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SINTRAJAP denuncia falta a deber de probidad

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) envió a SURCOS un documento en el cual se denuncia “cobros irregulares en JAPDEVA faltando al deber de probidad”.

La dirigencia sindical se pregunta si lo que busca la presidencia ejecutiva y otras instancias del gobierno es desaparecer a JAPDEVA.

“Denunciamos formalmente a la Administración de JAPDEVA, representada en la figura de la Licda. Andrea Centeno, como responsable de la pérdida de recursos de la institución en lo referente a los servicios portuarios, le indicamos que en reiteradas ocasiones nuestra organización ha enviado notas y presentado alternativas para cobrar todos los servicios que brindamos, sin embargo, hasta el día de hoy los seguimos regalando”.

El sindicato agrega que “en el pasado nos indicaban que no había espacio para organizar de forma correcta el trabajo en los muelles como se acostumbra a nivel mundial o la competencia más cercana que es APM, sin embargo, una vez que nos quitan la carga ilegalmente nos sobra espacio por la poca carga que estamos manejando, por lo que ya no hay excusa para no implementar un mecanismo operacional que nos permita cobrar por todos los servicios que podemos brindar y no seguir regalando los servicios”.

SINTRAJAP detalla que no se utiliza la disponibilidad de maquinaria, no se pesa la carga a la entrada, se contrata maquinaria privada quedando en desuso la propia de la institución y por tanto se da la imposibilidad de ingreso por este concepto, se omite el uso de conexiones de tomas eléctricas, no se realiza la recepción y adelanto de cargas de exportación previo a la operación de los buques en el patio de almacenamiento”.

La organización laboral expone que “esta situación está afectando gravemente, ya que se impide mejorar los ingresos a JAPDEVA provocando un perjuicio económico por la falta de ejecución del reglamento portuario”.

Si JAPDEVA usa todos los equipos para brindar todo el servicio cobraría $117 dólares, pero solo cobra el uso del muelle o servicio de carga y descarga, que ronda los $17 dólares, perdiendo por cada movimiento de contenedor $100 dólares.

“Lo anterior significa incumplimientos de deberes a la ley orgánica de JAPDEVA (artículos 29, inciso b y conexos) y al reglamento de operaciones portuarias en sus artículos 3, 4, 51, 57, 61 y 72”, dice el comunicado.

“No entendemos como la alta administración puede justificar no cobrar, aun cuando estos servicios están aprobados, y peor aún, estando la institución necesitada de ingresos. Solo una administración que no defienda la ley de JAPDEVA puede estar permitiendo estas cosas”, indica SINTRAJAP.

Otras faltas

A lo anterior, se suman compromisos incumplidos con las personas que se acogieron a la prejubilación. Hay casos de hasta 5 meses a quienes no se aplica lo establecido en la Ley 9764, y por ello, esas familias están a la espera del pago por pensión.

En una nota dirigida a autoridades nacionales y a la ciudadanía, el sindicato llama la atención en torno a “la inseguridad laboral de los trabajadores de JAPDEVA y Limón, al mismo tiempo, que nos afecta la emergencia por la pandemia del COVID-19”.

Otro tema en el cual SINTRAJAP reclama la falta de respuesta es el centro médico, pues no se ha nombrado a la persona profesional en medicina.

Asimismo, “muchos trabajadores operativos no contaban con guantes, mascarillas ni siquiera alcohol en gel. SINTRAJAP repartió alcohol en gel y guantes, así consta en los libros de actas de los guardas de turno del puerto Moín y de la entrada de la administración de desarrollo”, dice la denuncia.

Otras irregularidades se refieren a la situación de personal interino y suplente con más de 1 año laborado sin cumplir la obligación de pagar la cesantía a quienes tienen continuidad de al menos un año. Hay muchas personas que se han ido de la institución sin que se las haya reconocido de forma correcta su trabajo en horas adicionales a la jornada ordinaria, según se explica en el documento recibido por SURCOS.

El documento expone un caso: “Alberto Salas Padilla tiene de laborar en JAPDEVA 35 años y cumplió los 55 años en el mes de vigencia de la ley 9764, o sea en el tiempo para escoger una de las 3 opciones de la ley 9764. Creemos que el que está dentro del plazo, tiene derecho. El señor Salas escogió la opción de prejubilarse, la administración le dio el trámite correspondiente a todo el proceso de la prejubilación. Al final le están rechazando haber escogido prejubilarse, lo que no es de recibo por las siguientes razones: El compañero Salas quedó automáticamente despedido sin que él haya escogido esa opción. Porque el despido no estaba dentro de las 3 alternativas de la ley 9764. No le brindaron la opción de escoger bono o quedarse trabajando lo están despidiendo descaradamente. La administración debió cerciorarse que él reuniera los requisitos de la opción escogida desde el principio, e indicarle claramente que no cumplía, para que él pudiera escoger otra opción que la ley permitiera, situación que no se cumplió. Indicamos que SINTRAJAP tiene planteado un proceso legal, basados en el artículo 136 de la Convención Colectiva, en ese sentido existe una medida cautelar donde JAPDEVA no puede despedir a nadie. Entonces en el caso del señor Salas, él no puede quedar despedido violentando el derecho de defensa y el debido proceso, principios establecidos en la Constitución Política y la Convención Colectiva”.

SINTRAJAP ya presentó a la administración una propuesta de solución a casos como el narrado y espera una respuesta justa de parte de la administración.

Propuesta de SINTRAJAP

– Recaudar ingresos con el objetivo de poder hacerle frente al pago del dinero de la Ley 9764, que se tiene que honrar según lo establecido en dicha ley.

– No tercerizar o cooperativizar las partes más rentables de JAPDEVA.

