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Etiqueta: Sala Constitucional

Exmagistrado Ricardo Zeledón Zeledón llama a la ciudadanía a presentarse ante la Sala Constitucional contra la apertura del CECCO

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“Pasemos de las críticas a la acción”, dice el exmagistrado.

El exmagistrado de la Sala Primera Ricardo Zeledón Zeledón, especialista en derecho agrario, hizo un llamado a la ciudadanía para que se presente ante la Sala Constitucional a oponerse a la apertura del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CECCO). Según informa, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, lo inaugurará el miércoles 14 de octubre al mediodía.

Zeledón sostiene que el CECCO es una copia del modelo carcelario de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) impulsado por el presidente Nayib Bukele, al que califica como propio de un régimen autoritario y violatorio de los derechos humanos. Advierte que, tras la inauguración, el Ministerio de Justicia y Paz trasladaría a unas 5.100 personas privadas de libertad al nuevo centro bajo la clasificación de máxima seguridad, sin estudios previos y sin consulta a los jueces de ejecución de la pena.

Según el exmagistrado, el centro se construyó con planos y arquitectos salvadoreños y con financiamiento costarricense y extranjero, sin pasar por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, la Municipalidad de Alajuela ni la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Afirma además que se han opuesto al CECCO la Defensoría de los Habitantes, un organismo contra la tortura y diversas instituciones internacionales.

Un recurso de amparo pendiente

Zeledón informa que el 30 de septiembre presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, expediente 26-036376-0007-CO, contra la presidenta Laura Fernández Delgado; el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles; y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas. Señala que el recurso aún no ha sido cursado y que, a su juicio, la Sala ya debió dictar medidas cautelares para impedir la inauguración y el traslado de las personas privadas de libertad.

“Debemos pasar de las críticas a la acción”, plantea Zeledón, y recuerda que “todos estamos legitimados para oponernos a la apertura y a que se nos oiga”. Pide a la ciudadanía redactar cualquier escrito de oposición y presentarlo o enviarlo a la Sala Constitucional dentro de ese expediente. Señala que la Sala está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana.

Cómo presentar el escrito

Según indica el exmagistrado, el escrito solo debe llevar este encabezado:

El suscrito (o la suscrita), NOMBRE, ESTADO CIVIL, PROFESIÓN U OFICIO, VECINO(A) DE …, CÉDULA …

SALA CONSTITUCIONAL
AMPARO 26-036376-0007-CO
RICARDO ZELEDÓN ZELEDÓN contra LAURA FERNÁNDEZ DELGADO, presidenta de la República; RODRIGO CHAVES ROBLES, ministro de la Presidencia y de Hacienda; y GABRIEL AGUILAR VARGAS, ministro de Justicia y Paz.

A continuación, se redacta la oposición a la apertura del CECCO y al traslado de las personas privadas de libertad.

La República entre barrotes: notas del subsuelo costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Frank Ulloa Royo

La cárcel, en el siglo XIX francés, fue símbolo de modernidad y exclusión. Eugène Sue, en Los misterios de París (1842–1843), la retrató como destino inevitable de los marginados: “La prisión es el horizonte de los pobres, el lugar donde la miseria se convierte en delito.” Honoré de Balzac, en Esplendores y miserias de las cortesanas (1838–1847), la convirtió en escenario de corrupción y ruina moral, mostrando que los barrotes no eran más que prolongación del poder económico. Los hermanos Goncourt, en La fille Elisa (1877), mostraron la prisión como el último peldaño de la degradación femenina: “La mujer pobre no cae por el crimen, sino por la fatalidad social que convierte su miseria en culpa.” La literatura entendió pronto que la cárcel no era espacio de justicia, sino teatro donde la sociedad exhibía su desigualdad. La ironía histórica es que, mientras Europa se jactaba de haber dejado atrás los suplicios públicos, lo que realmente inauguraba era una maquinaria más sofisticada de control: muros, barrotes y reglamentos que disfrazaban la represión con el lenguaje del progreso.

En el siglo XX, Michel Foucault desmontó esa ilusión humanista con bisturí filosófico. En Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (1975) escribió: “La prisión no corrige, vigila; no libera, disciplina.” El panóptico, esa metáfora de la mirada invisible, se convirtió en el emblema de una sociedad que controla sin necesidad de látigo. La ironía es que la cárcel, presentada como conquista civilizatoria, era en realidad el laboratorio de la dominación. Y hoy, Costa Rica repite la escena con un guion ya escrito: se levanta un nuevo centro penitenciario como promesa de seguridad, mientras se desmantelan las políticas sociales que prevenían la exclusión. La historia se repite, pero con disfraz tropical: la República que abolió el ejército ahora multiplica cárceles y entrega soberanía, como si la memoria de la paz fuera un lujo que ya no podemos permitirnos.

No es casual que Víctor Hugo, en Los Miserables (1862), mostrara que el destino de los pobres era la muerte prematura o la cárcel. Jean Valjean, condenado por robar un pan, encarna la paradoja de un sistema que castiga la miseria en lugar de combatirla: “El hambre no es delito, pero la justicia lo convierte en crimen.” Esa alegoría sigue vigente: los miserables de hoy no son criminales por naturaleza, sino víctimas de un Estado que recorta derechos y multiplica barrotes.

