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Etiqueta: Sala Constitucional

Sala Constitucional ordena al alcalde de San Rafael de Heredia responder a solicitud de información de CONCEVERDE

Escrito en . Publicado en Comunidad.

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia. El recurso se presentó porque la municipalidad no respondió una solicitud de información sobre construcciones denunciadas en calle Charquillo. Se trata de la resolución n.º 2026041828, del 29 de octubre de 2026, dictada en el expediente 26-032637-0007-CO.

Los recurrentes son Osvaldo Carvajal Cascante, José Francisco Alfaro Carvajal y Rodrigo Ramírez Vargas. El 10 de agosto de 2026 enviaron al alcalde, por correo electrónico y desde la dirección de CONCEVERDE, la nota JFAC/CNV/079/A. En ella pidieron que se les informara:

  • qué acciones había tomado la municipalidad para detener las obras, más allá de inspecciones y sellos de clausura;
  • si se habían interpuesto denuncias penales por un posible desacato a las órdenes municipales de detener las construcciones;
  • si se habían otorgado usos de suelo o permisos de construcción en la finca, ubicada según indicaron dentro de la zona inalienable de la Ley 65;
  • por qué, después de más de cuatro años desde la primera denuncia, no se habían detenido y derribado las obras.

También solicitaron detener las construcciones en curso, proceder a su derribo y presentar las denuncias administrativas y judiciales que correspondieran.

En su informe, el alcalde Jorge Arias Santamaría señaló que los hechos se habían atendido mediante el oficio CARTA-MSRH-UGUT-181-2026, de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial. La Sala constató otras actuaciones municipales: traslados internos de la denuncia, inspecciones y clausuras. Sin embargo, determinó que no consta que la municipalidad hubiera emitido y comunicado a los recurrentes «una respuesta formal, suscrita y completa». Según la resolución, los oficios aportados «fueron dirigidos internamente o elaborados para atender el proceso constitucional», y las actuaciones administrativas «no sustituyen la contestación que debía remitirse al medio señalado». Por ello, el tribunal declaró lesionados los derechos de petición y de acceso a la información, protegidos por los artículos 27 y 30 de la Constitución Política.

La Sala ordenó a Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde, o a quien ocupe el cargo, que en un plazo de diez días brinde a los recurrentes una respuesta formal, completa y congruente y les suministre la información solicitada. También condenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de costas, daños y perjuicios. La resolución advierte que, según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, incumplir una orden dictada en un recurso de amparo se sanciona con prisión de tres meses a dos años o con veinte a sesenta días multa.

En cuanto a la solicitud de detener y derribar las construcciones y de presentar denuncias, la Sala declaró sin lugar el recurso por considerarlo prematuro. Razonó que, cuando se presentó el amparo el 5 de setiembre, había transcurrido menos de un mes desde la gestión, un plazo que no consideró desproporcionado para que la municipalidad analizara y resolviera la denuncia.

Al compartir la resolución, CONCEVERDE expresó: «Ninguna administración municipal, hasta ahora, nos ha violentado ese derecho, como la del alcalde Jorge Arias Santamaría. Hasta en algo tan sencillo como dar respuesta a los ciudadanos en tiempo con respecto a información que solicitan, queda debiendo».

Presentan recurso de amparo por el trato a personas privadas de libertad trasladadas al Centro de Alta Contención y llaman a sumarse como coadyuvantes

Escrito en . Publicado en Derechos.

José Manuel Ortiz Durman y Mario Piedra Montalbán presentan ante la Sala Constitucional un recurso de amparo a favor de las personas privadas de libertad trasladadas el lunes 26 de octubre al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, y de las que sean trasladadas en el futuro. El recurso se dirige contra la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, y el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi Calvo.

Las personas interesadas en apoyar el recurso pueden firmar una solicitud de coadyuvancia.

Los hechos que se alegan

Según el recurso, que cita información de distintos medios de noticias:

  • un grupo considerable de personas privadas de libertad fue trasladado a las nuevas instalaciones;

  • “presumiblemente en contra de su voluntad expresa”, las raparon antes de ingresar;

  • las obligaron a sentarse con las piernas abiertas y las manos entrecruzadas sobre la cabeza, “en posición de absoluta sumisión”, y las fotografiaron, “presumiblemente sin su consentimiento”;

  • en las imágenes aparecen con pantalones cortos y camisas anaranjadas, “emulando la vestimenta utilizada por el sistema carcelario de los Estados Unidos de América”. Según el recurso, las posiciones simulan el trato que da a sus privados de libertad el sistema carcelario salvadoreño de Nayib Bukele.

Los recurrentes afirman además que, según tienen entendido, los traslados se hicieron sin conocimiento del Instituto de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz ni del juez de ejecución de la pena correspondiente.

