Skip to main content

Etiqueta: Constitución Política

Debilitar la educación no es una opción. Rectoría UCR

El pasado miércoles 15 de enero Semanario Universidad informó que el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, declaró que el aumento de un 2% para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2025 está “congelado”. Ante esta manifestaciones, es necesario recordar:

  1. El financiamiento de las Universidades Públicas está garantizado por el artículo 85 de nuestra Constitución Política, en el cual obliga a la dotación de patrimonio propio y rentas a estas instituciones para la operación y funcionamiento que requieran.
  2. Para fijar el presupuesto ordinario de las Universidades Públicas, existe un ente coordinador llamado “Comisión de Enlace”, integrado por las representaciones del Poder Ejecutivo y las Universidades, las cuales acordarán el presupuesto anual correspondiente.
  3. En caso de desacuerdo en la Comisión de Enlace mencionada, la Constitución Política establece que la aprobación del monto presupuestario para el financiamiento de las Universidades será resuelto por la Asamblea Legislativa.
  4. La Constitución además, establece que “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.”

En la negociación del año 2024 entre las Universidades Públicas y el Poder Ejecutivo, para la fijación del monto del presupuesto de las Universidades para el ejercicio del 2025, no hubo acuerdo entre las partes. Por lo anterior, la negociación pasó a la Asamblea Legislativa, donde se acordó con las Universidades Públicas un aumento del 2% del presupuesto del FEES, que entró a formar parte del presupuesto permanente de las Universidades.

Congelar el aumento del 2% al FEES, según afirma el Ministro de Hacienda, representa un perjuicio al funcionamiento y crecimiento de la Educación Superior Pública en el país. Este incremento fue aprobado siguiendo un proceso riguroso y transparente, en estricta observancia con lo establecido por la Constitución Política y la normativa vigente.

Desde la Rectoría, reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera decidida en este tema, impulsando las gestiones necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de nuestra institución y el giro oportuno de los recursos correspondientes. No permitiremos que se congele la Educación Superior. Como Comunidad Universitaria, estrechamente unida, enfrentaremos esta situación con firmeza y responsabilidad.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector Universidad de Costa Rica

Nogui Acosta enemigo de la educación pública

Comunicado del SEC

Nogui Acosta ministro de Hacienda, se pronunció esta semana por varios medios de comunicación rechazando la resolución de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el presupuesto asignado a la educación pública en el presente año 2025, por no respetar el artículo 78 de la Constitución Política que fija una asignación mínima de un 8% del PIB para la educación.

Dicho ministro anunció al país que ordenó congelar las transferencias presupuestarias aprobadas a la educación pública en 8 mociones introducidas al presupuesto 2025 por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, las que asignaron 38 mil millones de colones para financiar partidas urgentes como las becas «Avancemos», los subsidios para transporte estudiantil y el Programa de Comedores Escolares, las transferencias a las juntas de educación y a los colegios científicos así como el faltante en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), entre otras partidas omitidas por el Poder Ejecutivo al enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa.

El SEC denuncia estas acciones del ministro de Hacienda como impropias de un jerarca del Poder Ejecutivo de un Estado democrático; primero porque irrespeta el principio de supremacía constitucional. Como bien conocemos la Constitución Política representa el nivel normativo superior al cual están sujetos, no solo los jueces constitucionales, sino todas las autoridades de gobierno incluyendo al señor Nogui Acosta por más «superministro» que se crea. El congelar estas partidas autorizadas por diputadas y diputados, es una burla porque él no está por encima de la ley para irrespetar las disposiciones de la Sala Constitucional (sentencias firmes) y de la Asamblea Legislativa (leyes de la República). Es una violación sin precedentes del principio de separación de poderes, provocando un peligroso conflicto constitucional de competencias entre los poderes, de consecuencias imprevisibles para el Estado de Derecho.

El SEC denuncia la evidente intromisión del señor Nogui Acosta en asuntos que son propios de educación, suplantando una vez más la autoridad de la ministra de Educación Pública quien brilla por su ausencia.

No es el Ministerio de Hacienda la autoridad llamada a fijar el rumbo de la educación pública costarricense. Sin embargo, con total atrevimiento sobre este tema que no conoce ni le compete, pretende delinear «la ruta de la educación» para los próximos 25 años, preguntándose: «¿Cuántos niños vamos a tener en 2050? (…) ¿tiene sentido el 8% de la educación en 2050?».

Obviamente don Nogui desconoce el contenido del Informe del Estado de la Educación y las recomendaciones de organismos internacionales especializados entre ellos la UNESCO, que señalan la importancia de incrementar el financiamiento de la educación pública como medio para solventar el empobrecimiento de los conocimientos de las personas estudiantes provocado por la pandemia COVID 19 y como mecanismo idóneo para mejorar la calidad educativa.

