La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha presentado una ampliación de la denuncia ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía, en relación a la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de disponer de ₡200 mil millones como fondo para las listas de espera, carente de la rigurosidad técnica y financiera necesaria.
La misiva, dirigida a la Contralora Licda. Marta Acosta Zuñiga, la Gerente Financiera Licda. Gabriela Artavia Monge, y el Auditor Interno Lic. Olger Sánchez Carrillo, detalla una serie de irregularidades detectadas por la ANEP. En la carta, el Secretario General de ANEP, Albino Vargas Barrantes, expresa su preocupación por la falta de fundamentos técnicos y de transparencia en la decisión tomada por la Gerencia Financiera de la CCSS.
La ANEP destaca cuatro puntos fundamentales de su preocupación en la carta:
La toma de decisión acelerada: Se resalta la rapidez con la que se tomó la decisión de reservar ₡200 mil millones en una sesión del Comité de Inversiones del Seguro de Salud, sin un adecuado debate técnico ni discusión sobre la protección de los recursos.
Falta de programación y aprobación: Se cuestiona la falta de sustento, programación y aprobación por parte de la Junta Directiva para la reserva de esta millonaria suma, especialmente cuando la Gerencia Médica no pudo proporcionar la programación debido a la falta de insumos técnicos y financieros.
Desconocimiento y evasión de rendición de cuentas: Se evidencia la falta de conocimiento y la evasión de la rendición de cuentas por parte del Director Financiero Contable y la jefatura del Área de Tesorería General en sus respuestas.
Contradicciones en las reservas existentes: Se señalan contradicciones en las respuestas sobre las reservas existentes, como la Reserva de Contingencia y la Reserva Plan de Cierre de Brechas de EBAIS, generando dudas sobre la consistencia técnica de la decisión.
Además, un representante de ANEP, denuncia el hecho de la falta de explicación sobre la creación del fondo de reserva, señalando que otras reservas se han hecho con respaldo de criterios jurídicos y técnicos, lo cual no sucede en este caso.
La ANEP solicita a la Gerencia Financiera de la CCSS intervenir inmediatamente para condicionar el uso de los ₡200 mil millones a criterios técnicos y el aval de la Junta Directiva. Asimismo, insta a la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna a asegurar que estos recursos se utilicen dentro del marco legal, técnico y financiero, sin dejar desfinanciados otros proyectos en beneficio de comunidades del país.
El SEC, solicita al MEP poner fin al congelamiento salarial y pagar los incrementos salariales acumulados desde el 2020; además, reconocer por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada, que no se pagan al personal desde el año pasado.
Comunicado
El SEC solicitó esta semana al Ministerio de Educación Pública (MEP), establecer una política salarial para el sector educación, que ponga fin al congelamiento salarial. Solicitó pagar de inmediato y en su totalidad los incrementos salariales acumulados desde el 2020; así como el reconocimiento por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada que no se pagan al personal del MEP desde el año pasado.
Se debe terminar con el congelamiento salarial
El SEC recodó a las autoridades del MEP, que a partir de la entrada en vigencia de la regla fiscal de gasto, establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre del 2018 – artículos 11 inciso d) y 13 inciso c) -, ahora reforzada por disposición de los transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público, N° 10.159 del 8 de marzo del 2022, se ha establecido una política de congelamiento salarial indefinida, que en enero 2024 entró en su 5° año consecutivo de vigencia.
El SEC indicó a las autoridades del MEP, que el congelamiento salarial impacta negativamente al personal del sector educativo, pues el estancamiento de los salarios con relación al costo de vida implica un deterioro creciente en los ingresos reales y en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, pese al notorio incremento de los precios en bienes y servicios necesarios para la subsistencia de sus familias.
