentar la arremetida del gobierno está o están equivocados. La Unión hace la fuerza. El despotismo vanidoso del dirigente sindical debe dejarse de lado y proceder en concordancia con los supremos intereses de nuestros afiliados y los trabajadores en general.
Al promulgarse la Ley Nº9635, lastimosamente las afectaciones son realidad y las conquistas sociales y obreras tienden a retroceder. Nuestras mejores condiciones laborales pactadas pueden sucumbir para recibir mínimas condiciones.
Ingrese en el siguiente el siguiente enlace para leer la carta completa:
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) acudió a la Sala Constitucional, el pasado 11 de enero, para que el Ministerio de Hacienda entregue la lista de las 96 empresas a las cuales se les inició el cobro de ¢560.000 millones.
A este recurso se suman otros más, presentados por diferentes actores políticos y ciudadanos que desean obtener información de los contribuyentes entre ellos, podemos mencionar el recurso del diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio, el cual fue declarado con lugar y ordena al Ministerio de Hacienda revelar los nombres y los montos de las personas físicas y jurídicas que adeudan dinero al erario.
El recurso de amparo fue interpuesto por el diputado Villalta debido a que Hacienda le negó la lista de los deudores que podrían beneficiarse de la amnistía tributaria introducida por la reforma fiscal. Al igual, la ANEP presentó el recurso ya que el 19 de diciembre de 2018, el Director General de Tributación contestó de manera negativa ante la solicitud de la lista de las 96 empresas que se les tramitó el cobro, indicando que la información solicitada es confidencial en su totalidad.
Para nuestra organización sindical es de suma importancia, la resolución positiva del recurso del legislador, ya que fija un antecedente en cuanto a la transparencia en materia tributaria.
Transparencia de la cual el Ministerio de Hacienda ha dejado de lado.
Por Marylaura Acuña Alvarado y Mauricio Álvarez del Programa Kioscos Socio ambientales UCR
Desde el Programa Kioscos Socioambientales se ha venido trabajando mediante la acción social y la investigación en varias comunidades de la zona norte, explorando el mundo del trabajo asalariado. Es así como se ha trabajado con organizaciones comunitarias y sindicales como es el caso del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) en Santa Fe de Los Chiles, seccional que durante el 2018 sostuvo un proceso constante de denuncia que culminó en una huelga que ocasionó pérdidas económicas para la empresa Exportaciones Norteñas. Si bien los acuerdos de la huelga fueron favorables para la organización que exigía respeto de garantías mínimas, estos puntos no han sido cumplidos por la empresa hasta la fecha.
De igual manera, esta huelga sentó un importante precedente, porque arrancando este año estallaron tres huelgas en otras plantaciones de la zona norte, conformadas por trabajadores y trabajadoras de la empresa Bella Vista S.A. en Los Chiles, B&Jiménez S.A. igualmente en dicho cantón y Valle del Tarso S.A. en Upala. Actualmente, la seccional de Sitrasep de Bella Vista continúa en huelga no solo ante las condiciones precarias de trabajo sino también como protesta a la persecución sindical que han recibido las personas afiliadas, quienes fueron despedidas injustamente, como condición para recibir su aguinaldo a finales del año pasado. Las otras dos huelgas culminaron con acuerdos satisfactorios para las y los trabajadores (Socialismo Hoy, 2019).
Los sindicatos, desde la organización, pretenden desafiar ese lado invisible de la agroindustria: las y los trabajadores encarnan una serie de condiciones de que les han conferido un lugar que es en sí mismo marginal y por lo tanto invisible en la estructura social; aún menos visible –prácticamente escondido– en el discurso del desarrollo que se construye a partir de mecanismos de exclusión. El sector trabajador de la agroindustria de piña encarna un cuerpo migrante, de tez generalmente oscura y empobrecido, sometido a la explotación como única forma de subsistencia, pero no por eso incapaz de generar procesos de resistencia.
Entre 1991 y 2014, la piña aumentó su productividad en un 91%, pasando de producir 29 toneladas de fruta por hectárea a 56 toneladas (Rodríguez, 2015). Este aumento no necesariamente tiene que ver con una mejora tecnológica (mecanización o automatización de la producción) como sí ha ocurrido en otros sectores de la economía; aunque sí puede estar relacionado con el mejoramiento de insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas). Por ejemplo, para el caso de las empresas más grandes en la región norte, tiene también que ver con un alza en la intensidad del trabajo manual –que continúa siendo prioritario—, un aumento de horas en las jornadas laborales –aunque no en el promedio de trabajadores contratados–, pagadas mayoritariamente “por destajo” y una división del trabajo que permite una maximización productiva a partir de la explotación: por ejemplo la labor del “parcelero”, quien tiene a cargo entre 15 y 20 hectáreas de la finca, debe eliminar toda hierba que crezca, hacer desagües, limpiar caminos internos; en otras palabras, vigilar que en la tierra no crezca nada más que piña y esto lo hace en una jornada que se extiende hasta 12 horas y su pago es por hora trabajada.
