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Etiqueta: impuesto

Son dos los impuestos a la circulación

Freddy Pacheco León

El impuesto al marchamo o derecho de circulación ha de verse unido al otro derecho de circulación, que se paga bajo el nombre de «impuesto único a los combustibles», ¡más elevado que el del mismo marchamo!, con la gran diferencia que lo cancelamos cada vez que echamos gasolina.

Ambos, desproporcionados, conforman quizá el cobro por un derecho a movilizarse en nuestros vehículos, de los más altos en el mundo. El del «marchamo» se paga según el valor del vehículo, mientras el segundo es cobrado sin valoración particular alguna.

Nuevo o viejo el auto, el impuesto se cancela por igual, encareciendo el valor de la gasolina y el diésel, como un 40%, por cada litro comprado, para poder circular por nuestras fabulosas autopistas.

Ahora bien, si Chaves piensa que el impuesto-marchamo, no es desproporcionado ni injusto, pues tiene razón en oponerse a su rebaja, pues los pagadores no urgirían de esa rebaja. Pero si no es así, habrá de reconocer, que es un despropósito, en infinidad de casos, gastar el aguinaldo en el pago de un impuesto insostenible.

Impuesto a sillas de ruedas y otros implementos médicos elevaría la pobreza

Federico Montero Mejía

La intención del gobierno de gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, así como de las recientes recomendaciones Mundial de la Salud (OMS) relacionadas con el tema.

De acuerdo con la OMS, los Productos de Asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para movilizarse, con lo que promueven su bienestar y la seguridad. Incluyen entre muchos otros: audífonos, sillas de ruedas, dispositivos para la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros y recordatorios. Se trata de artículos que son utilizados por personas de todas las edades, quienes presentan alteraciones en alguna de sus funciones corporales, desde muy leves hasta muy severas.

Abunda la información basada en evidencias, de muchas agencias internacionales, sobre el hecho de que las personas con discapacidad están entre las más pobres de las pobres. Desde el 2011 el Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-BM) consigna esa estrecha relación entre la discapacidad y la pobreza.

La pobreza es la principal causa de la discapacidad, y una vez que una persona adquiere una discapacidad, o en una familia hay una persona con esa condición, la pobreza aumenta sustancialmente.

La pandemia que hemos vivido, con dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero, y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados.

Contra el aumento de los costos de los productos de asistencia como resultado del pretendido impuesto nos mantendremos firmes.

La propuesta del gobierno evidencia el desconocimiento absoluto acerca de para quiénes y para qué, son requerido dichos productos. Además de que no son exclusivos para la rehabilitación, son requeridos por muchas personas que en el mundo en general, y en nuestro país en particular, presentan limitaciones funcionales. De acuerdo con un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista The Lancet en el 2019, a nivel global 2.400 millones de personas tuvieron condiciones que les exigiría el uso de productos de asistencia. Esto representa un incremento de un 63% de 1990 al 2019.

En el reciente lanzamiento del Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia (OMS-UNICEF), el director general de la OMS, expresa que: “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.

Obviamente el aumento en el costo de estos recursos como lo pretende el gobierno contribuiría no solo a exacerbar un alza de la pobreza, sino también el aislamiento social de muchas personas, con las consecuencias que esto conlleva: complicaciones que aumentarían la demanda de los servicios de salud y consecuentemente mayores gastos por parte de ese sector, y mayor daño a la salud física y mental de muchas personas y familias, entre otros.

También constituye una clara violación a los derechos de las personas e incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha ratificado mediante la Ley número 8661.

¿Ignora el gobierno los compromisos internacionales adquiridos por nuestro Estado? Ignora la existencia de la Ley 8661?. Todo indica que sí.

Con mucha vergüenza, constatamos como costarricenses que estas decisiones del gobierno que afectan la salud y la integración social de muchas personas se pondrán en evidencia en todas las denuncias que se expondrán en los informes de las agencias internacionales.