Fundamentos

El recurso se apoya en los artículos 40 y 33 de la Constitución Política: el primero prohíbe los tratamientos crueles o degradantes y el segundo, la discriminación contraria a la dignidad humana. Cita además varios instrumentos internacionales:

  • la Declaración Universal de Derechos Humanos;

  • el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

  • la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

  • la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

  • la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;

  • la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

  • las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Los recurrentes sostienen que se trata de una “exhibición inhumana, obscena, con intención degradante y cruel” de un grupo de costarricenses, sin norma legal que la ampare. “¿Cuál es el beneficio real que se obtiene a través de estas formas represivas? ¿Cuál es su utilidad práctica?”, preguntan. Agregan que, “salvo por un perverso revanchismo irracional, no parece ser que exista beneficio, recompensa o compensación alguna” para las víctimas de los delitos.

Lo que se solicita

El recurso pide a la Sala Constitucional:

  • que lo declare con lugar por violación de los derechos a la dignidad humana y la integridad personal;

  • que ordene medidas para hacer cesar las actuaciones lesivas y restablecer los derechos de las personas amparadas;

  • que dicte medidas provisionales y exija un plan de cumplimiento con plazos y mecanismos de verificación;

  • que prevenga a las autoridades de no reiterar esas conductas;

  • que condene al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, conforme al artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Cómo sumarse

Quienes deseen apoyar el recurso como coadyuvantes deben copiar e imprimir el formulario, completarlo con su nombre y número de cédula, firmarlo, escanearlo y enviarlo a José Manuel Ortiz Durman, al correo-e ortizescribano@gmail.com o bien por WhatsApp al número 7206-3054.

Formulario de coadyuvancia:

EL (LA) suscrito (a), _______, CIUDADAN_ COSTARRICENSE, portador de cédula de identidad número ____, en este acto suscribo y adhiero los términos establecidos en RECURSO DE AMPARO, y por tanto me apersono como coadyuvante en ese proceso, presentado ante la SALA CONSTITUCIONAL contra la PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ y EL DIRECTOR DE LA POLICÍA PENITENCIARIA por entre otros, los señores JOSÉ MANUEL ORTIZ DURMAN y MARIO PIEDRA MONTALBÁN por sus actuaciones en torno al traslado de privados de libertad al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado el día lunes 26 de octubre del año 2026. Para notificaciones señalo el correo electrónico ortizescribano@gmail.com

Dirección de Aguas debe precisar el área de protección de los pozos tras fallo de la Sala Constitucional

Escrito en . Publicado en Agua.

José Francisco Alfaro Carvajal, integrante del colectivo ciudadano CONCEVERDE, de Concepción de San Rafael de Heredia, presentó el 26 de octubre una solicitud formal de información a José Miguel Zeledón, director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Pide aclarar cuál es el área de protección oficial de los pozos de agua potable en el país. SURCOS recibió copia de la comunicación.

Alfaro Carvajal fundamenta su solicitud en el derecho de petición y de acceso a la información pública, establecido en el artículo 30 de la Constitución Política. En ella recuerda que la Sala Constitucional, en la resolución 2026-022274 (expediente 2026-010565-0007-CO), indicó: “Por lo que, en atención a lo dispuesto en el principio precautorio y en el inciso h) del artículo 3 de la Ley N.º 6877, en el sub iudice resulta aplicable el criterio del SENARA y, por ende, se considera que el área de protección del pozo en cuestión es de 200 metros…”.

Según el documento, de las manifestaciones del director de Aguas durante su comparecencia en la sesión del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia del 22 de octubre, “podría inferirse que la posición oficial de la institución que usted dirige es que el área de protección de un pozo se limita a 40 metros”. Para el solicitante, ese planteamiento “genera una contradicción evidente con lo dispuesto por la Sala Constitucional y SENARA, lo que puede inducir a confusión tanto a la ciudadanía como a otras instituciones públicas, debilitando la seguridad jurídica y la coherencia normativa en materia de protección hídrica”.

Lo que se solicita

En su petitoria, Alfaro Carvajal pide que la Dirección de Aguas informe, en el plazo de ley:

  1. Cuál es el perímetro de protección que debe considerarse para los pozos de aprovechamiento de agua potable en todo el país, según lo haya determinado oficialmente la Dirección de Aguas a partir de la resolución 2026-022274 de la Sala Constitucional, con su fundamento jurídico.

  2. Cuál es la posición oficial de la Dirección de Aguas sobre si el artículo 31 de la Ley de Aguas, que declara reserva de dominio a favor de la Nación los sitios de captación o tomas de agua potable en un perímetro no menor de 200 metros, se aplica a los pozos de todo el país o solo a las nacientes.

  3. Si, después de esa resolución, la Dirección de Aguas notificó formalmente a las municipalidades, los operadores de acueductos y las demás instituciones del sector hídrico cuál es el área de protección vigente para los pozos profundos de abastecimiento de agua potable. En caso afirmativo, pide que se indique cuál es esa área y se remita copia íntegra de los oficios correspondientes.

