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Etiqueta: discriminación racial

Cuando se ignoró el espejo: la FIFA 2026 y la cultura de la humillación

David Andersson / pressenza

Los eventos deportivos internacionales suelen presentarse como celebraciones de nuestra humanidad compartida. Su objetivo es trascender las fronteras, la política, la religión y los conflictos. Durante unas semanas, el mundo se une en torno a un lenguaje común, el del juego, donde se supone que el talento, el esfuerzo y el trabajo en equipo importan más que la nacionalidad, la riqueza o el poder.

Sin embargo, a veces estos eventos revelan más sobre quiénes somos que los valores que pretenden encarnar.

Los incidentes que rodearon la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 —jugadores detenidos en aeropuertos, árbitros y delegaciones enteras a los que se les denegaron visados, aficionados a los que se les impidió el paso a pesar de tener permisos de viaje válidos— pueden interpretarse, sin duda, como fallos administrativos, medidas de seguridad necesarias o excepciones desafortunadas. Pero, vistos en conjunto, plantean una pregunta más profunda: ¿Qué supuestos culturales hacen que ciertas formas de trato desigual parezcan normales, necesarias o aceptables?

Durante la pandemia de COVID-19, publiqué The White-West: A Look in the Mirror, una recopilación de ensayos publicados originalmente en Pressenza. En esos artículos, sostuve que muchas de las tensiones que suelen explicarse a través de la política o la economía tienen su origen en algo más profundo: una formación histórica y cultural que sigue moldeando el modo en que Occidente se entiende a sí mismo y se relaciona con los demás.

Llamé a esta formación el «Occidente blanco», no como una categoría racial ni como un juicio moral sobre los individuos, sino como un panorama cultural e histórico moldeado por siglos de imperialsmo, expansión colonial, jerarquías de civilización y la convicción de que algunas instituciones poseen la autoridad para definir los términos en los que otros participan en el mundo.

Desde esta perspectiva, la Copa del Mundo no es simplemente un evento deportivo perturbado por incidentes desafortunados.

Se convierte en un espejo.

En enero de 2026, mientras aumentaban las preocupaciones en torno al torneo, defendí que el diálogo con la FIFA —y no un simple boicot— podría redefinir el papel del deporte mundial. En lugar de esperar a que surgieran las crisis, la FIFA tenía la oportunidad de iniciar conversaciones difíciles pero necesarias sobre la dignidad, la participación equitativa y las responsabilidades éticas que acompañan al privilegio de acoger un evento mundial. El aplazamiento, los acuerdos alternativos o las consultas más amplias no eran expresiones de hostilidad hacia el fútbol. Eran invitaciones a la reflexión.

Por esas mismas fechas, sugerí que la FIFA renunciara voluntariamente a la comodidad simbólica de su Premio de la Paz, no como un acto de autocondena, sino como una invitación a la humildad. La paz no es un título que se posea. Es una práctica que hay que ganarse continuamente mediante la defensa de la dignidad, la inclusión y la participación equitativa.

La intención nunca fue avergonzar a una institución. Se trataba de preguntar si el deporte mundial está dispuesto a ajustarse a los estándares éticos que tan a menudo proclama.

Estas propuestas, y otras similares formuladas por personas preocupadas de todo el mundo, fueron ignoradas.

Antes de que sonara el primer pitido, surgieron reportes de atletas, árbitros, oficiales y aficionados que se enfrentaban a obstáculos que muchos consideraban discriminatorios, arbitrarios y degradantes.

Entre los incidentes reportados se encontraban los siguientes:

  • El visado del futbolista suizo Breel Embolo fue sometido a revisión, lo que retrasó su llegada e impidió que se uniera a su equipo según lo previsto.

  • Según se informó, el jugador de la selección iraquí Aymen Hussein fue retenido para ser interrogado durante casi siete horas al entrar en Estados Unidos.

  • La selección iraní pasó días tramitando los visados en el consulado estadounidense en Turquía. Según se informó, solo se les permitió la entrada los días de partido, mientras que a quince miembros de la delegación se les denegaron los visados.

  • A Omar Abdulkadir Artan, nombrado Mejor Árbitro Africano de la CAF de 2025, se le denegó el visado y fue devuelto a pesar de viajar con pasaporte diplomático. La FIFA anunció posteriormente que no arbitraría en el torneo.

  • La selección sudafricana llegó más tarde de lo previsto porque a parte de su delegación no se le concedieron los visados.

  • Según se informó, a los miembros del cuerpo técnico de la selección de Senegal se les exigió que se quitaran los zapatos y fueron sometidos a largos registros, lo que provocó acusaciones de discriminación racial.

  • La selección de Uzbekistán fue registrada con perros detectores de explosivos, y las imágenes del incidente circularon ampliamente en los medios internacionales.

