Dr. Randall Jiménez Retana Director de la Escuela de Estudios Generales Universidad de Costa Rica
El 1.º de noviembre de 2024, el derrumbe de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad, Serbia, provocó una tragedia que dejó dieciséis víctimas mortales. Pudo haber sido una noticia más, de esas que inquietan durante unos días y luego desaparecen de la conversación pública. Pero las personas estudiantes universitarias decidieron que aquellas muertes no podían quedar sepultadas bajo el silencio y las explicaciones pendientes.
Comenzaron haciendo preguntas. Querían saber qué había ocurrido, quién debía responder y cómo una obra pública había terminado convirtiéndose en una tragedia. Pronto comprendieron que sus inquietudes iban más allá de aquel accidente y alcanzaban problemas que afectaban a toda la sociedad: la corrupción, la transparencia y la responsabilidad de las instituciones.
Lo extraordinario fue su perseverancia. No se conformaron con una manifestación ni permitieron que el paso de las semanas debilitara sus demandas. Organizaron asambleas, caminaron largas distancias, visitaron comunidades y conversaron con las personas ciudadanas que, poco a poco, comenzaron a reconocer como propias aquellas preguntas. Las universidades se convirtieron en el punto de partida de una movilización que alcanzó buena parte del país.
Aquel grupo joven, demostró que el compromiso ciudadano no depende de la edad ni de ocupar una posición de autoridad. Tenían estudios que atender, proyectos personales y un futuro por construir. Sin embargo, encontraron razones suficientes para dedicar tiempo, esfuerzo y organización a una causa que consideraban justa.
Su experiencia nos recuerda algo que a veces dejamos de lado: las y los estudiantes no son únicamente personas que se preparan para participar algún día en la sociedad. Ya forman parte de ella. Tienen ideas, preguntas y una capacidad de intervención que merece ser reconocida y escuchada.
El movimiento también abrió un debate sobre la relación entre la juventud y el poder político. Exigir responsabilidades desde las calles no es lo mismo que asumirlas desde las instituciones. En ambos casos, la coherencia entre los principios defendidos y las decisiones adoptadas resulta indispensable.
Pero la importancia de esta experiencia va mucho más allá de sus resultados electorales. Su mayor enseñanza está en el compromiso de unas jóvenes personas que decidieron involucrarse, sostener sus demandas y no permanecer indiferentes ante una catástrofe que exigía respuestas.
Desde la Universidad de Costa Rica, esta experiencia nos invita a reflexionar sobre el sentido de nuestra labor. Formar personas profesionales competentes es indispensable, pero una educación universitaria también debe ofrecer las herramientas necesarias para comprender la realidad, cuestionarla con argumentos y participar responsablemente en la vida pública.
Una formación humanística no consiste en decirles a las y los estudiantes qué deben pensar ni cuáles causas deben defender. Consiste en ayudarles a desarrollar criterios propios, reconocer la dignidad de los demás y comprender que el conocimiento adquiere una dimensión social cuando se pone en relación con los problemas de nuestro tiempo.
El grupo de personas jóvenes serbias encontró sus propias razones, se organizó y buscó caminos para hacerse escuchar. Su actuación, como cualquier otra expresión de participación ciudadana, puede y debe ser examinada críticamente. Pero sería difícil desconocer la importancia de una juventud dispuesta a involucrarse en los asuntos públicos.
Los nombres de las víctimas de Novi Sad quedaron unidos a una generación que se negó a aceptar el silencio como respuesta. Y acaso ahí radique lo más valioso de esta historia: en recordar que las grandes transformaciones sociales también pueden comenzar con un grupo de estudiantes universitarios que se atreve a preguntar por qué y no se conforma con cualquier respuesta.
La noche del 31 de octubre la habitual celebración estadounidense de Halloween estuvo salpicada por un exabrupto más proveniente de la Casa Blanca.
Como si causara algún tipo de humor o chiste, el presidente Donald Trump publicó un video producido por ICE, en el que se apreciaban tomas de arrestos de personas migrantes a manos de sus agentes, entre otras atrocidades.
Al ritmo de Thriller, de Michael Jackson, se aprecian imágenes de la actuación de esa “milicia armada”, como la llama el medio laSexta. Además, incluye imágenes de los centros de detención para migrantes con un irónico mensaje: “¡Feliz Halloween de parte de tus amigos del ICE!»
Esto forma parte sin duda alguna de la implementación de una política del terror y el ensañamiento, que se ha hecho sentir contra personas por su color de piel, origen, nacionalidad y género en Estados Unidos.
Sin embargo, algo pareciera estar cambiando en el escenario, pues lo que precisamente representa las voces contrarias al fascismo y sus prácticas simbólicas como estas del gobierno estadounidense están emergiendo y ganando espacios en distintos ámbitos.
En un claro mensaje de que el imperio del miedo pareciera estar pronto a llegar a su fin, los resultados de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos han mostrado claramente la reconfiguración en aquella sociedad. Entre otras cosas, la guerra con Irán y las duras políticas migratorias han pasado factura y muy cara.
Pareciera ser que el famoso Escudo de las Américas al cual Costa Rica se adhiriera alegre y torpemente comienza a debilitarse. Y que la noche del martes 3 de noviembre el imperio del miedo tuvo ante sí su propia película de terror.
La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) emitió un pronunciamiento contra el expediente n.º 25.728, presentado por el Poder Ejecutivo el 19 de agosto de 2026 para modificar la Ley contra la Usura. La organización pide archivarlo o, en su defecto, reformularlo sin debilitar el delito de usura ni los topes a las tasas de interés.
Según RENASES, las familias costarricenses pagan hoy tasas de interés de hasta 36,48 % anual en tarjetas y préstamos, y de hasta 51,51 % en microcréditos, de acuerdo con los topes fijados por el Banco Central para el segundo semestre de 2026. Además, según registros del Poder Judicial, al cierre de 2024 había 715.780 deudas en cobro judicial. «Y, como si eso no bastara, quienes han lucrado de ese sobreendeudamiento quieren ahora más libertad para cobrar», afirma la Red.
El origen del proyecto
El pronunciamiento cita una publicación del Semanario Universidad del 16 de setiembre de 2026. Según esa información, el 28 de agosto de 2025 la Presidencia de la República reunió en Casa Presidencial a representantes de ASOCOMI, que agrupa entre otros intereses de Gollo, Monge e Instacredit, de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y de otros actores, para discutir cómo modificar la ley. Según se informó al CONASSIF, ese grupo prepararía la exposición de motivos, y el sector privado ofreció apoyo de expertos. RENASES subraya que en esa reunión no hubo ninguna organización de consumidores.
«El origen del expediente es, además, inaceptable: se construyó con quienes tienen interés económico en elevar las tasas y se excluyó a quienes representan a las familias que deberán pagarlas», señala la organización. Recuerda también que el entonces presidente del Banco Central, Roger Madrigal, advirtió en el CONASSIF que esa coordinación era problemática y puso en duda que los topes hubieran causado exclusión financiera.
Cuatro perspectivas
RENASES fundamenta su rechazo desde cuatro ángulos:
Técnico. El proyecto no resuelve los problemas que dice atender, como los avales o la documentación de las personas deudoras, y solo propone subir las tasas. Encarecer el crédito agrava el sobreendeudamiento: cuotas mayores, menor capacidad de pago, más mora y más cobros judiciales. El problema es anterior a la ley, porque ya en 2019 había cerca de 800.000 expedientes de cobro judicial. Además, trasladar la fijación de los topes al criterio del superintendente de turno en la SUGEF concentra en una sola autoridad administrativa una decisión que hoy está fijada por ley con una fórmula conocida.
Jurídico y penal. Hoy, cobrar por encima de la tasa máxima es delito, y esa norma permite perseguir el «gota a gota». Elevar o diluir el umbral debilita esa barrera y puede dejar legal lo que hoy se castiga. «La usura no se combate autorizando más usura; se combate persiguiendo a quienes amenazan, extorsionan y prestan ilegalmente».
