Recientemente, la Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Dirección Nacional del CEN-CINAI, con el objetivo de determinar si su proceso de planificación cumple con los marcos jurídicos y técnicos aplicables, así como la adaptación del modelo de compras institucional de la entidad. Actualmente, el CEN-CINAI, tiene como funciones:
Mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil
Promover el desarrollo de la niñez en condiciones de riesgo social o pobreza
Brindar atención diaria de calidad a la población menor de 13 en estas condiciones
Proporcionar servicios de atención a mujeres embarazadas y a sus familias
Además de esto, se busca que se brinde servicio a las familias de estas personas, para facilitar la participación de las personas responsables del cuido, en el sistema educativo y en el mercado laboral.
En esta auditoría se presentaron los siguientes hallazgos:
La población atendida en los servicios de atención, protección infantil y nutrición preventiva, mediante comidas servidas en el sitio, disminuyó un 37,3% en el período 2021-2023, lo que representa 19.986 personas menos en 78 cantones del país.
Las estadísticas reflejan que la Dirección atiende a menos población que previo a la pandemia por Covid-19.
Pese a un aumento en la capacidad instalada de atención se estima una subutilización del servicio cercana al 26% durante el 2021-2023.
No es posible determinar a nivel local, si la cobertura se gestiona de acuerdo con la demanda real del servicio y según tendencias demográficas de cada comunidad.
La dirección no cuenta con un instrumento de planificación operativa y tampoco existen criterios para planificar la cobertura de los servicios en el corto y mediano plazo.
Se pretende ampliar la vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI) al año 2030 sin análisis técnico, ni evaluación de los resultados al cierre del periodo original, realidad del entorno, ni un detalle de la programación correspondiente a 2024 en adelante.
En general, se encontraron debilidades de planificación que afectan la prestación del servicio, además de que la cobertura de los servicios no se sustenta en una planificación estratégica y operativa que responda a las necesidades de la población, ni se efectúan acciones de mejora continua al servicio basado en seguimiento de cumplimiento de metas. Las estadísticas de los últimos años muestran disminuciones significativas en la población atendida dentro de los establecimientos, y una subutilización del servicio cercana al 26%, mientras que fuera de los establecimientos, la población atendida disminuyó un 34%. Estas cifras alarmantes muestran que la población meta de estas políticas no está siendo atendida de manera apropiada.
La salud pública ha sido puesta en venta, particularmente tras la pandemia de COVID-19. Actores clave como el G7, Bill Gates y la industria farmacéutica, con la mirada impotente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acapararon vacunas y medicamentos, priorizando el beneficio económico sobre el acceso universal. Al final de 2021, más del 80% de la población de los países industrializados ya estaba vacunada, en contraste con menos del 20% en los países en desarrollo.
La privatización de la salud pública es evidente con el cambio de conceptos fundamentales. La OMS, que en 1977 introdujo el término «medicamentos esenciales», ha sido testigo de cómo se intenta sustituir esta noción por “contramedidas médicas”, un concepto que carece de sustento en salud pública y responde más a intereses comerciales.
A lo largo de los últimos años, el acceso a medicamentos ha empeorado, especialmente en los países en desarrollo, donde los altos costos de los fármacos biológicos, impulsados por las patentes y la falta de salvaguardas en los acuerdos comerciales, han hecho que tratamientos para enfermedades graves sean inalcanzables. Ejemplos como el “Zolgensma” (2.1 millones de dólares) y el “Hemgenix” (3.5 millones de dólares) evidencian esta situación.
La discusión sobre la salud pública sigue, con actores internacionales revisando el Reglamento Sanitario Internacional y negociando un tratado vinculante para la prevención de futuras pandemias. Sin embargo, el futuro parece inclinarse hacia un sistema donde los medicamentos son vistos como mercancías, alejándose de su estatus como bienes públicos esenciales.
Le invitamos a descargar y leer el texto completo en el PDF adjunto.
CITA: G Velásquez.(2024). Consejero especial de Políticas y Salud en el South Center, Ginebra (Suiza). Fuente: Le Monde Diplomatique en español, edición de octubre 2024. https://mondiplo.com/medicamentos-esenciales-bienes-publicos-o
El libro es la décimo octava obra del autor Moisés Pinzón Martínez, fue publicado en agosto del 2020 por la Editorial Ondas.
Compuesto por dos partes; Trinchera Mundial y Trinchera Nacional (Panamá), donde en la primera desbroza los acontecimientos generales de la pandemia en sus contradicciones, y como consecuencia las síntesis que surgen como resultado de ellas. Mientras que, en la segunda parte se centra en la situación en Panamá.
Entre los capítulos de la primera parte se encuentra: Banco Mundial y FMI ante la pandemia de COVID-19, Sueños de Opio de un ex Secretario de Estado, Grado de la Crisis COVID-19, Lucha de Clases COVID-19, Circunstancias nuevas creadas por el COVID-19, Factor Objetivo, Factor Subjetivo y la Situación Revolucionaria, Contradicciones Fundamentales y Bolton, lo que no dijo en su libro.
