Comunicado de Prensa por Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ES DESCOMUNAL Y ESTÁ FUERA DE CONTROL AL DÍA, EN EL ÚLTIMO SEMESTRE, CRECIÓ A RAZÓN DE POCO MÁS DE 9 MIL MILLONES DIARIOS
Con datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, aparecidos en prensa en esta fecha, a diciembre del año pasado 2021, el total de la deuda pública era de 27 billones 271 988 millones 400 mil colones. En cifras así: 27.271.988.400.000.
6 meses después, a junio de 2022, el monto de la deuda pública llegó a los 28 billones 914 mil 265 millones 530 mil colones. En cifras así: 28.914.265.530.000.
Es decir, la deuda pública creció en el último semestre en 1 billón 642.277 millones 130 mil colones: 1.642.277.130.000.
Esto quiere decir, 273 mil 712 millones 855 mil colones, cada mes del último semestre (273.712.855.000).
Por tanto, se manifestó un crecimiento diario de la deuda pública, en el último semestre, de 9 mil 123 millones 761.833 colones: ¡380 millones 156 mil 743 colones por hora!
Esta gigantesca cantidad de endeudamiento lleva aparejada la no menor cantidad gigantesca de pago de intereses. Durante el año 2021, por este concepto se consumió el 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, unos 5 mil 300 millones diarios (5.300.000.000).
Nuevamente, la ANEP alerta a la ciudadanía, a la clase trabajadora, al pueblo costarricense: es imposible aceptar que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo sigan “imperturbables” ante este desastre fiscal de consecuencias imposibles de imaginar ante la eventualidad de un estallido social o de una quiebra abierta y cruda del Estado.
Particularmente, la reciente propuesta del gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles de vender activos del Estado, como el Banco de Costa Rica (BCR), como la venta “camuflada” del Instituto Nacional de Seguros (INS), y la venta-subasta de las frecuencias del ICE, ni “cosquillas” le harán a la monstruosidad de la deuda pública tal y como lo reseñan datos del propio Ministerio de Hacienda. Reafirmamos la oposición rotunda de esta idea que consideramos descabellada e, por supuesto, ideológicamente matriculada.
ANEP reitera sus principales propuestas de emergencia ante la magnitud de la gravedad del problema de la deuda pública:
Una auditoría ciudadana de la deuda pública, mediando Ley de la República que incluya participación civil;
Una renegociación con los acreedores internos que, en conjunto, tienen tres cuartas partes del total de la deuda pública para, al menos, reducir el pago de intereses.
Tramitar con urgencia legislación para parar-atenuar el gigantesco fraude fiscal anual, estimado en 3 mil 600 millones de dólares por el actual mandatario, tomando como base la serie de propuestas que fueron consignadas en el informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá.
Profunda revisión del dispendioso régimen de exenciones y de exoneraciones de montos fiscales escandalosos en la actualidad.
ANEP estima que es más que urgente, a la vez, una articulación de las partes más conscientes de nuestra sociedad civil actual para forzar a la clase política a que aborde este problema con visión democrática y deje de mirar para otro lado, protegiendo así los más que abusivos sectores del capital financiero, de cuyo enriquecimiento a partir del estado actual de la deuda pública, el 99 % del pueblo costarricense no tiene noción porque le han venido ocultando la realidad de este mal que está amenazando la propia Democracia.
San José, sábado 20 de agosto de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
El sindicato, UNE-UNED, UNEDPRO, APROFUNED y AFAUNED demandamos lo siguiente:
Lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica:
Artículo 11 Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.
Artículo 78 La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
Artículo 85 Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.
En la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
Artículo 4 Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 26
La educación técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde se garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Así mismo, demandamos que se respete el acceso de nuestros jóvenes al capital cultural aportado por las universidades públicas.
Remuneraciones salariales dignas a docentes, investigadores, técnicos y administrativos.
