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Un genocidio silencioso

Foto: Gerardo Iglesias.

Piñas tóxicas, trabajo precario y comunidades agredidas

El cultivo de la piña en Costa Rica debe regularse, tanto en relación al uso de agrotóxicos como para prevenir formas de explotación laboral a los trabajadores y sus familias, en su mayoría migrantes.

Frank Ulloa

A los trabajadores agroindustriales no solo se les pagan bajos salarios y se les niegan libertades sindicales. También se les extermina de manera silenciosa, y al final es el Estado quien debe asumir la atención en salud pública.

Las autoridades del Estado deben mantener un compromiso ético de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas, pero las organizaciones sindicales tampoco pueden callar, aunque a veces estos temas ambientales no son su prioridad.

Las consecuencias para la vida humana de la expansión descontrolada de la piña son nefastas.

El Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica ha dado cuenta de la gravedad de esta situación.

Desde 2015 ya se tenía evidencia de que el agua de muchas comunidades estaba contaminada, pero esto no se reportó públicamente hasta el 14 de junio de 2018.

Ahora el tema se complica cuando las transnacionales impiden el acceso a las fincas en nombre del sacro santo derecho de propiedad, al que colocan por encima del derecho a la vida.

Muchas de estas empresas están certificadas. El sistema judicial puede actuar de oficio, pero no lo hace. Y todos callan.

Es un secreto a voces que muchos de los 32 puntos de muestreo están contaminados con herbicidas como Bromacil, Ametrina, Diuron y Hexazinona y fungicidas como Metalaxil y Carbendazim.

Algunos de esos sitios son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.

Desde Rel UITA y FENTRAGH debemos profundizar la lucha contra la utilización continuada de productos prohibidos en el país, el uso indiscriminado de agrotóxicos y el doble discurso de las transnacionales.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/un-genocidio-silencioso/

Información de SITRAHSAN para el señor ministro

Sr. ministro la semana que terminó el día 19 de agosto, fue considerada por esta organización de mucho provecho.

Nos comunicó el Ministerio Público el estudio e inicio de persecución  penal contra un acto punible penalmente, y que refleja quizás  desde nuestra  óptica; la posibilidad de una  sanción penal de no  menos 10 o 12 años de prisión, si el Ministerio realiza bien el proceso.

Quizás esa  pena sea  en concurso material, con asociación ilícita y posiblemente la sorpresa sea que    nombres vayan a surgir de ese acto  reprochable penalmente.

Hay que seguir indagando señor ministro, porque   debemos asegurarnos tener en este Ministerio todo aquello que signifique “deber hacer” y que termine en “dejar de hacer«.

El nivel quizás de las paradojas utilizadas o frases triviales, son bien comprendidas por el injusto penal.

Sr. ministro, debemos seguir luchando por un Ministerio fuerte y vigoroso, debemos pensar en actos reprochables también contra funcionarios que “dejaron de hacer”, cuando   realmente “debieron hacer”, y que parece ser están abrazados al poder.

Antes; le pedíamos un estudio de vida y costumbres de los funcionarios colaboradores, creo eso es en mucho dato   evidente y manifiesto, no es cometer el error de generalizar, pero quién nada debe nada teme, y no se ofende aquel que tiene la “frente en alto«.

Deseamos un Ministerio fuerte contra el contrabando, la evasión y el fraude, necesitamos mejores herramientas legales, si esto; de manera respetuosa y responsable, se hubiera comunicado entre partes, desde años atrás, quizás, hoy no hubiéramos requerido, poner en la “subasta” internacional el valor de las “joyas de la abuela”.

También es de recibo quizás; que los argumentos expuestos años atrás, no fueron estructurados para la empatía de las partes. 

Es lamentable el resultado pueda ser; que muchos trabajadores, y familias de costarricenses veremos comprometidos sus ingresos regulares, quizás, aún cuando operen estas entidades con mayor flexibilidad corporativa, la tendencia   quizás sea apropiarse de “lo que realmente es atractivo”, y dejar de lado todo aquello que sea “costoso” desde el punto de vista subjetivo y de mercadeo para vender la idea de privatizar.