Con planteamientos como este, el gobierno de la República suma otro agravante al estado de segregación y pobreza de muchos de sus habitantes y viola principios y derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la libre movilización, al trabajo y a la educación, entre muchos otros. Y todo ello, no solo como consecuencia de su descontrolado e inhumano afán por recaudar fondos a como dé lugar. Peor aún: el gobierno hace caso omiso de los acuerdos sobre derechos humanos que nuestro país ha asumido como propios, y que todos tenemos la obligación de respetar y cumplir.

 

Imagen ilustrativa: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste

Toda la población tendría que pagar la importación de gasolina

Freddy Pacheco León

Hasta los que no compran gasolina, tendrían que pagar por su importación. ¡Qué bonito!

El proyecto de ley 23.308 establecería que, por nueve meses, el precio de la gasolina súper no podría sobrepasar los ¢950 por litro, el de la gasolina regular los ¢900 y el del diésel, ¢870.

Si los costos internacionales de los combustibles provocan que los precios superen esas cifras, como ocurre actualmente, Recope, que funciona sin fines de lucro (¡no tiene «buchaca»!) solo podría cumplir con los costos de importación con financiamiento del Estado, pues según el proyecto los recursos “provendrán de las partidas asignadas anualmente en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República”, sin mayor especificación.

Si esa política se hubiese aplicado en agosto, Hacienda habría tenido que entregar ¢31.000 MILLONES en un mes a la Refinadora para que pudiese financiar la importación impostergable.

Como las promesas populistas son costosas, o más bien, irrealizables, veremos si aprueban semejante proyecto, que por cierto, no modifica el impuesto único a los combustibles…

Diez con hueco

Freddy Pacheco León

«Un diez con hueco» es lo que nos están ofreciendo con un límite al impuesto único a los combustibles. Se evidencia que la mayoría de los diputados desconocen que tal impuesto a los combustibles ES INDEPENDIENTE DEL VALOR DE ELLOS, por lo que no hay tal techo útil en momentos en que, como ahora, el precio «de guerra» del barril de petróleo es el que predomina en el mercado internacional. Y decimos que es inútil la propuesta por algo muy sencillo: al dispararse el precio de la gasolina, el diésel, el búnker, el gas licuado… automáticamente disminuye la cantidad de litros vendidos, afectando consecuentemente lo recaudado vía impuesto que se determina por el número de litros vendidos. O sea (especial para algunos diputados que creen estar haciendo algo efectivo porque alguien «se los caminó»), al Estado no le conviene que aumente el precio del litro de gasolina, por ejemplo, porque disminuye la demanda y, por ende, la venta y lo recaudado por el impuesto cuando el precio internacional anda volando. ¿Cuál techo?, preguntamos.

La otra propuesta que busca disminuir, por un tiempo circunstancial el valor del impuesto único en ¢100 por litro vendido, sí produciría una disminución automática en el precio final que pagamos en las gasolineras. Para ello, habría que estimar en cuánto se reduciría y cuál sería su impacto positivo sobre actividades productivas que, en la de menos, equilibrará el faltante fiscal resultante.

El costo del marchamo

Por José Luis Pacheco

20 de octubre 2021

Se aprobó en primer debate el rebajo al costo del marchamo.  Un ridículo de rebaja y un ridículo lo que hacen esos diputados para vanagloriarse en esta época electoral. Ese impuesto al ruedo en Costa Rica es un “asalto” que hemos soportado por años. Se supone que es un impuesto al ruedo de un país en el que no se nos permite rodar en una cantidad de días al año por el tema de la restricción vehicular y además no se nos permite rodar las 24 horas del día.

Además somos el país centroamericano con las peores carreteras. Mal mantenidas y peor iluminadas y mucho peor señalizadas. Una buena cantidad de accidentes ocurren por esa mala iluminación y mala señalización y en esos accidentes el Estado nunca es responsable.  Y si nos comparamos con el cobro que se hace en Centroamérica somos los más caros y a pesar de esa rebaja ridícula lo seguimos siendo y por mucho.

“Los nicaragüenses tienen el costo de rodamiento menos costoso del istmo.

