Invitación del Ciclo de conferencias 80 años Del Código de Trabajo
Alcances jurídicos del Código de Trabajo, 1931 hasta la actualidad, Dr. Walter Antillón Montealegre Premio Rodrigo Facio Brenes 2022, catedrático UCR.
Conferencia Presencial con transmisión por Comunica – Territorios Onda UNED.
Jueves 22 de junio 05:00 p.m.
Sede San José contiguo al Boliche Dent.
Este 16 de junio ANEP realizó un conversatorio con jóvenes del país. En el cual, se abordaron temas como la inteligencia artificial, las afectaciones de la Ley Marco de Empleo Público, las jornadas 4×3.
Para más información ingrese en el siguiente enlace:
El día 16 de junio de 2023 la Junta Directiva de ANEP responde a los ataques recibidos el lunes 12 de junio de 2023 por parte de los seguidores del presidente Chaves, asimismo responde a los miles de muestras de solidaridad que han recibido.
Albino hace un llamado al diálogo social y movilización cívica pacífica. A su vez, se dirige al presidente Chaves resaltando que sus discursos de odio, confrontativos ha generado xenofobia, misoginia, violencia de género, homofobia, aporofobia y ha satanizado y vulgarizado a las dirigencias sindicales del país.
Para escuchar el mensaje de Albino Vargas ingrese al siguiente enlace:
ANEP y SITRAP visitaron dos fincas del Grupo ACON en Siquirres, donde trabajadores relataron una serie de hechos ejectuados por contratistas en complicidad con el departamento de Recursos Humanos. Les rebajan el seguro social, pero ni siquiera los reportan a la CCSS.
Le invitamos a ver el video con las denuncias:
Representación sindical del BUSSCO y confederaciones en OIT
Comunicado:
La Comisión de Aplicación de Normas hizo una fuerte condena al Gobierno de Costa Rica en sus conclusiones como resultado de la evaluación al cumplimiento del Convenio 122 de la OIT.
1- Lamentó que el Gobierno no tenga ni diseñada ni aplicada una política integral a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
2- Le insta a impulsar una política integral de empleo para promover la creación de oportunidades que vaya en correspondencia plena al Convenio 122 de la 01T, referente a políticas de empleo.
3- Le insta a promover esfuerzos para promover el diálogo social e incluir a los interlocutores sociales en iniciativas en curso y en las que puedan impulsarse en el futuro en materia de políticas y programas de empleo, orientadas a incorporar con énfasis a jóvenes, mujeres e igualdad de oportunidades.
4- Le pide que muestre impactos reales de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que vayan en correspondencia con el Convenio 122.
5- Le solicita tomar medidas para garantizar que la Ley 9635 de las Finanzas Públicas se ajuste plenamente al Convenio 122 y que no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
6- Indicar los mecanismos de consulta utilizados con trabajadores y empleadores sobre políticas y programas de empleo impulsadas por el gobierno, incluyendo la Ley 9635 de Finanzas Públicas. Además, le hace la excitativa del deber de garantizar la consulta tripartita sobre el desarrollo de políticas y programas de empleo mediante la creación de un Consejo Tripartito Nacional.
El gobierno deberá responder con información completa y exhaustiva sobre todo lo señalado a la Comisión de Expertos de la OIT antes del 1 de setiembre 2023.
El gobierno por intermedio del viceministro de Trabajo rechazó en todos sus extremos dichas conclusiones, señaló que «deslucen» a la comisión e incluso dijo que se «abre un paso muy peligroso hacia la inseguridad jurídica». Es evidente que garantizar el cumplimiento de la normativa laboral para el actual gobierno representa inseguridad jurídica.
Del lado de la UCCAEP que defendieron abiertamente al gobierno e incluso pusieron a defenderlo a una buena parte del empresariado latinoamericano, es también un duro revés, dado su apoyo a todas las leyes anti laborales de estos últimos años.
El resultado de la 111 Conferencia de la OIT sobre Costa Rica, evidencia que en el escenario internacional no pasa desapercibido el fuerte retroceso en materia y derechos laborales a nivel nacional y que se considera prioritario defender las conquistas alcanzadas como país e impedir que esta tendencia retardataria y conservadora desmantele totalmente el Estado Social Costarricense.