  • A algunos aficionados escoceses, a pesar de cumplir los requisitos para viajar sin visado en virtud del programa ESTA, se les revocaron las autorizaciones poco antes de la salida.

  • A numerosos aficionados que ya habían comprado entradas y reservado alojamiento se les denegaron las solicitudes de visado, lo que les supuso importantes pérdidas económicas.

Cada uno de estos incidentes puede explicarse de forma individual. Sin embargo, en conjunto, revelan un patrón reconocible.

Algunas personas se mueven por el mundo con confianza, mientras que otras lo hacen bajo sospecha. Algunas viven las fronteras como formalidades rutinarias, mientras que otras las enfrentan como espacios de incertidumbre, humillación y poder arbitrario. Algunas llevan pasaportes que les abren las puertas casi automáticamente; otras descubren que su dignidad es condicional, dependiente de decisiones tomadas sin explicación y sin posibilidad de apelar.

La cuestión no es si los Estados tienen derecho a proteger sus fronteras. Toda sociedad debe abordar las preocupaciones legítimas relativas a la soberanía y la seguridad pública. La cuestión más profunda es cultural: ¿Qué formas de dignidad hemos decidido que son negociables? ¿Quién se considera aceptable que sufra inconvenientes? ¿En qué momento el ejercicio de la autoridad se convierte en la normalización de la humillación?

Aquí es donde el debate se cruza con la violencia doméstica.

La violencia doméstica se entiende a menudo como una tragedia privada confinada al hogar. Sin embargo, su característica definitoria no es meramente la agresión física. Se trata de un patrón de comportamiento a través del cual el poder y el control se utilizan repetidamente para socavar la autonomía, la dignidad, la seguridad y la libertad de otra persona. Puede implicar intimidación, presión psicológica, aislamiento social, dependencia económica, vigilancia, amenazas o la erosión gradual del sentido de identidad de otra persona.

Estas dinámicas no surgen de la nada. Se desarrollan en culturas que, de manera sutil y abierta, enseñan que la dominación puede justificarse, que las relaciones desiguales son naturales y que quienes poseen autoridad pueden imponer la indignidad en pos de un supuesto bien mayor.

Esto no significa que las restricciones de visado sean equivalentes a la violencia doméstica, ni que los funcionarios de inmigración sean maltratadores. Las relaciones son diferentes y las experiencias no son las mismas.

Pero la lógica cultural subyacente merece ser examinada.

Cuando la humillación repetida se convierte en algo normal, cuando se valora sistemáticamente el control por encima de la reciprocidad, cuando la sospecha se dirige de manera desproporcionada hacia ciertos grupos, y cuando se espera que quienes son objeto de un trato desigual lo acepten en silencio como el precio de participar, estamos presenciando patrones que pertenecen al mismo ecosistema más amplio de dominación.

Quizás esta sea una de las lecciones más difíciles de nuestro tiempo.

La violencia no es solo un acontecimiento. También es una cultura.

Reside en los hábitos de pensamiento, en las instituciones, en las suposiciones sobre quién merece confianza y quién no, quién tiene derecho a decidir y quién debe someterse. Se reproduce cada vez que la dignidad se vuelve condicional y la humanidad se organiza en categorías de mayor y menor valor.

Si esta lógica cultural puede moldear eventos internacionales destinados a celebrar nuestra humanidad común, entonces no debería sorprendernos que también aparezca en nuestros hogares, lugares de trabajo, escuelas y comunidades.

El reto, por lo tanto, no es simplemente condenar actos individuales de injusticia. Es examinar los marcos culturales que hacen que esos actos sean imaginables y aceptables en primer lugar.

El deporte internacional ofrece una oportunidad única para practicar otra forma de convivir. Puede afirmar que la seguridad no tiene por qué requerir humillación, que la diferencia no tiene por qué generar sospecha, y que la dignidad no es un privilegio concedido a unos y negado a otros.

Si los patrones culturales que sustentan la violencia se aprenden, también se pueden desaprender.

Un espejo no acusa. Simplemente refleja.

El espejo estaba ahí en las historias que heredamos. Estaba ahí en las advertencias que se hicieron antes de que comenzara el torneo. Estaba ahí en la invitación al diálogo y en el llamamiento a las instituciones para que alinearan sus prácticas con los valores que celebran.

La tragedia no es que el espejo existiera.

La tragedia es que se ignorara.

Es posible que, en última instancia, la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea recordada no solo por lo que ocurrió en el campo, sino por lo que reveló fuera de él: una oportunidad para preguntarnos qué tipo de cultura estamos reproduciendo y qué tipo de cultura deseamos construir.

Porque el juego al que realmente estamos jugando va mucho más allá del fútbol.

Y en ese juego, la comunidad, la dignidad y nuestra humanidad compartida nunca podrán ganar de verdad si la humillación sigue formando parte de las reglas.