Por otro lado, los capítulos de la segunda parte del libro son Coronavirus en Panamá, ¿se están tomando medidas?, Panamá en el centro de la tormenta, Análisis a la presentación del presidente en tv, ¿Podrá descubrir por qué tirios y troyanos me marcan la distancia?, Criticar para resolver o murmurar para confundir, Entonces es o no es una feroz Guerra COVID-19, Luces largas que impactan las cortas, Panamá, qué hacer ante efecto dominó, Cómo la inteligencia termina con estercoleros de mentiras, Olmedo Plata: Un héroe silencioso como tantos.
El 21 de abril de 2008 se publicó un artículo en La Prensa titulado “Pasado y Futuro de la Crisis Inmobiliaria”. Este artículo se convirtió en un folleto titulado «La Última Crisis del Sistema Capitalista», que tuvo 3 ediciones y posteriormente evolucionó en el libro «Es Inevitable». El artículo original, de 700 palabras, resumía la evolución revolucionaria de la humanidad desde Roma hasta la crisis provocada por el Windows 95. En el artículo se predijo que en los próximos 10 años se produciría una cadena de conflictos que modificarían radicalmente las leyes y normas de la sociedad.
El autor pensaba que el colapso sería provocado por la quiebra del dólar, pero no lo escribió para no comprometer su credibilidad. El 10 de marzo de 2020, escribió el artículo “Coronavirus en Panamá, ¿se están tomando las medidas?”, anticipando que la pandemia del COVID-19 catalizaría un cambio sistémico profundo.
En el artículo del 31 de marzo de 2020, titulado “¿Podrá descubrir por qué tirios y troyanos me marcan distancia?”, el autor afirma que la pandemia provocará la caída del capitalismo y el surgimiento de un periodo de coexistencia pacífica hacia un sistema socialista mundial. El autor critica que los teóricos y analistas no han logrado sintetizar científicamente la crisis socioeconómica actual. El autor expresa su esperanza de que su trabajo contribuya, aunque sea mínimamente, a la correcta dirección histórica.
Se le invita a descargar el libro y reflexionar sobre su contenido y aporte crítico.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) ha emitido una manifestación, representada por Jorge Eduardo Cartín Elizondo, en la que expresan su profunda preocupación y rechazo a diversas medidas adoptadas en el marco de la pandemia del COVID-19, así como a tratados internacionales y decisiones gubernamentales.
En el comunicado dirigido a la Corte Plena del Consejo Superior del Poder Judicial, Cartín Elizondo, en calidad de representante del SITRAJUD, destaca los siguientes puntos:
Primacía del ser humano sobre el Estado: Se enfatiza que el ser humano antecede al Estado, y el Derecho Natural es superior al Derecho Positivo, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Derechos humanos inalienables: Se hace hincapié en que los seres humanos tienen derechos inalienables protegidos por tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros.
Rango supraconstitucional de tratados internacionales: Se argumenta que los tratados y acuerdos internacionales tienen rango supraconstitucional, debiendo interpretarse extensivamente en favor de la libertad y restrictivamente en lo que la limite.
Cuestionamientos a las medidas ante la pandemia: Se critica la imposición «ilegal» de medidas durante la pandemia, especialmente las relacionadas con la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19. Se señala que estas medidas han infringido diversos artículos de la Constitución Política y tratados internacionales, atentando contra derechos fundamentales como la vida y la salud.
Denuncia de ilegalidades en las decisiones del Gobierno: Se denuncia la emisión de decretos ejecutivos modificando leyes, como el Decreto N° 42889-S y N° 43249-S, que se consideran ilegales al imponer la obligatoriedad de la vacunación sin garantía legal y al vulnerar múltiples normativas y derechos.
Acusación de falta de prudencia en la pandemia: Se acusa al Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, la Comisión Nacional de Emergencias y el Colegio de Médicos de imponer restricciones sin un adecuado debate médico-científico, generando un atropello de derechos humanos y libertades individuales.
Rechazo a organizaciones supranacionales: Se rechaza la influencia de organizaciones como la ONU, OMS y WEF, considerándolas con conflictos de interés y sin representatividad democrática en Costa Rica.
Pedido de debate público y democrático: Solicitan la apertura de un proceso de debate público, libre y democrático sobre las medidas y tratados que afectan a la población costarricense.
El SITRAJUD adjunta pruebas documentales que, según ellos, demuestran el mal manejo de la pandemia y la falta de prudencia de las autoridades. Entre las pruebas se incluyen informes médicos sobre efectos adversos de la vacunación y comunicados sobre la falta de evidencia científica en decisiones clave.
El sindicato manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la soberanía del país, llamando a la reflexión y al debate público en torno a las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia y a tratados internacionales.
La información completa se encuentra en el PDF adjunto.
Dr. Fernando García Santamaría. Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Microbiología, UCR.
Por Fernando García Santamaría
La reciente pandemia Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, con más de 770 millones de casos estimados y más de 6.9 millones de muertes en tres años de crisis sanitaria, es un recordatorio que a pesar de los enormes avances médicos de los siglos XX y XXI, las enfermedades infecciosas siguen constituyendo una amenaza para la salud pública local, regional y global. Un reporte publicado el año pasado en la revista The Lancet llamó la atención de otra pandemia, que constituye una amenaza tal vez no tan nueva para la salud pública global, causando solo para el año 2019, el año pre-pandémico, casi 5 millones de muertes: la resistencia a antimicrobianos.
