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Asociación de Empleados se opone a idea de eliminar al SENARA

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El Comité Ejecutivo de ASES acordó la elaboración de una circular en la cual se expongan los criterios por los cuales rechazamos la iniciativa de desaparecer al Senara.

Son momentos en que todos, indistintamente, estén asociados o no, y nos manifestemos en contra de las acciones gubernamentales que atentan contra la institucionalidad costarricense. Hay que unirse en una sola voz por Costa Rica.

Ante la rápida circulación y consulta de 4 horas para dar respuesta o emitir criterios con respecto ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del sector *agropecuario, pesquero y rural nuestra organización desea dejar manifiesto el total desacuerdo a dicha iniciativa, más aún tomando en cuenta que el artículo 20., PRETENDE Modificaciones de la Ley No 6877 ¨Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) ¨.

Se modifican los artículos 1,2, 3 incisos a), b), f) y k), 4, 7, 12, 16, 17 y 18 de la Ley N° 6877 Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) de 18 de julio de 1983 y sus reformas, para que en adelante dispongan:

 “Artículo 1-. Créase la Dirección de Riego y Avenamiento en adelante (DIRA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería.”

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la DIRA:

  1. a) Fomentar el desarrollo agropecuario en el país, mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego y avenamiento.

“Artículo 3.- Son funciones de la DIRA:

  1. a) Proponer y ejecutar una política justa de aprovechamiento y distribución del agua para fines agropecuarios, en forma armónica con las posibilidades óptimas de uso del suelo y los demás recursos naturales en los distritos de riego.
  2. b) Desarrollar y administrar los distritos de riego y avenamiento

(…)

  1. f) Adquirir conforme con lo establecido en la Ley 9286, de 11 de noviembre de 2014, bienes y derechos necesarios para establecer, integrar o modificar las áreas de distribución de riego y asentamiento de manera que a una justa distribución de la tierra corresponda una justa distribución del agua.

(…)

  1. k) Orientar, promover y ejecutar programas nacionales de investigación y capacitación para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el riego y drenaje en coordinación con las dependencias afines de la enseñanza superior.

“Artículo 4.- Corresponderá a la DIRA promover la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes, en las siguientes actividades:

  1. a) Mejoramiento, conservación y protección de los suelos en los distritos de riego y avenamiento, así como en las cuencas hidrográficas del país.
  2. b) Diseño, construcción y mantenimiento de las obras de riego y avenamiento.
  3. c) Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego.
  4. ch) Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de su aprovechamiento en los distritos de riego.
  5. d) Elaboración y mantenimiento de los registros actualizados de concesionarios de aguas en los distritos de riego.
  6. e) Aprovechamiento múltiple de los recursos hídricos en los distritos de riego.
  7. f) Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los mantos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego.

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de ASES considera que:

Desde la perspectiva institucional la propuesta de creación de la DIRA viene a representar un retroceso y desatención de los principios que sustentan la creación del SENARA.

Si bien es cierto hay aspectos de la propuesta que hoy no atiende el SENARA, estos pueden potenciar y ampliar su ámbito de acción, por lo que más bien podrían ser incluidos dentro de la ley de SENARA y de esta manera brindar un mejor servicio a la sociedad.

Dadas las condiciones actuales asociadas a cambio climático (requerimientos de riego, drenaje, control de inundaciones y gestión de recurso hídrico) lo ideal es fortalecer la institución con propuestas tecnológicas, financieras, técnicas, recurso humano y ampliación de la capacidad instalada.

La creación de la DIRA viene a separar y desconcentrar el accionar del país en los temas que atiende la institución y no garantiza un crecimiento en cuanto personal para atender la alta demanda de servicios que se tiene.

La condición del SENARA como entidad autónoma le ha permitido generar una rica experiencia en aspectos técnicos y legales, de alta eficiencia en los procesos de licitación y contratación de obra pública, que se puede perder. Situación que redundaría en amplios, extensos y tediosos procesos con la figura de la DIRA, al depender de la Proveeduría Nacional y la figura del ministro para desarrollarlos. Esta situación estaría en contra de las políticas de estado en temas de eficiencia, atención al cambio climático, seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos y otros.

