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Etiqueta: Sala Constitucional

Apreciaciones sobre la encuesta

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

La encuesta del CIEP lleva a algunas primeras conclusiones:

1-. Los primeros 100 días de un gobierno son llamados de luna de miel, porque todas las fuerzas políticas le dan un margen de acción al nuevo gobierno para el desarrollo de sus propuestas. Partiendo de este hecho el apoyo recibido por la presidenta Laura de un 64% está por debajo de esa tradición, incluso del recibido al inicio de Rodrigo Chaves que fue del 79%, sea 15 puntos porcentuales más.

2-. Este gobierno que se ha llamado de la continuidad no ha mejorado la popularidad respecto a cómo terminó el anterior. Es decir, que el cambio en la dirección de la presidencia no significó mejoría en la percepción positiva de la gente. En síntesis, el apoyo al gobierno está estancado.

3-. La política principal de los gobiernos chavistas ha estado dirigida a desprestigiar a las instituciones que consideran las menos cercanas a sus posiciones y que son consideradas como obstáculos a su propósito autoritario, como son las universidades, el poder judicial, el OIJ o el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, según la encuesta, las instituciones mejor valoradas por los costarricenses son precisamente la UCR, el TSE, el OIJ, el Poder Judicial, lo cual indica que las campañas del chavismo contra ellas no han mermado el apoyo de los costarricenses. En conclusión, las instituciones democráticas son apreciadas por la ciudadanía y la democracia hace frente a las políticas del gobierno con cierto éxito, indicando que aún hay reservas democráticas en el pueblo que no han sido erosionadas por políticas de odio y autoritarias.

4-. Resaltan líneas rojas que la ciudadanía considera que de llevarse a la práctica desprestigiarían grandemente al Gobierno. Ellas son el comprobarse casos de corrupción en el Ejecutivo, aumento del IVA a la canasta básica, recorte de presupuesto a las universidades o no acatar una decisión de la Sala Constitucional. Menos efecto en el apoyo al Gobierno tendrían acciones como la reelección continua, la minería a cielo abierto, así como si las condiciones de vida de la gente se mantienen igual, sea que no mejoren. Como se aprecia, todas las medidas que desmejorarían el apoyo al gobierno son políticas prioritarias del Gobierno de doña Laura que, en consecuencia, se encontraría ante la disyuntiva de si son rechazadas, la oposición triunfa, y sin son aprobadas el apoyo al Gobierno disminuye.

5-. Para el 43% de los costarricenses la situación económica es mala o muy mala, lo cual marcará el futuro del país en los próximos años.

El panorama político que se desprende de la encuesta refleja una sociedad llena de contradicciones e incertidumbres, que resiste a los embates autoritarios, donde se tiene un criterio positivo de las instituciones que quiere desbaratar el chavismo y que éste no tiene gran margen de maniobra en las reformas que pretende impulsar.

La sociedad vive un momento de incertidumbre, la partida está abierta con una leve ventaja de la oposición.

Frente Ecologista de Cipreses se manifiesta ante el Ministerio de Salud de Oreamuno y llama a la comunidad a denunciar cada vertido de Sigma

El Frente Ecologista de Cipreses se presentó este día ante las oficinas del Ministerio de Salud de Oreamuno para denunciar los malos olores provocados por los vertidos nocturnos —principalmente durante madrugadas de fin de semana— provenientes del tubo de la empresa Sigma. La organización advirtió que responderá con una nueva protesta cada vez que se registre un vertido, y llamó a los vecinos y vecinas de Cartago a mantenerse unidos frente a lo que describen como contaminación reiterada del entorno y afectación a la salud comunitaria.

Según indicó la organización, el Frente Ecologista de Cipreses ya ha presentado ante las autoridades evidencia técnica que documentaría incumplimientos en los vertidos al cauce, y ante lo que considera inacción institucional, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Salud, como medida legal para exigir el cese de estas prácticas.

La organización hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la fiscalización, especialmente durante las noches y madrugadas, mediante dos acciones concretas:

  • Presentar la denuncia formal a través del sitio web oficial del Sistema de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA).

  • Llamar al 911 en el momento en que se perciba la molestia, ya que ese registro oficial en tiempo real constituye una prueba clave para que las autoridades puedan actuar de forma inmediata.

Antecedentes del caso

Este pronunciamiento se suma a una serie de denuncias y acciones del Frente Ecologista de Cipreses sobre la contaminación atribuida a la empresa Sigma en Oreamuno de Cartago, documentadas en las últimas semanas:

  • El Frente había denunciado previamente que un informe del Ministerio de Salud (MS-DSA-UGSA-0751-2026, del 5 de agosto de 2026) confirmó la detección de «olores ofensivos» en las colindancias de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa, y que un peritaje del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR determinó que los valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) superan los límites permitidos por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.

  • Días después, la organización convocó a una manifestación pacífica frente a las oficinas del Área Rectora de Salud de Oreamuno, realizada el 10 de septiembre, exigiendo la aplicación estricta de la legislación ambiental y sanciones efectivas contra la empresa.

  • Este tema conecta además con el eje más amplio de contaminación hídrica en la zona norte de Cartago ya cubierto por SURCOS, que incluye denuncias previas de organizaciones ecologistas por incumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional relacionada con la contaminación por clorotalonil en la misma región.

Por tercera vez Minae pide a Municipalidad San Rafael traspaso del Cerro Chompipe

Está pendiente el cumplimiento de una orden de la Sala Constitucional para trasladar al Ministerio de Ambiente y Energía una finca ubicada dentro de la zona inalienable de la Ley N.° 65 y del Parque Nacional Braulio Carrillo.

Concejo Municipal acordó instar el traspaso, alcalde vetó y tribunal declaró sin lugar el veto

Por tercera ocasión desde 2024, las autoridades ambientales han solicitado formalmente a la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizar las gestiones necesarias para trasladar la finca ubicada en el sector del Cerro Chompipe al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al tratarse de un inmueble que forma parte del Patrimonio Natural del Estado.

La finca se encuentra en el sector del Cerro Chompipe, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley N.° 65 de 1888 y, además, parte de su extensión se encuentra vinculada al Parque Nacional Braulio Carrillo. De acuerdo con MINAE el marco jurídico aplicable, la cobertura boscosa y su ubicación dentro de un área sometida a un régimen especial de protección hacen que el inmueble forme parte del Patrimonio Natural del Estado, conforme con el artículo 13 de la Ley Forestal.

La situación adquiere especial relevancia porque la Sala Constitucional, mediante el voto N.° 2023-017109, ordenó realizar las acciones correspondientes para que la finca fuera trasladada a nombre del Estado. Sin embargo, pese a la existencia de esta resolución, el inmueble continuó inscrito a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

La primera solicitud formal documentada en este proceso fue realizada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en 2024 (SINAC-ACC-D-712-2024). Mediante oficio dirigido a la Municipalidad de San Rafael. Posteriormente, ante la falta de concreción del trámite, las autoridades ambientales insistieron en la necesidad de trasladar el inmueble. Durante 2025, el MINAE y el SINAC reiteraron que la finca reúne las condiciones jurídicas y ambientales para ser considerada parte del Patrimonio Natural del Estado y solicitaron nuevamente a la Municipalidad realizar las gestiones correspondientes (Oficios 2025).

Documentos institucionales y comunicaciones posteriores evidencian que, lejos de haberse resuelto el asunto con la primera solicitud, el MINAE y el SINAC debieron insistir nuevamente en el cumplimiento de la resolución constitucional y en la necesidad de formalizar el traslado del inmueble. En junio y julio de 2025 se reiteró expresamente esta solicitud ante las autoridades municipales (Oficios 2025).

Esta nueva gestión constituye, según la documentación revisada, una tercera solicitud o exigencia institucional para que la Municipalidad proceda con el traslado de la finca, evidenciando que el cumplimiento de la obligación continúa siendo un asunto pendiente (CARTA-MINAE-DM-0627-2026).

Zona de especial importancia ambiental. El Cerro Chompipe forma parte de una zona de enorme importancia ambiental e hídrica para la región. La protección de los terrenos de montaña y de las áreas boscosas ubicadas en la Cordillera Volcánica Central responde históricamente a la necesidad de proteger las zonas de recarga acuífera y las fuentes de agua. La finca tiene una extensión superior a 154 hectáreas, según la información incorporada por el propio MINAE en el expediente administrativo

La permanencia de la finca inscrita a nombre de la Municipalidad genera incertidumbre sobre la administración efectiva de un territorio sometido a un régimen especial de protección y puede abrir espacios para intervenciones o actividades que requieren autorización de las autoridades ambientales competentes. Durante 2025 surgieron cuestionamientos públicos precisamente por acciones realizadas o proyectadas en el área, entre ellas la instalación de cámaras trampa y labores relacionadas con el amojonamiento, sobre las cuales el MINAE indicó que no había otorgado autorización.

