En la última década hemos asistido al aumento de un tipo de demandas judiciales principalmente que tiene como objetivo limitar e intimidar a la participación pública. Estos procesos recurren a las instancias judiciales no como una herramienta para reivindicar una demanda de buena fe, sino para limitar la expresión de otros.
Estas acciones involucran procesos largos y extremadamente costosos, logrando la desmovilización de personas lideresas e intimidando a otros actores.
El principio detrás es convertir el sistema judicial en un arma para intimidar, restringir el interés público y convertir asuntos de interés público en disputas técnicas de derecho privado.
Estas acciones están dirigidas especialmente a colectivos de defensa de derechos humanos, del ambiente y a periodistas, con el fin de «castigar» su labor crítica ante las acciones que emprenden corporaciones y Estados.
Por esta razón, les invitamos a revisar estos artículos que profundizan esta tendencia que estamos viviendo en nuestros países, así como esta infografía para aportar conceptos e invitarles a seguir debatiendo este tema.
La Universidad de Costa Rica (UCR) tiene un compromiso con la conservación del ambiente y las luchas socioambientales en nuestro país y con el planeta. (Foto: Anel Kenjekeeva, OCI)
En concordancia con el compromiso que desde siempre ha tenido la Universidad de Costa Rica (UCR) con las grandes luchas en pro del ambiente y el resguardo de la conservación de los recursos naturales y su sostenibilidad en nuestro país, el Consejo Universitario instó a la Administración para que, a partir de este año, cada 7 de diciembre se realicen actividades para rendir un homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El objetivo de este acuerdo se centra en recuperar la memoria histórica institucional las luchas socioambientales, pues para el Órgano Colegiado, esta Casa de estudios superiores tiene el deber ético y moral de recordar y rendir homenaje a las personas defensoras ambientales que perdieron sus vidas en la lucha por el derecho humano a vivir en armonía con el medio ambiente.
La Universidad reconoce que a pesar del prestigio internacional de nuestro país por promover la sostenibilidad y conservación del ambiente, las personas defensoras de los derechos humanos ambientales están expuestas a riesgos, como amenazas, hostigamiento, persecución, estigmatización, aislamiento social, violencia física o política e incluso la muerte.
Desde 1975 en Costa Rica se han registrado asesinatos vinculados a disputas ambientales, muchos de los cuales aún siguen impunes. Entre las personas que han perdido su vida por esta causa figuran: Olof Nicolás Wessberg (1975), Antonio Zúñiga Obando (1990), Óscar Quirós (1992), Jorge Aguilar (1992), Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández (1994), David Maradiaga Cruz (1995), Kimberley Blackwell (2011), Jairo Mora Sandoval (2013), Diego Armando Saborío González (2014), Sergio Rojas Ortíz (2019) y Yehry Rivera Rivera (2020).
La Universidad de Costa Rica ha sido baluarte en el compromiso y respeto de los derechos humanos ambientales y en la promoción del estudio y la comprensión de estos complejos procesos sociales, políticos, económicos y ambientales. Además, ha brindado el acompañamiento a los líderes ambientalistas y organizaciones protectoras de los recursos naturales, así como a las comunidades para el respeto y la defensa de sus derechos.
Este mes de octubre, se cumplen 16 años de que, a pesar de la histórica gesta de nuestro pueblo contra el Tratado de libre comercio adoptado por empresarios y políticos apátridas, quedó demostrado que, en la campaña del referéndum, estos actores, fueron capaces hasta de usar herramientas típicas del terrorismo de Estado1,2; a fin de imponer su aprobación y con ello, abrir el camino para “arrasar con nuestras soberanías”. Por ejemplo, creándole facilidades a cualquier inversionista para exigir privilegios o demandarlos según sus propios intereses en paneles internacionales; ante los cuales, los Estados son fijos perdedores, pues para empezar no más su defensa, deben pagar exorbitantes sumas de dinero (W. Antillón, 2023)3. En consecuencia, todo habitante honrado de este país y que vivió esa experiencia confiando en el respeto a sus derechos civiles y políticos, conoce que, aún con el resultado de ese referéndum (un empate técnico), quienes desde entonces controlan los poderes de la República, de tal forma legitimaron el principal instrumento destructor de las bases del desarrollo nacional del presente siglo.
Sin lugar a dudas una experiencia que no obstante el crudo desenlace que tuvo, cada 7 de octubre, nos permite, aún a solas, sentirnos agradecidos con todos y cada uno de los participantes de buena fe y quienes, sin reservas, con sus múltiples y variados aportes de la ciencia, el derecho, la cultura, el conocimiento popular y sobre todo el gran calor humano; contribuyeron así a generar un ambiente o quizás movimiento social, nunca antes vivido. Uno de tantos aportes, fue presentado por parte del oceanógrafo físico Guillermo Quirós Alvarez, por medio del cual, muchos ciudadanos conocimos con profundidad que, este país es territorialmente más grande y rico de lo que se ha enseñado durante años en el sistema educativo; es decir, ocultado. Las concurridas conferencias magistrales en los auditorios universitarios, estarán por siempre presentes en nuestra memoria, alimentando la reflexión y avance del conocimiento; la ruta más certera para debelar y continuar trabajando contra las múltiples falacias incrustadas a todo nivel en la educación y el marco legal costarricense. Su tema central se refería a nuestras riquezas marinas y el piso oceánico asociado4,5.
Ahora, al cumplirse un nuevo aniversario de esa gesta patriótica, quebrantada con tan infame imposición imperialista en complicidad de los siervos menguados del país, y cuyos resultados hoy el pueblo padece con mayor crudeza; es oportuno y justo apuntar también que, a partir de entonces y quizás paradójicamente, nuestros sueños de prosperidad se multiplicaron y son una invaluable motivación en la eterna lucha por un país efectivamente mejor. Territorio donde no exista segregación social o económica alguna, y sí, donde la vida digna y saludable para todos sus habitantes, sea una realidad fundamental garantizada; y no la ficción perpetua como acertadamente se percibía al analizar aquello de que, los políticos pasan “programando nuestro desarrollo de espaldas al mar”. Claro está y como siempre sucede en este bregar, también se han multiplicado los bribones de la política escenificada durante cada campaña electoral y que, con referencia a esos conocimientos, proponen la prosperidad de su futuro gobierno o mejor dicho la de sus financistas, a partir de la explotación de las riquezas marinas; puntualmente citan el domo térmico. Un tema aparentemente poco conocido por la Nación, sin embargo y como ya se dijo, en estudio hace más de cincuenta años por parte de gringos, franceses, alemanes y japoneses; y vale creer que jamás de gratis, así como que, la pobreza y pobreza extrema de nuestros pescadores artesanales no obedece a un castigo divino.
En ese mismo orden, es conocido que, por parte de científicos nacionales, se han dado a conocer nuevas investigaciones sobre dichos recursos, las cuales, ratifican que, en Costa Rica, bajo las aguas del Océano Pacífico poseemos, por ejemplo, lo que el Dr. Jorge Jiménez (2016) y su representada Mar Viva6, titula: “El Domo Térmico de Costa Rica: Un oasis de productividad frente a las costas del Pacífico Centroamericano”. Sobre esto mismo, Quirós, G. 2007 lo señala como un “Extraño acoplamiento entre la atmósfera y el océano en nuestros territorios marinos”. Según esa investigación, “entender la posición y extensión del Domo, es de gran relevancia para su manejo y conservación”, pues se trata de un fenómeno oceanográfico de alto dinamismo cíclico, en el cual confluyen diferentes corrientes marinas y vientos, especialmente los alisios. Específicamente se le describe como una zona que está “…en constante expansión, contracción y desplazamiento, dependiendo de la etapa del año”. Por ejemplo, durante el período de máxima extensión, el núcleo cubre parte de las aguas jurisdiccionales de todos los países centroamericanos y abarca un área aproximada a cinco veces el territorio continental costarricense.
En cuanto a la biodiversidad, también se le describe como compleja y abundante, donde cohabitan “…desde algas microscópicas hasta grandes especies marinas, como el calamar gigante (Dosidicus gigas) y la ballena azul (Balaenoptera musculus)” que, entre sus características, es parcialmente descrita como el animal más grande del Planeta y en peligro de extinción. Además, parte de la depredación que la afecta, es ocasionada por el tráfico marítimo a través del Domo; zona confirmada como un espacio de su alimentación y alumbramiento. Otras de las riquezas biológicas de dicha zona, es la alta productividad del atún aleta amarilla, tanto como la presencia de delfines y cinco especies de tortugas, entre ellas la Baula, cuya existencia está en peligro crítico de extinción.
