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Etiqueta: educación superior pública

Hoy hace 80 años… El SIBDI, silencioso corazón académico de la UCR

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
biodiversidadcr@gmail.com

“El trabajo del SIBDI en los últimos 80 años ha sido una de esas labores esenciales que pocas veces ocupan titulares, pero sin las cuales la vida universitaria simplemente no sería posible.”

Celebrar un aniversario del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI) es mucho más que conmemorar una fecha institucional. Es reconocer una de las estructuras silenciosas pero fundamentales que han sostenido, durante décadas, la vida académica, científica y humanista de la Universidad de Costa Rica. Detrás de innumerables tesis, investigaciones, artículos y clases ha estado siempre el trabajo constante y comprometido de las bibliotecas universitarias y de quienes las hacen posibles.

La historia del SIBDI (AUROL, 2021 y Rodríguez, 1996) refleja también la historia del crecimiento intelectual de la Universidad. Desde aquella pequeña sala inaugurada el 26 de agosto de 1946 en el antiguo edificio universitario de Barrio González Lahmann, con capacidad para apenas treinta lectores, hasta la compleja red de bibliotecas especializadas que hoy integra numerosas unidades académicas y centros de investigación, el recorrido ha sido extraordinario. La apertura de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro en 1970 marcó un hito en la consolidación de servicios modernos para la docencia y la investigación, mientras que la expansión posterior hacia bibliotecas especializadas confirmó que el acceso al conocimiento constituye uno de los pilares esenciales de la universidad pública.

Fuente: La Tribuna, 27 de agosto de 1947, p. 4. Cortesía de Marco Díaz Segura, Museo UCR. Foto coloreada y definición mejorada con ChatGPT.

Sin embargo, más allá de los edificios, colecciones y sistemas tecnológicos, la verdadera fortaleza del SIBDI ha sido siempre su gente.

Lo digo desde una experiencia profundamente personal. Como estudiante universitario desde 1974 y posteriormente como docente de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, tuve el privilegio de convivir durante décadas con funcionarios y funcionarias del SIBDI cuya calidad humana y profesional dejó una huella imborrable. Siempre encontré disposición para ayudar, paciencia ante las consultas, rigurosidad en el trabajo y un profundo compromiso con el servicio público universitario.

Quienes hemos pasado largas horas buscando referencias bibliográficas, revisando revistas científicas o intentando localizar materiales difíciles de conseguir sabemos que detrás de cada respuesta eficiente existen personas cuya labor suele permanecer invisibilizada. Muchas veces fueron precisamente los funcionarios del SIBDI quienes orientaron investigaciones, facilitaron recursos indispensables o resolvieron problemas que parecían menores, pero que resultaban cruciales para el trabajo académico cotidiano.

En tiempos donde la inmediatez digital pareciera hacernos olvidar el valor de las instituciones dedicadas al conocimiento, conviene recordar que una biblioteca universitaria no es simplemente un depósito de libros. Es un espacio de formación crítica, de democratización del acceso a la información y de construcción de ciudadanía. Y ello requiere no solo infraestructura y tecnología, sino también vocación, criterio profesional y una sólida ética de servicio.

Además, el tránsito desde las antiguas fichas catalográficas hasta los modernos sistemas automatizados ha demandado procesos permanentes de adaptación. Ese esfuerzo silencioso permitió que la Universidad mantuviera vivo y accesible su patrimonio bibliográfico y documental en medio de profundas transformaciones tecnológicas y presupuestarias.

Por todo ello, este aniversario constituye una oportunidad para expresar gratitud hacia quienes, desde los mostradores de préstamo, las salas de referencia, los procesos técnicos, la digitalización o la administración de colecciones, han contribuido durante décadas a sostener una de las funciones más nobles de la universidad pública: garantizar el acceso al conocimiento.

Felicitar al SIBDI es también reconocer una tradición universitaria profundamente ligada al pensamiento crítico, a la investigación rigurosa y al compromiso con la cultura y la educación costarricense.

En una época marcada por la desinformación y la superficialidad, el trabajo del SIBDI nos recuerda que el conocimiento serio, accesible y organizado sigue siendo indispensable para la democracia y para el futuro del país.

A todas las personas que han formado y constituyen parte del SIBDI: gracias por tantos años de entrega, profesionalismo y servicio a la comunidad universitaria y nacional. Su labor ha sido, y continúa siendo, fundamental para la Universidad de Costa Rica y para nuestro país.

Homenaje a la trayectoria: Destacan 15 años de liderazgo académico de la Dra. Sylvia Arredondo en la UNA

Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador

Con un emotivo homenaje que destacó su legado de excelencia y vocación, el Grupo de Etiqueta y Protocolo de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (GEP-UNA) celebró los 15 años de gestión de su coordinadora académica, la Doctora. Sylvia Arredondo Guevara, quien durante más de una década se ha dedicado a formar líderes.

El evento se llevó a cabo el pasado 17 de agosto en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA. La actividad reunió a estudiantes, personal administrativo, académicos y autoridades de la Escuela de Relaciones Internacionales (RI-UNA), quienes se unieron para reconocer el impacto transformador de la labor de la Dra. Arredondo.

