La polémica por las rotondas en la ruta hacia la provincia de Limón sigue escalando. Grupos sociales y comunales se manifestaron para expresar su rechazo al proyecto de construcción de rotondas en la Ruta 32.
Rocío Ramírez Varela, representante del colectivo Mujeres en Lucha Social, manifestó en la protesta: «Hoy tuvimos una protesta pacífica en Liverpool para decir no a las rotondas. Esto no es un tema político ni partidario, es un tema del pueblo. Limón no quiere rotondas, no quiere retroceso. Con el financiamiento que dicen tener, hagan pasos a desnivel, porque no vamos a aceptar estas rotondas.»
Ramírez dejó claro que su oposición no responde a ideologías ni partidos políticos, sino a un interés colectivo de la comunidad limonense por evitar lo que consideran un retroceso en su desarrollo. La vocera instó a las autoridades a priorizar la construcción de pasos a desnivel, solución que, según los manifestantes, responde mejor a las necesidades viales de la región.
Por su parte, Mauricio Wilson, coordinador de la Unión Provincial de la Provincia de Limón (Uniproli), tomó una postura directa hacia las autoridades gubernamentales. En conferencia de prensa, expresó su descontento: «Señor Presidente, el nombre de Uniproli viene de líderes comunales que conocen la realidad de Limón. Aunque el 70% de los limonenses votó por usted, en tres años no hemos visto ni un empleo nuevo en la provincia.»
Wilson denunció, además, que las recientes declaraciones del Presidente de la República sobre el nombre de Uniproli, calificándolo de «sofisticado» en tono de burla, son una muestra de la falta de respeto hacia los movimientos sociales. Según el coordinador, esta actitud refleja una desconexión entre el gobierno central y las necesidades reales de los habitantes de Limón.
En relación con las amenazas de sanciones legales por futuras manifestaciones en la Ruta 32, Wilson enfatizó que la comunidad no cederá en su lucha: «Si ocurre una tragedia en una de esas rotondas, asesoraremos a las familias para que demanden al Presidente, al Ministro de Transportes y a los seis alcaldes de Limón.»
El líder comunal también cuestionó la transparencia de las autoridades respecto al financiamiento del proyecto vial, señalando inconsistencias entre las promesas iniciales y las recientes declaraciones del Ministro de Obras Públicas y Transportes. Wilson acusó al gobierno de incumplir con el presupuesto previamente anunciado para las obras complementarias.
En medio de esta creciente tensión, los manifestantes han reiterado que su lucha no es partidista, sino un llamado a soluciones efectivas que consideren las realidades de la provincia. Para ellos, las rotondas representan un gasto innecesario y un riesgo para la seguridad vial, mientras que los pasos a desnivel, según su perspectiva, serían una inversión más adecuada y eficiente.
En El Salvador, las grandes empresas se benefician enormemente del uso desmedido de los recursos hídricos, mientras la mayoría de las familias del país enfrentan dificultades extremas para acceder al agua potable. Según el boletín Nº 985, publicado el 18 de octubre de 2024 por Equipo Maíz en El Salvador, la situación del agua es alarmante, con el 79.8% de la población percibiendo una crisis de agua.
Un ejemplo notable es la empresa La Constancia, que solicitó a la alcaldía de San Salvador Oeste el permiso para consumir más de 2,144 metros cúbicos diarios de agua subterránea. Esta cantidad de agua podría abastecer a unas 3,200 familias cada día, lo que revela la inequidad en la distribución del recurso entre las grandes industrias y la población.
La ley aprobada en diciembre de 2021 por el Gobierno de Nayib Bukele permite a las empresas utilizar agua en exceso, mientras el pueblo enfrenta tuberías defectuosas y cortes constantes del suministro. Además, los recortes en el presupuesto de ANDA para 2025 agravan la situación, priorizando el agua para los ricos y dejando a las familias pobres con sed.
Descarga el PDF completo para conocer más sobre esta problemática y los detalles específicos compartidos por Rodolfo Ulloa Bonilla a SURCOS.
Este artículo se basa en la publicación de Equipo Maíz, Nº 985, El Salvador, 18 de octubre de 2024.
