Prisma Latinoamérica compartió un vídeo en su página de Facebook titulado: “El fraude del no se habla en Costa Rica”, acerca del fondo para las pensiones de los docentes. En él, se expone lo siguiente: los docentes costarricenses cotizaron entre 1958 y 1992 para crear un fondo que atendiera sus pensiones, sin embargo, el Estado malversó esos recursos en actividades ajenas por ley, y no aportó a los fondos de los docentes como dicta la ley.
Para cubrir con esta obligación, se creó el Régimen Temporal de Reparto, como si este fuera un fondo de gracia, y no como corresponde ante una indemnización por el daño causado por el desvío ilegal e inconstitucional de los fondos de la pensión de los docentes.
A pesar de ser víctima del desvío ilegal de los fondos por parte del Poder Ejecutivo y con la ayuda del Poder Legislativo y la Contraloría General de la República, los docentes de este régimen son tratados o acusados como los responsables de que no existan recursos para las demás pensiones.
Desde el SIFUPCR indicamos a la familia laboral del sector público que una vez más el PLN, le hace el trabajo sucio al gobierno Chaves Robles y muestra además cómo está tomado y conducido por gente de pensamiento ortodoxo, lo cual lo coloca como igual o superior al propio Gobierno.
Muestra así el PLN, su verdadero rostro pro trabajo precario y esclavo, ayudando al Gobierno y en dicha tarea surge la figura tristemente célebre de la Diputada Kattia Rivera en su rol de jefa de fracción del PLN, que como abanderada de la precariedad laboral, se presta como buena marioneta al juego de los Arias Sánchez, esperando sin duda alguna recompensa posterior, pero de paso le echa una buena paleada más de tierra a los colores verdiblancos de cara a las elecciones municipales 2024.
Así las cosas, se va acumulando rebeldía ciudadana que tarde o temprano explotará de alguna forma.
Maikol Hernández Arias, Secretario General de la Federación Nacional de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines FENTRAGH compartió mediante un vídeo el análisis conjunto con la Unidad Sindical al Proyecto de Ley 4/3 donde analizaron las implicaciones del proyecto que pretende ampliar las jornadas de trabajo de 12 a 8 horas diarias.
A partir del análisis, consideran que dicho proyecto carece de aportes de la clase trabajadora por parte de la Asamblea Legislativa. Comparten además que un tema preocupante para esta Federación es que, previamente el Consejo Nacional de Salarios y el Consejo de Salud Ocupacional por votación y apoyo del sector empresarial, hayan eliminado las anotaciones con las labores consideradas riesgosas, pesadas e insalubres, situación que de llevarse a cabo el proyecto en este momento bajo las condiciones en las que se encuentra, podría ser utilizado en contra de los trabajadores.
Según señala, un aspecto importante es tomar en consideración el punto de vista de los trabajadores y de esta Federación y solicita a los diputados tomar en consideración las posturas y recomendaciones que se puedan realizar sobre esta materia.
Los Concejos Municipales, uno tras otro, en un aluvión de acuerdos, han declarado que todos y todas las empleadas municipales desempeñan funciones exclusivas y excluyentes para el cumplimiento del cometido constitucional asignado a los gobiernos locales.
Por tanto, nadie quedará sometido a la gobernanza y rectoría de MIDEPLAN, que estableció la Ley Frankenstein.
De esta manera, los Consejos están forjando un poderoso dique, que contiene la intervención política del Poder Ejecutivo en el gobierno de los entes territoriales.
Los Concejos están honrando y siendo consecuentes con el pensamiento de los ilustres constituyentes que defendieron la autonomía municipal.
En un acalorado debate un diputado constituyente manifestó:
“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos colegiados elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”
Otro constituyente enfatizó:
“Si se desea realmente otorgar a las municipalidades autonomía plena deben desligarse del Poder Ejecutivo.”
Aplausos, más que merecidos, para los concejos que no se doblegaron, resistieron someterse al tutelaje político de MIDEPLAN y cumplieron su deber salvaguardando la autonomía municipal.
Rodrigo Arias López compartió unos cuadros con la pérdida de valor que han sufrido los montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), esto según señala, debido a que la Junta Directiva de la CCSS no le repone a los pensionados la inflación de los precios, y en el momento en que acuerda algún reajuste, este es cancelado de forma tardía y devaluado.
En ambos cuadros se incluye «periodo de vigencia» que es el período de años en que se pensionaron las personas respectivas, la «pensión promedio actual» es el promedio de los montos de pensiones vigentes en setiembre de 2022, «pensión promedio inicial actualizada» es el promedio de las pensiones iniciales actualizadas con el Índice de Precios al Consumidor al 31/1/2023, el «monto promedio mensual de pérdida» es la diferencia entre la «Pensión promedio inicial actualizada» y la «Pensión promedio actual», la «Pérdida porcentual de valor de la pensión» es la relación de el «Monto promedio mensual de pérdida» y la «Pensión promedio actual», el «Monto anual dejado de pagar por la CCSS» es el la «Cantidad de pensiones» multiplicada por 13 veces el «Monto promedio mensual de pérdida», para incluir el aguinaldo. Y a esto se debería agregar el costo del 14% que el Seguro de Salud dejará de recibir.