Los costos van desde los 50 y hasta los mil córdobas por marchamo, es decir, entre mil y 18 mil colones. Además, las personas jubiladas están eximidos de este pago. En Panamá cobra $27 a todos los vehículos sin importar el año y $37 si son comerciales. Honduras tiene un cobro fijo pero según el cilindraje del auto. Los menores a 2.500 cc pagan $55 y los mayores a esto $100. El Salvador también tiene precios escalonados que van desde los $10 y hasta los $285 dependiendo de las placas, sean particulares o nacionales.

En Guatemala se paga un porcentaje de impuestos según el año de fabricación del auto; entre más antiguo sea el porcentaje es menor. En Guatemala los modelos 2020, aunque sean de lujo o compactos, pagan lo mismo, mientras que en Costa Rica se paga el impuesto a partir del valor de cada auto sin importar el año. (Fuente periódico La República)”

Como se puede observar, los costarricenses pagamos muchísimo más que todos los otros países de la región y lo peor es que es el único país en el mundo en que a más años más caro el Vehículo. Los valores tributarios suben cada año y la defensa es que se puede pedir rebaja, cuando lo lógico es que de oficio se defienda al pueblo. Este impuesto al ruedo es una muestra clara de la voracidad fiscal de un gobierno que no escatima en hacer cada vez más pobre a su pueblo. Le cobra por rodar su vehículo pero le impide hacerlo gran parte del año. Eso en cualquier otro lado se le llamaría “robo o estafa fiscal.”

Dios quiera que estos diputados y los que vengan hagan justicia y cambien los parámetros para determinar este impuesto y se haga justicia con el pueblo que sigue siendo explotado por la clase política.

En Italia, cuando hay situaciones de catástrofes o emergencia, se aplica una medida que se llama UNA TANTUM

Se ha enviado a SURCOS una consideración tomando en cuenta lo que se aplica en Italia.

La medida UNA TANTUM significa que se aplica una sola vez a toda la población con réditos medio altos y el monto es proporcional a lo que uno tiene. Esta medida garantiza que el ciudadano no tenga miedo de nuevos impuestos, que lo viva cómo un aporte solidario y único para el Bien Común. Se establece un tiempo corto para depositar, en una cuenta solidaria del Estado, la cuota OBLIGATORIA para cada categoría de rédito.

Aquí tendría que ser agregada al impuesto de renta, un porcentaje de un 1% POR UNA SOLA VEZ.

Información compartida con SURCOS por Gloria Gavioli.

El «impuesto único a los combustibles», en breve

Freddy Pacheco León

El «IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES», en breve, es un impuesto que ha tenido y tiene magníficos resultados, para el fisco y para el ambiente. En el 2019 permitió recaudar ¢552.000 millones, solo por abajo del IVA y el impuesto de la renta. Se actualiza cada tres meses y se calcula a partir de LOS VOLÚMENES de combustibles, no de los precios. No podríamos decir cómo se invierte, pero esperamos que esté cumpliendo con sus objetivos, que son muy diversos y fundamentales para atender necesidades del Estado.

Con la pandemia, la menor venta de combustibles le provocó una disminución de ¢115.000 millones al Ministerio de Hacienda, y al igual que Recope (que NO recibe ni un colón de ese impuesto que recauda eficientemente) las ventas disminuyeron significativamente y, como consecuencia lógica, sus sanas finanzas se han visto muy afectadas.

Por otro lado, la existencia del impuesto, ¡que no lo pagan directamente las personas que no tienen automóvil!, es un factor disuasivo innegable para la compra excesiva de combustibles. No solo muchos conductores «harían fiesta» con gasolinas y diésel baratísimo, sino que como consecuencia, las emisiones de CO2 andarían por cifras récord, con el consecuente efecto sobre el cambio climático y la salud de los habitantes. Los aspirantes a elección que proponen derogarlo o disminuirlo, tienen el deber de decir de dónde obtendría el Estado los recursos que le están disminuyendo, porque provocaría un mayor déficit fiscal que de alguna forma habría que atender. Si no lo hacen, estaríamos ante un acto de suprema irresponsabilidad, pues por eso, en ningún gobierno posterior a la administración Figueres Olsen (Miguel Ángel, don Abel, Óscar Arias, doña Laura y Luis Guillermo y Carlos Alvarado) han propuesto siquiera su disminución. Al contrario, más bien lo han venido actualizando cada tres meses.

