El pasado jueves 25 de agosto del año en curso (2022), el señor Óscar Gerardo Cruz Morales, en su condición de secretario general del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), remitió a la Contraloría General de la República una nota en la que exponía la posición del SIFUPCR en relación con el nombramiento del señor Adrián Pacheco como nuevo jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
En dicha nota, el señor Cruz Morales expone que el nombramiento se realizó sin mediar algún concurso para su contratación, ni tampoco se efectuó algún análisis costo-beneficio del cambio de jerarca en esta institución. A ello se le suma la inexperiencia en puestos relacionados al sistema nacional de pensiones, de manera que “fue un puesto entregado a dedo sin justificación técnica o financiera” destaca la nota dirigida a la Contraloría General de la República.
Asimismo, en el año 2021, el señor Adrián Pacheco, en periodo menor a los tres meses posteriores a su nombramiento en la SUPEN, tuvo que renunciar por causa de que su escogencia no siguió la legalidad que exigen los procesos institucionales, de ahí que, se considera desde el SIFUPCR al cuestionado señor Pacheco como la persona menor idónea a los intereses de los costarricenses para ocupar un puesto tan importante.
Finalmente, concluye el comunicado dirigido a la Contraloría General de la República que, en caso de darse el nombramiento de dicha persona en la SUPEN, se atentaría contra las finanzas públicas y la transparencia en la gestión pública.
Martha Elena Rodríguez González Miembro de la Junta Directiva CCSS San José,29 de agosto 2022
Para complacer las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y favorecer al sector patronal que paga los salarios más bajos, la Junta Directiva de la CCSS sometió a consulta pública un proyecto de reforma reglamentaria, cuyo objetivo es reducir las contribuciones de los patronos.
La Caja dejará de percibir, por la reducción de las contribuciones patronales, la exorbitante cantidad de ₵ 20.000 millones anuales, lo que afectará la prestación de los servicios de salud y las pensiones.
La justificación que se arguye para modificar el reglamento es que las personas trabajadoras que devengan los salarios más bajos puedan afiliarse a la CCSS; pero la realidad es que solo se disminuye el aporte patronal, y no así el de los trabajadores.
Además, el costo de reducir las contribuciones patronales será asumida por los trabajadores. El requisito mínimo para pensionarse son 300 cuotas mensuales (25 años cotizados), con la reforma los trabajadores con ingresos inferiores al Salario Mínimo mensual, se les aplicará solo un ¼ de cuota (4 meses laborados son 1 cuota). Es decir que el trabajador necesitaría 100 años para jubilarse.
Como si fuera poco, este nuevo esquema aplicará en una primera etapa solo para trabajadores menores de 35 años, resultando evidente la discriminación etaria, profundizando los obstáculos para que los patronos contraten personas mayores de esta edad.
Esta reforma resulta insostenible y salvaje. Por esto, en mi condición de representante de la clase trabajadora, por el sector sindical, he manifestado mi rotunda oposición, de manera reiterada, por las graves implicaciones que tendrá en las personas trabajadoras.
Asimismo, informo y advierto que este asunto estará nuevamente en debate el próximo jueves 2 de setiembre.
En lugar de una consulta de mero trámite, en cumplimiento del artículo 9 constitucional, la Junta Directiva debería establecer espacios reales y democráticos de diálogo social, de forma que las políticas en materia de seguridad social no vayan en detrimento de los trabajadores y las familias del país.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, será recibida en Casa Presidencial, este martes 30 de agosto, para iniciar el diálogo sobre las reiteradas acciones que buscan privatizar servicios en los hospitales y centros de atención en la CCSS.
Esta reunión es producto de las manifestaciones realizadas los días 20 y 29 de julio anterior, en donde cientos de trabajadores y trabajadoras se manifestaron frente a Casa Presidencial contra las maniobras para privatizar los servicios de vigilancia, aseo y otros.
