El asesor legal de SINAE AFINES, Ricardo Marín, expone la urgencia de negociar con la CCSS una convención colectiva dada la implementación de la Ley Marco de Empleo Público.
Comunicado de ANEP:
Un grupo de seguidores del Presidente Chaves llegaron a la ANEP con insultos en contra de la Secretaría General, Diputados, Políticos, entre otros. Desde nuestra organización se rechazan las manifestaciones con violencia, ya que entendemos que cualquier persona puede protestar, pero siempre con respeto.
San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.
Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.
Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito.
La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.
Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.
La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.
Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.
En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.
En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:
Organizaciones firmantes:
José Luis Pacheco Murillo
Hoy se celebra el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar impidiéndoles hacer efectivo su derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral.
Todos los niños al fin y al cabo tienen obligaciones que cumplir y ellas son parte de un desarrollo pleno y saludable, pero cuando mesas obligaciones implican un trabajo formal y que requiere de un horario y una supervisión y un salario mal pagado, las cosas cambian.
Es diferente las obligaciones estudiantiles e incluso de ayuda en el hogar, que en el primer caso son necesarias para su crecimiento intelectual y el en segundo caso son parte de un proceso de formación, para que valore adecuadamente lo que significa el apoyo y la solidaridad familiar.
En el año 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un renovado compromiso para acabar con el trabajo infantil.
En particular, la meta 8.7 hace un llamamiento a la comunidad internacional para:»…adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas».
Quedan tan solo dls años para lograr este objetivo, sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar esa meta porque seguimos con serias manifestaciones de ese trabajo infantil y en ocasiones cada vez más degradante.
Es muy triste y decepcionante el observar cómo no existe un compromiso real de los gobiernos para erradicar el trabajo infantil y a pesar de qué hay instituciones que deben resguardar los intereses de los menores, lo cierto del caso es que no cumplen su rol y por eso vemos cada día a más niños en las calles vendiendo productos que les son dados o en el campo atendiendo labores que les son asignadas sin posibilidad de negarse a realizarlas.
Para 2023, el lema del Día Mundial contra el Trabajo Infantil es: «Justicia social para todos. ¡Acabemos con el trabajo infantil!».
Dios quiera que haya mucho más compromiso por parte de los gobiernos para erradicar efectivamente el trabajo infantil en cualquiera de sus formas.
Ante el llamado de personas trabajadoras de fincas bananeras en Siquirres Limón, Freeman 01 y 02 de la empresa Limofrut S.A propiedad del denominado GRUPO ACÓN, una delegación de SITRAP y ANEP nos hicimos presentes en los baches de la finca el día miércoles 07 de junio para escuchar a las personas trabajadoras, las personas entrevistadas denuncian las graves violaciones de derechos humanos prácticamente están en estado de esclavitud como sucede en algunas plantaciones bananeras.
Según los trabajadores en estas fincas hay grandes grupos de trabajadores que laboran para esta empresa GRUPO ACON atravez de una empresa contratista denominada Company Ceskey Sociedad Anónima, el cargo de presidente de esa sociedad es ocupado por el señor Cesar Rodolfo Colman Arce.
Por lo anterior solicitamos lo siguiente:
Atentamente
Didier Alexander Leitón Valverde.
Secretario General SITRAP.
Correo electrónico: secretariageneral@sitrap.net
SITRAP integrante de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales (COLSIBA)
SIN CONVENCIÓN COLECTIVA…NO HAY DEMOCRACIA CC. M T S S SITRAP: 50 años de lucha en la defensa de los derechos de la clase trabajadora de las plantaciones agrícolas en Costa Rica.
“Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan” Josep Pla.
Sr. Ministro de Hacienda:
Llamamos la atención de su persona, aquí trabajamos personas, no máquinas.
Tenemos información de compañeros, que deben laborar extensas jornadas de trabajo, justificando su especialidad en un campo en particular, pero que al final provoca un serio trastorno también a los usuarios.
