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Día Mundial de los Pacientes Trasplantados

Dr. Mario Sánchez Arias
Especialista en Cirugía General,
Terapia Intensiva y Nutrición Clínica
Miembro de Número de ACANAMED

Sin órganos no hay trasplantes

No hay pacientes trasplantados, si no hay órganos donados disponibles, de modo que no se puede hablar de trasplantado sin donantes.

La donación de órganos en nuestro país es crítica (muy baja), si se compara con los países que lideran a nivel mundial el proceso de donación y trasplante como España por ejemplo, que tiene cifras de donación en algunas regiones de 35-40 donadores por millón de habitantes, siendo la de Costa Rica por mucho alrededor de 5-6 por millón de habitantes.

Todos los tipos de trasplantes más usuales como riñón, hígado, corazón, pulmón, tienen en Costa Rica listas de espera importantes de más de 12 meses y desgraciadamente una pérdida de potenciales receptores en lista de alrededor de un tercio.

Nuestro país si bien ha progresado mucho en el campo de los trasplantes, desde los años 80s y 90s en que se empezó con esta terapéutica, con leyes de donación (9222), con su respectiva reglamentación del año 2016, una política de donación y trasplantes aprobada por el Seguro Social del 2012, una participación activa y transparente del Ministerio de Salud en el tutelaje y distribución de los órganos donados; todavía tenemos un rezago importantísimo en todos los procesos de donación y trasplante debido principalmente a que se ha comprendido mal la actividad de trasplante y no se le ha propulsado como se requiere y más bien se le ha puesto muchísimas trabas de corte administrativo al desarrollo de todo el potencial de los profesionales que pujan por mejores condiciones y mejor gestión en materia de trasplantes.

El país está trabajando con órganos donados de dos fuentes: por donadores vivos, es decir personas que por altruismo deciden donar un órgano o parte de un órgano para que sea implantado en un enfermo terminal funcional, llamado receptor. O bien con órganos donados por los familiares de personas que llegan a tener muerte cerebral, criterios desarrollados desde hace muchos años (1968 Harvard) y modificados 2010 por Academia Americana de Neurología, en los que se puede utilizar todos los órganos viables: 2 riñones, dos pulmones, un corazón, un hígado, un intestino, un páncreas, hueso, córneas entre otros.

Pero como dijimos la donación en C.R. es muy baja, dado que la Institución del Seguro Social, no tiene una buena organización a nivel nacional, por ejemplo: ordenando que todo paciente que tiene probabilidad de llegar a evolucionar a muerte cerebral deba ser reportado a los coordinadores de trasplantes, de modo que si esto sucede, se pueda actuar rápidamente en la solicitud de donación, proteger el cadáver en oxigenación lo más pronto posible y de la mejor manera, de tal suerte que se pierdan los órganos menos posible en todo el territorio nacional y además que los órganos lleguen en la mejor condición posible para ser trasplantados.

Dentro de éstas posibilidades estamos expandiendo los criterios para aprovechar donadores que en otra hora no serían considerados. Así donadores obesos con IMC de 35 que no se utilizarían en el pasado hoy estamos promocionando su aceptación, con biopsias hepáticas para descartar una macro esteatosis importante. La edad límite de donador aceptada clásicamente fue 60 años, actualmente nos interesa más su estado funcional y estructural para varios órganos. Hemos pasado la barrera de trasplantar pacientes HBO incompatibles, sobre todo en casos de emergencia con la respectiva desensibilización, con buen resultado. Así mismo hay disposición de aceptar donantes con Virus B o C, HIV, particularmente para pacientes portadores de este mismo virus.

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En el mundo desarrollado en materia de trasplantes hoy día, el 40-50% de los órganos que se están utilizando, son de donador con corazón parado, particularmente del tipo III de la clasificación modificada de Maastricht. Hay programas que están realizando un 60% de sus trasplantes con órganos de este tipo de donación. En Costa Rica no estamos utilizando este tipo de donador, por falta de organización a nivel Institucional, ya que este proceso conlleva que se envíen a formar profesionales de todas las ramas necesarias en el particular, se desarrolle luego un protocolo y se empiece a coordinar con todas los entes responsables la iniciación de utilizar órganos de donador con corazón parado. Podemos pensar en utilizar órganos de personas que han muerto y son declarados por el facultativo respectivo, como tal. Inmediatamente se solicita la donación (o se ha hecho previamente), se inicia con maniobras para reperfundir los órganos y poder darles viabilidad en unas pocas horas.