De manera que, acerca del Domo Térmico de la Región centroamericana y lo que a nuestro país pertenece y compete, comprendemos que se trata de una zona marina inmensamente rica en biodiversidad, pero abandonada por las autoridades nacionales. Situación que le ha generado severos daños ambientales, producto de los impactos sin regulaciones ni controles de la pesca ilegal aparentemente por parte de flotas extranjeras, tráfico de diferente tipo, muerte violenta de especies en peligro de extinción, contaminación por plásticos, etc. Por lo tanto, sin ningún manejo acorde con nuestra legislación (de paso también en vías de regresión) ni seguimiento a los daños ambientales que soporta. Es decir, esas mismas condiciones contrapuestas, parecen conformar su principal debilidad a nivel de una zona muy frágil, la cual, si nuestras autoridades fueran o quisieran ser realmente consecuentes con las políticas ambientales de su “liderazgo mundial” ahora también en temas oceánicos; esta zona debería declararse bajo algún estatus de área protegida. Claro está que, estas categorías, para los fanáticos del “mercado libre” siempre serán obstáculos; en lenguaje criollo: “cuellos de botella” a eliminar. Nos preguntamos, cuál será la intencionalidad real por parte del gobierno de Costa Rica con respecto al Tratado del Mar7, al anunciar como apuntaremos luego, que está próximo a ser ratificado; si en dicho Tratado, se contempla la obligación de reforzar el rigor de la Evaluación de Impacto Ambiental, y las acciones más recientes sobre el tema, se han dado severamente al revés (Ejemplo: D.E. 43898-2023).
Ironía. En ese llamado e invitación a ratificar, determinamos como lo más evidente, una insólita conducta en faltar a la verdad, dado que el compromiso real es quizás lo que más se oculta, pues en la práctica, el Gobierno de Costa Rica no ha sido congruente con sus acciones respecto a los compromisos adquiridos para la ratificación de otro Tratado, el Tratado Regional conocido como Acuerdo de Escazú9,10. Este instrumento, en la actualidad está vigente gracias a la voluntad efectiva de ratificación por otros países como nuestros propios vecinos Panamá y Nicaragua, sin Costa Rica. De manera que, por lo que representa el nombre de este Tratado para los habitantes del municipio de Escazú y de toda Costa Rica, decimos que, los escazuceños deberían demandar un resarcimiento del gobierno actual. Obsérvese también que, los propósitos de este Acuerdo denotan una real progresividad según su objetivo de: “…garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales…” (Artículo 1). Constituye el primer instrumento internacional, a nivel global, en tutelar los derechos de los defensores de derechos humanos. A la vez que, “se reconocen principios democráticos fundamentales y se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada. También es un tratado de derechos humanos” (A. Bárcenas, ex secretaria Ejecutiva de CEPAL)11.
De las anteriores referencias, si no fuera por los hechos con los que procuramos contextualizar sobre la situación ambiental que enfrenta el país y con ello sustentar el ejercicio de la denuncia pública, se podría caer en el error de creer que las políticas públicas ambientales de Costa Rica, están orientadas según lo divulga principalmente su gobierno, a impulsar la “sostenibilidad de alta calidad” honrando compromisos ambientales de nivel internacional. Nada es así, y como dice el adagio popular: “para muestra basta un botón”. Es conocido públicamente y aunque no lo suficiente, la entrada en operación de la actividad denominada Transporte marítimo de corta distancia, mediante un ferri de carga entre Costa Rica y El Salvador. En este caso, por parte de la corporación panameña Blue Way con socios alemanes, representada en Costa Rica por Transmares, y el uso del buque Blue Wave Harmony de bandera panameña.
Consecuentemente, está a la vista que iniciaron un nuevo negocio privado al que llaman proyecto pionero, no obstante, con onerosos costos estatales al menos en Puerto Caldera e instalaciones aledañas, obras próximas a ser “modernizadas”; según declaraciones del jerarca más recientemente nombrado al frente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)12. Al inferir sobre esta actividad de trasporte también en aspectos como: el tiempo que tardó en ejecutarse entre treinta y cuarenta años, las deficiencias divulgadas por diferentes actores sobre Puerto Caldera e inclusive el informe de la Contraloría General de República en cuanto a la administración del mismo, la aparente destitución del anterior presidente ejecutivo de Instituto, contradicciones entre ventajas y desventajas con respecto al transporte alternativo, características del buque, etc.; no se auguran beneficios comerciales y mucho menos impactos ambientales positivos para la Nación costarricense, pero los concesionarios una vez más se llevarán todo. Mientras tanto, los habitantes de Caldera observan cada vez mas cerca su inminente desalojo costero y desamparo; para ellos no llegará la millonaria modernización que ya demandan los concesionarios del Puerto.
Por otra parte, nos genera atención especial el hecho de que, tanto en los reportajes periodísticos observados a favor o en contra de la actividad, como en las publicaciones oficiales sobre el tema, no se logra determinar si previo a la entrada en operación del buque IMO-9007283 en su ruta (La Unión – Caldera), se cumplieron regulaciones ambientales de algún tipo13,14, a fin de prevenir sus impactos ambientales y consecuentemente los daños. Tomemos en cuenta que, en apariencia, la ruta de la embarcación en algún porcentaje significativo surca sobre el Domo Térmico de Costa Rica. Además, debe prestarse atención, que se trata de un buque viejo (32 años), pues según los organismos internacionales la vida útil de éstas naves se estima entre 25 y 30 años; entró en operación un 7 de octubre de 1991, aproximadamente a los 10 años empezó a recibir reparaciones y ha cambiado de nombre tres veces; entre otras características15.Y para mejor muestra, algo más: por nuestras funciones consultivas, hace ya tres años en visita a las instalaciones de la Setena, coincidimos en tiempo y espacio con una visitante al parecer también con igual oficio, quien, con enojo, reclamaba el atraso en dar respuesta a alguna consulta suya. Tipo de gestión que, la institución denomina consulta técnica. En la mayoría de casos, se presentan por parte de los proyectistas, para que la institución les oriente acerca de si lo que se proponen desarrollar, debe cumplir con alguno de los procesos de viabilidad ambiental que administra la Setena.
También, a consecuencia de la situación presenciada dado el tono de la inusual reclamación y las trifulcas internas al atender el caso, nos interesamos a la vez en conocer su desenlace. No fue fácil, pero en alguna medida se logró y damos gracias a las normas que dispusieron el derecho ciudadano de acceso a la información pública. Resultando, primero que el atraso lo generaba una controversia en cuanto a si la actividad de transporte de carga marítima y subrayo de este mismo proyecto del ferri centroamericano, requería o no, cumplir con la evaluación de impacto ambiental según la normativa en la materia y obligaciones de la Setena. Al parecer, a un profesional técnico sin rango de mando, le habían asignado analizar y preparar el criterio sobre la consulta, y si bien lo había cumplido, al ser firmado por sus jefaturas, dicho criterio no coincidía con lo pretendido por ellas; razón por la cual se le exigía cambiarlo. En síntesis, tal funcionario había fundamentado que la actividad debía gestionar la viabilidad ambiental antes de operar. No conocimos por parte de quien o quienes, pero la realidad fue que, el criterio del técnico se cambió y la Setena, terminó respondiendo a la interesada que su actividad no requería evaluación de impacto ambiental. Aunque confuso, mediante el oficio SETENA-DA-Educa-0310-2020 se le indicó: “…al tratarse de una ruta marítima, ya al no estar legislado el tema ante la SETENA, no es de aplicación someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, para la obtención de viabilidad (licencia) ambiental”. Actuación claramente contraria al principio precautorio. Finalmente, este caso, nos permitió conocer de otros, tanto oficiales como privados, en que, bajo el mismo procedimiento, se exonera la obligación del proceso de Viabilidad Ambiental.
