Se alza una alerta por la urgencia de que la CCSS renueve el fideicomiso con el Banco de Costa Rica para poder construir y equipar las áreas de salud y sucursales que necesita el pueblo.
De este fideicomiso dependen 29 áreas de salud, cuyas sedes van a requerir construcción y equipamiento, desde Alajuela hasta Cartago. También, 25 áreas de salud, las cuales van desde la región Brunca hasta Chomes de Puntarenas requieren construcción y equipamiento, haciendo esta situación sumamente crítica, mostrando la falta de cuidado que tienen las áreas periféricas del país en cuanto a seguridad social y salud.
En una jornada histórica para la Asamblea Legislativa, este lunes 26 de febrero, se aprobó con un respaldo contundente de 33 votos a favor y 14 en contra, el informe de mayoría de la comisión investigadora sobre las presuntas estructuras irregulares de financiamiento político durante las elecciones presidenciales del 2022.
En la discusión del informe, la diputada socialcristiana Vanessa Castro Mora arroja las siguientes conclusiones:
Se logró identificar una serie de prácticas irregulares en el financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, incluyendo el uso cuestionable del fideicomiso Costa Rica Próspera. Más aún, se ha descubierto la operación de al menos dos estructuras paralelas destinadas a financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles.
Uno de los puntos más controvertidos es el uso del fideicomiso Costa Rica Próspera para cubrir diversos gastos de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, desde el pago de personal de Call Center hasta el alquiler de infraestructuras como Casa Progreso, así como viáticos y servicios profesionales.
La revelación de la participación de extranjeros en la compra de bonos electorales del Partido Progreso Social Democrático, a través de intermediarios locales como el caso Sheng Lin Hu, arroja luz sobre prácticas poco éticas que distorsionan el proceso democrático.
En el plano de las recomendaciones, la diputada Castro y la comisión investigadora han sido contundentes: se insta a aprobar el informe elaborado por la comisión y avanzar en iniciativas legislativas que permitan una fiscalización más rigurosa del financiamiento político. Además, se propone remitir todas las actas certificadas al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Acompañando estas recomendaciones, se presentan propuestas de reforma legislativa destinadas a cerrar las brechas que permiten prácticas delictivas en el financiamiento electoral, incluyendo regulaciones más estrictas para el financiamiento de partidos políticos, la prohibición de la cesión de bonos electorales y la regulación de campañas de desinformación.
Información enviada a SURCOS por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana.
Sobre supuesto fideicomiso para ayudas a familias en Limón
Según información generada en las últimas y que circula por redes sociales, el Banco Nacional informa que: No tiene relación comercial con la empresa Alvarado y Asociados Inc. Tampoco existe ningún fideicomiso para ayuda a familias de escasos recursos en Limón.
Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales
*Imagen tomada de la página oficial del Banco Nacional.
El conjunto de edificios no generaría una dinámica urbana con el espacio público existente
El FIALBC descartó en primera instancia el proyecto de construcción adjudicado en el 2012, pero posteriormente contrató al mismo consorcio para que desarrolle el nuevo anteproyecto y conjunto de planos constructivos (foto Archivo ODI).
La Asamblea Ampliada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), su máxima autoridad académica, dio a conocer su oposición al proyecto para la construcción del nuevo conjunto de edificios que albergarían el Poder Legislativo, debido a que contrasta en tamaño y apariencia con las estructuras existente en su entorno.
Un grupo de especialistas de esta Unidad Académica se dio a la tarea de analizar el proyecto en cuestión y finalmente presentó un estudio que incluyó varios cuestionamientos, por lo que recomendó no apoyar dicha iniciativa; esta propuesta fue aprobada por unanimidad por parte de la Asamblea Ampliada el pasado 12 de septiembre.
Con el propósito de construir una infraestructura que respondiera a las necesidades actuales y futuras de la población que conforma el Congreso fue que en el año 2011 se creó el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/Banco de Costa Rica (FIALBC).
En esta modalidad de financiamiento se estipula que una vez que se terminen los trabajos de construcción, el BCR alquilaría los inmuebles a la Asamblea Legislativa por un plazo de 17 años, por su parte el Congreso cancelaría este cobro y pasaría a ser propietario de los inmuebles al finalizar el plazo.
Según informó la Escuela de Arquitectura, un consorcio resultó ganador del concurso de licitación en el 2012 y se le consignó entonces la elaboración del conjunto de planos constructivos y especificaciones técnicas que detallan el proyecto; sin embargo, esta adjudicación fue descartada posteriormente al no cumplir con los requerimientos para el otorgamiento de todos los permisos de construcción por parte de las entidades competentes.
Seguidamente, FIALBC designó al mismo consorcio para que realizara la tarea de elaborar un nuevo anteproyecto y conjunto de planos constructivos, así como las especificaciones técnicas del proyecto, acuerdo que fue aprobado por el Directorio Legislativo en su sesión extraordinaria del 27 de abril del 2015.
Las obras están previstas para que se lleven a cabo en el lugar en donde actualmente se ubica la Asamblea Legislativa, el cual es calificado por la Escuela de Arquitectura de la UCR como un entorno de alto valor histórico, urbano y cultural donde se encuentran una serie de sitios patrimoniales y de interés histórico; asimismo, esa zona se encuentra regulada por el Plan de Renovación y Repoblamiento de San José, mismo que reitera la importancia de la función social de los proyectos urbanos.
La Asamblea Ampliada de la Escuela de Arquitectura señala como puntos negativos de este proyecto que no genera una dinámica urbana con el espacio público existente, además que no considera el impacto a corto, mediano y largo plazo sobre el contexto urbano preexistente, y que la altura, escala volumétrica y la materialidad de las fachadas del edificio contrastan de manera desfavorable con el entorno construido.
Entre otras consideraciones, el texto del pronunciamiento hecho por la Escuela de Arquitectura consigna la oposición a esta construcción e insta a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a posibilitar una estrategia que sea multipropósito y que posicione a la nueva sede del Congreso como referencia ejemplar de implementación arquitectónica, urbana y cívica con una inversión sostenible.
“Creemos que es nuestro deber presentar nuestra preocupación sobre las decisiones que se toman en torno al procedimiento para la selección de un anteproyecto de arquitectura de interés público, a la consolidación de un proyecto cívico adecuado para el entorno urbano que deseamos y a la imagen arquitectónica del Poder Legislativo”, indicó el Arq. Olman Hernández Ureña, director de la Escuela de Arquitectura.
La Asamblea Ampliada está integrada por las y los profesores que forman parte del Régimen Académico de la UCR, profesores eméritos, Jefatura Administrativa y representación estudiantil de la Escuela de Arquitectura; adicionalmente incluye a todos los docentes con nombramiento y que imparten cursos en esta Unidad Académica.
En el siguiente enlace puede acceder al Pronunciamiento de la Asamblea Ampliada de la Escuela de Arquitectura:
