Ir al contenido principal

Etiqueta: dignidad humana

Presentan recurso de amparo por el trato a personas privadas de libertad trasladadas al Centro de Alta Contención y llaman a sumarse como coadyuvantes

Escrito en . Publicado en Derechos.

José Manuel Ortiz Durman y Mario Piedra Montalbán presentan ante la Sala Constitucional un recurso de amparo a favor de las personas privadas de libertad trasladadas el lunes 26 de octubre al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, y de las que sean trasladadas en el futuro. El recurso se dirige contra la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, y el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi Calvo.

Las personas interesadas en apoyar el recurso pueden firmar una solicitud de coadyuvancia.

Los hechos que se alegan

Según el recurso, que cita información de distintos medios de noticias:

  • un grupo considerable de personas privadas de libertad fue trasladado a las nuevas instalaciones;

  • “presumiblemente en contra de su voluntad expresa”, las raparon antes de ingresar;

  • las obligaron a sentarse con las piernas abiertas y las manos entrecruzadas sobre la cabeza, “en posición de absoluta sumisión”, y las fotografiaron, “presumiblemente sin su consentimiento”;

  • en las imágenes aparecen con pantalones cortos y camisas anaranjadas, “emulando la vestimenta utilizada por el sistema carcelario de los Estados Unidos de América”. Según el recurso, las posiciones simulan el trato que da a sus privados de libertad el sistema carcelario salvadoreño de Nayib Bukele.

Los recurrentes afirman además que, según tienen entendido, los traslados se hicieron sin conocimiento del Instituto de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz ni del juez de ejecución de la pena correspondiente.

Fundamentos

El recurso se apoya en los artículos 40 y 33 de la Constitución Política: el primero prohíbe los tratamientos crueles o degradantes y el segundo, la discriminación contraria a la dignidad humana. Cita además varios instrumentos internacionales:

  • la Declaración Universal de Derechos Humanos;

  • el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

  • la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

  • la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

  • la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;

  • la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

  • las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Los recurrentes sostienen que se trata de una “exhibición inhumana, obscena, con intención degradante y cruel” de un grupo de costarricenses, sin norma legal que la ampare. “¿Cuál es el beneficio real que se obtiene a través de estas formas represivas? ¿Cuál es su utilidad práctica?”, preguntan. Agregan que, “salvo por un perverso revanchismo irracional, no parece ser que exista beneficio, recompensa o compensación alguna” para las víctimas de los delitos.

Lo que se solicita

El recurso pide a la Sala Constitucional:

  • que lo declare con lugar por violación de los derechos a la dignidad humana y la integridad personal;

  • que ordene medidas para hacer cesar las actuaciones lesivas y restablecer los derechos de las personas amparadas;

  • que dicte medidas provisionales y exija un plan de cumplimiento con plazos y mecanismos de verificación;

  • que prevenga a las autoridades de no reiterar esas conductas;

  • que condene al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, conforme al artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Cómo sumarse

Quienes deseen apoyar el recurso como coadyuvantes deben copiar e imprimir el formulario, completarlo con su nombre y número de cédula, firmarlo, escanearlo y enviarlo a José Manuel Ortiz Durman, al correo-e ortizescribano@gmail.com o bien por WhatsApp al número 7206-3054.

Formulario de coadyuvancia:

EL (LA) suscrito (a), _______, CIUDADAN_ COSTARRICENSE, portador de cédula de identidad número ____, en este acto suscribo y adhiero los términos establecidos en RECURSO DE AMPARO, y por tanto me apersono como coadyuvante en ese proceso, presentado ante la SALA CONSTITUCIONAL contra la PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ y EL DIRECTOR DE LA POLICÍA PENITENCIARIA por entre otros, los señores JOSÉ MANUEL ORTIZ DURMAN y MARIO PIEDRA MONTALBÁN por sus actuaciones en torno al traslado de privados de libertad al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado el día lunes 26 de octubre del año 2026. Para notificaciones señalo el correo electrónico ortizescribano@gmail.com

Quemando cuerpos en la frontera

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

No es suficiente con triturar vidas y hacerlas desaparecer hasta la nada.

No basta con detener personas por sus rasgos, su idioma, su origen y encerrarlas en unas cámaras tan frías que el lenguaje popular, o sea, el de todos los migrantes juntos (al decir del poeta chiapaneco Balam Rodrigo) las llama “las hieleras”.

No les incomoda descartar seres humanos en países distantes a los que les llaman “terceros países seguros”. Costa Rica, uno de ellos.

No.

Los métodos de disuasión para “limpiar” la frontera México-Estados Unidos de seres humanos han ido escalando en su precisión quirúrgica contra la migración irregular, a la que se acusa de amenaza, terrorista, indeseable.

Las narrativas se corresponden con las prácticas y aparecen entonces acciones impensadas contra la dignidad humana.

Como si la afrenta de la política migratoria y de gobiernos aliados como el de Costa Rica no fuera ya suficiente, esta semana que termina se conoció una nueva herramienta por aplicarse directamente contra los cuerpos de los migrantes que buscan cruzar la frontera.