En esas oportunidades, los trabajadores y trabajadoras, principalmente de los hospitales nacionales se manifestaron desde el Hospital Calderón Guardia hasta la Casa Presidencial, en donde entregaron documentos que contemplan, entre otros puntos, una rotunda oposición a la privatización, el incumplimiento reiterado a la Normativa que regula el carácter temporal y excepcional de estas contrataciones por la obligación de la CCSS, en la prestación de estos servicios con funcionarios institucionales; la objetividad y transparencia en los estudios de mercado, idoneidad del Recurso Humano de la Caja, actualización del estudio de la brecha de recurso humano, entre otros.
UNDECA ha liderado esta importante lucha que afecta directamente la calidad del servicio a los usuarios de la Caja en todo el país, con un alto y oneroso costo para el pueblo costarricense.
También, en este espacio, la dirigencia de UNDECA ha planteado la imperativa necesidad de poner al día y pagar oportuna y puntualmente el salario a los trabajadores.
Los dirigentes undequistas llegan con propuestas claras, objetivas y que buscan la defensa institucional de la salud pública de Costa Rica.
Como parte del compromiso que tiene nuestra organización para la lucha y dignificación de este gremio, históricamente explotado, la Junta Directiva Nacional de la ANEP aprobó la adhesión a la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustria para fortalecer la lucha.
Puede ver la información completa en el siguiente video:
Jueves 24 de agosto del 2022. El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes denuncia nuevos hechos persecutorios de parte de Catalina Crespo Sancho y Mario Zamora Cordero, en contra del Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez, con la intención de desacreditarlo y desmovilizar la lucha sindical.
Durante la presentación del informe anual en la Asamblea Legislativa, el pasado 30 de junio, Catalina Crespo, acusó al Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez de incurrir en un conflicto de intereses por el hecho de que a la vez ocupa un puesto directivo en la institución. Crespo trató de disimular sus intenciones persecutorias leyendo una carta que supuestamente le escribió una persona que ella metió en la Defensoría en calidad de meritorio, pero que en realidad la trajo para que la asesora en movidas en materia de recursos humanos. De hecho, cuando le solicitamos el documento, su despacho respondió: “lo que se dijo es lo único que se puede informar, por cuanto lo demás no es de acceso público”. Ante este atropello las acciones judiciales están en curso, para que no utilice el cargo de Defensora con el que fue honrada para refugiarse en la impunidad.
En esa misma ocasión, Catalina Crespo desacreditó públicamente la denuncia por persecución sindical que se investiga en su contra en el Ministerio de Trabajo, dando a entender a los diputados y diputadas que se trata de prácticas reiterativas del sindicato contra las personas que ocupan el cargo de Defensor/a, y no por los hechos persecutorios en los que incurre sistemáticamente.
Efectivamente, de manera sistemática, como actúan los acosadores laborales, el 7 de julio siguiente, Catalina Crespo fue al Territorio Indígena Salitre, donde se reunió con un grupo de personas que apoyan las usurpaciones de tierras indígenas, recogió una queja contra el compañero Álvaro Paniagua y otras personas, en la que de manera infundada lo acusan de actuar de manera parcializada. Aprovechando la ocasión, Crespo hizo caso omiso de la normativa interna, violentó el derecho de defensa y el debido proceso al compañero Paniagua, y sin ninguna valoración fue y planteó la queja como una denuncia penal ante el Ministerio Público.
La visita de Crespo a Salitre fue cubierta en exclusiva por el periodista Alexander Méndez, del diario Extra, quien desde el 5 de julio anunció la visita y preparó el terreno; posteriormente, los días 8, 11, 18 y 26 de julio, y el 6 de agosto, ese diario publicó el nombre y fotografías del compañero Paniagua, así como extractos y fotografías de la denuncia presentada por Crespo en su contra, en la que incluso consta el sello de recibido en el Ministerio Público.
Pero la sed persecutoria de Crespo parece ser insaciable. Ahora el periodista favorito de Crespo, Alexander Méndez, ha solicitado acceso a un expediente disciplinario que le abrieron al compañero Paniagua en el 2015. Lo que pareciera casual deja de serlo, pues la intención persecutoria es más que evidente.