La revista Poder Popular: El Gobierno del Pueblo es una publicación oficial del gobierno de Honduras que presenta un análisis comunicativo de las principales políticas, logros y desafíos del país. También destaca hechos relevantes para mantener informado al pueblo hondureño. En sus ediciones, se destacan importantes avances en áreas como infraestructura, salud, educación, desarrollo social cultura y deporte, con el objetivo de mantener a la ciudadanía informada sobre el trabajo del gobierno para mejorar el bienestar del pueblo hondureño.
La publicación en su Año 3, Edición No. 116 del 18 de octubre de 2024 destaca en sus titulares la fuerte postura de la presidenta Xiomara Castro contra los grupos económicos más poderosos de Honduras que se niegan a pagar impuestos. En el ámbito de seguridad, se informa sobre la lucha activa contra el crimen organizado y los carteles del narcotráfico, con Xiomara Castro afirmando la necesidad de denunciar a los grupos conservadores que conspiran contra su gobierno. Además, se reporta sobre los ascensos en las Fuerzas Armadas y condecoraciones en la conmemoración del natalicio de Francisco Morazán, en un evento presidido por la mandataria y altos funcionarios de gobierno.
Cada número de Poder Popular incluye discursos y entrevistas con funcionarios, análisis de proyectos clave y artículos sobre temas que impactan directamente a las comunidades hondureñas.
Le invitamos a descargar Poder Popular: El Gobierno del Pueblo para explorar más a fondo estos temas y estar al tanto de las últimas acciones del gobierno hondureño. Además, ¿qué opina sobre esta estrategia de comunicación política del gobierno de Honduras?
El 11 de enero de 2023, cinco líderes sociales de la comunidad de Santa Marta fueron arrestados bajo la acusación de un homicidio ocurrido hace más de tres décadas. Estos líderes han sido reconocidos por su lucha en contra de la minería y la defensa del medio ambiente en El Salvador. A pesar de la seriedad de los cargos, la Fiscalía ha sido incapaz de presentar pruebas concluyentes, lo que ha suscitado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Organismos de derechos humanos, iglesias y organizaciones populares han demandado la liberación inmediata de estos dirigentes, ya que consideran que las acusaciones carecen de fundamento y responden a un patrón de persecución política.
Paralelamente, 19 exfuncionarios del gobierno del FMLN, entre ellos el exministro de Seguridad, Mauricio Landaverde, han sido encarcelados por la supuesta apropiación indebida de 18 millones de dólares destinados a la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO), un programa que ofrecía apoyo a las personas privadas de libertad. La defensa ha demostrado que los fondos se utilizaron adecuadamente para cubrir necesidades penitenciarias, como agua potable, insumos médicos y pagos al personal de salud. Sin embargo, la Fiscalía ha modificado las acusaciones y sigue presionando por una condena de 16 años de prisión y una multa de 60 mil dólares. Se espera que el tribunal emita su fallo el 21 de octubre de 2024.
Ambos casos reflejan un clima de creciente persecución política en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha sido señalado por la instrumentalización del sistema judicial para reprimir a figuras críticas. Las manifestaciones de apoyo, tanto dentro como fuera del país, continúan exigiendo la liberación de las presas y presos políticos y denunciando lo que consideran una «medicina amarga» que afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Le invitamos a ampliar la información en el PDF adjunto.
Este 15 de octubre del 2024, el Partido Vanguardia Popular publicó el siguiente comunicado, para expresar su solidaridad con los y las diputadas y funcionarios que recibieron amenazas de muerte, el cual compartimos abajo:
Nuestra solidaridad con los diputados y funcionarios que han recibido amenazas de muerte
Nos solidarizamos con la diputada de la Republica, Sofia Guillen, asi como con otros diputados y funcionarios, quienes denunciaron haber recibido amenazas de muerte, donde se menciona incluso el terrorismo como medio para acabar con sus vidas. A la vez nos solidarizamos con cualquiera que sea amenazado por pensar distinto a determinado grupo de poder. No hay duda de que el crimen organizado también mueve los hilos de la administración Chaves-Cisneros.
Denunciar la infiltración del narcotráfico en el Estado, luchar contra el desmantelamiento de las instituciones del pueblo, así como combatir la corrupción y abusos gubernamentales no puede ser motivo de situaciones tan lamentables como las que hoy vivimos en nuestro país, convirtiendo a Costa Rica en un territorio dominado por el miedo, la violencia, y el fascismo.