Ético y moral. La usura ha sido condenada a lo largo de la historia, y también disimulada con nombres como precio del dinero, riesgo, inclusión financiera o libertad de mercado. «Quien pide crédito para comer, curarse o llegar a fin de mes no negocia en igualdad de condiciones. La libertad contractual no puede ser patente para explotar la necesidad ajena».
Social. Cada punto de interés se paga con alimentación, educación y vivienda. Las familias endeudadas consumen, ahorran y emprenden menos, y el costo lo asume toda la sociedad, incluido un Poder Judicial saturado de cobros.
Para ilustrar el efecto, RENASES calcula lo que se paga solo en intereses por un préstamo de ₡500.000 a un año, con cuota fija mensual. Con una tasa de 36,48 % anual, los intereses suman ₡104.213. Con 51,51 %, suman ₡150.210, es decir, unos ₡46.000 más por la misma deuda. La organización aclara que es un ejemplo ilustrativo, porque el proyecto no fija una tasa nueva.
Lo que exige RENASES
«Inclusión financiera es acceder al crédito sin quedar atrapado en él, no endeudarse a cualquier precio», afirma la Red, que exige:
El archivo del expediente n.º 25.728 o, en su defecto, su reformulación sin debilitar el delito de usura ni los topes de tasas.
La sanción efectiva del crédito irresponsable y la rebaja de las tasas para que las deudas puedan pagarse.
La depuración de los registros de cobro judicial de deudas ya declaradas incobrables.
La participación real de las organizaciones de personas consumidoras en toda discusión sobre crédito.
La aprobación de la Ley de Protección del Consumidor Financiero, expediente n.º 24.616.
«¡El crédito es un instrumento para el desarrollo, no una licencia para explotar la necesidad humana!», concluye el pronunciamiento.
RENASES pide a la presidenta Fernández Delgado ordenar el inicio del nuevo hospital de Cartago. https://wp.me/p6rfbZ-AwT
El significado del 7 de noviembre de 1889. Óscar Aguilar Bulgarelli / ISFODE https://wp.me/p6rfbZ-AwA
Gaza / Israel: desde una desconcertante Costa Rica, reflexiones sobre el reciente informe de la comisión de investigación de Naciones Unidas relativo a los crímenes de Israel. Nicolas Boeglin https://wp.me/p6rfbZ-AwL
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La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) envió una carta a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, para pedirle que interceda y ordene el inicio de la construcción del nuevo hospital de Cartago. La carta está firmada por José Oviedo Chaves, coordinador de la Red, y fechada el 1 de noviembre en Cartago, en el marco de la celebración del 85.º aniversario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según relata la misiva, ese domingo hubo una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles para agradecer por los 85 años de la fundación de la CCSS. Luego, entre cimarrona y mascaradas, las personas asistentes recorrieron las calles de Cartago hasta la Plaza Mayor, donde las esperaban grupos folclóricos de personas adultas mayores, comparsas y bandas estudiantiles.
Después de los mensajes de representantes de personas trabajadoras de la CCSS, del sector agrícola, del movimiento sindical y de otras organizaciones civiles, se realizó una marcha pacífica hacia el Hospital Max Peralta. El objetivo era recordar la urgencia de que la población usuaria del sistema de salud pública cuente con un nuevo hospital, «con miras a asegurar el derecho humano a la salud».
RENASES se dirige a la mandataria como una compatriota que reside en la provincia y que «sabe de nuestras penurias cuando salimos a la asistencia hospitalaria». Expresa la esperanza de que ejerza las facultades de su investidura para ordenar el inicio de la obra, «más, cuando el banderazo inicial de la obra depende de la voluntad política». Según la organización, todos los componentes están en orden: el terreno, el financiamiento, los planos constructivos, la empresa constructora contratada y la consulta de legalidad de los actos requeridos.
La carta va acompañada de las firmas de personas que participaron en la celebración del aniversario de «la institución de todos los costarricenses, la Caja».
La Red se pone a disposición para recibir a una delegación o dialogar con la presidenta sobre el tema, por medio del correo-e renases.cr@gmail.com
María Corina Machado ha regresado a Venezuela después de varios meses fuera del país. Su llegada ha vuelto a colocar su nombre en el debate político nacional. Sin embargo, más allá de sus declaraciones y de las imágenes difundidas en las redes sociales, hay una pregunta que merece nuestra atención, ¿qué futuro político tiene Machado en esta nueva Venezuela?
Porque una cosa es regresar al país y otra muy distinta es recuperar el “protagonismo” político que se tuvo en determinado momento. Venezuela ha cambiado, el escenario internacional también y, sobre todo, las condiciones en las que Machado construyó su proyecto político ya no son las mismas.
Recordemos que María Corina Machado no es una recién llegada a la política venezolana. Su trayectoria está marcada por su vinculación con Súmate, organización que recibió financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED), organismo estadounidense que financia organizaciones políticas y sociales en distintos países. También está su actuación durante el golpe de Estado de abril de 2002, su participación en las estrategias de confrontación política de 2014 y su respaldo a las sanciones económicas internacionales contra Venezuela.
No estamos hablando de diferencias personales, ni de simples discusiones entre dirigentes. Estamos hablando de decisiones políticas, que tuvieron consecuencias para el país y cuya responsabilidad debe seguir siendo objeto de debate público.
Particularmente grave ha sido su respaldo a las sanciones económicas y a las medidas de presión internacional. Durante años, Machado defendió que había que aumentar la presión contra el Gobierno venezolano, sin explicar suficientemente quiénes terminarían pagando las consecuencias de esas medidas.
Y, como suele ocurrir en estos casos, los grandes empresarios y los sectores privilegiados tienen más herramientas para protegerse, mientras los trabajadores, los pensionados, los enfermos y las familias humildes son quienes sufren buena parte de los golpes.
Desde nuestra visión de izquierda latinoamericana, no podemos aceptar que se utilice el sufrimiento de un pueblo como instrumento para conseguir objetivos políticos. Las diferencias con un Gobierno deben resolverse mediante la participación popular, el diálogo y los mecanismos políticos, no castigando económicamente a millones de personas.
Tampoco podemos olvidar las posiciones de Machado frente a la intervención extranjera, su respaldo a las estrategias de confrontación y sus relaciones con sectores conservadores de la política internacional. Todo esto forma parte de su historial y no desaparece porque ahora haya regresado a Venezuela.
Pero hay algo nuevo en la actual coyuntura que merece especial atención y que puede estar modificando profundamente el panorama político de Machado.
Durante años, la dirigente opositora sostuvo que la salida del Gobierno venezolano dependía, en buena medida, de la presión internacional, particularmente de EEUU; Washington era presentado como un aliado fundamental para conseguir el cambio político que ella reclamaba.
Sin embargo, las cosas han tomado otro rumbo. Después de los acontecimientos de enero de 2026, EEUU comenzó a negociar directamente con el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Se abrieron canales diplomáticos, se impulsaron acuerdos económicos y petroleros y se establecieron mecanismos de entendimiento entre ambos países.
Aquí aparece una paradoja política que no debemos pasar por alto; Delcy Rodríguez está haciendo precisamente algo que Machado reclamaba, es decir, negociar con Washington, buscar acuerdos económicos y abrir espacios para la recuperación de Venezuela. La diferencia es que lo está haciendo desde el Gobierno, con sus propias herramientas, con una dosis fuerte de pragmatismo, poniendo al pueblo como beneficiario de los acuerdos, y sin entregarle a Machado el protagonismo de esas negociaciones.
Esto coloca a la dirigente opositora en una situación bastante complicada. Durante años sostuvo que el Gobierno venezolano era incapaz de resolver sus diferencias con EEUU y que era necesario un cambio político para alcanzar ese objetivo. Ahora se encuentra con que el Gobierno al que ha combatido está negociando directamente con la Casa Blanca; ¿Y entonces qué le queda por ofrecer a Machado?
