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Etiqueta: derechos ambientales

30 años de lucha comunal: Cahuita defiende su Parque Nacional y su modelo de gobernanza compartida

Un modelo que ha resistido cambios de gobierno y cuestionamientos institucionales

Cahuita, Talamanca de Limón. Por el Movimiento Cahuita Unida. La historia del Parque Nacional Cahuita es también la historia de la organización y la lucha de su comunidad. Cuando se estableció el Monumento Nacional en 1970 y el Parque Nacional decretado en 1978, los habitantes de Cahuita asumieron importantes costos sociales y económicos derivados de la conservación, pues muchas de las actividades productivas tradicionales que sustentaban a las familias locales fueron abandonadas para crear el Parque. Frente a esta realidad, la comunidad lucho por un modelo de participación que permitió vincular la protección ambiental con el bienestar de la población local.

Desde el año 1998 se consolidó un modelo de gobernanza compartida entre la comunidad de Cahuita y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), basado en la corresponsabilidad, la participación comunitaria y la distribución equitativa de beneficios derivados de la gestión del Parque Nacional. Este modelo fortaleció el vínculo entre la comunidad y el área protegida, convirtiéndose en una experiencia pionera de conservación comunitaria en Costa Rica y el mundo.

Durante más de treinta años, líderes y lideresas comunales, organizaciones locales y distintas generaciones de habitantes han defendido este modelo frente a múltiples obstáculos institucionales y políticos. Sin embargo, en junio de 2026 la comunidad enfrenta nuevamente una amenaza a la continuidad de esta experiencia de gobernanza.

Mediante la resolución SINAC-SE-DE-R-0125-2026, se suspendieron los efectos del Convenio Marco de Cooperación entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) para la implementación del modelo de gobernanza compartida en el Parque Nacional Cahuita, argumentando aspectos relacionados con plazos, procedimientos formales y una denuncia actualmente en investigación judicial, situación que fue informada de manera oportuna por las organizaciones comunitarias a las instancias correspondientes.

Ante esta situación, el pasado 22 de junio la ADIC y el Consejo Local de Manejo del Parque Nacional Cahuita convocaron una reunión informativa abierta a la comunidad. Como resultado de este encuentro, se conformó una comisión de apoyo encargada de acompañar a la Junta Directiva de la ADIC, mantener informada a la población y coordinar las acciones necesarias para garantizar que la administración compartida del Parque continúe en manos de la comunidad, fortaleciendo además los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica.

El Movimiento Cahuita Unida agradeció públicamente el trabajo de las organizaciones comunales que integran el Consejo Local de Manejo y de la nueva comisión conformada para enfrentar esta coyuntura. Asimismo, reafirmó que cuenta con el respaldo de la población de Cahuita para defender un modelo que ha demostrado ser exitoso tanto para la conservación del patrimonio natural como para el fortalecimiento de la economía local.

«Solo unidos y trabajando juntos lograremos la defensa del Parque Nacional. El Gobierno Central amenaza nuevamente al Parque, y si hay amenaza al Parque, amenaza a la comunidad, porque la comunidad y el Parque no son cosas diferentes. Es Cahuita y su Parque», señalaron representantes del movimiento comunitario.

A lo largo de su historia, el modelo de cogobernanza ha enfrentado cuestionamientos, particularmente por parte de la Contraloría General de la República. No obstante, también ha contado con el respaldo de sucesivos gobiernos y de diversas instituciones del Estado, que han reconocido la importancia de la participación comunitaria en la gestión de las áreas silvestres protegidas.

Durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera se emitieron instrumentos jurídicos fundamentales para consolidar esta experiencia. El Decreto Ejecutivo N.° 39519-MINAE reconoció los distintos modelos de gobernanza en las áreas silvestres protegidas del país, mientras que el Decreto Ejecutivo N.° 40110-MINAE reglamentó formalmente el Modelo de Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita, otorgando un marco legal claro para la participación comunitaria en la gestión del área protegida.

La defensa de este modelo trasciende el ámbito estrictamente ambiental. Se trata también de la defensa de una comunidad cuya historia, cultura y economía han estado estrechamente ligadas al Parque Nacional. El turismo asociado al Parque constituye uno de los principales motores económicos de Cahuita y la participación de la comunidad ha sido uno de los factores determinantes para la conservación de sus ecosistemas marinos y terrestres.