El desarrollo de los medicamentos antimicrobianos, incluyendo antibióticos (antibacterianos), antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, es uno de los principales avances médicos del siglo XX, que junto con el desarrollo de las vacunas y diversas medidas de higiene, como la potabilización del agua, los avances en el control de las enfermedades infecciosas en seres humanos han contribuido significativamente en su calidad de vida, disminuyendo la mortalidad infantil y aumentando la expectativa de vida en las sociedades modernas.
Debido a su enorme éxito inicial en las décadas de 1940 y 1950, el uso de los antimicrobianos ha sido intensivo desde entonces en el control de las infecciones en seres humanos, lo cual ha generado un problema de enormes dimensiones: el surgimiento de microorganismos resistentes al efecto de los medicamentos antimicrobianos.
El problema fue identificado desde el principio, pero se hizo evidente a particularmente de la década de 1970 y no se ha detenido desde entonces. La principal manifestación del problema se observa en las infecciones intrahospitalarias, en aquellos pacientes con varios días o semanas de hospitalización que son sometidos a diversos procedimientos médicos. Se debe recordar que el cuerpo humano se encuentra normalmente recubierto, en la piel y en las mucosas, por miles de millones de bacterias, siendo la mayor parte de ellas inocuas o beneficiosas; se estima que esta microbiota aporta aproximadamente 2 kg de nuestro peso corporal. Cuando se presenta una infección, la droga antimicrobiana se distribuye por todo el cuerpo, afectando no solamente al microorganismo causante de la infección, sino a toda la microbiota humana.
La resistencia emerge cuando los microorganismos cambian genéticamente con el tiempo, se adaptan a la presencia de antimicrobianos, aun en altas concentraciones, y eventualmente ya no responden a los medicamentos, haciendo que las infecciones sean más difíciles o imposibles de tratar y aumentando el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas, provocando un incremento en el número de infecciones y otras enfermedades asociadas (morbilidad) y la mortalidad. El costo de la resistencia a los antimicrobianos para las economías de los países y sus sistemas de salud puede llegar a ser significativo, por estancias hospitalarias más extensas y la necesidad de recurrir a medicamentos más caros y de cuidados intensivos de mayor complejidad.
Sin embargo, el problema ha dejado de ser exclusivo de los servicios de salud y se han trasladado a las comunidades. Es cada vez más frecuente la ocurrencia de infecciones adquiridas en la comunidad por microorganismos resistentes y muchas veces ingresan con estas infecciones a nuestros hospitales. Algunas de las bacterias que causan infecciones en los seres humanos en Costa Rica son resistentes a la mayoría de los antibióticos, incluyendo los antibióticos más potentes disponibles: los carbapenems.
Una vez que se presenta la resistencia a este tipo de antibióticos, las alternativas terapéuticas disponibles en nuestros servicios de salud prácticamente desaparecen para nuestros pacientes que sufren neumonía, septicemia, infecciones urinarias, infecciones en recién nacidos y pacientes de unidades de cuidados intensivos. Los procedimientos médicos, como las cirugías, incluidas las cesáreas o los reemplazos de cadera, la quimioterapia contra el cáncer y los trasplantes de órganos, a manera de ejemplos, serán mucho más riesgosos.
No obstante, lo hasta acá descrito representa solamente la mitad del problema. La misma situación se ha ido presentando paulatinamente en las infecciones causadas por microorganismos resistentes en mascotas y animales de compañía y de producción pecuaria intensiva, particularmente aves de corral y porcinos. Los antimicrobianos son además utilizados de forma precautoria, mezclados con los alimentos o con el agua que consumen los animales, para evitar infecciones clínicas o subclínicas y tengan una mayor ganancia de peso.
En la producción agrícola los antimicrobianos se utilizan, en forma de pesticidas, para el control de infecciones que afectan diversos tipos de cultivo, incluyendo hortalizas y plantas ornamentales. No es inusual encontrar miles de bacterias resistentes a los antibióticos en las hortalizas que consumimos a diario. Las implicaciones económicas y el impacto ambiental son significativos también en estos sectores.
De esta manera, los microorganismos resistentes a los medicamentos se encuentran en las personas, los animales, los alimentos, las plantas y el medio ambiente (en el agua, el suelo y el aire) y pueden transmitirse de persona a persona o entre personas y animales, incluso a través de alimentos de origen animal o vegetal. Las principales causas de la resistencia incluyen el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos, la falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene tanto para humanos, animales y plantas, la mala o inadecuada prevención y control de infecciones en servicios de salud y en granjas animales, el acceso deficiente a medicamentos y vacunas de calidad, ausencia de medios para realizar un diagnóstico oportuno y certero.
También es importante abordar la falta de conciencia y de información apropiada, tanto en el ámbito académico y el profesional, como en el público en general como consumidores finales de antibióticos. Aún existen además muchos vacíos de conocimiento, no solamente en el ámbito clínico o pecuario, sino también sobre las implicaciones bioéticas, políticas, sociales, económicas y ambientales del problema de la resistencia a antimicrobianos.
A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Plan de Acción Global sobre la Resistencia a Antimicrobianos durante la Asamblea Mundial de la Salud de 2015 y los países miembros se comprometieron con el desarrollo y la implementación de planes de acción nacionales multisectoriales, que posteriormente fue respaldado por los órganos rectores de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) bajo el principio de Una Salud (One Health), para que en las acciones a realizar se involucren seres humanos, animales, sectores de salud vegetal y ambiental.