Si su propuesta consiste en negociar con EEUU, atraer inversiones, recuperar la producción petrolera y normalizar las relaciones internacionales, tendrá que explicar qué tiene de diferente su proyecto respecto a lo que ya está haciendo Delcy Rodríguez.
Si habla de recuperar la economía, tendrá que decir cómo piensa hacerlo: ¿Privatizará PDVSA? ¿Qué ocurrirá con las empresas públicas? ¿Qué pasará con los trabajadores/as, sus salarios, las pensiones, la salud y la educación? ¿Quién se quedará con los beneficios de la riqueza petrolera venezolana?
Porque no basta con hablar de inversiones y de crecimiento económico. La pregunta fundamental es quién se beneficia de ese crecimiento. No es lo mismo recuperar una economía para enriquecer a un pequeño grupo de empresarios/as, que hacerlo para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.
Y aquí está una de las diferencias fundamentales entre una visión neoliberal y una perspectiva popular y de izquierda. Para nosotros, el petróleo, el gas y los demás recursos naturales de Venezuela deben servir para mejorar la vida del pueblo, no convertirse en un negocio reservado para las grandes corporaciones y los grupos económicos privilegiados.
Ahora bien, ya sabemos el camino que está siguiendo el Gobierno de Delcy Rodríguez, no obstante, negociar con EEUU puede ser una necesidad práctica en las actuales circunstancias, pero eso no significa que deban abandonarse los principios de soberanía nacional y justicia social. Hay que vigilar las condiciones de los acuerdos, la participación de las empresas extranjeras, el papel de PDVSA y, sobre todo, cuánto de esa riqueza llegará realmente a los trabajadores y a las familias venezolanas.
El pragmatismo no puede convertirse en una excusa para sacrificar los derechos populares. No basta con producir más petróleo, si los trabajadores/as siguen recibiendo salarios insuficientes, si los pensionados no pueden vivir dignamente y si los hospitales y las escuelas continúan teniendo graves carencias.
Pero volvamos a Machado, ¿Estamos acaso ante el entierro político de María Corina Machado?
Es una pregunta que tiene sentido, aunque no debemos apresurarnos a dar por terminada su carrera política. Su regreso demuestra que todavía pretende mantenerse en la escena nacional. Sin embargo, las condiciones que favorecieron su liderazgo han cambiado considerablemente.
Su proyecto se apoyó durante mucho tiempo en tres grandes elementos: la confrontación permanente con el chavismo, la presión internacional y la expectativa de que Estados Unidos terminaría imponiendo las condiciones para una transición política encabezada por ella y sus aliados. Hoy, estos tres elementos enfrentan una realidad diferente.
El Gobierno venezolano está negociando directamente con Washington. EEUU mantiene relaciones de trabajo con Delcy Rodríguez, y las conversaciones políticas incluyen a sectores opositores que no necesariamente responden a la dirección de Machado.
En otras palabras, la dirigente que durante años aspiró a convertirse en la principal interlocutora de Washington para resolver el conflicto venezolano, ahora tiene que observar cómo se desarrollan negociaciones sin que ella ocupe el centro de la mesa.
¿Podrá reinventarse políticamente? ¿Será capaz de presentar ideas nuevas o seguirá repitiendo las mismas consignas de confrontación que han caracterizado su trayectoria?
Porque si Machado quiere ofrecer algo distinto, tendrá que empezar por revisar su pasado. Tendrá que explicar su respaldo a las sanciones, sus posiciones frente a la intervención extranjera y su participación en las estrategias políticas que llevaron al país a situaciones de violencia y confrontación.
También tendrá que aclarar su posición frente a las investigaciones y acusaciones que existen en su contra. Las responsabilidades políticas, no son lo mismo que las penales, y estas últimas deben establecerse mediante procedimientos judiciales con pruebas y garantías. Pero nadie puede pretender que su trayectoria quede fuera del escrutinio público.
Tampoco puede seguir presentándose como la representante de toda Venezuela. El país no está compuesto únicamente por sus seguidores. Hay millones de personas que se identifican con el chavismo, otras que se consideran opositoras/es, trabajadores/as independientes, campesinos/as, estudiantes y sectores populares que tienen sus propias aspiraciones. Una Venezuela democrática tiene que reconocer esta diversidad. No puede construirse sobre la exclusión de quienes piensan diferente.
Por esto, si Machado pretende ofrecer una propuesta realmente nueva, tendrá que explicar cómo piensa garantizar los derechos de los trabajadores/as, qué hará con las pensiones, cómo fortalecerá los servicios públicos y qué lugar tendrán los sectores populares en las decisiones económicas. También tendrá que demostrar que puede defender la soberanía nacional, sin depender de las decisiones de Washington.
Pero el asunto no termina en Machado. La izquierda venezolana también tiene mucho que revisar y hacer. No basta con denunciar a la derecha y al imperialismo. Hay que escuchar al pueblo, recuperar la confianza de los trabajadores/as, atender las necesidades de las comunidades y resolver los problemas concretos que afectan a la población.
No se puede hablar de socialismo mientras los salarios no alcanzan para vivir. No se puede defender la justicia social, mientras los servicios públicos se deterioran. No se puede pedir sacrificios al pueblo sin ofrecerle respuestas y soluciones.
La defensa de la soberanía debe ir acompañada de mejores condiciones de vida. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir las grandes consignas políticas en palabras vacías.
Por esto, la actual coyuntura venezolana es mucho más que una disputa entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado. Lo que está en juego es el modelo económico, el control de los recursos naturales, la relación con EEUU y el futuro de las mayorías populares.
Quizás estemos asistiendo al ocaso de una determinada manera de hacer oposición en Venezuela. Quizás Machado todavía consiga reorganizarse y encontrar otro espacio político. Pero para ello tendría que hacer algo que hasta ahora no ha demostrado suficientemente, presentar una propuesta diferente, asumir las consecuencias políticas de su trayectoria y explicar qué piensa hacer por quienes menos tienen. Su problema es que el pasado sigue presente y que la nueva realidad venezolana está cambiando las reglas del juego.
¿Será capaz de dejar atrás la confrontación permanente y ofrecer algo nuevo, o terminará siendo prisionera de su propio pasado?
Mientras tanto, desde una visión de izquierda latinoamericana, debemos insistir en que el futuro de Venezuela no puede decidirse en Washington, ni en los despachos de las grandes corporaciones, ni exclusivamente entre las cúpulas políticas nacionales, debe decidirse con la participación de su pueblo.
Porque, al final, la verdadera pregunta no es quién consigue el poder, sino para quién se gobierna, quién controla la riqueza nacional y quién se beneficia de ella. La riqueza de Venezuela debe estar al servicio de su pueblo y no de las élites económicas ni de los intereses imperiales.
El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi se complace en invitarle a la presentación del libro Bigotes de Patrizia Gallo y con la participación de Patrizia Gallo, Ivonne Zawadzki, Thelma Darkins.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Se acaban de conmemorar hace unas semanas tres años desde el inicio de las operaciones de destrucción total de la Franja de Gaza por parte de Israel, en «venganza» al ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023: se trata de operaciones militares que se advirtió en su momento que iban rápidamente a degenerar en el «asedio total» anunciado por las mismas autoridades militares israelíes, y ello desde el mismo mes de octubre del 2023, con crímenes y exacciones por venir (Nota 1).
En el 2021, ya habíamos tenido la oportunidad de analizar el profundo temor que generó súbitamente en aquel momento en Israel una solicitud formal de información enviada por la justicia penal internacional de La Haya a sus máximas autoridades (Nota 2).