¿Me puedo ir?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En días pasados se hizo viral un video de una mujer hispana haciendo frente a un operativo cazamigrantes, en el que a fuerza de nombrar las enmiendas que la asistían en el tema de libre tránsito, logró su objetivo: no ser detenida por un funcionario del servicio de inmigración de Estados Unidos, acción común en aquel país.

El hecho, ya de por sí transgresor por la forma como la mujer responde y confronta, evidenció de nueva cuenta el papel que está jugando el perfilamiento racial en las detenciones arbitrarias de personas migrantes.

La mujer es interceptada cuando conducía y en apariencia no habría cometido ningún acto irregular para que un funcionario no autorizado para ello la detuviera. Su color de piel fue el justificante para ese hecho.

No sólo el perfilamiento racial saltó a la vista. El material audiovisual observado permite constatar una práctica común entre los funcionarios de migración de Estados Unidos: el uso del inglés como forma de amedrentamiento ante la comunidad hispana.

La mujer logró que el funcionario hablara en español. Nítido. Y a partir de allí el intercambio entre ambos (ella al volante y el fuera del vehículo, identidad protegida y empoderado) giró en torno a la legalidad del acto de detenerla y la normativa a la que se acogía en virtud de la poca claridad que presentaba el funcionario.

Su interpelación, ante la ambigüedad mostrada por el funcionario migratorio fue directa: “¿Estoy detenida o me puedo ir?”

En estos días de máxima tensión entre políticas racistas desquiciantes y prácticas de repuesta ciudadana en el caso de las personas migrantes, el acto de la mujer debe ser entendido en el marco de la resistencia política que ha empezado a levantarse en aquel país.

Son tiempos oscuros ciertamente. Pero acciones de reivindicación política como la de esta valiente mujer posicionan el acto de responder como un recurso politico al servicio de los que no lo tienen todo.

La lucha continúa siendo ideológica, discursiva y simbólica. Allí en ese plano, es que hay que enfrentar y derrotar los autoritarismos instalados en los últimos años en Estados Unidos y en otros contextos.

No hay otro camino.

El descubrimiento de algo nuevo en Costa Rica: el orgullo de ser afrocostarricense

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore

Para muchos de nuestros hermanos y hermanas, ser negro fue durante décadas motivo de incomodidad o incluso de vergüenza.

Por ello, algunos optaron por no transmitir a sus hijos la historia de su herencia, y otros intentaron diluir el peso del color mediante relaciones interétnicas. (El blanqueamiento de la sangre, esa idea absurda de “borrar” el color de la piel como si se tratara de un defecto).

Hoy, cuando la negritud ha alcanzado un nivel de aceptación social nunca antes visto, vemos a muchos abrazarla con un entusiasmo desbordado. Pero ese fervor —comprensible tras una vida de silencios, exclusiones y confusión identitaria— a veces oscurece lo esencial:

Se sustituyen las acciones concretas por símbolos vacíos, y se confunde la satisfacción del ego con el poder real de exigir, con serenidad y firmeza, la reparación histórica y la restitución de derechos ancestrales.

Las leyes que nos protegen ya existen.

Lo que corresponde ahora es aprender a utilizarlas, facilitar su cumplimiento, y estar preparados para denunciar su violación o exigir su aplicación ante las instancias jurídicas competentes.

Por eso, quedarse atrapado en discusiones estériles sobre quiénes serían los “esclavos negros de la casa” versus los “esclavos negros del campo” es una distracción tan superficial como inútil.

Esa fue una realidad propia de la historia reciente de los negros en Estados Unidos; no fue la nuestra – para realidades diferentes, soluciones diferentes.

Es un debate que nada aporta a nuestras urgencias actuales y que solo desvía la atención del tema central: la implementación efectiva de la Consulta Tribal Afrocostarricense, instrumento jurídico y político fundamental para la defensa de nuestros territorios, nuestra cultura y nuestros derechos individuales, privados y colectivos.

Necesitamos unirnos como uno solo.

Irónicamente, cuando no teníamos voz ni poder, nuestra tolerancia hacia las opiniones de los demás estaba en su punto más alto.

Pero ahora, en cuanto una chispa de esperanza toca a nuestra puerta, nos hemos vuelto intolerantes frente al disenso dentro de nuestras propias filas.

Nos estamos olvidando que “unidos permanecemos firmes y divididos caemos”, por más alto o fuerte que uno crea ser.

Por algo será que la soberbia es considerada un pecado mortal.

En palabras de Marcus Garvey, principio que sigue vigente para nuestra realidad afrocaribeña:

ONE GOD, ONE AIM, ONE DESTINY.

Limonal de CAHUITA, 04/12/2025.

