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Llamado del MTC: ¡Defendamos la Caja! Nos unimos al llamado del FNL a la concentración del 31 de octubre

Comunicado

El Frente Nacional de Lucha (FNL) ha convocado a una concentración para el jueves 31 de octubre 9:00 am en el Parque Central de San José. Los objetivos o demandas principales son las siguientes:

  1. Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS por cerca de 4 billones.

  2. Un plan para resolver las listas de espera.

  3. Mejoramiento de las condiciones laborales del personal de La Caja.

Para ese mismo día, la Unión de Sindicatos de La Caja hace un llamado a huelga para luchar contra el congelamiento salarial, así como por el mejoramiento de las condiciones laborales del personal de la Caja.

El Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) considera que las reivindicaciones planteadas por el FNL y por la Unión de Sindicatos de La Caja son justas y les apoyamos firmemente.

Esta accionar social, sindical y popular en defensa de la CCSS, se da dentro de un contexto político caracterizado por una sistemática política del gobierno de Chaves tendiente al desmantelamiento de La Caja, violentando el Derecho Humano de toda la población a tener acceso a un sistema de salud y seguridad social digna.

Manifestamos nuestro rechazo a las constantes acciones por parte de este gobierno orientadas a quebrar La Caja. Además de no pagar dicha deuda billonaria, coloca en puestos claves a personajes nefastos que aplican al interior de La Caja las políticas chavistas.

Destacamos que otro elemento crítico es la manera que el gobierno destaca sin duda a la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, pese a que ha sido recientemente suspendida de su cargo por seis meses. Aclaramos que la suspensión de Esquivel no implica que en forma automática se vaya a resolver la problemática que vivimos en el campo de la seguridad social. Además, tampoco hay certeza de que la respectiva medida cautelar de suspensión del cargo se mantenga. Dicha suspensión del cargo de Marta Esquivel y de otros directivos y funcionarios implicados en contratos inflados con varias cooperativas y asociaciones privadas, ha sido resultado de una acción mancomunada entre la Contraloría, Ministerio Público y Tribunales.

Reiteramos que estos hechos profundizan la crisis política del país, que se manifiesta en este momento especialmente como una crisis de enfrentamiento entre poderes.

Consideramos que un porcentaje considerable de las organizaciones populares y sociales apoyan al sector “democrático” de la institucionalidad, o sea, Contraloría y Fiscalía General. En este sentido, tomar partido por el lado de las “instituciones democráticas” y sus representantes no es una decisión acertada. Se requiere cuestionar el grado en que realmente son democráticas dichas instituciones, en tanto la justicia, lejos de estar a favor de los más pobres, se pliega a defender los intereses de los poderosos. Sumado a lo anterior, la Contraloría ha sido un baluarte de la aplicación de los planes hambreadores enmarcados en las políticas neoliberales.

El movimiento de la clase trabajadora y popular necesita posicionarse con voz propia sin alinearse a intereses nefastos. Urge defender a La Caja y otras instituciones de manera crítica, realizando acciones permanentes de denuncia y defensa frente a los múltiples ataques de Chaves, y a su vez, defender programas para que dichas instituciones garanticen estar al servicio del pueblo. También es imperativo que tanto La Caja como el Poder Judicial, el Poder Legislativo y otras instituciones como el ICE, AyA, Banca Pública, etc, sean sujetas de supervisión popular y ciudadana.

¡Defendamos críticamente a La Caja y otras instituciones estatales!

¡Nos unimos a concentración nacional en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social!

Movimiento de Trabajadores y Campesinos – MTC

29 de octubre del 2024

Estrés y recarga laboral causan las incapacidades en el MEP

Mensaje de Gilberth Díaz
Presidente del SEC

Las afirmaciones de Katharina Müller, Ministra de Educación, respecto a que el aumento en las incapacidades en el MEP se debe a que los funcionarios abusan de dicho derecho, son irresponsables, ofensivas y no son de recibo para el SEC y menos para el Magisterio Nacional.

En el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, tenemos claro que Müller solo evade su responsabilidad ante el deterioro del ambiente laboral educativo.

