El 03 y 04 de diciembre en Tegucigalpa se realizó un ayuno en solidaridad con el joven maestro Rommel Baldemar Herrera Portillo, quien fue detenido y encarcelado injustamente víctima de un falso positivo y un desproporcionado abuso de la fuerza policial, sufriendo golpes y aislamiento en la Jefatura Metropolitana conocida como Core7.
En menos de 48 horas el educador fue encarcelado en la cárcel de máxima seguridad-tortura «La Tolva», bajo comprobadas torturas de diferente índole. En octubre de 2019 Rommel fue internado en Hospital Psiquiátrico Dr. Mario Mendoza.
Información compartida a SURCOS por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu).
Orlando Barrantes es un dirigente político, tenemos muchos años de conocerlo. Oriundo de San Isidro del General, siempre ha estado donde su deber lo llama. Con los campesinos, con las comunidades, con los que luchan por vivienda. Un juzgado viene de condenarlo a 12 años de cárcel por su participación en las protestas de los vecinos de Pococí, durante las cuales la carretera a Limón fue bloqueada.
Orlando es el chivo expiatorio, los participantes fueron cientos, y Orlando daba la cara. Nadie murió, nadie fue herido, no hubo destrozos. Orlando pasa a ser un preso político, puesto que se le condena por sus ideas, ya que sus faltas más graves no pasan de contravenciones.
Buena ocasión para clamar al cielo tienen los que se llenan de indignación cuando a un político se le persigue y se le encarcela, no por sus ideas, sino por los actos vandálicos que promovió, así sea en tierras remotas de las que poco se saben.
Aunque no puede haber comparación alguna entre las motivaciones de Orlando y las del venezolano, si es de destacar que aquí se persigue, se juzga y se condena al que incurre en actos tipificados en los códigos penales como delitos. Eso sucede en cualquier país del mundo.
Orlando nunca llamó a derrocar el gobierno, ni a quemar patrullas e instalaciones públicas, o matar policías y adversarios, como si lo hizo el venezolano. Siendo sus «delitos» infinitamente menores, es llamativo que las sentencias sean parecidas. Otro motivo más tienen los defensores de «las libertades», para escandalizarse.
Información e imagen tomada de la página de Facebook de Sergio Erick Ardón Ramírez.
El Comité Nacional de Apoyo Indígena celebró un mitín este 24 de abril, ante los Tribunales de Justicia, para exigir la liberación del preso político, Sergio Rojas, quien sufre una prisión preventiva sin causa impuesta formalmente, por no tener dinero para pagar los 15.000 millones de multa que le fueron impuestos por «incitar a la violencia» en su comunidad. La apelación interpuesta en la audiencia de hoy fue rechazada y se mantiene el monto de la fianza.
La integrante del FRENAPI, Luisa Bejarano, enfatizó que esperan la pronta liberación de su compañero y que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograrlo, «sabemos que ésta lucha por la tenencia de nuestras tierras la empezamos desde los 90s, y ahora no nos vamos a detener, después de haber hecho vigilia 8 meses frente a la Asamblea y de caminar dos veces 300 km desde nuestras comunidades hasta la capital, ahora lo haremos a nuestra forma!».
Bejarano hizo referencia a los violentos desalojos que vivieron el año pasado en sus tierras y como Sergio, al ser uno de los líderes del pueblo y defender a su comunidad, ahora está encarcelado de manera injusta.
Aunado a lo anterior, Pablo Silva, señaló «el Gobierno no quiere asumir su responsabilidad sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el de tenencia de sus tierras, estamos en riesgo constante, los no indígenas cada vez más se adueñan de nuestras comunidades».
El Comité está integrado por Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Coecoceiba Amigos de la Tierra, Asociación de Salitre, oficina de Justicia, Paz e Integración de la Creación (JPIC), ACODHEU, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU); además apoyaron estudiantes de la UNA y UCR, una diputada del Frente Amplio en representación de esa bancada legislativa y algunos colectivos autónomos.
Después de más de 10 años de luchas legales y movilizaciones por la defensa de los derechos de los indígenas, en las que juega un papel muy destacado el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), la comunidad Bribri de Salitre, cansada de las usurpaciones de No indígenas en sus tierras, y de esperar soluciones y cumplimientos de promesas, de gobiernos y otras autoridades; decidió iniciar un Proceso de Afirmación Territorial Autónomo, dirigido fundamentalmente a recuperar tierra /territorio, de acuerdo con la Ley Indígena, su reglamento, el Convenio 169 de la OIT, las Resoluciones Judiciales Agrarias Nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DDHH), todas relacionadas con el derecho a la tierra/territorio.
Este proceso es liderado por el gobierno local Bribri, presidido por Sergio Rojas Ortíz, del Clan Uniwak.