Se denomina Sistema de Denegación Activa (Active Denial System o ADS), pero se aclara de inmediato que es un dispositivo no letal.

Consiste en la emisión “de un haz invisible de ondas electromagnéticas con un alcance de hasta 800 metros. Al tocar la piel humana, genera una intensa sensación de quemazón —comparada con abrir un horno caliente— que dura de 10 a 15 minutos y provoca un impulso instintivo de huida”. (Tomado de la página web de CNN en español).

Está pensada para dispersar conglomerados y cruces migratorios irregulares y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido autorizado por el Pentágono para su operación.

La historia de la humanidad está colmada de estas prácticas contra la vida, la dignidad y los cuerpos de los otros y las otras.

Lo que debemos preguntarnos a esta vergonzosa hora civilizatoria es si resultan suficientes la indignación, el amor y la ternura como actos revolucionarios para contrarrestar el odio y la barbarie.

Prefiero pensar que sí. Y a eso voy.

Acoso sexual en la política: una herida que no cicatriza

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Instituto Sindical de Formación Democrática

La noticia que circula en redes sociales y medios señala que el diputado Fernando Obaldía, electo por la provincia de Alajuela, ha sido acusado por su secretaria de acoso y abuso sexual. El origen de la información proviene de medios digitales y testimonios difundidos en plataformas sociales, y su evolución ha mostrado un proceso de denuncia pública que aún está en curso, con la expectativa de que las autoridades competentes investiguen y determinen responsabilidades.

Lo lamentable es que no es la primera vez que un representante popular enfrenta acusaciones de esta naturaleza. La política costarricense ya ha visto casos similares, y cada nuevo episodio erosiona la confianza ciudadana y deja en evidencia liderazgos como el de Fabricio Alvarado, que se presentan como guardianes de valores religiosos y familiares, pero que terminan expuestos ante la contradicción entre discurso y práctica.

La pregunta que debemos hacernos es si se trata de un caso aislado o de un patrón que se generaliza en el comportamiento de los llamados “Padres de la Patria”. Porque detrás de cada denuncia hay una trabajadora, una mujer que enfrenta la disparidad de poder, el miedo a las represalias y la dificultad de probar lo ocurrido en un entorno institucional que muchas veces protege al agresor.

La sociedad también debe mirarse en este espejo: ¿valoramos realmente la gravedad de estos delitos, o hemos banalizado la agresión sexual al punto de tolerarla en quienes elegimos como representantes? No olvidemos que todos ellos llegaron al poder con votos de alajuelenses, religiosos y hasta con aspiraciones presidenciales.

El Instituto Sindical de Formación Democrática reafirma que el acoso y el abuso sexual no son simples faltas morales, sino delitos que vulneran la dignidad humana y la igualdad en el trabajo. Reconocemos el valor de las mujeres que denuncian, porque su voz rompe el silencio y abre la posibilidad de transformar estructuras de impunidad.

La política debe ser un espacio de servicio y dignidad, no de violencia y sometimiento. Cada denuncia nos recuerda que la lucha por la justicia social también pasa por erradicar el acoso en todas sus formas.

Desde una discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

María de los Ángeles Chacón Eduarte
Persona con discapacidad física
Heredia, Costa Rica
mchaconedu1973@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-6079-4214

Este artículo lo hice principalmente para analizar esa consigna que ha construido la sociedad para las personas con discapacidad: “sé fuerte, lucha, tú puedes”, principalmente cuando esta versión viene con un lado oscuro de doble moral, es decir, cuando su único objetivo es trasladar toda la responsabilidad a la persona con discapacidad, bajo un estigma psicológico de que si no lo logras es porque no quieres.

Porque en el fondo de esa consigna están las mismas estructuras sociales que precisamente deberían proporcionar oportunidades, herramientas y apoyo. Qué diferente sería pensar en que la condición no nos debe detener pero también hacer un planteamiento serio respecto a cómo puede avanzar realmente una persona con discapacidad.

Actualmente existe una verdadera contradicción y la sociedad ha creado un discurso que se vende como pan caliente: Las limitaciones solo están en tu mente, esfuérzate un poquito más; inclusive se afianzan en conceptos como la resiliencia o la procrastinación, pero haciendo una aplicación equivocada de dichos términos.

Para empezar primero se requieren facilidades de empleo inclusivo, pasar del estribillo a la realidad, posteriormente en el ambiente laboral se requieren las adaptaciones sin esperar a que la persona con discapacidad ocupe el puesto de trabajo para empezar con los primeros atisbos de cambiar la infraestructura a paso lento y descuidado.

Además, se deben establecer horarios y jornadas que se adapten a la diversidad en materia de discapacidad. Es decir, no solo es cumplir con un porcentaje de mano de obra contratada sino crear los horarios como parte del proceso de inserción, inclusive que se implemente el teletrabajo para esta población en los puestos donde se puede adaptar.