Nuestras encuestas con la afiliación revelan que las causas principales son: exceso de cargas laborales, falta de orientación pedagógica y de una ruta educativa clara, incertidumbre sobre pago completo y oportuno de salarios, aguinaldos y cuotas de jubilación (falta de presupuesto de remuneraciones), violencia y crimen organizado que afecta a la juventud y a la falta de programas de salud ocupacional.

Todo esto provoca que el personal del MEP sufra un enorme estrés laboral, ansiedad y otros padecimientos asociados.

Müller, en total desconocimiento de la labor educativa, ignora que el estrés crónico y la ansiedad, conocidos en psicología laboral como síndrome del quemado (burnout), constituyen la principal enfermedad profesional que sufren los trabajadores de la educación en todo el mundo. Por lo tanto, el MEP debe brindar atención psicológica especializada para cuidar la salud emocional de sus docentes, como parte de los programas permanentes de salud emocional.

En Costa Rica no hay psicólogos laborales atendiendo a la población docente, y las autoridades del MEP se interesan sólo por razones económicas, ya que en la misma proporción en que se incrementan las incapacidades, deben aumentar el presupuesto de remuneraciones por sustitución. Sin embargo, no muestran ninguna empatía o consideración humanitaria ante este problema de salud emocional propio de los centros educativos, donde laboran en su mayoría mujeres (en una relación de 3 mujeres por cada hombre), lo cual agrava la situación de cansancio, ya que muchas trabajadoras deben atender una jornada adicional en labores del hogar.

Para el SEC, es necesario reducir las cargas laborales generales del personal magisterial, apoyar con más recursos tecnológicos y disminuir los trámites burocráticos, además de reducir la cantidad de estudiantes por aula, así como asignar asistentes para la atención de estudiantes con necesidades especiales. Sumado a lo anterior, se suma definir una ruta pedagógica clara y un método de evaluación de aprendizaje único y homologable para todos los niveles educativos (falta de ruta educativa). Es fundamental atender los problemas de violencia, crimen organizado y narcotráfico con políticas coherentes de seguridad ciudadana, porque el personal docente ya no es suficiente para garantizar la seguridad en aulas.

El MEP debe asegurar el pago oportuno de todas las remuneraciones salariales y de las cuotas de jubilación, brindando así seguridad económica a su personal. Además, se deben implementar programas eficaces de salud ocupacional, atendidos por psicólogos laborales, para garantizar una buena salud emocional del personal.

Todas estas problemáticas deben ser resueltas por la Ministra Müller antes de acusar al personal de abusos, además de asesorarse para entender el impacto del burnout en el trabajo docente. De lo contrario, MEJOR RENUNCIE AL CARGO, siendo esta la primera medida para mejorar la salud emocional del personal del MEP y reducir las estadísticas de incapacidades

¡SEC JUNTO AL PUEBLO!

El SEC invita ver el video:

Proyecto busca asegurar protección para personas repartidoras en plataformas digitales ante condiciones laborales inseguras

En un taller recientemente organizado por la Fundación Friedrich Ebert se profundizó en los desafíos que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales de reparto en Costa Rica, destacando aspectos que afectan directamente su calidad de vida y seguridad laboral. En este espacio se exploraron propuestas de ley, estudios de caso y encuestas que evidencian la precarización de estos trabajadores en el contexto actual y la urgente necesidad de establecer regulaciones que protejan sus derechos básicos.

Un elemento central en la discusión fue el “Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales”. La diputada Sofía Guillén expuso en detalle cómo esta propuesta busca subsanar la falta de derechos laborales para los repartidores, en un entorno donde los ingresos y beneficios son limitados y las empresas de plataformas operan sin rendir cuentas a sus empleados ni a la sociedad.

Guillén argumentó que la ley plantea, en primer lugar, el derecho a la seguridad social y la compensación por horas extra, así como la implementación de descansos obligatorios. Además, el proyecto aborda la necesidad de transparentar el sistema de pagos y sanciones para evitar abusos, garantizando que los repartidores no sean penalizados injustamente por decisiones automatizadas de las plataformas. En una economía que rápidamente se apoya en estos servicios, la diputada destacó que sin legislación, estos trabajadores seguirán expuestos a la inseguridad y a la explotación laboral.

