Bernardo Archer Moore – Cahuita, 13/05/2024
En lo que va del siglo (2000 – 2024) se marca un hito en la historia de nuestra república; nunca antes los negros en Costa Rica habíamos ocupado cargos gubernamentales tan altos como ahora.
Sin embargo, este mismo período de tiempo representa el nivel más alto de desempleo y pobreza entre los negros en este país. Estamos más sin tierra y más en la pobreza extrema que nunca antes visto.
Peor que en aquellos tiempos cuando ni siquiera teníamos derecho a ser ciudadanos de la república y mucho menos a participar en las votaciones electorales de sufragio universal, como la primera que se produjo en 1913.
Incluso en esa época, durante el apogeo de la discriminación racial (1913–1953), se promulgaron leyes que garantizaban el derecho de nuestros antepasados sobre las tierras que poseían; como fue el caso del pueblo de Cahuita (Ley 35 de 1915) seguido por Puerto Viejo (Ley 166 de 1935).
Los hombres y mujeres negros en la región Caribe de Costa Rica han pasado de porcentualmente ser propietarios mayoritarios de tierras, ejecutivos de empresas y supervisores, a conformar la relativa mayoría de los mendigos, y, en el mejor de los casos, vendedores ambulantes.
Esto no quiere decir que estemos todos arruinados, ni mucho menos. Ciertamente, hay un sector privilegiado que sin mayor esfuerzo les está yendo relativamente bien, como resultado de estar bien conectados con las cúpulas de poder del país; donde sólo ellos y sus familias se benefician, dejando a los demás a la merced de Dios.
Es triste ver que, paralelamente a la jactancia de haber designado a personas negras para altos cargos gubernamentales, se establecieron estatutos legales y jurisprudencia que aducen revertir los derechos de propiedad otorgados a las personas negras, por los racistas más notorios de la historia nacional durante la primera mitad del siglo XIX.
Ahora sólo les falta encontrar algún recóndito jurídico que justifique revertir la Ley 1902 de 1955 (Ley Curling), que nos dio (a los negros) el derecho a ser ciudadanos costarricenses y participar en las elecciones populares.