Desde la perspectiva jurídica internacional, una reciente obra titulada «Gaza et le droit international» publicada en Bélgica y escrita por una reconocida jurista francesa (véase enlaceque contiene el índice de su libro) detalla algunos aspectos pocamente abordados en la prensa internacional, pero también en publicaciones de corte más académico así como en algunos círculos políticos. Salvo error de nuestra parte, es la única publicación analizada desde la estricta perspectiva jurídica internacional editada sobre Gaza en francés en estos tres años por una reconocida casa de edición jurídica europea como la es la «Maison Bruylant» en Bruselas. Por cierto, la autora de este libro fue la invitada en el marco del webinar «Les Mardis de JURDI» en París, este 3 de noviembre del 2026 (véase enlacecon posibilidad de inscribirse ahí indicadas y el video que debería próximamente ser editado en el sitio de JURDI).
Tanto desinterés por parte de círculos académicos, de juristas, de universitarios e investigadores galos o de habla francesa, debería tener una explicación: el capítulo I de este libro, cuya lectura completa se recomienda, se titula precisamente:
«Les faits, la preuve et les stratégies de dissimulation«.
Invitamos a nuestros estimables lectores especializados en doctrina jurídica internacional a verificar si la misma situación que la descrita en el caso de publicaciones jurídicas en francés, también se observa con las grandes casas editoriales de la ciencia jurídica en otros idiomas.
Los límites de la manipulación de la información
Con respecto a la operación militar de Israel a partir de la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, otras alertas igualmente tempraneras advirtieron que los dos objetivos oficiales de Israel de supuestamente «erradicar al Hamás» y de «recuperar a los rehenes israelíes» no guardaban mayor relación con lo observado desde el punto de vista militar en Gaza desde esta misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023: ¿en cuál conflicto militar se habrá observado que bombardear masivamente edificios en una región densamente poblada como Gaza sí permite rescatar a rehenes escondidos en túneles con sus custodios y eliminar al grupo armado que los secuestró (cuyos cuarteles generales también se encuentran a varios metros de profundidad)? Más de tres años después de iniciada esta insensata ofensiva militar israelí en Gaza, se confirma que estos «objetivos oficiales» no lo eran: el Hamás sigue existiendo (renovando a sus liderazgos y a sus combatientes y extendiendo su influencia en otras partes de Palestina como Cisjordania) y los únicos rehenes recuperados por Israel en estos años lo fueron a raíz de un acuerdo negociado con el Hamás a cambio de la liberación de detenidos palestinos en las cárceles israelíes.
Adicionalmente, informes de medios de prensa desde diciembre del 2023 (véase nota del New YorkTimes), señalaron que las máximas autoridades israelíes sí estaban al tanto de los preparativos del Hamás para la primera semana de octubre del 2023, y que fueron advertidas incluso con llamadas pocos días antes de sus principales aliados árabes: véanse al respecto esta notamás reciente de Haaretz con respecto a las alertas comunicadas vía telefónica por la máxima autoridad de Emiratos Árabes Unidos a su homólogo israelí y esta otra nota sobre las advertencias provenientes de los servicios de inteligencia de Egipto. En el caso de estas últimas, desde el mismo 12 de octubre del 2023, lo que consideró una «noticiafalsa» el primer ministro israelí, se difundió desde la misma BBC (véase nota de la BBC).
Estas revelaciones (y muchas otras…) hacen trizas otra idea totalmente falaz, vehiculada por muchos medios de prensa, editorialistas, columnistas, analistas y denominados «expertos» sobre el carácter supuestamente «sorpresivo» para las máximas autoridades de Israel del ataque del 7 de octubre del 2023 perpetrado por varios comandos del Hamás. A la vez, exponen una operación de comunicación a nivel global llevada a cabo por Israel a partir de estos y muchos otros relevos en diversas salas de redacción, que debería de interesar e interpelar a muchos en diversas partes del mundo.
Este extracto de una intervención del delegado de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas merece ser recordado, al haberse externado durante una sesión urgente del máximo órgano de Naciones Unidas, el 16 de octubre del 2023, y al explicar las verdaderas intenciones detrás de la intensidad de la respuesta militar de Israel al ataque del 7 de octubre del 2023:
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros”.
(intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023: véase acta S/PV/9439, en página 9).
Esta verdadera masacre a gran escala de carácter punitivo contra civiles, con una aniquilación total de la mayor parte de la infraestructura pública existente en Gaza, y con un ensañamiento raramente observado por parte de un ejército contra una población civil (al que Israel le bloquea la ayuda humanitaria que necesita urgentemente así como alimentos y agua en cantidades suficientes) no se ha logrado frenar en estos últimos tres años: pese a intensos esfuerzos de Israel, de Estados Unidos y de sus círculos de influencia en todo el mundo contra esta calificación, lo que está ocurriendo en Gaza califica jurídicamente como un verdadero genocidio, siempre en curso. Este documentoreciente publicado por la misma JURDI en Francia detalla la cronología de las diversas constataciones de un genocidio en Gaza, desde octubre del 2024 hasta octubre del 2026.
Los principales jefes políticos y militares israelíes responsables de este genocidio enfrentan también acusaciones por crímenes de guerra: las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su ex ministro de Defensa por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya se mantienen vigentes desde noviembre del 2024, pese a la intensa campaña de intimidación que Estados Unidos está propiciando contra la justicia penal internacional de La Haya.
Por su parte, una fundación como la fundación Hind Rajab ha logrado rastrear, ubicar y presentar demandas ante los tribunales nacionales e internacionales contra otros criminales de guerra israelíes de rango intermedio o menor que vacacionan en diversas latitudes del mundo (véase sitio): se trata de un sitio que debería de interesar a los operadores de justicia de Estados en los que se observa cierta cantidad de turistas israelíes en sus playas y en sus montañas. En el caso de Nueva Zelanda, desde enero del 2025 sus autoridades migratorias han establecido un cuestionario para todo turista israelí deseoso de ingresar al territorio neozelandés, de manera a conocer más en detalle qué hizo en Gaza mientras estaba enrolado en el ejército israelí (véase nota del TimesofIsrael).
Esta reciente entrevistade Democracy Now (30 de octubre del 2026) da una idea de la destrucción planificada y sistemática de todas las habitaciones y casas en la superficie existentes en Gaza, como continuación de un genocidio: imposibilitar el retorno de los desplazados gazatíes a sus antiguos barrios constituye la estrategia israelí que se denuncia en esta entrevista con un reconocido especialista en arquitectura forense (entrevista que en lo personal consideramos muy recomendada ver, escuchar y volver a ver). Las fotos satelitales no dejan duda alguna sobre las claras intenciones de Israel en la parte de Gaza que ocupa militarmente desde el supuesto «Plan de Paz» suscrito en octubre del 2025, cuyo contenido fue finiquitado entre Estados Unidos e Israel: habíamos tenido la oportunidad de señalar que este supuesto «Plan de Paz» no era sino una operación de comunicación de ambos mandatarios de cara a la fecha del 7 de octubre del 2025 (Nota 3)
Por su parte, este foro en Londres realizado el 31 de octubre del 2026 con expertos de Naciones Unidas (véase video) explica el ataque deliberado a niños al que se prestan los soldados israelíes en el territorio palestino ocupado: se trata de una estrategia de los militares israelíes ya denunciada y ampliamente documentada en este informe del 2023 elaborado por Francesca Albanese (véase informe): un informe con sello de Naciones Unidas que prácticamente no se divulgó mayormente luego de su presentación oficial.
Foto de escolares en una escuela en Gaza al reinicio del ciclo lectivo, extraída de la portada del informe de Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en el territorio palestino al 2 de octubre disponible en este enlace.
En el mes de septiembre del 2026, un informe sobre la destrucción en Gaza por parte de Israel estimaba a más de 71.000 millones de US$ el monto necesario para su reconstrucción (véase nota de la UNCTAD). A notar que al conmemorarse un año desde el 7 de octubre el 2023, se informó que Estados Unidos había destinado a Israel armas y equipos militares por un valor de 17.900 millones de US$ (véase notade la agencia AP de noticias de octubre del 2024).