Se argumentó por parte del SEC, que el propio Procurador General de la República Iván Vinicio Vincenti Rojas, actuando como abogado del Estado, advirtió que el congelamiento salarial indefinido es inconstitucional por contrario a los derechos fundamentales y situaciones jurídicas consolidadas de las personas funcionarias. El Procurador señaló en su oportunidad, que sobre el tema la propia Sala Constitucional ya se ha pronunciado en dos ocasiones mediante los votos 200305374 y 2021017.098, indicando que el congelamiento salarial no puede ser permanente “… supone un sacrificio del trabajador, al no ver aumentado su salario pese al aumento en el costo de vida, se puede hacer únicamente por un plazo definido o determinado y únicamente por circunstancias de orden extraordinario o de interés nacional. El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación…”
Las circunstancias fiscales de orden extraordinario que justificaron la imposición del congelamiento salarial en el 2020, en buena medida han quedado superadas: “… “Estamos por cerrar con un superávit primario por segundo año consecutivo, lograremos alcanzar una relación deuda a PIB cercana al 60%; resultado que se veía casi imposible dos años atrás cuando se esperaba que para el término del 2023 la deuda se ubicara por encima del 70% el PIB”. (Revista electrónica SUMA, 23 de diciembre 2023). Igualmente, es el propio Banco Central quien recalificó las estimaciones nacionales de crecimiento de la productividad al alza (5% en el 2023 y 4.3% para el 2024); mejora sustantiva en la estabilidad macroeconómica nacional de la cual no debe quedar excluida la población laboral que integra el Magisterio Nacional.
Por lo anterior, el SEC solicita revisar la política salarial, para devolver al salario de las personas funcionarias del MEP su valor adquisitivo de acuerdo con el costo de vida, terminando con el injusto castigo al que se les ha sometido por tanto tiempo y no solo en razón a sus derechos fundamentales advertidos por el Procurador General, sino también, para detener la fuga de trabajadores altamente calificados que está afectando la calidad del servicio público.
El MEP debe pagar en forma retroactiva el aumento de salarios adeudados desde enero del 2022
El SEC denuncia también, el incumplimiento reiterado en el pago del aumento salarial aprobado el 17 de diciembre del 2019, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42.121-MTSSS-H-MIDEPLAN, vigente desde el 1° de enero 2020, según la siguiente escala:
Grupo salarial
Aumento total a salario base
Meses adeudados
Total adeudado a enero 2024
1
₡8.750
49
₡428.750
2
₡8.500
49
₡416.500
3
₡8.000
49
₡392.000
4
₡7.750
49
₡379.750
5
₡7.500
49
₡367.500
En la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2024 (N°10.427), se incluyó la autorización para realizar dicho pago retroactivo a todas las personas trabajadoras, por lo que el MEP cuenta con los recursos suficientes para realizar el pago de lo adeudado a cada trabajador y trabajadora en forma inmediata y no existe justificación para continuar postponiendo dicho pago retroactivo; y el mismo debe hacerse efectivo para todas las personas funcionarias incluso para aquellas que migraron al salario global, por cuanto se trata de un incremento salarial retroactivo, acumulado desde ante de que entrara a regir el salario global en setiembre del año 2023.
El MEP dejó de pagar 102 recargos e incrementos de jornadas
Con la entrada en vigencia del salario global el MEP ha dejado de pagar recargos e incrementos de jornada necesarios para mantener la continuidad del servicio educativo público; lo anterior debido a que la Ley Marco de Empleo Público no previó cómo atender aquellos servicios educativos donde es necesario que la persona funcionaria responsable, asuma funciones adicionales a las de supuesto y /o jornada, las cuáles deben ser remuneradas adicionalmente; caso contrario, nadie asume el cargo, o si lo hace sin recibir la remuneración extra, se le estaría causando un perjuicio grave, sometiéndolo a un tratamiento discriminatorio e injusto.