“Efectivamente –manifestó el compañero Paniagua-, en el 2015 fui sancionado con una suspensión de 15 días debido a que cometí un error. Resulta que tuvimos que llevar de emergencia a mi madre al hospital, donde estuvo muy grave. Nos advirtieron que el seguro estaba a punto de vencer para que lo renováramos. En el Ebais nos pidieron, entre los requisitos, copia de mi orden patronal. Me pareció arbitrario que la CCSS solicitara un documento que ella misma expedía, pero insistieron. Como mi trabajo era defender los derechos de las poblaciones discriminadas, entre tales las personas adultas mayores, en ese momento, obnubilado por la salud de mi madre, me pareció totalmente normal enviarle un oficio institucional al Ebais, y así lo hice, le puse un consecutivo al oficio, expuse la situación, cité la normativa de aseguramiento de la CCSS y les solicité que rectificaran el procedimiento pues violentaba los derechos de las personas adultas mayores, y por si negaban la situación, puse de ejemplo el caso de mi madre. Ese fue mi error, en ese momento no me pasó por la cabeza que eso podría malinterpretarse. De hecho, hasta adjunté copia de mi orden patronal para que no se retrasara más el trámite de renovación. Y así de manera transparente, sin ningún dolo, imprudentemente, mezclé lo público con lo privado, y por eso fui sancionado. Año y medio después falleció mi madre.”
Contrario a lo esperado de una defensora de derechos de las personas, Catalina Crespo Sancho, ordenó que de inmediato se le entregara la información a la Extra, ante lo cual fue necesario recordarle las restricciones que estipula la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, en lo que se refiere a los datos sensibles y de acceso restringido.
Como ya ha sido ventilado en las redes sociales, no podemos pasar por alto el vínculo del candidato sucesor a Defensor, preferido de Crespo, Mario Zamora Cordero, con el diario Extra, para comprender cómo lo que parece ser casual da paso a lo evidente.
Repudiamos las estrategias persecutorias y criminalizantes de Catalina Crespo Sancho y de Mario Zamora Cordero, ambos denunciados por persecución sindical, quienes no dudan a atropellar el honor y la dignidad de las personas para lograr sus intereses.
El imperativo de toda organización social que forma parte del acontecer político y económico es la transformación, la modernización y el cambio.
Los sindicatos no escapan a esa realidad incuestionable y de hecho enfrentan sin número de retos producto de las grandes transformaciones ocurridas en las últimas décadas a nivel planetario.
La globalización de los mercados, los acuerdos de integración económica, la internacionalización de los capitales, la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos y a la cultura en general son, entre otras, manifestaciones del nuevo paradigma imperante.
Las repercusiones para los trabajadores son muchas y no todas positivas; por ejemplo: los cambios ocurridos en los mercados del trabajo se caracterizan por las altas tasas de trabajo informal, trabajo precario, tercerización y pobreza; así mismo, ha propiciado la incorporación cuantitativa y cualitativa de las mujeres, pero no siempre económicamente en forma equitativa ni de respeto a los mismos derechos que asiste a los hombres; no hay la menor duda que existen pocas oportunidades de puestos de trabajo decente para una juventud que en muchos campos se siente excluida y sin futuro.
Lo constatable es que el mundo cambiado y cambiante pone en aprietos los esquemas clásicos de organización sindical, el perfil del dirigente como sus orientaciones políticas, los valores y las formas de operar.
Tomando ese escenario como telón de fondo y siguiendo las orientaciones de la CSA y la CSI la CTRN y sus principales organizaciones afiliadas han venido realizando una serie de eventos de capacitación y “encerronas”, con el convencimiento de que hay que estimular el debate interno respecto a los esquemas de trabajo que se siguen, las concepciones político-sindicales prevalecientes, sobre las estructuras orgánicas establecidas y las formas de gestión acostumbradas. El fin último es impulsar un proceso que conduzca paulatinamente a hacer modificaciones, restructuraciones y formas de pensar acordes a las exigencias de los nuevos escenarios.