El Cuadro 1 que comparte contiene a todos los pensionados de la planilla de setiembre de 2022, exceptuando un grupo de tres mil personas que se pensionaron antes de 1985, en este cuadro aparecen las pensiones que han tenido alguna ganancia como las que han tenido alguna pérdida. En este se observa que la CCSS estaría haciendo un ahorro anual a partir de los pensionados de ₡163.624.500.172.
El Cuadro 2 incluye únicamente las pensiones que han tenido pérdida. En este cuadro 2 se observa que la CCSS estaría haciendo un ahorro anual a partir de los pensionados de ₡179.316.405.592. Además, un total de 287.853 de pensiones han sufrido pérdida de valor, de ellas 274.754 pensiones fueron otorgadas de 1995 en adelante. Por ejemplo, cada una de las 40.866 personas del Cuadro 2 que se pensionaron por vejez en el período 2010-2014 está perdiendo en la actualidad en promedio ₡39.382,78 por mes (9,9%) o ₡511.976,09 por año.
De igual forma, compartió un tercer cuadro titulado “Pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a setiembre de 2022” en el que expone sobre la suficiencia de las pensiones de IVM. El cuadro incluye el “rango de la pensión”, la “cantidad de pensionados” para un total de 330.397, la “distribución relativa” y la “distribución acumulada” por el rango de pensión.
La empresa Frutas Selectas del Trópico S.A., subsidiaria del consorcio agroindustrial guatemalteco Grupo Hame, posee dos fincas bananeras (San Gerardo y La Flor) en la provincia de Puntarenas. El Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr) ha venido denunciando graves violaciones laborales y de seguridad.
Giorgio Trucchi
Luis Arnulfo Gómez Moraga se desempeña como capataz en la planta empacadora. Al ser testigo de tantas violaciones de los derechos de trabajadores y trabajadoras, Gómez decidió acudir al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Después de varias inspecciones, las autoridades pudieron comprobar la veracidad de las denuncias y actuaron judicialmente en contra de la empresa.
Ante la reacción amenazante de la patronal, Gómez Moraga decidió acudir a la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh), que lo remitió al Sintrapybcr.
“Empezamos a trabajar y creamos las condiciones para que varios trabajadores se afiliaran y constituyeran una seccional de nuestra organización. A los dos días de su afiliación, todos estaban despedidos”, manifestó a La Rel, Steve Rodríguez, secretario general del Sintrapybcr.
El dirigente sindical explicó que la empresa adujo motivaciones totalmente falsas para justificar el despido de unas 16 personas, incluyendo a Gómez Moraga.
“La empresa los despide porque no quiere que se siente un precedente y que, a través de la seccional, se sindicalicen más trabajadores. Fue en este momento que comenzaron las amenazas”, explicó Rodríguez.
Según el dirigente sindical, a Gómez Moraga fueron a amenazarlo de muerte hasta su hogar.
“En dos ocasiones fue interceptado por desconocidos en moto que le dijeron que dejara de defender a los trabajadores.
En otra ocasión –continuó Rodríguez– fue uno de los abogados de la empresa que llegó hasta su casa para convencerlo a aceptar el despido, recordándole que debía pensar en el bienestar y la seguridad de él y de su familia”.
Ante esta situación, el sindicato decidió presentar formal denuncia para resguardar la seguridad del trabajador.
Asimismo, fueron presentadas las demandas judiciales para la reinstalación de los trabajadores despedidos, y al menos 17 denuncias por varios incumplimientos cometidos por la empresa.
El pasado miércoles 23 de febrero de 2023, Obeth Morales Barquero, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA), y afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía y Afines (FENTRAGH), compartieron un mensaje sobre la empresa agroindustrial Piñas del Bosque Sociedad Anónima, subsidiaria de la multinacional United Fruit Company, Dole, la cual realizó un comunicado los pasados 21, 22 y 23 de febrero del presente año dirigido a todos los trabajadores de Finca Piñas del Muelle sobre la posibilidad de un despido masivo de 650 empleados de dicha empresa.
Al SINATRAA se le comunicó que esta decisión se da a raíz de una solicitud por parte del Comité Permanente a la empresa. Morales Barquero comenta que el SINATRAA desconoce las causas y los impactos reales que el despido masivo generaría. Ante esta posibilidad el sindicato solicita la intervención de todas las autoridades costarricenses, para que garanticen los derechos laborales de los trabajadores de la empresa Finca Piñas del Muelle.
Una vez más, Dole/Standard Fruit Company se quita la máscara y muestra su verdadero rostro, amenazando con despedir a la totalidad de trabajadores de su subsidiaria Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, acabando de esta manera con el sindicato y el conflicto colectivo en curso.
Giorgio Trucchi
Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa), explicó a La Rel que, a partir de 2018, la transnacional frutera ha venido precarizando las labores.
La conformación, un año después, del sindicato permitió frenar en parte este proceso.