La solicitud se envió con copia a la Sala Constitucional, a la ciudadanía y a la prensa.

Esta gestión se suma a la denuncia de CONCEVERDE sobre lo ocurrido en la sesión del Concejo Municipal del 22 de octubre, cuando, según el colectivo, representantes de la Dirección de Aguas y del AyA sostuvieron el criterio de los 40 metros en relación con el pozo La Meseta. Puede leer esa nota mediante este enlace: https://wp.me/p6rfbZ-Aq5

CONCEVERDE denuncia burla institucional: autoridades contradicen fallo de la Sala sobre la protección del pozo La Meseta

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado de CONCEVERDE

La irresponsabilidad municipal frente a la protección hídrica

La noche del jueves 22 de octubre, representantes del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de la Dirección de Aguas del MINAE comparecieron en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia.

El propósito de la comparecencia fue presentar las conclusiones y las medidas necesarias para evitar impactos sobre el pozo La Meseta, en cumplimiento del recurso de amparo que fue declarado con lugar y que condenó a las instituciones citadas y a la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

La sentencia se fundamentó en que, antes de otorgar el visado para el fraccionamiento del proyecto habitacional, los permisos de construcción y la concesión de pajas de agua, no se realizaron los estudios hidrogeológicos indispensables. Dichos estudios debían determinar qué actividades podían desarrollarse dentro del área de protección del pozo y en qué condiciones, con el fin de garantizar que el recurso hídrico no fuera afectado.

La resolución de la Sala Constitucional fue categórica: conforme al artículo 31 de la Ley de Aguas y al criterio del SENARA, el radio de protección de los pozos debe ser de 200 metros, y no los 40 metros señalados por la Dirección de Aguas. Pretender lo contrario constituye una violación directa a la normativa aplicable y a la jurisprudencia vinculante.

A pesar de que la Sala Constitucional ya resolvió que el área de protección aplicable alrededor de un pozo es de 200 metros, los funcionarios de la Dirección de Aguas y del AyA sostuvieron en la sesión, a nuestro juicio de forma errónea y en perjuicio de la correcta información de las personas regidoras y de la ciudadanía, que el área de protección vigente era únicamente de 40 metros.

El alcalde, Jorge Arias Santamaría, se valió de dicha afirmación para sostener que la Alcaldía siempre había tenido la razón al considerar un radio de protección de 40 metros, desconociendo de manera expresa lo resuelto por el máximo tribunal constitucional. A criterio de CONCEVERDE, esa afirmación del alcalde induce a error a las personas regidoras y a la ciudadanía, en tanto la Municipalidad otorgó aval para el desarrollo de un proyecto habitacional sin respaldo técnico ni jurídico válido. Al momento de conceder los permisos no existía certeza alguna, pues en ese entonces no se contaba con los estudios pertinentes, para concluir que el proyecto no generaría impactos negativos sobre el recurso hídrico del cual dependen miles de habitantes, lo que comprometió la seguridad ambiental y la salud pública.

El jueves 22 de octubre, las personas regidoras permitieron la comparecencia de una de las partes de un proceso judicial ya resuelto: la condenada por la Sala Constitucional. Los funcionarios de la Dirección de Aguas y del AyA, así como el alcalde, se presentaron con el propósito de contradecir lo ya resuelto por el Tribunal Constitucional respecto al área de protección que debe regir en torno a un pozo, pretendiendo desconocer una disposición vinculante emanada de la máxima autoridad en materia de tutela de derechos fundamentales. Consideramos que tal situación es una afrenta a la ciudadanía y un menosprecio al orden jurídico vigente, pues la posición de estos funcionarios desconoce, en los hechos, lo resuelto por la Sala Constitucional.

El alcalde Jorge Arias Santamaría, en un despliegue de populismo digno de manual, afirmó que quienes interpusimos el recurso de amparo desinformamos, lo cual, según él, podría configurar el delito de lesa humanidad. Se trata de una declaración tan desmesurada como carente de sustento jurídico, que más bien revela un profundo desconocimiento de la materia.

Paradójicamente, la conducta que sí podría calificarse como atentatoria contra derechos fundamentales es la del propio alcalde, quien, con decisiones desprovistas de respaldo técnico y jurídico, ha venido exponiendo el recurso hídrico del cual dependen miles de personas. En otras palabras, mientras acusa con ligereza a la ciudadanía, es él quien, con su gestión, pone en riesgo la salud pública y el derecho constitucional a un ambiente sano.

Resulta aún más paradójico que el alcalde, cuya administración fue condenada por la Sala Constitucional por defender la tesis de los 40 metros, pretendiera en la sesión del Concejo presentarse como víctima, cuando es plenamente consciente de que el Tribunal condenó a la Municipalidad y ordenó aplicar la protección de 200 metros.