Durante más de una década y media, su entrega ha sido fundamental para la formación integral de generaciones de universitarios, fortaleciendo sus capacidades académicas, profesionales y humanas, y consolidando la proyección del estudiantado, tanto, a nivel nacional como internacional. Para los organizadores, la perseverancia y la dedicación incondicional de esta académica representan una fuente inagotable de inspiración, compromiso y excelencia al servicio de la educación universitaria y de la sociedad costarricense.

«Un reconocimiento que me toca el corazón»

Visiblemente conmovida, la Dra. Arredondo expresó su profunda gratitud por el homenaje, el cual, según indicó, la hizo volver la mirada a 15 años de experiencias compartidas:

«Una de las mayores satisfacciones ha sido acompañar a generaciones de estudiantes de diversas regiones del país, verlos crecer, adquirir seguridad y representar con profesionalismo y excelencia a nuestra Escuela y a la UNA en espacios académicos, institucionales y diplomáticos», manifestó.

Asimismo, la Dra. Arredondo, actual Presidenta Suplente y Miembro (a) del Consejo Universitario de la UNA, aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo institucional recibido a lo largo de su trayectoria. Extendió su reconocimiento al Dr. Marco Vinicio Méndez Coto, Director de la Escuela de Relaciones Internacionales-RI-UNA, por su confianza y apoyo permanente al GEP-UNA, así como al equipo de estudiantes organizadores integrado por: Kevin Loza Mairena, Jeidelyn Mora Badilla, Axel Mora Díaz, Caleb Monge Salas, Tamara Madrigal y Beatriz Altamirano Chaves y a cada joven que ha formado parte del grupo.

«Recibo este reconocimiento con enorme gratitud y con la misma ilusión de siempre: seguir formando, acompañando y abriendo oportunidades para nuestros estudiantes», concluyó la Doctora Arredondo Guevara.

Agosto 2026

De la universidad necesaria a la universidad comercial: crítica a la pérdida del pensamiento laboral en la UNA

Frank Ulloa Royo

Introducción

El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) de la Universidad Nacional de Costa Rica fue creado en 1973 como parte de la visión de una universidad necesaria: un espacio abierto a los trabajadores, sindicatos y cooperativas, que democratizara el acceso al conocimiento y fortaleciera la organización social (Universidad Nacional, 1973). Su misión era clara: formar dirigentes obreros y sindicales, convertir la universidad en herramienta de emancipación y dotar al movimiento laboral de cuadros críticos y preparados.

Allí llegaron a estudiar, gracias a la visión de Francisco Morales y del Rector Benjamín Núñez, importantes dirigentes sindicales de todas las corrientes ideológicas, muchos de ellos sin haber completado sus estudios secundarios, pero cuya experiencia de vida fue reconocida como parte de la democratización de la educación superior. En ese espacio se creaban intelectuales orgánicos, en el mejor sentido del término, tal como lo definió Antonio Gramsci: sujetos capaces de articular la experiencia de las clases subalternas con la producción de pensamiento crítico y acción política transformadora (Gramsci, 1971).

Sin embargo, en 2010 el IESTRA fue transformado en la Escuela de Administración, un giro institucional que reflejó la presión de las corrientes neoliberales y la demanda estudiantil por títulos “comerciales” más rentables en el mercado laboral (Rodríguez, 2015). Este cambio significó la pérdida de un espacio académico para los trabajadores y la sustitución de la formación sindical por carreras administrativas que, aunque útiles en términos técnicos, resultan estériles frente a los retos de la precarización laboral y la defensa de los derechos conquistados.

El ataque ideológico y sus consecuencias

Aceptar esta transformación sin resistencia implica permitir un ataque ideológico contra los trabajadores, sus reivindicaciones y sus organizaciones. La universidad, que debía ser aliada en la defensa de la dignidad laboral, se convierte en reproductora de las lógicas neoliberales (Harvey, 2007). Aceptar y permitir el ataque ideológico contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales no es un hecho menor: significa abrir la puerta a un retroceso profundo en derechos conquistados con décadas de lucha.

En la práctica, esto se traduce en la confusión ideológica por el desconocimiento de los procesos de trabajo, y por tanto en la fácil imposición de jornadas arbitrarias sin consulta ni negociación, en el irrespeto sistemático al pago de salarios, y beneficios de estabilidad laboral y seguridad social, la eliminación de la negociación colectiva y en la normalización del hostigamiento y la violencia laboral que quedarían impunes. Implica también el incumplimiento de salarios y prestaciones, el riesgo real de que conquistas históricas como la ley de aguinaldo sean abolidas, y el debilitamiento de las protecciones específicas para las mujeres trabajadoras. En conjunto, estas consecuencias configuran un escenario de precarización y despojo que erosiona la dignidad del trabajo y amenaza la vigencia misma del Estado social de derecho.

El sindicalismo costarricense ha advertido que agotará todas las vías de presión social, administrativas y judiciales para defender la autonomía sindical y el Estado social de derecho, pero hasta ahora ha sido una posición retórica sin estrategia ni consecuencias prácticas. (Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas [CSA], 2020).