La nueva moda del racismo selectivo en Cahuita

Por Bernardo Archer Moore
Limonal de Cahuita

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Lamentablemente, en los últimos tiempos, en Cahuita se ha puesto de moda cuestionar “quién es negro y quién no” y “quién pertenece o no pertenece a la comunidad Tribal de Cahuita.”

¿Cómo se supone que les explique a mis “primitos blanquitos” que sus bisabuelos están enterrados en un cementerio ancestral, hoy oculto dentro del Parque Nacional Cahuita, pero que, según algunos, ellos no son parte del Pueblo Tribal por el color de su piel y por no hablar criollo jamaicano?

Una moda peligrosa, alimentada por la ignorancia y la conveniencia, que divide familias y comunidades.

Pero me pregunto:

¿Hacen esas mismas preguntas cuando toca celebrar el Carnaval, un festival cultural, un funeral o una salida de “pesca” de un familiar o allegado, en aguas profundas de alta mar?

Por supuesto que no.

Ahí sí todos somos “hermanos y hermanas de Cahuita”.

Si no fuera así, sus familiares difuntos no hubieran sido sepultados en un Cementerio que es propiedad de una familia “blanca” extranjera —la familia Tabash Lazarus—, ni visitarán el Centro Diurno de Adultos Mayores, también propiedad donada por esa misma familia Tabash.

Tampoco usarían el Salón Comunal para organizar reuniones “exclusivas para personas negras”, porque esa propiedad fue donada por una mujer blanca – Doña Amelia Escocia.

Y mucho menos asistirán a la Iglesia Católica edificada sobre un terreno igualmente donado por la misma señora “blanca”.

Pero lo más grave es que hoy pretenden negar la entrada de personas blancas a reuniones que llaman “Solo para Negros”, como si ese acto grotesco borrara la historia interracial de Cahuita.

Eso no solo es un insulto a nuestra memoria colectiva: Es una traición a quienes construyeron este pueblo con sus manos, su sudor y su sangre —negros, blancos, mestizos, jamaiquinos, indígenas y afrodescendientes por igual.

Ignorancia no es excusa.

Hipocresía tampoco.

Cahuita es, y siempre ha sido, una comunidad de mezcla profunda.

Mi propia familia lo demuestra.

Promover divisiones raciales al estilo de Estados Unidos solo puede servir a un propósito:

Crear un conflicto que nunca ha sido parte de nuestra identidad.

Entonces, surge la pregunta inevitable:

¿A quién le conviene dividir a Cahuita por raza?

Seguro que al pueblo… NO.

Costa Rica y el Caribe: Los peligros de confundir igualdad con revancha

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

Durante más de un siglo, la población negra de Costa Rica aprendió a sobrevivir en silencio: primero ante la exclusión abierta y luego frente a una discriminación más sutil, incluso después de la Constitución de 1949.

En ese contexto, algunos pocos afrodescendientes lograron posiciones simbólicas dentro del Estado. Pero, lejos de abrir caminos hacia la igualdad, ciertos liderazgos terminaron fomentando un nuevo elitismo interno:

Orgullosos dentro de su comunidad, pero sumisos frente a los poderes que históricamente los marginaron.

Esa dinámica funcionó durante la época de la plantación, la segregación y las primeras décadas de la República moderna. Sin embargo, en un país que hoy aspira a ser una sociedad verdaderamente multiétnica, ese modelo ya no es sostenible. Y el Caribe costarricense ha pagado caro las consecuencias.

El cierre técnico de JAPDEVA, la concesión del puerto a APM Terminals y la clausura de facto del ferrocarril al Atlántico fueron procesos que se gestaron durante años.

Muchos líderes locales carecieron de unidad, visión o voluntad para defender la región, temerosos de perder privilegios personales o familiares.

Esa falta de cohesión debilitó la capacidad del Caribe para enfrentar decisiones impuestas desde la Capital del país.

Hoy, sin embargo, una nueva oportunidad histórica emerge. Y esta vez, en Cahuita, el destino sí depende directamente de su gente. Las nuevas “gallinas de los huevos de oro” del Caribe Sur son claras:

1. La Administración Comunitaria del Parque Nacional Cahuita, un modelo único, construido por el propio pueblo, que ha logrado armonizar conservación, turismo y bienestar social.

2. El Derecho de Consulta Previa del Pueblo Tribal Afrocostarricense, reafirmado por la Sala Constitucional en la Sentencia 25-029985 (19/09/2025) y respaldado por el Decreto Ejecutivo 43532-2022.

Estas conquistas no fueron regalos del poder central ni favores políticos. Son fruto de décadas de resistencia cultural, arraigo comunitario y defensa territorial realizada con humildad y perseverancia, sin élites autoproclamadas.

Pero toda conquista puede perderse si se administra con inmadurez.

Cahuita no puede repetir el error de JAPDEVA y destruir desde adentro lo que tanto costó construir.