Se requieren oportunidades reales, porque es muy fácil reclutar personas con discapacidad bajo el eslogan inclusivo pero la mayoría de las veces es la persona con discapacidad la que se debe adaptar a jornadas extenuantes en espacios que no tienen adaptaciones básicas y este tipo de mal llamadas oportunidades laborales más bien van en detrimento de la salud de la persona y por ende originan un desgaste físico acelerado donde la persona con discapacidad tiene que exceder el límite de sus fuerzas y capacidad solo por demostrar que puede y que encaja a la perfección en el ciclo de perenne productividad.

Porque el exceso de buena voluntad y el esfuerzo físico que hay detrás de esa mal llamada inclusión no disfrazan el dolor crónico ni la fatiga e incomodidad que ocasiona un puesto de trabajo que no se adapte a la persona en términos ergonómicos y de jornada, aunque el mensaje sea “debes esforzarte y seguir adelante”.

Pero el problema no está en el esfuerzo ni en el desgaste: está cuando el tiempo le pase la factura, por no contar con las herramientas y el soporte adecuado por falta de comprensión y de empatía.

Si a lo anterior se le agrega la frustración y la sensación de fracaso y culpa que experimenta esta población, como si estuviéramos obligados a caer en una especie de resignación o conformismo porque la sociedad está abriendo oportunidades laborales que no son realmente inclusivas sino únicamente para cumplir con la cuota de participación o tener un slogan de empresa inclusiva, pero la realidad es que la persona con discapacidad es quien debe ingresar a esas supuestas oportunidades como si estuviera obligado a cargar el mundo en sus hombros para aprovechar la gran oportunidad.

Por supuesto que las personas con discapacidad requieren del apoyo de la sociedad y no solo de la familia porque se necesita una transformación de las condiciones que requiere inversión, pero el problema es cuando esa transformación se mide como un gasto innecesario.

En una sociedad donde las oportunidades y el sistema de reclutamiento se enfoca en contratar personas jóvenes por un aspecto meramente de eficiencia productiva o cuando las becas son estratificadas para personas en pobreza básica o extrema, la persona con discapacidad que además está desempleada y que vive de lo que la familia le pueda ofrecer en muchos casos no calza dentro de esos parámetros o filtros, es cuando queda en evidencia un esquema social de ayudas inalcanzable para muchos.

El mensaje actual es que las personas con discapacidad deben superar per se su propia discapacidad, para luego subir al pódium y ser merecedores de admiración y respeto, como si estuviéramos llamados a lo imposible: sin ayuda, sin recursos, con capacidades menguadas y sin redes de apoyo. En ese paradigma quedamos en una desventaja de supuesta superación donde más bien el lema parece “nosotros contra el mundo”.

“Somos inclusivos” se ha convertido en el estribillo de toda empresa, un eslogan que adorna pero que constituye en la mayoría en una verdadera simulación, pero no basta con que una persona con discapacidad se le solicite que cumpla con su tarea si no se le dan las formas y los medios para lograrlo.

Seguimos viviendo en un paradigma social que pretende encubrir una realidad extremadamente diversa y compleja mientras recetan: esfuérzate, trabaja como puedas, emprende y así puedes salir adelante, que nosotros como sociedad nos lavamos las manos. Esa receta es demasiado cómoda para muchos. Es muy fácil decirlo pero no lo es para el que soporta el dolor, el que no puede continuar de pie por espacios prolongados, para el que sufre desplazamientos tortuosos y el que ve su energía consumirse en una jornada laboral extenuante y fuera de proporción con su condición. No basta con proponérselo; hay un profundo desconocimiento sobre la discapacidad y sobre el hecho de que no somos un grupo homogéneo. Una persona ciega no enfrenta las mismas barreras que una persona sorda, ni una persona con amputación enfrenta las mismas que alguien con discapacidad cognitiva o adquirida tras un accidente y sus secuelas, tomando en cuenta inclusive el proceso psicológico y emocional para aceptar su nueva realidad. Vivimos en una sociedad que solo se mide por productividad y por ende mide a las personas por su rendimiento, obligándonos a una competencia constante de supervivencia donde mostrar debilidad parece un pecado.

Ahora promueven el emprendimiento como una varita mágica, pero ¿de dónde saca una persona con discapacidad recursos para invertir, comprar materiales, asumir pérdidas, conocer el mercado, administrarse y competir en igualdad de condiciones si la mayoría vive con recursos limitados y barreras de salud, movilidad y transporte? Aunque muchas personas emprenden de forma admirable, no es una receta estándar ni una panacea para todos los tipos de discapacidad, ni debe verse como una excusa para que el Estado no haga su parte.

Existe también la contradicción de que, para recibir ayuda económica de las instituciones del Estado, se exige calificar por pobreza básica o extrema pero no por la discapacidad misma. Una persona puede necesitar apoyo por las barreras específicas de su condición, independientemente de los parámetros económicos con los que un sistema determina quién “merece” ayuda. No podemos meter a todos en el mismo saco, porque una única solución no sirve ni aplica para todos. El problema es que se ha construido un modelo donde solo encajas si trabajas y consumes al ritmo habitual. Si necesitas más tiempo, adaptaciones o asistencia, el sistema empieza a preguntarse cuánto cuestas. ¿Desde cuándo la integridad y la dignidad entran en ese esquema tan fuera de proporción con la realidad?