Un nuevo informe de Naciones Unidas: algunos extractos
El pasado 26 de octubre del 2026, un nuevo informe de una comisión de investigación de Naciones Unidas creada desde el 2021, confirmó nuevamente que la calificación de genocidio aplica a lo que se está observando en Gaza, y que el ensañamiento desde hace más de tres años contra civiles palestinos corresponde a crímenes de lesa humanidad y a crímenes de guerra, que se cometen sistemáticamente por parte de Israel en Cisjordania así como en los demás territorios palestinos ocupados: véanse al respecto esta nota oficial de Naciones Unidas con enlace remitiendo al informe A/81/430.
En el punto 23 se lee que:
«23. In some cases, Israeli forces fired live ammunition at vehicles carrying Palestinian families, including children, claiming that they accelerated towards the forces and constituted a threat, when there was no evidence to support such a claim. In one example, on 5 June 2026, a seven-month-old baby was killed and the parents were injured, when an Israeli soldier opened fire on a car in Hebron. Video footage shows that the father slowed down and stopped the car when approaching the soldiers, raising his hands. Evidence shows that an Israeli soldier fired two rounds using an Israeli‑manufactured X95 Tavor rifle with 5.56×45mm ammunition into the car, without warning, shooting the baby in the head. No medical assistance was provided to the family. According to the Israeli Army, a member of the Yehuda Brigade fired at the vehicle due to the car accelerating towards the soldiers. At a 10 metre range, the soldier would have had a clear, unobstructed view of the persons in the vehicle. In a similar case documented by the Commission, Israeli forces fired at a car carrying a family of six in Tammun, Tubas Governorate, on 15 March 2026. The mother, father and two of their youngest sons were shot in the head and killed inside the car, while two older sons were injured and subsequently assaulted by the soldiers».
En los puntos 28 y 29 se precisa que:
«28. The change reflects the import of the Gaza strategy of total destruction into West Bank operations. As a result, Palestinian residents in camps, have been killed or displaced, and large areas have been made uninhabitable. Military operations since January 2025 have led to the largest displacement of Palestinians in the West Bank since 1967;30 with 34,176 Palestinians remaining displaced as of August 2026.
Palestinians who have tried to return to their homes in refugee camps have been killed or wounded by Israeli forces, which declared these locations closed military areas. In one incident, on 8 September 2025, a 14-year-old Palestinian boy was shot in the chest and died near the entrance of the Jenin refugee camp. The camp had been closed since the beginning of Operation Iron Wall in January 2025, but rumours had spread about the military withdrawing and some 50-60 Palestinian residents sought to return to the camp to check on their homes. Israeli forces arrived by vehicle and without warning fired at the Palestinian residents, including the 14-year-old boy. According to reports, another 14-year-old boy was killed, and at least two others were injured in this incident. «
En los puntos 43 y 44, leemos que:
The Commission finds that Israeli military operations in the West Bank since 7 October 2023 constitute a course of conduct that forms part of a widespread and systematic attack against the civilian population. The attack requires a high level of coordination and organised planning, indicating the existence of a policy to attack the civilian population. The Commission finds that the Israeli authorities utilised settler violence to target the Palestinian civilian population, and intended settlers’ conduct to form part of the ‘attack’ against the civilian population. In relation to Ayşenur Eygi, the Commission underscores that she was perceived by the Israeli soldiers as part of the targeted population; her killing was therefore part of the attack directed against the civilian population.
The Commission finds that sexual and gender-based violence by the Israeli soldiers and settlers is instrumentalised not only as punishment against the individuals, but as part of a pattern of collective punishment to fracture, expel, humiliate and subjugate the Palestinian population in its entirety. The Commission finds that the targeting of children by the Israeli soldiers and settlers in the West Bank is deliberate. Similar to cases of sexual violence, the Commission finds that Israeli authorities knew and intended the conduct against children to form part of the attack against the broader civilian population.»
En los puntos 47-48, las conclusiones a las que llegan los tres integrantes de esta comisión son contundentes:
«47. The Commission considered (i) the large number of victims killed; (ii) the methods used by the Israeli forces to target the civilian population (through the firing of live ammunition and airstrikes); (iii) the locations of the killings (densely populated areas); and (iv) the remarks and statements of the Israeli authorities, and finds that the cases it investigated and documented show a pattern where civilians in the West Bank were intentionally and directly targeted and killed by the Israeli soldiers on a mass scale since 7 October 2023. The Commission finds that, together with the mass killings by the Israeli forces, settler violence constitutes a component of the attack against this civilian population. Conduct of Israeli authorities indicate that they knew and intended settler violence to be part of the attack. The Commission concludes that the Israeli authorities and security forces have committed the crime against humanity of extermination against the civilian population in the West Bank since 7 October 2023.
The Commission’s findings on extermination apply equally to the crime against humanity of other inhumane acts. The Commission concludes that the Israeli authorities and forces have committed the crime against humanity of other inhumane acts, in particular causing serious injury to body and to mental or physical health against the civilian population in the West Bank since 7 October 2023″.
Por su parte, el punto 59 se lee de la siguiente manera:
«59. Israeli state violence has accelerated since October 2023 and has, since the establishment of Israel, never claimed or impacted as many lives in the Occupied Palestinian Territory. Over 75,000 Palestinians across the Occupied Palestinian Territory have been killed since 7 October 2023, including at least 21,500 children, and 11,000 women. While Israeli authorities and security forces continue to commit genocide in Gaza, the situation in the West Bank has deteriorated drastically. Israeli military operations, complemented by sustained settler violence, form part of a widespread and systematic attack against the civilian population in the West Bank since 7 October 2023. Accordingly, the Commission concludes that the Israeli authorities and forces have committed the crimes against humanity of extermination, torture, rape and other forms of sexual violence in the West Bank, as well as persecution based on intersecting discriminatory grounds, with nationality, race and ethnicity at its core».
La lectura completa del informe como tal se recomienda, de manera a entender la estrategia de aniquilación que Israel está cometiendo, en particular desde el 7 de octubre del 2023, en contra de la población palestina. Esta entrevistaa uno de los integrantes de esta comisión divulgada este 3 de noviembre del 2026 explica el contexto legal en el que Israel se encuentra ante el resto de la comunidad internacional. Al respecto, en la página 17 del informe, se pueden leer las recomendaciones hechas a Israel y a Estado terceros para que éstos no contribuyan con su conducta a este genocidio en curso en Gaza y a estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra reiterados por parte de Israel.
Recomendamos en particular su lectura a quienes desde la Asamblea Legislativa de Costa Rica, continúan sosteniendo que aprobar un tratado de libre comercio (TLC) con Israel en las actuales circunstancias es muy provechoso para Costa Rica, y en particular una lectura pormenorizada del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio que no desea oír la palabra «genocida» en dicha comisión (véase nota de Delfino.cr del 25 de junio del 2026): se trata de una postura que también se le escuchó al entonces canciller de Costa Rica en este artículo publicado por el Semanario Universidad en julio del 2026, cuyo título refleja el alineamiento total con Israel del entonces jefe del aparato diplomático costarricense.
Los informes anteriores de esta misma comisión están disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas.
Esta comisión de investigación en el 2025 ya había calificado de genocidio lo observado en Gaza (véase comunicado oficial de Naciones Unidas de septiembre del 2025): su lectura es siempre muy recomendada a quienes, por alguna razón que sería de sumo interés conocer, siguen negando en diversos artículos y columnas en Costa Rica, la realidad de lo que está ocurriendo en Gaza.
El alineamiento de las actuales autoridades de Costa Rica con Israel
Las actuales autoridades de Costa Rica (y las anteriores correspondientes al período 2022-2026) se han alineado como nunca con Israel y con Estados Unidos, con una presidenta que considera ahora oportuno transferir la embajada de Costa Rica en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén y aprobar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel: véanse al respecto este artículopublicado en El País (España) en mayo del 2026 así como nuestra nota publicada en septiembre del 2026 y titulada:
«Se puede fomentar el libre comercio … ¿ignorando obligaciones jurídicas internacionales? A propósito del trámite de aprobación del TLC entre Costa Rica e Israel«, disponible en este enlace.