Deben tomarse en cuenta los pronunciamientos de la sala IV en relación con los criterios del SENARA relacionados con la gestión del recurso hídrico. Lo establecido en la propuesta más bien debe ser considerado para ampliar y fortalecer los alcances y servicios institucionales para la atención y propuestas de soluciones a los problemas que se presentan en carreteras, zonas de alta vulnerabilidad y riesgo.

La cobertura de acciones que el SENARA realiza a nivel comunal y municipal parece ser desconocida en la propuesta, lo cual representa un riesgo para la defensa de la población en los temas asociados a la gestión del recurso hídrico.

Durante los últimos 20 años la institución ha asumido un papel importante en la solución de problemas asociados al control de inundaciones. Ha propuesto e implementado procedimientos que han dado resultados positivos, lo cual ha sido bien visto por la CNE y las comunidades beneficiadas. De ahí el nombramiento constante del SENARA como unidad ejecutora.

Si bien es cierto que también existe la Dirección de Obras Fluviales del MOPT, parece que su alcance es mucho más limitado que el de SENARA. Se requieren propuestas que permitan constituir en el SENARA la unidad de control de inundaciones y de esta forma, concentrar a nivel país todo el accionar asociado a esa temática.

El tema de control de inundaciones no se resuelve pasando a la CNE el personal calificado con la experiencia generada en el SENARA. Cada vez es más evidente la necesidad que tiene el país de una entidad que atienda al 100% este tema y el SENARA tiene el potencial para hacerlo.

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de ASES considera que:

El desmembramiento del Senara, institución de gran vigencia y relevancia en la actualidad por generar adaptación al cambio climático en un sector muy vulnerable, constituye un riesgo para la población al ser desatendidas las competencias institucionales y desprotegiendo los recursos hídricos.

El Senara tiene más de 40 años de experiencia en elaboración de estudios hidrogeológicos, investigación y caracterización de acuíferos y su relación con las aguas superficiales, con el objetivo fundamental de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico.

Por otra parte, SENARA ha elaborado los Planes de Aprovechamiento Sostenible (PAS), planes cantonales de gestión del recurso hídrico y apoyo a la gestión de líderes cantonales en el manejo y acceso a la información para la sustentabilidad acuífero ambiental que procure el desarrollo de actividades sociales y económicas para paliar los efectos de la pobreza en el país.

Los productos y servicios que genera el SENARA, son vitales y trascendentales para garantizar el derecho humano al acceso al agua en cantidad, calidad y continuidad y a un ambiente ecológicamente sostenible, principios fundamentales de todo el articulado y regulación ambiental de Costa Rica, esto no sería posible sin el arduo trabajo de investigación y gestión sostenible del recurso hídrico que realiza Senara, que por el cual se cuenta con importantes avances en estos temas, apuntando e incidiendo de forma directa y puntual en estrategias como el cumplimiento de los ODS, compromisos adquirido por Estado, e incorporando la Seguridad Hídrica para que todo costarricense cuente con el acceso a este recurso y por ende existan mejores condiciones de vida, oportunidades y desarrollo e inversión en igualdad de condiciones.

Adicionalmente, se identifican graves falencias y omisiones en la redacción de la propuesta:

El Transitorio V desconoce o subestima que el personal especializado en Control de Inundaciones es el mismo que está especializado en riego y avenamiento, ya que el personal humano de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, encargados de la ejecución de estas competencias, es el mismo.

No se hace un planteamiento claro y contundente, en el texto del proyecto de Ley, acerca del traslado o no del personal institucional, así como sus recursos materiales. El tema del personal solo se menciona en el Transitorio V y con referencia a personal técnico especializado.

El proyecto de ley no hace mención, en ninguno de sus artículos, al destino de las competencias y el personal de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Así también se desconoce la posición con respecto a todo el material documental y toda la información resguardada y producida por esta Dirección, la cual ha sido costeada con recursos públicos y ha costado millones al país.

El Artículo 16 hace mención del pago de una tarifa por parte de los productores que se encuentren dentro de los distritos de riego y avenamiento y la cual sería estimada por el SNE, el Servicio Nacional de Electricidad estuvo activa entre 1928 y 1996.