Costarricenses, aún estamos a tiempo de salvar nuestra patria, de construir el país de paz y justicia social que soñaron quienes nos antecedieron y lucharon por las conquistas sociales que hoy nos arrebatan los corruptos multimillonarios.
El gobierno de Rodrigo Chaves es responsable de estas acciones anti-costarricenses y de convertir a Costa Rica poco a poco en un manicomio lleno de muerte y dolor.
Apoyar al narcogobierno es alimentar la ruina de nuestro país y el sufrimiento de nuestra gente.
“Si no luchamos juntos, nos mataran por separado.”
La Escuela de Sociología de la Universidad Nacional compartió el análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. En un documento detalla los puntos más importantes de la administración actual, retratan la situación y mantienen al día las cuentas del gobierno.
Relatan cómo su estilo político es uno de enfrentamiento, lejano a la negociación, y critica a los Poderes de la República o a partidos y personas con lenguaje fuerte.
La estrategia presidencial se ha enfocado en crear una oposición más sentida de grupos y la interpelación es directa con pocas posibilidades de acuerdos.
Hay también una serie de puntos importantes que trata, y se colocan abajo, del documento que invitamos a nuestros lectores a revisar ya que tiene información puntual e importante sobre la situación coyuntural de esta administración.
Uno de los rasgos más característicos de la administración de Rodrigo Chaves Robles ha sido su persistente búsqueda del desmantelamiento de la institucionalidad pública, destacando particularmente intentos de vender empresas estatales, el cercenamiento del gasto público en sectores claves del país, el desfinanciamiento de instituciones públicas y el incumplimiento de deudas con estas.
Tanto en la praxis y el discurso: Chaves asume una retórica degradante contra las institucionalidad democrática y pública, intentando posicionarse como un líder popular y antisistema que incluso ha llegado a denominar a Costa Rica como una ‘‘dictadura perfecta’’, declaración que posteriormente fue rechazada públicamente por 8 expresidentes de la República (Campos, 2024, párr. 1). Tal y como señala Murillo (2024, párr. 6), para Chaves ‘‘su gobierno encarna una ‘revolución’ y aferrado a la figura de un ‘jaguar’ como metáfora de valentía en ocasión de un pretendido referendo… Chaves llegó a calificar como falsa la idea de que Costa Rica haya sido una democracia desde la mitad del siglo XX’’.
La educación ha sido un reto para el gobierno Chaves Robles, nos hemos enfrentado a hitos históricos y múltiples ataques y recortes en búsqueda de un desmantelamiento de la Educación Pública tal y como la conocemos. El gobierno no ha planteado una ruta precisa y clara y directa tanto en sustancioso de alta vulnerabilidad reinserción escolar formación de personal académico y en la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso educativo.
El enfrentamiento con la Contraloría se ha agravado en los últimos meses ya que en materia de contratación evaluación de órganos públicos y altos administrativos ha tratado de que esta institución salga del ámbito que le corresponde para tratar de limitar sus posibilidades, de hecho comenzó con un encuentro en la Contraloría General de la República para luego ampliar a otros niveles.
El gobierno de Costa Rica ha mantenido como constante el reducir gastos públicos como una medida para lograr mayores equilibrios macroeconómicos con la finalidad de reducir el déficit a niveles aceptables. De hecho, el Ministro Acosta ha logrado reducir sustancialmente el déficit, pero con ausencia de un de una estrategia que permita establecer objetivos que son necesarios para el país de hecho, el sector educativo se ha visto cómo el sector donde la reducción es fuerte en un momento que el modelo educativo es muy endeble y, con una inercia que no le permite responder al requerimiento del país.
Si bien en el plan internacional el gobierno de la república se ha comprometido con la cumbre del milenio y ser un país de vanguardia en esta materia. Las acciones parecieran ir en otro sentido. De hecho, el MINAE no cuenta con una política ambiental como fueron otros gobiernos que avanzaron hacia un país más sustentable por el contrario las mismas afirmaciones del presidente sobre la tala bosques en otro momento sobre explotación petrolera han puesto en duda la situación. De hecho, no se han firmado decretos que ayuden a mejorar, sino que en temas como la tala de bosques hay una omisión grande que ha terminado en un debate sórdido entre las partes lo cual nos indica que no hay élites que plantean acciones que mejoren en el campo ambiental.