La presentación de la “Encuesta a personas repartidoras de la GAM, Costa Rica”, realizada por la M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, M.Sc. Jorge Solano Ruiz, Bach. Mariela Campos Lizano, y Bach. María José Herrera Madrigal de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional mostró una perspectiva cruda de la realidad que enfrentan los repartidores de plataformas en el día a día. Los resultados revelaron que, para muchos de estos trabajadores, una semana laboral promedio supera las 60 horas, con jornadas que se extienden a altas horas de la noche y abarcan fines de semana, todo sin acceso a prestaciones de salud, vacaciones, o condiciones mínimas de seguridad. A medida que más repartidores expresaban su dependencia de estas plataformas para mantener a sus familias, surgió un consenso: este sistema de trabajo impulsa una forma de esclavitud moderna en la que los repartidores deben trabajar incansablemente para lograr ingresos mínimos. Los resultados de la encuesta apuntan a que las condiciones son aún más duras para los repartidores que usan motocicletas, quienes, en busca de maximizar el tiempo y el número de pedidos entregados, están particularmente expuestos a accidentes y agresiones. La falta de seguro médico obliga a estos trabajadores a asumir los riesgos de su seguridad física sin ninguna cobertura por parte de las plataformas, creando una dinámica de extrema vulnerabilidad y desprotección.

El estudio “Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica”, realizado por María Leonela Artavia-Jiménez, Jorge Solano Ruiz, Mariela Campos Lizano, y María José Herrera Madrigal, profundiza en los efectos de esta precariedad laboral, detallando cómo la falta de regulación ha convertido a las plataformas en espacios de trabajo que eluden cualquier responsabilidad sobre las condiciones laborales. Este informe explora el papel de las plataformas como entidades que se presentan sólo como intermediarios, desligándose de la responsabilidad de los trabajadores a pesar de que ejercen control sobre las tarifas, los horarios y las condiciones bajo las cuales deben cumplir sus labores. Uno de los hallazgos más reveladores del estudio fue el nivel de control que las plataformas ejercen mediante algoritmos que determinan el acceso a pedidos, la calificación de los repartidores y el valor de los ingresos en función de una serie de parámetros intransigentes que ni siquiera los trabajadores conocen a cabalidad. Este sistema de vigilancia y sanciones automatizadas se traduce en una especie de control remoto sobre los trabajadores, quienes ven sus ingresos y su estabilidad laboral comprometidos por decisiones que no pueden cuestionar ni negociar.

La influencia de estos algoritmos y el desamparo de los trabajadores en plataformas es un problema profundo en un país como Costa Rica, donde la informalidad laboral es una realidad creciente y la falta de opciones en el mercado laboral formal ha llevado a muchos a emplearse en estas plataformas de reparto. Para muchos de estos trabajadores, el trabajo en plataformas no es una opción de ingresos secundarios sino su único sustento, lo cual convierte en esencial la regulación de este sector. Sin embargo, en el estudio también se indica que el alto grado de informalidad en que operan los repartidores en la GAM, donde solo un pequeño porcentaje tiene alguna forma de seguridad social, hace que muchos de estos trabajadores tengan que autofinanciar cualquier tipo de atención médica en caso de accidente o enfermedad. Este contexto, en el que los trabajadores soportan los riesgos financieros y de seguridad sin ningún respaldo, refuerza la imagen de las plataformas digitales como entornos altamente deshumanizantes y excluyentes.

Además, el estudio plantea que el trabajo en plataformas digitales se caracteriza por una enorme desventaja en la relación de poder entre los repartidores y las empresas. Al no tener representación sindical ni herramientas para hacer valer sus derechos, los repartidores se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad total. El informe advierte que el hecho de que las plataformas no se consideren como empleadores, sino solo como facilitadoras de servicios, ha permitido que estas empresas eludan las responsabilidades que normalmente se asocian con la relación empleador-empleado. Como resultado, los repartidores se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por las plataformas sin capacidad de negociación, quedando sujetos a cambios unilaterales en las tarifas, los tiempos de entrega, y las políticas de sanción. La inexistencia de un contrato de trabajo formal con derechos reconocidos implica que los repartidores están sujetos a una volatilidad extrema y a un ingreso fluctuante que muchas veces no cubre sus necesidades básicas.