– Ejecutar acciones para incrementar los ingresos: Corto plazo: a) Cobrar el 100% de los servicios usando todos los equipos y las instalaciones que tiene JAPDEVA en la carga y descarga. b) Hacer la zona de transferencia para el recibo y despacho de las mercancías, si tomamos en cuenta la poca carga que está manejando JAPDEVA no se debería regalar un solo servicio, si corregimos la forma de cobro y de brindar el servicio, con eso estaríamos recuperando un porcentaje alto en los ingresos. Esto si comparamos que hoy casi todo sale a despacho directo o que por alguna razón no se está cobrando el 100% de la tarifa aprobada por la ARESEP por falta de toma de decisiones. c) Se debe hacer usos de las tomas eléctricas, además la carga debe estar anticipadamente en el puerto para que JAPDEVA brinde los servicios portuarios, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones Portuarios. Mediano plazo: a) Corregir tarifas portuarias, traerlas a valor presente, tomar en cuenta como mínimo la inflación acumulada y la variación del precio del dólar, corregir tarifas donde se regala el servicio, por ejemplo: montacargas, turismo. Esto debe ser corregido de inmediato. b) Otros servicios desfazados son los remolcadores, ejemplo tenemos tarifas para remolcadores de 30 toneladas de empuje, y recientemente JAPDEVA adquirió un remolcador de 60 toneladas de empuje y se cobra con la misma tarifa de 30 toneladas, se debe corregir de oficio. c) Presentar una fórmula de ajustes portuarias ante ARESEP, con base en la inflación y a la variación del dólar. d) Corregir el cobro de muellaje a RECOPE, hoy solo se le cobra $ 0.15 por TRB (tonelaje de registro bruto) cuando el muellaje en general se cobra $0.97 por tonelada perdiéndose por este concepto $ 0,82. e) Cobro de muellaje de factura histórica a RECOPE por el servicio de muellaje que no se le cobraba y que supera los 17 mil millones.

La propuesta de SINTRAJAP señala con precisión:

“Si JAPDEVA se fija como meta mover 200 mil contenedores en el año 2020 y si hacemos los cobros que como Autoridad Portuaria y con las tarifas actuales corresponde, estaríamos generando más de 32 mil millones de colones, entre otros servicios que brindamos como lo serian: cobro por las tomas eléctricas, almacenaje, consolidación, remolcajes. Como podemos ver solo lo que se ocupa es entrega y hacer lo mejor como funcionarios públicos”.

El sindicato solicita que la presidenta ejecutiva “sea sustituida para detener el gran daño histórico social, económico y legal a la clase trabajadora en la provincia de Limón y el país”. Asimismo, “que se corrijan de forma inmediata todas estas anomalías legales y derechos de los trabajadores para evitar dejarlos en indefensión. Corregir los cobros que afectan la institución JAPDEVA y por consiguiente la economía del país”.

El documento está firmado por el licenciado Antonio Wells Medina, secretario general de SINTRAJAP.

SINTRAJAP entregó al personal guantes, mascarillas y alcohol en gel.

Imagen de cabecera: Semanario Universidad.

Encuesta de percepción sobre el solidarismo costarricense

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

«Nos interesa conocer su opinión (*) sobre el papel e impacto que ha jugado el solidarismo costarricense en sus organizaciones y en la sociedad.

Le solicitamos su valiosa colaboración y se sirva contestar las breves preguntas planteadas.

Este es un esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Academia Solidarista Alberto Martén y el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, quienes han considerado importante y necesario conocer su opinión sobre el papel e impacto que ha jugado el solidarismo costarricense en sus organizaciones y en la sociedad.

Por esta razón, para efectos de ampliar y conocer el sentir del sector solidarista referente a la realidad del Solidarismo Costarricense, después de más de siete décadas de vigencia en el ámbito nacional les compartimos este instrumento.

Sus respuestas nos permitirán obtener información muy valiosa para la sistematización y construcción de un documento propositivo sobre el Eje: “Trabajo decente y desarrollo económico”, tema: “Solidarismo”, que promueve el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional».

(*) La encuesta es para personas afiliadas al solidarismo.

Enlace a la ENCUESTA:

https://www.peadepencuestas.una.ac.cr/limesurvey/index.php/924138?lang=es

Enviado a SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Voz experta: Algunos datos de teletrabajo en Costa Rica previos a la emergencia por COVID-19

Por Alejandro Amador Zamora, economista e investigador en el Prosic-UCR

  • No sería nada raro que muchas empresas del sector privado, posterior a la emergencia, continúen aplicando esta modalidad que genera ahorros y eficiencia en el contexto de una economía nacional deprimida

Alejandro Amador Zamora, investigador en el Prosic-UCR. Foto: Anel Kenjekeeva.

Debido a la emergencia sanitaria que enfrenta Costa Rica y el mundo debido al COVID19, las autoridades han hecho énfasis en promover el teletrabajo tanto en el sector público como en el privado en todos los puestos que puedan ser realizados desde esta modalidad para promover el aislamiento social y contener el avance del virus.

Parte de la facilidad de efectuar teletrabajo en el contexto de la emergencia nacional se debe a que el mismo no es algo nuevo para nuestro sector empresarial. Según un sondeo realizado a empresas nacionales asociadas a diversas cámaras del sector productivo nacional, realizado para el Informe 2019 del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR (Prosic), un 42% de las empresas participantes señalaron realizar teletrabajo. Del total de empresas que señalaron realizar teletrabajo, 2 de cada 5 tenían al menos dos años de utilizar esta novedosa modalidad.

En el contexto de la emergencia nacional, el mayor beneficio del teletrabajo es la forma en la que este promueve el aislamiento social y el control del virus. Sin embargo, también existen numerosos beneficios para las empresas en tiempos de mayor normalidad, principalmente los más reconocidos por los empresarios en el sondeo son el ahorro de recursos para el negocio y la satisfacción del trabajador.

Otros beneficios que vale la pena considerar son una mayor productividad y menor rotación de personal. La primera puede deberse a que, al teletrabajar, el colaborador tenga menos fuentes de distracción que las que experimenta en su lugar de trabajo y la segunda indudablemente está relacionada a la mayor satisfacción del trabajador; una menor rotación de personal es beneficiosa para la empresa, pues hay una menor pérdida de capital humano que además puede promover que el empresario invierta más en sus colaboradores. En general los resultados respecto a beneficios percibidos por el teletrabajo se muestran en la Figura 1, tomada del Capítulo 5 del Informe 2019 de Prosic.

Figura 1 Beneficios percibidos por el Teletrabajo Sondeo 2019

Fuente: Tomada del Informe Prosic 2019, pg 231 (Amador, 2019).

También existen retos que deben ser enfrentados para la implementación del teletrabajo. Entre las dificultades existentes están los problemas de conectividad, la poca claridad en el reglamento laboral, las limitaciones tecnologías ente otros. Tal vez uno de los aspectos más interesantes es lo que se muestra en la Figura 2, la cual muestra la evolución de las preocupaciones de los empresarios en torno al teletrabajo para los sondeos realizados por Prosic del 2017 al 2019.