La contradicción universitaria y la calidad docente estudiantil

La Universidad Nacional de Costa Rica fue concebida como una universidad necesaria, comprometida con la democratización del conocimiento y con la formación de cuadros críticos capaces de transformar la sociedad. El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) fue su expresión más clara: un espacio que reconocía la experiencia sindical y laboral como parte legítima de la educación superior, y que buscaba formar intelectuales orgánicos en el sentido gramsciano, es decir, dirigentes capaces de articular la práctica obrera con el pensamiento crítico (Gramsci, 1971).

Sin embargo, la presión por títulos más “rentables” y la influencia de las corrientes neoliberales transformaron la oferta académica en un catálogo de carreras administrativas que poco aportan a los retos contemporáneos del trabajo precarizado y la defensa de los derechos laborales (Torres, 2018). Este desplazamiento no solo significó la pérdida de un espacio para los trabajadores, sino también un deterioro en la calidad docente y estudiantil, pues se privilegió la lógica del mercado sobre la misión social de la universidad.

Ya en los años ochenta, el autor advertía en Praxis que la calidad universitaria no podía reducirse a indicadores técnicos ni a la proliferación de carreras sin sentido histórico. Señalaba que “la responsabilidad académica en la creación de programas debía medirse por su pertinencia social y por su capacidad de responder a las necesidades del país, no por la cantidad de títulos expedidos” (Ulloa, 1989, p. 72). Esta crítica sigue vigente: la UNA corre el riesgo de convertirse en una universidad comercial, desconectada de los trabajadores y de la sociedad costarricense.

Como señala Castillo (2012), la autorreforma sindical requiere también recuperar espacios académicos que fortalezcan la capacidad crítica y la legitimidad social del movimiento. En este sentido, la calidad universitaria debe ser entendida como un concepto integral que incluye la pertinencia social, la formación ética y la capacidad crítica, y no únicamente como un estándar técnico o administrativo. La contradicción universitaria es, entonces, el reflejo de una lucha inconclusa: entre la universidad necesaria que democratiza el conocimiento y la universidad comercial que lo mercantiliza.

El movimiento sindical frente al desafío

El sindicalismo no puede aceptar pasivamente este retroceso, pues hacerlo significaría abrir la puerta a la desprotección laboral y a la pérdida de conquistas históricas que han costado décadas de lucha. Como advierte Ermida (2012), “sin pensamiento crítico, no hay sindicalismo vivo; sin sindicalismo vivo, no hay democracia real” (p. 45). La autorreforma sindical y la recuperación de espacios académicos son, por tanto, parte de una misma lucha: la defensa de la dignidad del trabajo y de la democracia social frente a la ofensiva neoliberal.

La universidad debe volver a ser un espacio de formación democrática, capaz de enfrentar la precarización, la digitalización y la fragmentación del trabajo. En este sentido, la alianza entre sindicatos y academia es indispensable para reconstruir poder colectivo y legitimidad política, tal como lo planteaba Ulloa (1989) al señalar que la calidad docente y estudiantil debía medirse por su pertinencia social y no por la mera expedición de títulos.

Hoy se trata de una lucha de resistencia por la permanencia de los sindicatos como actores centrales del mundo del trabajo, que enfrentan no solo las amenazas ideológicas, sino también los retos de los cambios tecnológicos y de la inteligencia artificial. Estos procesos, lejos de ser neutrales, tienden a eliminar puestos de trabajo, reducir salarios y favorecer modelos autoritarios de gestión laboral, generando adhesión acrítica en un mundo del trabajo cada vez más fragmentado (Harvey, 2007).

En suma, la defensa de los derechos laborales y la democratización de la universidad son luchas inseparables: ambas buscan preservar la coherencia entre discurso y práctica, entre memoria y futuro, y garantizar que el sindicalismo siga siendo un actor vivo en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Una lucha pendiente por democratizar la UNA

La transformación del IESTRA en Escuela de Administración no puede leerse únicamente como un ajuste institucional: constituye un símbolo del ataque ideológico neoliberal contra los trabajadores y contra la misión original de la Universidad Nacional como universidad necesaria. Lo que antes fue un espacio de formación sindical, cooperativa y crítica social, se convirtió en un aparato académico orientado al mercado, que privilegia la obtención de títulos sobre la construcción de pensamiento emancipador.

Este desplazamiento refleja una contradicción profunda: mientras la sociedad costarricense enfrenta precarización laboral, fragmentación social y ofensivas antisindicales, la universidad abandona su papel de aliada de los trabajadores y se acomoda a las lógicas empresariales. La consecuencia es doble: por un lado, los trabajadores pierden un espacio de formación crítica y democrática; por otro, la sociedad en su conjunto se priva de cuadros intelectuales orgánicos capaces de articular la experiencia obrera con la producción de conocimiento transformador (Gramsci, 1971).

El reto para el sindicalismo costarricense es recuperar ese espacio, exigir que la universidad vuelva a ser aliada de los trabajadores y que el pensamiento crítico regrese a las aulas. No se trata de nostalgia, sino de necesidad histórica: sin formación ética y cultural, el sindicalismo corre el riesgo de convertirse en mera defensa corporativa, incapaz de disputar narrativas y construir hegemonía social.

El verdadero diploma que necesita la sociedad no es el título vacío de administración, sino la formación ética, cultural y sindical que permita enfrentar la precarización, defender los derechos laborales y construir un país más justo.