Se requiere igualdad de oportunidades para todos. Es una vergüenza y un exceso de trámites que no llega a ningún lado cuando una persona tiene que pasar de institución en institución justificando permanentemente su condición para mendigar sus derechos en un sistema que dice ser accesible pero que solo ayuda al que está en condición de pobreza extrema, cuando la cara de la discapacidad tiene muchos rostros.

Los Estados deben avanzar hacia sistemas de apoyo que consideren las necesidades derivadas de la discapacidad directamente pero no solo con una mal llamada intermediación laboral, sino con políticas económicas, laborales y de salud creadas por y para las personas con discapacidad.

Por otra parte, se requiere también protección integral para aquellas personas de esta población que definitivamente no pueden incorporarse al mercado laboral, porque sencillamente no tienen movilidad, están postrados en una cama o no tienen las capacidades cognitivas básicas para ocupar un puesto, pero se sigue midiendo por pobreza extrema o básica y no queda nada para ese sector ya olvidado donde las familias deben hacer todo tipo de austeridad y privación económica para sacar adelante a este ser humano que es digno de ayuda y apoyo.

Políticas diferenciadas que reconozcan que la discapacidad no es uniforme, superando las meras campañas publicitarias y los eslogan que componen esa mentira de una sociedad inclusiva. No se puede seguir viendo a las personas con discapacidad de forma despectiva o como si fueran un peso para el Estado. Urge atención médica diferenciada e inclusiva, transporte adaptado, rehabilitación, las terapias y por supuesto contar con tecnología asistida tanto en los ambientes laborales como en los ambientes educativos porque no basta con permitir la matrícula si las condiciones para permanecer, desplazarse, acceder a materiales o realizar evaluaciones adaptadas hacen que avanzar sea lento, costoso y agotador tanto para el estudiante en situación de discapacidad como para el docente.

La persona con discapacidad no pide medallas, ni que nos admiren o quieran vernos como héroes. Queremos cosas sencillas y fundamentales: estudiar, trabajar, tener dinero propio, salir, sentirnos bien, decidir sobre nuestra vida, pedir una adaptación sin sentir que incomodamos y que nos miren como personas antes que como una molestia. Esta es una interpelación a la sociedad: ¿qué pasa con quien quiere participar pero necesita hacerlo a otro ritmo y con otros apoyos? Quizá el modelo social actual es demasiado estrecho para las personas con discapacidad pero no tenemos por qué menguar nuestra propia existencia para adaptarnos y quedar bien con todo el mundo, tampoco pedimos que hagan todo por nosotros, sino que no nos dejen solos frente a barreras y estigmas que solo la misma sociedad puede remover.

Una persona puede ser fuerte y necesitar ayuda al mismo tiempo, ser inteligente y requerir una adaptación, o ser independiente y necesitar asistencia. Eso se llama humanidad. No necesitamos que nos admiren por sobrevivir a las barreras; necesitamos que esas barreras dejen de existir. Es hora de acabar con el circo mediático y la inclusión performativa que celebra la inclusión en fotos pero que excluye a la persona con discapacidad de la vida cotidiana.

Finalmente, hay que recordar que la discapacidad no es una realidad ajena: un accidente o una enfermedad pueden cambiar la vida de cualquiera en un instante. Esa certeza debería generar una empatía elemental: saber que, independientemente de la condición productiva o física, cada ser humano posee exactamente el mismo valor inherente: dignidad. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si solo hay espacio para quienes pueden mantenerse fuertes, jóvenes, saludables y productivos? Hagamos eco de esta frase “No dejemos a nadie atrás” que ha servido como base durante mucho tiempo para esta población; no debe quedarse solamente en un eslogan. Entonces, construyamos un entorno donde todos podamos vivir con verdadera dignidad!

La dignidad humana frente a la politización de la ayuda y el derecho internacional

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alejandro Machado García

Alejandro Machado García
Consultor
Gestor de desarrollo, género y migraciones

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque no nació como un tratado internacional jurídicamente vinculante en sentido estricto, se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales del orden internacional. Su amplia aceptación, la práctica sostenida de los Estados y su influencia en tratados, constituciones y decisiones judiciales han contribuido a que numerosos principios contenidos en ella sean reconocidos como normas de derecho internacional consuetudinario. Su importancia no es únicamente jurídica: también representa un compromiso político y ético con la protección de la dignidad humana.

En ese marco, el derecho internacional, la protección de los derechos humanos y la asistencia humanitaria cumplen una función esencial: responder a las situaciones que colocan a personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, ya sea de manera temporal o permanente. Conflictos armados, desastres naturales, desplazamientos forzados, crisis económicas y persecuciones políticas pueden destruir las condiciones mínimas para una vida digna. Frente a esas realidades, la cooperación internacional procura proteger a las personas, aliviar el sufrimiento y garantizar que nadie quede excluido por su nacionalidad, situación migratoria, género, raza, religión, condición económica u opinión política.