En la figura, se muestra una caída en la preocupación de los empresarios por la capacidad técnica de los empleados, la productividad, las limitaciones tecnológicas y los problemas de conectividad. Es decir, parece que conforme avanza el tiempo, mejora la tecnología y aumenta la experiencia de las empresas aplicando teletrabajo, los problemas técnicos del teletrabajo parecen irse resolviendo.

En contraste, la poca claridad en el reglamento laboral muestra una tendencia opuesta, aumentando en el tiempo. Parece que conforme el problema técnico se resuelve, las complejidades legales del teletrabajo se convierten gradualmente en la mayor preocupación del empleador.

Figura 2 Problemas percibidos en la aplicación del teletrabajo 2017 – 2019

Fuente: Tomada del Informe Prosic 2019, pg 232 (Amador, 2019).

De igual manera, la amplia utilización del teletrabajo tanto por el sector público como el privado en el marco de la crisis de salud mundial dejará importantes lecciones sobre esta modalidad. Casa Presidencial informaba el pasado 18 de marzo que, para esa fecha, más de 14 000 funcionarios públicos de 56 instituciones se encontraban utilizando la modalidad de trabajo remoto. No sería nada raro que muchas empresas del sector privado, posterior a la emergencia, continúen aplicando esta modalidad que genera ahorros y eficiencia en el contexto de una economía nacional deprimida en la que mejoras en eficiencia y reducción de costos serán claves para la sobrevivencia de muchos negocios.

 

Alejandro Amador Zamora
Economista e investigador en Prosic-UCR

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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CTRN solicita alivianar situación financiera de trabajadores

La Central de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), entregó a las autoridades, en nombre de miles de trabajadores y de sus familias costarricenses,  pero también pensando en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES); un documento solicitando aliviar la pesada situación financiera que viven los y las trabajadoras, pues si las deudas de los núcleos familiares y las MIPYMES crecen de manera desmedida, perderán por completo la capacidad de pago.

Compartimos la nota.

15 de abril del 2020

Nota sobre documento CTRN N° 083-2020

El documento fue enviado de parte de la Confederación de Trabajadores RERUM NOVARUM CTRN, dicho documento fue firmado por Lenin Hernández Navas, Presidente CTRN y por Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Socia CTRN, este se dirige a Diputados y Diputadas Jefes y Jefas de Fracción.

Asunto: Trámite y Aprobación de Expediente Legislativo 20861.

La organización se apersona ante las autoridades, en nombre de miles de trabajadores y de sus familias costarricenses, pero también pensando en las micro y pequeñas empresas (MIPYMES); para solicitarles que interpongan sus buenos oficios, a fin de aliviar la pesada situación financiera que viven hoy estos estamentos sociales.

Se menciona que las tasas de interés que les cobran por esas deudas no tiene relación alguna con parámetros como la inflación, las tasas de referencia bancarias o la tasa básica, pues hay personas que están soportando tasas del 210%, 120%, 80 % y 50% anual.

Dado lo anterior hay personas que se están aprovechando de los afectados y ofrecen el capitalizarles la deuda y los intereses de sus obligaciones, con lo que el compromiso económico de cada uno crecerá a tasas exponenciales, lo que los condena a cuotas cada vez mayores que se harán impagables.

Si las deudas de los núcleos familiares y las MIPYMES crecen de manera desmedida, perderán por completo la capacidad de pago y serán los mismos entes financieros quienes no podrán recuperar su capital, por lo que en algún momento también sufrirá el sistema bancario.

Algunos datos reveladores que permiten visualizar la preocupación son que:

1-        El 60% de las familias costarricenses tienen deudas, esto significa concretamente unas 920.000 familias.

2-        Según datos del BCCR, el saldo de la deuda de los hogares en el sistema financiero supervisado por la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), ha aumentado casi en un 70% en colones corrientes del año 2013 al 2018.

3-        Conforme se avanza en el quintil de ingreso, el porcentaje de hogares con al menos una deuda crece. Por ejemplo, un 41% de los hogares del quintil I, tiene una deuda, mientras que en el III y en el V, esos porcentajes son del 59.4% y del 74%, respectivamente.

4-        El 30% de los préstamos se tienen con comercios tipo almacenes de electrodomésticos y agencias de autos.

5-        Tomando cifras de estudios diversos se puede concluir que unos ₵4 billones están a tasas efectivas promedio del 60%.

Petitoria

Debido a lo anterior, con relación a la deuda privada generada en el país y la medidas tomadas por los entes financieros de recapitalizar las obligaciones crediticias de los deudores, se solicita con urgencia la aprobación del proyecto de ley contenido en expediente Legislativo 20861, pero con una tasa de interés para tarjetas de créditos, créditos de consumo y de emprendimiento más favorable para los deudores, tal como lo hacen los países pertenecientes a la OCDE, como punto de referencia.

 

Imagen enviada a SURCOS por CTRN.

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Organizaciones de trabajadores: Gobierno se empeña en reducir ingresos de los trabajadores y trabajadoras

Gobierno de la República se empeña en reducir más los ingresos de los trabajadores y trabajadoras

La Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), denuncian públicamente las acciones que equivocadamente, han venido realizando el Gobierno de la República en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado.

En primer lugar, nos decían que había que privatizar varias instituciones públicas, porque de acuerdo con los empresarios de la UCCAEP, eran deficientes. Dichas instituciones hoy en la emergencia han dado la cara y han demostrado una gran eficiencia, brindándole los servicios necesarios y esenciales a toda la población.

También se debe garantizar que el estado proteja el ingreso de los trabajadores de manera prioritaria, esto no solo desde un sentido humanitario sino también económico. Una reducción del ingreso de los trabajadores puede derivar en una reducción aún mayor del consumo y afectar a la economía en la crisis y en la recuperación de esta.

Se están tramitando proyectos para posponer la cancelación del incremento salarial 2020 y las anualidades a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo cual traería consecuencias para esta población y para el país.