La CTRN propugna por la unidad de los trabajadores/as como condición necesaria para protagonizar el perfeccionamiento de una democracia participativa.
Defiende el Estado Social de Derecho como marco jurídico indispensable para la justicia social.
Alienta políticas económicas que tengan a la persona humana como punto de partida del desarrollo y que sean justas, equilibradas y sostenibles.
Respeta el Estado de Derecho siempre y cuando tenga sustento en el respeto de los Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y donde las leyes laborales sean realidad y no expectativas especialmente en lo concerniente a la libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga
La CTRN avala, defiende, participa y promueve la democracia política, el respeto al Estado de Derecho en el tanto que salvaguarde la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga como condición insustituible para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus afiliados/as y de los trabajadores/as en general; así mismo, propugna por el mejoramiento de las políticas públicas y la calidad de los servicios en beneficio de la sociedad costarricense.
La CTRN, la confederación sindical más representativa del país incide como agente político por la construcción de un mejor país con una cultura de tolerancia, el respeto de los derechos socio–laborales y la consolidación de una democracia abierta, plural, sin exclusiones, justa, equitativa y protectora del medio ambiente
Comunicado de Prensa por Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ES DESCOMUNAL Y ESTÁ FUERA DE CONTROL AL DÍA, EN EL ÚLTIMO SEMESTRE, CRECIÓ A RAZÓN DE POCO MÁS DE 9 MIL MILLONES DIARIOS
Con datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, aparecidos en prensa en esta fecha, a diciembre del año pasado 2021, el total de la deuda pública era de 27 billones 271 988 millones 400 mil colones. En cifras así: 27.271.988.400.000.
6 meses después, a junio de 2022, el monto de la deuda pública llegó a los 28 billones 914 mil 265 millones 530 mil colones. En cifras así: 28.914.265.530.000.
Es decir, la deuda pública creció en el último semestre en 1 billón 642.277 millones 130 mil colones: 1.642.277.130.000.
Esto quiere decir, 273 mil 712 millones 855 mil colones, cada mes del último semestre (273.712.855.000).
Por tanto, se manifestó un crecimiento diario de la deuda pública, en el último semestre, de 9 mil 123 millones 761.833 colones: ¡380 millones 156 mil 743 colones por hora!
Esta gigantesca cantidad de endeudamiento lleva aparejada la no menor cantidad gigantesca de pago de intereses. Durante el año 2021, por este concepto se consumió el 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, unos 5 mil 300 millones diarios (5.300.000.000).
Nuevamente, la ANEP alerta a la ciudadanía, a la clase trabajadora, al pueblo costarricense: es imposible aceptar que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo sigan “imperturbables” ante este desastre fiscal de consecuencias imposibles de imaginar ante la eventualidad de un estallido social o de una quiebra abierta y cruda del Estado.
Particularmente, la reciente propuesta del gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles de vender activos del Estado, como el Banco de Costa Rica (BCR), como la venta “camuflada” del Instituto Nacional de Seguros (INS), y la venta-subasta de las frecuencias del ICE, ni “cosquillas” le harán a la monstruosidad de la deuda pública tal y como lo reseñan datos del propio Ministerio de Hacienda. Reafirmamos la oposición rotunda de esta idea que consideramos descabellada e, por supuesto, ideológicamente matriculada.
ANEP reitera sus principales propuestas de emergencia ante la magnitud de la gravedad del problema de la deuda pública:
Una auditoría ciudadana de la deuda pública, mediando Ley de la República que incluya participación civil;
Una renegociación con los acreedores internos que, en conjunto, tienen tres cuartas partes del total de la deuda pública para, al menos, reducir el pago de intereses.
Tramitar con urgencia legislación para parar-atenuar el gigantesco fraude fiscal anual, estimado en 3 mil 600 millones de dólares por el actual mandatario, tomando como base la serie de propuestas que fueron consignadas en el informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá.
Profunda revisión del dispendioso régimen de exenciones y de exoneraciones de montos fiscales escandalosos en la actualidad.
