El fondo del debate —y la tentación de ignorarlo
Glenm Gómez Álvarez, Pbro.
A una semana exacta de dejar su cargo —salvo que la política, siempre creativa, disponga lo contrario— y en pleno debate sobre el Acuerdo Transpacífico, don Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior, ha salido al paso de la homilía de monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, pronunciada el pasado 1 de mayo, día de San José Obrero; una intervención en la que el prelado se limita —con puntual fidelidad— a citar los planteamientos de la más reciente carta pastoral del episcopado costarricense.
Hasta aquí, todo podría pasar por una anécdota más del siempre picante — y selectivamente distraído— debate público. Pero asoma una duda básica: ¿Se entendió de dónde provenía realmente esa posición, o resulta más cómodo responder como si fuera la opinión aislada de alguien que, casualmente, no figura en la lista de afinidades… y, por tanto, puede despacharse sin mayor trámite?
La precisión importa. El 28 de abril de 2026, la Conferencia Episcopal de Costa Rica publicó la carta pastoral colectiva “La paz esté con ustedes”. Se trata de un documento colegiado, fruto del discernimiento conjunto de los obispos del país.
Por tanto, cuando el arzobispo Quirós citó —incluso textualmente—no estaba elaborando una postura propia paralela, sino haciendo presente una voz compartida y publicada.
Aquí asoma la duda inevitable: si el ministro no estaba informado de una carta pastoral- entiéndase el mensaje público de un actor social con enorme presencia- que abordaba asuntos directamente vinculados a su despacho, quizá convendría revisar con cierta urgencia los canales de comunicación de su propio ministerio; y si sí lo estaba, entonces la omisión resulta todavía más… reveladora. En ambos casos, el carácter colegiado se esfuma con facilidad y el debate se reconduce hacia una personalización que, casualmente, siempre termina simplificando lo que en realidad es bastante más complejo.
La Iglesia tiene el derecho y el deber de manifestarse. El Compendio de la Doctrina Social lo establece con claridad: “La Iglesia tiene el derecho y el deber de emitir un juicio moral, incluso sobre materias económicas y sociales, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas.” (CDSI n. 81)
Es decir, no se trata de sustituir a los políticos o a los técnicos, sino de iluminar las implicaciones humanas de sus decisiones.
En esa misma línea, el papa León XIV ha insistido recientemente en que la fe no puede reducirse a un ámbito abstracto. En palabras que condensan este llamado:
“No puede haber verdadera fe donde se tolera la injusticia; la oración que no se traduce en justicia pierde su verdad.”
Cuando una política de corte económico incide en la dignidad de las personas, en el trabajo o en la equidad social, deja de ser un asunto exclusivamente técnico. Entra en el terreno moral.
Lo que vemos no es exclusivo del contexto costarricense. Días atrás, J. D. Vance —cercano al entorno político de Donald Trump— cuestionó al Papa León XIV por pronunciarse sobre temas que cruzan teología y política, sugiriendo que se limitara a lo “moral”, mientras defendía al mismo tiempo categorías como la “guerra justa”.
El paralelismo es significativo: se acepta la voz moral… siempre que no se traduzca en consecuencias concretas.
Volviendo al caso nacional, la cuestión sigue abierta: Si el arzobispo está citando un documento colegiado, ¿se está considerando adecuadamente ese contexto al responder? ¿Se trata de un simple desfase en la comunicación? ¿O hay una incomodidad más profunda cuando la Iglesia desciende del plano general al concreto?
Y aún más: si se cuestiona la intervención de la Iglesia Católica en asuntos públicos, ¿se aplica ese mismo rasero a todos los actores religiosos por igual… o hay objeciones que aparecen con una selectividad bastante oportuna?
Aquí ya no estamos ante un simple matiz, sino ante una cuestión de fondo. El país necesita un debate serio sobre su política comercial, pero ese debate pierde calidad cuando no se reconoce con precisión el derecho a manifestarse… y desde qué lugar se hace.
A diferencia de otros sectores religiosos en Costa Rica, la Iglesia no interviene como actor técnico ni como grupo de presión política. Interviene desde una responsabilidad moral que, precisamente, le impide guardar silencio frente a estructuras que pueden derivar en injusticia.
Al final, el debate no será ni técnico ni retórico, sino profundamente humano. Y es precisamente ahí donde los criterios dejan de ser abstractos, pues, como recuerda el Evangelio, el juicio no se juega en discursos, sino en realidades concretas: “Tuve hambre y me diste de comer…” (Mt 25,35).