En conjunto, estos estudios y propuestas reflejan la necesidad de un cambio en la forma en que las plataformas digitales operan en Costa Rica. Se ha propuesto que se tomen en cuenta experiencias internacionales, como en España, donde los trabajadores de plataformas han sido reconocidos legalmente como empleados, o en Chile, donde el apoyo de sindicatos ha facilitado negociaciones con estas empresas. Estos ejemplos resaltan la importancia de que los trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo cuenten con el respaldo de una ley que los proteja, sino también con la opción de integrarse a redes de apoyo que les permitan enfrentar las condiciones impuestas por las plataformas con mayor seguridad. La Fundación Friedrich Ebert, en su rol de organizador de este taller, ha enfatizado que la plataformización del trabajo no debe significar la deshumanización de los trabajadores.

La discusión sobre el reconocimiento y regulación de estos trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo trata de proteger a una población en crecimiento, sino también de establecer los cimientos para una economía digital más equitativa y responsable. Los estudios presentados en el taller dejan claro que, en la era digital, el trabajo no puede seguir avanzando en un vacío legal, y que es urgente que el Estado costarricense tome medidas para evitar que el avance tecnológico ocurra a costa de la dignidad y el bienestar de los trabajadores más vulnerables.

La Fundación Friedrich Ebert compartió esta valiosa información con SURCOS, resaltando la importancia de visibilizar y comprender las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en plataformas digitales en Costa Rica. Invitamos a las personas lectoras a profundizar en este análisis accediendo a los documentos completos, los cuales adjuntamos para su consulta: el Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales, la Encuesta a personas repartidoras de la GAM y el estudio Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica. Cada uno de estos documentos ofrece una visión crítica y detallada sobre las dimensiones de la precariedad laboral y los retos urgentes de regulación en el sector.

Congreso Nacional de la ANDE/Sindicato, 2024

ANDE:  construye la Justicia Social

Mons. José Rafael Quirós Quirós
Arzobispo Metropolitano de San José
San Antonio, Belén, 23 de octubre de 2024

Agradezco la atenta invitación para participar en el acto inaugural del septuagésimo noveno Congreso Nacional de la ANDE/Sindicato, en el marco celebrativo del octogésimo segundo aniversario de fundación de la Asociación.

El presente Congreso Nacional reviste suma importancia para estudiar, dialogar, discernir y actuar a favor de la justicia social en nuestro país. Se dice que no sabemos para dónde vamos, si olvidamos de dónde venimos. De ahí, la importancia que adquiere recordar los motivos e ilusiones que impulsaron a costarricenses amantes de la patria, por construir una sociedad más justa, equitativa y fraterna con los empobrecidos y vulnerables de nuestros campos y ciudades.

Muchas de las mentes y los corazones de aquellos costarricenses vibraron y se comprometieron con las palabras del Maestro por excelencia, vengan a mí benditos de mi Padre a heredar el Reino prometido, porque tuve hambre y me dieron de comer; fui forastero (migrante) y me hospedaron; estuve en la cárcel y enfermo y me visitaron; desnudo y me vistieron; con sed y me dieron de beber, porque siempre que lo hicieron con uno de éstos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron (cfr. San Mateo 25,34-36).

Esos costarricenses construyeron un proyecto de vida personal y social, inspirados en los valores cristianos, y en el pensamiento social de la Iglesia, de justicia social, fraternidad, bien común y otros. Esos compatriotas habían integrado a su escala de valores la paz como fruto de la justicia, la verdad, el amor, la fe y la esperanza. Nunca tuvieron miedo ante corrientes contrarias.

Diseñaron y edificaron un Estado benefactor con los habitantes desfavorecidos de fortuna y empobrecidos. Un Estado Social de Derecho, para que fuera la ley el árbitro de toda controversia. Fortaleció el equilibrio de poderes en lo legislativo, judicial y ejecutivo descartando todo absolutismo.