Democratizar nuevamente la UNA significa devolverle su vocación de universidad necesaria, capaz de formar dirigentes comprometidos con la justicia social y con la dignidad del trabajo.

Referencias

 Castillo, G et al. (2012). Autorreforma sindical en las Américas. – OIT.

 Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). (2020). Conferencia sobre transformación del sindicalismo en las Américas. CSA.

 Ermida, O. (2012). Sindicatos en libertad sindical. Montevideo: Fundación Friedrich Ebert.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

 Rodríguez, J. (2015). Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Heredia: UNA.

 Torres, M. (2018). Universidad y neoliberalismo en Costa Rica. Revista de Ciencias Sociales, 160(2), 45-62.

 Ulloa Royo, F. (1989). Calidad docente y estudiantil en nuestra UNA. Praxis: revista del Departamento de Filosofía, (37‑38), 69‑80.

 Universidad Nacional. (1973). Acta de creación del Instituto de Estudios del Trabajo. Heredia: UNA.

Más allá de los indicadores: el verdadero valor de la educación superior pública

Erika Henchoz Castro, periodista

En momentos en que el debate sobre la educación superior pública suele reducirse a cifras presupuestarias, indicadores de gestión o resultados de corto plazo, conviene recordar una realidad fundamental: el mayor valor de las universidades públicas no puede medirse únicamente en números. Su verdadera contribución reside en el conocimiento que generan, las oportunidades que crean y el desarrollo que impulsan para todo el país.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación superior pública no es únicamente generar más conocimiento, formar mejores profesionales o ampliar su impacto social. El verdadero desafío consiste en lograr que ese aporte sea comprendido y valorado en toda su dimensión.

Con frecuencia, el diálogo con algunos sectores del Gobierno se concentra en acciones particulares, indicadores aislados o resultados inmediatos. Esa perspectiva, aunque necesaria para la rendición de cuentas, resulta insuficiente para apreciar la verdadera magnitud de la labor que realizan nuestras instituciones de educación superior.

Cada día, las universidades públicas forman profesionales que sostienen los servicios esenciales del país; generan investigación para responder a los problemas nacionales; impulsan la innovación; acompañan a las comunidades; fortalecen la cultura; protegen el patrimonio; promueven la sostenibilidad ambiental y contribuyen a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Estos aportes no son hechos aislados, sino la expresión de una misión permanente al servicio de la sociedad. Así fueron concebidas y así han contribuido al desarrollo nacional durante décadas.

Sin embargo, cuando el análisis se limita a algunos casos específicos o a una visión predominantemente financiera, se invisibiliza una enorme cantidad de acciones que generan bienestar, desarrollo y oportunidades para toda la población. El valor de la educación superior pública no puede medirse exclusivamente por el costo de su financiamiento, sino por el extraordinario retorno social que produce para el país.

Conviene recordar que gran parte de ese conocimiento, esos servicios y esas soluciones llegan a la sociedad gracias al compromiso institucional de las universidades públicas. Son contribuciones que se brindan con vocación de servicio, muchas veces sin una retribución equivalente a su verdadero valor económico y social.

Por ello, el llamado en los próximos meses es a construir un diálogo sustentado en una visión de Estado, capaz de reconocer que invertir en educación superior pública no constituye un gasto, sino una de las decisiones más inteligentes para asegurar el desarrollo sostenible, la competitividad, la equidad y el bienestar de las futuras generaciones.

Las universidades públicas no piden reconocimiento por complacencia. Lo que solicitan es que su labor sea evaluada en toda su dimensión, por la amplitud de su impacto y por su capacidad para transformar vidas, fortalecer las instituciones y generar oportunidades para todas las regiones del país. Porque cuando una nación comprende el verdadero valor de sus universidades, no solo fortalece su sistema educativo; fortalece también su democracia, su desarrollo y su futuro.

SiUNED: Carta abierta al Consejo Universitario, la Rectoría y la Comunidad Universitaria sobre el FEES y la rendición de cuentas institucional

Considerando:

1- Que la lucha por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) constituye un proceso estructural y prolongado, cuya resolución no será inmediata, sino que se proyecta en el mediano y largo plazo, en un contexto de restricciones fiscales y decisiones políticas que afectan el financiamiento de la educación pública.

2- Que existe una necesidad urgente de generar conciencia, organización y movilización en la comunidad universitaria —personas funcionarias, académicas y estudiantes— frente al debilitamiento progresivo del financiamiento público de la educación superior.

3- Que el Consejo Universitario, como máximo órgano de dirección política de la UNED, debe asumir un rol activo de liderazgo en la defensa de la universidad pública, su autonomía, su financiamiento y su compromiso social con el país.

4- Que otras universidades públicas han iniciado procesos de reflexión crítica y movilización académica, utilizando los espacios universitarios como escenarios de debate, formación política y construcción de posicionamientos frente al FEES.

Por tanto, solicitamos al Consejo Universitario:

1- Asumir públicamente una posición firme, clara y protagónica en defensa del financiamiento de la educación superior pública y de la autonomía universitaria, frente a los escenarios presupuestarios restrictivos planteados por el gobierno.