El trastorno señalado, obedece a la cantidad de trámites o requerimientos de terceros y hasta compañeros mismos, para atender de manera paralela las políticas o instrucciones de los nuevos proyectos. Por ejemplo, la digitalización y otras…
Los Trabajadores Hacendarios, exigimos respeto y consideración, esperamos; no se esté repitiendo el estrés que generó en su momento la Ley 9635 y su readecuación administrativa a la norma misma.
En esa ocasión, se atendieron en una oficina en solo dos meses, la sumatoria de lo que se atendió dieciocho meses antes de la Ley 9635.
Basta de someter al Ministerio de Hacienda y a sus trabajadores, a jornadas que podríamos señalar como esclavistas, y llamamos la atención de esas personas; para que exijan también respeto.
El proyecto Hacienda digital, contiene mucho dinero, como; para no haber contemplado la contratación de personal de soporte, y no aceptamos tampoco, que se paguen sumas millonarias quizás a un desarrollador, y que sean los Trabajadores Hacendarios quienes den el esfuerzo necesario para que ellos cobren luego la factura.
NO SE VALE SR. MINISTRO
El pasado 23 de mayo, se realizó el Foro: «Amenazas para el Sistema de Pensiones Costarricense: Consecuencias y Estrategias para su Defensa», organizado por el Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. En dicho evento se contó con la participación de la Gerencia de Pensiones de la CCSS y la Junta Administradora del Fondo de Pensiones del Poder Judicial.
Al cierre de este evento las organizaciones gremiales concluyen que hay un claro ataque del gobierno al Magisterio Nacional, que se hace más evidente con las 9 iniciativas de ley que se encuentran en la corriente legislativa, las cuales no solucionan integralmente el tema de pensiones, sino que ponen en riesgo la seguridad social de la población por los cambios en los regímenes básicos de pensiones que pretenden.
«Con este análisis quedó claro que la seguridad social está siendo desmantelada. Esto llama al Magisterio Nacional además de las personas trabajadoras del Poder Judicial a unirse para dar una lucha en la defensa de los regímenes especiales de pensiones, una lucha que no puede esperar, tiene que ser ahora y en las calles de ser necesario», así planteó la dirigencia del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. Hacemos un llamado al señor Presidente de la República y a su diputada interlocutora Pilar Cisneros, para que no mancille la labor, honestidad, vocación y dignidad del Magisterio Nacional con mentiras y frases populistas dirigidas al pueblo, que pretenden lograr su aceptación en reformas a los regímenes pensiones y jubilaciones.
Ya basta de su discurso populista sin ofrecer soluciones integrales a los problemas sociales, económicos y políticos que requiere este país. Les invitamos a preocuparse por atender correctamente los problemas estructurales que asfixian al pueblo como por ejemplo: mejorar nuestro sistema educativo, fortalecer a la CCSS, reactivar la economía, generar empleos dignos, eliminar la pobreza, proteger al pequeño y mediano productor, mejorar y proteger nuestra soberanía alimentaria entre otros.
Las personas trabajadoras de la educación son quienes que han formado a este país, los que han cruzado ríos y montañas para llevar el conocimiento a nuestro pueblo, los que han dedicado años para formarse y llevar a las aulas de primaria, secundaria y Universitaria la formación para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La pensión que hoy disfrutan es merecida con creces, pagaron por ella, han cotizado toda su vida.
Queremos que los políticos dejen en paz a las pensionadas y los pensionados del Magisterio Nacional, ya que muchos pertenecen a la población adulta mayor, también pedimos respeto para todas las personas trabajadoras de la educación.
Basta ya de proyectos de Ley nefastos como el 23.625 presentado por el Sr Diputado Rodrigo Arias y el 23.733 presentado por la Sra. Diputada Pilar Cisneros, los cuales pretenden en contubernio con la SUPEN, desmantelar el Régimen de Capitalización Colectiva al reducir las cotizaciones estatales o patronales. Su objetivo es llevarnos a la unificación de regímenes, así lo dijo la Superintendente de Pensiones Rocío Aguilar al asumir el cargo.
El Foro de Presidentes y Secretarios Generales de las Organizaciones del Magisterio Nacional, deja claro que de ninguna manera permitirá más ataques de cualquier índole, que perjudiquen el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.