Cabe preguntarse: ¿qué respuesta darán la Municipalidad y el AyA a la ciudadanía cuando las aguas subterráneas se vean contaminadas por la inobservancia de la normativa y de las sentencias constitucionales?

Puede leer la resolución Nº 22274 – 2026 de la Sala Constitucional mediante este enlace.

Sala Constitucional ordena a ministro de Hacienda pagar ₡69 mil millones a la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

UNDECA exige el cumplimiento efectivo de la sentencia

Comunicado

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) celebra una histórica victoria jurídica y sindical en defensa de los recursos de la seguridad social y de los derechos de las personas trabajadoras, pensionadas y sus familias.

En julio de 2016, la Junta Directiva de la CCSS acordó incrementar la contribución estatal para financiar las pensiones mínimas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero el Poder Ejecutivo omitió incorporar los recursos en el Presupuesto Nacional del 2018.

UNDECA recurrió inmediatamente a la justicia constitucional para denunciar el incumplimiento de las obligaciones estatales y exigir la protección de los recursos de la seguridad social.

La Sala Constitucional, en la sentencia de fondo, declaró con lugar la demanda y concedió al Ministerio de Hacienda un plazo de cinco años para que cancelara la deuda. Lejos de respetar el mandato del Tribunal Constitucional, el ministro de Hacienda trató de darle más largas -como si cinco años no hubieran sido suficientes y razonables- y solicitó la ampliación del plazo concedido en la sentencia.

UNDECA se opuso contundentemente a esa gestión dilatoria y la misma Sala Constitucional, en la resolución n.º 2026-038477, reafirmó la sentencia y ordenó, de manera categórica, al ministro de Hacienda cancelar ₡68.986.838.514,16 (principal más intereses) adeudados a la CCSS, correspondiente al saldo pendiente del 2018, cuya partida debe ser incluida en el próximo presupuesto extraordinario.

Esta resolución representa un nuevo y trascendental resultado de la lucha sostenida por UNDECA, que confirma que los recursos de la seguridad social son inajenables y que ningún Gobierno está por encima de la ley.

UNDECA siempre en defensa de los recursos y el patrimonio de la CCSS.

¡Las deudas del gobierno con la Caja se pagan!

Sala Constitucional ordena a SETENA establecer mecanismos de evaluación ambiental para las quemas agrícolas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Resolución reconoce la necesidad de valorar los impactos ambientales de las quemas agrícolas, una práctica asociada a la producción de caña de azúcar, entre otros cultivos.

La Sala Constitucional acogió los argumentos de una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, Carlos Wong Bonilla y Dany Alberto Villalobos Villalobos, en representación de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), relacionada con la ausencia absoluta de una evaluación de los impactos ambientales de las quemas agrícolas en Costa Rica.

Según explicó Sagot, la resolución establece que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) debe desarrollar un protocolo que permita determinar cómo se valorarán los efectos ambientales de estas quemas y cuáles instrumentos se utilizarán para identificar sus impactos negativos.

“Era necesario que toda quema agrícola debiese tener una valoración ambiental, del tipo que fuera, desde lo más riguroso hasta lo menos riguroso, pero que tuviera que pasar por ese tamiz para mesurar los efectos”, señaló el abogado.

La acción planteó la necesidad de considerar los impactos de las quemas sobre los suelos, la biodiversidad y la atmósfera, incluida la pérdida de mamíferos, aves y reptiles, así como la emisión de gases de efecto invernadero y sus implicaciones frente al cambio climático.

Afectaciones a las comunidades y al ambiente

Uno de los aspectos señalados por Sagot es el impacto de las quemas agrícolas sobre las comunidades cercanas a las zonas de cultivo. En el caso de la caña de azúcar, esta práctica puede generar grandes columnas de humo que afectan a las personas, incluidas niñas y niños en edad escolar, y comprometen las condiciones ambientales de los territorios.

El abogado mencionó zonas de Guanacaste y del Valle Central, entre ellas San Ramón y Grecia, así como Pérez Zeledón, donde se realizan quemas vinculadas con la corta de caña.

La resolución, explicó Sagot, reconoce que la regulación de las quemas agrícolas debe interpretarse de manera compatible con las normas nacionales de protección ambiental, entre ellas la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad, así como con los convenios internacionales ratificados por Costa Rica.

Un cambio obligatorio en la regulación de las quemas agrícolas

Sagot recordó que, antes de esta resolución, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud habían sostenido que no era necesaria la evaluación ambiental planteada en la acción.

Con este pronunciamiento, la SETENA deberá establecer los mecanismos correspondientes para valorar los impactos ambientales de las quemas agrícolas, lo que abre un nuevo escenario para su regulación y control en el país.