En conclusión y según los hechos, la declaración explícita de “compromiso inquebrantable con la economía de mercado” por parte del gobierno de Costa Rica, no es menos que una declaración de tipo belicista. Pues a través de ella, ahora sin contemplaciones éticas y mucho menos morales bajo las que se han especializado, se procura culminar la imposición del proyecto histórico neoliberal y extractivista por excelencia; al acecho de su Patrimonio Natural y social hace aproximadamente cuatro décadas. El Estado Social de Derecho y de Servicio Público, así como las reservas de recursos naturales son su principal presa. La multiplicación de indicadores negativos en todos los órdenes de la vida nacional, exhiben tanto a lo interno como internacionalmente, la gran crisis a que se ha conducido nuestro país. Por ejemplo, la violencia extrema, inequidad, precariedad del trabajo asalariado y hasta trabajo esclavo, desempleo, graves deficiencias en servicios públicos básicos como en la educación y salud, abandono de la producción agrícola de alimentos básicos, contaminación, sobreexplotación de recursos naturales, creciente endeudamiento del Estado y desfinanciamiento del presupuesto nacional, autoritarismo, criminalización de la protesta social, etc.; son únicamente una parte de la situación.
Y si bien la extensión del territorio costarricense es relativamente pequeña, a nivel internacional logró ser reconocido como un territorio privilegiado por la naturaleza gracias a la abundancia de ecosistemas de elevada biodiversidad (megadiverso) y posición global; pero también es cierto que, esta característica históricamente fue acompañada de eficientes políticas públicas sobre protección y conservación ambiental. De manera que, ambos atributos permitieron forjar a la vez liderazgo mundial en materia del ambiente. Un liderazgo que indiscutiblemente y para bien del país, le ha generado significativas donaciones económicas, pero que quizás, el mayor dividendo es la creciente visitación turística internacional; sin lugar a duda promocionada con eficiencia publicitaria. No obstante, no se vislumbra en el horizonte que estas ventajas sigan la misma tendencia, si tomamos en cuenta que parte de las riquezas naturales que conforman el atractivo que se publicita, son presa directa e indirecta de la economía de mercado proclamada por el presidente Chaves; aunque su ministro de Ambiente y Energía por otro lado, se equivoque o mienta al haber declarado que, el país se propone desarrollar la Economía Circular16.
El Domo Térmico con su inmensa biodiversidad, así como los yacimientos de hidrocarburos y minerales presentes en el suelo marino de nuestro territorio, hoy día constituyen riquezas de incalculable valor económico pero que, por su ubicación en territorio altamente frágil, los costos ambientales de una posible explotación pueden ser iguales o superiores. Y si bien, según se dice, ha existido explotación pesquera a nivel extractivo y sin controles legales ni técnicos; es claro que, en esta ausencia de beneficios para el país, el Océano carga con los daños ambientales directos de tal explotación, más los de la contaminación acarreada por los cursos de agua provenientes del territorio continental. Es decir que, por lo que representa el territorio marino costarricense en el Océano Pacífico como espacio de alta fragilidad y los daños ambientales que ahí se dan; toda nueva obra o actividad que en el mismo territorio se desarrolle sin las mínimas regulaciones técnicas y legales, no hacen más que acelerar su destrucción ecológica.
En línea con lo anterior, se debe contemplar el proyecto bajo el cual se puso en operación el Ferri La Unión – Caldera, de cuyo buque a pesar de que no hemos tenido acceso a los últimos reportes de mantenimiento, la ficha técnica es reveladora de que aparentemente su vida útil está caduca. Por lo tanto, los potenciales impactos ambientales negativos del llamado proyecto “pionero”, presenta adicionales riesgos o amenazas que merecen cuanto antes y aunque ya esté en operación, urgentes medidas de corrección y más. Por consiguiente, en vista de que ya se demanda del Estado una millonaria inversión en la modernización de Puerto Caldera, más urgente parece la sustitución del barco, si en algo se desea simular a una actividad pionera de “Inversión en proyectos sostenibles y de alta calidad para fortalecer la lucha contra el cambio climático”.
Facilitar el desarrollo de nuevas actividades comerciales privadas, exoneradas del instrumento de la evaluación de impacto ambiental en zonas de alta biodiversidad dentro del territorio costarricense; no sólo multiplica las amenazas contra especies de la fauna marina en peligro de extinción, sino que, también representa un desacato infraganti de los principios del derecho ambiental, como el precautorio y la no regresión.
Así como el Domo Térmico de Costa Rica es sorprendente por su enorme biodiversidad y obvia riqueza natural que concentra, parece mayor la de los yacimientos de níquel, cadmio, metales preciosos, gas natural y petróleo detectados en el suelo marino del mismo territorio oceánico según los estudios de referencia. Sin embargo, tanto por la política económica del gobierno Chaves Robles y su asociado compromiso de apertura a la inversión extranjera, como por el contexto internacional y la crisis energética que atraviesa el capitalismo occidental, donde este presidente identifica a sus socios; la perspectiva socioambiental para Costa Rica es sombría, las banderas de alerta más calificadas del país por parte de la ciencia y organizaciones ambientales ya están izadas. No las dejemos bajar ni a media asta.
ANEP. La creación de esta comisión busca potencializar la participación en temas ambientales de nuestra organización, como ya se hizo con el Frente Ecologista Eco Cipreses en la defensa del agua en la zona norte de Cartago, donde se logró la prohibición a nivel nacional del agroquímico clorotalonil por la contaminación a mantos acuíferos.
Integrantes de la delegación de Chile durante la COP2 sobre el Acuerdo de Escazú, realizada del 19 al 21 de abril de 2023. Foto extraída de la red social de Twitter.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
(Una versión en francés de este texto está igualmente disponible en este enlace).
El pasado mes de abril, inició en Buenos Aires (Argentina) la segunda Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú, un tratado regional adoptado en Costa Rica en el 2018 (véase texto completo).
Esta cita, que se celebró entre el 19 y el el 21 de abril, también se denominó por sus siglas en inglés «Conference of Parties» o «COP2»: se trata en efecto de una reunión en la que participan los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, y que suman a la fecha 15 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
La inauguración del evento contó con la presencia de Jefe de Estado argentino (véanse nota oficial y comunicado de prensa de la Casa Rosada) y se pudieron seguir todas las sesiones en directo, accesando el enlace oficial de la CEPAL previsto para este efecto (véase enlace).
Estados Partes y Estados no Partes invitados y eventos paralelos
Esta COP2 fue objeto de una reunión preparatoria previa, realizada también en Argentina el pasado 6 de marzo, en la que se precisaron los temas a discutir (véase informe): se indica (en páginas 15 y 16 del precitado informe) que fueron invitados a participar a esta reunión preparatoria representantes de Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, a saber: Brasil, Colombia y Perú. Un gesto de naturaleza política de los 15 Estados Partes hacia estos tres Estados, invitados a observar diversas sesiones, una de ellas muy esperada sobre las iniciativas de cada Estado Parte para implementar en el plano nacional el Acuerdo de Escazú.
En el caso de Centroamérica, no se observó presencia de delegados de El Salvador, Guatemala y Honduras, pese a la crítica situación que viven ahí quienes alzan la voz en defensa del ambiente. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la dramática situación de los defensores del ambiente en El Salvador, Guatemala y Honduras (véase informe) evidencia la urgente necesidad de adoptar medidas y figuras legales previstas en el mismo Acuerdo de Escazú.
Cabe señalar que, de forma paralela a las reuniones de los representantes estatales durante esta COP2, se realizó una serie de muy variados eventos organizados desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones internacionales (véase programa de eventos paralelos).
El Acuerdo de Escazú favorece y fomenta la participación del público, y las COP constituyen un llamativo espacio en el que delegados estatales y organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar con la mayor naturalidad: un esfuerzo en materia de transparencia que ameritaría ser replicado en el caso de reuniones similares relativas a otros tratados internacionales en materia de ambiente y de derechos humanos, sean instrumentos jurídicos universales o regionales.
En esta COP2, Chile (uno de los dos Estados que lideró las negociaciones durante más de 5 años y medio que culminaron en Escazú), participó esta vez como Estado Parte: véase entrevista a la negociadora chilena del Acuerdo de Escazú, publicada en País Circular, del 18/04/2023. Un reciente informe (véase texto) sobre el grado de cumplimiento de Chile con los estándares que propone el Acuerdo de Escazú analiza las diversas iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales chilenas, que deberían de poder replicarse en otras latitudes en América Latina. A su vez la sociedad civil presentó valiosas propuestas a los Estados Partes, tal como por ejemplo, entre muchas otras, este informe elaborado por OXFAM (véase documento).