El presupuesto 2026 desnuda la lógica del subsuelo: se recortan pensiones, becas, comedores escolares, transporte estudiantil, vivienda y cuido infantil, mientras aumentan los gastos en Presidencia, Hacienda y Asamblea Legislativa, con asesores, vehículos y pines de oro. La república se desvanece: menos derechos, más cárceles, más cuchillos en la mano de la patria agraviada.

Defender la independencia judicial no es encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral. Es impedir que la justicia se convierta en rehén del poder político. La Sala Constitucional, tantas veces protectora de derechos sindicales y laborales, está bajo amenaza. Si cae, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?

Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso hoy es consigna política. No queremos una republiqueta punitiva al estilo Bukele, sino una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia sin miedo.

El subsuelo de Dostoievski es nuestro espejo: alienación y resentimiento marcan la vida pública, diputados que rechazan candidatos, instituciones que callan, magistrados que guardan silencio cómodo. Y en medio de esa penumbra aparece el ministro de Justicia, que un día se arrodilló frente a los reos no para reconocer su humanidad, sino para insultarlos y negarles toda dignidad. Ese gesto, más teatral que político, fue la confesión de un poder que desprecia a los más vulnerables y convierte la justicia en espectáculo de humillación. Hoy ese mismo ministro está siendo investigado, como si la ironía quisiera recordarnos que quien niega humanidad termina negándose a sí mismo. Dostoievski escribió en Notas del subsuelo (1864): “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse.

Hoy, proyectos que legitiman la violencia institucional amenazan con destruir esa memoria. Quienes denuncian ante la Sala Constitucional estas políticas infrahumanas, como el Dr. Ricardo Zeledón, serán maltratados en las oficinas presidenciales como enemigos de la sociedad. El subsuelo costarricense nos advierte: pronto las cárceles estarán llenas de opositores políticos a este modelo autoritario, también de mujeres y hombres excluidos por las políticas económicas en nombre de la seguridad colectiva. Sin embargo, como Debravo, repetimos: no queremos cuchillos en la mano de la patria, queremos justicia libre, digna y humana.

Lo irónico es que, como en El Salvador, los votantes podrían quedarse con la última página del libro: la ilusión de haber recuperado las calles, aunque sea de manera temporal, mientras la democracia se reduce a barrotes y decretos punitivos. La historia se repite con disfraz distinto, pero con la misma moraleja: la seguridad que se compra con miedo termina siendo la antesala de la represión.

RENASES denuncia el incumplimiento de una orden de la Sala Constitucional en la elección de magistraturas suplentes y llama a mantenerse en alerta

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La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresó su «más profunda preocupación» y su «enérgico rechazo» ante lo ocurrido el 29 de setiembre en el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando no se realizó la votación acordada para nombrar las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. RENASES es un espacio de articulación de organizaciones sindicales, productivas, comunales, territoriales, ecologistas, feministas y de derechos humanos.

En un pronunciamiento fechado el 30 de setiembre, la Red explica que ese día estaba acordada la votación para nombrar a nueve magistradas y magistrados suplentes. Sin embargo, una moción de orden de la fracción oficialista, aprobada solo con sus propios votos, devolvió la nómina a la Comisión de Nombramientos. Según RENASES, esa decisión desconoce una orden directa de la Sala Constitucional, que en su resolución de julio declaró ilegítima la devolución de la nómina y ordenó al plenario conocer y resolver esas designaciones.

«Esto no es un trámite más ni una diferencia de criterio entre diputaciones», afirma la organización. «Cuando un Poder de la República decide no cumplir lo que ordena el tribunal encargado de defender la Constitución, se rompe el equilibrio que sostiene nuestra democracia. Ninguna mayoría, por amplia que sea, está por encima de la Constitución Política».

Un impacto que recae en la ciudadanía

La Red advierte que la falta de suplentes en la Sala Constitucional no afecta a las magistraturas, sino a la ciudadanía. «Detrás de cada expediente detenido hay una persona que espera un medicamento o una cita en la Caja, una comunidad que defiende su agua o su territorio, una trabajadora que reclama sus derechos». Recuerda que el recurso de amparo es la herramienta más cercana que tiene la población para defenderse de los abusos del poder, y que debilitarlo «es dejar a la población sin defensa».

Para RENASES, este hecho no es aislado: se suma a los recortes al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial, y a los ataques públicos contra la independencia judicial. «En conjunto, estos hechos configuran un camino peligroso de concentración de poder que el país no puede normalizar».

Seis acciones

Ante esta situación, RENASES:

  1. Denuncia lo que califica como desacato a la Sala Constitucional, por considerarlo una grave ruptura del orden constitucional, y llama a la ciudadanía a no perder de vista este hecho por encima de cualquier otro tema de la agenda pública.

  2. Exige a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y a la fracción oficialista cumplir de inmediato lo ordenado por la Sala y someter a votación del plenario los nombramientos pendientes.

  3. Respalda la gestión por desobediencia anunciada por las fracciones del Bloque Democrático, en coherencia con los compromisos del Pacto Patriótico Costarricense, firmado el 29 de junio en defensa de la Constitución, la separación de poderes y la independencia judicial.

  4. Solicita a la Sala Constitucional y al Poder Judicial ejercer todas las potestades que les otorga la Ley de la Jurisdicción Constitucional ante el incumplimiento de sus resoluciones, incluido el traslado al Ministerio Público cuando corresponda.

  5. Llama a la Defensoría de los Habitantes, a los colegios profesionales, a las universidades públicas y a otras organizaciones a pronunciarse en defensa del orden constitucional.

  6. Convoca a sus organizaciones y sectores a mantenerse en alerta, informar en sus comunidades y estar preparados para una movilización pacífica si el incumplimiento persiste.

«Costa Rica se sostiene en sus instituciones, y defenderlas es tarea de todas las personas. La Constitución Política y la democracia no se negocian», concluye el pronunciamiento, firmado por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.

¡Triunfo comunitario! Sala Constitucional falla a favor de gestión por desobediencia por contaminación del agua con clorotalonil

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  • Por segunda vez el Frente Ecologista de Cipreses gana una gestión de desobediencia en el famoso caso de contaminación con degradados de clorotalonil en la zona norte de Cartago
  • El Frente EcoCipreses denuncia que persisten nacientes donde se violan los 200 metros de protección legal.
  • El Frente EcoCipreses califica de indignante que el Laboratorio Nacional de Aguas continúe sin capacidad técnica para monitorear los metabolitos del clorotalonil.

La Sala Constitucional acogió la gestión de desobediencia presentada por el agrobiólogo y ecologista Fabián Pacheco Rodríguez y la ecologista Ana María Montenegro Portuguez, relacionada con el incumplimiento de las órdenes emitidas en 2023 para atender la contaminación de fuentes de agua para consumo humano con productos de degradación del fungicida clorotalonil en comunidades de la zona norte de Cartago.

Mediante la resolución N.° 20260360007, correspondiente al expediente 22-026649-0007-CO, la Sala Constitucional determinó que, pese a las distintas acciones realizadas por las instituciones involucradas, la problemática de contaminación de las fuentes de agua persiste y no se ha alcanzado una solución definitiva. La resolución fue dictada a las nueve horas treinta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintiséis.

El nuevo fallo tiene como antecedente la sentencia N.° 2023-013384, del 6 de junio de 2023, mediante la cual la Sala había ordenado establecer mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con el propósito de adoptar y ejecutar las recomendaciones contenidas en el denominado “Informe Técnico Clorotalonil”, elaborado por instituciones públicas para abordar los riesgos asociados a este plaguicida y sus metabolitos.

La sentencia señala que las autoridades han realizado diversas gestiones, entre ellas la emisión de órdenes sanitarias, la elaboración del Informe Técnico Clorotalonil y la prohibición del uso del clorotalonil. Sin embargo, la Sala concluye que “aún persiste la problemática objeto del recurso de amparo, sea la contaminación en las fuentes de agua que abastece a la comunidad, pese a la prohibición del uso del agroquímico”, y relaciona esta situación con una deficiente vigilancia por parte de las autoridades competentes.

Por ello, la Sala acoge la gestión de desobediencia y reitera al ministro de Salud, al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, a la gerente general del AyA y al presidente de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno, o a quienes ocupen esos cargos, la obligación de cumplir lo dispuesto en la sentencia de 2023. Esto implica adoptar y ejecutar las recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil y darles el seguimiento necesario para garantizar su cumplimiento.

La resolución también reitera que debe garantizarse el suministro de agua potable para consumo humano sin utilizar las fuentes contaminadas, y que esta medida debe mantenerse hasta que el servicio pueda restablecerse por los medios habituales sin comprometer la seguridad y la salud de la población, previa autorización del Ministerio de Salud.

El fallo establece además un nuevo apercibimiento para las autoridades responsables. De acreditarse nuevamente la desobediencia, la Sala podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario que incumpla lo resuelto y testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia. La propia resolución recuerda que, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este delito puede sancionarse con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa.

Para Fabián Pacheco, uno de los recurrentes, la resolución representa también una reivindicación de la importancia de los mecanismos constitucionales para la defensa del agua y del ambiente:

“Vale resaltar la importancia de la separación de poderes cuando estamos defendiendo el agua de consumo humano de la desidia institucional y pareciera que es a punta de recursos de amparo que se logra de que el Estado Social de Derecho funcione en favor del ambiente y la gente”.

La ecologista y activista del Frente Ecologista de Cipreses, Ana María Montenegro, advierte además sobre la situación actual del abastecimiento mediante cisternas. Según explica, hace unas semanas el conductor del camión del AyA que distribuye agua en Cipreses le manifestó que había recibido instrucciones de suspender el servicio:

“que le habían dado la orden de que ya no repartiera más agua porque no estaba contaminada y que ya no volverían con el camión a repartir agua”.

Ante esta situación, Montenegro señala que el Frente Ecologista de Cipreses solicitó formalmente a las autoridades del AyA que se indique por escrito si se pretende suspender el suministro de agua mediante cisternas.

Por su parte, el abogado ambientalista Álvaro Sagot considera que la nueva resolución evidencia las dificultades que han caracterizado la respuesta institucional frente al problema:

“… volvemos a presentar un recurso de desobediencia del voto de la Sala Constitucional y nuevamente nos han notificado que tenemos la razón, se demuestra que las acciones de las instituciones han sido sumamente limitadas y estamos ante un déficit en materia de protección al derecho humano al agua. La Sala les dice de nuevo que se ha incurrido en una desobediencia. También el voto dice que el agua se debe llevar en camiones cisterna hasta que no se demuestre que el agua no está contaminada con clorotalonil y esto es un logro de los ecologistas y en buena hora que nos han dado la razón una vez más”.

Entre las recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil se encuentran el fortalecimiento de la fiscalización y el control, la promoción de plaguicidas más seguros y buenas prácticas agrícolas, el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas para la cuantificación de los metabolitos del clorotalonil, la vigilancia de residuos en fuentes de agua, la protección de las áreas circundantes a los cuerpos de agua y la adopción de medidas urgentes para prevenir y mitigar los impactos asociados al plaguicida. El informe técnico también recomendó la cancelación de registros vigentes y la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica.

Desde el Frente Ecologista de Cipreses consideramos que esta resolución constituye un paso importante en la defensa del derecho humano al agua y en la exigencia de que las instituciones públicas cumplan efectivamente las órdenes de la justicia constitucional. La existencia de una prohibición del clorotalonil no resuelve por sí misma la contaminación ya existente ni sustituye la obligación de vigilar, proteger las fuentes de agua, garantizar el abastecimiento seguro y ejecutar las medidas necesarias para enfrentar la presencia de sus metabolitos.

El agua sigue con presencia de degradados de clorotalonil, el agua sigue contaminada y exigimos a las instituciones del Estado no solo mantener el monitoreo, sino trabajar en la restauración de las nacientes de agua captadas para consumo humano que siguen estando invadidas y fumigadas.

Por ello, el Frente Ecologista de Cipreses reitera que continuará utilizando las vías legales y las acciones sociales necesarias hasta que las comunidades afectadas puedan contar con agua potable segura, limpia y libre de contaminación por productos de degradación del clorotalonil.

Le invitamos a escuchar el breve video con la explicación que da el abogado especialista en derecho ambiental Álvaro Sagot.

Puede descargar la resolución desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/20220007026910-35081052-1-1.pdf

Red Nacional por la Democracia cuestiona envío a comisión de la nómina de magistraturas suplentes y convoca a la ciudadanía a manifestarse

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Red Nacional por la Democracia envió a SURCOS un manifiesto, fechado el 29 de setiembre de 2026 en San José, en el que se pronuncia sobre lo ocurrido ese día en la Asamblea Legislativa en torno a la elección de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

Según la Red, lo que correspondía a la Asamblea Legislativa era escoger a las personas candidatas de la nómina de magistraturas suplentes elaborada por la Corte Plena, «dando así cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución, a tenor de lo acordado ayer entre todas las fracciones».

En lugar de eso, señala el manifiesto, la fracción del Partido Pueblo Soberano presentó y aprobó una moción de orden para enviar esa nómina a la Comisión de Nombramientos.

A juicio de la Red, con esa conducta la fracción oficialista y la presidencia de la Asamblea actuaron en contra de su Reglamento Interior y de la orden de la Sala Constitucional que dispuso efectuar esos nombramientos.

La organización considera que, sumado a lo que califica como reiterados incumplimientos de funciones, ilegalidades y faltas al decoro constitucional, tanto de esa fracción como de otros altos cargos públicos, el episodio evidencia una tendencia del grupo gobernante que pone en grave riesgo el orden constitucional del Estado. Advierte que actuar en esa dirección podría acarrear las más serias responsabilidades.

«Costa Rica es un Estado de derecho», recuerda la Red. En ese sentido, señala que quienes, desde la función legislativa, desatiendan deliberadamente una orden judicial podrían incurrir en el delito de desobediencia. Recuerda además que los artículos 148 y 149 de la Constitución Política establecen la responsabilidad de la presidenta de la República y sus ministros por los actos ilícitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.

«Vista la gravedad de la situación», la Red Nacional por la Democracia convoca a la ciudadanía costarricense «para que se manifieste de manera contundente repudiando las actitudes ilegítimas e indecorosas de la fracción legislativa oficial, respaldada por la presidenta y sus ministros».

Costarricenses otorgan calificación de 6,98 a la presidenta Laura Fernández

Escrito en . Publicado en Análisis.

  • Seguridad ciudadana es la principal preocupación del país, así lo manifiestan cuatro de cada 10 ciudadanos.

  • Mayoría del 86,5% manifiesta algún grado de aceptación de los movimientos sociales de las últimas semanas.

UNA Comunica. Transcurridos más de cuatro meses de la gestión de la presidenta Laura Fernández, los ciudadanos le otorgan una calificación de 6.98 de 10, de acuerdo con el informe Percepción de la población costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno, presentado esta mañana por el Instituto de Estudios en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

La nota es mayor al 6.70 que obtuvo en marzo el expresidente Rodrigo Chaves, al cierre de su gobierno. No obstante, es un inicio de administración con una nota inferior a la obtenida en setiembre de 2022 (hace cuatro años) por el propio Chaves: un 7.65.

“Aunque la medición de agosto de 2026 constituye el primer dato disponible para Laura Fernández Delgado, la comparación con la administración anterior adquiere relevancia debido al énfasis que tuvo la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves durante su campaña. De hecho, su propuesta electoral fue presentada como un proyecto de continuidad y esta orientación también se reflejó en la conformación de su gabinete”, indica el estudio.

La mandataria es la mejor evaluada en este informe. Le siguen el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, con un 6.63; luego Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, con un 6.55 y Gabriel Aguilar Vargas, ministro de Justicia y Paz con 6.54. De la lista de consultados, el que aparece con la nota más baja es Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia con un 6.23.

A pesar de ubicarse en tercer lugar, un 30.7% de la población no conoce la labor de la ministra Bogantes. Un 14.7% desconoce el trabajo del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, y un 13.9% tampoco reconoce la gestión de José Leonardo Sánchez, titular del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Sobre el desempeño del gobierno en distintas áreas, la que obtiene mayor puntaje es la de “protección a la naturaleza” con un 6.43. Le siguen “economía” con un 6.32, “educación” con 6.23 e “infraestructura vial” con 6.18. En la parte de abajo de la lista aparecen “salud” con 5.73, “seguridad ciudadana” con 5.46 y “combate a la pobreza” con 5.25.

Para el Idespo-UNA, en general, la valoración del desempeño gubernamental es moderada. “Cinco de las nueve áreas evaluadas obtienen calificaciones superiores a 6, pero ninguna alcanza 6.5”, concluye el informe.

De hecho, la seguridad ciudadana se mantiene como el principal problema que afecta al país. Así piensan cuatro de cada 10 personas. Muy por debajo aparecen ‘institucionalidad y gobernabilidad’ (11,4%), ‘narcotráfico’ (11,2%) y ‘desempleo’ (10,8%)».

Las preocupaciones en torno a la seguridad ciudadana hacen que el 52.6% de la población la califique como “mala/muy mala”, frente a un 31% que la ubica como “buena/muy buena”. Otro 16.3% la ve “regular”.

Aunque no es el principal problema nacional identificado, para un 40.4% de los encuestados la situación económica del país es “mala/muy mala”. Este porcentaje supera al 35.5% que la percibe como “buena/muy buena”. El 24% restante la ve “regular”.

Las opiniones están más divididas si se compara el estado de la economía con respecto a un año atrás. Un 34.6% la ve “mejor/mucho mejor”, un 32.4% la percibe “peor/mucho peor” y para un 31.6% está “igual”.

Percepciones de coyuntura

El Idespo-UNA consultó a los costarricenses su percepción acerca de algunos temas que han dominado la agenda mediática en los meses anteriores. De todos, el que muestra mayor polarización es el de las críticas realizadas por la presidenta al Poder Judicial. Un 50.4% está de acuerdo.

El respaldo baja a un 47.2% si se trata de valorar la forma en que la presidenta se expresa de otros poderes de la República o instituciones públicas. Incluso desciende a un 46.8% cuando las críticas las hace específicamente al Poder Legislativo.

En proyectos y temas puntuales, ninguna logra una aceptación mayoritaria. El proyecto de ley de armonización eléctrica es avalado por un 49.5% de la población, seguido de la minería a cielo abierto en Crucitas (36.1%), la venta de activos del Estado (32.1%) y el manejo de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (23%).

En esta encuesta se incluyeron aspectos puntuales de la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Por ejemplo, un 48.3% está de acuerdo en la decisión de la Sala Constitucional de mantener temporalmente a las magistraturas suplentes en sus cargos. El apoyo decae a un 42.3% si se trata de valorar la reducción presupuestaria al Poder Judicial por parte del gobierno.

Solo un 41.5% estuvo a favor de la querella presentada por el gobierno contra cuatro magistrados constitucionales a raíz del fallo sobre los nombramientos. Y baja a un 36.4% al calificar la forma en que el Poder Ejecutivo ha manejado el conflicto con la Sala Constitucional.

“Esto evidencia que el respaldo disminuye cuando la confrontación discursiva se traduce en una acción de mayor escalamiento institucional, como la presentación de una denuncia penal. En consecuencia, aunque una parte considerable de la población respalda el discurso crítico de la presidenta, este apoyo no es uniforme y solamente alcanza la mayoría absoluta en el caso de las críticas al Poder Judicial”, enfatiza el informe.