Ley de empleo público y congelación de los salarios

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

Dos preguntas obligatorias ante la ley de empleo público que se tramita en la Asamblea Legislativa

¿Es esta una ley que procura ordenar el empleo público y terminar con la desigualdad salarial entre instituciones, o es una disimulada ley tributaria con la cual se pretende disminuir el déficit y la deuda pública?

¿Quiénes son los trabajadores del Estado a quienes se les obligará a pagar la deuda pública, y por qué ellos llevarán la peor parte en la voracidad estatal por recaudar impuestos entre los trabajadores?

Con la ley de empleo público, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa, se piensa recaudar, según un estudio hecho por Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, un 1,8% del PIB por año. En la primera década un 1,31%, en la segunda un 1,72% y en la tercera un 1,46% del PIB. Esto equivale a cobrar 653.000 millones de colones por año que se le rebajará de los sueldos y salarios de los 280.00 empleados públicos. En 30 años los empleados públicos pagarán 19.590.000 millones de colones, un 54% del PIB anual. En promedio cada trabajador pagará 68,7 millones de colones.

Este gravoso e injusto impuesto que se le impone a los trabajadores equivale a descontarle en promedio 2,3 millones de colones por año, o sea 195 mil colones por mes.

Las víctimas de esta injusta tributación son:

En el año 2018 el sector público tenía empleados 275.375, en el 2019 se produciría una creación neta de 774 puestos de trabajo y en el 2020 de 367 plazas. Este conjunto pertenece a 217 instituciones, entre gobierno central, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas.

¿Cómo se compone esta fuerza laboral del Estado?

Un 37,4% trabajan en el sector educativo, la mayor parte maestros y profesores, 103.079. Apreciables y sacrificados trabajadores que con su cultura forman a todos nuestros hijos e hijas para el servicio de la patria.

Un 20,6% son trabajadores de la salud, buena parte de ellos son médicos, enfermeras y enfermeros, auxiliares de enfermería, en los cuales ponemos nuestra vida y salud cuando más los necesitamos. ¿Cuánto sufrimiento humano son capaces de afrontar con estoicismo estos nobles trabajadores, que nos alivian y nos consuelan en nuestros padecimientos? Ellos son 56.683 empleados.

UN 9,7% trabajan en la seguridad, de ellos depende la vida y la hacienda de todos nosotros quienes ante el peligro no dudamos en marcar el 911 y ellos no dudan en exponer sus vidas para evitar el crimen y el delito. 26.748 son policías o trabajan con ellos.

Un 7,5% son trabajadores del sector de energía y ambiente; todos sabemos y comprendemos la importancia de contar con la energía diariamente en nuestro hogar y en nuestro trabajo y también cuanto les debemos a quienes cuidan el ambiente en el cual vivimos.20.677 trabajadores.

Un 6,8% trabajan en hacienda y financiero, son los “malos de la película”, los que manejan nuestros dineros, públicos y privados y de cuya honestidad dependemos todos. Estos son un conjunto de 18.772 empleados

Un 5,7% son quienes trabajan en la elaboración de leyes y su aplicación, la Corte y la Asamblea, otros “malísimos” que tanto nos hacen sufrir y tan poco que se disculpan. Aquí trabajan 15.784 funcionarios de los que no podemos prescindir y quienes en su mayor parte son inocentes de las culpas de sus mentores.

En las municipalidades trabajan 15.156 empleados, un 5,5%.

Y todos los demás son un 6,8%, es decir 18.486 empleados públicos.