El derecho a participar y a ser escuchados no es una herramienta para ajustar cuentas ancestrales, ni un permiso para proclamar supremacías internas. Es una responsabilidad que exige firmeza, pero también humildad, respeto y sensibilidad hacia todos.

“Todo cuanto queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.” — Mateo 7:12.

Este principio debería ser un recordatorio para quienes, escondidos tras una falsa religiosidad, promueven actos racistas, manipulan narrativas o atacan a quienes discrepan.

La administración comunitaria del Parque y la consulta tribal deben unir a Cahuita, fortalecer la economía local, proteger su patrimonio y asegurar a las nuevas generaciones la dignidad que tantas anteriores no pudieron disfrutar.

El Caribe ha perdido demasiadas oportunidades por divisiones internas y egos desbordados. Hoy Cahuita puede ofrecer al país un modelo distinto: un liderazgo que no se autodestruye, sino que se fortalece desde la comunidad. Porque la igualdad verdadera no nace del ruido, sino de construir un futuro donde nadie se vuelva a callar.

Cahuita, 18/11/2025.

Recurso de amparo para exigir cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en favor de la población afrodescendiente

El ciudadano Marco Levy Virgo, afrodescendiente y miembro activo de la comunidad de Limón, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por lo que califica como omisiones y incumplimientos del Gobierno de la República en la implementación de acciones afirmativas en favor de la población afrodescendiente nacional.

En el documento, Levy argumenta que Costa Rica ha incumplido sus obligaciones derivadas de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, suscrito mediante la Ley N.° 7316 de 1992, lo cual perpetúa la discriminación estructural hacia la población afrodescendiente del país.

El recurso, presentado con fundamento en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sostiene que las comunidades afrodescendientes del Caribe costarricense cumplen con las características de pueblos tribales reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos como Saramaka vs. Surinam y Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. En esos precedentes, la Corte reconoce que tales comunidades gozan de derechos equivalentes a los pueblos indígenas, incluyendo consulta previa, libre e informada, propiedad colectiva y protección cultural.

Omisiones señaladas

Levy señala que, pese a la ratificación del Convenio 169 hace más de tres décadas, Costa Rica no ha adoptado legislación ni políticas públicas que garanticen los derechos reconocidos a la población afrodescendiente. Entre los incumplimientos destaca:

  • Falta de consulta previa en proyectos y políticas que afectan territorios afrodescendientes, como el plan de marina en el cantón central de Limón y otros proyectos impulsados por JAPDEVA.

  • Ausencia de legislación que reconozca la propiedad colectiva, participación política y protección cultural de estas comunidades.

  • Respuestas dilatorias e insuficientes del Ejecutivo ante solicitudes formales, pese a los mandatos de la Sala Constitucional en materia de consulta tribal afrodescendiente.

El recurso cita el Voto N.º 2025027898 de la Sala Constitucional, del 19 de septiembre de 2025, que reafirma la obligación estatal de realizar consultas previas a comunidades afrodescendientes, así como el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2024), que reconoce el autoreconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal.

Derechos violados según el recurso

Entre los derechos presuntamente vulnerados se mencionan:

  • Igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  • Derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el artículo 6 del Convenio 169.

  • Derechos territoriales y culturales, previstos en los artículos 13 al 19 del Convenio.

  • Supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, conforme al artículo 7 constitucional.

  • Derecho de petición, por las respuestas evasivas del Poder Ejecutivo a sus oficios.

Solicitudes a la Sala Constitucional

Levy solicita a la Sala Constitucional que:

  1. Declare con lugar el recurso de amparo.

  2. Ordene al presidente de la República implementar de inmediato el Convenio 169 de la OIT, garantizando consulta previa, reconocimiento territorial y legislación específica.

  3. Declare la nulidad de actos omitidos y ordene acciones afirmativas equiparables a las aplicadas a otras minorías.

  4. Condene al Estado al pago de daños y perjuicios, así como costas y honorarios.

El recurso solicita además que se requiera al Ejecutivo un informe detallado sobre los avances en la implementación del Convenio 169, con el fin de asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de las comunidades afrodescendientes del país.

De “indeseados” al derecho a ser consultados

Por Bernardo Archer Moore

Durante más de un siglo, las personas negras en Costa Rica fuimos consideradas “indeseadas”: una raza sin derecho a nacionalidad ni a poseer tierras.

Las leyes de colonización del siglo XIX nos excluyeron por el color de la piel, y los decretos migratorios de inicios del siglo XX reforzaron esa discriminación.

Éramos extranjeros en nuestra propia tierra.

Lo sé, porque mis padres lo fueron durante la mayor parte de sus vidas.

Pero el tiempo y la resistencia de nuestros mayores abrieron grietas en ese muro de exclusión.

Con la Constitución de 1949 comenzó un proceso lento, pero firme, de reconocimiento de derechos.