En ese contexto, un grupo de expertos nacionales desarrolló el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos Costa Rica 2018-2025 (decreto Decreto 41.385-S, publicado el 4 de enero de 2019 en La Gaceta). Algunos elementos de ese plan se han podido desarrollar o mejorar los ya existentes, destacando el Programa de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y los Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA) implementados en algunos servicios de salud, públicos y privados del país.
Pero este esfuerzo, en mi opinión, ha sido insuficiente y hasta cierto punto relegado por otras prioridades en salud. Es urgente que las autoridades correspondientes y la sociedad costarricense en general le den a este problema de salud pública la importancia que merece. El Plan de Acción Nacional no debe convertirse en letra muerta ni es un documento final, el gobierno debe dotar de recursos humanos y económicos de manera sostenible para fortalecerlo. El país requiere con premura de este Plan de Acción Nacional, para que represente una oportunidad para promover el trabajo intersectorial entre todos los actores involucrados, incluyendo el sector político, las universidades públicas y privadas, los colegios profesionales y las asociaciones de especialistas y, por supuesto, la industria farmacéutica, entre otros, para crear grupos de trabajo y poder así abordar todas las aristas de este complejo problema.
Es importante mejorar la educación, la concientización y la comunicación pública sobre la resistencia a los antimicrobianos, mejorar el diagnóstico clínico y los sistemas de vigilancia del surgimiento y dispersión de microorganismos resistentes, implementar medidas de prevención y control de infecciones, incluyendo los programas de vacunación, definir protocolos de tratamiento y guías clínicas, y generar estrategias de producción agropecuaria que tiendan a disminuir el consumo de antimicrobianos y la contención de microorganismos resistentes. Resulta también fundamental promover la investigación en el desarrollo de novedosas medidas preventivas y nuevos medicamentos y otras alternativas terapéuticas con la participación activa de la industria farmacéutica y el sector académico nacional.
Es urgente el compromiso entre todos los actores para procurar una forma más prudente y racional de utilizar los antimicrobianos. Somos nosotros, los seres humanos, quienes provocamos el problema, somos nosotros también quienes debemos hacer el esfuerzo por contenerlo y preservar la utilidad futura de los medicamentos antimicrobianos. Es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y no debemos evadirla.
Fernando García Santamaría, PhD – Profesor Catedrático Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica
Los equipos ganadores de la ediciòn 2023 del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) deben estar en interacción permanente con académicos y académicas de todo el mundo, con un ámbito temático igualmente abierto a las artes, las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales.
Los trabajos premiados se caracterizan por ser innovadores y pluridisciplinarios
El Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) de la Universidad de Costa Rica es un semillero que promueve y posibilita respuestas a problemas complejos «pensar cosas que no han sido previamente pensadas».
El espacio de UCREA, creado en el 2014, es un marco multi y transdisciplinario, innovador e internacional, de investigación de alto nivel, que permite el encuentro y la discusión entre el personal académico de la UCR con la comunidad académica del mundo, en un amplio espectro temático, abierto a las artes, las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales.
Los proyectos presentados ante UCREA deben caracterizarse por la originalidad de las ideas, la novedad de las propuestas y la relevancia respecto de la sociedad en su conjunto. Es así como los proyectos responden a preguntas urgentes y complejas de la sociedad y en concordancia con los principios que rigen a la Universidad de Costa Rica.
Para este 2023 UCREA estableció tres ejes prioritarios:
“Pandemia Covid 19”: las consecuencias de esta pandemia no terminan manifestarse. Es por lo tanto, de sumo interés invitar propuestas que reflexionen sobre las profundas transformaciones e impactos que dicho fenómeno continúa produciendo en diversos ámbitos.
“Crisis Climática”: la crisis climática no posee fronteras y tiene múltiples dimensiones. Es un desafío que atraviesa disciplinas y prácticas. UCREA invita a presentar propuestas que aborden esta temática, de manera original e innovadora.
“Democracia”: el ejercicio democrático del poder es objeto de ataques constantes y nunca se puede dar por sentado. Por esta razón, UCREA acoge propuestas que reflexionen sobre los desafíos, problemas y manifestaciones que afectan actualmente el ejercicio, la conceptualización y la práctica de la democracia.
Cuatro proyectos se hicieron acreedores a los premios de este 2023, los cuales reúnen todas las condiciones para obtener el apoyo económico necesario para hacer realidad las ideas planteadas. Cada proyecto recibe entre ¢30 y ¢50 millones de colones. Las distinciones fueron entregadas por parte de la Vicerrectoría de Investigación, en un acto especial el pasado 5 de setiembre, tras un proceso que implicó, según detalla la vicerectora María Laura Arias Echandi, la revisión de cerca de 70 proyectos con características de investigación de muy alto nivel, que concursaron para optar por uno de los premios UCREA.