Más generalmente, esta otra entrevista a un alto funcionario de la CEPAL (publicada en Diálogo Chino, edición del 14/04/2023) permite también apreciar los desafíos que para los Estados de la región significa la construcción de una verdadera democracia ambiental, y ello a partir de los principios enumerados en el Acuerdo de Escazú.
La COP 1 y la COP2 en breve
Como se recordará el Acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018 en Costa Rica, y el proceso de negociación fue co-liderado por Chile y Costa Rica. Este tratado regional entró en vigor en abril del 2021 al reunir las ratificaciones necesarias (en total 11, según lo establece el mismo tratado en su Artículo 22).
La primera COP se reunió un año después, en abril del 2022, en Santiago de Chile (véase programa y declaración final), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.
Desde entonces, el Acuerdo de Escazú ha sumado a tres nuevos Estados Partes: Chile (junio del 2022), así como las ratificaciones de Belice y de Granada registradas recientemente (marzo del 2023) que tuvimos la oportunidad de comentar (además de otros notorios avances del Acuerdo de Escazú en lo que va del año 2023), así como la persistente negativa de Costa Rica en aprobarlo (Nota 1). Sobre este último punto, ya en el 2020 tuvimos la oportunidad de advertir de la «llegada de los mitos» en contra del Acuerdo de Escazú, que se plasmaron en varios comunicados de influyentes sectores económicos costarricenses (Nota 2).
En días recientes, autoridades en Brasil señalaron su interés en acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa del 13/04/2023): cabe precisar que la titular de la cartera de ambiente de Brasil estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la COP2 (véase nota oficial). El triste paréntesis que significó para los derechos humanos y el ambiente, así como para las poblaciones indígenas brasileñas, la administración del Presidente Bolsonaro (2017-2022), permite augurar un renovado interés de las autoridades de Brasil en adherir al Acuerdo de Escazú. Organizaciones tales como Transparencia Internacional (véase documento) o Human Rights Watch (véase carta) han solicitado desde varios meses una pronta ratificación por parte de Brasil del Acuerdo de Escazú. El 11 de mayo del 2023 se informó del envío formal por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa).
Se espera además que próximamente Colombia concluya el proceso de ratificación, al haber sido aprobado el Acuerdo de Escazú por las dos cámaras de su Poder Legislativo en noviembre del 2022, una aprobación que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 3).
En América Latina, además de Colombia, los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han aprobado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Al tiempo que ni tan siquiera lo han firmado los siguientes: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Los acuerdos alcanzados en la COP2
Más allá de los obstáculos de todo tipo que se han generado en algunos Estados para bloquear la aprobación del Acuerdo de Escazú y del desinterés de otros en (por lo menos …) firmar este acuerdo, son varios los temas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú que se discutieron entre los Estados Partes a partir de este 19 de abril en Buenos Aires.
A ese respecto, llama la atención la escasa cobertura en medios de prensa costarricenses sobre las diversas iniciativas gestadas a partir del Acuerdo de Escazú en el 2022, y era previsible que esta COP2 en Argentina sufriera el mismo trato: ni una sola nota en la prensa costarricense publicada al respecto.
En abril del 2022, se compiló una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo) que puede desde ya ser usada para generar u orientar políticas públicas en diversos Estados, sean estos Estados Partes o no.
Entre los diversos temas a tratar en Buenos Aires, figuró también la designación de los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento que crea este tratado regional en su Artículo 18, así como la implementación del Fondo Voluntario de Contribuciones (Artículo 14). Esta entrevista al candidato de Argentina designado (véase texto) permite conocer mejor la tarea que se espera del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuyas reglas sobre su composición y su funcionamiento fueron adoptadas por los Estados Partes durante la COP1 del 2022 celebrada en Chile (véase documento). En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo Comité (véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en Costa Rica mencionando su eleción).
Adicionalmente, se buscó la forma de darle seguimiento a las diversas recomendaciones y conclusiones del primer foro sobre defensores ambientales, reunido en Quito (Ecuador) en el mes de noviembre del 2022 (véase informe): un Plan de Acción (véase documento) ha sido puesto a consulta para las organizaciones de la sociedad civil con miras a contar con sus insumos y propuestas. Al respecto, un segundo foro sobre defensores ambientales tendrá lugar esta vez en Panamá, durante la última semana de setiembre del 2023.
Cabe señalar que desde el 27 de febrero del 2023 está circulando en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.588 en Costa Rica (véase texto): una propuesta de ley que pretende proteger a los defensores del ambiente. Al no observarse una sola referencia al Acuerdo de Escazú y al evidenciarse otras notables carencias y omisiones, somos de la opinión que se trata de una burda maniobra política (véase sobre este proyecto de ley nuestra nota titulada «El proyecto de ley 23.588 denominado ´Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente´: algunas breves observaciones«).
Finalmente, se adoptó una declaración final titulada Declaración de Buenos Aires (véase texto) por parte de los Estados Partes, en la que reiteran los acuerdos alcanzados y la necesidad que los Estados que aún no son Estados Partes aprueben el Acuerdo de Escazú «lo antes posible» (punto 14).
A modo de conclusión
Estas y muchas otras iniciativas confirman el paso firme y decisivo que están imprimiéndole al Acuerdo de Escazú los Estados Partes y la CEPAL, conscientes de la importancia de llevar con marcha sostenida la implementación de este tratado regional: un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, tal y como apuntado en varias publicaciones (Nota 4).
Es de notar que la próxima reunión de los Estados Partes (o «COP») se realizará nuevamente en Santiago de Chile, en el mes de abril del 2024 (confirmándose de paso el marcado desinterés de las autoridades de Costa Rica, al volver a la misma capital que para la primera reunión de este tipo): se considera que probablemente Colombia ya sea Estado Parte para esta cita, y (si se toma en cuenta los deseos externados por los representantes de Brasil durante esta COP2), que Brasil también lo sea o a punto de serlo.
Con relación a Costa Rica, los titulares de esta nota de la DW (Alemania) y de esta otra de France24 (Francia), o bien el título de este cable de la agencia internacional de noticias AFP replicado en un medio uruguayo, permiten apreciar el profundo desconcierto que, a nivel internacional, ha causado su ausencia entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú: a más de cinco años desde su adopción en suelo costarricense, el Acuerdo de Escazú avanza sin Costa Rica, y no se vislumbra mayor cambio de posición de sus autoridades para los próximos tres años.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: viento en popa«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., » ´Llegaron los mitos´: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 17/12/2020. Texto disponibleaquí. En el mes de abril del 2021, ante un comunicado de una cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. Luego, en el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). Finalmente, en junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro). Estos últimos reaparecieron en esta carta colectiva de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Colombia a pocos meses de ser oficialmente Estado Parte del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/11/2022. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la precitada guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).
El Colectivo Mujeres por Costa Rica suscribe la carta de solicitud a los señores diputados y diputadas para mantener en la corriente legislativa el proyecto conocido como Acuerdo de Escazú.
Lunes 30 de enero de 2023
Señoras/es diputadas/os
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Asunto: Expediente legislativo N° 21.245.
Reciban un cordial saludo de parte de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a impulsar el ejercicio de los derechos humanos en materia ambiental y climática en Costa Rica y la región.
Nos mantenemos al tanto de que se acerca la fecha de finalización del periodo cuatrienal para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, «Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ Acuerdo de Escazú”.
Como es sabido por ustedes,
En marzo del 2018, se firma en Escazú este acuerdo regional, gracias al auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como una importante participación de la sociedad civil.
En la Sesión Ordinaria N° 135, el 13 de febrero de 2020, se aprobó en primer debate, y por unanimidad de votos.
Por medio del informe AL-DEST-CJU-031-2020, del 22 de junio de 2020, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indicó que el vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional en la resolución 2020-006134 fue subsanado y recomienda al plenario la aprobación en segundo debate.
En el 2021, en contra de su propia jurisprudencia, la Sala Constitucional puso un freno al proceso de ratificación, ocasionando que la Asamblea Legislativa deba convocar el proyecto a un nuevo primer debate.
Desafortunadamente, cada día que en nuestro país no está en vigor el Acuerdo de Escazú, perdemos la oportunidad de:
Asegurar la toma de decisiones en asuntos ambientales de forma participativa e inclusiva, y manteniendo la igualdad, crecimiento económico sólido y desarrollo sostenible para todas las personas.