Costa Rica se «destaca» también por el hecho que su presidente hiciera mofa en una conferencia de prensa del drama indecible que vive la población en Gaza (véase notadel Semanario Universidad del 4 de julio del 2025): se trata del único jefe de Estado en el mundo registrado en burlarse de esta manera de la situación prevaleciente en Gaza en público (Nota 4).
De igual manera, de los distintos actos de traspaso observados en los últimos años en América Latina, el único en el que vino desde Tel Aviv en persona el presidente de Israel fue con ocasión de la toma de posesión realizada en mayo del 2026 en la capital costarricense por las nuevas autoridades electas. En las tomas de posesión posteriores observadas en Perú (julio del 2026) y luego en Colombia (agosto del 2026), no asistió el presidente de Israel. Se sugiere realizar una búsqueda de actos de traspaso en presencia del presidente de Israel en otros continentes de manera a poder estimar aún mejor el grado de cercanía de Israel con las autoridades costarricenses actuales y las anteriores correspondientes al período (2022-2026).
Otro punto de igual manera «destacado«, y muy poco señalado, resulta del hecho que nunca antes un ministro de Relaciones Exteriores en el ejercicio de sus funciones había recibido un premio como el premio «Jerusalén» (Nota 5): véase al respecto el comunicadooficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica del 24 de agosto del 2026).
Como se señaló con anterioridad, el titular de este artículopublicado en julio del 2026 en el Semanario Universidad permite entender mejor las motivaciones en algunos círculos para otorgarle este premio al que fue canciller de Costa Rica hasta su insólita destitución el pasado 24 de septiembre, en plena Asamblea General de Naciones Unidas, días antes de pronunciar su alocución, y semanas antes de entrar en la recta final de cara a la designación de un(a) sustituto (a) para asumir el puesto de Secretario (a) General de Naciones Unidas (contienda en la cual compite una candidatura oficial de Costa Rica): es posiblemente el peor momento que pueda escoger un Estado para destituir a su canciller. No se tiene registro en Naciones Unidas de la destitución de un canciller en plena Asamblea General de Naciones Unidas y agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores si tienen en mente un caso que se nos haya escapado.
La información sobre lo que ocurre en Gaza
Este nuevo informe coincidió con la presentación por parte de Francesca Albanese, de su último informe sobre la responsabilidad de los medios de prensa en el genocidio en curso en Gaza: su informe A/81/249 está disponible en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas, y tuvimos la ocasión de analizar su contenido y su alcance, así como las reacciones ya habituales de Israel cuando fracasa estrepitosamente su diplomacia en Naciones Unidas (Nota 6).
Ya en el 2025, tuvimos la oportunidad de detallar el cerco informativo que Israel intentaba mantener en los primeros 23 meses desde el 7 de octubre del 2023, con el asesinato deliberado y reiterado de periodistas, comunicadores y camarógrafos en Gaza, ante una indiferencia casi generalizada del gremio de profesionales en periodismo en Costa Rica y en muchas otras partes de América Latina (Nota 7).
«Gaza, cerco informativo, cerco de la justicia internacional«
son los ejes de varias conferencias, foros y publicaciones nuestras (disponibles en la red) en las que hemos participado en los últimos tres años, haciendo ver que los diversos argumentos de Israel difundidos por sus embajadas y los pequeños círculos que gravitan a su alrededor, no resisten un debate contradictorio frente a integrantes de jurisdicciones internacionales.
En el punto 72 del informe de Francesca Albanese, una mención interesará a los muchos espectadores costarricenses que fueron masivamente a ver la película titulada La voz de Hind Rajab, una niña de Gaza de tan solo seis años cuyo nombre ha sido escogido por una fundación que rastrea y ubica con gran éxito a criminales de guerra israelíes que turistean por el mundo (véase sitio). En efecto, el punto 72 se lee de la siguiente manera:
«72. Cuando ciertos hechos ya no pudieron seguir negándose ni “camuflándose”, la cobertura informativa con frecuencia omitió o minimizó la responsabilidad de Israel. Un análisis de contenido ha concluido que la BBC actuó de ese modo en el 83 % de los titulares pertinentes y The New York Times en el 65 %. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el caso de Hind Rajab, asesinada por fuerzas israelíes, cuya muerte sigue siendo presentada por la BBC bajo el titular: “Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta en Gaza días después de realizar llamadas pidiendo ayuda” «.
Es de notar que, por segundo año consecutivo, Francesca Albanese debió presentar su informe desde el exterior (por video conferencia) al estar sujeta a sanciones en su contra por parte de Estados Unidos (véase video de su presentación, cuya visualización completa se recomienda).
Foto extraída de esta nota de la BBC titulada «El tribunal de la historia nos juzgará. Y su conclusión será implacable con los que niegan que hay genocidio en Gaza»: Francesca Albanese, relatora de la ONU», edición del 19 de diciembre del 2024
Este 29 de octubre del 2026 se realizó un importante foro en Naciones Unidas (véase videocompleto) con Francesca Albanese en videoconferencia y con otros expertos de Naciones Unidas, titulado:
“Human Dignity Under Strain: The Humanitarian and Human Rights Consequences in the Occupied Palestinian Territory»
organizado por el CEIRPP de Naciones Unidas (siglas en inglés del Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People).
A finales del mes de noviembre próximo, la Universidad de Costa Rica (UCR) debería otorgar formalmente en un acto oficial solemne a esta jurista italiana su máxima distinción, el Doctorado Honoris Causa: no está de más recordar que Francesca Albanese es objeto de una intensa campaña de descrédito sin precedentes orquestada por Israel, Estados Unidos.
Pese a esta intensa campaña de desprestigio contra Francesca Albanese, ampliada por los círculos afines a Israel en todo el mundo, España en mayo del 2026 le otorgó la máxima distinción oficial del Orden al Mérito Civil (véase comunicado oficial del Palacio de la Moncloa). Se trata de un reconocimiento de España a su persistente labor de documentación y de denuncia, y que bien podría inspirar a muchos otros Estados y entidades en el mundo, dada la contundencia de sus informes y sobre todo, la justeza de sus análisis, y ello desde su primer informe después del 7 de octubre del 2023, titulado: «Anatomía de un genocidio» (véase enlace). Siempre en España, desde la parte más periférica de su geografía, es la Universidad de La Laguna en Tenerife la que anunció el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Francesca Albanese (véase notade dicha universidad).
En abril del 2026, fueron tres universidades flamencas en Bélgica las que también otorgaron conjuntamente un Doctorado Honoris Causa a esta valiente jurista italiana (véase nota oficial).
Cabe también traer a la memoria que cuando en febrero del 2026 la UCR optó por otorgarle su máxima distinción a Francesca Albanese (véase artículodel Semanario Universidad de marzo del 2026), en el mes de abril del 2026, se informó de un intento por parte de un egresado de la UCR de restarle validez a esta decisión del Consejo Universitario de la UCR, el cual como era de prever fracasó (véase notadel Semanario Universidad). No se tiene idea exacta del número de egresados de la UCR como para valorar la pertinencia de las «gestiones» realizadas de manera unipersonal en contra de la decisión de la máxima instancia decisoria dentro de la UCR.