El Concejo Municipal de San Rafael había adoptado un acuerdo para instar al cumplimiento inmediato de la orden emitida por la Sala Constitucional y al traslado de la finca al MINAE. Este acuerdo fue objeto de un veto por parte de la Alcaldía Municipal. Sin embargo, en junio de 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró sin lugar el veto, al considerar que el acuerdo municipal se limitaba a exigir el cumplimiento de una resolución judicial vigente (ver Comunicado).

Ataque soez a la Caja

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Desde una perspectiva política y democrática, el desacato sistemático a la Sala IV por parte del Poder Ejecutivo, representado por el Consejo de Gobierno, constituye un peligroso quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, que tiene como consecuencia una muy grave crisis institucional. Si esa crisis afecta a su vez el adecuado funcionamiento de la Caja, dicha desobediencia, ¡jamás antes visto en la historia costarricense!, agrede significativamente la atención a la salud y otros derechos de la seguridad social de los más pobres y vulnerables, principalmente, por medio de ese ataque corrosivo a nuestra invaluable democracia. Desconocer las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, mientras se lanza una campaña infame contra el Poder Judicial, es un evidente acto violatorio del orden constitucional, un gran paso hacia el establecimiento de una dictadura ultraderechista, que dolorosamente, algunos ticos engañados ven con buenos ojos, sin pensar en las consecuencias que tendría algo así para ellos y sus seres queridos.

Por ello, como sucediera antes por fuerza mayor y teniendo muy claro que el Poder Judicial como un todo, son la esperanza de un pueblo bueno y pacífico que mayoritariamente valora los logros que sustentan nuestra vilipendiada democracia, éste ha de actuar en defensa del bien común y de los Derechos Humanos.

Ante el caos institucional que el neofascismo chavista quiere seguir profundizando, como sucediera con la muy razonable conformación urgente, extraordinaria y temporal de la Sala Constitucional, para que la misma pudiera seguir vigente, las magistraturas tienen el deber supremo de hacer valer sus resoluciones patrióticas. Como alternativa a no hacer nada y permitir que esa violación directa al principio de legalidad y al orden democrático de Costa Rica, tenga consecuencias muy dolorosas contra un pueblo que ya sufre por la «enfermedad» que padece la jerarquía de la CCSS, la honorable Sala IV ha de actuar conforme a su conciencia, frente a las acciones destructivas que buscan paralizarla, con todo lo que ello significa.

Si Rodrigo Chaves ha ordenado a Laura Fernández y al resto de ministros del Consejo de Gobierno, tomar decisiones inconstitucionales, penalizables, irracionales también, para evitar que una representante de los trabajadores organizados ejerza sus derechos como parte de la junta directiva de la Caja, para cumplir además con la conformación del quórum estructural, la Sala IV debería actuar frente a tales acciones delictivas. Nadie más podría hacerlo pues la situación es inédita, sorpresiva, malintencionada, imprevista en la letra normativa, pero que obliga a reflexionar acerca de las responsabilidades de quienes ejercen la justicia. Está en juego el trámite de pensiones, el buen funcionamiento de las más de mil sedes sanitarias distribuidas por todo el país; el nombramiento de médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo; la adquisición de bienes y servicios; la gestión operativa y presupuestaria; la atención de los miles de pacientes incluidos en las inhumanas listas de espera… ¡Eso y mucho más por culpa de un Poder Ejecutivo con ínfulas autoritarias!

Aunque me siento por lo menos incómodo al escribir esta respetuosa petición, pues siento que podría estar irrespetando a los que precisamente veo que están siendo vilipendiados, insto muy respetuosamente a los señores magistrados a fallar a favor de los millones de costarricenses que están viendo amenazado su erosionado bienestar, su relativa tranquilidad, su escurridiza paz.

Si el Poder Ejecutivo anuncia que no revisará siquiera su intolerable actitud rebelde, destructiva, la Sala IV podría sustentar una resolución en que, considerando los hechos conocidos, proceda a avalar el nombramiento de la representante Rocío Alfaro Molina, como miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para evitar la amenaza de parálisis que se vislumbra a la vuelta de la esquina. Sería un homenaje al Dr. Calderón Guardia, a monseñor Sanabria y a don Manuel Mora, y a todos los que por 85 años han forjado esa insigne institución solidaria, ejemplo en el mundo.

7 de setiembre del 2026

Un debate sobre la democracia (para qué sirven las cifras)

Gilberto Lopes

Costa Rica atraviesa un escenario político distinto al que caracterizó su vida en os últimos 75 años. Transita por un terreno árido. Tanto por la irrupción de personajes ajenos a los bloques políticos tradicionales, como por la introducción de una agenda que prioriza temas hasta ahora ausentes (en particular la crítica a los poderes del Estado) expresadas en un tono poco habitual en el escenario político nacional. Suficiente para remecer las estructuras tradicionales e introducir en el debate la sensación de que peligran sus instituciones democráticas.

Un griterío ensordecedor ha sustituido el debate sobre alternativas de desarrollo. Ni el gobierno, ni la oposición, parecen sentirse obligados a poner sobre la mesa ideas sobre el tema. Barridas para debajo de la alfombra, se podría pensar que tienen poco que ver con el debate sobre la democracia.

¿Qué problema han resuelto los representantes de esa nueva expresión política que gobierna el país desde 2022? Pensemos un poco: ¿alguna propuesta para enfrentar la deuda sin coartar la creciente necesidad del gasto social? ¿Alguna idea nueva? ¿Alguna sugerencia para tratar el tema de la informalidad, de la creciente desigualdad social? ¿Alguna propuesta para restaurar una indispensable calidad de la educación pública, la atención del seguro social, las pensiones?

La lista es interminable. No se trata de ver los problemas resueltos en los cortos cuatro de la una administración. Eso no se puede. Estoy hablando de ideas, de propuestas capaces de ilusionar a los costarricenses, de hacernos ver un camino por el que nos gustaría caminar. ¡Ideas! Siempre pienso que, en política, son el motor de todas las cosas.

El sistema democrático tradicional

Elliot Coen, consultor político costarricense, decía –con acierto, en mi opinión– que la extrema derecha gana “porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro y se convirtió en una abstracción inútil”.

El estancamiento prolongado, la precarización, la inflación, “han pulverizado el contrato social. Para el trabajador informal o el repartidor de plataformas, el Estado no es un garante de justicia”, señaló. Yo agregaría que hoy tampoco es un instrumento de esperanza.

Sobre el sistema democrático tradicional, el exvicepresidente de la República Kevin Casas, hoy secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo, escribió recientemente un artículo. De paso por el país, sugirió su lectura.

Es un texto curioso, publicado en Americas Quaterly el pasado 31 de agosto. El entusiasmo por lo que Casas califica de “notables y sostenidos progresos en desarrollo humano” en América Latina está vinculado, en el artículo, a la celebración de elecciones democráticas. En su opinión, “las elecciones le han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder sin precedentes”. Al mismo tiempo señala –citando datos de la Cepal– que la pobreza en América Latina se redujo a la mitad desde 1990, que la extrema pobreza bajó en cerca de 40% y la desigualdad de ingresos ha disminuido en prácticamente en toda la región en las últimas tres décadas.

Una lectura que no deja de sorprender. Desde mi punto de vista choca, por un lado, con la impresión que deja cualquier recorrido atento por la región. Desde luego choca si solo miramos el escenario costarricense, el político y el económico. Por otro lado, me parece difícil de sostener ese vínculo entre el proceso electoral y el desarrollo virtuoso, con la idea de que las elecciones han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder “sin precedentes”.

El mismo artículo reconoce lo vacío de esos procesos electorales, las crecientes irregularidades con que operan. Lo más sorprendente, por contradictorio, es la afirmación de que estudios de la propia IDEA muestran que, en la región, se ha ido perdiendo la credibilidad en las elecciones y la confianza en las autoridades electorales.

Entonces ¿a qué atenernos?