Se trata de una situación particular del servicio educativo, que pese a las advertencias formuladas a las y los legisladores de entonces por los sindicatos magisteriales y el propio MEP, mientras se discutía el proyecto de Ley Marco de Empleo Público no fueron atendidas, generándose en la nueva normativa una prohibición absoluta para el pago de componentes salariales adicionales al salario global, el cual hoy afecta al menos 102 actividades muy propias del servicio educativo, que no pueden realizarse por la prohibición legal de pagarlas de manera adicional al salario global. Esos recargos y aumentos de jornada serían:
AFECTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGOS – SALARIO GLOBAL PENDIENTES DE TRAMITAR
TIPO DE RECARGO
CANTIDAD
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN I Y II CICLO
11
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS
36
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN PREESCOLAR
12
AUXILIAR DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO
7
CONSERJE DE CENTRO EDUCATIVO
6
OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1
2
RECARGO (PRIN) RECUPERACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS
10
RECARGO COMITÉ DE APOYO EDUCATIVO
3
RECARGO COMITÉ DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
8
RECARGO ESCUELAS MODALIDAD HORARIO AMPLIADO
6
TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1
1
TOTAL
102
Se debe reestablecer el pago de incrementos salariales por reasignación de puestos
Otra situación habitual en el servicio público educativo es que se modifiquen los límites de matrícula en un centro, pasando la institución a otra categoría administrativa (De dirección 1 a dirección 2 por ejemplo); por lo que se debe realizar un estudio del puesto para recalificar el salario de la persona directora. Al igual que en los casos de recargos y aumentos de jornada, son situaciones particulares que solo ocurren en el sistema educativo y que fueron habituales y necesarias para mantener la continuidad del servicio educativo, las cuales hoy se han dejado de pagar.
En esa misma línea, personas que están desempeñando gestión educativa en instituciones que aumentaron su matrícula de un año a otro por la dinámica social propia de la comunidad a la que pertenecen, no pueden recibir el salario correspondiente a la categoría actual del centro educativo, ya que está prohibido reasignar puestos cuando ello implique pasar a un nivel salarial superior.
Situación de contexto y la protesta social como alternativa:
El personal del MEP aún no termina de asimilar las situaciones adversas creadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (principalmente la imposición de una regla fiscal de gasto), y por la Ley Marco de Empleo Público (principalmente por las implicaciones del salario global), que a la fecha han precarizado sus retribuciones salariales, terminado con las posibilidades de desarrollo profesional y que establecieron – ambas leyes -, obstáculos insalvables para la buena prestación del servicio público educativo.
Hasta el momento la situación se toleró por las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia COVID 19 y, por las alegadas “circunstancias – fiscales – de orden extraordinario o de interés nacional”, con que se justificó en el 2018 el congelamiento salarial mediante la imposición de la regla fiscal de gasto.
Pero a la fecha, después de padecer tan adversas circunstancias salariales por cinco años, y en momentos en que las condiciones fiscales del país han mejorado ostensiblemente, el personal del MEP no está dispuesto a tolerar por más tiempo el menoscabo de sus derechos salariales.
En este nuevo contexto, se hace evidente que otro incumplimiento salarial no será tolerado y que trabajadores y trabajadoras de la educación presionarán hasta obtener una justa revisión de la política salarial actual; y el SEC, como fiel representante de su afiliación, se prepara para hacer valer – inicialmente por vías de la negociación o en su defecto por las vías de la protesta social -, esa legítima aspiración del Magisterio Nacional a recibir los incrementos salariales que le corresponden y a tener una política salarial que dignifique su trabajo y reconozca todas las particularidades del sector educación.
El SEC advierte a las autoridades del MEP, al Gobierno y a la ciudadanía en general, que el incumplimiento en el pago de los salarios es una falta grave a las obligaciones patronales, que faculta al personal afectado para solicitar la declaratoria de una huelga legal; por lo que el SEC espera una respuesta oportuna y definitiva a las peticiones salariales planteadas, para evitar que la situación laboral se desborde y pueda afectar el inicio normal de año lectivo 2024.
Atentamente, Gilbert Díaz Vásquez. Presidente SEC Yorgina Alvarado Díaz. Secretaria general SEC
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), a través de su secretario general, Luis Chavarría Vega, solicitó al Consejo de Gobierno la apertura de procedimiento administrativo disciplinario y el establecimiento de una medida cautelar urgente de suspensión del cargo de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.