No podemos pensar en utilizar órganos de animales genéticamente modificados (Xenotrasplante), porque es una posibilidad muy lejana para nuestra realidad e impráctica. Sabemos que hoy día se está trabajando en el cultivo de tejido, pero no se han podido formar órganos que sirvan para el trasplante, todavía y de nuevo en CR estaríamos muy lejanos de esta posibilidad.

Pero sí podemos poner a liderar los trasplantes a personas que conozcan el funcionamiento de la actividad de trasplantes, que tengan poder resolutivo y NO depender de gerencias políticas que cambian a cada rato y que no permiten avanzar la actividad. Sí podemos desarrollar una campaña pública de estímulo a la donación, agradable, amplia y permanente. Sí podemos crear una red a nivel país para aprovechar todos los muertos neurológicos. Sí podemos tener coordinadores de trasplantes en todos los centros hospitalarios, adecuadamente pagados. Sí podemos invertir en más y mejor tecnología para preservar los órganos en el tiempo y hacerlos más funcionales. Sí podemos invertir en formar equipos que formalicen un protocolo para el aprovechamiento de los órganos de donadores con corazón parado, como se ha explicado.

Con esto los grupos profesionales trasplantadores, tendrían un caudal de órganos más abundante, de tal suerte que las listas de espera se acorten, que menos pacientes se pierdan mientras esperan ser llamados, que el resultado de los trasplantados sea cada vez mejor al contar con más y mejores órganos.

Cumpliendo con todo lo que está a nuestro alcance, tendremos cada día más personas trasplantadas para celebrar este día tan especial, día que les cambió por completo el futuro a muchas personas y familias en Costa Rica y en el mundo.

Mujeres solicitan a la CGR y a la Fiscalía General investigar hechos irregulares en el INAMU

Carta abierta a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la República

La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Colectivo Mujeres por Costa Rica, CEFEMINA, Alianza de Mujeres Costarricenses y ALAMUD (Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad) remitieron una carta abierta a la Contralora General de la República y al Fiscal General denunciando hechos de posible incumplimiento de deberes, mal uso y falta de supervisión de recursos públicos en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Lo anterior según los hallazgos de un Informe de Auditoría Interna del INAMU dado a conocer recientemente, a saber: Informe de la Auditoría Interna (AI) del INAMU (PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE URGENCIA NRO. 2024XE- 000001-0015800001) sobre el proyecto Puntos Violeta.

Denuncias

Las organizaciones de mujeres denuncian, entre otras cosas, que:

La violencia contra las mujeres ha alcanzado dimensiones nunca vista en Costa Rica. Entre los años 2022-2024, los femicidios de pareja aumentaron en más de un 100%. En lo que va del año 2025, se registran 18 femicidios. Poco menos que un femicidio por semana.

Mientras esto sucede, la entidad obligada por ley a promover las políticas públicas para la prevención de la VCM, el INAMU, desarrolló una “estrategia” (denominada Puntos Violeta) onerosa que no tiene ninguna relación ni impacto con la problemática, al tiempo que debilita los servicios institucionales ya existentes que continúan cargando con el grueso de la demanda de atención. Además de no cumplir con las obligaciones contravencionales y de la normativa nacional, esta “estrategia” – a partir del informe de la AI – parece presentar importantes vicios de legalidad y aparentes serias afectaciones a la hacienda pública.

Petitoria

Algunas de las peticiones hechas por las organizaciones de mujeres son las siguientes:

  • Apertura de un proceso administrativo directo e independiente de la AI del INAMU para Identificar las responsabilidades individuales, administrativas y políticas, derivadas de los hallazgos de este informe de AI del INAMU en relación con los procesos de contratación, las faltas de supervisión y seguimiento al buen uso de los recursos públicos vinculados con el proyecto de Puntos Violeta, incluyendo la renovación reiterada de las contrataciones sin evaluación de resultados, entre otros aspectos.