Por otra parte, el Idespo-UNA abordó las percepciones acerca de las manifestaciones y movimientos sociales que se han realizado en los últimos meses. Una mayoría del 86.5% está “muy de acuerdo y algo de acuerdo” en este tipo de prácticas cuando se trata de la defensa de derechos. Solo un 10.1% manifestó estar “algo en desacuerdo o muy en desacuerdo”.

Sin embargo, un 48.7% considera como “poca” la influencia que puedan tener estas manifestaciones sobre decisiones del gobierno. Por el contrario, un 36.5% afirma que es “mucha”.

De acuerdo con una tipología planteada por los investigadores, nueve de cada 10 personas consideran aceptable la manifestación pública, aunque difieren en distintos niveles sobre la capacidad de influencia que se le atribuye.

En línea con lo anterior, la encuesta también ahondó si de manera personal los ciudadanos expresan lo que piensan acerca de temas políticos. La mitad (50.4%) no siempre lo hacen, mientras que un 34.8% sí lo manifiesta. El 13.8% mencionó que “algunas veces”. Pero, para la mayoría (53.1%), expresar públicamente sus opiniones podría generarle consecuencias negativas.

En cuanto a la valoración ciudadana sobre la confianza que tienen hacia diversas instituciones, las mejor posicionadas son las universidades públicas (7.33), las empresas privadas (7.16), el Tribunal Supremo de Elecciones (6.72) y la Caja Costarricense de Seguro Social (6.39). En la parte de abajo de la lista sobresalen las iglesias protestantes evangélicas (5.28), los sindicatos (4.98) y los partidos políticos (4.69).

La recolección de datos de la encuesta se realizó del 12 al 14 y del 17 al 22 de agosto. En total se realizaron 746 entrevistas completas, con un error de muestreo de 3,6 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Nota: Puede descargar el informe desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/informe_encuesta_percepcion_labor_del_gobierno_agosto_2026.pdf

Apreciaciones sobre la encuesta

Escrito en . Publicado en Análisis.

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

La encuesta del CIEP lleva a algunas primeras conclusiones:

1-. Los primeros 100 días de un gobierno son llamados de luna de miel, porque todas las fuerzas políticas le dan un margen de acción al nuevo gobierno para el desarrollo de sus propuestas. Partiendo de este hecho el apoyo recibido por la presidenta Laura de un 64% está por debajo de esa tradición, incluso del recibido al inicio de Rodrigo Chaves que fue del 79%, sea 15 puntos porcentuales más.

2-. Este gobierno que se ha llamado de la continuidad no ha mejorado la popularidad respecto a cómo terminó el anterior. Es decir, que el cambio en la dirección de la presidencia no significó mejoría en la percepción positiva de la gente. En síntesis, el apoyo al gobierno está estancado.

3-. La política principal de los gobiernos chavistas ha estado dirigida a desprestigiar a las instituciones que consideran las menos cercanas a sus posiciones y que son consideradas como obstáculos a su propósito autoritario, como son las universidades, el poder judicial, el OIJ o el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, según la encuesta, las instituciones mejor valoradas por los costarricenses son precisamente la UCR, el TSE, el OIJ, el Poder Judicial, lo cual indica que las campañas del chavismo contra ellas no han mermado el apoyo de los costarricenses. En conclusión, las instituciones democráticas son apreciadas por la ciudadanía y la democracia hace frente a las políticas del gobierno con cierto éxito, indicando que aún hay reservas democráticas en el pueblo que no han sido erosionadas por políticas de odio y autoritarias.

4-. Resaltan líneas rojas que la ciudadanía considera que de llevarse a la práctica desprestigiarían grandemente al Gobierno. Ellas son el comprobarse casos de corrupción en el Ejecutivo, aumento del IVA a la canasta básica, recorte de presupuesto a las universidades o no acatar una decisión de la Sala Constitucional. Menos efecto en el apoyo al Gobierno tendrían acciones como la reelección continua, la minería a cielo abierto, así como si las condiciones de vida de la gente se mantienen igual, sea que no mejoren. Como se aprecia, todas las medidas que desmejorarían el apoyo al gobierno son políticas prioritarias del Gobierno de doña Laura que, en consecuencia, se encontraría ante la disyuntiva de si son rechazadas, la oposición triunfa, y sin son aprobadas el apoyo al Gobierno disminuye.

5-. Para el 43% de los costarricenses la situación económica es mala o muy mala, lo cual marcará el futuro del país en los próximos años.

El panorama político que se desprende de la encuesta refleja una sociedad llena de contradicciones e incertidumbres, que resiste a los embates autoritarios, donde se tiene un criterio positivo de las instituciones que quiere desbaratar el chavismo y que éste no tiene gran margen de maniobra en las reformas que pretende impulsar.

La sociedad vive un momento de incertidumbre, la partida está abierta con una leve ventaja de la oposición.

Frente Ecologista de Cipreses se manifiesta ante el Ministerio de Salud de Oreamuno y llama a la comunidad a denunciar cada vertido de Sigma

Escrito en . Publicado en Comunidad.