Más allá de la gran seguridad que anima a algunos egresados a la hora de cuestionar de manera solitaria una decisión de la UCR que otorga su máxima distinción académica a una persona, resulta oportuno añadir que además de Naciones Unidas, Israel ahora debe enfrentar cuestionamientos desde la misma sociedad israelí. El documental Naza realizado por dos valientes periodistas de investigación israelíes fue estrenado con gran éxito en las principales capitales del mundo (véase enlace) en el mes de octubre del 2026: incluida la de Costa Rica, con un estreno antecedido por una verdadera saga para que no se proyectara (Nota 8). Esta película recoge el testimonio de un total de 24 militares de cierto rango (pilotos, integrantes de la unidad 8200, operadores de drones, integrantes de batallones de infantería y en la parte final del documental, miembros del departamento político del ejército israelí denominado «departamento Bibi«, un departamento particularmente preocupado por la justicia penal internacional de La Haya): se trata de entrevistas realizadas por la noche, en las azoteas de edificios en Tel-Aviv. En varias de las entrevistas realizadas, se denota como un operador de drones israelí, al obedecer a instrucciones de sus superiores, acaba con la vida de familias palestinas enteras, hablando de sus operaciones en Gaza con una frialdad escalofriante, como si estuviera refiriéndose a un banal video juego.
A diferencia de los informes que provienen de Naciones Unidas, a los que Israel ya no presta mayor atención (más allá de sus habituales vociferaciones y gesticulaciones iracundas tildando de «antisemitas» a los autores de estos informes), resulta de interés observar la desesperación de las autoridades de Israel con respecto al contenido del documental Naza: han prohibido su proyección en Israel, han propuesto una ley que retire la nacionalidad a cualquier periodista que critique el ejército israelí y han anunciado que sancionarán a los militares que dieron sus testimonios (véanse esta nota de TheGuardian y esta notade France24). El pequeño detalle que omiten estos gestos desesperados ya habituales del aparato estatal israelí es que las identidades de estos militares israelíes fueron omitidas y sus voces modificadas para realizar este documental sin exponerlos a represalias.
La maquinaria informativa israelí desplegada desde hace ahora más de tres años para maquillar sus crímenes en Gaza va quedando al descubierto, tanto luego de proyectarse el documental Naza como de leerse el informe de Francesca Albanese y muchos otros informes de Naciones Unidas. En el caso del informe de Francesca Albanese, quedan también puestos en evidencia los analistas, columnistas, editorialistas y supuestos «expertos» que no han tenido reparo alguno en repetir la narrativa israelí en estos largos tres años, sosteniendo lo insostenible, en particular desde el punto de vista jurídico.
A modo de conclusión
A la valiosa información contenida en los informes que periódicamente emiten órganos de Naciones Unidas y que vendrá a documentar las acciones legales contra Israel que se están llevando a cabo en su contra (como Estado) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ante la CPI (contra dos de sus dirigentes y posiblemente muchos más), hay que añadir el hecho siguiente: las reacciones registradas en Israel contra los dos directores de Naza confirman como nunca el gran poder del periodismo de investigación y el valor de algunos comunicadores para enfrentarse al poder político.
Fue este mismo equipo de periodistas israelíes que, al acceder a documentos confidenciales del aparato militar israelí,
– en abril del 2024, dio a conocer al mundo el uso del programa informático “Lavender” en Gaza (véase artículo publicado en Magazine+972 en abril del 2024 titulado “Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza”);
– en mayo del 2024, reveló la existencia de un programa de muchos años de escuchas y de monitoreo de Israel con respecto al personal y al contenido de las computadoras de la CPI en La Haya: véase el artículo titulado «Surveillance and interference: Israel’s covert war on the ICC exposed».
Tal y como se puede observar en este final de mes de octubre e inicio de noviembre del 2026, Israel enfrenta un repudio generalizado a nivel internacional por su insensato actuar en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado: el único aliado incondicional que le queda (Estados Unidos) bien podría cambiar de posición dada la cercanía de las elecciones en Estados Unidos y el rechazo de gran parte de la sociedad norteamericana a este apoyo incondicional. Un reciente libro publicado en Estados Unidos y titulado «Israel’s lobby: America in the grip of a foreign power» (véase fichatécnica) explica cómo la política exterior de Estados Unidos es decidida por círculos de influencia cercanos a Israel, con decisiones que incluso a veces van en contra de los intereses norteamericanos (véase video de entrevista a sus autores). Nótese que estas elecciones de «midterm» en Estados Unidos de noviembre del 2026 han significado un monto de 12.000 millones de US$ en gastos de campaña: un monto nunca visto con anterioridad (véase nota de la BBC).
El genocidio en curso en Gaza no es ajeno a la campaña electoral en Estados Unidos que culminó con las elecciones de «midterm» del 3 de noviembre del 2026: tanto dentro del campo demócrata como republicano, la crítica a la forma en que Estados Unidos ha apoyado a Israel de manera total se extiende cada vez a mayores sectores políticos. Fue tal la desesperación por desmarcarse de Israel que el actual ocupante de la Casa Blanca, el mismo día de los comicios, anunció su intención de frenar la ayuda futura de Estados Unidos a Israel (véase notade la BBC): un intento de último momento para frenar la debacle de los republicanos que resultó vano y que no tuvo mayor efecto en el resultado de estas elecciones del 3 de noviembre del 2026.
Cada vez son más las voces en Estados Unidos (y fuera de Estados Unidos) para denunciar que la insólita campaña del actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos en contra de la justicia penal internacional de La Haya persigue un solo y único objetivo: garantizar a toda costa a los dirigentes israelíes una total impunidad.
Cada vez son más los israelíes (en Israel y fuera de Israel) convencidos que todos los esfuerzos del actual primer ministro y de sus aliados extremistas en la Knesset para que no se cree una comisión de investigación independiente sobre las circunstancias en las que se dio el ataque del 7 de octubre del 2023 responden todos a un objetivo similar: asegurarle al equipo que dirige los destinos de Israel desde varios años el no tener que rendir cuentas con respecto a su verdadera irresponsabilidad en el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023.
– – Notas – –
Nota 1: En el mes de octubre, tuvimos la ocasión de referirnos al «asedio total» a Gaza anunciado por Israel, que se confirmaría semanas después de su anuncio, ampliado a bombardeos masivos en zonas urbanas densamente pobladas de Gaza: véase BOEGLIN N., «Voz experta: Ataque de Hamás desde Gaza yel «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí«, sitio oficial de la UCR, edición del 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí. Una versión anterior se publicó en ElMundo.cr, y ello desde el mismo 10 de octubre del 2023 (véase texto).
Nota 2: Nos permitimos entonces señalar en esta nota publicada en el sitio jurídico de DIPúblico (Argentina) en abril del 2021 que: «El pasado 18 de marzo, el presidente de Israel, de gira por Europa, visitó a su homólogo de Francia para convencerle de la validez de los argumentos israelíes contra los emitidos recientemente por la justicia penal internacional de La Haya (véase, por ejemplo, esta nota de prensa de la agencia china Xinhua). Antes de París, el presidente israelí había estado en Berlín y en Viena para reunirse con sus pares con el mismo propósito. Además, esta misma tercera semana de marzo es cuando el propio jefe de la diplomacia israelí optó por ir a Moscú para reunirse con su homólogo ruso (véase esta nota de prensa del JerusalemPost). Cabe señalar que hace unas semanas, una inusitada campaña llevó a los embajadores israelíes en ejercicio a expresarse en varios periódicos (es el caso, en América Latina, del Excelsior en México, del Diario de Centroamérica en Guatemala, por citar sólo algunos ejemplos) o a recurrir a relevos locales (caso de La Estrella en Panamá)». El 18 de marzo de 2021 fue también el día en que los medios de comunicación israelíes mencionaron, por primera vez, la existencia de una carta enviada por la Corte Penal Internacional (CPI) a las autoridades israelíes en relación con los crímenes cometidos en territorio palestino, dándoles un mes para responder (véase la nota de prensa del Times of Israel titulada «Israel said to receive formal letter from ICC informing of war crimes probe«). Esta campaña israelí al más alto nivel político refleja la profunda preocupación que genera una reciente decisión de la justicia penal internacional, y que pareciera haber tomado desprevenido al aparato estatal israelí».