2- Acoger y adaptar, en el contexto de la UNED, iniciativas impulsadas por otras universidades públicas, mediante el desarrollo de acciones permanentes de discusión, reflexión y movilización, mediante un paro activo, en todos los ámbitos institucionales.

3- Declarar el período comprendido entre mayo y agosto como una etapa institucional de análisis crítico, formación política y articulación universitaria en torno al FEES, que permita:

a- Informar a la comunidad universitaria sobre el contexto y escenarios.

b- Generar espacios de debate académico, foros y asambleas informativas virtuales y presenciales en todos los territorios.

c- Fortalecer la conciencia colectiva sobre la defensa de la educación pública.

4- Instruir a las distintas instancias académicas, administrativas y estudiantiles para que promuevan activamente estos espacios, para integrarlo a la vida universitaria de forma continua y sistemática, por ejemplo, mediante la incorporación de información en los entornos estudiantiles, espacios de atención académica, actividades académicas, insumos de imagen institucional, etc.

5- Convocar a la comunidad universitaria a participar de manera activa y consciente en este proceso, entendiendo que la defensa de la universidad pública es una responsabilidad colectiva.

La coyuntura actual exige claridad política, compromiso institucional y capacidad de conducción. Dejar de actuar en este momento implicaría ceder espacios estratégicos en la defensa de la educación superior pública.

El Consejo Universitario y el Rector, quien lo preside, están llamados a ejercer un liderazgo activo, articulador y comprometido con la historia, la misión y el futuro de la UNED.

Junto a todo lo anterior, seguimos esperando la convocatoria a una espacio público y de diálogo, para conocer la realidad financiera de la institución, tal y como lo anunciaron el 26 de marzo en la sesión abierta del Consejo Universitario en el Paraninfo de la UNED, solicitud hecha en reiteradas ocasiones por el Sindicato SIUNED, ante las preocupaciones de la comunidad universitaria.

También hacemos un llamado a la Rectoría a establecer un espacio de diálogo en donde se dé a conocer a la comunidad universitaria la estrategia y criterios que lleva la UNED a la Comisión de Enlace que negocia el FEES y su relación con la defensa del financiamiento de la educación superior y de los intereses institucionales. Consideramos necesario que cualquier acuerdo sobre el FEES sea consultado con la comunidad universitaria.

¡La defensa del FEES no es un hecho coyuntural: es una lucha estructural por el derecho a la educación pública!

¡Es necesario que la comunidad universitaria se prepare de forma unitaria y clara!

Paro activo en la UNA busca fortalecer discusión sobre el FEES

La Universidad Nacional convocó a un paro activo que permitirá abrir espacios de reflexión y análisis sobre el FEES 2027, sin suspender las clases ni las labores académicas y administrativas de la institución.

La Universidad Nacional (UNA) convocó a un paro activo del 6 al 15 de mayo con el fin de abrir espacios de reflexión, información y análisis sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y el contexto actual de la educación superior pública en el país. La medida implica un cambio temporal de actividades institucionales para facilitar la participación de estudiantes y personal universitario en distintas actividades organizadas por la Rectoría y la Rectoría Adjunta.

La convocatoria surge en medio de la discusión nacional sobre el financiamiento universitario y luego de que el Poder Ejecutivo presentara ante la Comisión de Enlace una propuesta de crecimiento del 0% para el FEES 2027. Según la Rectoría, este escenario requiere que la comunidad universitaria cuente con espacios para comprender el proceso, analizar sus implicaciones y participar de manera informada.

Durante esos días se desarrollarán actividades sobre temas como los orígenes y retos del FEES, el análisis de la propuesta presentada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y la autonomía universitaria ante el contexto político nacional.

La Rectoría solicitó a decanaturas, direcciones y jefaturas facilitar la participación en las actividades mediante ajustes en procesos académicos y administrativos cuando sea necesario. Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA, destacó que este llamado busca fortalecer la participación y el análisis colectivo dentro de la institución.

“Este paro activo no significa detener la Universidad, sino abrir espacios para que la comunidad universitaria pueda informarse, reflexionar y comprender lo que está en discusión alrededor del financiamiento de la educación superior pública. El FEES tiene un impacto directo en las oportunidades de acceso, permanencia, investigación, acción sustantiva y desarrollo regional que las universidades públicas brindan al país”, indicó Herrera.

La convocatoria también establece que las actividades deberán desarrollarse bajo principios de respeto institucional, pluralidad, autonomía universitaria y formación crítica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR declara paro activo hasta julio ante incertidumbre por financiamiento universitario

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció la implementación de un período institucional extraordinario denominado “paro activo”, que se extenderá del 11 de mayo al 4 de julio de 2026, como respuesta a la situación generada tras la imposibilidad de finalizar las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 entre el Gobierno y las universidades públicas.

Según la resolución R-298-2026, la medida busca propiciar espacios de reflexión, análisis crítico y participación informada de la comunidad universitaria frente a los posibles efectos que tendría una redistribución de los recursos históricos del FEES, la cual podría afectar el funcionamiento de la UCR y el desarrollo de sus funciones sustantivas.

La Rectoría aclara que el “paro activo” no implica suspensión de labores ni constituye una huelga, sino una modalidad organizativa excepcional amparada en la autonomía universitaria. Asimismo, se enfatiza que deberán mantenerse la continuidad de la docencia, la investigación, la acción social y los servicios institucionales.