ANEP estima que es más que urgente, a la vez, una articulación de las partes más conscientes de nuestra sociedad civil actual para forzar a la clase política a que aborde este problema con visión democrática y deje de mirar para otro lado, protegiendo así los más que abusivos sectores del capital financiero, de cuyo enriquecimiento a partir del estado actual de la deuda pública, el 99 % del pueblo costarricense no tiene noción porque le han venido ocultando la realidad de este mal que está amenazando la propia Democracia.
San José, sábado 20 de agosto de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
El sindicato, UNE-UNED, UNEDPRO, APROFUNED y AFAUNED demandamos lo siguiente:
Lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica:
Artículo 11 Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.
Artículo 78 La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
Artículo 85 Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.
En la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
Artículo 4 Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 26
La educación técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde se garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Así mismo, demandamos que se respete el acceso de nuestros jóvenes al capital cultural aportado por las universidades públicas.
Remuneraciones salariales dignas a docentes, investigadores, técnicos y administrativos.
Respetar lo establecido en la Constitución Política y leyes conexas relativo a los porcentajes dirigidos a la educación pública, toda vez que se redujo del 5% en el 2018 al 0,87 % en el 2021.
Eliminar los puestos interinos por medio de la asignación de plazas a los funcionarios universitarios.
Fortalecer el sistema de becas a la población estudiantil en áreas rurales y comunidades urbanas.
Por tanto, exigimos se cumplan las demandas antes expuestas al Poder Ejecutivo y autoridades universitarias.
Dado en la Sede Central de la Universidad Estatal a Distancia, viernes 19 de agosto de 2022.
Gabriel Quesada Avendaño Rafael López Alfaro
Secretario General Sindicato UNE-UNED Presidente UNEDPRO
Para la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), el informe de 100 días de la actual administración, queda debiendo en materia de diálogo social. Manifiestan que, a diferencia de otras organizaciones del sector privado, a esta Asociación no se le ha abierto las puertas de Casa Presidencial ni del MINAE, para dialogar acerca del modelo eléctrico nacional ni de la propuesta técnica que ASDEICE y el FIT realizaron sobre la conectividad 5G.
Consideran que el gobierno se ha inclinado por temas populares para la clase política tradicional, sin embargo, no ha abanderado otros temas estructurales como la evasión o elusión fiscal, tampoco identifican propuestas que permitan dar capacidad salarial a las personas trabajadoras para que puedan enfrentar el costo de vida. Finalmente, señalan que el tema de venta de activos del Estado únicamente está logrando que se polaricen las discusiones en el país y no brinda soluciones a largo plazo.
El presidente Chaves, al momento de su candidatura, NO se comprometió a la venta de activos del Estado. Esta Asociación apunta que de seguir en esta dirección, al gobierno de Chaves le pasará lo mismo que a anteriores: inician la gestión con un alto índice de popularidad, pero terminan con cifras récord de desaprobación.
Le invitamos a escuchar la exposición de César López Dávila en el siguiente video:
Bastante se ha hablado en días recientes a la sociedad costarricense sobre la quinta generación de redes móviles (popularmente conocida con las siglas 5G); esto desde Presidencia de la República, desde la alta jerarquía del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), desde el Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y desde vocerías de algunas Cámaras Empresariales. Sobre el tema, mucho se hablará en los próximos días.
Sin embargo, los puntos de vista de las autoridades y actores antes mencionados coinciden en todo o en parte, en el denominador común de delimitar la discusión de la temática, en la devolución o “recuperación” de frecuencias del espectro radioeléctrico que actualmente tiene el Grupo ICE, como aparente mecanismo para una rápida implementación de este tipo de servicios en el país.
Ante esta situación, la Federación Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del ICE y sus organizaciones (ASDEICE y SIICE), nos vemos en la obligación de manifestar ante la opinión pública, ante el honorable cuerpo de prensa nacional, y ante la clase política de todo signo, lo siguiente:
La Federación FIT y sus organizaciones estamos convencidos y a favor de que se implemente y ponga en operación en el país la red 5G lo antes posible.