Es el momento ideal para mejorar la asignación de recursos por estudiante y para reducir el tamaño de los grupos en el aula procurando una educación más personalizada. Los informes especializados advierten sobre el peligro de desatender las obligaciones estatales con el financiamiento educativo, lo cual podría ser motivo de retrocesos irreversibles en la calidad de vida de las personas, en la capacidad productiva del país y en la vigencia misma de los valores democráticos de la Nación. El ministro Nogui Acosta se muestra así, como un completo ignorante de la lección fundamental sobre educación que impartió el benemérito de la patria don Mauro Fernández Acuña en 1885 — hace 140 años – al dotar al país de una visión educativa de largo plazo, proporcionándole a la educación pública los mejores recursos que el país podía ofrecerle, con lo que nos heredó una Costa Rica educada, culta, democrática y emprendedora, que es orgullo nacional así como motivo de reconocimiento internacional.

El SEC solicitará el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, y de las señoras y señores diputados para establecer el conflicto constitucional de competencias que establece el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consideramos que toda la comunidad educativa, padres y madres de familia que verán afectados los servicios educativos para sus hijos, organizaciones sociales y magisteriales debemos declarar «non grato» al ministro Nogui Acosta, por considerarlo enemigo público de la educación costarricense.

SEC junto al pueblo.

La postguerra civil del 48 no fue un lecho de rosas

Por Juan Félix Montero Aguilar*

Dice Adriano Corrales Arias en su artículo “Costa Rica al borde del autoritarismo” publicado en la revista SURCOS que Costa Rica, después de la Guerra Civil del 48 “resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional”.

Agrega Corrales Arias que “aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la Asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones”.

Yo por lo menos tenía o tengo conocimiento de otra Costa Rica no tan idílica después de los hechos bélicos de 1948 del siglo pasado.

No voy a referirme a acontecimientos harto conocidos como los mártires del Codo del Diablo, el encarcelamiento de los principales dirigentes del PVP (Luis Carballo, Carlos Luis Fallas, Arnoldo Ferreto, etc.), la persecución de la labor de excombatientes, el exilio de Carmen Lyra y Manuel Mora.

Me referiré solamente a un episodio que tiene que ver con las afirmaciones de Adriano sobre la Asamblea Nacional Constituyente aprobada en noviembre de 1949.

Agradezco al historiador Gerardo Contreras, mi coterráneo de Alajuela y Turrialba, quien hace años con mucha paciencia me explicó estos acontecimientos.

Lo cierto del caso es que a esa constituyente no les fue permitido participar a los partidos que salieron derrotados en la guerra civil, así como tampoco a los sindicatos de la CTCR que fueron puestos fuera de ley.

Sin embargo, pese a todos los obstáculos, dicha constitución pudo llevar su sello gracias a terceros que fueron constituyentes, uno de ellos Celso Gamboa Rodríguez (Partido Constitucional), a quienes los dirigentes del Partido Comunista en la clandestinidad recurrieron para que en ella quedaran plasmadas las garantías sociales y el Código de Trabajo entre otras.

No fue sin embargo posible evitar que en dicha Constitución se incorporara el párrafo ll del artículo 98, mediante el cual mantuvieron fuera de ley, sin poder participar en elecciones a los militantes y simpatizantes del Partido Vanguardia Popular durante veintisiete años.

Después del 48 se abrió uno de los capítulos más oscuros de la historia patria, donde fueron conculcadas libertades individuales y colectivas y las organizaciones sociales y los partidos de izquierda se enfrentaron a un reto: luchar por recuperar la democracia.

Ni siquiera en procesos tan cruentos como lo fueron las guerras civiles de El Salvador, Guatemala o Nicaragua, la oposición beligerante fue sometida a tanta discriminación y represión como lo fue el partido comunista y los movimientos sociales que participaron en la lucha armada en Costa Rica.

Durante los años setenta del siglo pasado, el Partido Vanguardia Popular desplegó una intensa campaña dirigida a los sectores democráticos del país en la cual se recogieron miles de firmas y gestiones a nivel parlamentario lo que permitió recuperar la democracia en Costa Rica, entendida esta como el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser electos en los poderes del Estado.

*Juan Félix Montero Aguilar es profesor pensionado.

Costa Rica al borde del autoritarismo

Adriano Corrales Arias

A mediados del siglo XX la sociedad costarricense, luego de atravesar una sangrienta guerra civil (1948), resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional, misma que permitió la erección de un Estado Social de Derecho con la legislación social más avanzada de Centroamérica y, por qué no, del continente americano.

No todos estuvieron de acuerdo con aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones –previa abolición del ejército– de los años cincuenta y sesenta en salud, seguridad social, educación, vivienda, banca para el desarrollo, soberanía alimentaria, electricidad y telecomunicaciones, etc., que posicionaron al país en la vanguardia latinoamericana y consiguieron sustraerlo de la vorágine centroamericana con sus largas y cruentas guerras civiles; más bien nuestro estado colaboró en la pacificación de la región.

La democracia costarricense, entonces, se fortaleció con una institucionalidad maciza expandida por todo el territorio nacional, lo cual permitió un desarrollo sin parangón en nuestra historia, pero, sobre todo, una relativa paz social y un mejoramiento y ascenso de los sectores populares que, por vez primera, tenían acceso a buenos servicios en cuanto a salud, educación en sus tres niveles, vivienda, banca, agricultura, comercio e infraestructura pública, entre otros. De tal manera se conformó una gruesa clase media, se erradicó la pobreza extrema y se redujo la brecha social.