Es por esto que CGT, CTRN, CMTC y la CUT, solicitan:

-Solicitan a los señores diputados (as) el archivo definitivo del proyecto de ley expediente 21.917, que pretende crear un transitorio único a la ley de salarios de la administración pública, para eliminar el pago de anualidades durante este año con excepción de algunas instituciones.
-Se comprende que la capacidad de las empresas, especialmente las más pequeñas, están siendo afectadas considerablemente en esta crisis, pero las pérdidas económicas no pueden ni deben ser trasladas únicamente a los trabajadores y trabajadoras del Sector Público y Privado.
-Se exige de parte del Gobierno de la República mecanismos de ayuda para la venta de productos nacionales de pequeños y medianos comerciantes.
-Eliminación de contrataciones de propaganda e imagen de gobierno e instituciones.
-Entre otras peticiones más.

Gobierno de la República se empeña en Reducir más los Ingresos de los Trabajadores Y Trabajadoras.

La Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), denunciamos y repudiamos públicamente las acciones que equivocadamente, han venido realizando el gobierno de la república en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras del Sector Público y Privado. Esto en obediencia a lo que la cúpula del Sector Empresarial Asociado a la UCCAEP, le ha venido planteando para resolver la emergencia nacional, derivada del COVIC-19.

Primero nos decían que había que privatizar varias instituciones públicas, tales como: CCSS, ICE, INS, RECOPE, FNL, CNP, AYA, entre otras, porque según los empresarios de la UCCAEP, eran deficientes. Sin embargo, los costarricenses se han dado cuenta que dichas instituciones hoy en la emergencia han dado la cara y han demostrado una gran eficiencia, brindándole los servicios necesarios y esenciales a toda la población.

En segundo lugar, las organizaciones que suscribimos este comunicado planteamos en su oportunidad al gobierno de la república, que ante la emergencia por el COVID-19, lo más importante era establecer mecanismos de diálogo y solución de la crisis nacional, fundamentalmente, Poniendo en el centro a la persona al momento de diseñar medidas de contención de la crisis.

En tercer lugar, se debe garantizar que el estado proteja el ingreso de los trabajadores de manera prioritaria, esto no solo desde un sentido humanitario sino también económico. Una reducción del ingreso de los trabajadores puede derivar en una reducción aún mayor del consumo y afectar a la economía en la crisis y en la recuperación de esta, sin embargo, vemos como se tramitan proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa, que algunos ya son ley en beneficio de sector empresarial representado por la UCCAEP y en perjuicio de los trabajadores del sector privado y por supuesto de las familias costarricenses.

Asimismo, se tramitan proyectos para posponer la cancelación del incremento salarial 2020 y las anualidades a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo cual traería consecuencias para esta población y para el país, Costa Rica viene de una situación económica frágil, no solo fiscal, también relativa a la capacidad de consumos de los hogares. Si dejamos que la capacidad de compra de los hogares se siga deteriorando, la crisis económica será de dimensiones aún mayores.

En cuarto lugar, luego de sus pretensiones por callar al trabajador público el cual defiende la democracia costarricense y sus instituciones, crearon mediante el proyecto de ley 21.097 texto base de los lineamientos del sindicato de la UCCAEP y encabezado por el Diputado Carlos Ricardo Benavidez, los SERVICIOS ESENCIALES, mismos que ahora buscan como no llamarlos así para eliminar los derechos del trabajo y el salario digno.

Lamentamos mucho que el Gobierno de la República se aferre de esta manera contra los trabajadores del Sector Público y Privado, quienes somos los que pagamos los impuestos puntualmente.

Entonces debería prevalecer un sentido de solidaridad, equidad y un rol más protagónico del estado garantizando que no sean solo los trabajadores (as) y las familias las que carguen con el efecto negativo de esta crisis. También las grandes empresas que han venido reportando cero utilidades y que avaden el pago de impuestos, deben obligatoriamente solidarizarse y poner su granito de arena, situación que no ha sido manifiesta hasta el día hoy.

Por tanto, si realmente queremos salvar vidas señores de gobierno y diputados (as), mantengamos los empleos y la estabilidad económica.

¡Porque no solo el COVID-19 mata, el hambre y el desespero también…!!!!

De esta manera:

-Solicitamos a los señores diputados (as) el archivo definitivo del proyecto de ley expediente 21.917, que pretende crear un transitorio único a la ley de salarios de la administración pública, para eliminar el pago de anualidades durante este año con excepción de algunas instituciones. Esto en razón de que dicho proyecto podría ser inconstitucional y discriminatorio.
-Comprendemos que la capacidad de las empresas, especialmente las más pequeñas, están siendo afectadas considerablemente en esta crisis, particularmente en los sectores de turismo, restaurantes, imprentas y hoteles, entre otras, Pero las pérdidas económicas no pueden ni deben ser trasladas únicamente a los trabajadores y trabajadoras del Sector Público y Privado.
-Exigimos de parte del Gobierno de la República mecanismos de ayuda para la venta de productos nacionales de pequeños y medianos comerciantes, por ejemplo: Pequeños y medianos productores, Patentados estacionarios, vendedores ambulantes, mujeres jefas de hogar, etc., estancados por la crisis.
-Creación de una mesa de diálogo social para enfrentar la crisis nacional con participación sindical activa. Sus programas y políticas deberán de ser congruentes con la recomendación 205 OIT, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 8 de la AGENDA 2030 de la Organización de las Naciones Unidades.
-Eliminación de la aplicación de la regla fiscal para toda aquella institución vinculada a políticas sociales.
-Subvención del pago de servicios públicos básicos de las tarifas de consumo residencial por tres meses. Dando el Gobierno Central este monto a cada institución para el servicio básico que realizan.
-Proyectos como el de USURA deben de avanzar y ser garantes del principio solidario.
-Eliminación de contrataciones de propaganda e imagen de gobierno e instituciones.
-Reducción de la deuda política para la campaña electoral venidera del 50%.
-Reducción de gastos de representación legislativa y uso de recursos al 50%.
-Aplicación de las 17 medidas entregadas en pasado 20 de marzo del 2020.
-Solicitamos la moratoria del pago de la deuda externa.
-Para atender la crisis derivada del COVIC-19 se utilice urgentemente un porcentaje de las reservas del Banco Central de Costa Rica.

POR UN PAÍS CON VERDADERA JUSTICIA SOCIAL, UNAMOS NUESTROS ESFUERZOS EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS.