La violencia estructural indicada en los últimos tres meses se mantienen femicidios, raptos, violaciones, desaparición de personas jóvenes y el sicariato en su máxima expresión. Se hacen esfuerzos por la dureza pública y otros organismos para fortalecer la vigilancia pero se requiere fortalecer el número de personas, pero con tecnología de punta para poder combatir a la misma, de igual manera el fortalecimiento de la fuerza marina es una necesidad de primer nivel y contar con equipos y grupos especializados en la vida aérea es parte de lo que se requiere en esta área con una legislación más oportuna para combatir al narcotráfico y otras formas similares.
Costa Rica ha vivido un periodo de intensos enfrentamientos entre los poderes del Estado, reflejando un deterioro notable en las relaciones institucionales y un ambiente político cada vez más polarizado. Durante estos meses, la confrontación entre el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional (Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Defensoría de los Habitantes (DH) y la Contraloría General de la República (CGR), ha alcanzado niveles sin precedentes, poniendo en cuestión la estabilidad democrática del país.
Se reconoce que, a pesar de las críticas hacia la labor de Luis Amador y del Ministro Marcelo Jenkins, ha habido una continuidad en los esfuerzos en esta área. Si bien se han logrado algunos avances, como en el caso de la carretera de circunvalación en Cartago, la ruta 32 con sus puentes y el mantenimiento estratégico, aún se está trabajando en lo que se ha denominado “rezago histórico”. El gobierno debería enfocarse en finalizar estas obras, como la carretera San Carlos, que son necesarias. Además, es fundamental fortalecer acciones en zonas de alta densidad, como los núcleos de zonas económicas y carreteras como Liberia-Nicoya, y dejar el planeamiento de estas iniciativas para los próximos años.
La inversión social no es un tema central en el gobierno de la república pese a que estamos en una situación en el cual la pobreza y las desigualdades las asimetrías son un factor presente con mayor profundidad para Costa Rica. Esta situación es preocupante porque más grupos se unen a la pobreza donde las oportunidades y por el tipo de formación no tiene posibilidades de desarrollarse. No hay recorrido del sector ni planes de mediano y largo plazo lo que se expresa en un alejamiento de la propuesta del plan nacional de desarrollo y se aleja fuertemente de los acuerdos firmados con la OCDE y la cumbre del 2030.
A la gestión del Poder Ejecutivo le quedan dos años para cumplir con las promesas de campaña política; sin embargo, los grandes problemas del país siguen sin solución, y esto preocupa a la población. Foto Laura Rodríguez, UCR.
El tercer informe del 2024 de la Encuesta de Opinión Pública del CIEP UCR indica que el nivel de confianza entre la población, sobre la capacidad del Gobierno para resolver problemas, continua baja.
La incapacidad del Poder Ejecutivo de lograr avances positivos en los grandes problemas del país, y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, queda nuevamente en evidencia.
Así se desprende del informe correspondiente al tercer trimestre del presente año de la Encuesta de Opinión Pública, del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP UCR).
La situación del país es preocupante
Específicamente, el porcentaje de personas quienes afirmaron que no tienen ninguna confianza en cuanto a la capacidad del Gobierno de resolver el principal problema del país, es de 31 %.
Les siguen quienes manifestaron poca confianza con un 39 %, y un 18 % para las que dijeron tener alguna confianza. Apenas el 12 % manifestaron que tienen mucha confianza.
Y es que la Inseguridad y la Delincuencia continúan siendo, desde hace un año, el principal problema para las personas en Costa Rica, con un 32 %; le siguen la Corrupción con 13 %, y la Mala Gestión del Gobierno, con 12 %.
“Los resultados recientes revelan que las valoraciones positivas y negativas de la gestión del Gobierno actual y del Presidente mantienen porcentajes similares, con lo evidenciado en encuestas recientes. En específico, con respecto a la medición de abril de 2024, la gestión del Gobierno mantiene el respaldo de la mitad de la población. Por su parte, el 25 % de las personas encuestadas en septiembre de 2024 expresa evaluaciones negativas de la gestión del Gobierno. Esta cifra también se mantiene invariable”, se detalla en el texto del informe del CIEP UCR.
Rechazo a la denominada Ley Jaguar
Mientras que el Poder Ejecutivo ideó un proyecto con el cual reforzar la percepción de su gestión, cuya principal apuesta era la proposición de realizar un referéndum que tenía como objetivo la aprobación o rechazo de la Ley Jaguar, esto no tuvo el efecto deseado.