Mientras, el beneficio sea cuantificado en términos absolutos, en una institución pública, con inversión del Estado mismo, seguiremos pensando que todo el Estado mismo es poco rentable y muy costoso.

Los indicadores de la gestión tributaria van ligados a la capacidad legal y administrativa de respuesta. Mejoremos estos indicadores, con inversión estratégica, pida los resultados; y verá con un ordenamiento jurídico digno del momento como; sin cerrar negocios, sin dejar rótulos de “SE ALQUILA” en edificio sin utilidad, se puede renovar la economía misma, y lograr revertir una decisión de   venta.

Sólo un ejemplo le proponemos que estimamos no menos el efecto en tres puntos del PIB, y es; ponga en efecto la aplicación de la  Ley 9430.

Mensaje para el Señor Presidente por Limón y por Costa Rica

Lic. Antonio Wells Medina
Secretario General de SINTRAJAP

Deroguen la directriz donde Méndez Mata obliga a los exportadores e importadores a pagar tarifas 3 veces más caras en comparación de lo que se cobra en JAPDEVA, derogando esa directriz ayudan a los ciudadanos a que en el producto final que se compra en la importación paguen menos, cual es el problema en competir en igualdad de condiciones, en estos momentos JAPDEVA tiene las tarifas más bajas del mundo. En estos momentos JAPDEVA tiene más de 20 años sin ajustes de tarifa. Con solo permitirle a los exportadores venir a JAPDEVA se les reduce la tarifa hasta en un 300%, este asunto ES UNA TOMA DE DECISIONES, este problema no tiene que ir a la Asamblea Legislativa, esto es una decisión política. ¿Chaves hará que paren esos abusos, el prometió comprarse la bronca?

Igualmente, decir claramente que no tomar acción es seguir afectando el interés público. Por los puertos de Limón y Moín pasa el 80% de la economía nacional y en ese porcentaje afectamos a los ciudadanos, porque la importación y la exportación elevó sus costos a más de un 300%, que es la diferencia entre el puerto de JAPDEVA vrs el de APM. El interés social igualmente está afectado, ya llevamos más de 7mil desempleados entre empresas que cerraron y otras que redujeron su personal, entre ellas podemos citar (transportistas, estibadoras, predios, JAPDEVA, etc. etc.), más el daño colateral a la economía y comercio local.

Un 63% se unió en Limón, voto por Chaves y dijo no más de lo mismo. porque todas las decisiones han sido nefastas para Limón durante más de 40 años.  Hoy solicitamos y reclamos esos cambios para que permitan que los empresarios y los ciudadanos paguen menos, permitiéndole a JAPDEVA atender los barcos que esperan en bahía.

Una cosa es ser pobres por falta de recursos y otra cosa es ser pobres por sistemas perversos excluyentes como lo fue el cierre del ferrocarril, apertura de las estibas y recientemente APMT que pretende saquear al país, estas decisiones nos tienen sumidos en la pobreza. Ironías del destino, Limón tiene los 3 medios de transporte agua, aire y tierra, por aquí pasa el 80% de la economía del país, por eso no es de recibo que manejemos los primeros estándares de todos los males sociales (desempleo, pobreza, prostitución, drogadicción).

Se entiende claramente sin ambigüedades de ningún tipo que cuando se afecta el interés público, el interés social y el interés económico, el gobierno puede unilateralmente tomar decisiones, en el pasado reciente se tomaron y fueron decisiones en contra de Costa Rica, ¡ahora en el presente en el gobierno de Chaves no tomar decisiones, no hacerlo es haberle mentido a Costa Rica!

El mercado laboral de Panamá en el primer trimestre de 2022

SURCOS comparte la Carta Socioeconómica número 18 de la Fundación del Trabajo de Panamá. En esta ocasión el enfoque de análisis es el mercado laboral de ese país en el primer trimestre de 2022. Agradecemos al consultor en Educación Sindical Gerardo Castillo el envío del documento.