Esos costarricenses visionarios diseñaron políticas públicas y forjaron instituciones de bienestar social para la distribución de la tierra, la vivienda popular y generar empleo. Destinaron un alto porcentaje del producto interno bruto en inversión educativa, para la alimentación de los escolares, impulsar la infraestructura educativa, estimular el pago profesional de los docentes y lo necesario para un futuro mejor. Las Universidades Públicas abrieron sus puertas al desarrollo de la cultura, la investigación, la tecnología, el cultivo de las artes y letras, al conocimiento en procesos humanísticos para la superación de las personas de escasos recursos económicos, que permitiera la movilidad social, la equidad e igualdad entre nosotros.

Esos compatriotas nos dejaron un sistema de seguridad social, atento a robustecer un seguro de salud y un seguro de invalidez, vejez y muerte, con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que fuera universal y solidaria con los más pobres. Un sistema de salud que llegara a todos los rincones de nuestro país, donde se procuró agua potable, electricidad y caminos vecinales.

El establecimiento de los Estancos del Consejo Nacional de Producción fue un signo de la posibilidad de un comercio más justo y una economía solidaria, dejando de lado la voracidad del mercado. De ahí, el apoyo al productor nacional y las políticas públicas a favor del desarrollo agropecuario de esos tiempos y del futuro.

Estimados educadores, el presente Congreso Andino es una posibilidad de juzgar porqué esa Costa Rica ha perdido su ruta original, aventurándonos en un país donde crece la pobreza, las desigualdades e iniquidades. Se mermó la inversión social y se favoreció a los centros de poder económicos, financieros e intereses extranjeros; acrecentando la injusticia social.

Sigue siendo la riqueza insolidaria, la expresión del egoísmo y de la injusticia. Riqueza amasada muchas veces de medios no del todo éticos ni lícitos.

Los Obispos de Costa Rica, hemos manifestado nuestra preocupación y observaciones al texto base del Proyecto de Ley N° 24.290, (CECOR, 035-2024, 19 de junio de 2024) para el establecimiento de las jornadas laborales excepcionales, conocidas como proyecto de las jornadas 4 x 3, que no solo priva a los creyentes cristianos de consagrar el día domingo como expresión del derecho humano a la libertad religiosa y de culto, sino a las mujeres trabajadoras que además de la presunta jornada diaria de 12 horas, deben invertir tiempo en el traslado del puesto de trabajo a sus hogares y sumar más horas a las labores domésticas, cuido y educación de sus hijos; afectando gravemente la salud física, emocional y mental, de esas madres, esposas, muchas de ellas jefas de hogar. Asimismo, se privaría a muchos jóvenes de asistir a la educación nocturna y se afectaría gravemente el derecho al descanso y al ocio en familia de los trabajadores y otros asuntos de fondo. Entonces, habrá que preguntarse: ¿a quién beneficiará dicha jornada laboral?

Apreciados Andinos, es fundamental luchar contra el individualismo, el egoísmo y la división. No permitamos que se asiente “el sálvese el que pueda”. Preguntémonos ¿Qué nos ha pasado?; ¿qué nos hizo cambiar?; ¿hacia dónde vamos ahora?

Hay quiénes se han dejado manipular e invierten los valores. Para mi generación una mentira era una mentira, en cambio ahora se constata que hay mentiras a las que se les llama verdad. También, lo bueno ahora puede ser malo y lo malo ser bueno. Es así como se nos quiere convencer, respecto al aborto, que de manera evidente es el asesinato de un niño indefenso en el vientre de su madre, y lo proclaman como un derecho humano de la mujer. ¿Qué nos ha pasado?, ¿por qué hemos endurecido el corazón olvidando la dignidad de los hijos de Dios y la fragilidad de los hermanos?

Precisamente en este Congreso de ANDE/Sindicato se abre una ventana de oportunidades para que los educadores costarricenses, juzguen y ofrezcan aportes que reviertan el sendero por donde nos han conducido, cuya estrategia es la división y confrontación entre nosotros, en favor de los intereses de grupos de poder. A esos intereses ocultos les ha funcionado la estrategia política: divide y vencerás.