En la Encuesta del CIEP UCR aparece un apartado en el que se le preguntó a las personas consultadas si aprobaba o no la eliminación o reducción de los controles hacia las acciones del Presidente, que en resumen es lo que contenía dicha Ley.
Las respuestas fueron las siguientes: el 49 % estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo con esa opción, mientras que el 38 % sí lo estaba, y un 13 % dijo estar neutral.
“Esto quiere decir que, aun en condiciones de un alto respaldo al Presidente, la iniciativa de modificar o eliminar controles a las decisiones y acciones de los mandatarios de la República no es respaldada por la mayoría de la población. Este resultado ejemplifica las dificultades de traducir una alta popularidad a apoyo a medidas gubernamentales concretas o respaldo electoral”, apunta el texto del informe.
Precisamente, si se analizan las características sociodemográficas que tiene el apoyo que recibe el presidente Rodrigo Chaves, se obtiene que dicho reconocimiento proviene de aquellas personas con edad de 55 años o más, que son del género masculino, con un nivel educativo de secundaria, y que viven en las provincias de Guanacaste y Limón.
Director del CIEP UCR; Dr. Ronald Alfaro Redondo, sobre situación del país.
La creciente violencia en contra de las mujeres
Finalmente, esta nueva encuesta del CIEP UCR incluyó un capítulo en el que se refiere a la percepción de la violencia que experimentan las mujeres en Costa Rica.
“Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, al 14 de agosto del 2024 se han registrado 40 muertes violentas de mujeres, de las cuales 14 ya fueron clasificadas como femicidios y 23 están pendientes de designación. En contraste, en el 2023 se reportó un total de 22 femicidios. Estas cifras sugieren una tendencia al aumento en los casos de femicidio en el país”, se cita en el texto del informe.
Asimismo, las y los expertos del CIEP UCR citan el más reciente informe del Observatorio de Discursos de Odio y Discriminación del CICOM-UCR, en el que se afirma que son las mujeres quienes experimentan un mayor discurso de odio en las redes sociales, especialmente aquellas que trabajan en puestos políticos y en medios de comunicación.
“En el 2023, la mayoría del Plenario Legislativo aprobó una moción de llamado de respeto dirigida al presidente Rodrigo Chaves, por los comentarios realizados sobre una diputada. Según 41 representantes de diferentes fracciones, dichos comentarios constituyeron una agresión que legitima prácticas machistas de violencia”, ejemplifica el texto del informe.
Con respecto a este tema, el 90 % de las personas consultadas en la Encuesta respondieron que sí perciben un aumento en la violencia en contra de las mujeres en Costa Rica, en comparación con años atrás.
Investigadora del CIEP UCR; M.Sc. Daniela Chacón Mendoza, sobre la violencia de género.
Esta Encuesta, que elabora cada tres meses el CIEP UCR, se realizó del 2 al 6 de septiembre, y la modalidad que se utilizó es de entrevista telefónica. Se aplicó a personas mayores a 18 años, que cuentan con teléfono celular, la selección de la muestra es aleatoria, y se realizaron 1 012 entrevistas. El margen de error de la encuesta es de más o menos tres puntos porcentuales, al 95 % de confianza.
Continúa el juicio político, acoso y persecución contra representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, por haber aprobado legítimo ajuste salarial de 7 mil colones a trabajadores de la Caja.
Martha Rodríguez González, en su calidad de representante de los trabajadores, se dirige con firmeza tanto a la clase obrera como a la opinión pública para exponer una situación que ha venido denunciando de manera constante: la persecución política y el terrorismo de estado del que ha sido víctima. Durante los últimos dos años, Martha ha estado sometida a un proceso que busca, a través de presiones sistemáticas, que renuncie a su cargo. Sin embargo, ella ha resistido en defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entendiendo que su labor no solo es un compromiso con los trabajadores, sino también con el pueblo costarricense.
Ahora, enfrentando un nuevo proceso de destitución, Martha reafirma su decisión de no ceder ante las presiones. Su postura es clara: no abandonará su cargo, independientemente de lo que sus opositores puedan pensar o sentir. Para ella, esta batalla es más que una lucha personal; es una defensa colectiva de los derechos de los trabajadores y de la dignidad del movimiento sindical. Su compromiso con la justicia social y la protección de los derechos laborales la impulsa a mantenerse en pie de lucha, resistiendo los embates de aquellos que buscan silenciarla. Con esta convicción, Martha Rodríguez González continúa al frente de la defensa de los trabajadores, segura de que la verdad y la justicia prevalecerán.