En la introducción se señala:

La presente Carta Socioeconómica se dedica a un balance de los principales cambios de la situación del empleo en Panamá entre octubre de 2021 y abril de 2022, con base en las encuestas del Instituto de Estadística y Censos.

El desempeño económico y laboral durante el período de las encuestas ofrece signos positivos en el camino hacia la situación previa al inicio de la pandemia sanitaria. La dinámica del crecimiento en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 conllevaron a un aumento de la ocupación total del país, en torno a 100 mil empleos.

Los avances hacia la recuperación también se reflejan en una caída en el número de desempleados (-18,827) y en la tasa de desempleo total que pasó de 11.3% a 9.9% en abril de 2022. Las mujeres y los jóvenes siguen pagando los mayores costos de la coyuntura adversa, aún en la fase de recuperación.

El sector privado hizo un aporte significativo en este período generando 63 de cada 100 nuevos empleos, lo cual es un avance hacia el nivel de empleo registrado en agosto de 2019, con un déficit pendiente en torno a los 80 mil empleos aún no recuperados en la empresa privada.

Sin embargo, prosigue un deterioro en la calidad del empleo, en tanto 55 de cada 100 nuevos ocupados sólo acceden a un empleo informal; y el grueso de ellos (81%) se concentran en el sector informal, donde operan principalmente trabajadores independientes y emprendedores de micronegocios.

Panamá sigue enfrentando el gran desafío de lograr una recuperación económica con inclusión laboral y social. Los lideres de las organizaciones empresariales y sindicales tienen una responsabilidad prioritaria para concertar las medidas necesarias en la línea de minimizar los factores desencadenantes de una crisis social generalizada.

Esto requiere potenciar la productividad y asegurar un trabajo decente para una vida digna y exige de políticas integrales para la creación de empleos de calidad y para desarrollar el talento humano. Los sectores productivos siguen esperando el avance institucional hacia un sistema de formación dual y por competencias que permita aprovechar las oportunidades de empleo en un mundo de grandes cambios tecnológicos y de un mercado globalizado.

La visión estratégica de la FUNTRAB es contribuir a un Panamá con relaciones laborales equitativas y justas, basadas en el cumplimiento de la ley, fundadas en la responsabilidad social y el compromiso de los trabajadores y empresarios por una cultura renovada de productividad y un reparto justo de sus beneficios.

Empresarios y trabajadores deben avanzar hacia la construcción de esta imagen objetivo, con la autonomía que les otorga su condición de fuerzas productivas de la economía y la sociedad.

Pronunciamiento del SIFUPCR sobre el nombramiento del superintendente de pensiones

El pasado jueves 25 de agosto del año en curso (2022), el señor Óscar Gerardo Cruz Morales, en su condición de secretario general del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), remitió a la Contraloría General de la República una nota en la que exponía la posición del SIFUPCR en relación con el nombramiento del señor Adrián Pacheco como nuevo jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

En dicha nota, el señor Cruz Morales expone que el nombramiento se realizó sin mediar algún concurso para su contratación, ni tampoco se efectuó algún análisis costo-beneficio del cambio de jerarca en esta institución. A ello se le suma la inexperiencia en puestos relacionados al sistema nacional de pensiones, de manera que “fue un puesto entregado a dedo sin justificación técnica o financiera” destaca la nota dirigida a la Contraloría General de la República.

Asimismo, en el año 2021, el señor Adrián Pacheco, en periodo menor a los tres meses posteriores a su nombramiento en la SUPEN, tuvo que renunciar por causa de que su escogencia no siguió la legalidad que exigen los procesos institucionales, de ahí que, se considera desde el SIFUPCR al cuestionado señor Pacheco como la persona menor idónea a los intereses de los costarricenses para ocupar un puesto tan importante.

Finalmente, concluye el comunicado dirigido a la Contraloría General de la República que, en caso de darse el nombramiento de dicha persona en la SUPEN, se atentaría contra las finanzas públicas y la transparencia en la gestión pública.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Mi absoluta oposición a la reforma de las pensiones IVM y la reducción de los ingresos de la Caja

Martha Elena Rodríguez González

Martha Elena Rodríguez González
Miembro de la Junta Directiva CCSS
San José,29 de agosto 2022

Para complacer las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y favorecer al sector patronal que paga los salarios más bajos, la Junta Directiva de la CCSS sometió a consulta pública un proyecto de reforma reglamentaria, cuyo objetivo es reducir las contribuciones de los patronos.