La mayor parte de todos estos trabajadores, por no decir todos, tuvieron que estudiar y prepararse, con muchos años de dedicación para ejercer en forma idónea sus puestos. Nadie quiere pensar cuan importantes son sus labores, ahora el conjunto de políticos, quienes han sido los que los comandaban y quienes han equivocado el camino por el cual transitar económicamente, creando enormes déficits y aumentando la deuda pública, les pagan sus servicios condenándolos a trabajar por siempre con un mismo sueldo; o sea sin la necesaria esperanza de que su experiencia se reconozca y se aumente su remuneración en sus años de madurez profesional.

Se ufanan en desglosar la injusta tributación que les impondrán a los empleados públicos, nos dicen que lo que le cobrarán a los empleados de los ministerios será un 0,8% del PIB en la primera década, un 0,94% en el segundo y un 0,98% en el tercero. Como sabemos el grueso de trabajadores de los ministerios son los maestros y los policías, que forman en conjunto un 47% de todos los trabajadores y un 85% de los trabajadores de los ministerios, entonces nuestros amados maestros y nuestros necesarios policías sufrirán un deterioro de sus salarios de 0,68% del PIB o sea de 246.840 millones en la primera década, un 0,64% del PIB, o sea 230.000 millones de colones, en la segunda década y un 0,71% del PIB, o sea 255.000 millones de colones, en la tercera década.

Esto equivale a un impuesto de 7.320.000 millones de colones en treinta años, que equivale a pagar en treinta años cinco PIB anuales, en términos porcentuales un 20,3% del PIB.

En promedio cada trabajador tributará 56,300.000 colones en los primeros treinta años, ya que adelante no recibirán tampoco incentivos salariales de ninguna especie.

Los empleados de la CCSS deberán tributar a su vez un 2,7 % del PIB en la primera década, un 4,3% del PIB en la segunda década y un 2,7% del PIB en la tercera década, en total en treinta años tributarán 9,7%del PIB que equivale a pagar 3.521.100 millones de colones en treinta años.

Ante esta inicua agresión de la clase política a los trabajadores del sector público es previsible una reacción equivalente, que sucederá pronto y por la vía más expedita. No es justo que todo el peso de la deuda se le recargue al sector trabajador cuando debería distribuirse proporcionalmente a todos los ciudadanos que estén en capacidad de contribuir con una disminución de los ingresos.

Alguien me dirá que este no es un impuesto, es cierto, pero en sus consecuencias es idéntico a tal. La diferencia es que el impuesto de descuenta del salario antes de ser pagado, este proceso de congelar los salarios negándoles sus aumentos anuales, se diferencia en que ya no será necesaria la deducción, porque el salario no tendrá el aumento y se evitarán la anotación que requeriría el impuesto.

Muy ingenioso, verdad.

Nota: Todos los cálculos están basados en publicaciones del periódico La Nación del 13 de setiembre de 1919 la cantidad y distribución de los empleados públicos y del 9 de abril del 2021 los cálculos de MIDEPLAN sobre el Proyecto de Empleo Público.

 

Foto: MEP

RECOPE, para el que quiera informarse

Freddy Pacheco León

El costo de la administración e inversiones ronda el 7% del costo final de los combustibles, que sí está afectado significativamente por el impuesto único a los combustibles que supera el 40% en el precio a las gasolinas. Si no fuere por ese factor, los combustibles de RECOPE no solo serían (¡como lo son!) los de mejor calidad del istmo gracias a la eliminación de los contaminantes plomo y azufre, y el alto octanaje logrado en su planta, sino que serían los más baratos. ADEMÁS esta sociedad anónima del Estado garantiza, a diferencia de países vecinos, llevar el combustible hasta los más remotos rincones de la nación, y a un precio estable e igual para todos.

Y al aclararse que el “peso” de los beneficios convencionales aplicables no llegan al 1% del precio de los combustibles (~¢3,50 por litro) se evidencia que lo que mueve a ciertos sectores contra la empresa, no son más que malas intenciones matizadas de intereses comerciales transnacionales que quieren entrar a Costa Rica a hacer negocio con los combustibles, comprando RECOPE.

Tiene RECOPE 1.700 empleados que se encargan de la importación, procesamiento, producción, almacenamiento, distribución y comercialización de los combustibles, todas funciones que demandan gran capacidad ejecutora para garantizar a los usuarios los mejores combustibles a los mejores precios.