Veamos los datos de la Cepal a los que acude Casas. Se trata del “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”. Es cierto que podemos ver en el gráfico 3 que el 51,2% de la población estaba en la pobreza en 1990 y que 15,5% estaba en la pobreza extrema. Esas cifras habrían caído a 29,1% y 11,4% en 2023. De modo que podemos estar satisfechos con esa reducción, sobre todo si no entramos en detalles de cómo se hacían las mediciones entonces. Pero hay que ser cuidadoso en el manejo de las cifras. El mismo gráfico nos muestra que en 2010 el 31,5% estaba en la pobreza y el 8,6% en pobreza extrema. O sea, en los últimos quince años la pobreza se mantuvo prácticamente sin cambio, mientras la pobreza extrema creció ligeramente.

En el mismo documento de la Cepal podemos leer que “en la dimensión laboral, América Latina y el Caribe viven una crisis en cámara lenta desde 2010”. “De 2014 a 2023, la tasa de crecimiento del número de ocupados fue de solo el 1,26%, casi la mitad del 3,2% registrado en la década perdida de 1980”. Y el 49% de los trabajadores trabajaban en la informalidad, en el cuarto trimestre de 2022.

En todo caso, el informe advierte que “para 2023 se proyecta un leve aumento de la pobreza y la pobreza extrema, lo que alerta sobre la sostenibilidad de la recuperación experimentada en 2022 en estos indicadores”.

En el informe se puede leer también que el índice de desigualdad de Gini cayó entre 2019 y 2022. Pero “pese a estas mejoras, las brechas de ingreso continúan siendo muy elevadas en los países de la región”. “No solo en el ingreso total, sino también en el ingreso laboral, que es la principal fuente de recursos para los hogares de todos los estratos”. Pero no se trata solo de los ingresos laborales, sino también del patrimonio. “Junto con la desigualdad del ingreso, la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad”. El patrimonio de los 105 milmillonarios de América Latina y el Caribe (es decir de las personas cuyo patrimonio excede los mil millones de dólares) “llegó a 453 mil millones de dólares corrientes en 2022, 4.600 millones de dólares más que en 2021”, dice la Cepal.

Para tener una idea de la magnitud de la riqueza de esos 105 milmillonarios, comparémosla con el PIB de tres países: el de Costa Rica fue, en 2024, de poco más de 89 mil millones de dólares; el de Chile, en 2025, fue de 357 mil millones de dólares; el de Colombia, 457 mil millones.

No me voy a extender sobre el tema. El informe de la Cepal está disponible en línea y me parece que da una imagen más ajustada de la realidad que un entusiasta optimismo sobre los notables progresos en desarrollo humano que los repetidos proceso electorales habrían ayudado a promover en la región.

Volvamos a hablar sobre la democracia.

La calidad de la democracia

Es muy difícil oír a Kevin hablar de democracia sin recordar su papel en la discusión del TLC en 2007, cuando era vicepresidente de la República, durante el gobierno de Oscar Arias. Sus recomendaciones para volcar la votación a favor del tratado -conocidas como el “Memorando del Miedo”– son cualquier cosa menos una receta democrática.

Permítanme una referencia personal sobre el tema. A Kevin lo había conocido antes de que asumirá sus cargos políticos. Después lo vi poco. Nos volvimos a encontrar en un hotel de San José, en alguna reunión a la que yo asistía como periodista y cuando ya había pasado lo del TLC. Kevin se me acercó y dijo algo sobre ese hecho, sobre el que suponía –con razón– que yo estaba muy molesto. Me dijo que lo lamentaba, que había sido un error lo del memorando. Yo estuve de acuerdo con él. Le dije que si de verdad era así, debía decir públicamente que lo que se había logrado de manera ilegítima, fraudulenta, era también ilegítimo. Kevin me contestó –y creo que lo cito textualmente, pese a que, de eso, ha pasado mucho tiempo– que “eso no lo podía hacer”.

Pero creo que la actitud de Kevin se enmarca en un escenario que ya estaba más comprometido para la democracia. Su memorando no era más que el reflejo de un clima creado antes y de mucho mayor trascendencia para la democracia y para la independencia de poderes en el país.

Me explico. Oscar Arias aspiraba a volver al gobierno. La constitución se lo impedía. Empezó entonces a mover sus hilos. Necesitaba el apoyo de la Sala Constitucional. Creyó que lo tenía, pero cuando se puso a votación el tema, lo perdió. Se sintió traicionado, pues le habían prometido los cuatro votos necesarios. Pero no desistió. Hacía falta lograr la mayoría en la Sala y maniobró para lograr la elección de magistrados favorables a su tesis. Manipuló el Poder Legislativo y el Judicial para lograr su objetivo.

¿Para qué lo hizo? Creo que la razón principal era hacer aprobar el TLC. De paso vio la oportunidad de privatizar las telecomunicaciones. Darle un golpe al ICE. Todo eso se hizo.

Viendo el mundo de hoy me parece evidente la mirada corta de quienes apostaban por un tratado que ha contribuido a desarticular la economía nacional, mientras se avanzaba con el proceso de privatizaciones, cuyos resultados me parecen evidentes y lamentables.

Desde mi punto de vista, ambas cosas resultaban un ataque al entramado social sobre el que sustenta la democracia costarricense.

Más de una vez escribí sobre las consecuencias de esas acciones. Siempre pensé que ese manoseo de los poderes Legislativo y Judicial tendría graves consecuencias para el país. Quizás alguien podría pensar que no, que exagero. Pero me parecía que eso era corrosivo, que tendría consecuencias a largo plazo. Me preguntaba que si una persona que había gozado de los mayores honores y privilegios se sentía con derecho de manipular la Constitución en beneficio propio, ¿dónde debía detenerse un padre que no podía alimentar y educar adecuadamente a sus hijos?

Creo que aquellas aguas trajeron estos lodos. Y no veo otra manera de enfrentar el problema sin ir a sus raíces. Chaves no es más que la versión chabacana de esa tragedia, que tiene antecedentes más largos.

Cómo retomamos el camino perdido

Si es así, ¿cómo retomamos el camino perdido? Coen ha sugerido algo que quisiera rescatar: “La extrema derecha no está ganando en América Latina porque sus consultores hayan descubierto el algoritmo de la piedra filosofal. Gana porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro. Lo convirtieron en una “abstracción inútil”.

Es esa grieta la que tenemos que sellar. Entiendo bien lo sensible que es la discusión de cómo hacerlo. Pero hay que intentarlo. Desde mi punto de vista ha sido esa insensata destrucción de lo nacional –desde el sistema bancario hasta las telecomunicaciones, el sistema público de salud, de educación– la apuesta por un modelo de desarrollo basado en un “sector dinámico” de zonas francas que no alcanza para desarrollar un país, mientras un “régimen definitivo”, orientado al mercado local, que emplea a cerca de 85% de la mano de obra, se tambalea. Un sistema que mantiene en la informalidad a poco más de 40% de la población económicamente activa, que se suma a un desempleo de 10% y un subempleo de alrededor de 8% no es sustento para ningún régimen democrático. Son cifras que han permanecido con poca variación (salvo durante la pandemia), con un índice de desigualdad superior al promedio de la OCDE.

De la OCDE son también cifras que nos debían llenar de vergüenza. Pero, sobre todo, hacernos ver que el camino emprendido requiere revisión. Me refiero a la tasa de pobreza entre menores de 17 años, en la que Costa Rica ocupa el primer lugar entre los países de esa organización, con una tasa de 29,6%. Nos siguen Israel, con 23% y España, con 21%. Tampoco hemos hecho la tarea con los mayores de 66 años. Aunque no somos los primeros, ocupamos un sexto lugar, con una tasa de pobreza de 25,8%.

En fin, somos parte de la desolación que afecta a “millones de personas” provocada por proyectos que funcionan mal, que han minado la base social y el apoyo a la democracia. Por lo tanto, hay que empezar por ahí, por reconstruir el modelo de economía nacional, por revivir la seguridad social y la educación pública. Por atender las necesidades de la gente. Por reconstruir el tejido social sobre el que se basa nuestro orden político. Por difícil que sea, no veo otro camino.

FIN

Ecologistas acusan de desobediencia al gobierno por incumplimiento de sentencia sobre agua contaminada con clorotalonil

  • Sala Constitucional otorga tres días de audiencia a autoridades de Salud y AyA tras gestión presentada por el ecologista Fabián Pacheco.

  • El Frente EcoCipreses denuncia que persisten nacientes donde se violan los 200 metros de protección legal.

  • Califican de indignante que el Laboratorio Nacional de Aguas continúe sin capacidad técnica para monitorear metabolitos degradados de clorotalonil.