Respetar lo establecido en la Constitución Política y leyes conexas relativo a los porcentajes dirigidos a la educación pública, toda vez que se redujo del 5% en el 2018 al 0,87 % en el 2021.
Eliminar los puestos interinos por medio de la asignación de plazas a los funcionarios universitarios.
Fortalecer el sistema de becas a la población estudiantil en áreas rurales y comunidades urbanas.
Por tanto, exigimos se cumplan las demandas antes expuestas al Poder Ejecutivo y autoridades universitarias.
Dado en la Sede Central de la Universidad Estatal a Distancia, viernes 19 de agosto de 2022.
Gabriel Quesada Avendaño Rafael López Alfaro
Secretario General Sindicato UNE-UNED Presidente UNEDPRO
Para la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), el informe de 100 días de la actual administración, queda debiendo en materia de diálogo social. Manifiestan que, a diferencia de otras organizaciones del sector privado, a esta Asociación no se le ha abierto las puertas de Casa Presidencial ni del MINAE, para dialogar acerca del modelo eléctrico nacional ni de la propuesta técnica que ASDEICE y el FIT realizaron sobre la conectividad 5G.
Consideran que el gobierno se ha inclinado por temas populares para la clase política tradicional, sin embargo, no ha abanderado otros temas estructurales como la evasión o elusión fiscal, tampoco identifican propuestas que permitan dar capacidad salarial a las personas trabajadoras para que puedan enfrentar el costo de vida. Finalmente, señalan que el tema de venta de activos del Estado únicamente está logrando que se polaricen las discusiones en el país y no brinda soluciones a largo plazo.
El presidente Chaves, al momento de su candidatura, NO se comprometió a la venta de activos del Estado. Esta Asociación apunta que de seguir en esta dirección, al gobierno de Chaves le pasará lo mismo que a anteriores: inician la gestión con un alto índice de popularidad, pero terminan con cifras récord de desaprobación.
Le invitamos a escuchar la exposición de César López Dávila en el siguiente video:
Bastante se ha hablado en días recientes a la sociedad costarricense sobre la quinta generación de redes móviles (popularmente conocida con las siglas 5G); esto desde Presidencia de la República, desde la alta jerarquía del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), desde el Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y desde vocerías de algunas Cámaras Empresariales. Sobre el tema, mucho se hablará en los próximos días.
Sin embargo, los puntos de vista de las autoridades y actores antes mencionados coinciden en todo o en parte, en el denominador común de delimitar la discusión de la temática, en la devolución o “recuperación” de frecuencias del espectro radioeléctrico que actualmente tiene el Grupo ICE, como aparente mecanismo para una rápida implementación de este tipo de servicios en el país.
Ante esta situación, la Federación Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del ICE y sus organizaciones (ASDEICE y SIICE), nos vemos en la obligación de manifestar ante la opinión pública, ante el honorable cuerpo de prensa nacional, y ante la clase política de todo signo, lo siguiente:
La Federación FIT y sus organizaciones estamos convencidos y a favor de que se implemente y ponga en operación en el país la red 5G lo antes posible.
La Federación FIT y sus organizaciones estamos igualmente convencidos, que generar la sensación y/o la expectativa, de que con la devolución o recuperación de frecuencias del espectro radioeléctrico otorgadas al Grupo ICE –atractivas para el sector privado – el país estaría en capacidad de tener a disposición servicios de la tecnología 5G en un menor tiempo; no es otra cosa que un espejismo.
Tal camino de la “recuperación” de frecuencias, transita por el largo y complejo camino de la licitación, el cual incluye los tiempos que requiere la reconversión del segmento del espectro, el establecimiento el cartel, la subasta, eventuales apelaciones, la formalización de la adjudicación, los títulos habilitantes (por no hablar de lapsos relacionados con el desarrollo de infraestructura del operador adjudicado), entre otros aspectos.