En cuanto a los mecanismos contractuales, las empresas generalmente descentralizan estas funciones mediante la práctica de “subcontratación” como una forma de desplazar las responsabilidades obrero-patronales en diferentes sociedades anónimas. Esta práctica ha sido funcional para aprovechar mano de obra en condiciones migratorias irregulares e incluso, por las características de clandestinidad e irregularidad con las que se pone en práctica en muchos casos, resulta un mecanismo idóneo para el desarrollo de tráfico ilegal y trata de personas, aunque aún hoy un tema poco explorado y sumamente invisibilizado.
Un informe suministrado al Consejo Universitario de la UCR sobre infracciones detectadas en visitas del Ministerio de Trabajo a fincas piñeras señala que existen mayores porcentajes de infraccionalidad en cuanto a la protección personal (uso de vestimentas e insumos adecuados), acceso a servicios sanitarios según lo estipulado legalmente, pago de horas extras, hostigamiento sexual, salario mínimo, entre otros (Comisión Especial sobre las consecuencias socioambientales de la producción de piña, 2018).
La persecución sindical, el amedrentamiento de dirigencias, el uso de listas negras, el debilitamiento o blanqueamiento de sindicatos son algunas de las prácticas ampliamente utilizadas por las empresas como respuesta a la organización que busca desafiar las condiciones injustas de trabajo. También, son señales de que, en efecto, este sector es altamente dependiente del trabajo manual que estructuralmente precario y flexible para el crecimiento de su producción.
Y por eso, su ubicación no es casual en espacios en donde todavía operan formas de reproducción de la vida cotidiana que no necesariamente están mediadas por relaciones capitalistas, como por ejemplo el trabajo doméstico que hacen las mujeres, la producción de alimentos de subsistencia familiar, la gestión comunitaria de los bienes comunes: son estas prácticas las que permiten finalmente la reproducción de la fuerza laboral y de las cuales las empresas hacen uso para pagar tasas salariales inferiores que por sí solas no sostienen dicha reproducción.
El estudio de la relación capital-trabajo en la agroindustria de piña permite comprender que su expansión ha sido posible no solo porque el Estado ha generado una serie de mecanismos para mejorar su producción y exportación –dentro de los cuales su presencia selectiva es probablemente uno de los más importantes– sino también porque descansa sobre la subordinación y el despojo de las poblaciones vulnerabilizadas de la ruralidad, principalmente las campesinas y las migrantes.
Contexto
El modelo de agroindustria de cultivos no tradicionales de exportación en Costa Rica fue promovido desde la institucionalidad a través de una serie de incentivos políticos, económicos y fiscales, en detrimento de la producción de cultivos de subsistencia para el consumo nacional. La expansión acelerada y desregulada del monocultivo de piña se ha sostenido a partir de un proceso prolongado de invasión de áreas protegidas, acaparamiento de tierra, devastación del bosque, contaminación del agua, desplazamiento de poblaciones, destrucción de caminos y explotación laboral.
Costa Rica es el principal país exportador de piña de todo el mundo y esta posición no le ha costado poco: su crecimiento ha sido exponencialmente rápido, tanto así que para el 2014 estuvo cerca de igualar los ingresos de la histórica exportación de banano y café. Además, el número de empresas dedicadas a la producción de este cultivo es cada vez mayor, así como los destinos de exportación. En cuanto a su extensión, la cantidad de hectáreas sembradas se ha quintuplicado entre el 2000 y el 2016, pasando de 11 000 a 58 000 hectáreas (Obando, 2017). En 2017 la producción podría haber llegado a más de 66 000 hectáreas según registran las imágenes satélites del Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) del CONARE (http://www.snitcr.go.cr/). Su producción está concentrada mayoritariamente en grandes empresas y es cultivada en las regiones del norte, el pacífico sur y el caribe norte
El Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica trabaja desde el año 2009 en la Zona Norte. Una Investigación del Programa publicada por el Informe del Estado de la Nación(2016) evidenció la expansión descontrolada y sus impactos socioambientales en la Zona Norte, donde se encontró que entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces a causa de tan solo 7 proyectos que solicitaron viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas.
El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.
Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte, de las cuales más de la mitad (29) corresponden a Los Chiles. Las evaluaciones indican que del total de proyectos, el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.