La construcción de este marco internacional fue el resultado de un proceso doloroso. Las dos guerras mundiales demostraron el costo de dejar las relaciones entre los Estados sometidas exclusivamente a la lógica de la fuerza, los intereses geopolíticos y la capacidad militar. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, provocó aproximadamente 20 millones de muertes. La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, dejó entre 70 y 85 millones de personas fallecidas. A ello se suma el Holocausto nazi, durante el cual fueron asesinados seis millones de judíos, además de millones de personas pertenecientes a otras minorías perseguidas.

Pero las violaciones a la dignidad humana no se limitaron a los escenarios bélicos. Durante décadas, el trabajo careció de una regulación internacional adecuada; en fábricas textiles y minas de Europa y América eran habituales jornadas de entre 14 y 16 horas. Persistían la servidumbre por deudas, la explotación infantil y diversas formas de discriminación. Las mujeres no podían votar en numerosos países ni ejercer plenamente derechos económicos básicos, como abrir una cuenta bancaria o administrar sus bienes. La creación del Sistema de Naciones Unidas y el desarrollo progresivo del derecho internacional respondieron, precisamente, a la necesidad de sustituir la imposición por reglas comunes, cooperación y responsabilidad compartida.

De esa historia surge una premisa sencilla, pero fundamental: los derechos protegen a las personas por el hecho de ser humanas, no por su riqueza, su nacionalidad, su cercanía con un gobierno o su afiliación política. La dignidad no se compra, no se vende y tampoco se obtiene como recompensa por mérito económico. No pertenece exclusivamente a quienes se ubican a la izquierda o a la derecha, ni depende de la aprobación de un partido o de un gobierno. Es inherente a toda persona.

Por eso deben observarse con preocupación las narrativas que pretenden convertir la asistencia humanitaria en una concesión política. La ayuda no puede depender de la afinidad ideológica, de relaciones de compadrazgo ni de la conveniencia coyuntural de los gobiernos. Tampoco debería utilizarse como instrumento de presión, castigo o legitimación política. Los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia establecen que la acción humanitaria debe responder a las necesidades de las poblaciones afectadas y mantener autonomía frente a objetivos políticos, económicos o militares.

La asistencia humanitaria comprende mucho más que la entrega de alimentos, medicinas o refugio. Incluye acciones de protección y promoción de derechos en contextos de emergencia, de acuerdo con la naturaleza de la crisis y las condiciones de las comunidades afectadas. Su propósito es salvar vidas, aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad.

Las narrativas de odio y polarización, nos invitan a preguntarnos: ¿Se defenderán los principios universales incluso cuando hacerlo implique costos políticos, o se optará por callar para sobrevivir frente a gobiernos poderosos? La línea entre la prudencia diplomática y la complicidad puede volverse peligrosamente delgada. El temor a represalias, a la expulsión de organismos o a la restricción del acceso humanitario no debería conducir a la renuncia de las responsabilidades internacionales, nos invita a ser valientes.

Existe un intento evidente por debilitar la confianza en el Sistema de Naciones Unidas, en el derecho internacional y en las respuestas humanitarias. Precisamente por eso es necesario señalar los incumplimientos con claridad y coherencia. Si la comunidad internacional denuncia la selectividad y la desigualdad de poder, pero guarda silencio cuando las violaciones son cometidas por gobiernos aliados o económicamente influyentes, termina atrapada en una contradicción: el sistema que debía limitar la arbitrariedad acaba otorgándole la razón al poder político y económico, y restándose credibilidad frente a la gente.

Defender la dignidad humana exige aplicar los mismos principios a todas las personas y en todos los contextos. De lo contrario, los derechos dejan de ser universales y se convierten en privilegios administrados por quienes tienen mayor poder. La asistencia humanitaria, el derecho internacional y la cooperación solo conservarán su legitimidad si permanecen al servicio de las personas, no de los gobiernos.

«No tengamos miedo de hablar”: Óscar Aguilar Bulgarelli vincula la doctrina social cristiana con la crítica a la “dictadura fascista”

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Óscar Aguilar Bulgarelli reivindica principios de justicia social y advierte sobre riesgos para la libertad y la democracia. El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un nuevo video en el que propone reflexionar sobre seis principios vinculados con los derechos humanos, el bien común, el papel del poder público, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y el trabajo.

Aguilar Bulgarelli invita a las personas a valorar si están de acuerdo con esos planteamientos.

Derechos humanos y dignidad

El primer principio presentado por el historiador afirma que los derechos humanos son inviolables porque son inherentes a la persona y a su dignidad. Por esa razón, señala, deben entenderse como universales e inviolables.

A partir de este punto, Aguilar Bulgarelli plantea que el reconocimiento de la dignidad humana debe constituir un fundamento esencial de la vida social y política.

El bien común frente al egoísmo

El segundo principio se refiere al bien común. El analista sostiene que este exige salir del pequeño mundo de los intereses propios y comprometerse, dentro de las posibilidades de cada persona, con el bienestar colectivo.