Estos comentarios son para visibilizar la ligereza y falta de información a la hora de su redacción, además de la falta de respeto y del poco dimensionamiento de su importancia al conceder tan poco tiempo a la institución para manifestarse. Dicha consulta se emitió el día miércoles 12 de octubre de 2022, fuera del horario institucional, y se concedió tiempo hasta las 11.30 de la mañana de hoy, lo que pone, más en evidencia, la improvisación de este proyecto de Ley el cual ya fue firmado por el presidente y el ministro para su ingreso a la corriente legislativa.

Siendo así las cosas, ASES rechaza de manera contundente este proyecto de Ley y hace un llamado a todos los funcionarios del Senara, sindicalizados o no, para unir fuerzas en defensa de la institucionalidad. Dejemos de vivir ya de este oscurantismo en el manejo de la información pública.

Oscar Centeno Viales.
Secretario General

Asociación de Empleados del SENARA (ASES)

Trabajadores agroindustriales denunciarán ante la OCDE violaciones laborales

La Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales (FENTRAG) acudirá ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para denunciar las consecuencias ambientales y laborales de la expansión de empresas agroindustriales que no respetan la legislación y explotan a los trabajadores y trabajadoras al someterlos a ritmos y condiciones de trabajo que afectan su salud.

Denunciarán además que dichas trasnacionales mantienen prácticas inaceptables como la utilización de agrotóxicos que envenenan mantos acuíferos y afectan a las comunidades. Así lo informo Maikol Hernández Arias, Secretario General de la FENTRAG quien participa junto con trabajadores de diversos sindicatos agroindustriales, este jueves y viernes, en el taller sobre “Salud, condiciones de trabajo y medio ambiente en la agroindustria costarricense”, en el auditorio del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (AFINES) en San José.

El taller cuenta con la participación del Dr. Clemens Ruepert, experto de la Universidad Nacional que ha estudiado la contaminación irreversible de los mantos acuíferos como resultado de la utilización de pesticidas utilizados en la producción piñera.

De acuerdo con Ruepert desde, hace dos décadas, equipos interdisciplinarios compuestos por ingenieros agrónomos, economistas agrícolas, microbiólogos, químicos y biólogos de las universidades públicas han realizado estudios en las localidades productoras de piña de la zona sur y la zona norte para determinar la presencia de plaguicidas en el medio ambiente, afectando gravemente este recurso.

Por su parte el representante de FENTRAG detalló que la contaminación en las zonas productoras de piña afecta a los trabajadores y trabajadoras que viven en las zonas aledañas y a las comunidades campesinas que tienen que soportar plagas, la contaminación de mantos acuíferos y se exponen a los abusos en el riego de agroquímicos.

Por lo anterior las comunidades y sindicatos agroindustriales se manifiestan en contra de quienes siembran piñas destruyendo bosques primarios y fuentes de agua, pues esta actividad impacta negativamente en todo el ecosistema.

Costa Rica se incorporó a la OCDE, desde el 25 de mayo del 2021, y asumió como país miembro una serie de compromisos éticos y ecológicos en la forma de orientar el desarrollo productivo.

Además, recientemente el país ratificó el protocolo contra el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Igualmente, las empresas que están en nuestro territorio deben cumplir con los estándares internacionales que se auto imponen en sus códigos de ética.

Hernandez detalló que, en nuestro país, se mantienen condiciones de explotación donde muchas de las empresas transnacionales que dominan estos cultivos violan la normativa laboral y ambiental con absoluta impunidad por falta de la inspección del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Ante esta situación denunciaremos ante la OCDE y otros organismos internacionales, a todas estas empresas y simultáneamente Iniciamos una campaña internacional para informar a las empresas compradoras como a  los consumidores y sindicatos las condiciones en que se producen para que muestren su indignación y exijan al gobierno de Costa Rica cumplir con el protocolo contra el Trabajo Forzoso ratificado por Costa Rica así como también con los estándares ecológicos establecidos por Naciones Unidas.

FENTRAG forma parte de la Rel que es la regional latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Agroindustria y la Alimentación con sede en Ginebra Suiza; la actividad cuenta con el acompañamiento de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

JAPDEVA hay que fortalecerla

Recientemente, el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) compartió con la sociedad costarricense un mensaje en el que defiende a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

En dicho comunicado, el MTC exhorta al Presidente de la República, señor Rodrigo Chaves Robles, a fortalecer JAPDEVA y omitir la idea de cerrarla, pues es de suma importancia para el desarrollo económico y social de la vertiente atlántica.