Claro que esa “revolución” democrática tuvo desviaciones, excesos y visos de corrupción por depredadores que se fueron enriqueciendo a la sombra del naciente estado blindados por un sistema electoral bipartidista. Lo anterior se agudizó con el inicio de la contrarreforma neoliberal de los años ochenta, en específico durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) y sus tristemente célebres planes de ajuste estructural (PAES) impuestos por el FMI y la banca internacional. Cuando se les agotó el bipartidismo –previo asalto de los partidos socialdemócrata y socialcristiano para tornarlos en maquinarias electoreras de insignia neoliberal con el objetivo de esquilmar el erario público y desmantelar –léase privatizar– el Estado Social de Derecho–, fundaron otro partido y, finalmente, como resultado de sus rencillas internas –lucha entre mafias para hacerse con el mayor trozo del pastel privatizador– acabaron trayendo a un desempleado para que les hiciera –con el descaro y el cinismo del perfecto desconocido que nunca vivió en el país– la tarea sucia de dar la estocada final a sesenta años de democracia social, pervertida, dicho está, por la avaricia de los de siempre enquistados en el aparato estatal y los nuevos ricos dispuestos a todo.

Hoy el país se debate ante la disyuntiva de salvar y fortalecer lo que resta del Estado Social de Derecho o permitir el ingreso de un autoritarismo tipo Bukele, Milei o Trump, representado por los agentes de una nueva forma de entender la política: mentir, confundir e intimidar, mientras se aplica la vieja consigna del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), cuyo objetivo es desmantelar las instituciones estratégicas –salud, educación, banca, telecomunicaciones, recursos ecológicos, infraestructura, etc.– para, finalmente, privatizarlas, mejor dicho, venderlas al mejor postor (¿ellos mismos?). Lo peor es que, con el bombardeo de la “prensa canalla” por más de cuarenta años, el empobrecimiento de la educación, la precarización laboral y el aumento galopante del desempleo y la pobreza debido a la ausencia del estado (en especial en las regiones periféricas –costas y fronteras– donde pululan el narcotráfico y ciertas formas asociadas a la legitimación de capitales) miles de costarricenses empobrecidos, agobiados y cansados de las falsas promesas y de la corrupción estatal, apoyan y aplauden la segunda opción. He allí la bomba de tiempo que nos mantiene en vilo.

Las preguntas obligadas son las siguientes: ¿tendrá nuestro país aún las reservas políticas, morales y espirituales para enfrentar la contrarreforma neoliberal liderada hoy por populistas de derecha sin escrúpulos y sin patria? ¿Podrá constituirse una verdadera alternativa a la propuesta neoliberal de acabar con un Estado Social de Derecho, exitoso –a pesar de la sangría causada por las cúpulas del bipartidismos empresarial– mismo que costó sangre, sudor y lágrimas, además del esfuerzo individual y mancomunado de cientos de compatriotas? Escuchemos las respuestas.

Primer Festival “SOMOS democracia, paz y libertad” celebró la identidad costarricense y defendió la democracia en un contexto de creciente violencia

Comunicado

San José, 16 de diciembre de 2024

Este domingo, la Plaza de la Democracia se llenó de vida, arte y cultura en la primera edición del Festival “Somos Democracia, Paz y Libertad”, un evento que celebró los valores fundacionales de Costa Rica y convocó a casi 4,000 personas durante todo el domingo en defensa de la democracia, la paz y la libertad, en medio de los retos que enfrenta el país debido al incremento de la desigualdad, la violencia y los discursos de odio.

“Recordamos con orgullo las bases de nuestra democracia, que han permitido el ascenso social de muchas personas, pero también vemos con gran preocupación la realidad que enfrenta nuestro país. Como señala el último Informe del Estado de la Nación, vivimos un debilitamiento en nuestro pacto social”, destacó la presidenta de CONARE y rectora del TEC, María Estrada Sánchez, durante la firma de la Declaratoria por la Democracia, la Paz y la Libertad, acto central del evento.

El festival ofreció una amplia gama de actividades para toda la familia: talleres de yoga, cardio dance y teatro infantil, espectáculos de fuego, pintacaritas, mercaditos de emprendimientos nacionales, bandas comunales y un espectacular cierre musical con agrupaciones reconocidas como Son de Tikizia, Malpaís y los icónicos Hicsos, quienes llenaron el escenario con su energía y música que evoca la identidad costarricense.

Malpaís, frente a un atardecer espectacular, emocionó al público con un concierto inolvidable, mientras que los Hicsos cerraron la jornada con su sello inconfundible, consolidando al festival como una celebración única de la identidad costarricense. Desde techno e indie, hasta merengue y la visita sorpresa del Chinamo de Teletica, a la Plaza de la Democracia vibró con una oferta musical para todas las edades.

El evento fue organizado por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y el grupo Pro Costa Rica, en conmemoración de los 75 años de la Constitución Política y los 76 años de la abolición del ejército. La Plaza de la Democracia fue elegida como símbolo de este compromiso ciudadano con la libertad, la paz y la justicia social.

“En este contexto de creciente violencia y polarización, el Festival Somos Democracia busca promover espacios de unidad, reflexión y acción colectiva. La firma de la Declaratoria por la Democracia es un llamado urgente a proteger nuestros valores democráticos frente a las amenazas que enfrentamos como país”, enfatizaron las organizaciones.