La jerarca ha sido denunciada por diversos incumplimientos, como, por ejemplo, la Contraloría que indicó que Esquivel no siguió el procedimiento y metodología diseñada para llevar a cabo el proceso de valuación actuarial del seguro de salud del 2021, además, del órgano Contralor la denunció por supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de su cargo ante supuesto maquillaje de datos de los Informes Actuariales del portafolio de inversiones.
Esa denuncia, que no tomó por sorpresa a nadie, pues UNDECA y otras organizaciones sindicales nos habíamos opuesto públicamente a los falsos criterios que dio Esquivel de que la CAJA estaba quebrada, fundamentada en ilusorios déficits, alejados del procedimiento y la metodología del actuariado internacional.
Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una Nota Técnica que confirmaba que había vicios, al detectar un aumento exponencial irrazonable, sobreestimado e inexplicable del gasto ordinario del Seguro de Salud (sin proyectos y programas) y diferencias entre el gasto ejecutado y la valuación actuarial de un 30,3%.
También cuando la Procuraduría la denunció penalmente por tráfico de influencias y nombramiento ilegal, luego de acoger una denuncia presentada por UNDECA, por el nombramiento del ex directivo de la CCSS, Juan Ignacio Monge en el cargo de Gerente General.
“Basamos esta solicitud en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública (N°8422) que establece que todo funcionario, incluida Marta Esquivel, debe demostrar rectitud, buena fe en sus decisiones, las cuales deben ajustarse a la imparcialidad, transparencia, legalidad y eficiencia. Considera este Sindicato que la presunta violación al deber de probidad y a la ética funcionarial en este caso, obliga al Consejo de Gobierno, a ordenar de forma inmediata y urgente, la apertura del correspondiente procedimiento administrativo disciplinario”, detalló Luis Chavarría de UNDECA.
La suspensión del cargo es esencial, ya que se debe proteger y evitar una cadena incalculable y perjudicial de daños a la imagen institucional de la CCSS y al manejo de los fondos públicos en perjuicio de la Institución Benemérita de Seguridad Social.
“De hecho, el reiterado señalamiento de la Contraloría sobre las responsabilidades y deberes que la jerarca institucional de la CCSS ha incumplido, son de tal gravedad, que se vio obligado a presentar denuncia penal contra ella, por lo cual, dejarla en el puesto sería continuar con agendas ocultas que contravienen las políticas de sana gestión de fondos públicos” y deberes éticos y probidad en el ejercicio del cargo.
Se pidió al Consejo de Gobierno que las medidas cautelares se mantengan hasta tanto se resuelva por el fondo la responsabilidad administrativa y disciplinaria de la jerarca.
En el siguiente video la directora de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y representante del sector laboral por el Movimiento Sindical Nacional, Martha Elena Rodríguez González, expone la situación de tres temas importantes y urgentes.
1- Los polémicos informes actuariales de la CCSS, y cómo afecta a la ciudadanía directamente.
2- Sobre la suspensión de la construcción de obras urgentes para el pueblo costarricense.
3- Sobre el tema del excedente salarial recibido por la presidenta ejecutiva.
ANEP y SITRAP continúan trabajando en conjunto en defensa de los trabajadores de plantaciones agrícolas de la piña y el banano de Costa Rica. En esta ocasión, para plantear una serie de denuncias internacionales ante la violación de derechos laborales en fincas agrícolas.
Como parte de esta estrategia, ANEP y SITRAP se reunieron con trabajadores, para escuchar desde los trabajadores, la situación que viven diariamente. Se espera que en este mes de enero, se realice otro taller similar para continuar recopilando los testimonios de los trabajadores, para plantear las denuncias correspondientes.
Para observar más detalladamente la nota, ingresar al siguiente enlace:
-736 personas trabajadoras afectadas aceptaron adherirse al proceso litigioso que abrió la ANEP
-ANEP abre posibilidad de inscripción para un nuevo grupo de demandantes
La reciente reforma al régimen de pensiones más importante de Costa Rica, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), misma que acaba de entrar en vigencia, es violatoria de Derechos Humanos de las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que ya estaban cercanas a cumplir los requisitos para jubilarse antes de la entrada en vigencia de la misma.