Por estas razones, cualquier decisión relacionada con el futuro del Parque Nacional Cahuita no puede analizarse únicamente desde criterios administrativos o procedimentales. La gestión compartida del Parque forma parte de una historia de conservación construida por la propia comunidad y se encuentra estrechamente vinculada a derechos ambientales, culturales, económicos y territoriales reconocidos por la legislación nacional, los decretos ejecutivos vigentes y la jurisprudencia constitucional reciente.

El modelo de gobernanza compartida de Cahuita ha demostrado que la conservación y la participación comunitaria no son objetivos contradictorios, sino complementarios. Durante más de tres décadas, la comunidad ha sido el principal aliado del Parque Nacional, contribuyendo a su protección, promoviendo el turismo sostenible y fortaleciendo el desarrollo local.

Hoy, una vez más, Cahuita se moviliza para defender una experiencia única en Costa Rica. Defender la gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita es defender más de treinta años de trabajo comunitario, la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del Caribe costarricense y los derechos históricos, culturales y ambientales de una comunidad que ha demostrado su compromiso con la protección de su patrimonio natural.

¡Porque Cahuita y su Parque son una misma historia de lucha!

Comunidades denuncian contaminación en el río Coto Colorado y exigen investigación urgente de las autoridades

Bloque Verde. Habitantes de Laurel de Corredores, en la zona sur del país, han hecho pública una denuncia ambiental relacionada con una presunta afectación al río Coto Colorado y otros cuerpos de agua cercanos a las operaciones de Coopeagropal R.L. La preocupación surge tras la divulgación de videos, fotografías y testimonios que muestran una mortandad masiva de organismos acuáticos, situación que las comunidades consideran alarmante y que demandan sea investigada de manera inmediata por las autoridades competentes.

Según la denuncia presentada por vecinos de la zona, el pasado 4 de junio se produjo un episodio de contaminación e intoxicación de las aguas del río Coto Colorado que habría provocado la muerte de peces, camarones y otros organismos acuáticos. Las personas denunciantes atribuyen este hecho al vertido de grandes cantidades de aguas residuales en canales que desembocan en el río y que estarían vinculados con las operaciones de la planta agroindustrial de Coopeagropal R.L., ubicada en El Roble de Laurel. Corresponderá a las autoridades determinar, mediante las investigaciones correspondientes, las causas exactas de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades.

Las imágenes compartidas por vecinos muestran una gran cantidad de peces, camarones y otros organismos muertos a lo largo del cauce, así como agua con evidentes signos de deterioro ambiental. Los videos han generado indignación entre la población local, no solo por la magnitud de los daños observados, sino porque, según afirman los habitantes, no se trataría de un hecho aislado.

Uno de los aspectos que más preocupa a las comunidades es que este tipo de episodios, según denuncian, se repiten periódicamente desde hace varios años. Los vecinos aseguran que durante cada temporada se presentan situaciones similares y que, pese a las denuncias realizadas ante distintas instituciones, no se han adoptado medidas efectivas para esclarecer los hechos ni para evitar que vuelvan a ocurrir.

Los videos difundidos por la comunidad reflejan la indignación y la impotencia de quienes observan cómo los cuerpos de agua de la zona se ven afectados una y otra vez. «Qué impotencia siente uno cuando ve esta situación», expresa uno de los vecinos mientras muestra la gran cantidad de peces muertos acumulados en las orillas. «Por favor ayúdenos a hacer esto visible para que las autoridades intervengan. Durante años esto ha ocurrido y muchas personas han intentado hacer algo, pero no hay respuesta».

Los testimonios reflejan un profundo sentimiento de frustración ante lo que consideran una falta de atención institucional a una problemática que afecta la biodiversidad, los ecosistemas acuáticos y el bienestar de las comunidades locales. Para muchos habitantes, la mortandad observada en los videos representa únicamente la expresión más visible de un problema ambiental de mayor alcance que requiere una investigación rigurosa e independiente.

Ante esta situación, los vecinos solicitan la intervención urgente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Dirección de Aguas del MINAE, el Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud y demás instituciones competentes, con el fin de que realicen inspecciones de campo, análisis de calidad del agua, monitoreo biológico y estudios técnicos que permitan determinar las causas de la mortandad de organismos observada en los videos y denuncias presentadas por la comunidad.