«En momentos en que la UCR está siendo fuertemente atacada por muy variados actores sociales y políticos, por la formación profesional en Ciencias Sociales, humanidades, arte y cultura, me satisface mucho que dos de los cuatro proyectos ganadores en este 2023 tengan la particularidad de no remitirse al campo de las tan mencionadas carreras de ciencia y tecnología (STEAM) y nos presentan un componente social bastante fuerte. Y digo que me satisface porque el ser humano debe recibir una formación integral en la cual confluyan las ciencias, pero también el arte, la cultura, la ciencia social. Los proyectos premiados cada año por UCREA son la joya de exhibición para la institución, el país, la región, y el mundo» concluyò la vicerectora.
Conozca cada uno de los proyectos ganadores 2023
“Potencial aumento del riesgo en Costa Rica y Nicaragua por causa de ciclones tropicales en el Caribe”
Desde el 2016 la región de Costa Rica y Nicaragua se ha visto afectada con al menos 5 ciclones tropicales del Caribe que han producido considerables daños materiales y de vidas humanas. Uno de los objetivos de este proyecto es determinar una respuesta a la pregunta: “¿existe una huella humana en el clima lo suficientemente discernible sobre los efectos naturales que hace que en los últimos años los ciclones tropicales del Caribe están impactando (o que impactarán en el futuro) con más frecuencia regiones vulnerables de Costa Rica y Nicaragua?”.
Se dará un intercambio de conocimiento entre la sociedad civil e instituciones vinculadas a la gestión del riesgo, así como la socialización del conocimiento científico generado en investigaciones del consorcio y los resultados de este proyecto.
Se enlazará con las instituciones de educación, atención, planificación y preparación de emergencias, así como con las comunidades directamente (en Costa Rica). La propuesta comprende investigadores especialistas en meteorología, ciencias de la atmósfera, hidroclimatología, geografía (física y social), matemática, geociencias, estadística y gestión de recursos del agua.
Integrantes del equipo: Hugo G. Hidalgo, Ph.D. Eric J. Alfaro, Ph.D. Luis A. Barboza, Ph.D. Shu Wei Chou-Chen, Ph.D. Henry Díaz, Ph.D. Lic. Mario Gómez Dr. Daniel Hernández Deckers Tito Maldonado, Ph.D. M.Sc. Paula Marcela Pérez-Briceño Dr. Adolfo Quesada Román Erick R. Rivera, Ph.D. M.Sc. Fernán Sáenz Katherine Vammen, Ph.D.
“El costo de una vida digna en Costa Rica. Ingreso vital y la construcción de metodologías para el cálculo de variaciones territoriales”
Una vida digna es aquella que permite a una persona o familia tener satisfechas sus necesidades básicas (y sus derechos humanos), a la vez que goza de una autonomía para lograr su autorrealización. Esta propuesta de investigación consiste en la construcción y aplicación de diversas metodologías para calcular las variaciones territoriales-regionales del ingreso vital, es decir un ingreso que puede costear una vida digna, en diferentes territorios de Costa Rica.
La investigación se enfoca en analizar cómo las variaciones territoriales del lugar de residencia se han constituido como un clivaje en la producción y reproducción de las desigualdades en Costa Rica. Esta propuesta representa un esfuerzo de trabajo interdisciplinario para perseguir el objetivo de tener información desagregada para la estimación del ingreso vital requerido para acceder a una vida digna en diferentes partes del país, impulsado por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) y el Anker Research Institute (ARI).
En un contexto nacional de altos costos de la canasta básica, en el que los precios más elevados corresponden a los dos gastos más importantes de los hogares (alimentación – 23,8%; transporte – 15,5%) resulta importante cuestionar las medidas de pobreza existentes. Esto permitiría profundizar la comprensión de las diferencias socioeconómicas en el país a nivel territorial y daría relevantes insumos para futuras investigaciones y políticas públicas en torno a la desigualdad social y la pobreza en Costa Rica.
Integrantes del equipo: Koen Voorend, PhD Fabio Sanchez, PhD Luis A. Barboza, PhD Richard Anker, PhD Marcelo Dejara, PhD Yury García Puerta, PhD Alejandra Arias Sánchez, PhD Shu-Wei Chou-Chen, PhD M.A. Martha Anker M.Sc. Rebeca Sura Fonseca Lic. Daniel Alvarado Abarca B.S. María José Hidalgo Gutiérrez
Influence of coffee management practices on the accumulation pattern of bioactive compounds in fruits and leaves of coffee (Coffea arabica L.): an innovative mathematical model based on soil properties, microbial community composition, and plant physiology” (Influencia de las prácticas de manejo del café en el patrón de acumulación de compuestos bioactivos en frutos y hojas de café (Coffea arabica L.): un modelo matemático innovador basado en las propiedades del suelo, la composición de la comunidad microbiana y la fisiología de las plantas”)
La calidad de la bebida de café, definida en términos de la acumulación de compuestos bioactivos, está influenciada por las reacciones químicas que ocurren en las hojas y los frutos. La genética, la fisiología vegetal y el medio ambiente juegan un papel en la determinación del potencial genético y productivo del cultivo.
Esta investigación tiene como objetivo utilizar un enfoque transdisciplinario para comprender cómo las diferentes prácticas de manejo del café influyen en las comunidades microbianas del suelo y su efecto en la acumulación de compuestos bioactivos en hojas y frutos, para guiar futuras investigaciones en el desarrollo de mejores y más sostenibles estrategias de manejo, cosecha y procesamiento.