Campaña de firmas en apoyo a Martha Rodríguez González: siga este enlace.
A menos de dos años para que concluya su mandato, el gobierno de Rodrigo Chaves sigue demostrando su completa incapacidad para gobernar de manera efectiva. En lugar de liderar con responsabilidad y visión, ha optado por continuar en una campaña de odio y división sin precedentes en la historia reciente del país. Bajo la excusa de «trabajar por los pobres», lo único que está haciendo es preparar el terreno para vender las joyas de la corona del Estado, creando un ambiente de crisis que justifique estas transacciones.
Para empezar, hay que dejar claro que este gobierno es un gobierno neoliberal más, solo que más radical, similar a muchos otros de las últimas décadas que han contribuido a la descomposición social que enfrentamos hoy en día. Sin embargo, lo que lo diferencia no es su ideología, sino su odio, su autoritarismo y su incapacidad para comprender y respetar las reglas de la institucionalidad que dicta nuestra Constitución.
Los Hechos Hablan por Sí Mismos
La venta del Banco de Costa Rica es un claro ejemplo de las promesas y compromisos creados durante la campaña con financistas privados. Este gobierno está dispuesto a sacrificar un activo estratégico del país para cumplir con sus padrinos políticos, sin importarle el impacto que esto pueda tener en la estabilidad financiera y social de Costa Rica. ¿Saben qué costarricenses? Esta idea no les beneficia a ustedes en absoluto, abran los ojos.
Otro proyecto emblemático de esta administración es la reforma laboral que propone jornadas de trabajo de 4 días a 12 horas. Este esquema no busca mejorar las condiciones laborales, sino exprimir al trabajador, obligándolo a buscar un segundo empleo para poder llegar a fin de mes. Es una traición a la clase trabajadora y un retroceso en los derechos laborales conquistados durante décadas. En el mundo de hoy más bien, lo que están haciendo los países desarrollados es reducir la jornada laboral.
El mal llamado proyecto de «armonización energética» es otro engaño más. Lejos de buscar una verdadera armonización, lo que pretende es abrir el mercado eléctrico para beneficiar a grandes productores y consumidores, debilitando al ICE y poniendo la infraestructura pública que ha sido un pilar del desarrollo del país y desarrollada por esta institución y el dinero de todos, al servicio de grandes empresas. ¡Qué bonito, montarse en la patineta de los otros cuando a mí no me ha costado comprarla! Este proyecto es defendido por aquellos a quienes el propio presidente acusa de frenar el progreso del país en la asamblea, en una contradicción que deja al descubierto su falta de coherencia y liderazgo.
Lo que es cierto, es que para entrar al negocio de la electricidad hay que tener mucha plata, y ningún mortal, como la señora de Purral, va a poder entrar en el mismo, que, además, según el viceministro de energía, el señor Ronny Rodríguez, el negocio de la energía en Costa Rica es de 5 mil millones de dólares por año. ¿Ahora si entienden por qué la insistencia por “armonizar” el sistema eléctrico? Lo último que les interesa es garantizar un precio bajo de la electricidad a la señora de Purral.
A estas alturas, las promesas de bajar el costo de la vida y los medicamentos han quedado en el olvido. Los precios siguen subiendo y la vida es cada vez más cara para los costarricenses. Y no es por culpa de los diputados, como este gobierno pretende hacer creer, sino por la falta de una política económica coherente y eficaz. Pero para eso se necesita un gobierno de verdad, lo olvidé por un momento.
Además, este gobierno ha mostrado su desprecio por la protección del medio ambiente, al defender a empresarios que buscan destruir la riqueza natural que sustenta la economía en zonas como Manzanillo. También ha reducido la entrega de bonos de vivienda y bienes sociales a los más necesitados, evidenciando su falta de compromiso con la justicia social. En el mes de marzo de 2024 la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena, ex diputada del Partido Liberación Nacional, dicho sea de paso, admitió que el gobierno recortó 110.000 becas del programa Avancemos a escolares y colegiales, lo que representa un 28% menos con respecto a las asignadas en el año 2022. ¿Y entonces?
