Alberto Gutiérrez Arguedas, Universidad de Costa Rica
18 de febrero 2020
En días pasados hicimos una visita al territorio indígena Bribri de Salitre y pudimos constatar de primera mano el grave escenario de violación de derechos que este pueblo continúa sufriendo de manera sistemática. A casi un año del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz (18 marzo 2019), el cual permanece en total impunidad, las violencias en contra de la integridad física, psicológica y patrimonial del pueblo indígena Bribri de Salitre son una realidad de todos los días, demostrando, una vez más, el fracaso del Estado costarricense por salvaguardar los derechos fundamentales de este pueblo.
Estos actos de violencia, con altos niveles de crueldad y saña, son ejercidos principalmente por parte de finqueros y terratenientes no-indígenas, quienes con el pasar del tiempo se han apropiado de manera ilegal e ilegítima de estas tierras. Sin embargo, todo esto es posible debido a la negligencia, indiferencia y complicidad por parte de las autoridades gubernamentales que -se supone- deberían de velar por los derechos indígenas, comenzando por el derecho a la tierra y el territorio, el cual está en la raíz del actual conflicto que azota Salitre y otros territorios indígenas de la Zona Sur.
El pasado domingo 10 de febrero Minor Ortiz Delgado, de la comunidad de Río Azul, fue agredido con un arma de fuego en su pierna derecha, cuando se encontraba trabajando en las tierras que él y su familia han recuperado y que por ley les pertenecen. No es la primera vez que Minor es agredido gravemente por parte de finqueros y terratenientes: en su otra pierna, la izquierda, también tiene metida una bala producto de un ataque en 2013, en el cual también fue torturado con un machetazo en una oreja y quemado con un fierro incandescente en el pecho, el mismo que se usa para marcar el ganado. Producto de este último ataque, Minor sufrió una fractura ósea que probablemente le impida volver a trabajar por el resto de su vida.
¿Qué ha sucedido con los responsables de tan atroces actos de violencia? Absolutamente nada. A pesar que se conoce bien quiénes son estas personas (pues los indígenas conviven con ellos diariamente), todas las denuncias que se han interpuesto en la Fiscalía local han quedado desestimados por “falta de pruebas”. Los agresores andan libremente por el territorio; han amenazado de muerte a Minor y a otros recuperadores; amedrentan e intimidan a los hijos e hijas de los recuperadores cuando estos se dirigen a la escuela, inclusive con amenazas sexuales a niñas menores de edad. Mientras que Minor y su familia viven prácticamente prisioneros en su propio territorio, con profundo temor de salir de sus casas, sin conseguir dormir en paz, con una angustia constante de que en cualquier momento puede repetirse otra escena de terror.
¿Hasta cuándo las autoridades van a seguir permitiendo que esto continúe? Recordemos que el pueblo indígena Bribri de Salitre es beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la cual ha determinado que el Estado costarricense es responsable por hacer valer los derechos de este pueblo. Esto significa, en primer lugar, mostrar voluntad política para resolver de una vez por todas la problemática de tenencia de las tierras, el Saneamiento Territorial como le llaman las personas recuperadoras. Pero además, es responsable por cualquier atentado en contra de la vida y la dignidad de estas personas. ¿Está el Estado costarricense dispuesto a que corra más sangre indígena? Si no se toman medidas urgentes y decididas, la violencia no cesará y corremos grave peligro de que haya otras personas con el mismo destino que Sergio Rojas.
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