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EPISODIO 24 Limonenses en lucha

5 MINUTOS… O MENOS

El pasado martes 20 de junio de 2023, se realizó una importante movilización en defensa de la educación pública en todos sus niveles.

Tanto la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, como las organizaciones sindicales de primaria y secundaria, APSE, SEC, SIMPAE y ANDE, se unieron para protestar por el recorte presupuestario que el gobierno actual de Rodrigo Chaves intenta realizar a todo el sistema educativo nacional.

Otras organizaciones sindicales y sociales se unieron en defensa de la educación pública, entre ellas la del sector salud y sociales como el Bloque Cívico del Cantón Central de Limón, entre muchas otras. Los limonenses vienen dando una importante lucha contra las políticas neoliberales que han privatizado los muelles, una de las pocas alternativas de empleo que tenían y que en condiciones laborales y económicas brindaban un poquito de mejores condiciones a los trabajadores.

Otra alternativa laboral que queda en la provincia es en plantaciones, con salarios de hambre y sobre explotación laboral, sin contar con el uso de agroquímicos que afecta la salud y contaminan las aguas. Dos de los dirigentes presentes en la movilización fueron Eduardo Sanabria y Jhonny Cuendis, y ambos nos dieron unas cortas declaraciones sobre algunos temas de sus luchas en la provincia.

Eduardo Sanabria es dirigente ex muellero y miembro del Bloque Cívico de Limón. Palabras fuertes y contundentes. Limón, junto a Guanacaste y Puntarenas, son las tres provincias con mayor pobreza, desempleo y hambre.

Curiosamente son las tres provincias por las que entra y sale la riqueza de nuestro país, las fronteras terrestres y marítimas por las que las exportaciones y las importaciones vienen y van, generando miles de millones que está haciendo multimillonarios a unos pocos pero que no generan en las provincias ningún beneficio económico ni desarrollo.

Para demostrar la anterior afirmación investigamos y según Procomer, las exportaciones de Costa Rica han crecido en promedio $1 billón de dólares por año ($1,000,000,000,000), o lo que es lo mismo, este sector privilegiado, los exportadores, que son los únicos que ganan con las crisis económicas, se echaron a la bolsa nada menos que más de 540 mil millones de millones de colones (₡540,093,900,000,000.06), contando además con todos los privilegios fiscales que los exonera de pago de impuestos y que provoca la crisis económica del Estado costarricense.

En el caso de los muelles de Limón, hay un Canon que los administradores de los muelles de Limón deben pagar para ser invertidos en la provincia, pero que corre peligro de desaparecer por no cobro, por favorecimiento a la empresa extranjera, o que se transfiera al gobierno central.

El Canon tributario es la tasa que se paga por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Escuchemos a Johnny Cuendis, también ex muellero y miembro del Comité Cívico de Limón.

Mensaje de Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP para la población trabajadora agrícola de todo el país

Didier Leitón Valverde, secretario general de SITRAP explica la situación que padecen trabajadores de plantaciones con el irrespeto a los derechos humanos y a los derechos laborales.

Además, expone el papel que cumplen las certificadoras internacionales de esas plantaciones, que emiten sus calificaciones sin considerar la violación de derechos y las condiciones de vida no dignas para estas personas y sus familias.

Le invitamos a escuchar la breve exposición siguiendo este enlace.

Presentan demanda contra el Estado por eliminar pago de peligrosidad en sector privado

La ANEP, el Sindicato de Plantaciones Agrícolas (Sitrap) y el Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company (Sitrachiri), presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), contra el Estado costarricense por la rebaja en un 33% del salario mínimo que devengan las personas trabajadoras que realizan labores pesadas, insalubres y peligrosas en sector privado.

Le invitamos a ver el video:

La aprobación de la jornada 4 x 3, vendría a afectar gravemente la salud y entorno familiar de los trabajadores agrícolas

Gerardo Villalobos expone su oposición a la jornada 4×3. Considera no poder cumplir una jornada de 12 horas, pues tiene una hija a quien debe recoger de la escuela todos los días, además de padecer de hipertensión. Por lo cual, le pide a los diputados que no aprueben la ley de la jornada 4×3.

Para escuchar a Gerardo ingrese en el siguiente enlace: https://fb.watch/k-x20aTMB-/?mibextid=v7YzmG

Alcances jurídicos del Código de Trabajo, 1931 hasta la actualidad – Walter Antillón

Invitación del Ciclo de conferencias 80 años Del Código de Trabajo

Alcances jurídicos del Código de Trabajo, 1931 hasta la actualidad, Dr. Walter Antillón Montealegre Premio Rodrigo Facio Brenes 2022, catedrático UCR.

Conferencia Presencial con transmisión por Comunica – Territorios Onda UNED.

Jueves 22 de junio 05:00 p.m.

Sede San José contiguo al Boliche Dent.

ANEP: Acerca de la violencia política de los simpatizantes de Chaves

El día 16 de junio de 2023 la Junta Directiva de ANEP responde a los ataques recibidos el lunes 12 de junio de 2023 por parte de los seguidores del presidente Chaves, asimismo responde a los miles de muestras de solidaridad que han recibido.