Durante este período, las unidades académicas y administrativas podrán incorporar foros, clases públicas, asambleas informativas y otras actividades relacionadas con el debate sobre la educación superior pública y el financiamiento universitario.

La resolución también subraya que la participación en las actividades será voluntaria para estudiantes y personas funcionarias, y que deberán respetarse tanto la libertad individual como el normal funcionamiento institucional.

El rector Carlos Araya Leandro fundamenta la medida en la autonomía universitaria reconocida por el artículo 84 de la Constitución Política, así como en la necesidad de defender el financiamiento de la educación superior pública como condición indispensable para el desarrollo social, científico y cultural del país.

Movimiento estudiantil de la UNA exige cuentas al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias

En el marco del V Congreso Universitario, los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) dieron a conocer un manifiesto, que fue aprobado por la Asamblea Universitaria. En el escrito, recuerdan el papel de las universidades públicas de Costa Rica, lo que representan para las familias y comunidades del país, denuncian la violencia estructural de la que son objeto, las implicaciones de su desfinanciamiento e invocan al diálogo. El documento presenta una petitoria de nuevo puntos.

Se reproduce textualmente el manifiesto.

Manifiesto del movimiento estudiantil (FEUNA) en el V Congreso de la Universidad Nacional

Universidades públicas: raíz, memoria viva y lucha por el presente y el futuro de Costa Rica

VIOLAR LA LEY DEL IMPERIO ES DEFENDER LOS DERECHOS DEL PUEBLO

Reunidos en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de la Universidad Nacional, Heredia, el 24 de abril, 2026, las personas estudiantes señalamos que el V Congreso evidencia la fortaleza de la universidad pública costarricense, basada en el diálogo y la construcción de conocimiento, en colaboración con la sociedad y el estado, que procura contribuir a la atención de las demandas de los sectores y comunidades vulnerabilizadas por el sistema económico, social, político y cultural vigente. En consecuencia, sometimos al apoyo de las y los congresistas el presente pronunciamiento con el beneplácito mayoritario que hacemos de conocimiento público.

Las universidades públicas de Costa Rica no son cifras aisladas ni instituciones desconectadas entre sí; constituyen, en conjunto, una red viva que expresa una identidad compartida como país. Desde la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no solo se forman profesionales, se forma ciudadanía. En nuestras aulas convergen personas provenientes de distintos territorios, realidades y contextos, que aprenden no solo contenidos académicos, sino también a convivir, debatir y construir colectivamente. Esa experiencia compartida va tejiendo un profundo sentido de pertenencia que trasciende lo individual y que fortalece un proyecto común de país.

En nuestras aulas, cada estudiante que accede a la educación superior pública encarna una historia colectiva: la de familias que depositan esperanza, comunidades que proyectan desarrollo y territorios que encuentran en la universidad una presencia transformadora. La universidad pública representa, para muchas personas, la posibilidad real de movilidad social, de romper ciclos de exclusión y de generar nuevas oportunidades donde antes no las había. Lo que una persona aprende en la universidad no permanece únicamente en el aula, se comparte, se multiplica y se traduce en desarrollo local, liderazgo comunitario y mejores condiciones de vida.

Esta identidad común se sostiene, además, en una convicción histórica: el conocimiento es un bien público y un derecho, no un privilegio. Por eso, el impacto de las universidades públicas no se mide únicamente en indicadores, sino en las trayectorias de vida que logran transformar. Cada beca otorgada, cada sede regional fortalecida y cada proyecto de investigación vinculado con la realidad nacional representan una apuesta concreta por un país más equitativo, más cohesionado y con mayor capacidad de construir su propio futuro.

En ese esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento, la Universidad Nacional ha desarrollado históricamente un compromiso particular con la regionalización, entendida no solo como presencia territorial, sino como una apuesta ética por la equidad. A través de sus sedes regionales, sus carreras itinerantes y un sistema de admisión que reconoce las desigualdades estructurales del país, la universidad ha impulsado mecanismos que permiten discriminar positivamente en favor de quienes provienen de contextos con mayores barreras de acceso. Este modelo no responde únicamente a criterios académicos, sino a una comprensión profunda de las brechas históricas entre el centro y las regiones, y al deber institucional de generar oportunidades reales donde más se necesitan.

Hoy, más que nunca, en un mundo atravesado por guerras, autoritarismos y múltiples formas de violencia estructural que generan crisis complejas en la geopolítica global, las universidades tienen la obligación ética y social de sostener y defender los valores democráticos, el pensamiento crítico y el bien común. Esto implica asumir con claridad la responsabilidad que nos corresponde como espacios de reflexión, de producción de conocimiento y de formación de una ciudadanía comprometida con la justicia social.

Las universidades no pueden limitarse únicamente a transmitir saberes técnicos o profesionales; deben ser también territorios de debate, de cuestionamiento y de construcción colectiva de alternativas frente a los desafíos de nuestro tiempo. En ellas se cultiva la capacidad de pensar críticamente el mundo, de imaginar otros futuros posibles y de formar personas con sensibilidad social, capaces de intervenir de manera responsable en la vida pública.