“Desde que nacimos buscamos el diálogo con la empresa para garantizar mejores condiciones laborales y salariales para las y los trabajadores. Lamentablemente, Dole ha negado sistemáticamente cualquier tipo de acercamiento”, dijo Morales.
Después de repetidas denuncias y ante el silencio cómplice de las autoridades del Trabajo, varias decenas de trabajadores del departamento de deshije de piñas acudieron al sindicato.
Después de una atenta evaluación, el Sinatraa propuso la interposición de un conflicto colectivo de carácter económico y social por la vía judicial, medida que encontró el apoyo de la inmensa mayoría del personal.
“Como varios de ellos no eran afiliados, decidimos conformar una coalición temporal de trabajadores para presentar y desarrollar el conflicto colectivo y se eligieron a tres representantes del grupo”, explicó Morales.
El 27 de septiembre del año pasado, la coalición interpuso el pliego de peticiones ante el tribunal y lo presentó a la empresa.
Todos los intentos de Dole/Standard Fruit Company para detener el proceso fracasaron y la jueza fijó para el 28 de febrero la audiencia inicial del conflicto colectivo.
La reacción de la transnacional no se hizo esperar.
Amenazas y coacción
“El 16 de febrero, la empresa convocó a trabajadores y trabajadoras del departamento de deshije y les presentó una propuesta de mejoras salariales, a cambio de que renunciaran al conflicto colectivo.
A pesar de los intentos de la representación patronal de impedir que hablara, alerté a los compañeros sobre los riesgos y la falta de garantías de una negociación extra judicial”, dijo Morales.
Al final, ninguno de los 50 trabajadores firmó el acuerdo.
Cinco días después, el gerente de recursos humanos de Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle llamó al secretario general del Sinatraa, para comunicar que el comité permanente de trabajadores estaba solicitando el despido y recontratación de la totalidad del personal, es decir de unos 650 trabajadores y trabajadoras.
La medida no aseguraría la recontratación permanente de las y los afiliados al Sinatraa.
Eliminar el sindicato
“Se trata de una maniobra de la empresa, con el apoyo de una organización abiertamente propatronal, para deshacerse de nuestros afiliados y de quienes están apoyando el conflicto colectivo.
Ya en estos días, miembros del comité permanente están visitando los diferentes departamentos de la empresa anunciando el despido masivo”, alertó Morales.
El dirigente sindical agradeció el apoyo solidario y la denuncia internacional que están haciendo tanto la Fentragh como la Rel UITA, e hizo un llamado a estar atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas.
“Sabemos que, de tener éxito el conflicto colectivo, otros departamentos podrían sumarse a las demandas, generando también un importante crecimiento sindical. Esto es algo que Dole quiere evitar”, concluyó Morales.
Para el próximo 27 de febrero está agendada una reunión tripartita en el Ministerio del Trabajo. El siguiente día está fijada la audiencia del conflicto colectivo.
Por ley, los firmantes de un conflicto colectivo no pueden ser despedidos sin previa autorización del juez.
La Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto ordinario de la República del año 2023, presentada por Ana Doris González González, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) el martes 7 de febrero de 2023, para que se declare inconstitucional la omisión del artículo 2, Título 1.1.1.1.210.000-Ministerio de Educación Pública de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ejercicio Económico 2023, n° 10331. por incumplir con el mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, que obliga asignar al menos el 8% del Producto Interno Público (PIB) a la educación pública.
El presupuesto del 2023 es porcentualmente el más bajo en los últimos 12 años, para dicho presupuesto se asignó solo el 5,8% al sector educativo, lo que equivale a 40 mil millones de colones en cifras, según datos de la Contraloría General de la República.
De igual forma, se plantea que la norma lesiona el principio de progresividad, ya que el presupuesto asignado es el más bajo del siglo XXI, en virtud de que recortan los recursos asignados para la educación pública, con consecuencias y alteraciones inmediatas al sistema educativo, afectando principalmente a la población costarricense en condiciones de vulnerabilidad.
La legitimidad de dicha acción presentada por parte de la APSE responde al artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se acude a la defensa del derecho a la educación, como un interés difuso.
La Sala Constitucional confirió audiencia por quince días, con el propósito que se refieran a las objeciones planteadas a la Procuraduría General de la República, a la Ministra de Educación Pública y al Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa.
Anteriormente en el 2016, la APSE había gestionado una acción similar, en la cual la Sala falló a su favor. La APSE comentó que seguirá vigilante al cumplimiento efectivo del mandato constitucional.
El pasado martes 21 de febrero de 2023 a tempranas horas de la mañana se compartió un mensaje por parte de Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el que comunicó la reinstalación laboral de Juanita Baltodano en Río Oro de Santa Ana, en las instalaciones de la Aldea Arthur Gough del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quien había sido injustamente despedida hace casi dos años y medio atrás. Esto se logró gracias a la intervención jurídica del ANEP y a las labores de la abogada Rosa Rivera Bejarano.
En el mensaje también se comenta que ANEP no abandona a los trabajadores, y que continuará en la lucha por los derechos de los mismos.