Que no sea así entre nosotros, todavía podemos salvar nuestro hermoso país. Dios nos ayudará. Echemos mano a nuestras raíces cristianas, a nuestra fe en Jesucristo, nuestro compromiso social desde la tarea educativa.

Andinos, hagan lo que está en sus manos, Dios les pedirá cuentas de lo que podían hacer y dejaron de hacer.

No se dejen llevar por el pesimismo, la indiferencia, las dificultades que les toca vivir, la crítica hiriente y malsana en sus centros educativos, sino antepongan el amor a sus estudiantes.

No se cansen de servir, no callen la verdad, superen el miedo y temores.

No se dejen conquistar por simples ideologías de momento.

Defiendan la vida en todas sus expresiones, desde la ternura de un niño por nacer, los bosques exuberantes de nuestro trópico hasta la grandeza y belleza del planeta tierra. Seamos custodios de la creación de Dios.

Así, bendito el docente que hace de su profesión una misión amorosa, construyendo la espiritualidad del educador cristiano y que confía que todo lo puede en Cristo que le fortalece (Cfr. Efesios, 4,13).

Que la herencia histórica de sus predecesores andinos, que fortalecieron el Estado Social de Derecho, y otras reivindicaciones para la construcción de la justicia social, marque los derroteros del porvenir.

Finalmente, deseo felicitarlos por los 82 años de fundación de ANDE, y encomendar a San José Obrero, las jornadas de trabajo que han programado, para que no falte la alegría en el desempeño profesional, y la esperanza en los años venideros en procura de una Asociación Nacional de Educadores, comprometida en continuar construyendo la paz social, como fruto de la justicia, la defensa de la vida y una educación pública a favor de los más pobres.

Que la dignidad humana presente en los educandos y educadores, ayuden a perfilar el futuro de ANDE/Sindicato de cara a los retos por venir.

Les deseo muy feliz Congreso.

Seccional ANEP-Diversidad impulsa “Campaña Solidaria”

Apelando a la buena voluntad y en marco de las posibilidades, el ANEP solicita el apoyo a la “Campaña Solidaria” que está siendo organizada por la Seccional ANEP-Diversidad, que consiste en la recolección de víveres y ropa en buen estado para beneficiar a una serie de organizaciones que trabajar con poblaciones vulnerables. 

En la recepción de la organización ANEP hay una caja para que puedan ser colocadas las donaciones, como también pueden comunicarse con el compañero Deiby Porras para la recepción de las mismas al número 8997-7584. 

Por otro lado, también se está realizando un trabajo de cara a identificar y levantar una base de datos de personas trabajadoras que estén afiliadas a la ANEP y pertenezcan a la comunidad LGBTIQA+, como parte de un proceso que incluya la diversidad. 

Si está interesado o interesada en ser parte, puede completar la información en el siguiente link: https://forms.gle/3cc8DEeo86VjRUYL7

Foro: Retos y oportunidades del solidarismo ante los cambios en la sociedad

En el 40 aniversario de la promulgación de la Ley de Asociaciones Solidaristas se llevará a cabo el foro: Retos y Oportunidades del Solidarismo ante los Cambios en la Sociedad, donde expertos en la materia debatirán los desafíos y oportunidades que enfrenta el movimiento solidarista en el contexto actual. 

El foro contará con la participación de distinguidos panelistas, entre ellos el Mag. Adrián Zamora Ugalde, el Dr. Fernández Zamora Castellanos, el MSc. Guido Alberto Monge Fernández y la Master Luz María Chacón León, quienes aportarán sus conocimientos.

La actividad tendrá lugar el próximo jueves 7 de noviembre de 2024, a las 14:00 horas, en la sala de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en el Campus Omar Dengo de Heredia. 

Además, el evento será transmitido en vivo a través de la página de Facebook de la Academia Solidarista Alberto Marten Chavarría, para que aquellos que no puedan asistir presencialmente también puedan seguir el foro en línea.

Para más información, puede comunicarse al 8694-9190.

Información compartida con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Impulsan proyecto de ley para garantizar derechos laborales en plataformas digitales

La Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), a través de su proyecto «Trabajo y Crisis» en conjunto con diputada la Sofía Guillén participarán en una mesa de diálogo para discutir un importante avance en la regulación laboral: el proyecto de «Ley para Garantizar Derechos Laborales de las Personas Prestadoras de Servicios de Reparto mediante Plataformas Digitales».