  • Llevar a cabo una investigación urgente en relación con los contratos de servicios profesionales en derecho para brindar servicios en los PV para verificar el tipo, cantidad y calidad de los servicios prestados, así como la relación costo-beneficio en función de los objetivos de la “estrategia” de PV.

  • Realizar una auditoría de la inversión del INAMU en materia de publicidad institucional en relación con esta “estrategia” desde el punto de vista de la racionalidad del gasto en relación con los resultados, así como otros elementos asociados a la administración de estos recursos incluyendo la pauta publicitaria.

  • Valorar la pertinencia y legalidad de la continuidad de los contratos vigentes, incluyendo la pertinencia y viabilidad de la rescisión de dichos contratos.

  • Estudiar la posible existencia del delito de enriquecimiento ilícito por parte de la empresa PSICOMED SA al amparo de estos contratos, así como la responsabilidad del INAMU como ente contratante.

  • Valorar lo señalado a la luz de la existencia de otras faltas administrativas o delitos contra la hacienda pública, ley de control interno, entre otros.

Puede leer la carta completa en este enlace.

El Consenso de Washington que recorre los despachos de la Sala IV

Manuel Hernández

Ya van, al hilo, siete acciones de inconstitucionalidad, presentadas por algunas instituciones públicas y sindicatos, contra la insufrible Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº 9635, que, después de tantos años de incertidumbre, fueron declaradas sin lugar por el Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución.

Los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas han volado en el aire.

El principio de no retroactividad de la ley se transmutó en una pieza de arqueología jurídica, que se puede contemplar en el Museo Nacional, en las inmediaciones de Cuesta de Moras.

La disciplina y la Regla Fiscal, impuesta por esa ley, que ha causado tanta afectación en los servicios públicos más sentidos de la población (salud, seguridad, educación, entre otros) están a buen resguardo, blanqueadas por los reiterados pronunciamientos del Tribunal, inspirados en el Consenso de Washington.

Sólo el derecho de negociación de convenciones colectivas, a duras penas, logró salir sin tanto daño, conforme la doctrina de ese Tribunal, que data de principio de este siglo, pero que subordina el ejercicio de ese derecho fundamental a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y otros más de la parafernalia judicial.

Es necesario destacar que, a merced de esos principios, han sido declaradas inconstitucionales, una tras otra, una innumerable cantidad de cláusulas de convenciones colectivas; por cierto -para que no se olvide- a contrapelo de los pronunciamientos de los órganos de control de OIT, que reiteradamente advirtieron que la anulación de esas cláusulas violenta el Convenio 98 y otros de OIT.

El Convenio 98 OIT y los otros en materia de Libertad Sindical son instrumentos internacionales de Derechos Humanos que no gozan de mucha simpatía en los despachos de los magistrados, a quienes, por contrario, les corresponde optimizar al máximo el ejercicio de los Derechos Fundamentales.

La más recentísima sentencia de la Sala, del pasado mes de mayo, dictada después del VOTO 2025-8201, de marzo/2025, confirma esa doctrina fundamentalista fiscalista y neoliberal que febrilmente abraza el Tribunal Constitucional.

Urgente nuestra solidaridad con el pueblo panameño – para firmar

SURCOS comparte el siguiente llamado:

El pueblo panameño urge de nuestra solidaridad. Docentes, indígenas, estudiantes, entre muchos sectores, están en pie de lucha en pos de que no les recorten las pensiones, por la defensa del Canal para el pueblo panameño y contra bases militares estadounidenses en Panamá.

El pueblo firme en su legítima lucha es víctima de una brutal represión por parte de cuerpos policiales militarizados. Solicitamos su firma de manera solidaria y urgente.

Fecha límite: domingo 8 de junio 2025

https://forms.gle/yQ6oxS4QM4FC31WC8

Organización ambientalista refuta respuesta del MINAE sobre permisos irregulares en Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología respondió el 4 de junio al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, refutando los argumentos expuestos en el oficio DVA-064-2025 sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el sitio Ramsar 783.

Según el documento AEL-00239-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) ha omitido su deber de coordinación interinstitucional y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en estas áreas protegidas.