Desde la Federación FIT y sus organizaciones, tenemos la certeza que la vía de una sola red neutra administrada por el Grupo ICE, que sirva para todos los operadores, es la alternativa más viable, de menor costo, y por ende; la ruta que permite menores tiempos de entrega y menores costos, para beneficiar al usuario final de esta tecnología 5G. Para ello no hace falta la recuperación de las frecuencias del espectro con que cuenta el Grupo ICE.
Actualmente a nivel internacional, se encuentra en tendencia este tipo de formato de desarrollos. Sin embargo, de alternativas como esta poco o nada se habla desde las instancias citadas al inicio del presente documento.
Una vía posible para el financiamiento de este tipo de alternativas por parte del Grupo ICE, serían las alianzas público privadas con actores estratégicos y desde luego, el compromiso explícito y concreto de la Administración Chaves Robles, de que al Grupo ICE se le permitirá implementar los mecanismos para inversión y desarrollo sin obstáculos ni trabas.
HACIA UNA RED ÚNICA NACIONAL 5G:
El abordar la nueva tecnología 5G desde la óptica de la recuperación de frecuencias que actualmente tiene el Grupo ICE, limita los beneficios tanto para los usuarios como para las mismas empresas de telecomunicaciones. Además, alarga el tiempo que tomaría recuperar, licitar y asignar espectro, así como el tiempo de desarrollo de cada operador
La tecnología 5G brinda múltiples facilidades para su aprovechamiento, dentro de las cuales se tiene el servicio Slicing o NaaS (Network as a Service) 1, que suministra la posibilidad a clientes de obtener capacidades de dicha red en una oferta flexible de consumo. Algunos ejemplos son: España, cuando los operadores MásMóvil y Euskatel, y Vodafone y Orange anunciaron compartir red para reducir los costos de inversión en despliegue. Italia, donde se da compartición de infraestructura entre TIM Italia y Vodafone. Reino Unido, Vodafone comparte con O2 (Telefónica). De igual manera en Japón en especial en las zonas rurales, donde resulta extremadamente cara de desplegar. Y se tiene el caso más reciente de Malasia, que cuenta con una red neutral que comparte la red móvil 5G con los operadores del mercado.
Adicionalmente, en junio pasado salió publicada la ley 10.216, la cual tiene como finalidad incentivar la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en CR, y que en uno de sus principios rectores se señala que “…los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán velar por el uso compartido de los recursos para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, previo a la construcción de una nueva infraestructura.” El incremento en costos fue mencionado en el Foro Costa Rica Conectado, donde se comentó la importancia de compartir infraestructura para reducir costos.
Entonces, con el despliegue por parte del GRUPOICE de una red 5G, las otras empresas del mercado móvil podrían solicitar a aquel las facilidades para brindar servicios 5G, en otras palabras, una red virtual, lo cual ya cuenta con experiencias a nivel internacional. Dichas facilidades estarían respaldadas con contratos de calidad de servicio y con las bondades típicas de estas nuevas tecnologías, para poder realizar variaciones de capacidad según sus necesidades de manera automatizada y en tiempo real.
Esta situación implica que en lugar de tener 3 redes 5G, y las inversiones que esto conlleva, se tendría una sola red física y una única inversión, reduciendo sustancialmente el costo de las tarifas de servicios 5G para clientes, empresas y todos los habitantes de Costa Rica.
Por otro lado, los operadores pueden destinar las inversiones que tenían planificadas para adquisición de frecuencia y desarrollo de infraestructura en el despliegue de soluciones, que es donde realmente está la monetización de los servicios 5G.
Por consiguiente, la discusión por la recuperación de frecuencias no solo resulta estéril, sino que es una discusión que tecnológicamente fue superada. Seguir pretendiendo resolver el tema 5G con argumentos y supuestos de tecnologías anteriores no aporta en nada a la solución real del problema.