Organizaciones ambientales y comunidades afectadas por la contaminación de fuentes de agua en la zona norte de Cartago denunciaron el desacato sistemático del Estado costarricense ante las órdenes emitidas por la Sala Constitucional. Mediante resolución del pasado 27 de agosto de 2026, el alto tribunal confirió un plazo perentorio de tres días a las jerarquías del Ministerio de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno para que respondan ante la acusación de desobediencia formulada en el expediente 22-026649-0007-CO.

La gestión fue interpuesta por el agrobiólogo y ecologista defensor del agua, Fabián Pacheco Rodríguez, señalando que las instituciones han incumplido la sentencia N° 2023013384 del 6 de junio de 2023. Dicho fallo ordenó adoptar y ejecutar de forma inmediata y en un plazo máximo de seis meses las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil» (emitido conjuntamente por Salud, MINAE y AyA el 14 de abril de 2023), con el fin primordial de tutelar la vida y la salud pública de la población afectada.

Incapacidad técnica y negligencia institucional

El colectivo ambientalista Frente EcoCipreses y comunidades organizadas fustigaron con vehemencia la inacción gubernamental. «Es absolutamente indignante que hayan transcurrido los años y el Laboratorio Nacional de Aguas siga sin contar con la capacidad técnica requerida para monitorear los productos degradados (metabolitos) del agrotóxico clorotalonil en las fuentes de consumo humano. La Sala Constitucional fue enfática y categórica: el Estado debía resolver este vacío técnico e implementar las recomendaciones oficiales, pero han optado por la negligencia y la dilación», manifestó Fabián Pacheco.

La ausencia de equipo y protocolos analíticos oficiales para cuantificar los metabolitos del plaguicida perpetúa la vulnerabilidad sanitaria de miles de personas, impidiendo verificar por parte del AyA con certeza científica si las tomas de agua son aptas para el consumo o si siguen comprometiendo la salud de las familias en Costa Rica.

Violación flagrante de las zonas de protección

Asimismo, el Frente EcoCipreses advirtió que la desprotección no es solo química y analítica, sino también territorial: en la zona continúan existiendo nacientes y tomas de agua donde no se respeta la franja de protección ecológica de 200 metros estipulada en la Ley de Aguas. Las actividades agrícolas intensivas continúan realizándose al límite mismo de los manantiales en la Zona Norte de Cartago, favoreciendo la escorrentía directa de agroquímicos hacia el manto acuífero y perpetuando la crisis hídrica.

Advertencia penal por delito de desobediencia

En su resolución reciente, el magistrado instructor Jorge Araya García recordó de manera expresa a las autoridades recurridas que, de comprobarse la desobediencia a lo ordenado en la sentencia constitucional, se abrirán procedimientos administrativos sancionatorios y se procederá al testimonio de piezas ante el Ministerio Público para el juzgamiento penal por el delito tipificado en los artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Las comunidades y colectivos ecologistas reiteraron que no cesarán en la movilización legal y social hasta que se garantice agua potable limpia, libre de venenos, con zonas de nacientes rigurosamente delimitadas y con un monitoreo toxicológico riguroso que no dependa de la desidia gubernamental.

Sala IV admite acción de inconstitucionalidad de la Defensoría sobre debilitamiento de la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito municipal

La Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría de los Habitantes, contra el artículo 17 de la Ley número 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, por considerar que la reforma introducida a la legislación municipal podría significar un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito local.

La acción, tramitada bajo el expediente número 26-030461-0007-CO, plantea que la modificación legal eliminó un nivel de protección normativa previamente reconocido, al suprimir la obligación de las municipalidades de garantizar la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, así como la potestad expresa de crear Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) con presupuesto propio.

Desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, estos cambios podrían debilitar los avances institucionales alcanzados en materia de igualdad sustantiva y participación de las mujeres en el ámbito municipal, al dejar la permanencia, el presupuesto y el personal de las OFIM sujetos a las decisiones de cada gobierno local.

La acción constitucional se sustenta, entre otros instrumentos, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, así como en el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Un elemento relevante señalado en al momento de la interposición de la acción, es que la Procuraduría General de la República, al pronunciarse previamente sobre la norma cuestionada, consideró que esta supone un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito local y que coloca al Estado en una situación de incumplimiento de sus obligaciones internacionales, por lo que estimó que la norma resulta inconstitucional.

Como parte del trámite, la Sala confirió audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

La Defensoría fundamentó su acción, además, en las preocupaciones expresadas por el CEDAW en sus observaciones de 2017 y 2023, particularmente respecto de la autoridad, mandato y capacidad de las OFIM.

Para la Defensoría, la discusión constitucional representa una oportunidad para examinar si el marco jurídico vigente garantiza adecuadamente la continuidad de los mecanismos institucionales destinados a promover la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en los gobiernos locales.

Importante destacar que, la admisión de la acción de inconstitucionalidad no significa que la Sala Constitucional haya declarado inconstitucional la norma cuestionada. El proceso continuará conforme al procedimiento establecido por la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Organizaciones exigen al gobierno acatar fallo de la Sala IV sobre representación sindical en la CCSS

Un comité promotor integrado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, junto con cientos de personas y organizaciones firmantes, presentó ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un manifiesto y petición formal en defensa de la autonomía institucional y del respeto a la representación sindical legítimamente electa. El documento exige la juramentación inmediata de Rocío Alfaro Molina como representante propietaria del movimiento sindical ante la Junta Directiva —cuya designación fue anulada por el Consejo de Gobierno pese a haber sido ratificada por la Sala Constitucional mediante el voto n.° 2026-031380 del 13 de agosto de 2026— y el cese del nombramiento pro tempore de Roger Rivera Mora en ese mismo espacio.

SURCOS le invita a leer y compartir el documento que publicamos íntegro:

COMITÉ PROMOTOR DEL COMPROMISO POR LA DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA CCSS

MANIFIESTO Y PETICIÓN FORMAL

Por el respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación legítima del movimiento sindical

Señoras y señores

Junta Directiva

Caja Costarricense de Seguro Social

Presente

Asunto: Solicitud de respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación sindical legítimamente elegida

Quien suscribe, Vera Victoria Sancho Mora, portadora de la cédula de identidad número 104111454, actuando como persona autorizada por el Comité Promotor del Compromiso por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social, conformado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, señala como medio para recibir notificaciones compromisoconlaccss@gmail.com y presenta formalmente ante esta Junta Directiva el siguiente manifiesto y petición, respaldados por las personas suscriptoras que se indican al final.

MANIFIESTO

Por el respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación legítima del movimiento sindical

El Comité Promotor del Compromiso por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social, conformado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, manifiesta su profunda preocupación y su firme rechazo ante la actuación del Poder Ejecutivo respecto al nombramiento de la representación del movimiento sindical en la Junta Directiva de la CCSS.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma, construida durante generaciones con el esfuerzo solidario de las y los costarricenses. Su Junta Directiva responde a un modelo de representación democrática en el que participan el Estado, el sector patronal y las personas trabajadoras. Esta integración no es una formalidad: constituye una garantía para que las decisiones sobre la seguridad social no queden concentradas en manos del gobierno de turno.

El 9 de junio de 2026, la Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente, para el periodo 2026-2030. Sin embargo, el Consejo de Gobierno rechazó esa designación, a pesar de que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que el Poder Ejecutivo no puede objetar los nombramientos efectuados por los sectores sindical y patronal.

La Sala Constitucional, mediante el voto n.° 2026-031380 del 13 de agosto de 2026, anuló por unanimidad el acuerdo del Consejo de Gobierno que rechazó el nombramiento de Rocío Alfaro. La resolución confirmó que el Poder Ejecutivo carecía de fundamento jurídico para desconocer la decisión adoptada por el movimiento sindical.

A pesar de ello, el gobierno nombró a Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore, y la Junta Directiva de la CCSS llegó a sesionar con su participación aun después de conocerse públicamente la resolución de la Sala Constitucional.

Lo ocurrido no puede considerarse un simple desacuerdo administrativo. Desconocer la elección realizada por el movimiento sindical, sustituirla por una persona nombrada temporalmente y prolongar esa situación después de una resolución constitucional constituye una grave injerencia en la representación legítima de las personas trabajadoras.

No corresponde al Poder Ejecutivo escoger cuál representación sindical le resulta conveniente. La persona que ocupa ese espacio debe ser elegida libremente por el sector al que representa.

La autonomía de la Caja se debilita cuando el gobierno pretende controlar o condicionar la integración de su máximo órgano de dirección. También se debilita cuando se desconocen las decisiones de los sectores representados y se retrasa el cumplimiento de las resoluciones de la Sala Constitucional.

PETICIONES

Por estas razones:

  1. Rechazamos cualquier intento del Poder Ejecutivo de intervenir en la elección de las representaciones sindicales ante la Junta Directiva de la CCSS.