Carta de SITRAHSAN al presidente Rodrigo Chaves

Excelentísimo Señor presidente Rodrigo Chaves.

Su persona cuando fungió como ministro de Hacienda, desarrolló una serie de estrategias para mejorar los indicadores fiscales y en su teoría de una planificación tributaria nacional, obtendría en mayor o menor grado incidencia favorable de esos indicadores.

La inflación, el déficit fiscal, la evasión, tema al que se refirió recientemente en un medio de comunicación, y muchos tópicos más ocuparon su atención.

Hoy con la investidura como nuestro presidente, goza de la popularidad y aceptación de muchos y humildes costarricenses, al observar su determinación y coraje para resolver los mal llamados “cuellos de botella” que tienen estancada esta gran nación.

No dudamos que, con su experiencia, como director de una gran orquesta, busque el camino adecuado para llevarnos a los indicadores sociales que ocupa un país en vías de desarrollo, situación desde hace años o lustros pretendida pero difícilmente alcanzada.

Lamentamos en mucho el engranaje jurídico para lograrlo que debe atravesar, pero no dudamos que ciertamente, sin el vil decreto, pueda lograr dicho cometido. Hay medidas administrativas que, con el fundamento jurídico actual, permiten a pesar de las potenciales trabas, seguir avanzando. Nosotros les llamamos, medidas administrativas sobre el marco jurídico vigente.

No obstante lo anterior en el Sindicato SITRAHSAN, como en muchas organizaciones sociales de esta gran nación, nos preocupa el confort de sectores financieros, los cuales hoy día se evidencia el cumplimiento de un delito de “lesa humanidad” y siguen impunes, abrigados en la prescripción pero sobre todo, en la no fiscalización oportuna, porque aquella entidad sea física o jurídica, que violente o eluda el control fiscal y no pague los tributos de una operación financiera, pues simplemente está robándole al pobre, al enfermo en medicina idónea para el tratamiento de su patología, le está robando a las escuelas o la educación misma, por no darles los recursos o nombrar los docentes necesarios, porque al final esos actos reprochables, también tienen consecuencia en que favorecen en mucho la oferta privada y eso no se vale. Por ejemplo, si no hay aulas y la aglomeración de estudiantes supera los 35 en cada aula, muchos pretenderían quizás, mejorar el conocimiento de sus hijos en colegios privados con una atención más personalizada, entre otros flagelos como la seguridad y la salud.

Actuaciones de fraude de simulación, señaladas dentro del injusto penal, impunes no es de recibo Señor Presidente, precisamente, porque a nuestro Ministerio en mucho llegan a dirigirlo banqueros de carrera, y se blindan con normas que hasta con el secreto bancario juegan, y en muchos casos, los obligados tributarios ante la Administración tributaria, presentan estados con un espejo de quiebra, pero cuando ostentan condiciones financieras, presentan un estado de solvencia, liquidez y apalancamiento como la mejor empresa saludable del ramo.

Señor Presidente, las fiscalizaciones a los “poderosos” casi no llegan; algo parece estar mal y debe investigarse, no puede ser quizás que con el estribillo “ facilitación del comercio” no se fiscalice en rojo ni el uno por ciento en materia de comercio internacional, y a lo interno, tengamos un promedio de no menos de 18 mil declarantes por cada auditor fiscal, segregado en mucho en GTs, para un auditor significan 50 o más casos asignados, con capacidad de no más de ocho fiscalizaciones integrales al año de esas 50 grandes empresas tributarias, y si obtiene una simple razón numérica, es de una vez cada seis años poder volver a fiscalizar esa GT, dándole quizás oportunidad, de que lo determinado en la auditoria, se nos vaya diluyendo en el siguiente año, y cuando volvemos a auditarla, ese periodo ya está prescrito, como sucedió con un Banquero, Ex Ministro, según señalan las redes sociales.