Las recuperaciones de Tierras, amparadas a la legalidad, se fueron fortaleciendo y consolidando, lo que provocó una reacción violenta de los No Indígenas desalojados, y el temor de otros invasores, tanto del territorio de Salitre como de otros territorios indígenas de la zona. Así iniciaron las amenazas, atentados (contra la vida de Sergio), la persecución a los recuperantes, agresiones con armas y quema de viviendas; violencia que ha ido en aumento en los últimos 3 años, sin que hayan podido detener el Proceso de Afirmación Territorial Autónomo.
La “campaña” de desprestigio y de ataque a los indígenas por los medios (empresas) de comunicación social, fue otra característica; vinculando a estas comunidades con actos de brujerías, tráfico de drogas, violencia entre indígenas, entre otros. Junto a esa “campaña” se inició también otra de persecución a los líderes indígenas de Salitre con acusaciones públicas de “malos manejos de fondos”, de una investigación (que todavía no es una acusación formal) que inició en el 2012 y que aún no ha logrado demostrar nada. Culmina esta “campaña” con allanamiento de las casas de 11 líderes en el territorio y la detención de Sergio, el 06 de noviembre 2014. Dictaron medidas de prisión por 4 meses con fianza de 30 millones de colones (60 mil dólares), y la suspensión de su condición de Presidente del Gobierno Bribri de Salitre, entre otras. Este pasado 03 de marzo del 2015 la jueza, a cargo del caso, prorrogó las medidas por tres meses más y bajo la fianza a 30 mil dólares (15 millones de colones).
Según el Convenio 169 OIT (Art. 8 -9 y 10), los Estados deben procurar medidas alternas a la cárcel, cuando son SANCIONADOS (penados/ condenados) personas indígenas; sin embargo a esta fecha, Sergio y los 10 restantes compañeros líderes Bribris de Salitre (hombres y mujeres ), no han sido acusados, no hay una “causa” abierta contra ellos penalmente. La fianza es otra violación a sus derechos y es discriminatoria a todas luces, pues es excesiva y desproporcionada, para un indígena, que vive del trabajo de la tierra y no tiene ingresos fijos.
Este 24 de Abril a las 08 a.m se realizará la audiencia para la apelación de las medidas cautelares impuestas el pasado 3 de Marzo a Sergio Rojas Ortiz, para apoyar a Segio y al territorio Indígena de Salitre, Frenapi y el Cómite de Apoyo a la Autonomía convocamos a la Marcha por la Libertad de Sergio.
Celania Figueroa Morales es indígena bribri del territorio de Salitre. El pasado 24 de diciembre salió de su casa junto con su esposo y sus cuatro hijas e hijos para participar, al igual que muchas personas, de una celebración familiar. Al volver para buscar azúcar encontró que su casa había sido quemada.
Celania, junto con su mamá y sus hermanas y hermanos, están recuperando una finca de 80 hectáreas colindante con el terreno donde estaba la casa. La mayor de las hijas de Celania tiene unos 12 años y el menor apenas cuenta con un mes de nacido.
Aprovechándose de la ausencia de la familia, entre 8:00 y 9:00 de la noche, se realizó la quema. Aparentemente el ejecutor del ataque fue el mismo que semanas atrás quemó el rancho de Camelia Morales Ortiz.
No es la primera vez que son quemadas viviendas de indígenas en el territorio de Salitre. Estas acciones son perpetradas por finqueros usurpadores de las tierras que por derecho les pertenecen a los indígenas.
Por años, las autoridades estatales han permitido la invasión y usurpación de los territorios indígenas a pesar de que una ley de 1977 establece que los territorios son exclusivos para la población indígena.
Ante la incapacidad del estado de hacer cumplir la ley, el pueblo bribri de Salitre emprendió hace varios años un proceso de recuperación de su territorio.
La reacción de los usurpadores ha sido violenta: han dado cacería por la montaña a familias, han atacado campamentos en tumulto durante la noche y han macheteado, herido de bala y marcado con hierro ardiente a indígenas que luchan por su tierra, además de amenazar, insultar y amedrentar a la población.
Las acciones del estado para frenar la violencia racista en Salitre han resultado en un espaldarazo hacia los agresores, quienes gozan de total impunidad.
Un ejemplo claro de las acciones del estado, que resultan un apoyo para los agresores, es que Sergio Rojas Ortíz, indígena bribri de Salitre, compañero y dirigente de la de lucha por la recuperación de tierras de su pueblo, ex- presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Salitre, continúa encarcelado.
Las acusaciones en su contra se dan por una presunta malversación de fondos públicos que fue publicada en un medio de comunicación comercial utilizando como fuente y referencia a los mismos agresores que hoy intentan quedarse con las tierras de Salitre.
Sergio Rojas es un preso político del estado costarricense, y se mantiene bajo esa condición, violentándose las leyes y los derechos humanos que los que mal gobiernan tanto evocan y presumen como característica de este ¿democrático? país.
¡Basta de agresiones contra el pueblo bribri de Salitre!