El abogado también señaló que la resolución no se pronunció sobre la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática, un aspecto que, a su criterio, quedó pendiente.

Sagot señaló que la decisión representa un avance de acuerdo con el principio de progresividad.

Puede descargar la resolución desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/voto-quemas-agricolas-2026-se-acoge-lo-pretendido-sobre-EIA.pdf

Le invitamos a escuchar la explicación del abogado Álvaro Sagot:

Organizaciones exigen protección para el humedal de Coris-Bermejo y para el ambientalista Ricardo “Ilustre” Muñoz

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado APRE-COM-6-2026 firmado por 42 organizaciones

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), junto con otras 41 organizaciones, grupos, colectivos y programas universitarios, emitió un comunicado el 15 de octubre de 2026. En él denuncian el deterioro del humedal de Coris-Bermejo, en Cartago, y piden medidas de protección para el ambientalista Ricardo “Ilustre” Muñoz, quien ha alertado sobre la situación del humedal desde 2024 y ha denunciado amenazas en su contra.

Un humedal de alta riqueza biológica

Según el comunicado, entre 2024 y 2025 se han avistado en el humedal más de 120 especies de aves residentes y migratorias, al menos 10 de ellas en peligro de extinción. También se han observado coyotes, mapaches, anfibios y al menos 30 especies de flora. La Asociación Ornitológica de Costa Rica registra al menos 948 especies de aves en el país, por lo que las especies documentadas en Coris representan casi el 13 % del total nacional. El SINAC, por su parte, ha documentado al menos 45 especies en el humedal.

La riqueza biológica del sitio ha sido documentada por profesionales en biología, personas vecinas, organizaciones no gubernamentales, el propio SINAC y personas aficionadas a la fotografía, entre ellas Ricardo Muñoz.

Las organizaciones señalan que desde 2024 se ha documentado en la zona el dragado del humedal, la cacería de aves, el vertido de desechos y la construcción de proyectos industriales. A su juicio, la actuación de la SETENA y el SINAC en este caso muestra “una vez más la falta de coordinación y la falta de protección efectiva de la biodiversidad del país”.

La viabilidad ambiental de la SETENA

En mayo de 2024, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó viabilidad ambiental al proyecto mediante la resolución 0779-2024-SETENA. Según el comunicado, la otorgó sin visita de campo y con base únicamente en un “estudio biológico rápido” emitido por una regente.

Ese estudio, fechado el 2 de febrero de 2024 y visible en el expediente administrativo D1-0346-2024-SETENA, indica que “en el momento de la visita no se observó presencia de organismos vivos”. Para las organizaciones, esa afirmación contradice la amplia cantidad de especies descritas por el SINAC en sus visitas de 2023.

El expediente puede consultarse en el sitio de consulta pública de la SETENA: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/buscar_expediente

Lo que ha establecido el SINAC

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) realizó varias visitas de campo. En el reporte SINAC-ACC-CH-017-2023 estableció que al menos 12 hectáreas de la zona corresponden a la categoría de humedal. Posteriormente, en el informe SINAC-ACC-CH-029-2024, identificó al menos 130 hectáreas de humedal en Coris.

Municipalidad, Fiscalía y Sala Constitucional

La Municipalidad de Cartago declaró el humedal de interés cantonal en agosto de 2024. Sin embargo, según el comunicado, no ha implementado medidas efectivas de protección, y el humedal sigue deteriorándose pese a las denuncias presentadas ante la municipalidad y ante la Defensoría de los Habitantes.

En la vía penal, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental mantiene abierta la causa 24-000030-0611-PE por el delito de drenaje, relleno, secado o eliminación de humedales. El 17 de febrero de 2026, la Fiscalía realizó allanamientos en Coris.

El comunicado recuerda que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre sanciona con penas de prisión de uno a tres años a quien, sin autorización del SINAC, drene, seque, rellene o elimine humedales (artículo 98). La misma pena aplica a quien arroje aguas servidas, desechos o sustancias contaminantes en ellos (artículo 100). Además, la persona infractora está obligada a restituir las condiciones originales del humedal.

En la vía constitucional, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo en favor del humedal mediante la sentencia 2026-23507, del 26 de junio de 2026 (expediente 25-015112-0007-CO). La Sala ordenó a la SETENA ejercer sus competencias para garantizar la integridad ambiental del humedal. APREFLOFAS participó como coadyuvante en ese proceso.

El caso de Ricardo “Ilustre” Muñoz

Ricardo Muñoz tiene una larga trayectoria en el movimiento ecologista costarricense. Según el comunicado, además del daño ambiental, el caso se agrava por las denuncias de amenazas en su contra que se han dado a conocer en la prensa. Las organizaciones informaron sobre la situación de acoso, violencia y amenazas contra personas defensoras del ambiente en Costa Rica a la Oficina Regional para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos.