La ciudadanía puede unirse a este movimiento firmando la Declaratoria por la Democracia, la Paz y la Libertad y obteniendo más información sobre actividades futuras en el siguiente enlace: https://linktr.ee/Mesa.dialogo.cr

El Festival “Somos Democracia, Paz y Libertad” se proyecta como un evento anual y espera llegar en sus próximas ediciones a todas las regiones del país, consolidándose como un espacio que une a las y los costarricenses a través del arte y la cultura en defensa de nuestra democracia.

Comunidad afrocaribeña lucha por sus derechos

En una carta realizada por la Defensora Angie Cruickshank Lambert dirigida a Laura Fernández, ministra de la Presidencia con copia a Marco Vinicio Levy Virgo, se señala que organizaciones de la comunidad afrodescendiente han expresado su descontento con el accionar de la Defensoría de los Habitantes en relación con el pueblo del Caribe.

En el reclamo, se critica la falta de medidas concretas para enfrentar las violaciones a los derechos humanos de esta población. Aunque la institución ha reconocido las deudas históricas del Estado con las comunidades afrodescendientes, y organizó en 2023 un simposio internacional sobre la aceleración de sus derechos, las críticas consideran insuficientes estas acciones frente a los desafíos estructurales. 

El simposio, aunque valioso, puso en evidencia violaciones persistentes, como la falta de reconocimiento de territorios ancestrales, la necesidad de luchar contra el racismo sistémico y la discriminación, y las brechas en salud, especialmente en temas como la salud materna. Según datos del UNFPA presentados en el evento, las muertes maternas son hasta cinco veces superiores entre las mujeres afrodescendientes debido a carencias en consultas prenatales, acceso a anticonceptivos y prevención del embarazo adolescente. 

Además, se destacó que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) está por concluir sin avances significativos en derechos fundamentales como el acceso a la tierra, protegido por el Convenio 169 de la OIT. Aunque informes previos, como el de la exdefensora Montserrat Solano, identificaron la necesidad de soluciones legislativas para la problemática de tenencia de tierras en Cahuita y Puerto Viejo, la actual administración de la Defensoría no ha tomado acciones concretas al respecto, limitándose a argumentar que no puede intervenir en competencias específicas del Estado. 

Los críticos subrayan que la Defensoría tiene el deber de intervenir cuando las omisiones del Estado vulneran derechos humanos, como sucede con el derecho de consulta y autodeterminación de las comunidades afrodescendientes. A pesar de conocer estas situaciones desde hace años, la institución no ha implementado medidas efectivas para impedir la persistente violación de derechos. Esto, según las personas denunciantes, contradice su mandato legal y perpetúa las desigualdades estructurales que enfrentan las comunidades afrodescendientes en Costa Rica.

Dentro del marco del documento citado, la Defensoría de los Habitantes de la República generó una serie de recomendaciones con fundamento en el artículo 14 de la Ley N° 7319 del 17 de noviembre de 1992 y en el artículo 32 del Decreto Ejecutivo No 22266-J, siendo estas:

PRIMERA: Gestionar la selección y el pronto nombramiento de la persona que sustituya al señor Ricardo Sosa como Comisionado de Inclusión Social de la República, a efecto de que esta persona pueda dar seguimiento a las diferentes iniciativas de poblaciones vulnerables y tradicionalmente discriminadas, entre estas la población afro costarricense.

SEGUNDO: Definir la Unidad Técnica Administrativa del Poder Ejecutivo, que estará a cargo de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta y otras funciones ligadas a las consultas de los Pueblos Tribales – Población Afro Costarricense.

TERCERO: Como parte de las acciones previas a todo proceso de consulta a Pueblos Tribales, se debe definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente”. Para dichos efectos es conveniente la coordinación interinstitucional/intersectorial a partir de un peritaje bajo un abordaje integral que lo defina.

CUARTO: Una vez definida la Unidad Técnica Administrativa del Poder Ejecutivo, que estará a cargo de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta y otras funciones ligadas a las consultas de los Pueblos Tribales – Población Afro Costarricense, así como su normativa de operación, se deben ejecutar a la brevedad las acciones tendientes a la conclusión de la Consulta al pueblo Tribal Afro Costarricense a efecto de poder continuar con la delimitación de los territorios que le corresponden y otras acciones atinentes.

Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de la Ley N° 7319 el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de la Defensoría de los Habitantes, los órganos públicos deben, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la notificación de este informe final, remitir a la Defensoría de los Habitantes un informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas, en el cual deberá incluirse la siguiente información:

a.- Medidas que se adoptarán para hacer efectiva las recomendaciones.

b.- Plazo en el que se ejecutarán dichas medidas.

 c.- Funcionario encargado de su ejecución.

Le invitamos a leer el documento completo en el cual se amplían los puntos tratados por esta nota.

Imagen ilustrativa, UCR.