CONSIDERACIONES FINALES:
El errado camino de imponer la devolución de frecuencias al Grupo ICE, sin escuchar otros criterios; incluye hablar del debido proceso, de responsabilidades, y de otros temas que con frecuencia se omiten:
A) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias que le han sido concesionadas, es afirmar que las mismas, están subutilizadas, entonces el país merece saber:
Que los niveles técnicos del Grupo ICE presentaron sus propuestas desde años atrás para el desarrollo de la infraestructura de esta parte del espectro. ¿Qué razones hubo para que no fueran aprobadas por los puestos gerenciales, directivos y ejecutivos?… ¿Dónde están los formales y debidos procederes del Gobierno para sentar esas responsabilidades sobre el anterior Consejo Directivo del ICE, y las salientes presidencia ejecutiva, gerencia general y gerencia de telecomunicaciones; por incumplimiento de obligaciones?, ¿dónde está el correlato legislativo, de la fracción oficialista, para pedir la apertura de una comisión especial legislativa o tan si quiera una moción para que la comisión de ingreso y gasto público aborde el tema?
Mientras que el actual Gobierno no impulse que este tipo de responsabilidades se aborden formalmente y con seriedad, con los mecanismos procedentes en los tres poderes de la República, la afirmación de la subutilización será solo un ejemplo de lo exitosos que son las amarras para desmantelar en tractos las instituciones del Estado.
B) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias que le han sido concesionadas, es el supuesto que tal “recuperación” permitirá a SUTEL realizar una subasta para que operadores privados entren al desarrollo de este tipo tecnología, entonces el país merece saber:
En materia de 5G desde hace tiempo hay espectro para licitar. Actualmente el MICITT cuenta con 100 Mhz de espectro que lo tiene a su disposición. Mismo que puede haber subastado para tales propósitos (siguiendo los pasos de la experiencia pasada en las tecnologías 3G y 4G). Es desde el Consejo Directivo de la SUTEL desde donde se entraba el proceso bajo el pretexto que un proceso de licitación sin las frecuencias del Grupo ICE, no sería atractivo para el sector privado.
C) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias, es el supuesto de implementar en el menor tiempo este tipo de servicios, el país debe saber: La opción de la “recuperación” de frecuencias no es la ruta que más beneficia al usuario ni en tiempos de implementación ni en costos de servicio. Dicho camino, implica para entrar en operación un tiempo no menor a dos años, además, técnica y tecnológicamente ha sido superada por otro tipo de formatos como la red neutral.
La recuperación de frecuencias, implica un tema de debido proceso que incluye la responsabilidad de quiénes suscriban con su voto y/o firma tal devolución, sin tener la facultad para así hacerlo dado el marco de legalidad que regula la concesión otorgada al ICE de tal espectro electromagnético.
Presentar la “recuperación” de frecuencias como el mejor camino a seguir, sin escuchar antes otros criterios técnicos, es un fanatismo de corte neoliberal y una receta de continuismo del tripardisimo (PLUSC-PAC).El desarrollo de la red 5G, y sus escenarios, requiere compromiso de Gobierno de que al Grupo ICE se le garantice la inversión y desarrollo de esta tecnología.
¡LA FEDERACIÓN FIT LLAMA A LAS Y LOS TRABAJADORES A LA DEFENSA DE ICE TELECOMUNICACIONES Y A ESTAR VIGILANTES, PARA SENTAR RESPONSABILIDADES Y PASAR FACTURA A QUIENES DEBILITEN A LA INSTITUCIÓN!
El día miércoles 16 de agosto a eso de las 7:00 p.m., el señor Presidente de la República Rodrigo Chaves, presentó su informe de gobierno dentro del cual se citó algunos rumbos de gobernanza en relación con Grupo ICE entre los que se encuentran los siguientes:
Con respecto a la Conectividad 5G, se giraron instrucciones para que se realicen las gestiones necesarias para poner nuevamente a disposición del pueblo las frecuencias de espectro radioeléctrico y el desarrollo de la infraestructura para la conectividad 5G en el país. Sin embargo, olvidaron mencionar que la recuperación de las frecuencias y la infraestructura 5G están en punto muerto por parte de la Casa Presidencial, el Poder Ejecutivo y el MICITT, debido a la falta de audiencia.