Es así que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con asesoría profesional especializada, tomó la decisión de acudir a los estrados internacionales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.), para que se respeten los requisitos que ya tenían esas personas trabajadoras y que, de un pronto a otro, la Junta Directiva de la CCSS impuso esa reforma, violentando de manera grosera las condiciones para pensionarse al elevar la edad para ello y al reducir el monto a percibir una vez alcanzado tal grado de jubilación.
Un total de 736 personas trabajadoras afectadas aceptaron adherirse al proceso litigioso que abrió la ANEP, acudiendo al sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza.
Un primer grupo compuesto por 613 demandantes y luego un segundo, de 123, están ya, con nombres y apellidos, invocando la protección de lo que los expertos que asesoran a la ANEP consideran que son víctimas de violación a sus Derechos Humanos en materia jubilatoria.
ANEP anuncia que está abriendo un nuevo período de inscripciones para adherirse a dicho proceso litigioso durante el próximo mes calendario, es decir, hasta el día 15 de febrero, inclusive.
El objetivo central de este proceso litigioso es que las personas expertas que están conociendo el mismo en esa instancia de Derechos Humanos de la ONU, se pronuncien en cuanto a que las y los demandantes sufrieron violaciones de Derechos Humanos en lo que la materia establece para personas de la tercera edad.
Específicamente, desde el pasado 13 de julio de 2023 se realizó la denuncia sobre las citadas variaciones regresivas al régimen jubilatorio de IVM-CCSS ante:
1) Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad;
2) Experta independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales;
3) Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Ya para el 16 de octubre de 2023 se recibió información, por correo electrónico, en el sentido de que el Experto Independiente sobre las personas mayores mostró interés en la situación denunciada y está revisando la información suministrada. En octubre 26 el equipo de especialistas que asesora a ANEP en este litigio envió una visión general del problema con información actualizada y completa; acusándose recibido oficial un día después, sea, 27 de octubre de 2023.
El proceso incluye la presentación de recursos de amparo por cada una de las víctimas que tales especialistas elaborarán. Por tanto, esas 736 personas deben estar pendientes de las comunicaciones de ANEP en tal sentido.
Como indicamos arriba, desde este día lunes 15 de enero y hasta el próximo 15 de febrero hay una tercera oportunidad de unirse a este proceso litigioso para lo cual el requisito fundamental es estar asociada y asociado a la ANEP.
El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) le envía mensaje al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, en relación a la polémica labor que ha realizado la actual presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel.
De parte del SINAE, se solicita con urgencia que la actual presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social sea destituida.
En un mensaje, Albino Vargas, ha revelado información crucial para todos aquellos trabajadores que, tras cumplir con todos los requisitos, se encontraron con cambios sorpresivos en las reglas del juego por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), viéndose privados de su derecho a la pensión.
La indignación radica en la modificación inesperada del proceso de pensiones del régimen IVM-CCSS, afectando a numerosos trabajadores. Albino Vargas, destaca que la CCSS cambió las reglas del juego de manera abrupta, arrebatando el derecho a la pensión a personas que pensaban que cumplían con todos los requisitos.
La ANEP ha decidido abrir un litigio internacional en respuesta a lo que considera una violación de los derechos humanos de estas personas afectadas por la decisión de la CCSS. Es importante destacar que estos dos grupos mencionados en el video, conformados por 613 y 123 personas respectivamente, aceptaron ser parte activa del litigio, representando a muchos más que se vieron afectados por esta situación.
El líder sindical expresa la preocupación y la indignación de aquellos que, habiendo seguido todos los procedimientos establecidos, se vieron privados de un derecho fundamental de manera arbitraria. La ANEP, en su papel de defensora de los intereses de sus afiliados, busca justicia y reparación a través de instancias internacionales.
El litigio actualmente se encuentra en la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.
En el video adjunto se puede visualizar lo acontecido.
Aprovechamos la visita de los compañeros estibadores este 10 de enero del 2024, para conversar sobre ¿cuál es la situación actual que están atravesando estas personas trabajadoras? ¿Se les están reconociendo sus derechos laborales? Compartimos con Carlos y Luis para conocer más de fondo lo que ocurre en las estibadores hoy en día.