  2. Exigimos el respeto a la decisión adoptada legítimamente por la Asamblea del Movimiento Sindical.

  3. Solicitamos la inmediata juramentación de Rocío Alfaro Molina como representante propietaria del movimiento sindical y el reconocimiento de Marta Rodríguez González como representante suplente para el periodo correspondiente.

  4. Demandamos que se deje sin efecto el nombramiento pro tempore realizado mientras exista una representación sindical legítimamente elegida.

  5. Exigimos el cumplimiento pleno y sin dilaciones de lo resuelto por la Sala Constitucional.

  6. Reafirmamos que la Ley Constitutiva, la autonomía y el modelo de representación democrática de la CCSS deben ser respetados por todo gobierno, independientemente de sus intereses o diferencias políticas.

Defender la autonomía de la Caja es defender la seguridad social, la democracia y el derecho de las personas trabajadoras a participar en las decisiones de una institución que pertenece a todo el pueblo costarricense.

La Junta Directiva de la CCSS toma decisiones que afectan la atención médica, las listas de espera, los medicamentos, las pensiones y la vida de millones de personas. Por eso, su integración no puede quedar sometida a la voluntad del Poder Ejecutivo.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, comunales, académicas y profesionales, así como a todas las personas comprometidas con la seguridad social, a pronunciarse ante estos hechos y a defender la autonomía de la Caja.

La Caja está en el corazón de Costa Rica. Su autonomía, su carácter público y su conducción democrática deben ser respetados y defendidos.

Por lo anterior, solicitamos a la Junta Directiva de la CCSS que tenga por presentado este manifiesto, lo incorpore al conocimiento del órgano colegiado y atienda las peticiones aquí formuladas.

San José, Costa Rica, martes 1 de setiembre del 2026.

____________________________________

Vera Victoria Sancho Mora

Cédula de identidad 104111454

Persona autorizada por el Comité Promotor

Medio para notificaciones: compromisoconlaccss@gmail.com

Las personas abajo firmantes suscribimos y respaldamos este manifiesto y hacemos un llamado a defender la autonomía de la CCSS, el respeto a su integración democrática y el derecho de cada sector a elegir libremente a sus representantes, sin injerencias indebidas del Poder Ejecutivo.

Nombre Organización

Virginia Ramírez Cascante

Mujeres por Costa Rica

Eugenia Solís Umaña

Mujeres Por Costa Rica

Ana Isabel Chacón Mora

Observatorio GEMA

Sady Morales Zapata

 

Guillermo Vargas Solís

 

Patricia Salgado

La Caja es Nuestra (LCEN)

Francisca Raventos Vorst

 

Lena Mora Ordóñez

 

Laura Gómez Vasquez

 

Julia Vargas

 

María Cecilia Romero Aguero

 

Flor de María Monge Arroyo

RECOMM

Asdrúbal Duarte Esquivel

AJA

Christian Barrantes Herrera

SINASSASS

Mirna Infante Céspedes

 

María Flor Abarca Alpízar

Red feminista contra la violencia hacia las mujeres en CR

Carmen Brenes Sáenz

Parlamento Cívico Ambuental

Ana María Botey Sobrado

Mujeres por Costa Rica

Guiomar del Rocío Martín Tedman

 

Paula Cordoba Zumbado

 

María Catarina Goldoni Ruíz

 

Lilliana Zeledon Cambronero

La Caja es Nuestra

Hannia Franceschi Barraza

 

Ana María Trejos Trejos

Red feminista contra la violencia hacia las mujeres

Sandra Isabel Jara Castro

 

Juan Carlos Cruz Barrientos

Independiente

Isabel Elizondo

 

Lucrecia Leiton Arias

La Caja es Nuestra

Abelardo Morales Gamboa

 

Yolanda Rojas Rodríguez

Colectivo Mujeres por Costa Rica

Eugenio Chinchilla Miranda

 

Margarita Villalobos

 

Ivonne Durán Orozco

 

Marco Vinicio Fournier Facio

Red Naciomal por la Democracia

Nora Montero Quirós

 

Alejandra Marín Herrera

 

Jorge VINDAS

AFUP

Ana Chacón Mora

Observatorio GEMA

Roxana Vaglio Rivas

 

Adina Castro García

Unión Nacional de Trabajadores

Diana Fuster Baraona

 

Isabel Ducca Duran

 

Lízbeth Solano Alpízar

UTN y ASOINAMU

Herbert Chaves Sánchez

 

Janet Carrillo

 

Gerardo Cruz Zuchini

 

Marlene Rojas Valverde

 

Marta María Hernández Mendoza

CIUDADANA COMPROMETIDA.

Sandra Chacón Jiménez

Sindicato de Administradores y afines CCSS

Mar Fernanda Schifani García

 

Lorena Mora Rodríguez

 

Damaris Rodríguez Lara

Asociación rescate de la Zona Marítima Terrestre.

Albert Espinoza Sánchez

 

Gustavo Araya Martínez

 

Silvia Vindas García

 

Luís Fernando Mayorga Acuña

 

Isabella López Campos

 

Lucia Chaves

 

María Elena López

La Caja es Nuestra

Saray Elena Loáiciga Brenes

Universidad Nacional

Anabelle Aguilar Brealey

 

Jessica Succar

 

María Enriqueta Guardia Yglesias

 

Andrea Montero Váysque

 

Elizabeth Garbanzo Huertas

 

Kathia Ortega Borloz

 

Ana Virginia Granados Rojas

 

Andrea Sagastuy

 

Elizabeth Barrantes Garita

 

Emilia Mora

 

Karol Segura Obando

UNDECA

Denis Angulo Alguera

Partido Acción Ciudadana

Neddy Zamora

 

Denis José Angulo Alguera

Partido Acción Ciudadana

Evelyn Silva

La Caja es Nuestra

Carmen Carro Barrantes

Junta de Salud Carmen/Montes de Oca

Amelia Castells Solis

 

Priscilla García

 

Cristian Brenes P

 

Rebeca Brenes Roldán

 

Ana Hernández

 

Paula Isabel Salas Salinas

La Caja es Nuestra

Sonia Montero Díaz

CFIA

Alberto Salas Salinas

Frente Amplio

Luis Guillermo Fernández Valverde

 

Norma Guzmán Torres

 

Marcela Eduarte Rodríguez

 

Camille Haylock Facetti

 

Aleida Devandas Aguilar

Frente Amplio

Ana Patricia Sánchez Calvo

 

Marta Arroyo

Frente de Lucha por Nuevo Hospital de Cartago

Johanna María Méndez Trejos

 

María Eugenia Quirós Gamboa

Oficina de la Mujer

Virginia Borloz Soto

 

Priscilla Gutiérrez Castillo

 

Michelle Midence Araya

 

Socorro Vargas Araya

 

Mario Villalobos Arias

Centro de Amigos para la Paz

Carmen Ma Chacón Mora

 

María Lorena Molina M

 

Mario Céspedes Avalos

La Caja es Nuestra

Ana Lorena Camacho De la O

Colectiva Acción Feminista

Pablo Zúñiga Morales

 

Sagrario Agüero Badilla

FRENASS

Nubia María Cabrera Chaves

ANDE- COLYPRO- SINAPRO.

Kattia Isabel Castro Flores

 

Emilia Molina Cruz

 

Alicia Avendaño

Junta de salud de Hospital Nacional de Gereatria

Marta Iris Muñoz Cascante

SITRAJUD

Leda Sánchez Vindas

 

María Angelina Pérez Gutiérrez

 

Dr. Santiago Chaves Aguilar

Universidad de Costa Rica

Isabel Avendaño

 

Eugenia Salazar

 

Kinndle Blanco Peña

 

Edgar Miranda Molina

 

Ivette Guier Serrano

 

Roxana Rojas Campos

Asociación Desarrollo Integral Las Magnolias, Goicoechea

Shirley Unfried Acevedo

 

Gloria Salas Hernández

 

Habib Succar Guzmán

 

Rosanna Velit Suárez

 

Isabel Sánchez Cordero

 

Henry Mora Jiménez

 

Álvaro González V

Frente Amplio

Ana Elena Badilla Gómez

 

Rodrigo Jiménez

 

Zaida Camacho Aguilar

 

Diana Mora

 

Edwin Mora

 

Rosario Sánchez Barquero.