Las comunidades enfatizan que corresponde a las autoridades establecer, mediante procedimientos técnicos y científicos, si existe relación entre los daños observados y las actividades que se desarrollan en la zona. Sin embargo, consideran que la evidencia aportada por los vecinos, la magnitud de la mortandad de organismos acuáticos y la recurrencia de los hechos justifican una actuación inmediata de las instituciones responsables de la protección ambiental.

Asimismo, exigen que los resultados de las investigaciones sean divulgados públicamente y que, de comprobarse afectaciones ambientales, se adopten las medidas necesarias para prevenir nuevos episodios de contaminación y garantizar la recuperación de los ecosistemas afectados.

La gravedad de las imágenes registradas, la magnitud de la mortandad de organismos acuáticos observada y el carácter reiterado de las denuncias obligan a una respuesta pronta y transparente por parte de las autoridades. Las comunidades insisten en que no pueden normalizarse hechos que, según afirman, continúan ocurriendo año tras año y que generan preocupación, indignación e incertidumbre sobre el estado del río Coto Colorado, la biodiversidad de la región y la salud de los ecosistemas locales.

Bloqueverde y las personas denunciantes hacen un llamado a la Dirección de Aguas del MINAE, al SINAC, al Ministerio de Salud, al Tribunal Ambiental Administrativo y al resto de instituciones competentes para que actúen con celeridad, transparencia y rigor técnico, garantizando el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, solicitan que los resultados de cualquier inspección o investigación sean comunicados oportunamente a la población, con el fin de brindar certeza sobre las causas de estos eventos y las acciones que correspondan para evitar que vuelvan a repetirse.

Recurso de amparo denuncia construcción de carretera sin pasos de fauna en zona protegida de Barva

Proyecto vial en área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo habría sido aprobado sin estudios ambientales integrales

El Colectivo de Ciudadanos de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE) y personas defensoras ambientales presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando graves irregularidades ambientales y legales en la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, Heredia, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley 65 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso, interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, cuestiona la actuación de la Municipalidad de Barva, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), por permitir el avance de un proyecto vial sin estudios ambientales rigurosos y sin medidas esenciales para la protección de la fauna silvestre, como la construcción de pasos de fauna.

La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo y ordenó solicitar informes al MINAE, SETENA y a la Municipalidad de Barva sobre los hechos denunciados.

La carretera se construye sobre un antiguo camino rústico de tierra que históricamente había mantenido baja intervención humana y tránsito reducido. Según la denuncia, el proyecto pretende transformar esa vía mediante asfaltado, ampliación y obras de infraestructura financiadas a través de un convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Barva.

Las personas recurrentes señalan que el proyecto se desarrolla dentro de una zona de protección absoluta creada por la Ley 65 de 1888, cuyo objetivo histórico ha sido proteger los bosques y las fuentes de agua que abastecen gran parte del Valle Central.

Además, el área funciona como corredor biológico y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, albergando especies como dantas, quetzales, pumas, ocelotes, monos carablanca, coyotes, colibríes y numerosas especies de reptiles y mamíferos silvestres.

A pesar de esta alta sensibilidad ecológica, la denuncia sostiene que SETENA clasificó el proyecto como de “bajo impacto ambiental”, permitiendo únicamente una evaluación simplificada y evitando exigir un Estudio de Impacto Ambiental completo.

Según el recurso, esto provocó la omisión de estudios fundamentales en biología, hidrogeología, amenazas naturales y arqueología, así como la ausencia de medidas de mitigación frente al incremento del tránsito vehicular y los atropellos de fauna.

Uno de los principales cuestionamientos del recurso es que el expediente ambiental no contempla la construcción de pasos de fauna ni infraestructura destinada a reducir la muerte de animales silvestres por atropellos.

Las personas denunciantes afirman que solicitaron información formal a la Municipalidad de Barva sobre la existencia y ubicación de estos pasos de fauna, pero no recibieron respuesta.

“La apertura de una carretera en un ecosistema frágil no es una simple modificación del paisaje. Implica fragmentación de hábitats, ruido, contaminación y presión permanente sobre especies silvestres indispensables para el equilibrio ambiental”, señala el recurso presentado ante la Sala IV.