Según expone, no es suficiente buscar únicamente el progreso individual y asumir que ello beneficiará automáticamente al conjunto de la sociedad. Considera que desentenderse de las necesidades de las demás personas constituye una forma de egoísmo.

Para Aguilar Bulgarelli, el bien común y la promoción de la vida deben entenderse como valores no negociables.

El poder público y la protección de las personas más débiles

El tercer planteamiento se relaciona con el papel del poder público. Aguilar Bulgarelli sostiene que este tiene la tarea de armonizar con justicia los distintos intereses presentes en la sociedad y buscar un equilibrio entre los bienes particulares y los bienes colectivos.

Agrega que esa responsabilidad debe ejercerse sin dejar atrás a las personas más débiles.

Los bienes de la tierra y su destino universal

Otro de los principios expuestos señala que los bienes de la tierra han sido dados a toda la familia humana para sostener la vida de las generaciones presentes y futuras.

Aguilar Bulgarelli reconoce el derecho a la propiedad privada, pero afirma que este debe estar subordinado al destino universal de los bienes.

Desde esta perspectiva, plantea que toda persona tiene un derecho originario al uso de los recursos necesarios para la vida y que la propiedad no puede entenderse al margen de su función social.

Subsidiariedad, ciudadanía y solidaridad

El historiador también se refiere al principio de subsidiariedad. Explica que ni las personas ni las familias deben ser absorbidas por el Estado y que deben poder actuar libremente, en la medida de lo posible, sin causar daño al bien común.

A su juicio, este principio requiere un estilo de corresponsabilidad en el cual el Estado valore la iniciativa ciudadana y la sociedad civil sea capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común.

Aguilar Bulgarelli vincula esta idea directamente con la solidaridad.

El trabajo como expresión de dignidad

El último de los principios presentados se refiere al trabajo. El analista sostiene que este no debe verse como un simple instrumento, sino como una actividad que expresa y acrecienta la dignidad humana.

Advierte que esta preocupación cobra mayor importancia en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, debido a que la innovación suele utilizarse principalmente para reducir costos y aumentar beneficios.

Según afirma, esta dinámica ya está produciendo nuevas formas de precariedad y desigualdad en numerosos sectores.

“Bienvenidos a la izquierda”

Después de exponer los seis principios, Aguilar Bulgarelli pregunta a las personas si están de acuerdo con ellos y, suponiendo una respuesta afirmativa, les dice: “bienvenidos a la izquierda”.

Inmediatamente aclara que los principios mencionados forman parte de lo que identifica como doctrina social cristiana y sostiene que, cuando ideas semejantes se expresan fuera de ese marco, algunas personas reaccionan calificándolas de comunistas.

El historiador critica lo que considera una falta de conocimiento sobre la tradición social cristiana y afirma que los principios de justicia social, trabajo, bien común, solidaridad y uso de los recursos naturales forman parte de esa doctrina.

Asimismo, cuestiona a quienes se definen como socialcristianos, pero, según su criterio, se han acercado a posiciones conservadoras o al “capitalismo salvaje”.

Una defensa de la libertad de pensamiento

Aguilar Bulgarelli sostiene que uno de los mayores peligros de la sociedad actual es tener miedo de decir las cosas.

Como ejemplo, relata que observó una publicación educativa para noveno año en la que el concepto de liderazgo aparecía acompañado por una fotografía del ministro Rodrigo Chaves.

El historiador cuestiona esa selección y afirma que existen otras figuras históricas nacionales que podrían haberse utilizado para representar el liderazgo.

A partir de ese ejemplo, advierte sobre lo que considera señales preocupantes para la democracia y califica la situación como propia de una “dictadura fascista”.

También critica lo que describe como restricciones para que el profesorado hable libremente y sostiene que algunos medios de difusión han ido cayendo bajo la influencia del poder político.

Justicia social, solidaridad y distribución de la riqueza

En la parte final de su intervención, Aguilar Bulgarelli reafirma que las ideas expuestas corresponden, según su lectura, a principios socialcristianos.

Menciona el derecho al trabajo, el bien común, la solidaridad y la obligación de superar el egoísmo para compartir los bienes disponibles.

Sostiene que el trabajo no debe convertirse en una fuente de explotación, sino en un medio para compartir la riqueza.

También afirma que la empresa privada es necesaria y fundamental, pero considera que no debe servir únicamente para enriquecer a unas pocas personas, sino para contribuir a una distribución más justa de la riqueza.

Críticas al rumbo económico y político

Aguilar Bulgarelli afirma que Costa Rica atraviesa una situación de caos y menciona como preocupación un posible aumento del IVA.

Cuestiona el discurso sobre la denominada “economía jaguar” y sostiene que no ha beneficiado a la mayoría de la población, sino a sectores que, según su criterio, se han enriquecido a costa de las personas con menores recursos.

El historiador concluye invitando a no temer que estas ideas sean calificadas como izquierdistas y afirma que no se trata de una adhesión ideológica, sino de una defensa de la justicia.

Su mensaje final es una advertencia:

“Si perdemos la justicia, perdemos el país.”

Aguilar Bulgarelli cierra llamando a pensar, meditar y no dejarse engañar.

