Defensoría requiere acciones urgentes al Estado ante crisis de licencias de cuido

La Defensoría de los Habitantes manifiesta su profunda preocupación y solidaridad con más de 600 familias afectadas por la suspensión de las licencias de personas cuidadoras de pacientes en fase terminal, de personas menores de edad gravemente enfermas y de otras situaciones excepcionales.

En las últimas semanas, la Defensoría ha recibido testimonios de personas cuidadoras angustiadas que no están disponiendo de recursos económicos para afrontar situaciones de alta vulnerabilidad y complejidad que aquejan a sus núcleos familiares. La imposibilidad de adquirir alimentos, implementos médicos, medicamentos, artículos básicos de higiene refleja una situación apremiante para estas familias y demanda acciones urgentes por parte del Estado.

En la actualidad, más de 600 familias carecen del apoyo económico que necesitan para atender a sus seres queridos: niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad que dependen diariamente de estos cuidados. En este sentido, la Defensoría hizo un llamado al señor presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, para que incluya en la agenda de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que busca brindar una solución estructural y permanente al financiamiento de las licencias de cuido, garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa en el tiempo.

Consciente de la magnitud del problema y de la necesidad de promover la coordinación interinstitucional para explorar construir soluciones conjuntas, la Defensoría de los Habitantes puso a disposición su mediación y sus buenos oficios para facilitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, las instituciones involucradas y los sectores afectados para alcanzar un acuerdo que devuelva la tranquilidad a las familias y garantice la protección de quienes requieren cuidados continuos.

La Defensoría de los Habitantes ha venido realizando diversas acciones desde el primer momento que se conoció la situación del no pago de la licencia a las personas cuidadoras de pacientes en fase terminal y a personas menores de edad gravemente enfermas. Ejemplo de ello es la convocatoria urgente a autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) para buscar alternativas que permitieran abrir posibilidades a favor de esta población.

De igual forma, la Defensoría realizó gestiones ante la CCSS, PANI, CONAPAM, CONAPDIS, Ministerio de Hacienda, entre otras entidades, para valorar nuevas rutas que permitieran dotar de los recursos extraordinarios y con ello completar el pago correspondiente a este año y ha realizado monitoreo permanente de la aprobación de un presupuesto extraordinario de la República que solventaría el déficit del programa para el 2025.