También se denuncia que durante las obras se removió vegetación nativa y se amplió el camino sin contar -según alegan las personas recurrentes- con autorizaciones expresas del MINAE o SINAC para intervenir patrimonio natural del Estado.

El recurso cuestiona además el papel de SETENA y del MINAE, señalando una aparente flexibilización institucional en favor de intereses económicos y turísticos por encima de la protección ambiental. Según la denuncia, el procedimiento utilizado redujo el control ambiental a simples declaraciones juradas de cumplimiento, sin análisis científicos integrales ni consulta pública.

Las personas recurrentes sostienen que el Estado tiene la obligación de aplicar el principio de precaución en territorios de alta fragilidad ecológica y que la construcción de infraestructura vial en áreas protegidas debe garantizar previamente que no existirán daños irreversibles sobre los ecosistemas y los recursos hídricos.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo del recurso de amparo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf

Foro «El caos en el transporte y su impacto en la salud pública»

El transporte se ha convertido en un problema acuciante en el país, el cual nos ha llevado a un auténtico caos que afecta de manera multidimensional la calidad de vida de la población; se trata de un problema que empeora día con día.

Este es un tema muy sentido por la ciudadanía, que demanda reflexión, análisis y búsqueda de soluciones. Dada la relevancia de esta problemática, la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias ha organizado un foro para debatir sobre el tema del transporte desde diversas perspectivas.

El foro tendrá lugar el miércoles 22 de abril a las 10:00 a.m. y será transmitido por el Facebook Live y el canal de YouTube de la Academia Nacional de Ciencias. En el foro participarán como panelistas:

– Leonardo Castro: Especialista en Ingeniería del transporte

– Nicole Mesén: Activista de derechos humanos y ambientales

– José Rojas Marín: Académico de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional

– Leonardo Merino: Politólogo, investigador del Programa Estado de la Nación

– Roy Wong: Médico epidemiólogo, Caja Costarricense del Seguro Social y coordinador de la vigilancia de enfermedades no transmisibles de la CCSS, miembro del equipo docente del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

Tribunal Ambiental ordena restauración de manglar y bosque tras 15 años de lucha contra Hotel RIU en Guanacaste

Luego de más de quince años de denuncias, trámites y resoluciones incumplidas, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) resolvió dar con lugar a la denuncia ambiental contra el complejo Hotel RIU en Playa Matapalo, cantón de Carrillo, y ordenó la restauración del manglar y de áreas boscosas afectadas dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

La resolución —dictada en el expediente que se remonta al año 2009— reconoce como hechos probados la eliminación y relleno de ecosistemas de manglar, la alteración de vegetación arbórea y arbustiva, así como la modificación del curso de una quebrada, todo ello en zonas de dominio público y de protección especial.

De acuerdo con lo resuelto, y la información enviada a SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca, el Tribunal estableció la responsabilidad solidaria de las empresas vinculadas al proyecto y de su representante, y ordenó eliminar los rellenos, devolver la zona a su estado original y presentar un plan técnico de restauración ecológica, con plazos concretos para su ejecución.

Un caso marcado por dilaciones y sentencias incumplidas

El fallo llega tras un prolongado proceso caracterizado por retrasos, a pesar de que la Sala Constitucional emitió al menos cuatro sentencias ordenando al Tribunal Ambiental dictar resolución definitiva en un plazo razonable, en apego al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida.

En resoluciones reiteradas, la Sala advirtió sobre eventuales responsabilidades administrativas e incluso penales por desobediencia, ante el incumplimiento sistemático de lo ordenado. En uno de los episodios más recientes, incluso se dispuso testimoniar piezas al Ministerio Público para valorar la posible comisión del delito de desobediencia.

Las personas denunciantes y organizaciones ambientales han señalado que las dilaciones favorecieron, durante años, la consolidación de los daños ambientales, mientras el proyecto avanzaba y se anunciaban nuevas etapas constructivas en la zona.

Zona pública afectada y ecosistemas vulnerados

La documentación incorporada al expediente, incluyendo el plano oficial de la zona afectada, confirma que los daños ocurrieron dentro de la zona pública de la ZMT, en áreas identificadas como manglar, humedal y protección de cauces, ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección costera.