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
En medio de la incertidumbre laboral que afecta a los trabajadores municipales en Costa Rica, el movimiento encabezado por la seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz se erige como un llamado a la solidaridad y a la reflexión sobre las decisiones de la Contraloría General de la República (CGR). El 9 de enero del presente año, 83 trabajadores de la Municipalidad de Santa Cruz iniciaron un movimiento que tenía como fin el de cuestionar y revertir estos despidos.
La polémica surge a raíz de la decisión de la CGR de prescindir la no aprobación del presupuesto. Albino Vargas, ha expresado su desacuerdo con esta medida considerándola cuestionable
El movimiento liderado por la seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz buscaba no solo la reinstalación de los 83 trabajadores despedidos, sino también concientizar sobre la necesidad de revisar y reconsiderar las decisiones de la CGR. Se hace un llamado a los trabajadores de todas las municipalidades de Costa Rica, en especial a aquellos que están experimentando despidos, para unirse en solidaridad y tomar acciones concretas ante esta situación.
La situación en Santa Cruz no es un caso aislado; es un reflejo de la preocupante realidad que enfrentan los trabajadores municipales en todo el país. Este llamado a la acción busca sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de abordar estas problemáticas laborales de manera urgente y justa, garantizando el bienestar de quienes dedican su esfuerzo diario a servir a sus comunidades.
En el video adjunto se puede visualizar lo acontecido.
El SEC solicita a la señora ministra de Educación Pública y al señor presidente de la República, nombrar urgentemente una persona exministra de educación que corresponda, en el Consejo Superior de Educación (CSE), en sustitución de Guillermo Malavassi, quien renunció al finalizar el 2023 dejando a dicho órgano constitucional sin quórum y en consecuencia, sin poder sesionar para ejercer las funciones de ente Rector de la Educación costarricense.
Nuestra educación atraviesa por la peor crisis institucional de los últimos 50 años. El 9° Informe del Estado de la Educación (2023) recordó que: “…La crisis educativa, ya advertida en el informe previo (2021), se ha profundizado en materia de gestión, recursos e inversión. Ello ha creado una coyuntura decisiva para el presente y futuro del sistema educativo. De no actuarse con urgencia, se seguirá desplegando un sendero de involución hacia una educación de menor calidad y accesos excluyentes para amplios segmentos de la población. Ese curso afectará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas…”
Por su parte, la Contraloría General de la República en su informe sobre la planificación integral del sistema educativo del 15 de diciembre 2023 concluyó, que la educación costarricense se encuentra sin rumbo cierto y que carece de dirección y de orientación, ordenando ante dichas falencias: “… Analizar, discutir, aprobar en sesión del Consejo Superior de Educación, oficializar y divulgar, la Política del sistema educativo con enfoque prospectivo que oriente la planificación integral de mediano y largo plazo, (…) divulgar las decisiones tomadas para su implementación y remitir a la Contraloría General, una certificación en la que consten los acuerdos sobre dicha propuesta y su divulgación, en un plazo dos meses una vez remitida la Política al citado Consejo…”
La renuncia del señor Malavassi quien durante más de un año ejerció en representación de los intereses de las empresas privadas en servicios de educación y plegado a las decisiones erráticas de la ministra -, es una oportunidad para que el Poder Ejecutivo designe una persona pedagógicamente competente, que represente los intereses de la educación nacional, sin tomar bandería en favor del capital privado que invierte en educación.
Hacemos un llamado para que, con la nueva representación del CSE, se corrija el lamentable error de haber entregado dicho asiento a las grandes universidades privadas y que se designe ahora una persona objetiva y neutral, que se interese por la educación pública del país.
Es también una oportunidad para que la UCR y el MAGISTERIO NACIONAL, representados en el CSE revisen la participación de sus representantes y asuman a partir del presente año, una actitud independiente del Gobierno ejerciendo un contrapeso político – pedagógico que permita retomar el rumbo de la educación pública costarricense. ¡Nuestro país no resiste más improvisaciones!