El salario promedio pagado en RECOPE ronda el ₵1,369.000, incluidas todas las cargas sociales y antigüedad, con salarios base ubicados dentro de los menores del sector. Por ello, más del 76% de los trabajadores de la empresa gana menos de ø500 mil mensuales como salario base. El otro 23% se ubica en un rango que llega a un millón de colones.

NO es cierto que los profesionales y obreros de RECOPE sean unos vagos, como los ha acusado irresponsablemente el Movimiento Libertario y algunos desinformados que repiten sin informarse. RECOPE es mucho más que una refinería. El personal en Limón atiende 16 procesos, que incluye por ejemplo actividades portuarias 24 horas al día, aplicación de mezclas, agregado de aditivos, coloración de productos, estricto y excelente control de calidad, vigilancia, seguridad y protección integral y producción de asfalto. A lo que se suman servicios auxiliares que mantienen la operación regulada de las calderas, el delicado sistema de aire comprimido, el agua de enfriamiento y generadores de calor de alta tecnología, para productos cuyo almacenamiento requieren ser mantenidos a altas temperaturas, como asfalto y el búnker. Y por supuesto, sistemas contra incendio y tratamiento de aguas para mitigar la contaminación.

Por ser el plantel en Limón el más grande del país, con más de 65 TANQUES cuya capacidad total es de TRES MILLONES DE BARRILES, se requiere atención permanente en mantenimiento y construcción.

TAMBIÉN desde Limón, operan una estación de bombeo y líneas de poliductos, así como un plantel de distribución y venta que es el único a nivel nacional que vende el Gas Licuado de Petróleo (LPG) asfalto y búnker, además del diésel y gasolinas de diferente octanaje y gran calidad, en estricto apego al equilibrio entre la oferta y la demanda.

¡ES la empresa más grande de Centroamérica!, incluso mayor que la Autoridad del Canal de Panamá que tiene cerca de 10.000 empleados, y es calificada por Fitch Ratings como A, mientras Recope es calificada como AAA por la misma calificadora internacional. Recope juega un papel que ha sido fundamental para asegurar una garantía energética que representa más del 65% de la energía comercial del país. Es, además, la más regulada de las entidades públicas o entidades autónomas del país y lejos de extraer recursos financieros del Estado (pues funciona sin fines de lucro), es la que LE GENERA mayores ingresos al fisco mediante el pago puntual de las cargas tributarias, además de las donaciones y subsidios declarados por ley.

¡Ese el RECOPE que se le oculta a la opinión pública! para justificar su destrucción y abrirle camino a las transnacionales petroleras que quieren venir a Costa Rica a hacer negocio a partir de la infraestructura que el pueblo de Costa Rica ha venido financiando a través de los años. Para que USTED no sea parte de los manipulados, ¡EXÍJALE información a los que quieren destrozar esta gran empresa estatal! (FREDDY PACHECO LEÓN).

Reducción de salarios, decisión que enfrenta a trabajadores, protege a ricos y empobrece al pueblo

Juan Huaylupo Alcázar*

LA CRISIS

Los procesos económicos críticos son consustanciales del capitalismo, sean producto de sus propias contradicciones o provocadas por los propietarios del capital e instituciones bancarias. La crisis económica mundial entendida como fin de las condiciones que propician la continuidad de las relaciones establecidas. En tal sentido, ha sido interpretada como la debacle absoluta de la economía y así divulgada por todos los medios, los gobiernos y los propietarios del capital. De este modo, la crisis económica y pandémica ha sido la fuente para la creación de miedos, la incertidumbre y la inestabilidad fundamentalmente para los mayoritarios sectores sociales sensibles y vulnerables de la sociedad. Miedos que son usados para la adopción de decisiones y acciones, estatales y empresariales, sobre asuntos políticos y económicos que trascienden la salud pública nacional.