Garantizar una participación plena y democrática en el desarrollo de proyectos con potencial impacto ecológico, para que los defensores y defensoras ambientales estén protegidos en un marco de derecho a participación y acceso a justicia, si así es requerido.
Generar certeza y estabilidad en las inversiones nacionales y extranjeras, tal y como lo destacaron representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en nuestro país en marzo de 2022.
Que el Estado costarricense mejore sus estándares en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con un amplio margen de discrecionalidad y de acuerdo con nuestras posibilidades (artículo 13), siendo incluso que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados Parte (artículos 4.3, 5.5, 5.6, 5.13, 6.2. 6.9, 7.12, 7.15, 8.2, 8.3.c.).
Atender el criterio de diversos sectores que se han expresado a favor, entre ellos las universidades públicas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, diecisiete concejos municipales y organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el BID.
Prevenir la violencia y mejorar el acceso a la justicia. Entre 1975 y 2020, un total de trece defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en nuestro país, mientras las personas que están involucradas en actividades de defensa de los territorios viven en un estado constante de intimidación, ataques y criminalización, particularmente en las áreas rurales y costeras, y en los territorios indígenas.
Seguir las recomendaciones del informe de la relatoría de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la visita in situ a Costa Rica, publicado el pasado 28 de septiembre del 2022. Donde se recomienda al Estado costarricense ratificar el Acuerdo para proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado.
Mostrarnos más consistentes y coherentes con la imagen internacional que proyectamos en materia de derechos humanos y ambiente.
Es por lo anterior que todos los aquí firmantes hacemos un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que:
Favorezcan una discusión acerca del Acuerdo sana, abierta y basada en evidencia.
Voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente.
Mantengan en la corriente legislativa dicho expediente.
Ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.
Del 23 al 25 de enero se realizará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera, indígena bröran, recuperante de tierras y defensor de los derechos ambientales en su territorio. Estos acontecimientos nos obligan a reflexionar sobre la violencia que se vive en el campo costarricense, nos debe obligar a no ser indiferentes, a tomar posiciones y actuar.
Es necesario empezar diciendo o recordando que este país se ha construido sobre el racismo. El proceso de invasión española marca el origen de las relaciones que hoy se viven y que no se revisan ni se critican a profundidad, por eso Costa Rica es un país tremendamente racista y lo vivimos a diario las comunidades indígenas, además del racismo que viven otros grupos. En este país se desconoce o niega la historia local y nacional y con ello la historia oficial borra la identidad de cada región que ha tenido presencia indígena.
En la Red de Mujeres Rurales, en conjunto con Tinamaste, hemos ido analizando que hay muchas formas en las que se muestra el racismo. Este racismo, si bien ha existido desde hace mucho tiempo, con muchas discriminaciones por el color de la piel, por el grupo al que se pertenece, no es un asunto del pasado. Sigue existiendo y es alimentado por muchas políticas que ignoran, olvidan o se dedican a agredir a los pueblos.
Vivimos en una sociedad que quiere ocultar las discriminaciones, para hacernos pensar que son naturales, mientras nos siguen despojando de la tierra y los bienes de los pueblos.
El control que ejercen los gobiernos, representantes de los sectores dominantes, mediante sus instituciones, impone una visión del mundo occidental, neoliberal, extractivista y egoísta hacia nuestros territorios, hacia nuestras formas de vida y los bienes comunes.
Este control institucional, que llaman desarrollo, ha significado para los pueblos la pérdida de autonomía, que repercute en el debilitamiento de las relaciones comunitarias, del tejido social que nuestros ancestros y ancestras tenían como parte de su identidad. Han venido matando nuestras culturas, y por lo tanto matando nuestra identidad.
El juego de los poderosos ha sido dividir para vencer, se han impuesto gobiernos locales por medio de las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIS), en muchos casos con dirigentes que abusan del poder y abusan de los bienes que le pertenecen a las comunidades; hacen lo que el poder les dicta y traicionan a los pueblos. Estas ADIS no representan al territorio, son representantes del gobierno, no de la comunidad. El absurdo es que en la mayoría de los territorios participan invasores no indígenas en la elección de las ADIS. Por eso decimos que los territorios deben ser saneados.
En la Red hemos caminado en reivindicar e indagar para conocer la historia de las mujeres y hombres, de las áreas rurales y las comunidades. Consideramos que es necesario conocer la historia de los procesos de cómo se organiza una comunidad, la forma de vivir de los hombres y mujeres que habitaron los territorios ancestrales, que vivieron en equilibrio con los demás elementos, que se organizaban para realizar tareas comunales desde la autogestión, la solidaridad y para el bienestar de la comunidad.
Las mujeres del campo hemos intercambiado información y conocimiento entre nosotras, indígenas y campesinas, para conocer las distintas formas de despojo, de discriminación y desprecio. Porque vivimos discriminación por el color de la piel, por nuestros rasgos, por nuestra forma de hablar. Y hemos conocido de las compañeras que hemos sido discriminadas en los servicios de salud, en las instituciones que no toman nuestras denuncias por violencia física, sexual o psicológica, y menos tenemos posibilidad de respeto sobre nuestros bienes, sobre los daños al ambiente. Nuestras demandas no son atendidas por ser mujeres del campo, por ser indígenas, afrodescendientes o campesinas y por ser pobres.
Pero el racismo ha llegado a sus formas más brutales contra las mujeres y los pueblos indígenas, con el asesinato. Por eso los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, no son hechos aislados. Y como mujeres organizadas en defensa de nuestros derechos vemos el incremento de la violencia contra las mujeres y contra los pueblos indígenas. Esto no es casualidad, mujeres y pueblos indígenas estamos no solo conociendo nuestros derechos, sino luchando porque sean realidad estos derechos.
Las mujeres rurales, indígenas y campesinas vivimos discriminaciones y racismo desde que nacemos, porque nos establecen y nos agreden cuando nos niegan el derecho a producir nuestros alimentos y nos imponen en el mercado qué debemos comer, cómo vestir, cuando nos imponen qué trabajos realizar, cuando no podemos estudiar e incluso somos excluidas de poder decidir. La política y las instituciones se especializan en no favorecer realmente a las mujeres, porque las mujeres seguimos sin acceso a la tierra, sin acceso a bienes y sin poder decidir en nuestros espacios y territorios.
Las mujeres del campo, igual que los distintos pueblos de este país, hemos venido viviendo una economía que concentra cada vez más la tierra, para que la población rural seamos solo peones y peonas, que no tomemos decisiones sobre la tierra, la forma de producir y la organización de las comunidades. La violencia en nuestros territorios tiene que ver con las características económicas de este país. Por eso se violan leyes y convenios internacionales, o se hacen otras leyes para favorecer a las empresas, mientras se dejan impunes los asesinatos y femicidios.
Por eso como Red de Mujeres Rurales-Tinamaste seguimos luchando para que esto cambie y nos podamos respetar aunque los colores de nuestras pieles sean distintos y nuestras formas de vida y culturas tengan diferencias.
Llamamos a toda la población a exigir justicia, a exigir no más despojo y violencia contra los pueblos indígenas, no más despojo y violencia contra las mujeres, que son manifestaciones del mismo modelo de sociedad.
¡No más impunidad ante la violencia contra las comunidades indígenas!
¡Repudio a los asesinatos políticos de Sergio Rojas y Jehry Rivera y exigir justicia!
¡No más impunidad ante los femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres!
¡Respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios!
¡Respeto a los derechos de las mujeres indígenas en sus territorios!
El Parlamento Cívico Ambiental Nacional quedó instalado este viernes 16, informó Ítalo Fera Fallas quien representa en el organismo al Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas y a la Escuela Socio Ambiental Caraigres, que incluye el corredor Tiribí y Hatillo.
La actividad contó con el apoyo del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa.
Con este esfuerzo, explicó Fera Fallas, se propicia la incidencia de la sociedad civil con el impulso de iniciativas legislativas ante la Comisión de Ambiente y las fracciones y el plenario de la Asamblea Legislativa.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
Hoy, 4 de marzo, el Acuerdo de Escazú cumple cuatro años. Este tratado es tanto un instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Nuestro país continúa sin ratificarlo, a pesar de los ataques a quienes defienden el ambiente
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos.Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar», Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente de Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10 de febrero del 2022
El pasado 22 de febrero del 2022, el Acuerdo de Escazú cumplió diez meses desde que entró oficialmente en vigor. Se trata del primer tratado ambiental en América Latina y el Caribe.