 

Alicia Cascante Mora

 

Georgina Hidalgo Rojas

Junta de Salud

Amalia Vargas Rojas

ANDE

Randall Cabrera Garita

Unión Médica Nacional

Luz María Elizondo Fallas

 

Sara Núñez Mata

 

Mary Alice Mora Jiménez

 

Patricia Barboza

 

Rosa Ramírez González

 

Sebastián Pérez Carmona

 

Mauricio M. Méndez Vega

 

Rafael Rivas Ducca

Frente Amplio Goicoechea.

William Castillo Elizondo

 

Irene Ulloa Golcher

 

Sergio Ortíz Pérez

ACOTEL

María Mora Moya

 

Amari López Lackwood

 

Teodora Tsijli

 

Melania Monge Rodríguez

Mujeres por Costa Rica

Rafaela Varela

 

Cintya Romano Dorado

 

Rosa María Mata Mora

Junta de Salud

Indira Jara Piedra

 

Gerardo Arias Elizondo

 

María Antonieta López Gómez

 

David Zúñiga Rodríguez

Junta de salud Carmen Montes de Oca. Unión médica nacional

Sergio Reuben-Soto

Pensionados en Acción

Jorge Cordero Rodríguez

 

Teresita Ramellini Centella

 

Nora

Colegio de Trabajadores Sociales

Elizabeth Gutiérrez

 

Anargeri Solano Siles

 

Mercedes Solano Rivas

 

Olga Castro Vargas

Junta de Salud Zapote Catedral

José Manuel Cerdas Albertazzi

 

Rodolfo Acosta Campos

 

Grace Redondo Vargas

 

Trilce Altamirano

 

Raúl Sánchez Alfaro

 

Miriam Sandí Murcia

 

Mary Mora Jiménez

 

Ligia Arias Alegría

 

Ana Lorena Jiménez Rivera

 

Katty León Obando

Consejo del distrito de Birrisito concejal

Hilda Gamboa Haeberle

 

Marjorie Smith Venegas

 

Gustavo Chen Quesada

S de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD)

Roxana Madrigal

 

Yamileth Achong Ching

 

Alberto Gómez Vargas

 

Carolina Leitón Rodríguez

 

Baudilio Mora Mora

 

Mario Leon Barth

 

Efraín ARTAVIA LORIA

 

Nydia Amador Brenes

Colegio de Médicos y Cirujanos

Gloria Navas

Defensa de la Democracia!!

Patricia Allen Flores

 

Sonia Sandi Zuñiga

SITRAJUD

Elías Jaén López

SITRAJUD Sindicato de trabajadores Judiciales

Teresita Arrieta Araya

 

Aura Hernández Rojas

 

Edgar Vargas Alfaro

 

Miguel. Cespedes Araya

Asoc de Desarrollo Integral. Barrio el. Bosque. Oreamuno

María del Rocio Hernández Moya

 

Luana María González Ibarra

 

Emiliano Céspedes Villalobos

 

José Pablo Chacón Fernández

 

Kattia Barquero Rojas

COOPETRAVEN R. L

Jorge Chaves Villalobos

 

Giohana Ibarra Salas

 

Luis José López Miranda

 

Yolanda Chaves Chaves

 

Rosa Brenes Roldan

Aliaxis Latinoamérica

Marjorie Monge Muñoz

 

Ana Moreira

 

Carlos Jaime Gutiérrez Trejos

ADIMAPLA

Yanderel Méndez Carvajal

 

Iarara Cruz Santos

SEC

Luis Guillermo Vargas Solis

 

Darcy Araya Solano

 

Anastasia Solano Sáenz

 

Argery Sánchez Hdez

 

Diana Masís Porras

 

Giancarlo Mathieu Jiménez

 

Vera Laura Rodríguez Fernández

 

Albin Chaves Matamoros

La Red por CR

María Ureña Gutiérrez

SEC, ANDE

Silvia Matamoros

 

Isidro Boniche Quiros

 

Patricia Francesa Blanco

SOCIPROT IVM

Pilar Vargas Ramírez

 

Adriana Jiménez Castro

ANPE

Luis Felipe Arauz Cavallini

 

Erick Sojo Marín

Radio Zurquí

Lucia Rescia

 

Yanira Solís Montero

ANDE Sindicato

Yamileth Duarte Esquivel

Seguimiento del Compromiso

Astrid Noffal Tassara

 

Paolo Duarte Sancho

 

Harold Hidalgo Umaña

SITRAS

Franklin Quesada Campos

Sindicato Salud y Seguridad Social

Fanny Calderón Contreras

 

Evelyn Flores Aguilar

Sindicato de la Salud y la Seguridad Social SISSS

María Trejos Montero

MTC

Édison Valverde Araya

Comunidad Buen Vivir

Isabel Avendaño-Flores

Facultad de Ciencias Sociales UCR

Jeyner Aguilar Bermúdez

Grupo sol P. Z.

Roslyn Badilla Sánchez

 

Sandra Cartin Herrera

Colectivo Mujeres por Costa Rica

Ángelo Monge Montero

Fundación Nomada Costa Rica

Emmanuel Buitrago Páez

Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI

Oscar Beita Quesada

Movimiento Ríos Vivos

ANDRÉS CASTILLO SABORÍO

 

Lilliana Sánchez Bolaños

RENASES

Félix López Zambrana

Asociación de Comunidades Unidas para la salud Guácimo

Maria Eugenia Villagra Jiménez

 

Patricia Carballo Villagra

 

Sergio Benach Carro

 

Edouardo Olmos Campos

 

Yadira Morales Chaves

 

Patricia Cordero Vargas

 

Ana Isabel Mora Vargas

 

Sary Montero

La Caja es nuestra

Alberto Salazar Rivera

 

Alejandra Cecilia López Siu

 

Alvaro Madrigal Arroyo

Movimiento Asambleas Populares

Carolina Somarribas Dormond

Asociación de Profesionales de la UNED (UNEDPRO)

José Ramírez Aguilar

Rompiendo Fronteras Costa Rica

Mercedes Arguedas Molina

 

Rafael Eduardo López Alfaro

Alianza por la defensa de la salud de Barva

Jerlyn Villegas Herrera

 

Gael Bejarano Villegas

 

Andrés Quiros Villegas

 

Luis Alberto Conejo Salas

 

Isabel Zúñiga Narváez

 

Liliana Chavarría Valerio

 

Anacristina Rossi

Frente Amplio

Mauricio Zeledón Leal

Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto

Andrea Álvarez Marín

PLN

Patricia González Ballar

 

David Ceciliano Chacón

 

Sharo Rosales Arce

Observatorio Medios de comunicación y género

Olman Bolaños Vargas

 

Ana María Méndez Villalobos

 

Ana María Arenas Romero

 

Leda Barquero

 

Yamileth González García

Colectivo Mujeres por Costa Rica

Jorge Manuel Moya Montero

Asociación Funcionarios Universitarios Pensionados

Neddy Zamora chacón

 

Luisa Yanory Moreira Jiménez

 

Ana Chacón

Observatorio de Género y Medios GEMA

Alexander Castillo Monge

Junta de Salud Área San Sebastián-Paso Ancho

Leda Patricia Montoya Calderón

 

Dulce Maria Guzman

La Caja es nuestra

Luis Carlos Bonilla Soto

 

Julia Henríquez

Julia Henríquez

María José Chaves Groh

CEFEMINA

José González Villalobos

ADIPA

Silvia Mora Quirós

Antes del ICE

Vínyela Devandas Brenes

FRENASS, La Caja es Nuestra

Ana Rosa Ruiz Faernández

 

María Treguear Lemo

 

Emma Zuñiga Valverde

 

Marcia Baraona

 

Adriana Laclé

 

Jesús Monge Chinchilla

 

Margarita Brenes Molina

Colectiva Autónoma por la resistencia social

Ana Luisa Cerdas Albertazzi

Junta de Salud de Santa Ana

Jiddu Rojas Jiménez

Encuentro Democrático

Ana Lucía Sanabria Jiménez

Sindicato de Trabajadores de la Salud SITRAS

Norma Hernández Ernst

 

Maria Elena Naranjo Leon

Sitras

Sonia Ulate Fallas

Partido Vanguardia Popular y Frente de lucha por el HMP

Luis Jonathan Fonseca Valerio

SIACCSS

Saúl Calderón Ramírez

 

Beatriz Castro Zúñiga

Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas

Karla Picado Granados

 

Andrés González Zamora

 

Nelson Espinoza Rodriguez

SITRAS

Ricardo Solano Madrigal

SINTAF

Simón Álvarez Viquez

SINTAF

Albertina Alfaro Chinchilla

REMISOD

Albino Aparicio Castro

SITRAS

Rebeca Vásquez Vargas

SINTAF

Ana Lucía Fonseca Ramírez

 

Amable Corrales Valverde

 

Adrián Quijano Centeno

Sintaf

Marta Arroyo Bonilla

Frente de Lucha proconstrucción Hospital Max Peralta.