De ustedes;

La Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), en representación de la señora Sol Salas Morales, Secretaria General, la Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN), en representación del señor Mario Rojas Vílchez, Secretario General, la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), en representación del señor Olman Chinchilla Hernández, presidente, y la Central General de Trabajadores (CGT) en representación del señor Mario Rodríguez Bonilla. San José, Costa Rica, martes 14 de abril del 2020.

Señor Carlos Alvarado Quesada, Pesidente de la República
Señor Marvin Rodríguez, segundo Vicepresidente de la República
Señores (as) diputados (as)
Señora Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo
Señora Silvia Lara, Ministra de la Presidencia a.i.
Medios de Comunicación colectiva
Comités Ejecutivos CMTC-CTRN-CGT-CUT
Organizaciones Afiliadas

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Análisis y justificaciones para no provocar mayor deterioro en salarios del sector público

Rodrigo Aguilar Arce, expresidente CTRN*

Como lo hemos indicado en ya reiteradas ocasiones, existen suficientes razones para oponerse a las deducciones salariales pretendidas por las fuerzas políticas afines a los sectores económicos neoliberales y liberales extremos para atender la crisis del COVID-19.

En esta difícil situación, la clase trabajadora es la primera que ha tenido que asumir sacrificios como reducir sus jornadas de trabajo y hasta perder su empleo por completo, cuando ya de por sí las estadísticas nos mostraban un desempleo superior al 12% y un subempleo cercano al 50%. La primera línea de sacrificados son los trabajadores del turismo en todas sus modalidades y de ahí los afectados se han extendido al resto de las actividades económicas.

Es claro que corresponde al Estado como tal, brindar la solución a toda esta población que por ese tipo de razones hoy carece de recursos para poder sostener a sus familias.

En algunos países los gobiernos han comenzado a utilizar los recursos provenientes de sus ingresos para distribuir en las personas que quedan en la indefensión, pero se trata de Estados que cuentan con suficientes recursos por cuanto sus sistemas tributarios recaudan altos porcentajes de la renta global y de la renta mundial, así como de otras rentas incluidas en sus sistemas tributarios, además del valor agregado.

Todo lo contrario sucede en nuestro país, donde no existen esos sistemas de renta de las empresas grandes, las que pertenecen al 1% de la población y que desde hace años evaden sus impuestos sin que lamentablemente se les haya impuesto límites a esas prácticas o aplicado sanción, como si ocurre en otros países.

Ya antes de que entráramos a conocer la crisis generada por la pandemia, el sector público había sufrido diversos golpes en su sistema salarial a pesar de la intensa y prolongada huelga realizada en el año 2018; los trabajadores del sector público vieron reducir parte de sus salarios con anualidades que se establecieron fijas y no porcentuales, vieron disminuir los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición, entre otras, y por supuesto, se les aplicaron ajustes salariales ya no a la base, sino fijos, muy lejanos al crecimiento de la inflación. Y no podemos dejar de mencionar que ya desde muchos años atrás esos salarios habían perdido su poder de compra, por cuanto en las diferentes administraciones se dieron incrementos muy por debajo de la inflación.

En otras palabras, el sector público ha sido golpeado y muy fuertemente desde hace mucho tiempo, y aún, así los políticos que solo siguen línea del sector empresarial insisten en seguir endosando los problemas a la clase trabajadora.

Volvemos a insistir que los salarios base del sector público están por debajo de los salarios del sector privado y en algunos casos en un alto porcentaje. Las anualidades apenas ayudan a equilibrar esas diferencias.

Por ello es necesario que la CTRN y las demás centrales sindicales se opongan a la propuesta del no pago de la anualidad, y exijan el cumplimiento del mismo tal como la ley lo indica.

Podría aceptarse una contribución de los salarios que estén por encima del ¢1 300 000 pero condicionado a que las grandes empresas aporten una cantidad equivalente a lo que han ocultado en los últimos tres años y que declararon supuestamente como pérdidas.

Cuadro comparativo de salarios base en el Sector Público con los salarios mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios

Podemos observar en este cuadro comparativo, que existen diferencias entre puestos similares hasta de ¢ 53 mil y diferencias relativas que van de 6,86% hasta 18.32%, siendo los más bajos los del Sector Público.

*Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

La participación autónoma y orgánica de las personas trabajadoras en la lucha contra la pandemia (VIII)

“La preocupación por el hombre y su seguridad debe ser el interés principal de todos los esfuerzos” (Einstein)

Manuel Hernández

  • Rescatar del olvido las comisiones de salud ocupacional

1.- La lucha global de los y las trabajadoras en la autodefensa de su salud

En varios países del mundo, el personal sanitario se manifiesta y protesta contra las condiciones precarias en que están prestando los servicios para acometer la pandemia, agravadas por la falta de equipos de protección personal.

El justificado reclamo se ha extendido a todos los rincones del planeta.

En Italia, el personal de algunos hospitales declaró una huelga, en media pandemia, exigiendo al Gobierno de Giuseppe Conte los implementos de protección personal, para prevenir contagios a pacientes, compañeros de trabajo y salvaguardar su propia vida y familia.

Lamentablemente en Italia ya han fallecido 80 médicos a consecuencia de la pandemia.

En New York, en el corazón de un imperio cuya fragilidad y profunda injusticia social quedó al descubierto, la lucha de las enfermeras ha sido un ejemplo mundial, quienes realizaron una manifestación para denunciar que las estaban mandando a la guerra sin armadura.

A principio de la pandemia, los y las trabajadoras del Museo del Louvre, cerraron dos días este establecimiento, ejerciendo su derecho de autotutela y resistencia, exigiendo condiciones de seguridad adecuadas y suministro de equipos de protección personal.

El día de hoy, médicos, enfermeras y personal sanitario de los hospitales de Bogotá y otros departamentos de Colombia, realizaron una manifestación demandando el mejoramiento de las condiciones de los servicios, EPP y el pago de los salarios que les tienen retrasados.

En estos países, y otros como Chile y Argentina, frente al avance irreversible de la pandemia y la vulnerabilidad de las condiciones en las que están laborando, los trabajadores están reivindicando la autotutela, el derecho de resistencia, la auto organización y la constitución de comités de seguridad e higiene, con la finalidad de defender su salud frente a los voraces intereses patronales.