En los últimos años, el crecimiento de las plataformas digitales de reparto en Costa Rica ha generado nuevas oportunidades de empleo. No obstante, estas oportunidades están marcadas por una grave precariedad laboral. Un preocupante 68% de los trabajadores en este sector carece de seguro social, y el 78% no contribuye a un fondo de pensiones. Además, la ausencia de protección legal contribuye a condiciones laborales adversas, ya que un 80% de estos trabajadores ha informado haber experimentado al menos un accidente en el desempeño de sus funciones.

La propuesta de ley representa una oportunidad crucial para rectificar estas injusticias y carencias, asegurando que los trabajadores del reparto digital no queden excluidos del sistema de protección social. Este proyecto busca no solo fomentar la economía digital, sino también dignificar el trabajo en la era tecnológica, garantizando condiciones laborales justas para quienes contribuyen a este sector. 

Este esfuerzo colaborativo entre la FES, la UNA y la diputada Guillén busca no solo generar un diálogo constructivo, sino también impulsar cambios significativos que beneficien a las personas que realizan estas labores esenciales en la economía actual. 

Propuesta sindical para el ajuste salarial 2025

En una reciente sesión del Consejo Nacional de Salarios, Michael Hernández, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores Unidos en la Acción Sindical, presentó una propuesta en nombre de varias organizaciones sindicales, destacando la importancia de los salarios dignos como clave para promover la inclusión social, el desarrollo económico y la justicia social en Costa Rica. Junto a Hernández, estuvo presente Bruno Coto Barboza, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, quien ofreció apoyo técnico al proceso de consultas.

Durante su intervención, Hernández insistió en que los salarios no solo deben cubrir las necesidades básicas, sino también asegurar un nivel de bienestar adecuado para todas las personas trabajadoras. Citando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que los salarios justos son esenciales para reducir la pobreza y la desigualdad, y que estos deben ser parte de la construcción de una vida digna para las familias costarricenses. La propuesta de ajuste salarial busca garantizar este objetivo, con el Consejo Nacional de Salarios jugando un papel fundamental en este proceso.

Hernández destacó además la desconexión entre las estadísticas económicas y la realidad que enfrentan muchas familias en el país. Si bien los datos pueden sugerir una mejora general, no siempre reflejan las dificultades de las personas que luchan diariamente por salir de la pobreza. Por ello, argumentó que el fin de la actividad económica debe ser mejorar el bienestar común, y no simplemente centrarse en promedios estadísticos que diluyen la realidad social.

Desde el movimiento sindical, se subraya que el salario no debe verse como un simple costo de producción, sino como un elemento que dinamiza la economía interna. Una política de salarios reales crecientes puede fortalecer el consumo interno, permitiendo que las personas trabajadoras inviertan más en bienes y servicios, así como en su bienestar personal y familiar. Este enfoque no solo impulsa el consumo, sino que también genera mejores condiciones para la recreación y el ocio, lo que contribuye al desarrollo de una economía más robusta.

El documento «Propuesta Sector Sindical Ajuste Salarial 2025» refuerza estas ideas, presentando un análisis detallado de la situación actual y la necesidad de un ajuste salarial que responda a las demandas de la clase trabajadora. En este se enfatiza la importancia de la justicia social y la reducción de las brechas de desigualdad a través de salarios que reconozcan el esfuerzo y la productividad de los trabajadores. Asimismo, el documento destaca la necesidad de tener en cuenta las nuevas realidades económicas, como el incremento en el costo de vida y los cambios en los sectores productivos, que requieren políticas salariales más adaptadas a la actualidad.

La propuesta sindical busca generar un debate más profundo y centrado en la dignidad de los trabajadores costarricenses, promoviendo salarios justos que permitan a las familias mejorar su calidad de vida y contribuir a una sociedad más equitativa. Los salarios dignos no solo favorecen a los trabajadores, sino que también impulsan la economía nacional al fomentar el consumo y la inversión en el bienestar familiar.