Los hechos probados incluyen la deposición de materiales de relleno, el enterramiento de mojones oficiales y la eliminación de cobertura vegetal, acciones que afectaron directamente funciones ecológicas esenciales y bienes de dominio público.

Vigilancia ciudadana y exigencia de cumplimiento

Organizaciones y personas denunciantes han señalado que, si bien la resolución representa un avance significativo, la verdadera prueba será su cumplimiento efectivo, por lo que han anunciado que se mantendrán vigilantes del proceso de restauración ordenado.

El caso es considerado emblemático por evidenciar las tensiones entre grandes proyectos turísticos, la institucionalidad ambiental y el derecho colectivo a un ambiente sano, así como las debilidades estructurales en la aplicación oportuna de la normativa ambiental.

Foro en vivo analizará la problemática del agua y el agronegocio en Costa Rica

La Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital invita a un espacio de reflexión y análisis crítico sobre uno de los temas más urgentes del país: la relación entre agua y agronegocios, sus impactos sociales y ambientales, y los desafíos para avanzar hacia una gestión justa y sostenible del recurso hídrico.

El foro en vivo “Agua y agronegocio en Costa Rica: problemática y desafíos” se realizará el miércoles 3 de diciembre a las 6:00 p. m., y será transmitido por Facebook Live de SURCOS Digital.

Participan:

  • Alberto Gutiérrez
    Geógrafo, docente e investigador de la Sede de Occidente y del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

  • Clara Ramin
    Integrante del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica. Candidata a doctorado por la Universidad para la Paz.

  • Silvia Echeverría
    Investigadora del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional.

El conversatorio es organizado por la Alianza por una Vida Digna junto con SURCOS Digital y busca contribuir a la discusión pública sobre el uso, acceso y administración del agua, en un contexto donde el avance del agronegocio genera tensiones, conflictos socioambientales y desafíos para la protección de los territorios y las comunidades.

La ciudadanía está invitada a conectarse y participar con sus comentarios y preguntas durante la transmisión.

Representantes de asociación y del Estado de la Nación dialogan sobre derecho a un ambiente sano

Comunicado

El ambientalista Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, envió una carta al programa Estado de la Nación para expresar su preocupación por lo que considera un retroceso sostenido en la garantía del derecho constitucional a un ambiente sano, debido a cambios recientes en la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

En su mensaje, Levy destaca el valor del trabajo del Estado de la Nación como instrumento público de análisis riguroso y denuncia que, en los últimos años, la Sala Constitucional ha comenzado a derivar asuntos ambientales al Tribunal Contencioso Administrativo, una vía lenta, costosa y poco accesible para comunidades y movimientos sociales. Esto, señala, limita gravemente la capacidad de defender derechos colectivos y facilitaría la destrucción acelerada de ecosistemas vulnerables.

Según su planteamiento, esta tendencia judicial se suma a otros factores —como mayores presiones territoriales y socioambientales— que agravan la situación del país en materia ambiental, pese al mandato preciso del artículo 50 de la Constitución Política.

Respuesta del Estado de la Nación: reconocimiento, apertura y evidencia disponible

En respuesta al mensaje, Karen Chacón Araya, investigadora del Estado de la Nación, agradeció la observación y compartió el capítulo Armonía con la naturaleza del Informe Estado de la Nación 2025, donde se evalúa el desempeño ambiental de Costa Rica durante 2024 e inicios de 2025.

Chacón señaló que los hallazgos presentados en el informe son más amplios que los expuestos durante la presentación oficial, e incluyen investigaciones relacionadas con degradación de ecosistemas, gobernanza ambiental, presiones socioeconómicas y cambios institucionales relevantes.

Además:

  • Puso a disposición el informe completo y cada uno de sus capítulos a través del enlace oficial:
    https://estadonacion.or.cr/informes/

  • Subrayó que estos estudios son un insumo para la discusión informada, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.

  • Agradeció las sugerencias enviadas por Levy, asegurando que se tomarán en cuenta para la futura agenda de investigación del programa.

Un tema que requiere atención nacional

Con el intercambio, queda definido que existe un debate abierto y necesario sobre el papel de las instituciones judiciales en la protección de derechos ambientales y sobre los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia de gobernanza ecológica.