Y el 19 de septiembre de 2025, la historia dio un giro:
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió la Resolución N.º 2025-029985, reconociendo por primera vez que los pueblos tribales afrocostarricenses, como Cahuita, tenemos derecho a la consulta previa, libre e informada.

Esto significa que toda decisión del Estado —política, administrativa o de desarrollo— que afecte nuestros territorios o nuestras formas de vida debe ser consultada con nosotros.

Y lo más importante: esa consulta es vinculante.

Esta transición —de la invisibilidad a la autoridad colectiva— marca un antes y un después.

No solo para las instituciones acostumbradas a imponer sin escuchar, sino también para nuestras propias comunidades, que por generaciones aprendieron a agachar la cabeza ante el poder.

Así como la Ley N.º 35 de 1915 dejó huella al abrir por primera vez la puerta a la titulación de tierras de “negros y chinos”, esta nueva resolución marcará el inicio del fin del despojo institucionalizado que hemos sufrido en el Caribe costarricense a manos del ITCO, IDA, INDER, ICT y MINAE.

Hoy, los descendientes de quienes fueron negados legalmente tenemos el derecho —y el deber— de ser consultados, escuchados y respetados.

Eso es justicia histórica.

No se trata solo de Cahuita.

Esto no se trata únicamente de Cahuita, sino de todas las comunidades de la República que hoy deciden abrazar su herencia africana en lugar de ocultarla por vergüenza, producto del estigma histórico que durante siglos se asoció con la negritud.

Hoy comprendemos que ya no es el gobierno quien determina nuestro destino.

Somos nosotros mismos quienes estamos entre la pobreza y la prosperidad.

Gracias a SIBU, nuestro poder supremo, hemos comenzado a ver la luz al final del túnel.

Esa luz representa la dignidad, la unidad y la esperanza que siempre nos pertenecieron.

Muchos han escuchado la noticia,

pero pocos comprenden su verdadero alcance.

Acostumbrados a vivir en la sombra del pasado, no todos logran ver todavía la claridad del porvenir que se asoma en el horizonte.

Tomará tiempo, sí… pero eventualmente lo harán.

Esa es mi esperanza.

Que el Todopoderoso bendiga a todos nuestros pueblos.

Cuando el color de la piel decidía tu derecho a participar

Por Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA
Correo: acudheca@gnail.com*

En la Costa Rica de mis padres y abuelos, esa era la norma impuesta a los afrodescendientes: los espacios de decisión política estaban reservados exclusivamente para los blancos.

¿Se imagina usted, lo que se siente cuando te niegan la entrada a una reunión en tu propia comunidad, solo por el color de tu piel “blanca”, sabiendo que las decisiones que se tomen afectarán directamente el derecho sobre su propiedad?

Esa era la realidad cotidiana en Puerto Limón antes de la promulgación de la Ley N.º 4230 del 21 de noviembre de 1968, conocida como la Ley Contra la Discriminación Racial.

El artículo 1.º: Esta ley penaliza expresamente la negativa de acceso a personas, por motivos de raza, color de piel, origen étnico o nacionalidad, a asociaciones, centros de entretenimiento, hoteles, clubes y establecimientos afines.

Su aprobación fue impulsada por el entonces diputado Carl Eduardo Neil (Q.E.P.D.), tras una serie de incidentes que sacudieron al país, entre ellos, el conocido caso del Club Miramar en Limón en 1967, donde a ciudadanos afrodescendientes se les prohibió el ingreso únicamente por su color de piel. (Reina de Simpatía de los Carnavales de Limón – Dr. Katherine Sawyers Royal).

Gracias a esa lucha legislativa, la segregación racial en espacios sociales privados pasó a ser un delito.

Y sin embargo, me duele recordar cómo, aún en mi adolescencia, compañeros de secundaria me informaron con mucha pena:

«Que No me dejarían entrar con ellos a ese club ni a la piscina, por ser negro».

Hoy, ese dolor sigue presente.

Por ello, resulta profundamente preocupante observar cómo, en algunas zonas del Caribe Sur, se intenta revivir formas de exclusión del pasado, disfrazadas ahora de regulaciones, permisos y privilegios de figurar.

Ya no se trata de letreros en la entrada, sino de decisiones y prácticas en las que el color de piel, el origen cultural o la procedencia continúan influyendo. Solo que, en esta ocasión, la discriminación se dirige contra inmigrantes blancos.

Repetir ese patrón de exclusión, aunque invertido, constituye un retroceso histórico, jurídico y humano. Nuestra lucha no es solo por preservar la memoria de las injusticias sufridas, sino por afirmar la dignidad presente y futura del pueblo tribal afrodescendiente, en igualdad y justicia para todos.