Requerimos tecnología, si claro, pero como el TicA al principio dio resultados maravillosos, pero luego se maleo, porque el obligado a pagar los impuestos es vivillo, no ve que eso le genera grandes ganancias, la probabilidad de llegarle a una empresa no supera el 2,5% de riesgo subjetivo, si cambiamos eso, le está dando el Gobierno y con la complacencia de Políticos que no legislan o blindan, una probabilidad de éxito del 97,5% para el delito tributario, la evasión o el fraude mismo, al no poder contratar más personal en fiscalización o mejorar la norma legal.

Señor Presidente, no basta la tecnología sin recurso humano capacitado y bien pagado, no podemos; sólo pensar que auditar las pulperías de barrio es donde está el problema, es donde están los “ huevos de oro” o “clavos quizás “ disfrazados en mucho de normas jurídicas insuficientes en su alcance o competencia, también en sectores blindados en mucho por compadrazgo político, quizás a partir de la amistad de un Ex Director de Aduanas o de Tributación, en fin, nombran Directores que vienen, aprenden y se emiten normas o directrices que luego ellos mismos objetan con conocimiento de causa, ante una operación de control fiscal. Sugerimos aquí se instaure la cláusula de confidencialidad del funcionario Hacendario, de tal manera, que no pueda ejercer actuaciones contra el Estado mismo, si gozó del nombramiento en el Ministerio de Hacienda.

Señor Presidente, tenemos personal nombrado de carrera muy solventes en conocimiento técnico y profesional, pero muchas veces no se les permiten desarrollarse o realizar las actuaciones de la mejor manera, por una legislación tributaria complaciente, por ello; la reforma tributaria es necesaria, para fortalecer la actuación, no con más impuestos, pero si con mejores determinaciones y actuaciones del profesional mismo, en la búsqueda de la verdad real, ante una declaración jurada del sujeto pasivo, y pueda sin mayor dilación hacer efectivo, por tratarse de materia tributaria, hacer más efectivo e inmediato el proceso de determinación y cobro de los tributos determinados al descubierto. Debe revisarse la cuantía de expedientes y montos que representan los expedientes en Cobros Judiciales de este Ministerio. No esperamos se asuste cuando tenga ese detalle.

Señor Presidente, el ROP se está desapareciendo, son billones lo que señalan la estadística, pero creemos eso es mero papel, y estamos frente al ROBO del siglo, mediante artimañas de inversiones fraudulentas o quizás una malversación de fondos y eso debemos detenerlo, y aunque el CONAFIC sea un ente desconcentrado de su actuación como Presidente, permite recurrir al recurso de lesividad en defensa de todos los Costarricenses, y pretender dejar sin efecto acuerdos como el nombramiento de la señora Rocío Aguiar y la posibilidad que los operadores de Fondos de Pensión inviertan en el extranjero esos recursos.

Hay cosas, que pueden salvar al trabajador mismo; las amenazas de un marco jurídico regulatorio para el funcionario público, actor público que se ha visto amenazado constantemente por la “prensa canalla” dejándole como si fuera un mal crónico en la sociedad, debe desaparecer, acaso el médico de la CCSS es malo, el enfermero en la CCSS es malo, el misceláneo de la CCSS es malo, el Policía es malo, el misceláneo en la escuela pública es malo, el chofer de la ambulancia es malo, o el maestro es malo quizás, en fin la pandemia demostró la valía de estos servidores y ellos con recursos limitados que el Estado proveyó, pudieron cumplir a cabalidad esa obligación con la patria, quizás muchas muertes de inocentes se pudieron evitar y el dolor de un hijo al ver a su madre o padre que hoy falta en su casa, porque el Sector Político fue tolerante y no legislar para no tener recursos suficientes y fiscalizar a los “peces gordos” y eso generó la carencia de recursos. Si hubiéramos tomado responsablemente el tema, en materia Tributaria y de control fiscal Costa Rica estaría volando.

Señor Presidente; debemos instaurar un nuevo concepto en la Hacienda Pública, denominado CODIGO PROCESAL TRIBUTARIO, donde los funcionarios del Ministerio de Hacienda, tengamos más competencia territorial o material y atribuciones para que ese ocho por ciento del PIB que se estima es fraude, evasión o contrabando disminuya, ese dinero alguien se lo está embolsando, y se está haciendo millonario a costa del Estado mismo, no es posible observar millonarios en pasarela y saber que viven de cero fiscalizaciones o de vulnerar la norma tributaria, y ostenten en sus mansiones vehículos en ediciones limitadas o de gran valía, o sus yates aparcados esperándolos para atender como reyes su estructura paralela.