El 22 de abril de 2025, Muñoz recibió un reconocimiento por su defensa del humedal en la Universidad Bíblica Latinoamericana. El acto fue organizado por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Bloque Verde, COECOCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica y el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

En abril de 2026 se presentó el cortometraje “Ilustre”, dirigido por Mar Andrade y apoyado por APREFLOFAS, en la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Shorts Costa Rica. La película recoge parte de su trayectoria y de su labor en defensa del humedal. Se exhibió en las salas de CCM Cinemas de Rohrmoser, San Carlos y San Ramón.

Desde el 8 de octubre circula una petición de firmas en apoyo a la protección del humedal de Coris.

Las demandas

Las organizaciones firmantes consideran que el caso refleja un contexto más amplio de acoso y violencia contra activistas, ecologistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros grupos de la sociedad civil. Por ello:

  1. Exigen medidas de protección para Ricardo “Ilustre” Muñoz y para todas las personas que se dedican a la protección ambiental.

  2. Denuncian públicamente el acoso y la persecución contra ambientalistas en el país.

  3. Exigen el cumplimiento de las leyes ambientales y la protección de los humedales.

El comunicado será enviado a la Defensoría de los Habitantes, al Ministerio de Ambiente y Energía, a las diputaciones, a medios de comunicación nacionales e internacionales y a otras instancias internacionales.

Organizaciones firmantes:

  • APREFLOFAS

  • Alianza Escazú Costa Rica

  • Amigos de los Árboles

  • Asociación Civil Pro Natura

  • Asociación de Desarrollo Integral de Coris

  • Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR

  • Asociación Ornitológica de Costa Rica

  • Asociación PROAL-PACUARE

  • Asociación Regenerativa Matzú Insigne

  • Asociación Transvida

  • Bloque Verde

  • Canto de Fauna

  • Centro de Restauración de Especies Marinas Amenazadas (CREMA)

  • Clínica de Derechos Humanos Ambientales IDELA-UNA

  • COECOCeiba Amigos de la Tierra

  • Colectivo Antigentrificación

  • Comité Punta Pelecho

  • Comité Organizador del Festival de Aves del Humedal Valle Coris

  • Confraternidad Guanacasteca

  • COVIRENAS de Tapantí

  • Cuidemos la Finca

  • Defensores de la Casa Común

  • Ecomuna

  • FECON

  • Frente Ecocipreses

  • Fundación Orgánica

  • Fundación PROMAR

  • La Ruta del Clima

  • Mar & Comercio

  • Mercado Bahía Ballena

  • Mesa Ambientalista de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

  • Movimiento Ríos Vivos

  • Museo de Montaña de Costa Rica

  • Organización Montaña Verde

  • Operación Rich Coast

  • Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional

  • Programa Kioscos Socioambientales

  • Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

  • Red de Solidaridad con Palestina

  • Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

  • Unidad Especial de Rescate Animal (UESPRA)

  • Un Metro más Limpio

De jornadas extenuantes a jornadas esclavistas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Lic. Raúl Blanco Chavarría*

Esta semana se presentó a consulta de la Sala Constitucional el Proyecto de Ley N.º 24.290 para el establecimiento de jornadas laborales excepcionales; bonito título para no decir reforma laboral para el establecimiento de jornadas extenuantes y explotadoras.

El pueblo de Costa Rica no ha dimensionado aún el enorme retroceso que este proyecto podría provocar con su aprobación. Ha pasado ya por dos gobiernos (el de Alvarado Quesada, 2018-2022, y el de Chaves Robles, 2022-2026) que han intentado sin éxito aprobar esta nociva reforma, la cual busca impulsar la normalización de una jornada de 12 horas con la promesa de contar con tres días libres. ¡Menudo caballo de troya que intenta ocultar una evidente violentación a los derechos laborales de todo el pueblo costarricense!

Esta reforma, heredera del PAC, legado del cual reniegan hoy en día los autodenominados “jaguares” y bendecida por las grandes cámaras empresariales, tiene la clara intención de regular la forma en la que se remunerará el salario a los trabajadores. El debate aquí no es si se trabaja o no más de doce horas en la jornada laboral; es más, la ley y nuestra Constitución ya regulan el trabajo más allá de las doce horas. Estamos hablando de que esta reforma eliminaría el 50% del recargo estipulado constitucionalmente para sustituirlo por un mínimo del 17% en las jornadas diurna y mixta y 25,5% en la nocturna sobre el horario correspondiente.