Proporcionará información valiosa y conducirá a prácticas de producción de café más efectivas y sostenibles que, en última instancia, beneficiarán tanto al medio ambiente como a las personas involucradas en la producción y el consumo de café. La calidad de la taza de café es sensible a las prácticas agrícolas de manejo, el cultivo, el ambiente y el procesamiento y también puede servir como un factor de diferenciación en el mercado.
La combinación de impacto científico y práctico hace que este proyecto de investigación sea muy relevante y valioso tanto para la comunidad académica como para el sector cafetalero. Al adoptar prácticas de gestión sostenible, sería posible establecer poblaciones microbianas favorables a largo plazo, lo que conduciría a un uso reducido de agroquímicos, una mejor conservación del suelo y el agua y una producción más sostenible.
Integrantes del equipo : Dr. Andrés Gatica Arias (coordinador) Dr. Dirk Berkelmann Junior Pastor Peréz Molina, Ph.D. MSc. Laura Brenes Guillén Dr. Víctor Jiménez García Máster Víctor Manuel Vásquez Chaves Maikol Solís Chacón, Ph.D. Roger Fallas, Ph.D. Fabián Echeverría Beirute, Ph.D. José Pablo Jiménez, Ph.D. Valeria Faggioli, Ph.D. Dra. Karolina Villagra Mendoza Elias de Melo Virginio Filho, Ph.D.
«Developing a Latin America and the Caribbean Regional Energy Systems Model to Support Climate Related Decision Making»(«Desarrollo de un modelo de sistemas energéticos regionales en América Latina y el Caribe para apoyar la toma de decisiones relacionadas con el clima»)
Los efectos del cambio climático ya son evidentes en América Latina y el Caribe. Los impactos van desde el aumento de las sequías y las inundaciones hasta la modificación de los patrones de los huracanes. El cambio climático ha afectado a la salud de los ecosistemas de la región y a los medios de subsistencia de millones de personas. La mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es un componente crítico para combatir tales efectos.
El sector energético -incluyendo electricidad, industria y transporte- representa alrededor del 44% de las emisiones de GEI en la región. Una transformación hacia tecnologías con cero o bajas emisiones de carbono en estos sectores es crucial para permitir la descarbonización. Los datos necesarios para estudiar las transformaciones suelen ser escasos y con frecuencia se hacen suposiciones para desarrollar estas estrategias de descarbonización, también conocidas como estrategias a largo plazo.
Este proyecto abordará varios retos regionales clave para la transición energética. Desarrollará un modelo de datos abiertos y código abierto del sector energético de América Latina y el Caribe para evaluar las vías de descarbonización sectorial que ayuden a alcanzar los objetivos regionales y nacionales de emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) cero para el año 2050.
La contribución va más allá de un modelo. Se producirán flujos de trabajo para ayudar a los equipos a nivel de país a evaluar las estrategias de descarbonización que luego pueden utilizarse para apoyar a los gobiernos nacionales en el diseño de políticas relacionadas con el clima y la energía.
También se investigará la cadena de valor completa de la producción de hidrógeno verde -una pieza actualmente ausente en la región y se incorporará al modelo para estudiar su papel en la transición energética. También se tiene previsto estudiar las medidas políticas encaminadas a una transición justa en el sector energético analizando los retos previstos para la región.
Integrantes del equipo: Dr. Jairo Quirós Tortos Dra. Jessica Roccard Eng. Mariana Rodríguez-Arce MSc. Luis Victor-Gallardo Dr. Taco Niet Dr. Andréanne Doyon Eng. Mina Mirhosseini MSc. Trevor Barnes MSc. Kamaria Kuling MSc. Yalda Saedi
María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Luego de un riguroso proceso de evaluación, la vacuna anti-COVID-19 Abdala suma otro logro en su objetivo de salvar vidas en Cuba y en otras naciones.
Según un tuit de BioCubaFarma, el fármaco, obra del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), recibió la aprobación de la Autoridad Reguladora mexicana Cofepris, para ser utilizado en edades pediátricas a partir de los cinco años.
La noticia llega justo cuando el CIGB celebra su aniversario 37, con sus trabajadores llenos de orgullo «por la confianza y responsabilidad que Fidel y la máxima dirección del país depositaron en cada uno de nosotros; conscientes de que el futuro nos depara nuevos retos en la construcción de una Cuba mejor», afirmaron desde la cuenta en Twitter de la institución.
«Ustedes son orgullo de nuestra ciencia. Con sus productos se han salvado muchas vidas en Cuba y en otras partes del mundo», les dijo, en la misma red social, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.
Desde el Observatorio Económico y Social, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, el coordinador y economista, Fernando Rodríguez Garro, nos comparte un análisis de la notable situación que se vive en busca de la recuperación socioeconómica del país post pandemia.
La pandemia del COVID-19 provocó una situación inédita en la historia económica reciente del mundo, una crisis profunda provocada por las medidas sanitarias, que fue repentina, relativamente rápida, pero de efectos importantes. En Costa Rica implicó la duplicación del desempleo, el aumento de la pobreza y el deterioro de la capacidad del gobierno de responder con medidas anticíclicas, que permitiese responder con fuerza ante los efectos que el cierre de negocios y la paralización de actividades económicas provocó entre la población del país. A esto debe sumarse que la Administración Alvarado Quesada no impulsó medidas para buscar ingresos adicionales temporales, que permitiese extender las ayudas del Bono Proteger, que solo funcionaron 3 meses, y tampoco quiso suspender la aplicación de la regla fiscal, lo que pudo hacer dadas las condiciones excepcionales existentes. Entonces, no solo enfrentamos problemas económicos importantes de forma muy intensiva, sino que no tuvimos las condiciones financieras para compensarlas, no buscamos ingresos adicionales para hacerlo y no le dimos al Estado la flexibilidad para enfrentar las consecuencias de esta crisis.