Recurso de Amparo por amenaza al principio de legalidad, el Estado de Derecho, y la democracia de Costa Rica

El pasado 22 de noviembre del 2024 Albino Vargas presentó un recurso de amparo para defender el derecho lesionado del principio de legalidad constitucional, y otros. Entre estos derechos están el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Artículo 193 del Código Procesal Penal, y el Articulo 29.2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Esto, debido a que el 21 de noviembre anterior, el Presidente de la República y la Ministra de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y Laura Fernandez respectivamente, firman un decreto denominado Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención, el cual modifica el vigente del 2005, y faculta a los recurridos a designar y remover a su discreción, al director, subdirector, jefe de operaciones, y jefe del cuerpo de protección presidencial de la Unidad Especial de Intervención. Asimismo, le asigna a esa unidad funciones que ya corresponden a órganos del Poder Judicial.

Esa acción del Poder Ejecutivo vulnera el principio de legalidad al generar dudas sobre si se está estableciendo una jerarquía de mando, lo cual podría contravenir normas superiores, al igual que la naturaleza de las órdenes, ya que si se estuvieran implicando actos ilegales o derechos fundamentales su cumplimiento podría constituir un delito.

También, se infringe lo dispuesto en la Constitución Política sobre la separación de poderes, intromisión en funciones, control político sobre órganos de seguridad, al igual que derechos fundamentales como las garantías individuales y abusos como el uso desproporcionado de la fuerza.

Según se indica, “La modificación grosera que vía reglamentaria (Decreto Nº 44637 MP) el Poder Ejecutivo extiende a esas atribuciones legales, riñe, confronta y lesiona el principio de reserva de ley así como el orden jerárquico de las normas, otorgando de una manera confusa, imprecisa y amplia, la facultad a la UEI, de planificar, supervisar y participar en allanamientos entre otras conductas viciadas, ajenas a la normativa legal señalada, sin establecer en el decreto cuestionado, que esas atribuciones estarían supeditadas, como en efecto lo están, bajo la dirección funcional del Ministerio Publico y las autoridades jurisdiccionales competentes; todo lo cual resulta abiertamente temerario, peligroso y contrario a la Constitución y la ley como vemos, toda vez que, en virtud de esta circunstancia, esta transgresión de la ley y la Constitución, genera un agravio que consiste, no solo en la violación per sé indicada, sino también en una transgresión al artículo 149 de la Constitución Política.”

Le invitamos a descargar y revisar la compilación de todo el proceso tramitado en la Sala Constitucional compartido por ANEP.

La Constitución Política cumplió 75 años en medio de serias amenazas

Carolina Zúñiga Castro

El 7 de noviembre se cumplieron 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el voto femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a la salud, la paz social, la educación, las garantías sociales, la jornada laboral de 8 horas, la seguridad jurídica, la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), que es de suma importancia para una sana democracia, pero sobre todo, fundó las bases de un modelo de Estado Social que le permitió a la población de nuestro país un enorme progreso y desarrollo.

Nuestra Carta Magna fue promulgada durante el período histórico conocido como la fundación de la Segunda República, en el gobierno de facto de José Figueres Ferrer, don “Pepe”, pero los avances que trajo para nuestra población están hoy amenazados de muerte, quizá como nunca antes, con el gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Intentos como el de implementar las jornadas laborales 4×3 y derribar la histórica jornada laboral de 8 horas, la venta de instituciones públicas como el BCR y el INS y ni qué decir de la conocida Ley Jaguar, sobre la cual la Sala IV, bajo el expediente 24-021741-0007-CO interpuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones, encontró vicios de constitucionalidad.

Como actora social, creyente y practicante de los valores de Justicia Social, considero que alejarse de las ideas que se integraron en la Constitución Política de 1949 es una grave amenaza a nuestro modelo de Estado Social que se alimentó de la diversidad de distintas corrientes de pensamiento durante la primera parte del Siglo XX en nuestro país y que lograron consolidar un modelo social que, a pesar de múltiples intentos para destruirlo, continúa en pie.

Si hay que avanzar hacia un nuevo modelo de Constitución, deberá ser tomando en cuenta la integración de los Derechos Humanos y la consolidación de nuestro modelo de Estado Social y no a la inversa, mientras no sea ese el camino, deberemos seguir defendiendo la actual constitución y lo que su legado histórico ha representado para el desarrollo y progreso social de los habitantes de nuestra Patria.

Intentona dictatorial

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Sobre el presupuesto general de la República, la Constitución Política establece en el artículo 177, que, «la preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo», el que «será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa» (Art. 178). Luego, el proceso continúa al interior del Congreso de la República, indicándose que, dentro de las «Atribuciones de la Asamblea Legislativa» (Art. 121, inciso 11), está la de «dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República».

Por lo anotado, pareciese un sinsentido jurídico, inconstitucional, (¡otro!), la pretensión del Chaves, a través de la diputada Cisneros, y una decena de diputados oficialistas y evangélicos, de que la Sala Constitucional, en el «día menos pensado», resuelva ordenar a los señores diputados, NO cubrir sensibles partidas presupuestarias deficitarias, en áreas fundamentales, como educación universitaria, educación básica, cultura, seguridad, infraestructura vial, Becas Avancemos, trasporte de escolares en zonas rurales, colegios científicos, tren a Paraíso, plazas para la Fiscalía y Migración, carretera a San Carlos, Editorial Costa Rica…, con parte de los dineros presupuestados para abonar a la gigantesca y creciente, deuda del Estado.