La Caja dejará de percibir, por la reducción de las contribuciones patronales, la exorbitante cantidad de ₵ 20.000 millones anuales, lo que afectará la prestación de los servicios de salud y las pensiones.

La justificación que se arguye para modificar el reglamento es que las personas trabajadoras que devengan los salarios más bajos puedan afiliarse a la CCSS; pero la realidad es que solo se disminuye el aporte patronal, y no así el de los trabajadores.

Además, el costo de reducir las contribuciones patronales será asumida por los trabajadores. El requisito mínimo para pensionarse son 300 cuotas mensuales (25 años cotizados), con la reforma los trabajadores con ingresos inferiores al Salario Mínimo mensual, se les aplicará solo un ¼ de cuota (4 meses laborados son 1 cuota). Es decir que el trabajador necesitaría 100 años para jubilarse.

Como si fuera poco, este nuevo esquema aplicará en una primera etapa solo para trabajadores menores de 35 años, resultando evidente la discriminación etaria, profundizando los obstáculos para que los patronos contraten personas mayores de esta edad.

Esta reforma resulta insostenible y salvaje. Por esto, en mi condición de representante de la clase trabajadora, por el sector sindical, he manifestado mi rotunda oposición, de manera reiterada, por las graves implicaciones que tendrá en las personas trabajadoras.

Asimismo, informo y advierto que este asunto estará nuevamente en debate el próximo jueves 2 de setiembre.

En lugar de una consulta de mero trámite, en cumplimiento del artículo 9 constitucional, la Junta Directiva debería establecer espacios reales y democráticos de diálogo social, de forma que las políticas en materia de seguridad social no vayan en detrimento de los trabajadores y las familias del país.

UNDECA en defensa de la CCSS, contra la privatización de servicios

Será recibida en Casa Presidencial

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, será recibida en Casa Presidencial, este martes 30 de agosto, para iniciar el diálogo sobre las reiteradas acciones que buscan privatizar servicios en los hospitales y centros de atención en la CCSS.

Esta reunión es producto de las manifestaciones realizadas los días 20 y 29 de julio anterior, en donde cientos de trabajadores y trabajadoras se manifestaron frente a Casa Presidencial contra las maniobras para privatizar los servicios de vigilancia, aseo y otros.

En esas oportunidades, los trabajadores y trabajadoras, principalmente de los hospitales nacionales se manifestaron desde el Hospital Calderón Guardia hasta la Casa Presidencial, en donde entregaron documentos que contemplan, entre otros puntos, una rotunda oposición a la privatización, el incumplimiento reiterado a la Normativa que regula el carácter temporal y excepcional de estas contrataciones por la obligación de la CCSS, en la prestación de estos servicios con funcionarios institucionales; la objetividad y transparencia en los estudios de mercado, idoneidad del Recurso Humano de la Caja, actualización del estudio de la brecha de recurso humano, entre otros.

UNDECA ha liderado esta importante lucha que afecta directamente la calidad del servicio a los usuarios de la Caja en todo el país, con un alto y oneroso costo para el pueblo costarricense.

También, en este espacio, la dirigencia de UNDECA ha planteado la imperativa necesidad de poner al día y pagar oportuna y puntualmente el salario a los trabajadores.

Los dirigentes undequistas llegan con propuestas claras, objetivas y que buscan la defensa institucional de la salud pública de Costa Rica.

ANEP se adhiere a COLSIBA para fortalecer lucha de dignificación de trabajadores bananeros

Como parte del compromiso que tiene nuestra organización para la lucha y dignificación de este gremio, históricamente explotado, la Junta Directiva Nacional de la ANEP aprobó la adhesión a la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustria para fortalecer la lucha.  