Señor Presidente; no estamos en contra de los inversionistas, sanos inversionistas, los que promueven el trabajo de miles de Costarricenses, los que con su visión quizás, desarrollan un proyecto turístico de primer mundo, pero tampoco se vale que se le exonere todo o que simple, como es amigote de “Juan Pérez” ( nombre figurativo) se le brinden todas las facilidades para invertir y después que el país mismo le ofrece un clima político estable y mano de obra calificada, el Estado mismo no tenga garantía del pago de las cargas sociales, y burlen el régimen jurídico con simulaciones constantes que sirven para evitar ser condenados o que el país mismo, no tenga la posibilidad jurídica de aplicar medidas cautelares para garantizar esas deudas, aunque hoy la Ley lo señala, los funcionarios no son suficientes y muchos empresarios se van y dejan cualquier cantidad de “perros amarrados”, hasta las prestaciones de los empleados se van en sus valijas.

Señor Presidente, mucho por hacer ciertamente, muchos sectores que debe volver su mirada, pero el Sector social sindical no es su enemigo, somos vigilantes muchas veces de las “ argollas” incrustadas quizás en una organización publica, que se sirven en bandeja de plata, somos denunciante de actos dolosos, y muchas veces caemos mal por eso, porque muchos dicen, no nos dejan trabajar, y no es eso, es que quizás tengamos más arraigado el nacionalismo mismo, que amamos tanto a nuestra patria, que un “vivazo” nos provoca reproche, porque no es bueno a nuestra óptica, que salgan del país el viernes y regresen el domingo en la tarde, y esa actuación sea reiterada y nadie los investigue, y quizás son personas que ostentan un poder solapado, porque debemos también señalar, que mucho alto funcionario, llegó ahí por méritos propios, sacrificio y amor a la camiseta, y nuestro respeto hacia ellos siempre, no todo está perdido, pero que hay algunas “fichas” en el camino, eso debemos confirmarlo y detenerlo.

Como siempre deseamos éxitos en su gestión, el balance de la deuda, depende en mucho de la estrategia de los eurobonos y la venta de activos según percibimos de los medios de comunicación, pero nosotros desde años atrás hemos propuesto responsablemente, una sana administración tributaria, el golpe a los deudores principalmente hipotecarios es alto con la tasa básica pasiva, podemos de otras maneras obtener ingresos frescos, y es promoviendo la producción local, el trabajo y aquellos sectores que gozan de exoneración, revisarlos para readecuar ese balance.

Por último, recordar el estribillo actual y que palabras más o menos usted dijo en un medio de comunicación creemos, no estamos mal, lo que estamos es mal administrados, no requerimos más impuestos, lo que debemos es recuperarlos.

De nuestra parte decirle, o reiterarle, el frio no está en las cobijas de los proyectos como empleo público o desembolso del ROP, al parecer esas son simples desviaciones mediáticas.

UNDECA convoca a concentración en la CCSS

Este jueves 13 de octubre de 2022

Comunicado de prensa

Los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social se manifestarán este jueves 13 de octubre de 2022, contra las intenciones del gobierno de no pagar el ajuste salarial, cuya aplicación y pago retroactivo debe realizarse conforme al acuerdo de la Junta Directiva, del artículo 3° de la sesión 9277, comunicado a la administración activa el 09 de setiembre 2022.

UNDECA censura la injerencia política desde el gobierno que violenta la autonomía y las competencias de gobierno y administración otorgadas a esta institución; y condena que se le haya escamoteado casi medio billón de colones, que afectarán seriamente los servicios de salud y pensiones, especialmente a la población más vulnerable, muestra evidente de las perversas intenciones del gobierno con la CCSS.

Mientras que a los ministros de gobierno se les aplicó un aumento salarial por 1.500.000 de colones anuales, más de un millón de colones a cada uno, la presidenta ejecutiva pretende no pagarles 7.500 colones a las personas trabajadoras que desde el 2020 han venido prestando sus servicios, pese a la pandemia y el ciberterrorismo.