Sonia Solís Umaña

 

Milagro Solis

Partido Pueblo Unido

Nidia Rivera González

 

Juan Carlos Bermúdez Barboza

Buen Vivir CR

Flory Isabel Meza Calvo

 

Magda Solis Alpízar

 

Ibux Sánchez Villalobos

 

Ana Lorena Marín González

ANDE

Ronulfo Morera Vargas

Buen Vivir-Costa Rica

Luis Paulino Vargas Solís

 

Roberto Cubillo Quesada

 

Ángel Ocampo Álvarez

Universidad de Costa Rica

Mayra Elena Rojas Alfaro

 

Ana Clemencia Araya Blanco

Junta de salud de Pital

Mayela Pérez Rodríguez

 

Marta Eugenia Picado Mesén

 

Fabio Enrique Delgado Hernández

Secretario director Colegio Abogad@s CR.

Marcos Chinchilla Montes

 

LILIANA MONGE SANCHEZ

UCR

MARTA CÉSPEDES SALAS

Junta de Salud

Julio Franceschi Castillo

 

Luis Roberto Zeledón Arias

ANEP

Elizabeth Murillo Ortega

 

Alejandra Franceschi Rojas

 

Seidy Salas Víquez

 

Rosa María Arce Madrigal

ANDE

Dania Fernández Sandí

ANDE PENSIONADOS

Ana Elena Arce Madrigal

 

Carolina Soto

Red de solidaridad con Palestina

Grettel Balmaceda García

 

Madeline Kiser

 

Elizabeth Del Río Rodríguez

SINTAF

María Mesén

 

José Gabriel Rivas Ducca

 

Manuel Jiménez Rodríguez

 

Zaida Camacho Aguilar

 

Lorena Marín Camacho

 

Luis A. Monge Arrieta

 

Pedro Salguero

 

Nuestra democracia bajo amenaza

Costa Rica ha sido catalogada, históricamente, como una de las democracias más sólidas y estables de Latinoamérica, pero ha venido sufriendo una progresiva y grave erosión desde 2022.

Gobiernos anteriores provocaron desconfianza en la ciudadanía, merced a muchas promesas incumplidas, y junto al desgaste de los partidos políticos tradicionales, crearon el terreno fértil para el surgimiento del discurso antisistema. Dicho descontento fue aprovechado por controvertidos personajes arribistas, del 2022 en adelante, para iniciar una escalada populista que cuestiona la arquitectura constitucional del país, redefiniendo la gestión pública como un choque permanente entre un “pueblo agraviado” y una “casta o institucionalidad corrupta”, y que utiliza reiteradamente un discurso de odio, para lo cual recurre a conferencias de prensa y plataformas digitales, con el propósito de descalificar a todos sus oponentes.

Los organismos internacionales y centros de monitoreo global han activado sus alarmas sobre este fenómeno, que degrada el nivel de la nuestra democracia; así, por ejemplo:

  • El Índice Mundial de Libertad de Prensa informó que Costa Rica perdió 33 puntos, del 2021 al 2025, pasando del puesto 5 del mundo al 38.
  • Según el Índice de Libertad Global (Freedom House), la puntuación de la Libertad de Prensa pasó de 88.8 a 72.3 puntos en ese mismo periodo.
  • Para el Instituto de la Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, los monitoreos en el país revelan un incremento superior al 800% en ataques a la prensa independiente. La mayor parte corresponde a agresiones verbales y a desacreditaciones sistemáticas («sicarios políticos», «prensa canalla») emitidas desde las ruedas de prensa del Ejecutivo.

Pero el atropello más crítico ha sido el ataque directo y coordinado desde la presidencia anterior y la actual, contra las instituciones que tutelan el Estado de Derecho, así, por ejemplo:

  • El Poder Judicial y la Sala Constitucional han sido blanco de descalificaciones directas, tras haber frenado decretos u órdenes administrativas contrarias a la ley (p. ej., el cierre de recintos de eventos y ataques indirectos a medios). Se tilda a los magistrados de «obstáculos al desarrollo».
  • La Contraloría General de la República ha sido objeto de un acoso verbal inédito. El Ejecutivo ha intentado eludir los controles de contratación pública (proyectos de infraestructura, alianzas público-privadas) y mediante reformas legislativas populistas (como la «Ley Jaguar»), ha querido descalificar la función constitucional de fiscalización.
  • El Tribunal Supremo de Elecciones (garante de la pureza del sufragio), también ha sido objeto de ataques a su imparcialidad cuando ha señalado infracciones al deber de neutralidad política de los funcionarios públicos.

Uno de los síntomas más preocupantes es la persecución a la libertad de expresión y al ejercicio de un periodismo libre, mediante estrategias de acoso sistemático a través de troles y redes sociales. Se crean ecosistemas digitales destinados al linchamiento virtual, el ciberacoso y la difamación de voces analíticas. Asimismo, mediante el retiro de la pauta publicitaria oficial a medios independientes, se les pretende asfixiar económicamente, incluso se les persigue judicialmente, haciendo un uso abusivo del aparato estatal.

Se practica la persecución tributaria, administrativa y se amenaza, lo cual ha obligado a algunos incluso al exilio y otros han perdido la visa norteamericana, aparentemente por intervención del gobierno.

Todo esto contrasta con la Costa Rica que ha sido refugio insigne de exiliados latinoamericanos. El uso de calificativos degradantes desde la tribuna presidencial no es mero folclore político; es una señal de validación que impulsa a grupos fanáticos a llevar la agresión del plano virtual al físico.

Finalmente, alimentados por ese clima de violencia verbal y discursos de odio, crecen también la delincuencia, el sicariato, el crimen, el tráfico de drogas y el lavado de dólares, al amparo de acciones gubernamentales que los han terminado favoreciendo, como lo fue el retiro de las policías contra las drogas de nuestras fronteras, puertos y aeropuertos, la reubicación de nuestras policías costeras tierra adentro y los recortes a los presupuestos del OIJ y el Poder Judicial. Como corolario, cientos de funcionarios y de exfuncionarios, de los tres poderes del Estado, se han visto tentados a involucrarse en el lucrativo negocio de las drogas.

Sin embargo, frente a una narrativa de odio, autoritaria y populista, la sociedad civil ha comenzado a articular mecanismos de autodefensa institucional: por ejemplo, la manifestación del Plantón, el pasado 6 de agosto, en la Plaza de la Democracia, una marcha cívica que representa un hito en la historia reciente del país. Este movimiento espontáneo, bajo la consigna de nuestra bandera nacional, reunió a sectores muy diversos, hombres y mujeres patriotas: exmagistrados, estudiantes, sindicalistas, jubilados, profesionales, académicos y ciudadanía en general, para exigir respeto a la separación de poderes, el cese a los ataques a la Sala IV, la Contraloría, el OIJ, el TSE, el Poder Judicial y la defensa irrenunciable de la libertad de prensa y de expresión, baluarte histórico de nuestra democracia.

Esa manifestación, popular y pacífica, evidenció que a pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo anterior y del actual, por polarizar y dividir la sociedad costarricense, existe una creciente masa crítica ciudadana, dispuesta a resguardar las bases institucionales establecidas en la Constitución vigente, la de 1949 y sus reformas.

En conclusión, todavía el país no enfrenta un colapso democrático, pero sí un ascendente proceso de erosión institucional, en el que tanto la ley como las instituciones que las tutelan son debilitadas intencionada y sistemáticamente.

Es importante, por tanto, no solo detener el deterioro democrático causado por la retórica oficialista, sino procurar una solución a las deudas estructurales (desigualdad, desempleo, infraestructura, salud, educación, seguridad) que el sistema político tradicional no supo atender y que le sirven a los dirigentes de turno como excusa para intentar derribar nuestra democracia e instaurar el autoritarismo tan en boga en Latinoamérica y el mundo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía consciente y preocupada de la herencia que le podamos dejar a nuestros hijos y nietos, a defender la democracia y sus instituciones. Esa defensa no se hace con fusiles ni con violencia, sino ejerciendo nuestros derechos ciudadanos a la denuncia y a la manifestación pacífica, no doblegándonos a las exigencias de un gobierno autoritario que no respeta ni la división de poderes ni las instituciones, y finalmente, repensando nuestras decisiones electorales en los procesos de escogencia que se avecinan, en nuestras comunidades y a nivel nacional.