Puede ver la información completa en el siguiente video: 

Catalina Crespo agrava la persecución sindical en la Defensoría de los Habitantes

Jueves 24 de agosto del 2022. El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes denuncia nuevos hechos persecutorios de parte de Catalina Crespo Sancho y Mario Zamora Cordero, en contra del Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez, con la intención de desacreditarlo y desmovilizar la lucha sindical.

Durante la presentación del informe anual en la Asamblea Legislativa, el pasado 30 de junio, Catalina Crespo, acusó al Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez de incurrir en un conflicto de intereses por el hecho de que a la vez ocupa un puesto directivo en la institución. Crespo trató de disimular sus intenciones persecutorias leyendo una carta que supuestamente le escribió una persona que ella metió en la Defensoría en calidad de meritorio, pero que en realidad la trajo para que la asesora en movidas en materia de recursos humanos. De hecho, cuando le solicitamos el documento, su despacho respondió: “lo que se dijo es lo único que se puede informar, por cuanto lo demás no es de acceso público”. Ante este atropello las acciones judiciales están en curso, para que no utilice el cargo de Defensora con el que fue honrada para refugiarse en la impunidad.

En esa misma ocasión, Catalina Crespo desacreditó públicamente la denuncia por persecución sindical que se investiga en su contra en el Ministerio de Trabajo, dando a entender a los diputados y diputadas que se trata de prácticas reiterativas del sindicato contra las personas que ocupan el cargo de Defensor/a, y no por los hechos persecutorios en los que incurre sistemáticamente.

Efectivamente, de manera sistemática, como actúan los acosadores laborales, el 7 de julio siguiente, Catalina Crespo fue al Territorio Indígena Salitre, donde se reunió con un grupo de personas que apoyan las usurpaciones de tierras indígenas, recogió una queja contra el compañero Álvaro Paniagua y otras personas, en la que de manera infundada lo acusan de actuar de manera parcializada. Aprovechando la ocasión, Crespo hizo caso omiso de la normativa interna, violentó el derecho de defensa y el debido proceso al compañero Paniagua, y sin ninguna valoración fue y planteó la queja como una denuncia penal ante el Ministerio Público.

La visita de Crespo a Salitre fue cubierta en exclusiva por el periodista Alexander Méndez, del diario Extra, quien desde el 5 de julio anunció la visita y preparó el terreno; posteriormente, los días 8, 11, 18 y 26 de julio, y el 6 de agosto, ese diario publicó el nombre y fotografías del compañero Paniagua, así como extractos y fotografías de la denuncia presentada por Crespo en su contra, en la que incluso consta el sello de recibido en el Ministerio Público.

Pero la sed persecutoria de Crespo parece ser insaciable. Ahora el periodista favorito de Crespo, Alexander Méndez, ha solicitado acceso a un expediente disciplinario que le abrieron al compañero Paniagua en el 2015. Lo que pareciera casual deja de serlo, pues la intención persecutoria es más que evidente.

“Efectivamente –manifestó el compañero Paniagua-, en el 2015 fui sancionado con una suspensión de 15 días debido a que cometí un error. Resulta que tuvimos que llevar de emergencia a mi madre al hospital, donde estuvo muy grave. Nos advirtieron que el seguro estaba a punto de vencer para que lo renováramos. En el Ebais nos pidieron, entre los requisitos, copia de mi orden patronal. Me pareció arbitrario que la CCSS solicitara un documento que ella misma expedía, pero insistieron. Como mi trabajo era defender los derechos de las poblaciones discriminadas, entre tales las personas adultas mayores, en ese momento, obnubilado por la salud de mi madre, me pareció totalmente normal enviarle un oficio institucional al Ebais, y así lo hice, le puse un consecutivo al oficio, expuse la situación, cité la normativa de aseguramiento de la CCSS y les solicité que rectificaran el procedimiento pues violentaba los derechos de las personas adultas mayores, y por si negaban la situación, puse de ejemplo el caso de mi madre. Ese fue mi error, en ese momento no me pasó por la cabeza que eso podría malinterpretarse. De hecho, hasta adjunté copia de mi orden patronal para que no se retrasara más el trámite de renovación. Y así de manera transparente, sin ningún dolo, imprudentemente, mezclé lo público con lo privado, y por eso fui sancionado. Año y medio después falleció mi madre.”