De prosperar semejante acción ante la Sala IV, matizada como «consulta», la Asamblea Legislativa, ya no podría, ejercer la suprema atribución democrática, de dictar los presupuestos, que le son sometidos para su conocimiento, por el Poder Ejecutivo, dándosele a éste, un poder cercano al que ejercen ciertas dictaduras centroamericanas. ¡Nuestro límpido cielo a veces no es tal!

El fundamento ideológico de la jornada laboral esclavista 4-3

Vladimir de la Cruz

El 31 de mayo de 1978, el Editorial del Suplemento El Industrial, publicado en el periódico La Nación afirmó entre muchas otras cosas lo siguiente: «El trabajo no es, como creen algunos, una maldición, sino la única ideología que, en cualquier sistema político, salva a un país, forja su desarrollo y le permite alcanzar elevadas metas… no admite sucedáneo… es la única arma de progreso… es un acto de liberación… es una forma de plegaria a Dios. Es una condición del hombre y nadie puede escapar de ella… Ninguna ideología puede sustituir al trabajo, duro y tesonero… Hay que encender la mística del trabajo…que no es sino sentido del tiempo… aprovechado al máximo, a plenitud… Es necesario reducir los días feriados…al mínimo, a los necesarios, para que el resto sea un poema continuo al trabajo, que es la única forma de salir del subdesarrollo”.

Desde entonces, los días feriados los han dio reduciendo, eliminando. Igualmente los han ido moviendo de sus fechas originales a celebrarse o tenerse para disfrute los viernes y los lunes.

Para el próximo año ya están moviéndolos para los lunes. Así se correrán, ya aprobados en Comisión Legislativa, debilitándoles la fecha original de su celebración, desnaturalizándoles, desnudándoles de sus ropajes festivos el viernes 11 de abril la Gran Batalla de Rivas, que la pasan al lunes 14, la del jueves 1 de mayo, día Internacional de los Trabajadores y Rendición de William Walker, que es lo que lo hace feriado desde 1858, al lunes 5 de mayo. Las fechas del viernes 25 de julio, de la Agregación o Anexión de Nicoya a Costa Rica; la del sábado 2 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles, de la Patrona Nacional; la del viernes 15 de agosto, día de la Madre; la del domingo 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente y de Fundación de la República, la diputada del gobierno, Pilar Cisneros, quiso pasarlas al lunes siguiente de esas fecha, pero no se lo aprobaron en la Asamblea Legislativa. Queda todavía la discusión en el Plenario Legislativo, donde se mueven otros intereses, así como los otros diputados, de los otros partidos, que le sirven de alfombra y felpudo al Gobierno del Jaguar.

Se puede apreciar la importancia histórica de las fechas, que se van dejando vacías en su celebración escolar y colegial, como en el plano nacional, todo bajo la mentalidad mercantilista, poco patriótica, y comercial de justificar esos trasados de fecha con la intención de favorecer el turismo nacional, según dicen, para que los costarricenses tengan la posibilidad de disfrutar de tres días seguidos de “vacación”. Los turistas extranjeros nada tienen que ver con esas fechas. Les da igual cualquier fecha que ya tienen para disfrutar sus vacaciones en Costa Rica. Ninguno de ellos está pensando ni sabiendo que les están moviendo fechas patrias y efemérides nacionales para venderles el paquete de los tres días para vacacionar. Ese es el fraude más grande con el que tratan de engañar para cambiar la celebración de las fechas en el día que les corresponden.

Efectivamente el trabajo, como ideología, en nuestro medio es una forma de dominación social, justificada cotidianamente en la prensa, la radio, la televisión; en la escuela y en el proceso educativo en general.

En el proceso religioso también se acentúa esta forma de dominación, social, cual es: trabajar, duro y tesoneramente, pero no para provecho propio, sino para beneficio del dueño de las empresas, fábricas, fincas o, plantaciones; es decir, trabajar duro para beneficio del dueño de los medios de producción que son absolutamente privados en Costa Rica.

Todo ese trabajo duro, tesonero, místico a cambio de un salario, que no corresponde, como lo sienten todos los días los costarricenses, al costo real de la vida, puesto que los salarios se mueven por escalera mientras los precios de los bienes y productos de la canasta básica viajan en ascensor, al tiempo que los salarios e ingresos básicos de las personas y trabajadores están congelados desde hace cinco años, elevándose los mismos para el próximo año al valor de una coca cola o una caja de cigarros, por mes.

Efectivamente, el trabajo es una forma de dominación social en tanto es el instrumento mediante el cual el dueño de la fuerza de trabajo (el empresario, el industrial, el terrateniente, el patrono de cualquier actividad económica) usa para enriquecerse, para producir riqueza, productos que llevan en ellos el salario del trabajador y un valor agregado que hace que los trabajadores, que producen esos productos, la mayor parte de las veces ni siquiera puedan comprar, adquirir o consumir lo que ellos mismos producen. Extraña contradicción.

Los productores directos no son dueños de lo que producen; ni siquiera lo pueden adquirir. Pero los no productores directos, los patronos, no solo son dueños del producto del trabajo de los hombres que lo producen, sino que también se enriquecen, cada vez más con ese trabajo y con ese producto.