Los trabajadores de las diferentes disciplinas de la CCSS, nos concentraremos frente a la Torre C, en el Barrio Don Bosco, a demandar el respeto a la autonomía y al pago del merecido y legal ajuste salarial.

San José, 12 octubre de 2022

¿Aumento o un ajuste salarial? versus una amnistía tributaria: un ejercicio comparativo

Mainier Barboza Soto

Mainier Barboza Soto

El año 2019, es referente de lo que a continuación compararemos:

  1. Se aprueba el ajuste salarial, para los empleados de la CCSS, que, de forma particular, es eso, un ajuste, de ¢7.500 por mes, (hablar de aumento, es una forma mañosa de los grupos de poder y enemigos del sector Público y de la CCSS, en particular, de agredir al sector laboral).
  2. Al final del 2018, imponen una «Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», (o de los grupos económicos más poderosos, que postpandemia aumentaron su riqueza), esa ley trae un «regalo», para los grupos más ricos, que es la llamada «amnistía tributaria» (1 de cada 4 grandes empresas le declaraba CERO ganancias al Ministerio de Hacienda. (Mora, 2018).
  3. El caso es que la amnistía se da sobre cobranzas de Hacienda en juicio, que ya tenían que pagar, es decir, una condonación de una deuda, en «cobro judicial»; ¡que fácil, que descaro, con ley y todo!
  4. Con la pandemia el pago aprobado a los y las trabajadoras de la CAJA, (trabajando bajo una presión increíble, sacrificando tiempo, familia, arriesgando su vida,) y congelan el pago por esa pandemia.

Aquí el primer comparativo:

Los Trabajadores (as) de la CAJA aceptan la congelación de ese ajuste. Y por otro lado, los grupos más ricos aplican la amnistía y dejan de pagar ¢194.000. mil millones, es un regalo de 5O, % de su deuda.

Otro comparativo:

El 23 de mayo 2019, el Frente Amplio, da a conocer: «El monto que no recibió Hacienda por amnistías tributarias equivale a casi 6 años de recaudación de IVA a la canasta básica» (Ducca, 2019). 

Los empleados de la CAJA siguieron siendo los héroes y heroínas, y unas pocas personas (25 empresas se beneficiaron en un 90% de los 194 mil millones).

Ahora comparativo en números a la vista:

Ajuste salarial a las trabajadoras (es) de la CAJA, (ajustamos el monto de ¢7500.00, a 14 pagos, es decir, aguinaldo y salario escolar por persona da ¢105 mil colones, anuales; esa suma por 3 años 1920-1921-1922, de enero a diciembre… total por persona ¢315 mil colones, no incluye los rebajos).

La suma anterior la multiplicamos por 64 mil empleados, nos daría un gran total de ¢20.160.000.000, unos $41.488 millones aprox.

Ahora: Amnistía:

Si aplicamos esa amnistía, primero a las 25 empresas citadas con un beneficio de 90%. Cada uno se «gano» porque dejó de pagar ¢6984.000.000.00, o si lo quiere ver de esta forma; solo 2,8 de esas empresas y/,o sus dueños, absorbe todo el pago que se ha calculado para 64 mil Trabajadores (as) de la CCSS. ¿Lo habrá visto algún diputado por ahí o don Rodrigo Chaves?

Un último dato comparativo:

Si esa amnistía se hubiese cobrado y se aplica para el pago de esos ¢,7500.00 colones a los 64 mil Trabajadores(as,) de la Caja, alcanza para pagarles aproximadamente 10 veces el ajuste mencionado.

Por último, si asumiéramos hipotéticamente, que los beneficiarios de la amnistía fueran 64 mil personas que evadieron, cada uno tendría ¢3.013.250 de regalía, pero como sabemos, solo se beneficiaron 25 grandes empresas.

Juzguen ustedes, quiénes provocan los déficits, el aumento de la deuda; porque esos ¢194 mil millones, ocasionaron un faltante, que se cubrió con deuda. ¿Tenemos muy malos políticos, muy malos economistas y muy malos cobradores? o, por el contrario, ¿tenemos una élite ambiciosa, abusadora de la democracia y de la economía, de la riqueza que debe ser distribuida?