Para la juventud que forma parte de la inmensa masa de trabajadores y trabajadoras que sostienen este país día con día, la entrada en vigor de esta reforma constituirá una enorme barrera para estudiar. El traslado de nuestros centros de trabajo a la universidad o a nuestros hogares no es tomado en cuenta por nuestros legisladores a la hora de pensar qué repercusiones puede tener en la juventud. Miles de jóvenes tendrían cada vez mayores dificultades para ingresar o mantenerse en universidades, colegios nocturnos o procesos de formación profesional, tomando en cuenta también que el 55% de los jóvenes que hoy cuentan con una jornada laboral ganan un salario inferior al mínimo, según un reciente informe del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR). Entonces, ¿qué garantía legal tiene la juventud ante este proyecto que pueda asegurar nuestro futuro con el estudio?

¿Qué garantía tendrán las mujeres jefas de hogar con el cuido de sus hijos?

¿Qué garantía tiene la clase trabajadora de que con esta reforma no se abrirá un portillo para que los derechos laborales se vean violentados e irrespetados por la relación de poder entre el patrono y el trabajador?

La actual jornada ordinaria de 8 horas constituye una conquista del pueblo de Costa Rica; el desconocer esta historia de lucha iniciada por los sindicatos en las huelgas bananeras como la de 1934 y posteriores y del liderazgo del Partido Comunista (hoy Partido Vanguardia Popular) en el pacto con la Iglesia Católica y el gobierno de Calderón Guardia para la promulgación de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, es casi un crimen de traición a la memoria histórica de esta patria.

Pretender normalizar jornadas ordinarias de hasta 12 horas (que ya son legales y con pago justo) significa trasladar las necesidades de rentabilidad empresarial sobre la salud, el tiempo y las condiciones de vida de quienes trabajan.

Nuestra Constitución Política contempla en su Artículo 58 un recargo justo al exceder las ocho horas laborales; hoy el pueblo de Costa Rica se encuentra vigilante de la Sala Constitucional, la cual hoy tiene el deber patriótico y constitucional de frenar este retroceso en materia de derechos laborales.

El pueblo los respaldó en un plantón hace dos meses ante los ataques del oficialismo; hoy tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con el pueblo. Su juramento es con la patria y por el bienestar del pueblo de Costa Rica. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él, el pueblo y la patria os lo demanden.

*Abogado, sindicalista, secretario general de la Juventud Vanguardista Costarricense y coordinador del movimiento Trabajo Digno.

Sala Constitucional admite acción de inconstitucionalidad de AJA por falta de ajustes por costo de vida en pensiones del Magisterio Nacional

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Sala Constitucional admitió para su estudio la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA). La acción cuestiona que un grupo de personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) no haya recibido ajustes por costo de vida en sus pensiones. La organización solicita que estas personas reciban la misma revalorización que se aplica a otras pensiones del mismo régimen.

Según informó AJA, la acción superó la fase de admisibilidad y el tribunal le dio el curso correspondiente para analizar el fondo del asunto. Como paso siguiente, se solicitarán los informes a las autoridades recurridas y se abrirá el espacio para las audiencias y consultas respectivas, antes de que se dicte la sentencia final. La Asociación considera la admisión “un paso fundamental para reivindicar un derecho jubilatorio”.

Pensiones congeladas y pérdida de poder adquisitivo

La acción se refiere a las personas pensionadas del RTR amparadas en las leyes 2248 y 7268. Según la argumentación de AJA, el congelamiento de estas pensiones provocó una pérdida de poder adquisitivo del 9,04 % entre 2021 y 2025.

AJA impugna los artículos 2 y 79 de la Ley n.º 7531, Reforma del Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, por lo que denomina una “omisión relativa”. Según la organización, esa normativa contempla un mecanismo de actualización que no alcanza a todas las personas pensionadas del RTR, pese a que pertenecen al mismo régimen. La revalorización se ha aplicado a las personas jubiladas del RTR amparadas en la Ley 7531, pero no a quienes se jubilaron por las leyes 2248 y 7268. Para AJA, eso genera “una clara discriminación”.

La Asociación sostiene que la doctrina jurídica sobre los derechos jubilatorios establece que la revalorización por costo de vida es un derecho consustancial a la jubilación. Esa doctrina la incorpora como parte del núcleo de esos derechos.

Los fundamentos de la acción

La demanda plantea cuatro fundamentos centrales:

  • igualdad y no discriminación;
  • protección del derecho a la pensión;
  • cumplimiento de las obligaciones del Estado costarricense en materia de seguridad social, establecidas en convenios y otros instrumentos de derecho internacional que ha ratificado;
  • progresividad de los derechos económicos y sociales.

En materia de igualdad, AJA cuestiona que personas pertenecientes al mismo régimen reciban un trato distinto en la actualización de sus pensiones. Para ello invoca el artículo 33 de la Constitución Política y los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, sostiene que el reajuste por costo de vida forma parte de la protección del derecho a la pensión que reconoce el artículo 73 constitucional, porque permite que la pensión conserve su capacidad para atender las necesidades de las personas jubiladas.