A nivel ya no solamente regional, sino global, constituye un instrumento internacional único, que contiene, por vez primera, disposiciones específicas para proteger a quienes defienden el ambiente desde sus comunidades. Al respecto, su inminente entrada en vigor fue celebrada por varios órganos universales de derechos humanos de Naciones Unidas, organización que precisó en su comunicado conjunto que:
«El resto de las naciones de la región de América Latina y el Caribe deberían avanzar rápidamente hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú para maximizar la eficacia del tratado en la protección de los derechos humanos frente a las actuales crisis interconectadas del clima, la biodiversidad y la contaminación» (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas, del 9 noviembre del 2020).
Pese a este y muchos otros llamados, a la fecha solo 12 Estados (de 33 posibles) lo han ratificado (véase el estado oficial de firmas y ratificaciones). Estos se reunirán en Santiago de Chile (sede de la Cepal) el próximo mes de abril, para lo que constituirá la primera reunión oficial de Estados Parte a este novedoso instrumento.
En efecto, a cuatro años desde su adopción en Costa Rica (hoy 4 de marzo del 2022), se registran 24 firmas de Estados y 12 ratificaciones. En América Latina, persisten en ni siquiera registrar su firma Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela; al tiempo que, entre los que lo han firmado, persisten en no ratificarlo Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Perú, Paraguay y República Dominicana.
Para quienes no estén muy familiarizados con el trámite de aprobación de un tratado internacional, es menester recordar que mientras el Poder Ejecutivo no firme un tratado internacional (una sencilla instrucción, usualmente enviada desde la capital a su representante ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York para proceder a depositar un documento que oficializa la firma del Estado) no hay cómo iniciar una campaña en favor de su aprobación por parte del Poder Legislativo. Es lo que precisamente ocurre en el caso de los Estados citados en la primera lista.
Como se recordará, este tratado regional fue adoptado en marzo del 2018 en Costa Rica, después de un largo proceso de negociación de varios años liderado de forma conjunta por Chile y Costa Rica. El nombre completo del Acuerdo de Escazú (véase el texto completo de su versión oficial en español) es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Resulta de interés precisar, además, que la disposición específica relativa a la necesidad de proteger a los defensores del ambiente se debe a una iniciativa conjunta de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú, que configuró lo que finalmente se convirtió en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú aprobado en el 2018 (véase la nota oficial presentada por este grupo de Estados a las demás delegaciones durante el proceso de negociación).
Recientemente (14 de febrero del 2022), la revista National Geographic publicó un valioso artículo titulado «Defender la tierra, pagar con sus vidas» sobre el angustiante drama que se vive en varias regiones de Colombia: una situación muy similar a la que viven poblaciones campesinas en varias otras latitudes del continente americano. Un columnista colombiano no dudó en escribir en las primeras semanas del año 2022 que «Nuestros abundantes recursos naturales en Colombia son una maldición. Y querer ayudar a conservarlos, una condena de muerte» (véase «Ecologista: profesión peligro«, publicada en El Espectador el 24/01/2022).
Chile: la urgencia del tiempo
Las nuevas autoridades chilenas electas han anunciado que rectificarán en los primeros días de su gestión lo acontecido durante la Administración del presidente Sebastián Piñera con este acuerdo internacional pionero (véase la nota de prensa del 6/02/2022).
Como bien se recordará, el presidente Piñera asumió sus funciones el 11 de marzo del 2018, una semana después de aprobarse en Escazú el texto que la Administración de la presidente Michelle Bachelet había promovido. Al respecto, el título de este artículo publicado en El País (España) en setiembre del 2020 «Chile abandona el acuerdo medioambiental de Escazú que lideró en la región» traduce bien la inconsistencia y la incoherencia de las autoridades de Chile desde el 2018 al negarse a tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo.
Las razones (algo originales) esgrimidas por las autoridades chilenas para no firmarlo fueron analizadas en detalle en este valioso artículo conjunto de dos juristas chilenas, Valentina Durán Medina y Constance Nalegach Romero, titulado «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?», cuya lectura se recomienda. En septiembre del 2020, un documento (véase el texto completo) sin firma, ni indicación de los departamentos del que procede, ni tampoco número de consecutivo, ni mayores detalles que toda buena administración pública incluye en cualquiera de sus oficios, fue divulgado por las autoridades chilenas, reafirmando las razones que impiden, según ellas, a Chile firmar el texto. En lugar de la firma, en la parte final, nuestros lectores observarán que aparece simplemente la mención «Ministerio del Medioambiente – Ministerio de Relaciones Exteriores«.
Es muy probable que la adhesión de Chile será muy rápida de registrar en Naciones Unidas por parte del nuevo Poder Ejecutivo apenas tome oficialmente posesión (11 de marzo del 2022); seguida luego de un cabildeo con los partidos políticos en el Poder Legislativo para aprobarlo, con el objetivo de poner a Chile al unísono con un clamor general en América Latina y con los lineamientos como los que contiene el Acuerdo de Escazú en materia de justicia ambiental y de derechos de quienes defienden el ambiente.
Estos lineamientos, además, coinciden no solamente con los que promueven diversas entidades de derechos humanos de Naciones Unidas, sino también —pese a que ello no se divulgue mayormente en algunos círculos políticos y económicos— con los de la misma OCDE o del Banco Mundial (véase el comunicado oficial de este último celebrando su entrada en vigor el pasado 22 de abril del 2021).
El cambio de orientación política en Chile augura un regreso muy pronto de este país al Acuerdo de Escazú. Al respecto, noticias halagadoras recientes, como esta nota del 2 de marzo del 2022, así nos lo confirman. Por tanto, es muy factible, pese a la premura del tiempo, que Chile sí logre participar en la reunión prevista en Santiago el 21 de abril del 2022 y que constituirá la primera COP1 (de las siglas en inglés de «Conference of Parties«).
La Conferencia Preparatoria a la COP1 (por sus siglas PreCOP1) fue fijada por la Cepal para celebrarse hoy 4 de marzo del 2022, una fecha en la que el Acuerdo de Escazú cumple exactamente 4 años desde su adopción en Costa Rica (véase el comunicado de la Cepal).
Costa Rica: una persistente interrogante
En lo que concierne a Costa Rica, sigue interpelando a numerosos observadores internacionales y a organizaciones, tanto en América Latina como en otras latitudes, el hecho de no haber ratificado un instrumento que lleva el nombre de uno de sus cantones y que trata sobre ambiente y derechos humanos: dos pilares tradicionales de la política exterior de Costa Rica sobre los que ha basado su imagen y su prestigio internacionales.
Esta insólita ausencia de Costa Rica se entiende cada vez menos con el pasar del tiempo: ya han ratificado el Acuerdo de Escazú sin generar algún tipo de problema Estados como Bolivia y Uruguay (2019), Ecuador, Panamá y Nicaragua (2020), así como Argentina y México (2021). En este 2022, es muy factible que algunos cambios políticos en Suramérica (además del acaecido en Chile) auguren varias nuevas ratificaciones.
Foto de una manifestación contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo «Canadian groups tell gold company to »stop harassing» Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17/04/2013).
Cabe recordar que, en el mes de febrero del 2020, en primer debate, se adoptó con 44 votos a favor y 0 en contra en la Asamblea Legislativa costarricense. Varios de los actuales legisladores luego cambiaron de parecer, debido a la fuerte presión ejercida por diversas cámaras empresariales costarricenses que se oponen a este instrumento con base en supuestos «argumentos», cuyos autores rehúyen el debate público con especialistas en materia ambiental (Nota 1).
El titular de esta nota de prensa de abril del 2021 que se lee así «Acuerdo de Escazú entrará en vigor sin la ratificación de Costa Rica, uno de sus impulsores», del programa radial Amelia Rueda, refleja (al igual que en el caso de Chile), la incoherencia e inconsistencia de las autoridades costarricenses.
Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú
Es de resaltar el hecho que, desde la Sala Constitucional, un solo magistrado, Paul Rueda Leal (de siete integrantes) evidenció la innecesaria complicación que esta jurisdicción le significó en el 2020 a la aprobación del Acuerdo de Escazú, con base en argumentos y en un cambio de su línea jurisprudencial más que cuestionables (Nota 2).