Enlace del video:  https://www.facebook.com/share/v/pLhwEYEKPvD76T5Q/?mibextid=WC7FNe

Defensoría: Faltante de fondos para pago completo de salarios, aguinaldo y pensiones en el MEP agrava crisis de la educación

Derechos laborales del sector educación

Lunes 21 de Octubre 2024. La Defensoría de los Habitantes llama la atención a las autoridades gubernamentales sobre la alerta emitida por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional sobre un faltante de casi 42.000 millones de colones para cubrir pensiones de docentes no presupuestadas en 2024 y 2025, con el consecuente perjuicio para casi 113.000 trabajadoras y trabajadores del sector educativo.

Este faltante se suma ahora al denunciado faltante de 17.000 millones de colones para cubrir sueldos de educadoras y educadores los últimos meses de 2024, y más de 100.000 millones de colones en el presupuesto del próximo año del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La preocupación se ahonda en virtud de que el debilitamiento de la educación costarricense se refleja no solo en el presupuesto para infraestructura y mejoras al proceso educativo, sino también en los recursos que se deben direccionar para cubrir los derechos laborales del personal docente, en demérito de la calidad de la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes.

La Defensoría recibe cientos de quejas relacionadas con problemas de no pago de sumas de dineros por diversos motivos, que afectan el monto del salario que deben recibir, y que transgreden el derecho a un salario digno y justo y el derecho a la seguridad social que como Estado deben tutelarse y garantizarse, por lo que vehementemente insta de nuevo a la autoridades competentes para que cesen las vulneraciones en materia del cumplimiento de los derechos laborales hacia el sector educativo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Asociación Jubilados en Acción solicita información sobre fondos para cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes a jubilaciones

El pasado 16 de octubre del 2024, la Asociación Jubilados en Acción solicitó al ministro de Hacienda, y al gobierno de la República, información acerca de los fondos que se debieron conformar con cuotas obreras patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional.

Dicha información se requiere para determinar qué hizo el Estado con las cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, entre los periodos que van desde la promulgación de la Ley No 2248 (7 de setiembre de 1958) y la fecha de promulgación de la Ley No 7268 (14 de noviembre de 1991), a efecto de determinar la responsabilidad que corresponda.

A diferencia de los fondos individuales que pertenecen a cada afiliado, la reserva común se utiliza para cubrir riesgos o contingencias que afectan a todo el sistema, como una longevidad mayor a la esperada, ajustes por inflación, o desequilibrios actuariales en caso de que algunos participantes no acumulen los fondos necesarios para una jubilación digna. La función principal de esta reserva es estabilizar el sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo al actuar como un colchón financiero que permite absorber variaciones imprevistas en las proyecciones actuariales. 

Como se indicó supra, el Estado incurrió durante 33 años en el grave incumplimiento de apropiarse de los fondos ahorrados por el personal magisterial y de algunos de los patronos como cuotas obreras y patronales, con el agravante de que no pagó los aportes como patrono en el caso del personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y no pagó tampoco, la cuota general que como Estado le correspondía aportar para todas las personas afiliadas a JUPEMA.

Por lo tanto, estas fueron las solicitudes concretas de información:

  1. ¿Qué hizo el Estado con las cuotas que pagamos las personas afiliadas a JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991 y que el Ministerio de Hacienda retuvo de nuestros salarios mensuales? 
  2. ¿Dónde se depositaron las cuotas patronales y estatales pertenecientes al Fondo Económico de JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991? 
  3. ¿A cuánto suman esas cotizaciones tripartitas pertenecientes al fondo económico de JUPEMA correspondientes al periodo de 33 años que van de 1958 a 1991? 
  4. ¿Dónde se depositaron los intereses y rendimientos generados por la reserva económica común perteneciente al fondo de jubilaciones creado por la Ley 2248 del 7 de setiembre de 1958? 
  5. ¿Existe un fondo económico o una previsión para que el Estado responda por esa obligación económica contraída con el personal del Magisterio mediante la Ley 2248 del 7 de septiembre de 1958?

Le invitamos a leer el documento completo, y enterarse de esta situación, la cual no está bien esclarecida, y no se comenta.