En cuanto al Modelo Eléctrico Nacional, se tendrá una reducción en las tarifas eléctricas a partir del mes de octubre para contener el aumento de los costos de los productos y servicios. En contraparte, omitió informar sobre que el ICE posee los costos más bajos de electricidad a nivel de Centroamérica, además, que esa ruta trazada desde el gobierno despoja a la institución de herramientas que beneficiaban durante muchos años a los costarricenses.
Desde ASDEICE se hace un llamado a defender al ICE, la institucionalidad y el Estado Social de Derecho.
ASUNTO: Respaldo de UNDECA a las acciones del FRENASS en oposición a lareforma al Art. #63 del Reglamento del SEM oficio FRENASS-002-2022fechado 05 de agosto de 2022
Estimada señores, señoras:
Quien suscribe Luis Chavarría Vega Secretario General y Deivis Ovares Morales Secretario de Organización, ambos Directivos de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, en representación de nuestra organización, manifestamos nuestro apoyo a los planteamientos y observaciones realizados por los y las compañeras del FRENASS mediante el oficio indicado en el epígrafe, y que se refiere a la pretensión de ese órgano colegiado de reformar el artículo #63 del Reglamento del SEM, buscando la disminución de la base mínima contributiva, en favor de una parte del sector empresarial y poniendo en riesgo las finanzas institucionales por los recursos que se dejan de percibir.
Hacemos una exhortación a los integrantes de la Junta Directiva de la Caja de forma que este asunto se discuta de la manera más amplia con todos los sectores sociales que con acciones concretas y propuesta hemos demostrado nuestro interés por defender y fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social, en particular a los representantes laborales del Sector Cooperativo y Solidarista en la Junta, de forma que según el compromiso asumido con el sector al que representan, promuevan la búsqueda de amplios espacios de concertación social, sobre todo ante decisiones que atentan contra estabilidad económica de la benemérita CCSS, en tiempos en los que se ha mantenido una sostenida confrontación social, no se puede seguir posponiendo, ni soslayando la participación activa y proactiva de los sectores sociales, en la discusión y propuesta para la toma de decisiones trascendentales, máxime cuando se trata de la Institución que el pueblo reconoce como una herencia, un bien histórico de la reforma social de los años 40, lo cual además es consecuente con el mandato constitucional del Art. 9 de nuestra Carta Magna.
Apelamos a la sensatez y buen juicio de quienes integran el órgano de máxima autoridad en la Caja, de forma que no se continúe con la práctica de obviar el sentir social expresado en manifestaciones, documentación con propuesta y pronunciamientos los cuales al día de hoy no han sido tomados en cuenta para la toma de decisiones, lo que se percibe negativamente en quienes creemos en la participación democrática de estos procesos.
Señores (as) Junta Directiva
Caja Costarricense de Seguro Social
…/2/…
Respetuosos les instamos a recoger todas las inquietudes y planteamientos hechos por el FRENASS y reiteramos que es en la verdadera participación ciudadana y en la concertación social, de donde surgirán las verdaderas soluciones y las mejores decisiones para que la Caja pueda cumplir otros 80 años al servicio del pueblo de Costa Rica con sus principios de universalidad, solidaridad, vocación y espíritu de servicio, calidad en la atención, entrega, compromiso social, altruismo y empatía.
En espera de su atención y respuesta al amparo de los Derechos establecidos en el numeral 27 de nuestra Constitución Política y con la finalidad de hacer efectivos los preceptos constitucionales aquí invocados y sin otro particular, suscriben
Atentamente, Junta Directiva Nacional UNDECA
Luis Chavarría Vega, Secretario General y Deivis Ovares Morales, Secretario de Organización.
C: Compañeras y compañeros FRENASS. Compañeros y compañeras Foro Mario Devandas Brenes.