Al respecto, vale la pena advertir que en ninguno de los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú —así como Perú (véase la opinión del Poder Judicial recogida en este documento oficial)—, sus poderes judiciales externaron un criterio tan insólito (como erróneo) como el de la Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica: según esta última, el Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento y un cargo a las finanzas del Poder Judicial costarricense. Esta lectura tan aislada en el continente viene a confortar aún más lo externado por el precitado magistrado en su primer voto salvado del mes de marzo del 2020, al señalar la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y por la mayoría de la Sala Constitucional (véase el texto completo de la sentencia 06134-2020 de marzo del 2020):
«Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país«.
El mismo magistrado, en una segunda decisión de agosto del 2020 (véase el texto de la sentencia 015523-2020) explicó de manera detallada el súbito cambio de línea jurisprudencial al que procedió la Sala, no sin antes concluir su voto salvado señalando que:
«Con lo anterior se evidencia, que la postura de la mayoría viene a desconocer estas potestades de la Asamblea y el trámite establecido por interna corporis. A partir de los argumentos expuestos, considero viable que el Plenario consulte al Poder Judicial, subsane la omisión y continúe con el debido procedimiento legislativo, como ocurrió en el sub examine. La tesitura contraria, escogida por la mayoría de la Sala, redunda en un evidente atraso en el trámite parlamentario del proyecto ‘Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)‘».
A estas extrañas actuaciones de la justicia costarricense constitucional, se vienen añadir otras anomalías del aparato judicial, al parecer decidido a aplazar o dificultar, de una u otra manera, el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú. En este artículo publicado en abril del 2021 leemos que, para quien fue la negociadora en nombre de Costa Rica del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero:
«‘Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa… y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos‘, continuó la exviceministra.
‘Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto‘, añadió Madrigal«.
Salvo error de nuestra parte, no se ha sistematizado este conjunto de extrañezas provenientes del Poder Judicial que tienden a complicar la aprobación del Acuerdo de Escazú. Se sugiere a investigadores y a especialistas en la materia realizar un análisis minucioso del trámite sufrido por el Acuerdo de Escazú ante tan original interpretación en aras de explicarnos de donde podrá provenir tan inusual mezquindad del juez constitucional costarricense, comparando (por ejemplo) los criterios emitidos para la aprobación de otros tratados internacionales que contienen disposiciones formuladas de manera muy similar a las del Acuerdo de Escazú: es posible que sus conclusiones tiendan a consolidar la idea según la cual, por razones que creemos se deben conocer, el Acuerdo de Escazú posee a muy decididos detractores dentro del mismo Poder Judicial.
Los supuestos «argumentos» en contra de Escazú: una facilidad para rebatirlos que merece mención
Hace unos meses, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (Acodi) un valioso artículo que refuta nuevamente los falsos argumentos y los verdaderos mitos creados por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento: véase el artículo titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica», cuya lectura recomendamos. De igual manera, nos permitimos referir al lector a un muy valioso esfuerzo del equipo de periodistas de DobleCheck, el cual examinó en detalle cada uno de los argumentos de una influyente cámara empresarial (véase el documento), en el que podemos leer que:
«Doble Check conversó el viernes 23 de abril con Álvaro Jenkins, presidente de la UCCAEP, quien dirigió las consultas al director ejecutivo Fabio Masís. Masís dirigió hoy, lunes, nuestras consultas al departamento de prensa, que indicó que no podrían responder hasta la tarde del miércoles 28 de abril. Doble Check actualizará esta nota si las respuestas llegan para entonces«. A la fecha en la que se redactan estas líneas, la precitada nota se ha mantenido sin cambio alguno desde el mes de abril del 2021.
También se puede consultar el artículo del mismo académico, Mario Peña Chacón (véase el texto completo) titulado precisamente «Desmitificando el Acuerdo de Escazú» y publicado en el sitio jurídico costarricense de DerechoalDia. Una versión ampliada del mismo estudio fue puesta a disposición del público por parte del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) —véase el enlace— el primero de diciembre del 2020.
Finalmente, en relación con el punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental de octubre del 2019 (también publicado por el SEP de la UCR), explicaba claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que, al parecer, desconoce por completo la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).
Una verdadera campaña de desinformación orquestada desde sectores empresariales y sus fichas
Desde varios meses, tanto en Costa Rica, como en Chile, en Colombia, en Guatemala, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.
A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase el texto completo), o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase el texto completo). Nuestros estimables lectores podrán apreciar por sí mismos el alcance de esta creatividad. En Paraguay, además, el Poder Ejecutivo se sintió obligado a retirar el texto en trámite de aprobación en el 2019 debido a críticas (tan insólitas como infundadas) de la Iglesia católica asociando el Acuerdo de Escazú con el aborto (véase la nota de ÚltimaHora del 2/12/2019). En Costa Rica, un directivo de la cámara nacional de exportadores de piña (Canapep) se refirió al Acuerdo de Escazú como «una barbaridad que quieren aprobar» (véase la nota de CRHoy del 15/12/2020).
Es de notar que recientemente (25 de febrero del 2022) la misma Canapep y otras siete cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú (véase el texto de la carta) indicando que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo» y concluyendo su misiva solicitando que «se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país«.
Una realidad objetiva que refuta los supuestos «argumentos» contra Escazú
De manera a valorar la pertinencia de las razones esgrimidas por estos sectores productivos (así como sus aliados políticos) en Costa Rica pero también en otras latitudes, invitamos a nuestros estimables lectores a hacerse algunas de las siguientes preguntas: en los Estados de América Latina que ya han ratificado este novedoso instrumento regional (Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías ¿acaso han sufrido alguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según los opositores al Acuerdo de Escazú, su aprobación?¿Se ha creado algún tipo de inseguridad jurídica? ¿Tal vez ha salido ahuyentada la inversión extranjera hacia los Estados que no han aún aprobado el Acuerdo de Escazú? ¿Habrán perdido competitividad algunos de sus productos? O bien ¿se ha podido observar en uno de ellos cómo se ha desestabilizado el sector productivo?
De igual manera, en aras de calmar los temores (infundados) de los militares peruanos y de sectores cercanos a estos, se debe señalar que, en ninguno de los ejércitos de los precitados Estados, se ha cedido un solo ápice de soberanía territorial.
Foto de una manifestación contra la expansión de la piña en Costa Rica (frente a la Asamblea Legislativa). Imagen extraída de la nota de prensa del TicoTimes titulada «Environmentalists demand halt to pineapple expansion», edición del 15/05/2017.
Esta realidad objetiva y observable aplica también a lo sostenido por parte de las cúpulas empresariales colombianas, guatemaltecas, paraguayas y peruanas (y sus siempre leales fichas políticas) en contra del Acuerdo de Escazú: sus supuestos «argumentos» han sido de igual manera rechazados desde universidades y desde organizaciones sociales, llevándolas a explorar diversas herramientas de comunicación ante lo que califica como una verdadera campaña de desinformación a la cual se han prestado varios medios de prensa en América Latina en contra del Acuerdo de Escazú (Nota 4).
Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que, en el caso de Costa Rica al menos, ya aplica desde hace muchos años, y que de ninguna manera amenaza otras esferas del ordenamiento jurídico.
En relación con la campaña de desinformación de algunas cúpulas empresariales, en una entrevista muy completa (véase el texto) durante su reciente visita a Perú, el relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Sustancias Tóxicas, Marco Orellana, indicó que: «lo que vemos son campañas de desinformación totalmente irresponsables de algunos grupos empresariales que ven en el acuerdo una amenaza a sus actividades de producción. Pero los mercados del futuro le van a pertenecer a las empresas que exhiban un verdadero compromiso con estándares ambientales y sociales«.
Chile y Costa Rica: dos Estados en la mira
Ahora bien, si se considera que Chile y Costa Rica fueron ambos líderes indiscutibles durante los más de cinco años y medio que duraron las negociaciones del Acuerdo de Escazú con las demás 31 delegaciones estatales, su sorprendente ausencia en la lista de Estados Parte en este 2022 tiene un efecto que trasciende sus fronteras.