Nota 3: Véase BOEGLIN N. «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el denominado «Plan de Paz» de Estados Unidos e Israel a la luz del derecho internacional público, analizado desde Costa Rica«, 1 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota4: Estas declaraciones del mandatario costarricense provocaron una reacción indignada de un intelectual de ascendencia judía radicado en Europa, que reportó el 3 de julio del 2025 esta nota de La Nación titulada “Respuesta de Rodrigo Chaves sobre niños en Gaza y TLC con Israel desata fuerte reacción de filósofo judío”. Dicho sea de paso, es este mismo intelectual el que ha sido invitado a impartir una conferencia magistral sobre Gaza que organizó la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UCR, el pasado 24 de septiembre; véase volanteasí como el video completo de la charla realizada, que se recomienda visualizar.
Nota 5: Usualmente los premios Jerusalén en América Latina vienen a premiar a profesionales de la comunicación, sean columnistas, analistas o periodistas: en el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalén» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). Siempre con respecto a Costa Rica, este mismo premio fue otorgado a un exdiplomático en el año 2022 (véase nota de prensa), al parecer también comunicador.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «¿Cómo volver aceptable lo inaceptable? Francesca Albanese y su informe sobre Gaza, la manipulación y la desinformación de los medios de prensa«, 11 de octubre del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Informar al mundo desde Gaza y prensa: el cerco persistente que Israel intenta mantener desde hace 23 meses, analizado desde una Costa Rica inaudible», 5 de septiembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 8: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Gaza / Israel: reflexiones sobre el documental Naza y la verdadera saga observada con respecto a su proyección en Costa Rica«, 23 de octubre del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
¿Qué lugar ocupan los feminismos en nuestras formas de vivir y comprender la fe? Con esta pregunta, Fe y Democracia, el Centro de Amigos para la Paz y el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) invitan al conversatorio «Fe subversiva: teologías feministas ante los fundamentalismos».
El encuentro busca reflexionar sobre las relaciones entre género, feminismos y espiritualidades. También abordará cómo las teologías feministas cuestionan las estructuras patriarcales, disputan los discursos fundamentalistas y abren posibilidades para vivir una fe desde la igualdad, la libertad y la justicia de género.
Participarán las teólogas feministas Silvia Regina de Lima Silva y Marilú Rojas Salazar.
La actividad será el jueves 5 de noviembre a las 6:00 p. m. en el Centro de Amigos para la Paz, en San José: avenida 6A, calle 15, entre avenidas 6 y 8, costado oeste de los Tribunales de Justicia. Para más información, puede llamar al teléfono 2222-1400.
Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli Instituto Sindical de Formación Democrática
Al acercarse los años finales del siglo XIX, los costarricenses habíamos desarrollado una mentalidad que nos ha distinguido a través de nuestra Historia Patria: somos un pueblo pacífico, pero no cobarde, individualista pero no egoísta, respetuoso del derecho, pero no sojuzgado a la voluntad del Estado; se forjaron hombres libres que, en definitiva, comprendieron que la democracia es algo más que un acto electoral que se repite cada cierto tiempo y con una determinada periodicidad. Lo anterior lo escribí en 1989, a raíz de la conmemoración del centenario de aquella fecha gloriosa.
Sin embargo, aquel 7 de noviembre de 1889 algo faltaba para depurar los procesos electorales, pues hasta ese momento, el país había vivido una etapa de políticos personalistas que habían impuesto su impronta en la vida política nacional y de la mano de la naciente oligarquía cafetalera, que los impuso, bien fuera por medio de procesos electorales o golpes de Estado, como el ejecutado el 27 de abril de 1870 por don Tomás Guardia quien, al negarse a entregar el poder a don Mariano Montealegre, uno de los más relevantes personajes de aquella oligarquía, instauró un periodo de dictadura que, singularmente, empieza con la aprobación de la Constitución de 1871, la más liberal y longeva de nuestra historia a tal punto, que nuestra actual Constitución de 1949 se fundamenta en ella. Guardia no solo nos heredó la Constitución, o el inicio de la construcción del ferrocarril al Atlántico, sino que abrió el periodo que podríamos llamar «liberal» que se incrementa a su muerte durante el gobierno de Próspero Fernández (1882-88 su yerno) y el de Bernardo Soto (1886-1890 el yerno de este), con lo cual se culminan veinte años de dominio de la familia Guardia.
Así llegamos a las elecciones de 1889 para las que, como bien lo señala don Rodrigo Facio en su libro Estudio sobre economía costarricense, la oligarquía cafetalera había comprendido que los golpes de Estado y una política personalista, no eran el mejor medio para llegar al poder o estar cerca de él y que era necesario buscar otro camino y reforzar los sistemas electorales y para ello, era necesario la organización de partidos políticos como los instrumentos que en una democracia, median entre el poder y la gente. Por ello, en aquellas elecciones del año 89 aparecen los dos primeros partidos políticos en la escena electoral: el Partido Constitucional Democrático que postula al Lic. José Joaquín Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, conservador y opositor a las reformas liberales que se habían aprobado en 1886 y 1888. Por otra parte, surge del Liberal Progresista, con el apoyo oficial pues era el designado a la Presidencia de la República y liberal, que desde el principio gozó, como era de esperar, del apoyo del presidente Bernardo Soto quien llegó al extremo, pocos meses antes de las elecciones de traspasarle el poder, ante la obvia reacción del partido opositor.
Las elecciones, bajo el sistema de voto indirecto, se realizan en un ambiente de tensión, como era de esperar. El triunfo fue del Partido Constitucional Democrático en las votaciones efectuadas el 3 de noviembre, lo que provocó que el 5 de noviembre policías se lanzaran a la calle en una manifestación a favor de Esquivel, lo que produjo la consecuente consternación en la oposición. Ahí surge la figura de don Rafael Yglesias, yerno de don José Joaquín Rodríguez, que organiza a los vecinos de diferentes poblaciones, sitia la ciudad de San José y se lanza a las calles a defender el derecho al voto y a la voluntad popular. Ante la presión popular aquel 7 de noviembre, don Bernardo Soto renuncia a la presidencia y nombra al Dr. Carlos Durán, quien era el tercer designado, para ocupar el cargo y hacer la transición al nuevo gobierno de José Joaquín Rodríguez.
En aquella ocasión, por primera vez, el pueblo defendió uno de los más sagrados derechos en una democracia: la elección libre de sus gobernantes y el respeto a la pureza del sufragio. Pero el proceso de purificación electoral y consolidación democrática apenas comenzaba fundamentándose en los valores cívicos y espíritu de libertad que desde la independencia en 1821 se venían forjando lentamente, en el seno de nuestra cultura, patrimonio y mentalidad costarricense, unas veces cayendo y levantándose de nuevo, pero siempre con la mirada puesta en conquistar y defender el derecho a ser hombres y mujeres libres.
Esa herencia bendita está en sumo peligro, y no podemos terminar estas líneas sin advertirlo. Si en 1856 Juan Rafael Mora Porras calificó a los filibusteros como tiranos y falange impía, hoy son aspirantes a neofascistas, igualmente impíos irrespetuosos de nuestros valores y democracia, queriendo ser tiranos y negarnos lo que tanto nos ha costado: el derecho a ser libres. Por eso no podemos ni debemos los costarricenses seguir con la irresponsable actitud de la indiferencia, de volver la mirada hacia otro lado mientras nos roban la Patria. ¡No!, es la hora de indignarse y como lo hicieron los héroes del 56 y los ciudadanos del 7 de noviembre, tomar calles y ciudades, porque la democracia es nuestra, no de unos pocos advenedizos y forajidos creadores de odio contra las instituciones que fueron creadas por nuestros antepasados, para que pudiéramos tener un Estado Social de Derecho, que nos garantice prosperidad y paz; esa herencia, no la podemos dilapidar por una minoría que se ha dejado engañar y no supo elegir.
San José, 4 de noviembre de 2026
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