La Federación FIT y sus organizaciones estamos igualmente convencidos, que generar la sensación y/o la expectativa, de que con la devolución o recuperación de frecuencias del espectro radioeléctrico otorgadas al Grupo ICE –atractivas para el sector privado – el país estaría en capacidad de tener a disposición servicios de la tecnología 5G en un menor tiempo; no es otra cosa que un espejismo.
Tal camino de la “recuperación” de frecuencias, transita por el largo y complejo camino de la licitación, el cual incluye los tiempos que requiere la reconversión del segmento del espectro, el establecimiento el cartel, la subasta, eventuales apelaciones, la formalización de la adjudicación, los títulos habilitantes (por no hablar de lapsos relacionados con el desarrollo de infraestructura del operador adjudicado), entre otros aspectos.
Desde la Federación FIT y sus organizaciones, tenemos la certeza que la vía de una sola red neutra administrada por el Grupo ICE, que sirva para todos los operadores, es la alternativa más viable, de menor costo, y por ende; la ruta que permite menores tiempos de entrega y menores costos, para beneficiar al usuario final de esta tecnología 5G. Para ello no hace falta la recuperación de las frecuencias del espectro con que cuenta el Grupo ICE.
Actualmente a nivel internacional, se encuentra en tendencia este tipo de formato de desarrollos. Sin embargo, de alternativas como esta poco o nada se habla desde las instancias citadas al inicio del presente documento.
Una vía posible para el financiamiento de este tipo de alternativas por parte del Grupo ICE, serían las alianzas público privadas con actores estratégicos y desde luego, el compromiso explícito y concreto de la Administración Chaves Robles, de que al Grupo ICE se le permitirá implementar los mecanismos para inversión y desarrollo sin obstáculos ni trabas.
HACIA UNA RED ÚNICA NACIONAL 5G:
El abordar la nueva tecnología 5G desde la óptica de la recuperación de frecuencias que actualmente tiene el Grupo ICE, limita los beneficios tanto para los usuarios como para las mismas empresas de telecomunicaciones. Además, alarga el tiempo que tomaría recuperar, licitar y asignar espectro, así como el tiempo de desarrollo de cada operador
La tecnología 5G brinda múltiples facilidades para su aprovechamiento, dentro de las cuales se tiene el servicio Slicing o NaaS (Network as a Service) 1, que suministra la posibilidad a clientes de obtener capacidades de dicha red en una oferta flexible de consumo. Algunos ejemplos son: España, cuando los operadores MásMóvil y Euskatel, y Vodafone y Orange anunciaron compartir red para reducir los costos de inversión en despliegue. Italia, donde se da compartición de infraestructura entre TIM Italia y Vodafone. Reino Unido, Vodafone comparte con O2 (Telefónica). De igual manera en Japón en especial en las zonas rurales, donde resulta extremadamente cara de desplegar. Y se tiene el caso más reciente de Malasia, que cuenta con una red neutral que comparte la red móvil 5G con los operadores del mercado.
Adicionalmente, en junio pasado salió publicada la ley 10.216, la cual tiene como finalidad incentivar la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en CR, y que en uno de sus principios rectores se señala que “…los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán velar por el uso compartido de los recursos para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, previo a la construcción de una nueva infraestructura.” El incremento en costos fue mencionado en el Foro Costa Rica Conectado, donde se comentó la importancia de compartir infraestructura para reducir costos.
Entonces, con el despliegue por parte del GRUPOICE de una red 5G, las otras empresas del mercado móvil podrían solicitar a aquel las facilidades para brindar servicios 5G, en otras palabras, una red virtual, lo cual ya cuenta con experiencias a nivel internacional. Dichas facilidades estarían respaldadas con contratos de calidad de servicio y con las bondades típicas de estas nuevas tecnologías, para poder realizar variaciones de capacidad según sus necesidades de manera automatizada y en tiempo real.
Esta situación implica que en lugar de tener 3 redes 5G, y las inversiones que esto conlleva, se tendría una sola red física y una única inversión, reduciendo sustancialmente el costo de las tarifas de servicios 5G para clientes, empresas y todos los habitantes de Costa Rica.