Igualmente hacemos un llamado a las universidades, instituciones, organizaciones, movimientos, grupos de estudio, iglesias, intelectuales, demócratas, etc., a defender la institucionalidad, la democracia y la libertad que todavía disfrutamos, y a proponer proyectos, soluciones y cualquier idea que a través de los diputados y representantes cantonales y nacionales que todavía defienden esta patria, que nos permitan retomar el rumbo perdido, contrarrestar la polarización social y volver a una senda de progreso justa y equitativa, que propicie una convivencia pacífica en nuestra amada Costa Rica.     Agosto 27, 2026.

Firmantes:

Gerardo Fumero Paniagua, 301830948

Jorge Blanco Roldán, 103870769

Edgar Porras Thames, 103971236

Juan Gerardo Alvarado Ulate, 104830907

Alejandro Alvarado Induni, 103400452

Felipe Corriols Morales, 103720641

Hernán Sánchez Delgado, 103630887

Luis Bolaños Marín, 103840247

Fernando Fernández González, 104510498

Milton Esquivel Hernández, 103991282

Rodrigo Méndez, 104370959

Germán Murillo Pacheco, 400900601

Manuel Incer Arias, 103990517

Mario Granados Chacón, 103780680

Patricia Barzuna Castro, 105200588

Marina Aguiluz Armas, 102810948

Luis Fdo Chavarría Zannini, 103911334

Habib Succar Guzmán, 203240655

Víctor Mora Black, 601170946

Mercedes Monge Agüero, 104011497

Mario Salas Leal, 103720352

Jorge González Calderón, 107750334

Marco Vázquez Esquivel, 292940397

Luis González Espinoza, 202740104

Elizabeth Aguilar Zeledón, 104170170

Minor Ovares Fallas, 103880138

Xinia Herrera Quirós, 104220059

Mario Vilalta Jiménez, 104390432

José Luis Ocampo Rojas, 103720173

Alba María Muñoz Sibaja, 103960709

José Miguel Quirós Murillo, 202600256

Jaime Rosencwaig Topf, 103860466

Miguel Á. Montero Corredera, 104510398

Rolando González García, 202600476

Alberto Negrini Vargas, 104130248

Sandy Calderón Delgado, 103860628

Rosa L. Tormo Fonseca, 103920917

Rafael Ángel González Arce, 103990124

Víctor Hugo Esquivel Poveda, 104110982

Oscar Cuevas Zamora, 115200024

Carlos M. Villaseñor Brenes, 103530664

Emilia M. Rojas Umaña, 104090831

Azálea Álvarez Torres, 103840399

Víctor Mora Vilalreal, 106280826

Carlos E. Serrano Rodríguez, 202440879

José Pablo Sibaja Brenes, 112000166

Rogelio Zeledón Ureña, 104180816

Marco V. García León, 401300549

Guillermo Alvarado Induni, 105420448

Alexis Solís Marín, 104490703

María Nelly Porras Thames, 105330726

Marcela Guzmán Ovares, 301860044

María Helena Fonseca Mora, 301800640

Carmen Sandoval Jiménez, 103860587

María Elena Fonseca Mora, 301800640

Sergio Valenciano Ulloa, 105040820

Carlos Runebaun Madriz, 301720446

Tannia Oconnor Oconnor, 104060961

Eduardo Peralta, 103890642

Irene Araya Ortiz, 104870980

Alberto Gómez Vargas, 105720404

Luis Bolaños Marín, 104370959

María Teresa Bolaños Mora, 105130804

Arturo Pacheco Molina, 301820534

Ismael Mazón González, 104220207

Altagracia Sárraga Cuevas, 700390987

¿La política por encima de la Constitución? El trasfondo del choque entre el Congreso y la Sala IV

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

Por qué las sentencias constitucionales no pueden ser «ilegales», la regla matemática que valida la lista de 18 candidatos de la Corte y el peligro de subordinar la justicia a las mayorías de turno.

El presente texto constituye una síntesis articulada basada en las reflexiones y criterios jurídicos expuestos por el analista José Solano Saborío en su programa «Entre Verdades y Opiniones», así como en las tesis constitucionales desarrolladas por el jurista Jaime Ordóñez.

La democracia costarricense no se debilita únicamente por la violación flagrante de sus leyes, sino también cuando se pretende reinterpretarlas de manera oportunista al servicio de intereses políticos circunstanciales. Costa Rica atraviesa uno de los episodios institucionales más delicados de sus últimas décadas. El conflicto en torno al nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional ha desatado enfrentamientos de discursos que, en muchos casos, solo han contribuido a aumentar la polarización y la confusión de la ciudadanía.

En este complejo escenario, el analista y abogado José Solano Saborío ha desarrollado en su programa Entre Verdades y Opiniones una exposición detallada de la controversia. Su fundamentación, complementada de forma nítida por las tesis académicas del jurista Jaime Ordóñez, recuerda un principio republicano elemental: los conflictos entre los poderes del Estado no pueden resolverse mediante la imposición de las mayorías, sino a través del derecho y del respeto absoluto a las reglas del orden constitucional.

El punto central de la discusión radica en determinar si la Asamblea Legislativa puede devolver discrecionalmente las nóminas enviadas por la Corte Suprema de Justicia y negarse de forma indefinida a efectuar las designaciones. Tal posibilidad no se encuentra contemplada en la Constitución Política ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Admitir que el Poder Legislativo pueda bloquear de forma reiterada e indeterminada las ternas remitidas por la Corte hasta forzar la aparición de nombres afines a su preferencia política erosionaría la independencia de los jueces, subordinando la judicatura al interés del gobernante de turno.

Bajo esta misma línea de rigor normativo, el argumento político que acusaba a la Corte Suprema de Justicia de enviar una nómina incompleta por remitir dieciocho candidatos en lugar de veinticuatro carece de sustento legal. La razón jurídica es aritmética y categórica: el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece de forma taxativa la obligación de enviar estrictamente dos candidatos elegibles por cada plaza vacante. Al existir exactamente de forma oficial nueve plazas vacantes a magistraturas suplentes en ese momento, la Corte cumplió de manera milimétrica con la ley al estructurar una lista final unificada de dieciocho aspirantes, haciendo que la exigencia de veinticuatro nombres fuese un sinsentido normativo.

Frente al preocupante impasse y punto muerto jurídico generado entre el Congreso y la Corte, la Sala Constitucional no solo tenía el derecho de resolver, sino la obligación y el deber de hacerlo. Como nos lo recuerda Ordóñez, el artículo 10 de la Carta Magna es taxativo al asignarle a esta magistratura especializada la competencia exclusiva de dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado. Como bien argumenta Ordóñez, al dictar su resolución provisional, el tribunal actuó en resguardo del bienestar de las personas, el fin supremo de todo sistema democrático.

Para destrabar el sistema, Ordónez nos hace ver que la Sala IV aplicó de forma unificada cinco principios medulares del derecho constitucional: el principio de continuidad del servicio público de justicia —que evita que miles de personas vulnerables vean suspendida la tutela de sus recursos de amparo en salud o acceso al agua—, la integración constitucional frente a omisiones del Estado, la plenitud hermética del ordenamiento, la prohibición del vacío de tutela y la doctrina de la inconstitucionalidad por omisión.

Esta jurisprudencia integradora no es una anomalía costarricense; es la misma herramienta de funcionamiento del orden constitucional (Funktionsfähigkeit der Verfassungsordnung) que aplica el Tribunal Constitucional Federal en Alemania, o las llamadas sentenze additive empleadas por la Corte Constitucional italiana cuando las omisiones del parlamento amenazan con dañar los derechos fundamentales de la sociedad.

Por esta razón, la narrativa impulsada desde sectores políticos que tachan de «ilegal» la resolución del tribunal denota una alarmante carencia de rigor técnico. Por esencia y naturaleza jurídica, jamás una sentencia de un Tribunal Constitucional puede ser catalogada de ilegal. Al ser el órgano supremo de interpretación de la Carta Magna, sus resoluciones se ubican en la cúspide de la pirámide normativa de Hans Kelsen y poseen un rango superior a la ley ordinaria. Sostener lo contrario es incurrir en un contrasentido conceptual insostenible.

Lo verdaderamente lamentable, y en lo que confluyen de forma categórica las críticas de Solano Saborío y Ordóñez, es observar a diversos periodistas y medios de comunicación repetir y amplificar estas ligerezas jurídicas, confundiendo a la población. Cuando la conveniencia política pretende sustituir al derecho, la institucionalidad democrática se resiente, y cuando el equilibrio de poderes se debilita, es toda la sociedad la que termina pagando las consecuencias.