Derechos humanos, democracia y la tentación de los dobles estándares

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Las recientes declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre Nicaragua han provocado una intensa controversia política y diplomática. Al afirmar que los nicaragüenses tienen el gobierno que han elegido tener, la mandataria despertó una ola de críticas provenientes de diversos sectores políticos, académicos y de defensa de los derechos humanos. Muchas de estas críticas se han concentrado, con razón, en recordar las numerosas denuncias internacionales contra el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a los derechos humanos, persecución de opositores, restricciones a las libertades públicas y concentración del poder político.

Sin embargo, más allá de la coyuntura y de la discusión puntual sobre Nicaragua, este episodio invita a formular una pregunta más amplia y, quizás, más incómoda: ¿es posible defender los derechos humanos y la democracia desde criterios selectivos?

La fortaleza moral de los derechos humanos radica precisamente en su pretensión de universalidad. No fueron concebidos para proteger únicamente a quienes comparten nuestra ideología, nuestras simpatías políticas o nuestras alianzas geopolíticas. Su legitimidad depende de que los mismos principios sean aplicados a todos, independientemente de quién sea el responsable de su vulneración.

Nancy Fraser ha señalado que toda pretensión de justicia pierde legitimidad cuando los criterios de reconocimiento se aplican de manera desigual. Algo similar ocurre con los derechos humanos. Cuando la indignación se distribuye selectivamente, cuando algunas víctimas son visibilizadas mientras otras permanecen relegadas al silencio, la credibilidad del discurso democrático comienza a deteriorarse.

Nada de lo anterior implica desconocer la situación política de Nicaragua. Existen abundantes informes de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y mecanismos especializados que documentan graves restricciones a las libertades políticas y civiles en ese país. Ignorar esos hechos sería tan irresponsable como negarse a ver la realidad.

Sin embargo, tampoco resulta intelectualmente satisfactorio reducir una sociedad compleja a una única categoría explicativa.

Mi reciente visita a Nicaragua me dejó una impresión difícil de reconciliar con muchas de las imágenes simplificadas que suelen dominar el debate público. Lo que observé fue una sociedad donde las personas trabajan, comercian, viajan, estudian, consumen, celebran y desarrollan su vida cotidiana con una aparente normalidad. Observé nuevas obras de infraestructura, actividad económica y una población preocupada, como en cualquier otro país, por resolver los desafíos ordinarios de la vida diaria.

Reconocer esta realidad no equivale a legitimar un régimen político ni a negar las denuncias existentes. Significa, simplemente, aceptar que las sociedades son más complejas que los relatos ideológicos construidos sobre ellas.

Edgar Morin advertía que una de las principales debilidades del pensamiento contemporáneo consiste en reducir fenómenos complejos a explicaciones unidimensionales. En el caso de Nicaragua, la discusión pública parece atrapada entre dos simplificaciones igualmente problemáticas: quienes presentan al país como una distopía absoluta y quienes pretenden ignorar cualquier cuestionamiento democrático en nombre de ciertos logros materiales o sociales.

La realidad probablemente se encuentra en un terreno mucho más complejo y contradictorio.

Pero existe otro aspecto que merece atención. Lo que resulta difícil de aceptar no es la crítica a Nicaragua. Lo verdaderamente difícil de aceptar es la selectividad con la que, en ocasiones, se aplican los principios democráticos y los derechos humanos.

Quienes condenan con razón las violaciones a las libertades políticas en determinados países suelen mostrar una preocupación mucho más tenue cuando se trata de intervenciones militares, ejecuciones extrajudiciales, sanciones económicas con graves consecuencias humanitarias o violaciones al derecho internacional cometidas por actores geopolíticamente más poderosos.

No se trata de establecer competencias morales entre gobiernos ni de justificar abusos señalando los errores ajenos. Tampoco se trata de sostener que todas las situaciones son equivalentes. Se trata de algo mucho más sencillo: exigir coherencia.

La defensa de los derechos humanos pierde fuerza cuando parece depender de la ideología del gobierno cuestionado. La defensa de la democracia pierde credibilidad cuando la preocupación por las libertades públicas varía según las conveniencias políticas del momento.

Boaventura de Sousa Santos ha señalado que uno de los grandes desafíos contemporáneos consiste en construir una visión verdaderamente universal de la dignidad humana, capaz de superar las jerarquías políticas y culturales que históricamente han determinado quién merece solidaridad y quién no. Esa reflexión sigue siendo profundamente vigente.

La discusión que hoy genera Nicaragua debería servirnos para algo más que para reafirmar nuestras posiciones previas. Debería invitarnos a reflexionar sobre la consistencia de nuestros propios principios.

Porque si la democracia merece ser defendida, debe ser defendida siempre.

Y si los derechos humanos son verdaderamente universales, entonces nuestra indignación también debería serlo.

¿Por qué los Papas suelen llegar antes?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Recientemente un colega periodista me hizo una observación que merece ser pensada. Si la Iglesia suele ser percibida como una institución lenta, prudente y, a veces, excesivamente cautelosa, ¿por qué con frecuencia los Papas parecen adelantarse a debates que después terminan ocupando el centro de la discusión pública?