El trabajo es la forma directa de explotación de unos, los patronos, sobre otros, los trabajadores. En este sentido el trabajo es la quinta esencia de la ideología en una sociedad como la nuestra, basada en la explotación de amplias masas de trabajadores a cambio de un mísero salario, que en el mejor de los casos apenas satisface las necesidades mínimas de subsistencia del trabajador.

Por ello también avanza en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, conservando de esa manera las 48 horas semanales que establece la Constitución Política y el Código de Trabajo, como jornadas legales y constitucionales en el país, diciendo, a la vez que los tres días que no se trabajará serán para el mayor disfrute, descanso y bienestar de la familia y de los trabajadores.

Desde el primero de noviembre hasta el 31 de enero del próximo año, inician las Sesiones Extraordinarias del Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, cuando el Poder Legislativo solo conoce para sus respectivos trámites, los proyectos de ley que el presidente y sus ministros envían a la discusión y eventual aprobación parlamentaria. En la Agenda presentada está este proyecto de ley de las jornadas de trabajo esclavista, que no han podido justificar, con pelos y señales, de cuáles empresas en particular las necesitan, cuando la tendencia internacional y europea es bajar las jornadas semanales de 48 y 40 horas a semanas de 36 y 35 horas sin disminuir los salarios.

El interés de aprobar estas jornadas en este período es para que no se queden para los meses siguientes a febrero del 2025 porque es el año preparatorio de las elecciones de febrero del 2026. En ese año, en la Asamblea Legislativa no deben discutirse temas como éste porque pueden influir en el proceso electoral, en los partidos políticos, especialmente en los que están en la Asamblea Legislativa, que por esta discusión podrían aumentar sus diputados en el 2026.

Esta forma de relación social, a través del trabajo, todos los días se justifica, se legitima, se moraliza. La explotación del trabajo asalariado se eleva a rango de distinción honorífica. Honor para el patrón que logra mayores riquezas a cuenta del trabajo asalariado.

Honor para el trabajador, que sin protestar, produce mayor riqueza a su patrón.

Honor a aquel que trabajando aún a sacrificio de días feriados ayuda a producir más riqueza, pero no para él; para su patrón.

Honor para aquellos patronos que aparentan distribuir o compartir parte de sus ganancias con sus asalariados.

El párrafo e ideas del Editorial arriba transcritas, de 1978, que sigue teniendo vigencia, son parte de ese bagaje ideológico mediante el cual cotidianamente se le hace ver al trabajador la necesidad de que debe trabajar más. Por eso están tratando de meter la jornada esclavista de las 12 horas diarias. Los diputados representantes y quienes justifican este proyecto de ley, no se esconden en su defensa para afirmar que el objetivo de esa ley de la jornada 4-3 es para bajar los costos de operación de trabajo, de lo que se les paga a los trabajadores por su trabajo, porque se homogeniza la jornada de ocho a doce horas, evitando pagar horas extras, rebajando de hecho el salario y los ingresos de los trabajadores.

Curiosamente los hechos de la vida real no les dicen lo mismo a los trabajadores: trabajan más; posiblemente producen más; dan más ganancia al patrón pero les alcanza menos el salario, el dinero.

El trabajo aquí actúa como ideología en cuanto justifica, legitima, moraliza, la explotación social, el enriquecimiento de la sociedad (de los ricos, no de los pobres); en cuanto se es más hombre en tanto más y mejor se trabaja; se está más cerca de Dios en tanto más obediente, más resignada y se trabaja de forma más sacrificada (condición supuesta para ganar el cielo). La Iglesia, especialmente la católica débilmente se ha pronunciado en este aspecto, haciéndole el juego a los esclavistas laborales del siglo XXI. Las otras iglesias, que incluso tienen representantes legislativos, están interesadas en ese proyecto por el significado económico que les puede resultar a ellas, por la cuotas obligatorias que les imponen de afiliación a los trabajadores.

Y, todavía, se pretende hacer creer que a más trabajo más rápido salimos del subdesarrollo. Si esto fuera así hace algunos años hubieran abolido los días feriados, hubieran establecido la jornada de 18 horas diarias, sin días de descanso y, por supuesto, tampoco hubieran aumentado los salarios.

Frente a esta explotación directa los trabajadores han reaccionado históricamente de distintas formas. Cuando no tenían conciencia de quién era realmente quien los explotaba, no viendo al patrón en ello, reaccionaron contra las máquinas, las destruyeron; incendiaron sus medios de producción en el campo y desarrollaron otras formas de lucha semejante. Cuando descubrieron que quien los explotaba no era la máquina ni los medios de producción en sí mismos, se organizaron para luchar contra esa explotación que organizadamente se ejercía contra ellos por parte de toda la clase capitalista; de los patrones. Así surgieron los Sindicatos y, Ligas de Obreros, como organismos de autodefensa, en el campo de las relaciones laborales, de los trabajadores, tanto a nivel nacional como internacional, porque el sistema laboral opera a nivel internacional, más en tiempos como los que vivimos de la globalización y la mayor internacionalización por los bloques económicos, los tratados de libre comercio la inserción de nuevas empresas de nuevas tecnologías en los diferentes países, especialmente donde la mano de obra sea más barata.