El Frente Ecologista de Cipreses se presentó este día ante las oficinas del Ministerio de Salud de Oreamuno para denunciar los malos olores provocados por los vertidos nocturnos —principalmente durante madrugadas de fin de semana— provenientes del tubo de la empresa Sigma. La organización advirtió que responderá con una nueva protesta cada vez que se registre un vertido, y llamó a los vecinos y vecinas de Cartago a mantenerse unidos frente a lo que describen como contaminación reiterada del entorno y afectación a la salud comunitaria.

Según indicó la organización, el Frente Ecologista de Cipreses ya ha presentado ante las autoridades evidencia técnica que documentaría incumplimientos en los vertidos al cauce, y ante lo que considera inacción institucional, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Salud, como medida legal para exigir el cese de estas prácticas.

La organización hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la fiscalización, especialmente durante las noches y madrugadas, mediante dos acciones concretas:

  • Presentar la denuncia formal a través del sitio web oficial del Sistema de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA).

  • Llamar al 911 en el momento en que se perciba la molestia, ya que ese registro oficial en tiempo real constituye una prueba clave para que las autoridades puedan actuar de forma inmediata.

Antecedentes del caso

Este pronunciamiento se suma a una serie de denuncias y acciones del Frente Ecologista de Cipreses sobre la contaminación atribuida a la empresa Sigma en Oreamuno de Cartago, documentadas en las últimas semanas:

  • El Frente había denunciado previamente que un informe del Ministerio de Salud (MS-DSA-UGSA-0751-2026, del 5 de agosto de 2026) confirmó la detección de «olores ofensivos» en las colindancias de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa, y que un peritaje del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR determinó que los valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) superan los límites permitidos por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.

  • Días después, la organización convocó a una manifestación pacífica frente a las oficinas del Área Rectora de Salud de Oreamuno, realizada el 10 de septiembre, exigiendo la aplicación estricta de la legislación ambiental y sanciones efectivas contra la empresa.

  • Este tema conecta además con el eje más amplio de contaminación hídrica en la zona norte de Cartago ya cubierto por SURCOS, que incluye denuncias previas de organizaciones ecologistas por incumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional relacionada con la contaminación por clorotalonil en la misma región.

Por tercera vez Minae pide a Municipalidad San Rafael traspaso del Cerro Chompipe

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Está pendiente el cumplimiento de una orden de la Sala Constitucional para trasladar al Ministerio de Ambiente y Energía una finca ubicada dentro de la zona inalienable de la Ley N.° 65 y del Parque Nacional Braulio Carrillo.

Concejo Municipal acordó instar el traspaso, alcalde vetó y tribunal declaró sin lugar el veto

Por tercera ocasión desde 2024, las autoridades ambientales han solicitado formalmente a la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizar las gestiones necesarias para trasladar la finca ubicada en el sector del Cerro Chompipe al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al tratarse de un inmueble que forma parte del Patrimonio Natural del Estado.

La finca se encuentra en el sector del Cerro Chompipe, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley N.° 65 de 1888 y, además, parte de su extensión se encuentra vinculada al Parque Nacional Braulio Carrillo. De acuerdo con MINAE el marco jurídico aplicable, la cobertura boscosa y su ubicación dentro de un área sometida a un régimen especial de protección hacen que el inmueble forme parte del Patrimonio Natural del Estado, conforme con el artículo 13 de la Ley Forestal.

La situación adquiere especial relevancia porque la Sala Constitucional, mediante el voto N.° 2023-017109, ordenó realizar las acciones correspondientes para que la finca fuera trasladada a nombre del Estado. Sin embargo, pese a la existencia de esta resolución, el inmueble continuó inscrito a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

La primera solicitud formal documentada en este proceso fue realizada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en 2024 (SINAC-ACC-D-712-2024). Mediante oficio dirigido a la Municipalidad de San Rafael. Posteriormente, ante la falta de concreción del trámite, las autoridades ambientales insistieron en la necesidad de trasladar el inmueble. Durante 2025, el MINAE y el SINAC reiteraron que la finca reúne las condiciones jurídicas y ambientales para ser considerada parte del Patrimonio Natural del Estado y solicitaron nuevamente a la Municipalidad realizar las gestiones correspondientes (Oficios 2025).

Documentos institucionales y comunicaciones posteriores evidencian que, lejos de haberse resuelto el asunto con la primera solicitud, el MINAE y el SINAC debieron insistir nuevamente en el cumplimiento de la resolución constitucional y en la necesidad de formalizar el traslado del inmueble. En junio y julio de 2025 se reiteró expresamente esta solicitud ante las autoridades municipales (Oficios 2025).

Esta nueva gestión constituye, según la documentación revisada, una tercera solicitud o exigencia institucional para que la Municipalidad proceda con el traslado de la finca, evidenciando que el cumplimiento de la obligación continúa siendo un asunto pendiente (CARTA-MINAE-DM-0627-2026).