Albino hace un llamado al diálogo social y movilización cívica pacífica. A su vez, se dirige al presidente Chaves resaltando que sus discursos de odio, confrontativos ha generado xenofobia, misoginia, violencia de género, homofobia, aporofobia y ha satanizado y vulgarizado a las dirigencias sindicales del país.

Para escuchar el mensaje de Albino Vargas ingrese al siguiente enlace:

BUSSCO / FSM: “Contundente condena al gobierno de Costa Rica en la 111 Conferencia de la OIT”

Representación sindical del BUSSCO y confederaciones en OIT

Comunicado:

La Comisión de Aplicación de Normas hizo una fuerte condena al Gobierno de Costa Rica en sus conclusiones como resultado de la evaluación al cumplimiento del Convenio 122 de la OIT.

1- Lamentó que el Gobierno no tenga ni diseñada ni aplicada una política integral a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

2- Le insta a impulsar una política integral de empleo para promover la creación de oportunidades que vaya en correspondencia plena al Convenio 122 de la 01T, referente a políticas de empleo.

3- Le insta a promover esfuerzos para promover el diálogo social e incluir a los interlocutores sociales en iniciativas en curso y en las que puedan impulsarse en el futuro en materia de políticas y programas de empleo, orientadas a incorporar con énfasis a jóvenes, mujeres e igualdad de oportunidades.

4- Le pide que muestre impactos reales de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que vayan en correspondencia con el Convenio 122.

5- Le solicita tomar medidas para garantizar que la Ley 9635 de las Finanzas Públicas se ajuste plenamente al Convenio 122 y que no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

6- Indicar los mecanismos de consulta utilizados con trabajadores y empleadores sobre políticas y programas de empleo impulsadas por el gobierno, incluyendo la Ley 9635 de Finanzas Públicas. Además, le hace la excitativa del deber de garantizar la consulta tripartita sobre el desarrollo de políticas y programas de empleo mediante la creación de un Consejo Tripartito Nacional.

El gobierno deberá responder con información completa y exhaustiva sobre todo lo señalado a la Comisión de Expertos de la OIT antes del 1 de setiembre 2023.

El gobierno por intermedio del viceministro de Trabajo rechazó en todos sus extremos dichas conclusiones, señaló que «deslucen» a la comisión e incluso dijo que se «abre un paso muy peligroso hacia la inseguridad jurídica». Es evidente que garantizar el cumplimiento de la normativa laboral para el actual gobierno representa inseguridad jurídica.

Del lado de la UCCAEP que defendieron abiertamente al gobierno e incluso pusieron a defenderlo a una buena parte del empresariado latinoamericano, es también un duro revés, dado su apoyo a todas las leyes anti laborales de estos últimos años.

El resultado de la 111 Conferencia de la OIT sobre Costa Rica, evidencia que en el escenario internacional no pasa desapercibido el fuerte retroceso en materia y derechos laborales a nivel nacional y que se considera prioritario defender las conquistas alcanzadas como país e impedir que esta tendencia retardataria y conservadora desmantele totalmente el Estado Social Costarricense.

El gobierno secuestró a la CCSS para no pagar la deuda y privatizarla

UNDECA

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, secundada por el presidente, en un show político presenta un panorama desolador, que no corresponde a la realidad institucional para justificar:

1.- No pagarle a la CCSS la multimillonaria deuda que tiene con la Institución, certificada en casi 3 mil millones de millones, por la atención a la población más vulnerable de nuestro país.

2.- No trasladarle a la Caja los recursos, que, de conformidad con la Constitución Política y la Ley Constitutiva, el ministro de Hacienda está obligado a presupuestar y trasladar anualmente a la institución para la universalización de los seguros Sociales.

3- La Ley 7374 de 1993 trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria por un monto de ₡7 mil millones de millones, que el Estado no ha pagado.

4.- Además, a la Caja le adeudan una millonaria inversión en títulos valores del Ministerio de Hacienda, para la construcción de toda la infraestructura indispensable para la ciudadanía.

5.- La incompetencia para resolver las listas de espera y el deterioro de los servicios que promueve este gobierno, no lo pueden esconder mediante este tipo de maniobras.

6.- Sobre el tema de las mascarillas y el proceso de compra del edificio Océano, el sindicato UNDECA, entre otros, había realizado las respectivas denuncias.

7.- Sobre el pago de ajuste salarial a los trabajadores de la Caja, este fue autorizado por el Consejo de Salarios del Sector Público, con la firma de Rodrigo Chaves siendo ministro de Hacienda de Carlos Alvarado.

Rechazamos toda ofensa que denigra la función de los trabajadores de la salud pública que día a día salvan vidas, como en la reciente Pandemia de Covid-19.

Este gobierno sigue violentando la autonomía constitucional y la Junta Directiva de la Caja ha sido secuestrada por el gobierno de Rodrigo Chaves, hacemos un llamado al pueblo costarricense a defender esta institución.

San José, 14 junio 2023