Por otro lado, los operadores pueden destinar las inversiones que tenían planificadas para adquisición de frecuencia y desarrollo de infraestructura en el despliegue de soluciones, que es donde realmente está la monetización de los servicios 5G.
Por consiguiente, la discusión por la recuperación de frecuencias no solo resulta estéril, sino que es una discusión que tecnológicamente fue superada. Seguir pretendiendo resolver el tema 5G con argumentos y supuestos de tecnologías anteriores no aporta en nada a la solución real del problema.
CONSIDERACIONES FINALES:
El errado camino de imponer la devolución de frecuencias al Grupo ICE, sin escuchar otros criterios; incluye hablar del debido proceso, de responsabilidades, y de otros temas que con frecuencia se omiten:
A) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias que le han sido concesionadas, es afirmar que las mismas, están subutilizadas, entonces el país merece saber:
Que los niveles técnicos del Grupo ICE presentaron sus propuestas desde años atrás para el desarrollo de la infraestructura de esta parte del espectro. ¿Qué razones hubo para que no fueran aprobadas por los puestos gerenciales, directivos y ejecutivos?… ¿Dónde están los formales y debidos procederes del Gobierno para sentar esas responsabilidades sobre el anterior Consejo Directivo del ICE, y las salientes presidencia ejecutiva, gerencia general y gerencia de telecomunicaciones; por incumplimiento de obligaciones?, ¿dónde está el correlato legislativo, de la fracción oficialista, para pedir la apertura de una comisión especial legislativa o tan si quiera una moción para que la comisión de ingreso y gasto público aborde el tema?
Mientras que el actual Gobierno no impulse que este tipo de responsabilidades se aborden formalmente y con seriedad, con los mecanismos procedentes en los tres poderes de la República, la afirmación de la subutilización será solo un ejemplo de lo exitosos que son las amarras para desmantelar en tractos las instituciones del Estado.
B) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias que le han sido concesionadas, es el supuesto que tal “recuperación” permitirá a SUTEL realizar una subasta para que operadores privados entren al desarrollo de este tipo tecnología, entonces el país merece saber:
En materia de 5G desde hace tiempo hay espectro para licitar. Actualmente el MICITT cuenta con 100 Mhz de espectro que lo tiene a su disposición. Mismo que puede haber subastado para tales propósitos (siguiendo los pasos de la experiencia pasada en las tecnologías 3G y 4G). Es desde el Consejo Directivo de la SUTEL desde donde se entraba el proceso bajo el pretexto que un proceso de licitación sin las frecuencias del Grupo ICE, no sería atractivo para el sector privado.
C) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias, es el supuesto de implementar en el menor tiempo este tipo de servicios, el país debe saber: La opción de la “recuperación” de frecuencias no es la ruta que más beneficia al usuario ni en tiempos de implementación ni en costos de servicio. Dicho camino, implica para entrar en operación un tiempo no menor a dos años, además, técnica y tecnológicamente ha sido superada por otro tipo de formatos como la red neutral.
La recuperación de frecuencias, implica un tema de debido proceso que incluye la responsabilidad de quiénes suscriban con su voto y/o firma tal devolución, sin tener la facultad para así hacerlo dado el marco de legalidad que regula la concesión otorgada al ICE de tal espectro electromagnético.
Presentar la “recuperación” de frecuencias como el mejor camino a seguir, sin escuchar antes otros criterios técnicos, es un fanatismo de corte neoliberal y una receta de continuismo del tripardisimo (PLUSC-PAC).El desarrollo de la red 5G, y sus escenarios, requiere compromiso de Gobierno de que al Grupo ICE se le garantice la inversión y desarrollo de esta tecnología.
¡LA FEDERACIÓN FIT LLAMA A LAS Y LOS TRABAJADORES A LA DEFENSA DE ICE TELECOMUNICACIONES Y A ESTAR VIGILANTES, PARA SENTAR RESPONSABILIDADES Y PASAR FACTURA A QUIENES DEBILITEN A LA INSTITUCIÓN!
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