Lo más desconcertante es que estas exclusiones se intenten justificar bajo el amparo del Foro Nacional Permanente de la Población Tribal Afrodescendiente de Costa Rica, creado por el Decreto Ejecutivo N.º 43532‑MP‑MINAE‑MCJ‑MEP, del 5 de mayo de 2022.

Este decreto establece el reconocimiento del pueblo tribal afrocostarricense y propone la creación de espacios de diálogo en comunidades como Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres, Cahuita, Puerto Viejo y Limón Centro, con el fin de garantizar procesos de consulta previa y protección territorial.

Sin embargo, desde su promulgación hasta la fecha, la comunidad tribal de Cahuita no ha sido convocada a ningún proceso de diálogo real ni representativo.

Es más, en diversas ocasiones se han realizado reuniones en el Salón Comunal de Cahuita sobre este mismo tema, sin que los habitantes locales hayan sido invitados ni informados, incluyendo a vecinos que viven justo al otro lado de la calle de dicho salón. Muchos de ellos, legítimamente, se preguntan:

¿De qué se trata esa reunión?”

Una consulta sin inclusión es una simulación. Y excluir a Cahuita de este proceso no solo contradice el espíritu del decreto, sino que vulnera el principio de representatividad y participación activa que exige el derecho internacional en materia de pueblos tribales.

*Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de CAHUITA.

Racismo, educación y derechos humanos: construyendo un espejo diverso para la sociedad

Frank Ulloa | Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

“El mundo empieza a cambiar cuando quienes lo construyen deciden no callar.”

Frank Ulloa Royo

La educación es la raíz profunda de una sociedad justa y equitativa pero también es una fuente de ideología y discriminación cuando promueve estereotipos. Como un río que nutre la tierra a su paso, la enseñanza debe ser el motor que impulse la construcción de una sociedad verdaderamente multiétnica y pluricultural, cimentada en el respeto y la igualdad. Sin embargo, la falta de representación en los materiales educativos, la criminalización de ciertos fenotipos y la exclusión de voces históricas han convertido el sistema educativo en un espejo deformado, donde muchos no logran verse reflejados.

Recientemente, en una reunión con educadores y educadoras, me sorprendió la indiferencia con que algunos desestiman la importancia del racismo en la educación, tratándolo como un asunto secundario. Fue en ese momento cuando decidí escribir estas líneas, no solo para evidenciar la urgencia del problema, sino también para desafiar la comodidad y la pasividad con la que se sigue ignorando el tema. Por otra parte, en una dirección contraria, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación fue pionero en plantear el tema, y crear espacios de debate, pero debe continuarse esta propuesta en la vida cotidiana de todos quienes laboran en la educación, debería ser un tema ético ineludible y no una obligación escolar.

Etiquetas que marginan:

Como señala Rina Cáceres, el problema no es el color de piel, sino las etiquetas sociales que se le adhieren. En la educación, el fenotipo se convierte en un marcador que condiciona la percepción y el trato hacia ciertos estudiantes. Fallas (1943) denunció en Mamita Yunai la explotación en los enclaves bananeros, la discriminación contra campesinos mestizos, la marginación de los indígenas perdidos en la selva y la segregación de la fila carbón. Esta historia, que en otro momento fue un referente en las aulas, parece desvanecerse de los programas escolares y las librerías.

Intentar conseguir un ejemplar de Mamita Yunai se ha convertido en una tarea difícil, como lo comprobé recientemente al buscar uno para un conferenciante colombiano. Esta ausencia no es casualidad: borrar estas narrativas es una forma de silenciar la memoria histórica y ocultar las luchas que han denunciado el racismo y las desigualdades estructurales.

La normalización de estas categorías invisibiliza la discriminación y la convierte en parte del paisaje educativo. Como hormigas en el azúcar, los fenotipos dominantes aparecen en los libros de texto sin que nadie cuestione su predominio. Esta falta de diversidad refuerza estereotipos que limitan el desarrollo de una educación verdaderamente inclusiva.

Materiales educativos y enseñanza: ¿quién decide qué historias merecen ser contadas?

Los materiales educativos no son neutrales. Reflejan las estructuras de poder de la sociedad. Como plantea Freire (1970), la educación debe ser un proceso liberador que permita a los estudiantes cuestionar su realidad y transformar su entorno. Sin embargo, los libros escolares muchas veces funcionan como instrumentos de reproducción social, legitimando jerarquías raciales y económicas.

¿Deben los trabajadores de la educación preocuparse por estos temas o se ven como una carga académica adicional? ¿En qué gaveta del escritorio acomodamos la ética? La representación sesgada en los materiales escolares perpetúa desigualdades, mostrando solo una versión parcial de la historia. Como señala Quijano (2000), la colonialidad del poder sigue vigente en la educación, reforzando la idea de que ciertos grupos dominantes son los protagonistas del conocimiento. Si no hay espacio para la diversidad en la literatura escolar, nunca ocurrirá el mestizaje intelectual capaz de romper estereotipos.