Mientras tanto, el llamado desde la sociedad civil es a vigilar los retrocesos, a fortalecer la justicia ambiental y a asegurar que la evidencia científica —como la contenida en el Informe Estado de la Nación— contribuya a decisiones públicas que protejan los ecosistemas, las comunidades y los bienes comunes.

Imagen: https://ojoalclima.com

Gobierno de Nicaragua otorga concesión minera en la Reserva de Biosfera de Río San Juan

Comunicado

Fundación del Río denuncia que el régimen Ortega-Murillo ha otorgado una nueva concesión minera de capital chino, denominada lote “La Mónica”, a la empresa Thomas Metal Sociedad Anónima. Esta concesión, de 47,410 hectáreas, abarca territorios de los municipios de El Castillo y Bluefields, dentro de la Reserva de Biosfera Río San Juan y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz.

El pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley 1248, Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el Decreto Ejecutivo 01-2007 que regulaba las áreas protegidas del país a través de su Reglamento. Esta nueva legislación legaliza las actividades mineras dentro de estos territorios de áreas protegidas, evidenciando los intereses extractivos y el desmantelamiento del marco ambiental promovido por la dictadura.

Consideramos importante advertir que esta concesión marca la apertura de un nuevo distrito minero en el país, particularmente en el sureste de Nicaragua. La concesión industrial otorgada estaría vinculada a zonas donde ya se había permitido y promovido la minería artesanal ilegal por parte de instituciones del régimen. Esta situación incrementa el riesgo de expansión de la actividad minera ilegal, así como la posibilidad de que se otorguen nuevas concesiones industriales en la región. Además, la concesión podría generar conflictos territoriales con otras empresas debido a su posible superposición con concesiones forestales y de monocultivos previamente autorizadas en la misma área.

Debido a la falta de transparencia y de estudios ambientales y sociales impide conocer con certeza los impactos que puede generar esta nueva concesión minera. Sin embargo, advertimos sobre posibles procesos de expropiación que enfrentarán las familias en los municipios de El Castillo y Bluefields, incluyendo cooperativas de cacao, empresas de monocultivo de palma africana, cacao y plantaciones forestales. Esta concesión también podría intensificar las invasiones a la Reserva Biológica Indio Maíz, como resultado del desplazamiento en su zona de amortiguamiento. A ello se suman los riesgos de contaminación y degradación ambiental, que variarán según se trate de minería a cielo abierto o subterránea.

En las próximas semanas, Fundación del Río, en colaboración con Expediente Abierto, presentaremos un análisis sobre los intereses mineros chinos en Nicaragua. Este estudio permitirá comprender con mayor profundidad el alcance de las concesiones otorgadas por el régimen Ortega-Murillo y sus implicaciones socioambientales.

Nuevamente muerte masiva de peces en el río Ciruelas, Miramar

Sospechan de aguas vertidas por mina cercana

Este miércoles 30 de julio, vecinas y vecinos de Miramar denunciaron una nueva muerte masiva de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, justo a la salida de la mina Bellavista, tal como ya había ocurrido en abril pasado.

El evento habría ocurrido entre la noche del martes y madrugada del miércoles, pues los testimonios señalan que fue hasta la mañana cuando comenzaron a notar la mortandad en el río. 

En un audio difundido por chats locales, el alcalde de Montes de Oro, Anthony Fallas Jiménez, indicó que desde el Comité Municipal de Emergencias y el Consejo de Coordinación Institucional se nombró una comisión para remitir esta nueva denuncia a las autoridades competentes: SINAC, Ministerio de Salud y OIJ. Además, informó que el OIJ ya había visitado la Municipalidad días atrás, como parte de la investigación sobre el evento reportado en abril.

Aunque todavía se desconoce la causa exacta de esta nueva contaminación, la mina Bellavista —ubicada en la parte alta de Miramar— ha sido señalada en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades en su operación y posibles impactos ambientales.

Antecedentes

Desde su instalación, la mina Bellavista ha sido objeto de denuncias y cuestionamientos durante casi dos décadas. En 2007, tras la ruptura de la geomembrana en el área de la pila de lixiviación, ocurrió el deslizamiento que colapsó la planta de ADR (recuperación por adsorción-disorción) o planta de recuperación de oro, bodegas aledañas y el laboratorio, vertiendo miles de litros de agua cargada de lixiviados sobre el cauce del río Ciruelas, contaminándolo por completo y provocando una devastación sin precedentes.