Defenderemos hasta las últimas consecuencias nuestros derechos, nuestro Régimen de Pensiones y nuestro sistema educativo público, basta ya de ataques, basta ya de injurias, basta ya de confusión a la opinión pública.
Señor Presidente, señoras y señores políticos que persiguen al Magisterio Nacional: están provocando con sus desacertadas decisiones un clima social muy inconveniente para la paz, no destruyan este país; investiguen, infórmense, para que puedan tomar decisiones acertadas. Trabajemos por la paz y edifiquemos un país más justo, sin llegar a una convulsión social.
La Cátedra de Derecho Laboral Individual de la Facultad de Derecho yla Asociación Costarricense del Derecho de Trabajo, le invitan al conversatorio “Proyecto de Ley 21.182 (jornadas 4×3)”.
Este conversatorio se realizará el viernes 19 de junio, de 6 p.m. a 8 p.m, en el Auditorio Alberto Brenes Córdoba, en la Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, expuso y cuestionó fuertemente ante el Concejo Municipal de San Carlos, las decisiones de la alcaldesa, Karol Salas, ante el desacato a fallos judiciales laborales y el acoso laboral a trabajadores afiliados a nuestra organización.
Compartimos el video:
“Supongo que te referirás a la Guillotina. No anda mal. Hoy sesenta y tres; no tardaremos en llegar a cien por día.” (Dickens)
Manuel Hernández
Joseph Ignace Guillotin (1738-1814) fue un famoso médico y diputado de la Asamblea Constituyente de Francia.
Al Dr. Guillotin se le atribuye la invención de la mortífera máquina, la guillotina, que garantizaba una muerte inmediata y efectiva, en un abrir y cerrar de ojos, aunque, en realidad, ya tenía antecedentes en otros países europeos.
Más de dieciseis mil cabezas rodaron, incluida la de Luis XVI y su esposa María Antonieta, a merced del despiadado artificio mecánico.
En Francia, la última ejecución con guillotina se realizó en 1977, y en otros países hasta finales del siglo XX.
No obstante, que desde fines del siglo pasado se dejó de utilizar la cuchilla de acero, en nuestro país todavía existe un procedimiento que en el argot parlamentario se denomina la “guillotina legislativa”.
La guillotina legislativa consiste en una técnica de lo más arbitraria, que enerva el debate parlamentario y vulnera el principio democrático.
Tiene diferentes formatos, una de los cuales consiste en votar las mociones de enmienda pendientes de un proyecto, de una, por autómatas diputados y diputadas, en un abrir y cerrar puertas del plenario, sin deliberación de ningún tipo.
Pues bien, a las mociones de fondo que estaban pendientes del proyecto de ley de la jornada 4X12 y la jornada anualizada (Expediente N°21182), desde el martes de esta semana, se les aplica este afilado dispositivo de degüello parlamentario, que caerá en la yugular de uno de los derechos más preciados de la clase trabajadora.
Son más de 700 mociones que quedaron sujetas al arbitrio de semejante herramienta de decapitación parlamentaria, cuyo objetivo sangriento es destruir una de las principales conquistas de la clase obrera, a contrapelo de los más elementales principios de justicia social y el sistema democrático.
Así, valiéndose de este espurio mecanismo político, se estaría aprobando, en definitiva, una ignominiosa ley, que, por un lado, significa un retroceso de más de 100 años, que no es poca cosa, probablemente la contra reforma social y laboral más deplorable de este período.
Por otro lado, una ley que violenta de manera evidente y manifiesta la Constitución Política y la legislación internacional.
Además, de ser una ley nociva que causará una grave afectación de las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras, principalmente mujeres.
Los descomunales vicios de constitucionalidad que contiene este insalubre proyecto, no solo por el fondo, sino también por el autoritario pseudo procedimiento que se instrumentó, amén de la violación de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, le auguran a esta ley, desde el punto de vista jurídico, una muerte efectiva y segura, una desafortunada suerte, que no será muy diferente a la del mismo Dr. Guillotin, quien, según una leyenda parisina, terminó siendo víctima de su propio fatídico invento.