Imagen con fines ilustrativos
Celania Figueroa Morales es indígena bribri del territorio de Salitre. El pasado 24 de diciembre salió de su casa junto con su esposo y sus cuatro hijas e hijos para participar, al igual que muchas personas, de una celebración familiar. Al volver para buscar azúcar encontró que su casa había sido quemada.
Celania, junto con su mamá y sus hermanas y hermanos, están recuperando una finca de 80 hectáreas colindante con el terreno donde estaba la casa. La mayor de las hijas de Celania tiene unos 12 años y el menor apenas cuenta con un mes de nacido.
Aprovechándose de la ausencia de la familia, entre 8:00 y 9:00 de la noche, se realizó la quema. Aparentemente el ejecutor del ataque fue el mismo que semanas atrás quemó el rancho de Camelia Morales Ortiz.
No es la primera vez que son quemadas viviendas de indígenas en el territorio de Salitre. Estas acciones son perpetradas por finqueros usurpadores de las tierras que por derecho les pertenecen a los indígenas.
Por años, las autoridades estatales han permitido la invasión y usurpación de los territorios indígenas a pesar de que una ley de 1977 establece que los territorios son exclusivos para la población indígena.
Ante la incapacidad del estado de hacer cumplir la ley, el pueblo bribri de Salitre emprendió hace varios años un proceso de recuperación de su territorio.
La reacción de los usurpadores ha sido violenta: han dado cacería por la montaña a familias, han atacado campamentos en tumulto durante la noche y han macheteado, herido de bala y marcado con hierro ardiente a indígenas que luchan por su tierra, además de amenazar, insultar y amedrentar a la población.
Las acciones del estado para frenar la violencia racista en Salitre han resultado en un espaldarazo hacia los agresores, quienes gozan de total impunidad.
Un ejemplo claro de las acciones del estado, que resultan un apoyo para los agresores, es que Sergio Rojas Ortíz, indígena bribri de Salitre, compañero y dirigente de la de lucha por la recuperación de tierras de su pueblo, ex- presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Salitre, continúa encarcelado.
Las acusaciones en su contra se dan por una presunta malversación de fondos públicos que fue publicada en un medio de comunicación comercial utilizando como fuente y referencia a los mismos agresores que hoy intentan quedarse con las tierras de Salitre.
Sergio Rojas es un preso político del estado costarricense, y se mantiene bajo esa condición, violentándose las leyes y los derechos humanos que los que mal gobiernan tanto evocan y presumen como característica de este ¿democrático? país.
¡Basta de agresiones contra el pueblo bribri de Salitre!
Justicia del y para el pueblo
Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora-Cruz.
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