El miedo a quedarse sin salario que es la única forma para el sustento familiar y la vida de millones de personas del mundo, se exacerba con las alarmas de los propietarios y sus acólitos. No obstante, en una sociedad capitalista, interdependiente, mercantilizada y desigual, todos son afectados, aunque con efectos muy diferenciados e incluso contradictorios. Creer que solo los empresarios sufren las consecuencias de la crisis, es un engaño y una distorsión de la realidad.

La reactivación de la economía no se logra con la inversión privada, sino dando trabajo y elevando la capacidad adquisitiva de los trabajadores AUMENTANDO SALARIOS NO CONFISCANDOLOS. Es un crimen de lesa humanidad por ser “… parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque … que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Estatuto de la Corte Penal Internacional, 2002). Cercenar salarios para subsistencia de los trabajadores, así como eliminar la obligación estatal por la salud, la alimentación, el trabajo y vida ciudadana, así como, determinación estatal para que financieras privadas decidan, dispongan y administren los salarios acumulados para supuestas pensiones complementarias, las cuales no devueltas a sus dueños en plena crisis de subsistencia, a la vez que son defalcadas en mercados internacionales y por sus administraciones locales, entre otros latrocinios, son crímenes intencionales y premeditados contra la vida, además de traiciones políticas del Estado contra el pueblo.

Atentar contra los salarios, NO SOLO ES UNA TRANSGRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES TAMBIEN LO ES, CONTRA LOS NEGOCIOS PRIVADOS, EL DINAMISMO ECONÓMICO, LAS RIQUEZAS PRIVADAS Y LOS INGRESOS AL ESTADO. Pero, además minimizar los salarios de quienes han adquirido derechos y compensaciones laborales a través de décadas de trabajo cognoscitivo y especializado, para ser criticados como privilegiados y adversarios, lo cual busca el enfrentamiento entre trabajadores revelando una práctica de naturaleza fascista, que deja incólume al poder de gobernantes y empresarios, que violan derechos, liquidan democracia y pagan salarios miserables, así como crea una imagen ideológica de que la pobreza es el ideal a ser imitado e impuesto a todos los trabajadores.

Los propietarios del capital en Costa Rica, a instancias y la manipulación ideológica de las cámaras patronales, controladas por los intereses de influyentes empresarios, presionan y logran relativizar y flexibilizar las restricciones sanitarias. Ellos, con la complicidad gubernamental, son verdaderos causantes de propagación de la infección viral al obligar a los trabajadores, por subsistencia y hambre, a poner en riesgo la salud familiar y sus vidas.

La crisis y sus efectos no tiene en la pandemia como su única determinación causal, ella ha evidenciado la desigualdad social y la existencia de estructuras sociales excluyentes, por la cual se incrementa y profundiza la pobreza, la enfermedad y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la pandemia nos muestra fehacientemente que los pobres y trabajadores son el sustento social de la economía nacional y la riqueza privada, a la vez que ha revelado, las contradicciones de económicas de la sociedad y el sistema prevaleciente. No obstante y contradictoriamente, son a los pobres y trabajadores a quienes se les obliga, no solamente a sufrir las más serias consecuencias de la crisis, también se les impone, con su trabajo y salarios, compensar los desequilibrios fiscales del gobierno y subsidiar el sistema de salud, lo cual es una infamia intolerable, inaceptable e imposible, cuando los empresarios son millonarios deudores a la C.C.S.S. a quienes no se les cobra, no se les demandan judicialmente y menos aún, les embargan sus propiedades. Pero, lo más dramático, en la actual crisis económica y sanitaria, es tener un Estado que formal y esencialmente debe garantizar lo público y los derechos igualitarios en la desigualdad sistémica, pero hace precisamente lo contrario, sanciona y sacrifica a los que sustentan el sistema, mientras que exime de todo compromiso y responsabilidad a los protagonistas privados de la crisis, complace a los propietarios del capital en sus negocios y ganancias privadas, así como protege y estimula al sector financiero en su actividad usurera y especuladora que esquilma a los pobres y cercena el futuro de la sociedad.

PRIVATIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAMENTE REGRESIVA

La privatización del bienestar, la política pública y del Estado social han liquidado la democracia en nuestro país, así como el amparo al poder económico, ha creado la dictadura directa y transparente, con una formalidad institucional de democrática. El totalitarismo contemporáneo se ha encubierto de una institucionalidad estatal y una legalidad de apariencia democrática. Los proyectos liberales regresivos e imperiales del poder en Costa Rica, son compatibles con la regresión conservadora y el conocimiento económico vulgar y dogmático del Fondo Monetario Internacional, para imponer el totalitarismo que no lograron en décadas pasadas por la resistencia social y el conocimiento. La radicalidad de conservadores y fascistas, toman de pretexto la pandemia, para aplicar su arcaico y regresivo extremismo político y económico.

La actuación gubernamental y legislativa contra los trabajadores y pobres, es tan grave como el tener un sistema judicial que, amparado en la igualdad de derechos, actúa parcial y parcializadamente contra la ciudadanía y la Constitución de la República, convirtiéndose en una institucionalidad subordinada y cómplice de las transgresiones del poder y ejemplo de vergonzosa regresión de los intereses nacionales y ciudadanos.

Los poderes, político y económico, podrían evitar la mayor tragedia que Costa Rica haya conocido, no a causa de la pandemia, sino por intransigencia y posesividad de quienes se han creído dueños de personas y pueblos.

El desempleo, la reducción de los salarios y su confiscación salarial, SIN AFECTAR A LAS EMPRESAS Y SUS DUEÑOS que evaden ilegalmente sus obligaciones tributarias, ni tampoco intervienen riquezas de los ricos y de las entidades financieras, que empobrecen más a los pobres, es una infamia y una traición política de quienes usurpan la representación ciudadana.

La usurpación del poder político ciudadano y los propietarios del capital, tendrán el poder para modificar leyes a su antojo y disponer de los medios de coacción para imponerse, pero en su ceguera y estupidez, están imposibilitados de ver y comprender la inviabilidad de construir una historia sin pasado, que se suicidan destruyendo cultura, ciencia, economía y humanidad.

El poder estatal y empresarial ya están liquidando en Costa Rica los logros conquistados en el pasado para comprometer dramáticamente nuestro presente y futuro, ignorando la destrucción y devenir trágico que originan, en su patológica alienación por el inmediatismo, lo tangible y el presente.

LA RIQUEZA UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La riqueza propia o heredada, no es ni ha sido, una creación mágica de sus propietarios, pues ninguna riqueza es creada individualmente, todas son creadas socialmente, son muchos sus creadores, aunque privatizada por pocos. Esta es la razón por la que no es posible ampararse en los generadores de la riqueza y eximir a los han generado pobreza, desigualdad e inequidad que nutre la pandemia. Luego, serán los ricos quienes deberán contribuir en paliar la crisis, de otro modo, la debacle y derrumbe del capitalismo será un futuro cercano, donde todos perderán, pero los causantes, los ricos y los poderes políticos que los amparan, desaparecerán de la sociedad y de la historia, para construir un nuevo mundo sin barbaros e ignorantes.

NO ES POSIBLE que aquellos que se han enriquecido con el trabajo ajeno, la especulación y el comercio a costa de los consumidores y del otorgamiento de millonarios y exorbitantes contratos gubernamentales, no se les exija contribución alguna para paliar el empobrecimiento población y el desequilibrio fiscal. LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA GENERADA SOCIALMENTE ES UNA NECESIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y HUMANA. No se reactiva la economía liquidando a la población que crea y reproduce riqueza. La condonación de las deudas a los bancos, la reducción de precios a alimentos de consumo social, la rebaja en los precios de los servicios públicos, el aumentar salarios, eliminar los impuestos al trabajo, devolver a sus dueños los aportes salariales sin condiciones, depositados en las entidades financieras, otorgar préstamos con intereses negativos o no reembolsables, así como el restablecimiento de las políticas públicas y la defensa soberanía y el desarrollo nacional, son las decisiones que el pueblo exige aprobar y establecer para el bien común y la nación costarricense.

* Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.