Ocurrió con la cuestión social en el siglo XIX, cuando León XIII publicó Rerum Novarum en medio de las tensiones provocadas por la revolución industrial. Mientras muchos observaban únicamente los conflictos laborales inmediatos, el Papa comprendió que estaba surgiendo una nueva cuestión social que marcaría buena parte del siglo siguiente.

Más recientemente ocurrió con Juan XXIII. Cuando convocó el Concilio Vaticano II en 1959, no pocos consideraron que se trataba de una iniciativa innecesaria. La Iglesia parecía estable y el mundo occidental vivía una etapa de prosperidad. Sin embargo, el Papa percibió transformaciones culturales que apenas comenzaban a manifestarse y comprendió que la Iglesia debía prepararse para dialogar con una sociedad profundamente distinta.

Ocurrió también con Pablo VI. En Populorum Progressio (1967), advirtió que el desarrollo humano no podía reducirse al crecimiento económico y alertó sobre las desigualdades entre naciones. Décadas después, la globalización, las migraciones y las persistentes brechas sociales confirmaron la vigencia de aquellas intuiciones.

Algo semejante sucedió con Juan Pablo II. Mucho antes de la caída del comunismo, percibió que los sistemas políticos que negaban la libertad humana contenían contradicciones internas que terminarían debilitándolos.

Ocurrió con la ecología integral en el pontificado de Francisco, mucho antes de que numerosos actores políticos asumieran plenamente la gravedad de la crisis ambiental. Y vuelve a ocurrir hoy con León XIV y su reflexión sobre la inteligencia artificial, la dignidad humana y el futuro de la civilización tecnológica.

La explicación más sencilla sería atribuirlo a la inteligencia excepcional de algunos pontífices o, para quienes somos creyentes, a la asistencia del Espíritu Santo. Sin embargo, esa respuesta tiene matices. Los Papas no son futurólogos ni disponen de una bola de cristal.

Quizá la explicación sea otra. Mientras gran parte de la política, de los medios de comunicación y de la vida pública está obligada a responder a la urgencia del día, los Papas suelen trabajar con horizontes mucho más amplios. Piensan en décadas; a veces, en siglos.

Mientras muchos observan los acontecimientos, los Papas suelen preguntarse por los procesos que los hacen posibles. Más que observar qué está ocurriendo hoy, se preguntan qué está ocurriendo con la persona humana. Y esa diferencia es decisiva.

Cuando una sociedad discute una nueva tecnología, normalmente se concentra en sus ventajas, riesgos o aplicaciones inmediatas. El Papa, en cambio, pregunta qué efectos tendrá sobre la libertad humana, sobre la verdad, sobre la dignidad de la persona, sobre la vida familiar o sobre la cohesión social. No comienza por la técnica. Comienza por la antropología. Por eso muchas veces parece llegar antes.

Existe además otro factor que suele pasarse por alto. La Iglesia está presente en todos los continentes, culturas y contextos sociales. Escucha simultáneamente las inquietudes de académicos, trabajadores, campesinos, empresarios, científicos, familias y comunidades pobres. Esa experiencia acumulada le permite percibir tendencias que a veces aún no son visibles para quienes observan únicamente una realidad local o nacional.

Paradójicamente, esta capacidad de anticipación convive con una realidad incómoda. Con frecuencia los Papas llegan antes que las propias estructuras. Las grandes intuiciones del magisterio pontificio suelen encontrar resistencias, cautelas excesivas o simples demoras en su recepción. Mientras los pontífices intentan leer los movimientos profundos de la historia, no pocas instancias eclesiales permanecen absorbidas por la administración cotidiana de problemas inmediatos.

No se trata de una crítica a personas concretas. Es una tensión inherente a toda institución. Quien debe gobernar una realidad compleja tiende a concentrarse en las urgencias del presente. Pero la historia demuestra que los grandes cambios culturales no anuncian su llegada con estridencia. Cuando se vuelven evidentes, normalmente ya llevan años actuando silenciosamente.

Tal vez por eso la pregunta correcta no sea por qué los Papas llegan antes. La pregunta verdaderamente inquietante es por qué nosotros llegamos después.

Quizá porque hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para reaccionar y una preocupante incapacidad para anticipar. Quizá porque resulta más fácil administrar lo urgente que comprender lo importante. Y quizá porque no abundan —ni en la sociedad ni dentro de la Iglesia— liderazgos con la profundidad intelectual y la libertad interior necesarias para leer los signos de los tiempos antes de que se conviertan en crisis.

Juan XXIII vio venir una transformación cultural. Pablo VI percibió las fracturas de un desarrollo económico sin suficiente justicia. Juan Pablo II comprendió la crisis de los sistemas que negaban la libertad. Francisco advirtió los límites de una cultura que trata a la naturaleza y a las personas como objetos descartables. Y hoy León XIV nos obliga a preguntarnos qué ocurrirá con la dignidad humana en una civilización cada vez más gobernada por algoritmos.