El SEC considera que la Planificación de la ruta económica que presentó el Poder Ejecutivo para contrarrestar los efectos negativos de la crisis provocada por el COVID-19 está centrada en proyectos de mediano y largo plazo que requieren de aprobación de las y los diputados y que por la dinámica engorrosa que en ocasiones adquiere la Asamblea Legislativa pueden volverse improductivos muchos de ellos.
El SEC ha enfatizado en la necesidad de elaborar un esquema de recuperación social y económica acorde a las características y problemáticas que enfrenta el país, tal y como lo señalamos en nuestra propuesta que se le presentó al Poder Ejecutivo días atrás.
El panorama macroeconómico es complejo, se están dando a nivel mundial cambios de los que no estará exento nuestro país, por lo que se requiere definir medidas fiscales y monetarias progresivas entre otras urgentes que le devuelvan a la población la tranquilidad emocional y su estabilidad económica.
Si bien es cierto, es importante la agilización de trámites, atracción de inversión y el incentivo a la producción de cáñamo, no obstante, todos los sectores requieren de programas estructurales más concretos que permitan profundizar en la recuperación ante la crisis.
La visión estratégica por parte del Ejecutivo debe enfocarse en las necesidades de las familias afectadas y que han visto anulada o precarizada su situación laboral, de lo contrario irá en aumento. Además, si se sigue apostando por el ajuste de jornadas lo que van a provocar es profundizar la desigualdad, lejos de activar todas las tareas productivas que el país requiere y mucho menos aliviar la afectación a estas trabajadoras y trabajadores como sus familias. Se requiere de la activación del mercado en vez de debilitarlo.
Además de ese paquete de propuestas económicas, es indispensable tener iniciativas monetarias, financieras y fiscales, con la debida participación más activa y decisiva por parte del Banco Central pero ciertos sectores conservadores se oponen a esto.
Es urgente señalar la necesidad del salvamento de instituciones como la CCSS la cual no parece estar en la mesa de forma detallada, más allá de una declaración difusa de la Ministra de Planificación, Pilar Garrido.
Finalmente, se anuncian más cambios que esperamos no sean postergados por un evidente cálculo político, aunque los mencionados hasta ahora, son soluciones que retardarán su ejecución en este contexto inédito.
Esperamos que esta crisis no sea utilizada para seguir promulgando reformas a nuestro Estado Social de Derecho con la afectación de la estructura de nuestro sistema público, ya que lanzar una reforma regresiva al empleo público en medio de una recesión económica de tal magnitud sería un error dramático y manifestación de los parámetros ideológicos con que nos han venido administrando los últimos Gobiernos.
Para el SEC es necesaria la construcción de una propuesta que incluya a todos los sectores y que defina plazos, metodologías y proyecciones más claras de este panorama.
Hoy más que nunca Costa Rica necesita del esfuerzo y liderazgo de todas y todos, para lograr la certidumbre que merecemos.
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