Ante el marco reduccionista del gobierno de Chaves y la argumentación falaz de la ministra de Educación, BUSSCO rechaza el recorte del 25% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y denuncia la grave afectación que esto significaría para el baluarte en la democracia y pilar de la construcción del Estado de Derecho como lo ha sido la educación pública.
Esto solo refleja la estrategia del sector neoliberal para debilitar la educación en el sector público, además de desprestigiarla para favorecer la privatización de los servicios.
Es por esto que BUSSCO muestra total apoyo al sistema educativo público y exige al gobierno que cumpla con el mandato constitucional otorgado a financiar la educación pública de este país.
El pasado lunes 8 de agosto tres trabajadores de la finca Piña Frut, en Roxana de Pococí, fueron reinstalados en sus puestos de trabajo, tras una larga espera de 11 años.
Le invitamos a ver el video compartido con SURCOS por SITRAP.
Así recibieron la noticia de que recuperaban sus puestos de trabajo tres trabajadores de la municipalidad de Sarapiquí, quienes fueron despedidos hace 5 años y 8 meses, por afiliarse al ANEP y por denunciar anomalías en el manejo de los fondos públicos municipales.
Tras denunciar tales anomalías e injusticias empezaron a recibir malos tratos hasta que finalizó en su despido. Al recibir la noticia estos tres trabajadores demuestran un profundo alivio y mucha felicidad al ver que se hizo justicia con ellos y tendrán sus puestos de vuelta, debido a que el despido los afectó mucho económicamente debido a las pocas fuentes de empleo en la zona por lo que incluso sus familias se vieron afectadas por la situación.
Además, a los trabajadores se les tendrán que pagar los salarios caídos de esos 5 años y 8 meses lo cual sin duda será de gran ayuda para ellos y sus familias.
La denuncia fue presentada por presuntos delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, entre otros.
Jueves 11 de agosto del 2022. El jefe de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes, Hernán Rojas Angulo, presentó una denuncia penal contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, y Mario Zamora Cordero, Director del Despacho, por posibles delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, entre otros.
En cumplimiento del artículo 281 del Código Procesal Penal, el Sr. Rojas Angulo interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, transparencia y Anticorrupción por presuntos actos irregulares e ilegales cometidos por Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, y Mario Zamora Cordero, quien al momento de los hechos fungía como Director del Despacho de Crespo.
Los delitos denunciados tienen relación con faltas al Deber de Probidad, incumplimiento de deberes, faltas al deber de control interno, abuso de autoridad, conflicto de intereses, tráfico de influencias, enriquecimiento y favorecimiento ilícitos.
Es importante señalar que cada uno de esos actos fueron debida y oportunamente advertidos por el Sr. Rojas Angulo directamente al Despacho de Crespo, sin embargo, nunca fueron atendidos como en derecho corresponde; por el contrario, la respuesta prepotente fue el hostigamiento y las constantes amenazas para que obedeciera, se callara y acatará las “ordenanzas” del Director del Despacho presuntamente emitidas con “órdenes superiores”.
El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría, es conocedor de las numerosas advertencias que ha realizado el Jefe deRecursos Humanos para que los procedimientos se ajusten a derecho, cuando se ha incurrido en nombramientos sin el cumplimiento de requisitos, el pago prolongado de recargos injustificables, el favorecimiento a asesores y allegados al Despacho, los traslados forzosos de directores y funcionarios sin una justificación específica, las insinuaciones infundadas de corrupción, entre tantas otras estrategias de hostigamiento laboral.
No estamos ante un conflicto interno entre el funcionariado y la Defensora de los Habitantes y su despacho, no estamos ante un conflicto personal, cientos de voces de la sociedad civil organizada nos dan la razón: estamos ante una crisis en la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, provocada por el autoritarismo de una jerarca que violenta los derechos laborales del personal y que ha desmantelado la Defensoría de los Habitantes, a la vista y paciencia de las autoridades nacionales e internacionales.
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