Pensemos y actuemos bien.  

La Caja no está quebrada, el gobierno la quiere quebrar – UNDECA

  • Una instancia a la Comisión de Asuntos Hacendarios

Los distintos gobiernos, uno tras otro, le han escamoteado a la Caja Costarricense de Seguro Social, los recursos presupuestarios necesarios para garantizar a la población la mejor prestación de los servicios sanitarios.

Esta política pública se materializa en una astronómica deuda que asciende a casi 3 billones de colones, que le han sido negados a esta institución.

Las autoridades de la Caja, como le corresponde, con base en estudios técnicos y actuariales, le solicitaron al ministro de Hacienda financiar, las sumas, que en definitiva, se debían incluir en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el próximo período 2023.

El Gobierno de Chaves no solo no presupuestó lo solicitado, sino que los principales rubros y programas para el próximo período fiscal, quedan desfinanciados.

Las sumas hablan por sí solas. Solo en el Seguro de Salud se dejaron de financiar 347.790 mil millones de colones y del Seguro IVM la cantidad de 109.485 mil millones de colones, para un total nada nada despreciable de 457,276 mil millones de colones.

A la desproporcionada deuda acumulada que este Gobierno se niega a reconocer y pagar, a la omisión presupuestaria requerida para la prestación de servicios de salud y pensiones, con gravísimas consecuencias para la prestación de los servicios públicos que le corresponde brindar a la institución, particularmente, a asegurados por el Estado y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad.

No hay duda, como dice Noam Chomsky, que este Gobierno le quiere aplicar a la Caja la técnica estándar de la privatización: primero, se disminuye el presupuesto destinado a la salud pública, el servicio se va deteriorando, luego la sociedad va percibiendo este deterioro y reclama a la Administración, y en definitiva, el Gobierno da el zarpazo, privatizando los servicios.

UNDECA se opone rotundamente al recorte de los recursos, que son absolutamente necesarios, para brindar a la población la prestación de un servicio esencial.

A las señoras diputadas y diputados de la Comisión de los Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, les hacemos una instancia para que detengan, este intento del nuevo Gobierno, de incrementar la deuda que tiene el Estado con la Caja y de precarizar los servicios de salud.   

San José, 11 octubre 2022.

Cápsula informativa #5: Respeto al derecho humano de un salario digno

Después de la nueva conformación de la junta, hasta la fecha, se sigue contando con una votación a favor de que se pague lo adeudado a las personas trabajadoras de la C.C.S.S.

Con un margen de 5 a 4 a favor del pago, si se mantiene de esta manera hasta el 14 de octubre que se conozca el criterio jurídico de la caja, el gobierno tendría que realizar los cálculos necesarios para ejecutar los ajustes pertinentes a los salarios de los trabajadores de la C.C.S.S.

Señor Chávez: “Deje sus falacias y mentiras de que la Caja está quebrada”.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Cápsula informativa #3: Los distractores mediáticos

El presidente Chávez Robles distorsiona la realidad para posicionar en las personas la idea de la “quiebra de la Caja”, conjuntamente, al elemento de las listas de esperas para apelar a la conciencia del pueblo y posicionarlos en contra del ajuste salarial que se le debe a las personas trabajadoras de la Caja.

La inflación llegando a números alarmantes de casi 12% y no se reajustan los salarios de la Caja como si se efectuó en otros sectores.

“La caja no está quebrada, es la ideología que quieren posicionar”.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Imagen: Semanario Universidad.

Cápsula informativa #4: Recomposición de la Junta Directiva

Recordando que la votación de la Junta había quedado 7 votos a favor para que se pague lo adeudado a los trabajadores de la Caja y uno en contra.

Al recomponerse la Junta, las votaciones se modificaron y se encuentran 5 votos a favor y 4 en contra, por lo que se sigue presionando para que se pague lo adeudado.

Cabe resaltar que anteriormente el único voto en contra fue de Marielos Aguilar ex diputada del Movimiento Libertario, como representante del Gobierno, quien presenta una posición clara contra los empleados públicos.

¡Cuidado con votar por personas con ese pensamiento ideológico!

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Imagen, Semanario Universidad.