En este contexto, la amenaza de un presupuesto de crecimiento cero no es una cifra abstracta: tiene rostro humano. Es el de las personas estudiantes de zonas rurales, de territorios costeros, de comunidades históricamente excluidas, que ven en la universidad pública una posibilidad real de transformación. Un 0% no impacta únicamente en estructuras institucionales; impacta directamente en trayectorias de vida, en oportunidades que se reducen y en brechas que se profundizan.

Reconocemos, además, que la universidad pública no es una institución perfecta. Se encuentra en un proceso constante de revisión, adaptación y mejora frente a las nuevas realidades y desafíos del país. Como comunidad, asumimos la responsabilidad de cuestionar nuestras propias estructuras, de identificar nuestras limitaciones y de trabajar activamente para garantizar una formación cada vez más pertinente, inclusiva y de excelencia.

Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Por ello, quienes habitamos la universidad tenemos la responsabilidad histórica de contribuir activamente a la construcción de ese futuro. Defender la educación pública no es únicamente proteger una institución, es resguardar una de las herramientas más poderosas para la igualdad, la movilidad social y el desarrollo humano.

Hoy, más que nunca, las universidades deben asumir su papel como actores fundamentales en la sostenibilidad de una sociedad viable, digna y profundamente humana. Esto significa fortalecer los vínculos con las comunidades, dialogar con las distintas fuerzas sociales y colocar el conocimiento al servicio del bienestar colectivo, de la democracia y de la vida en común.

PETITORIA

En consecuencia, como comunidad estudiantil universitaria, exigimos al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias en lo que corresponda:

  1. Garantizar un financiamiento digno y sostenido para la educación superior pública, en cumplimiento del marco constitucional.
  2. Reconocer la educación como eje estratégico para la movilidad social, la equidad territorial y el desarrollo nacional.
  3. Fortalecer las sedes regionales y los programas que amplían el acceso a poblaciones históricamente excluidas.
  4. Reafirmar el papel de la cultura como componente esencial en los procesos educativos y en la construcción de ciudadanía crítica.
  5. Defender el carácter público del conocimiento frente a lógicas que buscan reducirlo a un bien de mercado.
  6. Incremento anual real atado al costo de la vida, la inflación y el crecimiento del PIB, con un piso mínimo de crecimiento nominal que impida cualquier deterioro en el poder adquisitivo universitario.
  7. Volver a las negociaciones quinquenales, garantizado por un mínimo de cinco años, que asegure la ampliación de sedes regionales, el fortalecimiento del régimen de becas, el mantenimiento de infraestructura y la continuidad de proyectos de investigación y extensión universitaria.
  8. Cláusula de revisión y compensación automática si los recursos aprobados no se transfieren en tiempo y esto provocara la imposibilidad de su ejecución, por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
  9. Garantizar la participación vinculante y efectiva de las representaciones estudiantiles en los espacios de toma de decisión, particularmente en la mesa de negociación de la Comisión de Enlace y en la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconociendo su legitimidad como actor clave en la defensa, definición y fiscalización del financiamiento de la educación pública.

Porque cuando una estudiante cruza la puerta de una universidad pública, no lo hace sola. Entra con ella su historia, su familia, su comunidad y, en muchos sentidos, el país entero. Y en ese acto, aparentemente individual, se juega también el destino colectivo de Costa Rica.

Heredia, Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, UNA: 24 de abril de 2026

Estudiante Myriam Jara Watson
Vicepresidenta del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional

Llamado a defender a las universidades públicas

Pronunciamiento del Instituto Sindical de Formación Política

Defensa de las Universidades Públicas de Costa Rica. Llamamiento a la unidad de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y las organizaciones sociales.

El Instituto Sindical de Formación Política manifiesta su más firme respaldo a las universidades públicas de Costa Rica, pilares fundamentales para la construcción de una sociedad democrática, justa y con movilidad social ascendente. Ante el persistente desfinanciamiento y los ataques a la autonomía universitaria, es nuestro deber recordar las obligaciones constitucionales del Estado costarricense y convocar a la acción colectiva.

Sobre las obligaciones del Estado

La educación superior pública es un derecho humano irrenunciable. El Estado tiene las siguientes obligaciones ineludibles, consagradas en el artículo 84 de la Constitución Política y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional:

1. Garantizar la autonomía universitaria como condición para el libre pensamiento crítico, la investigación científica y la acción social.

2. Asignar un financiamiento suficiente, periódico y oportuno a través del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que permita el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.

3. Respetar el patrimonio propio de las universidades, absteniéndose de recortes unilaterales o condicionamientos políticos que afecten su quehacer.

4. Asegurar la gratuidad y la equidad en el acceso, la permanencia y la graduación, como mecanismos de justicia social y democratización del conocimiento.

El incumplimiento sistemático de estas obligaciones —evidenciado en negociaciones del FEES marcadas por la confrontación, el rezago presupuestario y la falta de visión de Estado— constituye una amenaza directa al modelo de desarrollo costarricense.

Llamamiento a la conformación de un frente de lucha

Ante la gravedad de la situación, el Instituto Sindical de Formación Política hace un llamado urgente a:

  • Las federaciones estudiantiles (FEUCR, FEUNA, FEUTEC, FEUNA, y todas las representaciones de las sedes regionales y colegios universitarios).