UNDECA
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, secundada por el presidente, en un show político presenta un panorama desolador, que no corresponde a la realidad institucional para justificar:
1.- No pagarle a la CCSS la multimillonaria deuda que tiene con la Institución, certificada en casi 3 mil millones de millones, por la atención a la población más vulnerable de nuestro país.
2.- No trasladarle a la Caja los recursos, que, de conformidad con la Constitución Política y la Ley Constitutiva, el ministro de Hacienda está obligado a presupuestar y trasladar anualmente a la institución para la universalización de los seguros Sociales.
3- La Ley 7374 de 1993 trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria por un monto de ₡7 mil millones de millones, que el Estado no ha pagado.
4.- Además, a la Caja le adeudan una millonaria inversión en títulos valores del Ministerio de Hacienda, para la construcción de toda la infraestructura indispensable para la ciudadanía.
5.- La incompetencia para resolver las listas de espera y el deterioro de los servicios que promueve este gobierno, no lo pueden esconder mediante este tipo de maniobras.
6.- Sobre el tema de las mascarillas y el proceso de compra del edificio Océano, el sindicato UNDECA, entre otros, había realizado las respectivas denuncias.
7.- Sobre el pago de ajuste salarial a los trabajadores de la Caja, este fue autorizado por el Consejo de Salarios del Sector Público, con la firma de Rodrigo Chaves siendo ministro de Hacienda de Carlos Alvarado.
Rechazamos toda ofensa que denigra la función de los trabajadores de la salud pública que día a día salvan vidas, como en la reciente Pandemia de Covid-19.
Este gobierno sigue violentando la autonomía constitucional y la Junta Directiva de la Caja ha sido secuestrada por el gobierno de Rodrigo Chaves, hacemos un llamado al pueblo costarricense a defender esta institución.
San José, 14 junio 2023
El asesor legal de SINAE AFINES, Ricardo Marín, expone la urgencia de negociar con la CCSS una convención colectiva dada la implementación de la Ley Marco de Empleo Público.
Comunicado de ANEP:
Un grupo de seguidores del Presidente Chaves llegaron a la ANEP con insultos en contra de la Secretaría General, Diputados, Políticos, entre otros. Desde nuestra organización se rechazan las manifestaciones con violencia, ya que entendemos que cualquier persona puede protestar, pero siempre con respeto.
San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.
Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.
Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito.
La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.
Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.
La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.
Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.
En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.
En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:
Organizaciones firmantes:
José Luis Pacheco Murillo
Hoy se celebra el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar impidiéndoles hacer efectivo su derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral.
Todos los niños al fin y al cabo tienen obligaciones que cumplir y ellas son parte de un desarrollo pleno y saludable, pero cuando mesas obligaciones implican un trabajo formal y que requiere de un horario y una supervisión y un salario mal pagado, las cosas cambian.
Es diferente las obligaciones estudiantiles e incluso de ayuda en el hogar, que en el primer caso son necesarias para su crecimiento intelectual y el en segundo caso son parte de un proceso de formación, para que valore adecuadamente lo que significa el apoyo y la solidaridad familiar.
En el año 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un renovado compromiso para acabar con el trabajo infantil.
En particular, la meta 8.7 hace un llamamiento a la comunidad internacional para:»…adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas».
Quedan tan solo dls años para lograr este objetivo, sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar esa meta porque seguimos con serias manifestaciones de ese trabajo infantil y en ocasiones cada vez más degradante.
Es muy triste y decepcionante el observar cómo no existe un compromiso real de los gobiernos para erradicar el trabajo infantil y a pesar de qué hay instituciones que deben resguardar los intereses de los menores, lo cierto del caso es que no cumplen su rol y por eso vemos cada día a más niños en las calles vendiendo productos que les son dados o en el campo atendiendo labores que les son asignadas sin posibilidad de negarse a realizarlas.
Para 2023, el lema del Día Mundial contra el Trabajo Infantil es: «Justicia social para todos. ¡Acabemos con el trabajo infantil!».
Dios quiera que haya mucho más compromiso por parte de los gobiernos para erradicar efectivamente el trabajo infantil en cualquiera de sus formas.