En 2009, el Comité Ambiental de Miramar denunció que  la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation abandonó el sitio y alertó sobre el riesgo de contaminación al río Ciruelas con cianuro y metales pesados. A lo largo de los años, distintas organizaciones y personas de la comunidad han advertido sobre impactos ambientales, irregularidades en auditorías y ausencia de certificaciones y evaluaciones rigurosas. En 2023 se presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud por posible contaminación del río y además, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria a la Mina Bellavista por contaminación con plomo en la sangre de trabajadores.

En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles solicitó una inspección exhaustiva del proyecto, tras conocer la denuncia del exsupervisor de la mina, Diego Leonardo García, quien advirtió sobre el uso de piletas sin impermeabilización, posibles filtraciones al acuífero y afectaciones al río Ciruelas. Este mismo año, Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura, denunció también que la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA) lleva más de 10 años sin funcionar, sin actas ni seguimiento, y ante la solicitud de reactivarla, SETENA alega que no es posible bajo el argumento de que el expediente está «secuestrado» como parte del Caso Comején.

La minería en Miramar, en sus diversas formas —legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea— ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un verdadero «Territorio de Sacrificio». Una investigación reciente de la UCR revela que más del 31,86 % del cantón de Montes de Oro está concesionado para minería subterránea de oro, incluyendo su área urbana.

Llamado comunitario

Dayana Rojas, de la Asociación Civil Pro Natura, expresó:

“Es realmente preocupante que ocurra un nuevo evento de contaminación en el cauce del río y todavía no se tengan respuestas sobre los eventos de marzo-abril. Respecto a la articulación interinstitucional desde el gobierno local nos llama la atención que se siga dejando por fuera la participación de la Dirección de Aguas que podría dar una guía y acompañamiento importante sobre cómo proceder, además vemos que las denuncias ciudadanas colocadas en el SITADA siguen sin ser atendidas después de 3 meses, probablemente dirán que ya pasó mucho tiempo y cierren esas denuncias, como en casos anteriores.

En la Asociación recibimos información de vecinos del río (que por razones de seguridad nos han solicitado guardar el anonimato) denunciando supuestos vertidos desde la empresa minera durante los días feriados y fines de semana, cuando hay aguaceros fuertes y el río tiene buen caudal; este fin de semana largo no fue la excepción. 

En la comunidad hay mucha indignación y molestia porque no se le ha dado prioridad a esta situación recurrente; el OIJ está haciendo sus investigaciones y esperamos que eso marque una diferencia, sin embargo eso no exonera de responsabilidad al resto de instituciones que deben velar por la calidad del recurso hídrico, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el cumplimiento de la legislación vigente, lamentablemente a lo largo de los años hemos visto como cada denuncia termina siendo archivada, ignorada, minimizada o  “resuelta” de manera mediocre a nivel institucional, por decir lo menos.

Sin embargo, alentamos a la comunidad a seguir denunciando todas esas situaciones irregulares que violentan nuestros derechos, nos enferman y comprometen la integridad y calidad de los bienes comunes para las generaciones presentes y futuras.

Fotos y videos en este enlace.

Silenciando la participación “La difamación”

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En la última década hemos asistido al aumento de un tipo de demandas judiciales principalmente que tiene como objetivo limitar e intimidar a la participación pública. Estos procesos recurren a las instancias judiciales no como una herramienta para reivindicar una demanda de buena fe, sino para limitar la expresión de otros.

Estas acciones involucran procesos largos y extremadamente costosos, logrando la desmovilización de personas lideresas e intimidando a otros actores.

El principio detrás es convertir el sistema judicial en un arma para intimidar, restringir el interés público y convertir asuntos de interés público en disputas técnicas de derecho privado.

Estas acciones están dirigidas especialmente a colectivos de defensa de derechos humanos, del ambiente y a periodistas, con el fin de «castigar» su labor crítica ante las acciones que emprenden corporaciones y Estados.

Por esta razón, les invitamos a revisar estos artículos que profundizan esta tendencia que estamos viviendo en nuestros países, así como esta infografía para aportar conceptos e invitarles a seguir debatiendo este tema.