Contrario a lo esperado de una defensora de derechos de las personas, Catalina Crespo Sancho, ordenó que de inmediato se le entregara la información a la Extra, ante lo cual fue necesario recordarle las restricciones que estipula la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, en lo que se refiere a los datos sensibles y de acceso restringido.

Como ya ha sido ventilado en las redes sociales, no podemos pasar por alto el vínculo del candidato sucesor a Defensor, preferido de Crespo, Mario Zamora Cordero, con el diario Extra, para comprender cómo lo que parece ser casual da paso a lo evidente.

Repudiamos las estrategias persecutorias y criminalizantes de Catalina Crespo Sancho y de Mario Zamora Cordero, ambos denunciados por persecución sindical, quienes no dudan a atropellar el honor y la dignidad de las personas para lograr sus intereses.

Punto y Seguimos…

Enviado a SURCOS por SIDEF.

CTRN está cumpliendo 31 años de existencia este 24 de agosto

Rodrigo Aguilar Arce

El imperativo de toda organización social que forma parte del acontecer político y económico es la transformación, la modernización y el cambio.

Los sindicatos no escapan a esa realidad incuestionable y de hecho enfrentan sin número de retos producto de las grandes transformaciones ocurridas en las últimas décadas a nivel planetario.

La globalización de los mercados, los acuerdos de integración económica, la internacionalización de los capitales, la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos y a la cultura en general son, entre otras, manifestaciones del nuevo paradigma imperante.

Las repercusiones para los trabajadores son muchas y no todas positivas; por ejemplo: los cambios ocurridos en los mercados del trabajo se caracterizan por las altas tasas de trabajo informal, trabajo precario, tercerización y pobreza; así mismo, ha propiciado la incorporación cuantitativa y cualitativa de las mujeres, pero no siempre económicamente en forma equitativa ni de respeto a los mismos derechos que asiste a los hombres; no hay la menor duda que existen pocas oportunidades de puestos de trabajo decente para una juventud que en muchos campos se siente excluida y sin futuro.

Lo constatable es que el mundo cambiado y cambiante pone en aprietos los esquemas clásicos de organización sindical, el perfil del dirigente como sus orientaciones políticas, los valores y las formas de operar.

Tomando ese escenario como telón de fondo y siguiendo las orientaciones de la CSA y la CSI la CTRN y sus principales organizaciones afiliadas han venido realizando una serie de eventos de capacitación y “encerronas”, con el convencimiento de que hay que estimular el debate interno respecto a los esquemas de trabajo que se siguen, las concepciones político-sindicales prevalecientes, sobre las estructuras orgánicas establecidas y las formas de gestión acostumbradas. El fin último es impulsar un proceso que conduzca paulatinamente a hacer modificaciones, restructuraciones y formas de pensar acordes a las exigencias de los nuevos escenarios.

 La CTRN propugna por la unidad de los trabajadores/as como condición necesaria para protagonizar el perfeccionamiento de una democracia participativa.

 Defiende el Estado Social de Derecho como marco jurídico indispensable para la justicia social.

 Alienta políticas económicas que tengan a la persona humana como punto de partida del desarrollo y que sean justas, equilibradas y sostenibles.

 Respeta el Estado de Derecho siempre y cuando tenga sustento en el respeto de los Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y donde las leyes laborales sean realidad y no expectativas especialmente en lo concerniente a la libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga

 La CTRN avala, defiende, participa y promueve la democracia política, el respeto al Estado de Derecho en el tanto que salvaguarde la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga como condición insustituible para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus afiliados/as y de los trabajadores/as en general; así mismo, propugna por el mejoramiento de las políticas públicas y la calidad de los servicios en beneficio de la sociedad costarricense.

 La CTRN, la confederación sindical más representativa del país incide como agente político por la construcción de un mejor país con una cultura de tolerancia, el respeto de los derechos socio–laborales y la consolidación de una democracia abierta, plural, sin exclusiones, justa, equitativa y protectora del medio ambiente