Criminalización y prejuicios: el racismo como obstáculo para el aprendizaje

El fenotipo y el lugar de origen pueden convertirse en marcadores de criminalización dentro del sistema educativo. Un estudiante migrante es visto con sospecha, su identidad vinculada a la marginalidad en lugar de sus habilidades o talentos. Como afirma Wacquant (2009), la criminalización de ciertos grupos es una estrategia de control social que se manifiesta en múltiples espacios, incluido el educativo.

¿Tienen las organizaciones de trabajadores una respuesta crítica frente al racismo en la educación? Existe un silencio evidente, pero ¿cómo interpretarlo? Este tipo de prejuicios impide que la escuela sea un espacio de equidad. La ley de carrera docente ha perdido vigencia y, más allá de su propósito original, se ha convertido en otro instrumento de discriminación, imponiendo una visión monocromática de la vida escolar. ¿Podrían los sindicatos aprovechar la convención colectiva para luchar contra el racismo y reformular las normas que perpetúan un poder vinculado al color de piel y el fenotipo?

Conclusión: una educación sin espejos distorsionados

Erradicar el racismo en la educación requiere acciones concretas. Iniciativas como Centros Educativos Libres de Discriminación Racial, promovida por Rina Cáceres desde la Universidad de Costa Rica a finales de la década anterior, han demostrado que el cambio es posible. Además, Hooks (1994) enfatiza que los docentes deben estar capacitados para detectar y combatir el racismo en las aulas, convirtiéndose en agentes de transformación.

Los sindicatos y gremios de trabajadores de la educación juegan un papel clave en este proceso. No basta con conmemorar el Día del Negro o el Día de los Pueblos Indígenas. Vestirse con prendas africanas durante una jornada escolar es un gesto simbólico, pero insuficiente para desmantelar estructuras racistas. Se requiere una estrategia sindical sólida que transforme el discurso en acción.

La educación debe ser un espejo en el que cada individuo pueda verse reflejado sin distorsiones ni exclusiones. Si sigue reproduciendo estructuras discriminatorias, perpetuará un sistema en el que muchas voces y realidades seguirán en la sombra. Aquí es donde los sindicatos y trabajadores de la educación tienen una responsabilidad ineludible. Su papel es crucial para impulsar cambios estructurales que garanticen una enseñanza libre de discriminación racial.

Los protocolos educativos actuales muchas veces existen solo en el papel, siendo desconocidos y poco aplicados. La lucha contra el racismo en la educación no puede depender de normativas burocráticas ineficaces, sino de acción colectiva y disruptiva que cuestione las políticas imperantes. Si la enseñanza sigue reflejando una versión distorsionada de la sociedad, estamos condenando a las futuras generaciones a repetir conductas racistas y las mismas desigualdades, históricas originadas en la perdida de libertad de los esclavos africanos y repartimientos de pueblos indígenas.

Bibliografía

  • Fallas, C. L. (1943). Mamita Yunai. Editorial Costa Rica.

  • Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

  • Hooks, B. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. Routledge.

  • Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. CLACSO.

  • Wacquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.

“Siempre seréis vistos como hijos de vuestros ancestros”

Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Hermano y hermana, jóvenes negros adultos, es muy probable que desconozcas que gran parte de la población nativa se refería a tus antepasados con el adjetivo “negro chumico”, aun vestido de caballero, siempre fue visto como el “negro chumico” (“cultura tica”).

Entonces, para quienes hemos vivido esa experiencia, al ver un comentario del presidente de la república sobre la tala de los bosques del Caribe Sur, decir en resumen que «no quedará para los grandes hoteles de 5 estrellas, ni para los monitos». Lo cual, en un doble sentido, bien podría inferir la citada calificación atribuida a la población negra en el pasado, es nuestro deber NO dejarlo pasar desapercibido.

Tampoco debemos descartarlo como un «desliz freudiano» de una persona tan educada, él sabe muy bien lo que dijo y ciertamente lo decía en serio.

A estos niveles y en un tema tan serio el chiste no existe, es sólo una forma más pálida de decir algo grosero, y callarse para no poner en peligro un posible favor político es dejar las puertas abiertas a cosas peores en el futuro.

Ahora, para aquellos afrocostarricenses mayores que están en los albores de la vejez y desesperadamente entusiasmados con la unidad de los negros en torno a sus objetivos de preponderancia, que no es común a todos nosotros.

En cambio, los invito respetuosamente a levantar la bandera del respeto por los costarricenses negros y nuestras comunidades en todo el sentido de la palabra.

En particular, nuestro derecho a la posesión de tierras ancestrales, los mismos que otorgan las leyes compensatorias por abuso y discriminación racial, así como posesiones centenarias, que son anteriores a la propia constitución política actual.