Freddy Pacheco León

El «IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES», en breve, es un impuesto que ha tenido y tiene magníficos resultados, para el fisco y para el ambiente. En el 2019 permitió recaudar ¢552.000 millones, solo por abajo del IVA y el impuesto de la renta. Se actualiza cada tres meses y se calcula a partir de LOS VOLÚMENES de combustibles, no de los precios. No podríamos decir cómo se invierte, pero esperamos que esté cumpliendo con sus objetivos, que son muy diversos y fundamentales para atender necesidades del Estado.

Con la pandemia, la menor venta de combustibles le provocó una disminución de ¢115.000 millones al Ministerio de Hacienda, y al igual que Recope (que NO recibe ni un colón de ese impuesto que recauda eficientemente) las ventas disminuyeron significativamente y, como consecuencia lógica, sus sanas finanzas se han visto muy afectadas.

Por otro lado, la existencia del impuesto, ¡que no lo pagan directamente las personas que no tienen automóvil!, es un factor disuasivo innegable para la compra excesiva de combustibles. No solo muchos conductores «harían fiesta» con gasolinas y diésel baratísimo, sino que como consecuencia, las emisiones de CO2 andarían por cifras récord, con el consecuente efecto sobre el cambio climático y la salud de los habitantes. Los aspirantes a elección que proponen derogarlo o disminuirlo, tienen el deber de decir de dónde obtendría el Estado los recursos que le están disminuyendo, porque provocaría un mayor déficit fiscal que de alguna forma habría que atender. Si no lo hacen, estaríamos ante un acto de suprema irresponsabilidad, pues por eso, en ningún gobierno posterior a la administración Figueres Olsen (Miguel Ángel, don Abel, Óscar Arias, doña Laura y Luis Guillermo y Carlos Alvarado) han propuesto siquiera su disminución. Al contrario, más bien lo han venido actualizando cada tres meses.