Como sociedad no previmos la principal implicación en el mediano y largo plazo de esta situación: su efecto en el bienestar humano y el deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de la población más vulnerable. Aunque hubo, en efecto, una recuperación en medio de la propia pandemia e incluso en la etapa actual, que podemos llamar post pandémica, el deterioro de algunos indicadores se mantuvo o se acumuló a los problemas que venían desde antes. El desempleo, por ejemplo, se disparó desde la anterior crisis en el año 2009, debido a la caída del sector inmobiliario en el país, situación que incluso ya había empezado a desmejorar previo a la pandemia, propiamente en el año 2019, cuando el crecimiento económico del país empezaba a ralentizarse y el desempleo tocaba el máximo de la década previa, llegando a un 12%.
En la década previa a la pandemia del COVID-19 no hubo un atisbo de recuperación del empleo, incluso los problemas se extendieron a lo largo de todo este tiempo. Según una publicación del medio La Nación, el desempleo juvenil (entre personas de 15 a 24 años) ha duplicado el nivel de desempleo general del país, desde el inicio del cálculo de la Encuesta Continua de Empleo en el año 2010. En los trimestres previos al 2020, año de la pandemia, el desempleo juvenil incluso escaló hasta el 30% a nivel nacional y sobrepasó ese nivel, por ejemplo, en el tercer trimestre del 2019 el desempleo juvenil alcanzó un 35,14%. La pandemia disparó este problema, rozando el 50% de desempleo juvenil en el segundo trimestre del 2020.
Desde el Observatorio Económico y Social UNA, hemos advertido de esta situación desde el año 2019, el deterioro que estábamos sufriendo en el caso de los jóvenes y la distribución desigual de este tema en las distintas regiones del país, con las regiones costeras sufriendo el problema con mayor énfasis. Luego de esa situación, el fin de la pandemia y el fin de las medidas de restricción para casi la totalidad de los negocios, sumado a otros factores regionales y locales, los problemas de seguridad han crecido, los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes se incrementan y los homicidios en el país crecen de forma preocupante. Precisamente las zonas costeras y, propiamente, los cantones de Puntarenas y Limón son de los más afectados por estos fenómenos, precisamente las zonas donde desde hace tiempo el problema del desempleo juvenil viene en crecimiento, incluso desde antes de la pandemia como se indicaba anteriormente.
¿Qué hacer? La pandemia dejó una huella que aún nos afecta, pero este problema está más entronizado de lo que habíamos pensado. Jóvenes con problemas para encontrar empleo en sus primeras experiencias laborales, muchachas y muchachos que dejan los estudios sin posibilidad de integrarse al mercado laboral, una política pública insuficiente y sin enfoque regional, un gasto en educación en retroceso y una economía enfocada en la creación de trabajos calificados (los jóvenes apenas están en proceso de formación laboral), son la realidad que debemos enfrentar.
“Deberíamos dedicar más recursos a una formación técnica que sea transversal a la formación diversificada en los colegios del país, por ejemplo, enseñándoles a los jóvenes sobre manejo de aspectos que pueden incidir en su empleabilidad, como el manejo de redes o mejorando de forma importante el manejo de un segundo idioma”, indica el académico Rodríguez.
Los colegios deberían ser lugares modernos, seguros y que permitan el uso seguro de espacios de socialización, como los lugares para la práctica del deporte. Para eso necesitamos invertir en tecnología y en infraestructura física, pero no se puede lograr eso con un gasto en educación en franco retroceso. Además, es difícil mantenerse estudiando cuando las necesidades materiales en el hogar se multiplican, por lo que las ayudas públicas a los hogares con jóvenes son muy importantes. Desaplicar la regla fiscal en las ayudas públicas, como becas y subsidios es muy importante, así como no aplicarla sobre los gastos de inversión y equipamiento de los centros educativos.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
En su LIII aniversario, la emergencia nacional provocada por la pandemia del Covid-19 trajo a flote la crisis que arrastraba el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), acumulada en los últimos treinta años y acelerada en los últimos diez. Merced a la contrarreforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado con los tristemente célebres Planes de Ajuste Estructural (PAEs), dicho ministerio fue despojado de algunas de las funciones estratégicas para las que originalmente fue creado. Por eso carga con serias limitaciones para responder a una realidad cambiante y también en crisis, la cual se expresa en una sociedad trastocada por el cambio global y por una creciente y profunda desigualdad estructural.
Frente a ese aniversario y ante el opaco bicentenario de la “república”, muchas personas pensamos que bien valdría la pena realizar un balance colectivo del ministerio y de las políticas culturales en Costa Rica para repensar lo que se había hecho y dejado de hacer, pero, fundamentalmente, sobre el rol que debería jugar el MCJ en el futuro cercano, sin olvidar que, al menos simbólicamente, también es el ministerio de la juventud. Con acendrada ingenuidad, esperamos a que el mismo ministerio, en las últimas dos administraciones, se abocara a ello con la presencia organizada de los sectores involucrados en el quehacer cultural y artístico del país. Con Godot, continuamos esperando.