2.- Las comisiones de salud ocupacional en la legislación costarricense

En nuestro país, el artículo 288 del Código de Trabajo, tristemente olvidado y recluido en esta pandemia, prácticamente en régimen de prisión domiciliara, establece que en cada centro de trabajo, donde laboren más de 10 personas, deben crearse y funcionar las comisiones de salud ocupacional, integradas de manera paritaria, por representantes del patrono y los trabajadores.

La finalidad de las comisiones es investigar las causas de riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan las disposiciones de salud ocupacional.

Por su parte, el Reglamento de las comisiones y oficinas de salud ocupacional dispone que las comisiones “tendrán como objetivo garantizar y ofrecer formas participativas de permanente diálogo y concertación en la construcción de soluciones en materia de salud ocupacional.” (artículo 4)[1]

Se trata, sin lugar a duda, de una norma de la mayor relevancia, de un alto contenido democrático, que promueve y garantiza la negociación permanente y la definición pactada de las decisiones en esta materia.

Este Reglamento establece que los empleadores están obligados a constituir las comisiones de salud ocupacional y facilitar todos los recursos que requieran para su funcionamiento, incluyendo los permisos remunerados de sus integrantes.

El decreto desarrolla las atribuciones que les competen a las comisiones, entre las cuales destacan, además de las contempladas en la ley, las siguientes:

  • Investigar las causas de los riesgos de trabajo.
  • Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas.
  •  Solicitar información de las estadísticas de los accidentes y los informes de riesgos que ocurran en el centro de trabajo (artículo 19).

Las comisiones constituyen una valiosa herramienta de organización y lucha de la clase trabajadora, en orden a la participación y negociación de las condiciones de salud ocupacional.

3.- La cuarentena en que están las comisiones de salud ocupacional

En el escenario de la emergencia sanitaria que estamos pasando, se vuelve imperativo que las comisiones de salud ocupacional asuman su protagonismo, la responsabilidad y el rol que les manda, ex lege, el ordenamiento jurídico.

No obstante su trascendencia, en el diseño político-institucional de la gestión de la emergencia sanitaria, las comisiones de salud ocupacional fueron completamente borradas del mapa.

Esta interdicción ilegítima de las comisiones de salud ocupacional refleja una política de gobierno e institucional unilateralista, que enerva el derecho de autodefensa de los trabajadores, un derecho irrenunciable, que no es negociable.

Es necesario rescatar del confinamiento las comisiones de salud ocupacional y potenciar su participación en todos los centros de trabajo del país, en fábricas, establecimientos comerciales y en las instituciones públicas, indistintamente que presten o no un servicio esencial.

Con mayor razón y manifiesta urgencia, es absolutamente impostergable poner en funcionamiento eficaz y permanente las comisiones de salud ocupacional de aquellas instituciones donde las y los trabajadores están en las trincheras de batalla contra la pandemia, particularmente la CCSS, cuerpos policiales, servicio de bomberos, AYA, recolectores de basura y otros colectivos laborales que configuran los servicios esenciales.

El gobierno y la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, no puede quedar a merced exclusivamente de las autoridades institucionales, patronos y empresarios.

Los trabajadores y trabajadoras tienen que redimir el derecho propio de participar activamente en la definición de las políticas y toma de decisiones en este terreno.

Los trabajadores y sindicatos deben exigir la activación de las comisiones de salud ocupacional, de manera inmediata, con la finalidad que cumplan el cometido de ley y contribuyan a la mayor protección de la salud de la población.

El coronavirus también seduce tentaciones autoritarias y pone en peligro los pocos mecanismos institucionales de participación democrática de la clase trabajadora costarricense.

Foto: https://www.las2orillas.co/medicos-se-le-rebelan-al-ministerio-de-salud/


[1] Decreto N° 39408-MTSS de 23 noviembre de 2015

UNT condena afirmaciones de UCCAEP y cualquier intento del Gobierno para precarizar condiciones de trabajo en sector público

Ante la propuesta de suspensión temporal parcial y por ende rebajo proporcional del salario para los trabajadores del Sector Público, impuesto solidario al salario o bien derogatoria del salario escolar, realizada por la UCCAEP y que podría tener eco en el Gobierno de la República, la UNT manifiesta lo siguiente:

Este nuevo ataque a los trabajadores y trabajadoras del Sector Público no es más que un nuevo intento por desprestigiar la institucionalidad pública, esa a la que hemos visto cerrar filas y ponerle el pecho a esta emergencia.

Es un ataque a todos aquellos que han permitido a Costa Rica disminuir los desastrosos efectos que la pandemia ha tenido en otros países. Al personal de salud que está en la primera fila atendiendo la emergencia sanitaria; a los cuerpos policiales que están garantizando la seguridad y el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de toda la población; a los trabajadores municipales que diariamente mantienen limpios todos los rincones del país; a los trabajadores de AyA garantizando salud a través del agua potable; a los trabajadores universitarios que están aportando en la investigación para la dotación de medicamentos y equipo de salud para la atención de pacientes; a los trabajadores de la educación que preparan los paquetes de comida para los estudiantes que dependen del servicio de comedores escolares; a los trabajadores de la Imprenta Nacional que garantizan la publicación de las leyes y decretos de la emergencia aún en fin de semana; al valioso aporte del ICE acondicionando un centro especializado para tratar a los pacientes contagiados de COVID; a FANAL que permanece produciendo alcohol a precio de costo y a Correos de Costa Rica que lo distribuye a todas partes del país.

¿Qué ha aportado la UCCAEP en esta emergencia? Los trabajadores ya estamos poniendo nuestro grano de arena: nos mantenemos trabajando, exponiendo la vida propia y de nuestra familia; pagando al día nuestros impuestos y las cotizaciones a la seguridad social. En el caso del Sector Público, el aporte, además, ha sido de 1029 millones de colones para ayudar a quienes están en necesidad, correspondiente al ajuste (no aumento) de salario por costo de vida correspondiente a este año 2020.

Las empresas privadas asociadas a la UCCAEP han sido las más favorecidas con las políticas económicas aprobadas para enfrentar la emergencia del COVID 19: moratoria a las empresas de 3 meses en el pago del IVA, del pago del impuesto sobre la renta y del pago de aranceles de aduana, posposición de cierre de negocios por morosidad y ajuste de las cuotas a la seguridad social; suspensión de los contratos de trabajo; reducción de jornadas de trabajo y por tanto del salario. Estas medidas, entre otras, les permite a las empresas reducir sus ganancias, no así perder su ingreso parcial o totalmente.