En efecto, el hecho que no sean Estados Parte ofrece un inesperado argumento para los adversarios más decididos de este tratado: en particular para algunas cúpulas empresariales de América Latina, aferradas a no permitir ningún tipo de participación ciudadana en materia ambiental ni afianzar la justicia ambiental, y mucho menos ofrecer algún tipo de protección para quienes alzan la voz desde sus comunidades.
Una entrevista que tuvimos el privilegio de tener recientemente en la televisión chilena con la negociadora de Chile del Acuerdo de Escazú durante el proceso de negociación, Constance Nalegach Romero (véase el video), detalla las inconsistencias de diversa índole que Costa Rica y Chile comparten en estos momentos ante los demás integrantes de la comunidad internacional.
A modo de conclusión
Dado que Chile posiblemente muy pronto cierre el lamentable paréntesis que ha significado su actual presidente en muchos ámbitos relacionados con el ambiente y los derechos humanos (Nota 5), ¿será factible rectificar antes de Chile (o al mismo tiempo que Chile) su no aprobación, o Costa Rica querrá arriesgarse a seguir «luciéndose» internacionalmente, dándole la espalda a un tratado que busca proteger quiénes defienden el ambiente, promover la transparencia, así como la rendición de cuentas (Nota 6)?
Tienen la palabra su actual Ejecutivo, así como los 57 actuales integrantes de su Asamblea Legislativa hasta el próximo 30 de abril: estos últimos aún están a tiempo de reconocer que erraron (y bastante) al cambiar de parecer sobre el Acuerdo de Escazú con base en argumentos que no lo son. El argumento escuchado durante la actual campaña electoral según el cual la normativa en Costa Rica es lo suficientemente adelantada por lo que resulta innecesario aprobar el Acuerdo de Escazú resulta bastante débil. Basta, para convencerse de ello, con observar la desprotección de quiénes defienden el ambiente ante amenazas de todo tipo que reciben en algunas comunidades; o bien, entre muchos otros aspectos, la dificultad para obtener informes técnicos en materia ambiental de entidades estatales: se trata de una situación que el mismo Consejo Universitario de la UCR vivió en el 2018, al solicitar información sobre los efectos de las plantaciones de piña en la salud de las comunidades circundantes (Nota 7). Recientemente la Sala Constitucional acogió un recurso por desobediencia exigiendo a las autoridades de salud determinar y dar a conocer el alcance de la contaminación con arsénico en el agua en las regiones de Cañas y Bagaces, y entregar toda la información que posean sobre los efectos detectados en la salud humana (Nota 8).
Haciendo a un lado los ajustes legales que permitiría en Costa Rica el Acuerdo de Escazú en aras de mejorar notablemente diversos ámbitos en materia de participación ciudadana, de acceso a la información ambiental y de efectividad de la justicia ambiental, sería deseable que, para hoy 4 de marzo, Costa Rica pudiera oficialmente anunciar algo medianamente decoroso en relación con la aprobación de este instrumento pionero a nivel mundial.
Más generalmente, en relación con Costa Rica y los demás Estados que mantienen aún una distancia con el Acuerdo de Escazú pese a observar, a veces mes a mes, como se intimida y se elimina físicamente a líderes de pequeñas comunidades campesinas o indígenas que alzan la voz, hacemos nuestras las conclusiones de un valioso artículo escrito por dos juristas chilenas titulado «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú» en las que señalan, con una claridad meridiana que no puede dejar indiferente a nadie, que:
«Con justa razón se ha destacado que el Acuerdo de Escazú es tanto un instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Gracias a esta doble dimensión, los compromisos que los Estados han asumido en favor de un desarrollo sostenible —así como aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos— se ven reforzados gracias a nuevos estándares que aspiran a una mayor prosperidad, dignidad y sostenibilidad. Sin duda, en la región más desigual del mundo y de mayores ataques a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú goza aún de una mayor justificación» (Nota 9).
Notas
Nota 1: En efecto, tan pronto fue conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. En el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro).
Nota 2: Sobre la innecesaria complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado regional en Costa Rica, véase la sección «La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica» en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., «La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México: breves apuntes» , DerechoalDía, edición del 18/11/2020, disponible en este enlace, en el que nos permitimos indicar que: «La total regresión del juez constitucional costarricense con relación a la participación ciudadana en materia ambiental externada en una decisión del 2017 podría explicar su profunda reserva con respecto a un tratado internacional adoptado con posterioridad en el 2018, y que busca precisamente ampliarla y consolidarla«.
Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace.
Nota 4: En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales». En Paraguay, el sitio El Surti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya en relación con el Acuerdo de Escazú. En materia audiovisual, universidades y ONG no han escatimado en talento y creatividad para intentar desmitificar el Acuerdo de Escazú: en Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de La Pulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» (disponible aquí). En Costa Rica, ante la evidente falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal, se recomiendan: El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente, disponible en YouTube aquí, y otro video titulado Uccaep y el Acuerdo de Escazú, disponible aquí.
Nota 5: Sobre el particular se remite al lector a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado chileno en esta precisa materia (pp.116-124) en un reciente informe dado a conocer en enero del 2022 (véase el texto completo).
Nota 6: El pasado 25 de noviembre del 2021, la Cepal dio a conocer una nueva publicación sobre los alcances del Acuerdo de Escazú, cuya lectura igualmente recomendamos: se trata de la obra titulada El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano. El texto completo del documento (298 páginas), y cuya lectura completa recomendamos, está disponible en este enlace oficial de la Cepal.
Nota 7: En efecto, al leerse detenidamente el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR sobre la expansión piñera de noviembre del 2018 (véase el texto), se lee en el recuadro del párrafo 8 que, de todas las entidades estatales solicitadas, fueron únicamente las dos entidades del sistema de salud las que entregaron «información insuficiente». Salvo error de nuestra parte, a la fecha no se conoce de un informe sobre las patologías para la salud de las personas que trabajan en las fincas piñeras y para las comunidades aledañas que toman agua contaminada por las sustancias químicas usadas para la producción de la variedad MD-2 (o «Sweet Gold»). Las filminas 23-25 de la presentación del experto Clemens Ruepert (IRET/UNA) durante su exposición en el 2013 durante una sesión del Tribunal del Agua sobre lo encontrado en el polvo de dos escuelas (véase la presentación) permite dar una idea de lo que respiran menores de edad, docentes y en general comunidades expuestas a las sustancias químicas rociadas con cierta regularidad en las plantaciones de piña costarricenses. En lo personal, nos resulta inaudito que el Estado costarricense no se haya preocupado por sistematizar ni tampoco registrar los distintos efectos negativos para la salud humana de las comunidades rurales que provoca la expansión piñera desde el 2007. Un pronunciamiento del mismo Consejo Universitario de diciembre del 2008 recomendaba (véase el texto completo) una moratoria para nuevas plantaciones de piña hasta tanto: «b. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos«. En el 2018, tuvimos la oportunidad de referirnos al documental realizado por la DW de Alemania titulado Costa Rica, el precio de la piña (véase el enlace en YouTube). Véase nuestro artículo publicado en el medio digital Delfino.cr, titulado «A propósito de un reportaje sobre la piña costarricense difundido por la DW». En él indicábamos algo que posiblemente muchas amas de casa, empleados de cocina y en general manipuladores de frutas y alimentos en Costa Rica ignoran al indicar que: «Este último es completado de forma muy interesante con muestras analizadas en un laboratorio alemán independiente (a partir del minuto 22:36): entre varios hallazgos, el técnico de laboratorio recomienda tener extrema precaución a la hora de manipular la fruta en una cocina, al contener sus hojas sustancias químicas sumamente dañinas para la salud humana que se desprenden (y que no impregnan la pulpa ni la cáscara de la fruta exportada a Alemania)«.
Nota 8: En una sentencia sobre desobediencia del 7 de enero del 2022, se lee que la Sala Constitucional «ordena a Daniel Salas Peraza, en su condición de ministro de Salud, o a quien ocupe ese cargo, que coordine lo necesario, gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda conforme a derecho corresponde lo requerido por la parte accionante en la gestión del 6 de setiembre de 2021«. Véase el Expediente N° 21-023543-0007-CO, sentencia 469-2022 y una de las pocas notas publicadas al respecto.
Nota 9: Véase ASTROZA P. & NALEGACH C., «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú», Fundación Carolina, Serie Documentos de Trabajo, Número 40, 2020, p. 28. Texto completo disponible aquí.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