Zona de especial importancia ambiental. El Cerro Chompipe forma parte de una zona de enorme importancia ambiental e hídrica para la región. La protección de los terrenos de montaña y de las áreas boscosas ubicadas en la Cordillera Volcánica Central responde históricamente a la necesidad de proteger las zonas de recarga acuífera y las fuentes de agua. La finca tiene una extensión superior a 154 hectáreas, según la información incorporada por el propio MINAE en el expediente administrativo

La permanencia de la finca inscrita a nombre de la Municipalidad genera incertidumbre sobre la administración efectiva de un territorio sometido a un régimen especial de protección y puede abrir espacios para intervenciones o actividades que requieren autorización de las autoridades ambientales competentes. Durante 2025 surgieron cuestionamientos públicos precisamente por acciones realizadas o proyectadas en el área, entre ellas la instalación de cámaras trampa y labores relacionadas con el amojonamiento, sobre las cuales el MINAE indicó que no había otorgado autorización.

El Concejo Municipal de San Rafael había adoptado un acuerdo para instar al cumplimiento inmediato de la orden emitida por la Sala Constitucional y al traslado de la finca al MINAE. Este acuerdo fue objeto de un veto por parte de la Alcaldía Municipal. Sin embargo, en junio de 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró sin lugar el veto, al considerar que el acuerdo municipal se limitaba a exigir el cumplimiento de una resolución judicial vigente (ver Comunicado).

Ataque soez a la Caja

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Desde una perspectiva política y democrática, el desacato sistemático a la Sala IV por parte del Poder Ejecutivo, representado por el Consejo de Gobierno, constituye un peligroso quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, que tiene como consecuencia una muy grave crisis institucional. Si esa crisis afecta a su vez el adecuado funcionamiento de la Caja, dicha desobediencia, ¡jamás antes visto en la historia costarricense!, agrede significativamente la atención a la salud y otros derechos de la seguridad social de los más pobres y vulnerables, principalmente, por medio de ese ataque corrosivo a nuestra invaluable democracia. Desconocer las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, mientras se lanza una campaña infame contra el Poder Judicial, es un evidente acto violatorio del orden constitucional, un gran paso hacia el establecimiento de una dictadura ultraderechista, que dolorosamente, algunos ticos engañados ven con buenos ojos, sin pensar en las consecuencias que tendría algo así para ellos y sus seres queridos.

Por ello, como sucediera antes por fuerza mayor y teniendo muy claro que el Poder Judicial como un todo, son la esperanza de un pueblo bueno y pacífico que mayoritariamente valora los logros que sustentan nuestra vilipendiada democracia, éste ha de actuar en defensa del bien común y de los Derechos Humanos.

Ante el caos institucional que el neofascismo chavista quiere seguir profundizando, como sucediera con la muy razonable conformación urgente, extraordinaria y temporal de la Sala Constitucional, para que la misma pudiera seguir vigente, las magistraturas tienen el deber supremo de hacer valer sus resoluciones patrióticas. Como alternativa a no hacer nada y permitir que esa violación directa al principio de legalidad y al orden democrático de Costa Rica, tenga consecuencias muy dolorosas contra un pueblo que ya sufre por la «enfermedad» que padece la jerarquía de la CCSS, la honorable Sala IV ha de actuar conforme a su conciencia, frente a las acciones destructivas que buscan paralizarla, con todo lo que ello significa.

Si Rodrigo Chaves ha ordenado a Laura Fernández y al resto de ministros del Consejo de Gobierno, tomar decisiones inconstitucionales, penalizables, irracionales también, para evitar que una representante de los trabajadores organizados ejerza sus derechos como parte de la junta directiva de la Caja, para cumplir además con la conformación del quórum estructural, la Sala IV debería actuar frente a tales acciones delictivas. Nadie más podría hacerlo pues la situación es inédita, sorpresiva, malintencionada, imprevista en la letra normativa, pero que obliga a reflexionar acerca de las responsabilidades de quienes ejercen la justicia. Está en juego el trámite de pensiones, el buen funcionamiento de las más de mil sedes sanitarias distribuidas por todo el país; el nombramiento de médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo; la adquisición de bienes y servicios; la gestión operativa y presupuestaria; la atención de los miles de pacientes incluidos en las inhumanas listas de espera… ¡Eso y mucho más por culpa de un Poder Ejecutivo con ínfulas autoritarias!

Aunque me siento por lo menos incómodo al escribir esta respetuosa petición, pues siento que podría estar irrespetando a los que precisamente veo que están siendo vilipendiados, insto muy respetuosamente a los señores magistrados a fallar a favor de los millones de costarricenses que están viendo amenazado su erosionado bienestar, su relativa tranquilidad, su escurridiza paz.

Si el Poder Ejecutivo anuncia que no revisará siquiera su intolerable actitud rebelde, destructiva, la Sala IV podría sustentar una resolución en que, considerando los hechos conocidos, proceda a avalar el nombramiento de la representante Rocío Alfaro Molina, como miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para evitar la amenaza de parálisis que se vislumbra a la vuelta de la esquina. Sería un homenaje al Dr. Calderón Guardia, a monseñor Sanabria y a don Manuel Mora, y a todos los que por 85 años han forjado esa insigne institución solidaria, ejemplo en el mundo.

7 de setiembre del 2026