La UCCAEP no tiene autoridad moral para cuestionar la capacidad solidaria de la clase trabajadora del Sector Público. Ellos que han sido beneficiarios de exenciones, han evadido y eludido impuestos, muchos están morosos con las cuotas de la seguridad social y además con el pretexto de la crisis, han enviado a muchas familias a la angustia de no saber si mañana tendrán para comer, mientras ellos han garantizado con las medidas aprobadas por los diputados, cuando mucho, que en estos meses de emergencia nacional se reduzcan las pérdidas en sus ganancias.

Desde la UNT rechazamos contundentemente cualquier intento de poner nuevos impuestos a los salarios o eliminar derechos a los trabajadores. Esta crisis debe enfrentarse con solidaridad y equidad. La solidaridad no implica que todos pongamos por igual, cada quien debe poner de acuerdo a sus posibilidades.

Para enfrentar esta crisis el Gobierno debe voltear la mirada hacia quienes han venido acumulando riqueza a costa de bajos salarios, exoneraciones, exenciones y otros privilegios. Las grandes empresas, los exonerados, los beneficiados con la amnistía tributaria en el 2019, esos a los que representa la UCCAEP, deben poner su cuota para que Costa Rica salga adelante.

Susan Quirós Díaz
Secretaria General

Imagen ilustrativa.

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Walter Quesada, ANEP: “Ocultan evasión promoviendo conflicto entre sectores laborales”

El secretario general adjunto de la ANEP, Walter Quesada, expone la forma como algunas fuerzas del país quieren “poner a pelear a los sectores laborales público y privado”. Asimismo, da los datos acerca de la afectación de los ingresos estatales que se produciría si se aplica el rebajo de los salarios del sector público que impulsa el empresariado. El dirigente llama la atención acerca de que “quienes impulsan esa medida contra el sector laboral representan a otro sector, en el cual, hay empresas que evaden o eluden los impuestos o no cancelan las cuotas de la CCSS”.

Le invitamos ver el video enviado a SURCOS por esta organización sindical:

COVID-19 Emergencia: Prioridades y perspectivas de la ISP

Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos

La ISP constata que el momento que vivimos requiere que todo el movimiento sindical se centre en dos frentes: un conjunto de acciones de emergencia inmediatas y específicas y una respuesta económica (compuesta por 8 puntos cada una)

a ISP se enfrenta a la crisis más grave que sus miembros han confrontado. Lxs trabajadorxs de la salud representan alrededor del 12% de la población infectada en todo el mundo, y el número de muertes es intolerable.

La falta de preparación de los sistemas de salud, incluida la escasez de personal, las agotadoras jornadas de trabajo y la falta de equipo de protección personal (PPE) están exponiendo a lxs trabajadorxs de la salud a peligros mortales que también socavan la capacidad de los sistemas de salud para responder a la emergencia.

La escasez crónica de ventiladores, camas en la UCI, camas de reanimación, equipos de pruebas, laboratorios y biólogos está impidiendo las posibilidades de salvar vidas y empeorará las ya peligrosas condiciones de trabajo del personal sanitario.

Además, los años de privatización de los establecimientos de salud han ejercido una presión aún mayor sobre los sistemas de salud pública, hasta que (algunos) gobiernos decidieron obligar a los proveedores privados a unirse a los hospitales públicos en su respuesta a la emergencia.

Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos

En este momento, el movimiento sindical debe centrarse en la respuesta inmediata a la emergencia:

1. Utilizar todos los medios para proporcionar EPP a todxs lxs trabajadorxs expuestxs a un alto riesgo de contagio (atención sanitaria, cuidado de ancianos, atención domiciliaria, transporte, ambulancia, policía, bomberxs, prisiones y centros de detención, incluidos los campamentos de refugiadxs y de migrantes, dependientes y cajerxs, trabajadorxs de la producción esencial, etc.). Para lograr esto, los sindicatos deben pedir a los gobiernos que soliciten a las fábricas locales para que conviertan su actividad a la producción de estos bienes. La requisa también debe aplicarse a la producción de ventiladores, equipos de prueba y todos los equipos y dispositivos necesarios para que el sector de la salud pueda trabajar de manera eficiente.

2. Aumentar el número de camas en la UCI. Esto significa que debemos pedir a los gobiernos que requisen los hospitales y clínicas privadas para responder a las necesidades de la población.

3. Contratar, capacitar y equipar a enfermerxs y médicxs para aliviar la carga de trabajo del personal hospitalario actual y reducir el riesgo de contagio.

4. Suspender las patentes de los medicamentos que resulten necesarios para el tratamiento de COVID 19. Crear un consorcio/agencia a nivel mundial, bajo la OMS, para coordinar la investigación de una vacuna y evitar la explotación comercial.

5. Imponer el cierre de todas las actividades de fabricación y comerciales no esenciales.

6. Pedir a los gobiernos que apoyen a lxs trabajadorxs y los ingresos familiares, incluidos lxs trabajadorxs informales de todo tipo, y que garanticen licencias remuneradas. Del mismo modo, prestar apoyo para el cuidado de los niñxs a todxs lxs trabajadorxs que deban seguir trabajando. En la ISP creemos que debe haber una respuesta colectiva de los estados a una emergencia mundial con la inyección de recursos para apoyar los ingresos familiares y de las pequeñas empresas, y que el sector privado debe contribuir de acuerdo con las directrices del gobierno.

7. Comprometerse con los organismos gubernamentales de desarrollo y las IFI para garantizar la inyección de recursos adecuados, sin condicionalidades, para apoyar la emergencia en los países en desarrollo, incluido el suministro a todxs de agua limpia y jabón para el lavado de manos.

8. Instar a la comunidad internacional a que proporcione una solución urgente, inclusiva y basada en los derechos a lxs migrantes detenidxs, lxs que están atrapadxs en las fronteras y lxs refugiadxs, lxs solicitantes de asilo, lxs migrantes y las personas desplazadas que viven en campamentos. Además de la situación humanitaria y de derechos humanos, que nos preocupa como sindicatos, existe el alto riesgo de que la concentración de miles de personas en zonas restringidas sin acceso a servicios de atención de la salud y a agua potable y saneamiento se convierta en una catástrofe de salud pública de una magnitud inimaginable.