Es importante recordar que el 5 de julio de 1971, mediante la Ley No. 4788, se crea el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, de modo tal que la cartera involucraba también a la Juventud y al Deporte. (El pequeño ministerio se había incubado en la otrora Dirección de Artes y Letras del Ministerio de Educación, cuyo gran impulsor, entre otros, fuera el artista y arquitecto Rafael Ángel “Felo” García). En los años setenta y parte de los ochenta, funcionó el Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ) un vigoroso proyecto con casas de la juventud por todo el país. Más tarde se eliminó al “movi” (así lo llamábamos) porque coadyudaba a generar dirigentes juveniles conscientes y críticos (¡con instructores israelíes!), muchos de los cuales pasaban a las organizaciones políticas de izquierda. Pero, además era el ente rector del deporte; luego se creó el ICODER quitándole esa papa caliente al ministerio, cuyo quehacer en esa rama era casi decorativo.
La creación del MCJ obedeció al objetivo estratégico del proyecto original promovido por los llamados “hombres de letras” del Partido Liberación Nacional, jefeados por don Alberto “Beto” Cañas Escalante, en un contexto marcado por la guerra fría y por las consecuencias de la guerra civil con sus persecuciones y su anticomunismo. Como en tantas otras acciones socialdemócratas y socialcristianas, el MCJD funcionó para institucionalizar conflictos y sectores “en pugna”. El Ministerio nace sin saldar la eterna disputa entre “Cultura” y/o “Bellas Artes”, es decir, entre la visión “bellaletrista y bellartística” y el concepto antropológico en el cual la cultura se entiende de manera más amplia e integral. Era una concepción difusionista: fortalecer las bellas artes, llevar la cultura a quienes no la “tenían”, ir a las comunidades con un proyecto de extensión jerárquico y patriarcal. Para ello había que crear conjuntos artísticos (OSN, CNT, CND, TNT…), museos, bibliotecas, entre otros entes; más tarde, cuando el concepto antropológico se fue imponiendo, se crearon direcciones regionales y casas de la cultura con un nuevo discurso acerca de cierta “regionalización” ante el pudor de una conciencia vallecentrista asumida a medias. Eso hizo aguas muy pronto y el ministerio no se reactualizó, sino que, al contrario, se recortó.
Ya entrado el nuevo milenio, el MCJ se fue adaptando a la contrarreforma y extendiéndose más al espectáculo (FIA, FNA, Feria del Libro, Festival de Cine, etc.) y apoyando las incipientes industrias culturales. La actividad cultural pasaba de ser prioridad del estado (benefactor) a dejarse en manos de la iniciativa privada que, de todas maneras (rezaba el slogan) “produce libertad”. En los últimos años se le dio prioridad a los “pequeños productores de cultura” (artesanos y emprendimientos “artísticos”) e incluso los grandes proyectos de masas tipo FIA o FNA hicieron aguas, ya por la desidia, ya por la impericia de los tres últimos (des)gobiernos. Es claro que el ministerio transitaba a la deriva dependiendo de las administraciones o de las “personalidades” de sus ministros o ministras, así como de sus efímeros equipos de trabajo.
Ante la crisis prolongada y con la emergencia de la pandemia, algunos “artistas” pegaron el grito al cielo (yo me preguntaba: ¿por qué no lo hicieron antes?, ¿por que hasta los tiempos del Covid 19?), amenazando incluso con acusaciones y anatemas, a la vez que lanzaban un estentóreo SOS. Muchos de ellos comparaban al ministerio con una suerte de CNP, ICT, INVU o IMAS, sin comprender la naturaleza del mismo ni la amplitud del concepto cultura constreñido, según sus visiones, a la “actividad artística”. Otros, como quien esto escribe, pensamos que ya era demasiado tarde para pataleos puesto que hacía algunos años le habían dado el tiro de gracia. La contrarreforma neoliberal lo precarizó, los tres últimos gobiernos lo desmantelaron. Sin embargo, “del ahogado el sombrero”, pensaba; algo se podría rescatar. Se precisaba, eso sí, de una reforma total del estado que lo revitalizara y colocara a la altura de los tiempos. En otras palabras, se trataba de preservar y fortalecer el Estado Social de Derecho que la contrarreforma neoliberal había venido debilitando y que ahora intenta rematar sin oposición y con miles aplaudiendo. La pregunta todavía se impone: ¿será posible?
Para entonces un reconocido cantautor ponía en una de las redes sociales: “Muchos de los que reclaman ahora parece que han estado muy cómodos durante tantos años de silencio”. La frase contiene una vigencia estremecedora y se extiende a lo largo y ancho del tejido social desestructurado y herido por la contrarreforma y por una élite que maneja, con ácida lucidez e impune soltura, los hilos del poder y de los negocios al amparo de un estado secuestrado por su avaricia sin fin. La discusión, quiero decir, la lucha, es mucho más amplia y álgida de lo que parece. Pero pocas personas lo entienden. Y a muy pocas les interesa.