Un avance procesal, no una resolución de fondo

La organización aclara que la admisión de la acción es un avance procesal, pero no significa que la Sala Constitucional haya declarado inconstitucionales las disposiciones cuestionadas ni que haya ordenado ajustes en las pensiones. Su pretensión queda sometida al análisis del tribunal.

RENASES respalda a Rocío Alfaro Molina y exige su incorporación inmediata a la Junta Directiva de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pronunciamiento de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresa su respaldo pleno a la compañera Rocío Alfaro Molina, representante legítima del Movimiento Sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y rechaza el desacato del Consejo de Gobierno y de la Presidencia Ejecutiva de la Caja frente a las resoluciones de la Sala Constitucional que ordenan su nombramiento.

El respeto al Estado de derecho, las reglas de la representatividad de los sectores y los mecanismos de gobernabilidad de las instituciones públicas no pueden ser de acatamiento opcional.

Lo que exigimos:

  1. Al Consejo de Gobierno: acatar sin más dilación la sentencia de la Sala Constitucional y juramentar de inmediato a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como representante suplente del Movimiento Sindical ante la Junta Directiva de la CCSS, para el periodo 2026-2030.

  2. A la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva de la CCSS: no adoptar decisiones de fondo sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las listas de espera, la infraestructura hospitalaria, la contratación de servicios privados de salud y las condiciones laborales del personal mientras la Junta no esté integrada conforme a la ley.

  3. A las autoridades competentes: hacer cumplir lo resuelto por la Sala Constitucional y aplicar las responsabilidades que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece para quien incumple una orden dictada en un recurso de amparo.

  4. A las organizaciones sociales, sindicales, cooperativistas, solidaristas, comunales y productivas del país: sumarse a esta exigencia en defensa de la CCSS y de la institucionalidad democrática.

Los hechos

9 de junio de 2026.
La Asamblea del Movimiento Sindical eligió por mayoría absoluta a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente ante la Junta Directiva de la CCSS.

24 de junio.
El Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento, a partir de un informe de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor. Alegó falta de formación económico-social, militancia política, vínculos familiares con personal de la institución y opiniones públicas de la compañera Alfaro sobre decisiones de la Caja.

12 de agosto.
El Consejo de Gobierno designó como representante sindical pro tempore a una persona que no fue electa por la Asamblea del Movimiento Sindical.

13 de agosto.
La Sala Constitucional, por unanimidad (sentencia 2026-031380), anuló el rechazo y estableció que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS impide al Poder Ejecutivo objetar o revisar las designaciones que hacen los sectores.

1º de setiembre.
La Sala suspendió cautelarmente el nombramiento temporal impuesto por el Gobierno.

25 de setiembre.
La Sala anuló en definitiva ese nombramiento y ordenó al Consejo de Gobierno tramitar el de Rocío Alfaro en un plazo máximo de ocho días.

8 de octubre.
El plazo venció sin que el Poder Ejecutivo cumpliera la orden.

Por qué nos pronunciamos

La representación pertenece a los sectores, no al Gobierno.
La Ley Constitutiva de la CCSS establece que la Junta Directiva se integra con representantes del Estado, del sector patronal y del sector laboral, y que estos últimos son electos por sus propias organizaciones. Al Poder Ejecutivo le corresponde formalizar esas designaciones, no escoger a quién le resulta conveniente o políticamente afín. Así lo ha dicho la Sala Constitucional en dos sentencias consecutivas.

Desobedecer a la Sala Constitucional rompe el orden constitucional.
Las resoluciones de la Sala son vinculantes para todas las autoridades públicas. Cuando el Gobierno decide qué sentencias cumple y cuáles no, deja de regir la ley y empieza a regir la voluntad de quien gobierna. Hoy es la representación sindical en la CCSS; mañana puede ser la de cualquier otro sector o institución.

Una Junta Directiva incompleta pone en riesgo a toda la población.
La CCSS enfrenta decisiones que afectan a millones de personas aseguradas y pensionadas: ajustes al régimen de pensiones, atención de las listas de espera, inversión en infraestructura y relaciones con proveedores privados de salud. Estas decisiones no pueden tomarse sin la voz de las personas trabajadoras que, con sus cotizaciones, sostienen la seguridad social.

El diálogo social requiere reglas que se respeten.
RENASES trabaja por un país donde los sectores sociales participen de manera efectiva en las decisiones públicas. La participación de los sectores en la Junta Directiva de la CCSS es uno de los mecanismos de gobernabilidad más importantes del país, y es una garantía establecida por ley, no una concesión del Poder Ejecutivo.

Nuestro compromiso

RENASES acompañará a la compañera Rocío Alfaro y al Movimiento Sindical en todas las acciones legítimas que emprendan para hacer valer su derecho y el de las personas trabajadoras a estar representadas en la conducción de la CCSS. La Caja es patrimonio de todo el pueblo costarricense, y su gobernabilidad se defiende respetando la ley.

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

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