Es necesario tomar medidas para hacer frente a los problemas derivados de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La situación se ha visto agravada por la falta de preparación y por los cambios en el sistema económico mundial en los últimos 30 años. La profunda conmoción económica resultante puede crear muchas dificultades para lxs trabajadorxs y marcar el comienzo de otro ciclo de austeridad. Debemos prepararnos ahora para dar forma a la respuesta económica.

Este será el momento de decir que hay una emergencia mundial que necesita ser financiada, y que deben adoptarse medidas rápidas y radicales si queremos evitar la paralizante austeridad, la dislocación social y el extremismo político de derechas que siguió a la crisis financiera mundial. Lxs trabajadorxs ya están haciendo sacrificios y las pequeñas empresas también están sufriendo: es hora de que quienes se han beneficiado del sistema paguen ahora y contribuyan inmediatamente para reparar el daño que han hecho. Entre las cuestiones que deben abordarse podrían figurar las siguientes:

1. El alivio y la reestructuración de la deuda para las economías más vulnerables, de manera que no se vean obligadas a enfrentarse a crisis monetarias y de reembolso al mismo tiempo que tratan de hacer frente a la crisis sanitaria y económica.

2. Cambios en el sistema mundial de rescate de la deuda para garantizar que pueda producirse una reestructuración ordenada de la deuda, cuando sea necesario, que comparta la carga entre los acreedores y los deudores y no socave el crecimiento económico ni exacerbe las crisis sociales.

3. Eliminar los topes legislativos de deuda y gastos, como ocurre en Europa y el Brasil.

4. Exigir que los préstamos concedidos a los países (del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo o los acreedores privados) no contengan condicionalidades como la liberalización del mercado laboral, la privatización o las desgravaciones fiscales para los más ricos.

5. Implementar impuestos sobre la riqueza para asegurar que aquellos que han almacenado riqueza en el período previo a la crisis ahora contribuyan.

6. Aumentar los tipos de los impuestos de sociedades al 50% para los que obtengan beneficios excesivos, es decir, por encima del 5%. En un momento en el que las empresas están fracasando, los servicios públicos no tienen fondos suficientes y lxs trabajadorxs están haciendo sacrificios, las empresas que están obteniendo beneficios excesivos tienen la obligación moral y económica de contribuir a la recuperación. A diferencia de otros impuestos o gravámenes, un impuesto sobre el exceso de beneficios no puede hacer más vulnerables a las empresas en dificultades, ya que sólo se aplica sobre los beneficios ya generados, y a niveles excesivos. Las empresas en dificultades no pagarían más impuestos, pero se beneficiarían del estímulo fiscal proporcionado al garantizar que los beneficios excesivos se reorienten inmediatamente al estímulo fiscal.

7. Introducir inmediatamente un impuesto sobre los servicios digitales para que las empresas de tecnología que han obtenido beneficios masivos, que antes evitaban los impuestos y que almacenaban dinero en efectivo en paraísos fiscales (y que ahora obtienen aún más beneficios debido al confinamiento, es decir, Netflix, Amazon, etc.) paguen su parte justa de inmediato. Muchos países querían introducir esos impuestos, pero se les convenció de que esperaran a los resultados del proceso BEPS de la OCDE. El proceso BEPS no es ahora capaz de proporcionar una propuesta creíble, y ciertamente no en el plazo requerido para una reparación fiscal urgente. Se debería instar a todos los países a que los introduzcan inmediatamente como instrumento de recaudación de ingresos.

8. No se deberían tomar medidas de rescate financiero a ninguna empresa que no proporcione un CBCR público (informe país por país), ni a ninguna que opere a través de paraísos fiscales. La respuesta a la crisis financiera mundial y los recientes regalos fiscales en los EE.UU. muestran que sin estas medidas muchas empresas redirigirán estos beneficios a los accionistas, directores y gerentes y no los utilizarán para proteger el empleo y las condiciones de los empleados.

A largo plazo es necesario repensar profundamente el sistema económico mundial, incluyendo el sistema de producción y el papel de las cadenas de suministro mundiales, que fracasaron en esta crisis. También deberíamos reconsiderar el papel del gobierno en las políticas industriales, incluida la necesidad de producir internamente bienes que son esenciales para garantizar el interés y el bienestar públicos. Es fundamental reconsiderar el papel de los servicios públicos e invertir en los sistemas de salud pública, la educación pública, el agua potable, el saneamiento y la protección social. Esto significará defender el argumento de que el actual sistema de gobernanza financiera y el poder desmesurado de las empresas multinacionales deben terminar.

Por eso creemos que debemos cambiar el discurso ahora mismo.

No queremos que lxs trabajadorxs de la salud que salvan vidas sean llamadxs héroes. ¡No son héroes! Son profesionales que reclaman y merecen respeto, dignidad, el derecho a ser protegidxs y el reconocimiento de salarios y condiciones de trabajo decentes.

Queremos dejar claro de una vez por todas quiénes son los que se benefician y cómo deben cambiarse las reglas del juego si queremos evitar desastres en el futuro y si queremos trabajar realmente por un mundo mejor y más justo para todxs.

No entender esto bajo estas circunstancias no es sólo un error, es irresponsable. Ya perdimos la oportunidad en 2008. No podemos perderla esta vez.

Como dijo el Papa Francisco, «pensamos que podíamos estar seguros en un mundo enfermo». La crisis mundial generada por COVID-19 demuestra que no estamos ni podemos estar seguros en un planeta enfermo.

Debemos reflejar las numerosas políticas que los gobiernos se ven obligados a adoptar ahora para ayudarnos a hacer frente a la crisis climática. Un enfoque estrecho en el empleo y la transición impulsada por las empresas seguramente condenará a la humanidad a una crisis sistémica y al fracaso del sistema.

Nadie puede afirmar ahora que los cambios rápidos en las políticas son imposibles o que las crisis futuras pueden ser mejor tratadas por los mercados. Pero la gente puede ignorar las advertencias y volver a los negocios como de costumbre. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esto no suceda. Es asegurarnos de que el sufrimiento actual no sea en vano y utilizar las advertencias que ahora tenemos para convencer a la gente de que debemos construir una nueva economía radical y desarrollar políticas que pongan a las personas y al planeta por encima del lucro.

Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez.
Fuente: https://publicservices.international/resources/news/covid-19-emergencia—prioridades-y-perspectivas-de-la-isp-?id=10694&lang=es