Mapa 1. Este mapa contrasta datos de cultivo de piña del Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat) con los registros de la Secretaría Técnica Nacional (Setena).
La región norte concentra más del 50% de la producción y exportación de piña y esta ubicación no es casual, responde a una serie de características ambientales, sociales y económicas que han permitido la instalación de grandes empresas piñeras. Su histórica posición periférica respecto al desarrollo de otras regiones del país, su poca presencia institucional típica de una zona fronteriza, sus bajos índices de desarrollo humano, su sobreoferta de mano de obra poco calificada y su amplia extensión de tierras para el cultivo hicieron de este territorio un lugar idóneo para la expansión arrasadora de la agroindustria.
Precisamente, dichas características socio-territoriales han sido la bandera de los discursos hegemónicos que han justificado la expansión de monocultivos, alegando, de una forma cuasi mesiánica, que la piña vendría a sanar males como la pobreza, el desempleo y el subdesarrollo. Esto no es del todo una exageración, ya que el avance de la agroindustria sí ha tenido como corolario la asalarización de las poblaciones rurales. La otra cara de esta moneda es que el rol del sector campesino como principal productor de alimentos se ha visto amenazado por un proceso largo y sostenido de despojo: la separación de sus medios de existencia y su transformación en posibles mercancías se ha desarrollado de la mano de la entrada de estas poblaciones al trabajo asalariado agrícola, mayoritariamente en condiciones de explotación laboral, en detrimento de la agricultura familiar y de la seguridad alimentaria.
Los datos muestran que mientras para el año 2000 prevalecía el trabajo familiar no asalariado o por cuenta propia en las zonas rurales, para el año 2010 los porcentajes se ven invertidos, ya que un 65% de las y los trabajadores agrícolas laboran de forma asalariada (A. G. Rodríguez, 2016). Sin embargo, la producción de piña no es la única fuente de empleo en esta zona, ya que el sector de comercio y servicios ha tenido un crecimiento acelerado (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011).
Lo cierto es que mientras los representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) y altos jerarcas de instituciones gubernamentales se llenan la boca de discursos embellecedores sobre los beneficios de este monocultivo, las millonarias ganancias de su exportación no se ven reflejadas en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en los cantones en donde esta fruta es producida. La realidad invisible es que en esta región la expansión piñera se ha comido al menos 3192 hectáreas de bosque según el Moccup (2017), está desapareciendo poco a poco el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, el Refugio Corredor Fronterizo Norte, el Refugio de Vida Silvestre Maquenque y Barra del Colorado, así como otros sitios de importancia ambiental y además, se sostiene a partir de la explotación de mano de obra en condiciones de vulnerabilidad.
Estos discursos son ampliamente debatidos, cada vez más frecuentemente y con mayor fervor, por organizaciones comunitarias y sindicales que levantan la voz ante las injusticias que viven cotidianamente en su entorno, es decir en los espacios en donde habitan, trabajan y en general se dedican a la producción y reproducción de la vida. En el caso concreto de las agrupaciones sindicales, son cada vez más numerosas sus demandas por condiciones laborales dignas. En la zona norte destaca Sitrasep, que cuenta con seccionales que en los últimos años se han dedicado a denunciar y protestar en contra de los incumplimientos de las empresas. Estos son los casos de las y los trabajadores organizados de Santa Fe (empresa Exportaciones Norteñas S.A.) y La Unión (empresa Empaques Bella Vista S.A.) en Los Chiles.
La rápida y agresiva expansión del monocultivo de piña ha ocurrido, en la mayoría de los casos, bajo condiciones de irregularidad ante una institucionalidad con presencia selectiva. Ha sido posible gracias a la aplicación de una serie de mecanismos de despojo, que hacen que la producción de esta fruta sea necesariamente destructora a nivel ambiental y laboralmente flexibilizada. Estas condiciones, típicas del modelo de agroindustria de cultivos de exportación en América Latina, son precisamente las que permiten generar una mayor acumulación de ganancias en manos de pocas empresas. En este sentido, lo que describimos es esencialmente un modelo extractivista que se cobija bajo un discurso de desarrollo sostenible.
Comisión Especial sobre las consecuencias socioambientales de la producción de piña. (2018). Informe final.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2011). Encuesta Nacional de Hogares.
Obando, A. (2017). El Estado detrás de la piña: El conflicto socioambiental del monocultivo de piña los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles(2000-2015). (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas). Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
Rodríguez, A. G. (2016). Transformaciones rurales y agricultura familiar en América Latina: una mirada a través de las encuestas de hogares. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40078
Reportaje: EL DESEMPLEO: COLAPSO EN LIMÓN… una muerte anunciada…
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