El país lo que trata de promoverse, con esta ley, es como un país atrayente de empresas porque se les ofrece una mano de obra barata. De allí que no sea tan casual la destrucción del aparato educativo que se mantiene por este gobierno, la expulsión de miles de estudiantes del proceso educativo, la eliminación de las becas estudiantiles, la eliminación de los comedores escolares y de los subsidios al transporte estudiantil. De la misma manera la reducción del presupuesto nacional para la educación pública y para las universidades estatales.

Esta lucha de los trabajadores se orientó desde el siglo XIX a mejorar, el salario, las condiciones de trabajo y las jornadas. En ella la huelga, los paros, los conflictos, convenciones etc., fueron parte de los instrumentos de lucha, destacándose en esto la pelea por la legislación social y laboral, lo que en Costa Ria se materializó con la gran Reforma Social en el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1943, de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, fortalecidas bajo el gobierno de José Figueres, cuando presidió la Junta de Gobierno en 1948-1949, y en los gobiernos que siguieron que ampliaron y consolidaron aquellas reformas de 1943. Hoy los partidos herederos de esas Reformas, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, han traicionado su memoria y su herencia política e histórica. Se han puesto en contra de los trabajadores modificando negativamente toda esa legislación laboral, especialmente y la legislación social por añadidura. Especialmente se ha puesto violento contra la Reforma Social el partido Unidad Social Cristiana y sus diputados, que parecen más de la guarida del Jaguar, que representantes populares, que defiendan sus derechos, los del pueblo trabajador.

Los trabajadores en su historia de lucha descubrieron que aun haciendo huelgas toda la vida, su situación de clase no iba a cambiar, aunque mejoraran sus condiciones de vida y de trabajo: seguirían siendo al fin y al cabo una clase explotada, sometida a la dictadura de clase ejercida por los patronos a través del Estado, por más libre y democrático que se llamara y por más libertades que proclamara en el papel. El presidente de la República, el Jaguar mayor de Zapote, ha acusado a esos dos partidos que han ejercido gobiernos desde 1953, que han sido antros de dictadores y tiranos al servicio de camarillas de gobierno que han ejercido sus poderes en contra el pueblo costarricense. Por ello, el Jaguar se presenta como el presidente que quiere gobernar en favor del pueblo, pero que no puede hacerlo porque esos partidos lo tienen atrapado e inmovilizado institucionalmente.

Los trabajadores en sus luchas, desde el siglo XIX hicieron surgir también las organizaciones políticas, los partidos de la clase obrera, que abrieron la perspectiva de cambiar la situación de clase explotada, llevando a la clase obrera y trabajadora al poder y aboliendo toda forma de explotación social, de tal manera «que los expropiadores (de trabajo, los patronos) fueran expropiados”. Solo así, señalaban los dirigentes políticos de la clase trabajadora, realmente se podría alcanzar una situación de justicia social, de felicidad social. Solo en esta perspectiva el trabajo sería un acto de liberación, cuando lo producido estuviera al alcance de quienes lo producen y cuando el valor de lo producido regresara a quienes lo producen en obras de beneficio social; se reinvirtiera en más y mejor educación, vivienda, salud, recreación y descanso real. La jornada esclavista que se presentó a trámite legislativo no producirá ese beneficio social, ni un mayor bienestar de vida para los trabajadores y sus familias. Esa jornada conducirá inevitablemente a debilitar la integración familiar y a la familia como fundamento de la sociedad.

La justicia social no «es fruto del trabajo» sino de la organización social del trabajo, de tal manera que en ella no haya explotación del hombre por el hombre.

La justicia social como Derecho es el resultado de la lucha de la clase obrera y trabajadora, del campo y de la ciudad, y no «una invención legal» ni una dádiva de las clases gobernantes.

La vagancia no es una forma de la lucha contra la explotación del hombre por el hombre. La lucha social, obrera y laboral conduce a eliminar a los parásitos, a los que viven de la explotación de los trabajadores a los expropiadores de trabajo, a los patronos como clase, que se aprovechan de la organización del trabajo asalariado explotado. Así fue planteado por los grandes lideres históricos de la clase trabajadora y sus luchas. Esta sí es una bandera de reivindicación social. Es una bandera para el período electoral que se avecina, desde hoy, en la Asamblea Legislativa.

De la misma manera que los empresarios, los patronos, los industriales llaman a elevar la mística del trabajo, con más trabajo concentrado diario, la clase obrera, trabajadora, del campo y de las ciudades, debe llamar a elevar la mística de la organización obrera y laboral, la organización sindical y partidaria; a elevar su nivel de lucha, de movilización, de agitación.

Si los representantes parlamentarios de los ricos dicen a trabajar los días feriados, porque les cuesta millones a su economía; que los trabajen ellos, ¿por qué los trabajadores deben aumentar más, con más trabajo, las arcas millonarias de los ricos o del Estado, que no los representa?

A la consigna de la clase gobernante de más trabajo la clase obrera y trabajadora costarricense debe oponer la de más organización, más lucha contra la explotación y contra el subdesarrollo social en que la quieren poner a vivir.

Compartido con SURCOS por el autor.