  • Las organizaciones sociales y comunales (asociaciones de desarrollo, frentes de vivienda, grupos ecologistas, movimientos de mujeres, diversidades, pueblos indígenas y campesinos).

  • Las organizaciones sindicales del sector público y privado (educación, salud, construcción, agroindustria, servicios, entre otros).

Debemos constituir un Frente de Lucha Nacional en Defensa de la Educación Superior Pública, con los siguientes ejes de acción:

1. Unidad orgánica y programática: Construir una plataforma común que vincule la defensa del FEES con la lucha por el empleo digno, los servicios públicos de calidad y el rechazo a los tratados de libre comercio que mercantilizan la educación.

2. Movilización sostenida: Realizar asambleas, marchas, cadenas humanas, paros estudiantiles y jornadas de visibilización en todo el territorio nacional.

3. Incidencia política y jurídica: Exigir a la Asamblea Legislativa el cumplimiento del Estado de derecho y, de ser necesario, recurrir a instancias internacionales de derechos humanos por la violación del derecho a la educación.

4. Campaña de comunicación popular: Desplegar una estrategia en redes sociales, medios comunitarios y espacios de base para desmontar los discursos que pretenden criminalizar la lucha universitaria y justificar los recortes.

Conclusión

La defensa de las universidades públicas no es un asunto exclusivo de académicos o estudiantes; es una causa de toda la clase trabajadora, de las comunidades y de los sectores populares. Sin universidades públicas fuertes, no hay formación de profesionales críticos, no hay investigación al servicio del pueblo, no hay extensión social que transforme realidades.

Desde el Instituto Sindical de Formación Política, asumimos el compromiso de convocar, organizar y acompañar este frente de lucha. Invitamos a todas las fuerzas vivas del país a sumarse. El futuro de Costa Rica se decide hoy en las aulas, los laboratorios, los territorios indígenas y las calles.

¡Por la defensa del FEES, por el respeto a la autonomía, por la unidad de los que luchan!

FESITRAES reafirma que oficio de la CGR carece de efecto vinculante sobre los regímenes salariales universitarios

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) emitió un pronunciamiento público en el cual fija su posición frente al oficio DFOE-CAP-2066-(21839)-2025, emitido el 5 de noviembre por la Contraloría General de la República (CGR) en respuesta a una consulta de la Rectoría de la Universidad Nacional (UNA) sobre el alcance del voto 008201-2025 de la Sala Constitucional.

Según la Federación, el tema consultado corresponde exclusivamente al ámbito de interpretación y aplicación interna de las universidades públicas, amparadas por su autonomía constitucional. Por tanto, FESITRAES señala que la CGR no tiene competencia para pronunciarse sobre los efectos de resoluciones constitucionales ni sobre derechos laborales derivados de la negociación colectiva o de normativas internas.

Asimismo, subrayan que el propio órgano contralor reconoce en su respuesta la ausencia de carácter vinculante del oficio emitido. En consecuencia, dicho documento administrativo no puede modificar los alcances del voto 008201-2025, que permanece vigente y obligatorio.

Derechos adquiridos y progresividad salarial

El pronunciamiento enfatiza que la resolución de la Sala Constitucional resguarda:

  • Los derechos adquiridos del personal universitario.

  • El principio de irretroactividad de la ley.

  • La progresividad de incentivos salariales reconocidos en convenciones colectivas, reglamentos o estatutos internos.

Todo lo anterior fue afectado por la aplicación de normativa que FESITRAES ha denunciado como inconstitucional.

Ley 9908 y su inaplicabilidad a las universidades públicas

FESITRAES recuerda que la Ley 9908 (Ley COVID-19) estableció únicamente una suspensión temporal del pago de anualidades durante el periodo de emergencia sanitaria, pero no afecta derechos adquiridos ni disposiciones posteriores.

Además, la Federación subraya que esta ley no se aplica a las universidades públicas, tal como lo confirman criterios legales emitidos por asesorías jurídicas de las instituciones de educación superior, entre ellos:

  • OJ-58-2019 y OJ-250-2025 (UCR)

  • UNA-AJ-DICT-609-2020 (UNA)

  • OF-AL-105-2025 (OF-CDJ-02-2025) de la Comisión de Directores Jurídicos del CONARE

Estos dictámenes señalan expresamente que las universidades están excluidas del artículo 26 de la Ley de Salarios, por lo que el transitorio que limita el pago de anualidades no aplica para estas instituciones.

Llamado a la defensa de la autonomía universitaria

FESITRAES sostiene que las decisiones sobre aplicación del voto constitucional deben tomarse dentro de la institucionalidad universitaria, bajo los principios de:

  • Autonomía

  • Legalidad

  • Progresividad

  • Respeto a los derechos laborales adquiridos

La Federación hace un llamado a sus bases y a la clase trabajadora universitaria a mantenerse vigilantes y preparadas ante posibles acciones interuniversitarias para defender los derechos laborales y humanos fundamentales, así como las conquistas históricas del sector.

El pronunciamiento está firmado por representantes de los sindicatos que conforman FESITRAES: SINDEU, AFITEC, SITUN, SIUNED y UTRAUTN.