En salud, las listas de espera de la CCSS siguen creciendo, mientras que se promueve la terciarización de servicios, lo que abre la puerta a la privatización de la seguridad social, un derecho que debería ser universal y garantizado por el Estado. Nuestro modelo de seguridad social, con todo y sus detalles a mejorar, es ejemplar en el mundo entero y se asemeja a los modelos de países de primer mundo, pero para los ojos de este gobierno y sus amigos, que no es la señora de Purral, este es un gran negocio que debe explotarse, igual que el de la luz.
En educación, el gobierno ha optado por recortar el presupuesto de la educación pública, utilizando los mismos argumentos de crisis fiscal que han sido el pretexto para desmantelar el Estado en otros países. Esta medida no solo afecta a las futuras generaciones, sino que socava uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional y busca una vez más, fomentar la privatización en este sector estratégico, para que quienes tengan dinero se puedan pagar una educación de calidad y quienes no, queden o sin educación o con una educación pública deficitaria y desfinanciada. ¿Esa es la visión de un estadista con una ruta clara? La educación pública tiene que mejorarse para que esté al mismo nivel o superior a la privada, para que siga siendo esa escalera de movilidad social que ha sido hasta el momento, y que nos ha hecho un país alfabetizado con más y mejores oportunidades históricamente que el resto de la región.
La concesión del puerto de Caldera, otorgada a inversionistas afines a la campaña electoral de Rodrigo Chaves, es otro ejemplo de cómo este gobierno privilegia los intereses privados por encima del bienestar público. Las mejoras necesarias para este puerto estratégico han sido ignoradas, en una clara muestra de la falta de visión y planificación a largo plazo. Cito textualmente del Semanario Universidad la prueba de lo que digo: “No nos habían dado pelota, pero ahora sí nos dan pelota, ahora que las cámaras empresariales presionaron bastante”, dijo el empresario José Pablo Chaves Zamora, accionista de la empresa concesionaria de puerto Caldera sobre la decisión del presidente Rodrigo Chaves de negociar de manera directa la ampliación del contrato hasta el 2031”.
Finalmente, la exclusión de China de la subasta de tecnología 5G por temor a Estados Unidos es una muestra clara de la sumisión de este gobierno a intereses extranjeros, dejando de lado los beneficios que esta verdadera competencia podría traer al país.
El Juego Sucio del Gobierno
Rodrigo Chaves y su círculo cercano, especialmente su guía desde el poder legislativo, están llevando deliberadamente al país hacia una polarización tóxica sin precedentes. En lugar de gobernar para todos, están fomentando un ambiente de sectarismo y violencia, similar al de las barras bravas en los estadios de fútbol, que por algo muchas veces ni las dejan entrar a los estadios. Están creando una base de apoyo fanática y radicalizada, dispuesta a actuar con violencia e intolerancia cuando las cosas no salen como ellos quieren.
Esto no es progreso, todo lo contrario. Un gobierno que recurre a la manipulación y al engaño para culpar a los demás de sus propios fracasos no merece la confianza del pueblo. La incapacidad de este gobierno para gobernar con dignidad y juego limpio es evidente, y su legado será recordado como uno de los más destructivos y divisivos en la historia de Costa Rica.
Es momento de que el pueblo despierte y se dé cuenta de que el verdadero enemigo no está en la oposición ni en las instituciones, sino en quienes, desde el poder, buscan vender el país al mejor postor mientras siembran odio y división. La historia no perdonará a quienes, por su incompetencia y mezquindad, estén dispuestos a destruir lo que incluso con sangre, nos ha costado construir y tener.
Según un comunicado enviado por la FEUNA, ésta y las demás federaciones estudiantiles en conjunto con el CONARE se encuentran anuentes a continuar las conversaciones con el Ejecutivo para seguir con las negociaciones del FEES 2025, para esto proponen la fecha del 16 de agosto en Casa Presidencial, pese a esto continúan a la espera de que el Ejecutivo dicte la agenda para que dichas negociaciones se lleven a cabo.
En referencia a lo acontecido a las negociaciones anteriores se refieren al accionar del gobierno como autoritario, amenazante y cargado de intentos de desprestigiar a las instituciones educativas a pesar de esto, continuarán con las negociaciones, “La Educación está primero, es el pilar de movilidad social y fundamento de la democracia de Costa Rica, con resultados históricos de desarrollo social y regional” manifestó la FEUNA en su comunicado.