La organización señala que el minae argumentó no poder invadir las competencias de la Municipalidad de Talamanca, basándose en la autonomía municipal establecida en el artículo 4 del Código Municipal. Sin embargo, Levy considera que esta interpretación desconoce el deber de coordinación interinstitucional que obliga al ministerio a trabajar conjuntamente con las municipalidades para proteger áreas protegidas y sitios Ramsar.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran construcciones y modificaciones ilegales dentro de humedales y manglares, incluyendo drenajes realizados en el Hotel Las Palmas, propiedad de Jan Kalina, para la construcción de una piscina. También se mencionan obras recientes en el Hotel Almendros y Corales, incluyendo la instalación de una piscina, y una serie de caminos ilegales que afectan los humedales y el bosque del refugio nacional.

La asociación indica que estos hechos no han sido investigados ni corregidos por el minae, lo que constituiría una violación directa de las restricciones establecidas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el artículo 18 de la Ley Forestal y las disposiciones internacionales que protegen los sitios Ramsar.

Levy también criticó la negativa del ministerio a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el estado de la Zona Marítimo Terrestre en Talamanca, considerándola injustificada y contraria a los principios de transparencia y cooperación que deben regir la gestión ambiental.

La organización reitera su solicitud para que el minae cumpla con su deber de coordinación con la Municipalidad de Talamanca para investigar los permisos de uso de suelo otorgados en las áreas protegidas mencionadas. Además, insta a la conformación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar los impactos ambientales de las actividades denunciadas.

El presidente de la asociación advirtió que está dispuesto a escalar el asunto ante la Sala Constitucional si persiste la omisión del minae en abordar estas irregularidades, que considera atentan contra el patrimonio natural de Costa Rica y los compromisos internacionales del país.

El documento fue enviado en copia a diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Ambiental y la Secretaría Ramsar, entre otras.

Reconocer a quienes defienden la vida en el Día Mundial del Ambiente

Por Mauricio Álvarez Mora, docente de la Escuela de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR

El pasado 22 de abril, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, se realizó un emotivo acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza. En este Día Mundial del Ambiente (5 de junio), su lucha debe ser visibilizada y celebrada.

Los defensores ambientales —personas, colectivos y pueblos originarios— protegen los territorios, el agua, los bosques y la vida. Pero esta labor conlleva riesgos: criminalización, amenazas y asesinatos. Según Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para activistas ambientales.

En Costa Rica, entre 1975 y 2020, 13 defensores fueron asesinados, muchos casos siguen impunes. La situación es especialmente grave en territorios indígenas, donde el abandono estatal ha perpetuado la violencia.

Ante esta realidad, distintas organizaciones —UBL, FECON, CoecoCeiba, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la UCR— rindieron homenaje a quienes luchan con valentía. Estas son las personas y comunidades reconocidas:

Francisco Castro Meneses y Yenifer Sandoval Jiménez, activistas ligados a la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), han participado activamente en diversas luchas socioambientales. Su labor ha sido clave en la defensa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y en la oposición al Plan Regulador Costero del Caribe Sur.

También se reconoció a Concejos, comunidades y líderes o lideresas indígenas que han sostenido procesos de autonomía, recuperación territorial y defensa de sus derechos:

En un contexto cada vez más desafiante para quienes alzan la voz en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, reconocer públicamente la labor de las personas y comunidades defensoras del ambiente es un acto de justicia y de esperanza. Sus historias nos recuerdan que la lucha por la tierra el mar, el agua, el bosque y la vida no es un asunto individual ni aislado, sino una causa común que atraviesa generaciones, territorios y culturas.

El homenaje realizado en el Día de la Tierra no solo visibiliza las amenazas que enfrentan estos defensores, sino que también celebra su valentía, su compromiso y su profunda conexión con los territorios que habitan y protegen. En un país que se enorgullece de su imagen ambientalista, es urgente pasar del discurso a la acción: garantizar condiciones dignas y seguras para que estas luchas continúen floreciendo. Solo así podremos aspirar a un futuro verdaderamente justo, sostenible y en armonía con la naturaleza.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Encuentro Estudiantil Intersedes se enfoca en fortalecer el sistema de becas de la UCR

El pasado viernes 23 de mayo se llevó a cabo el Encuentro Estudiantil Intersedes de la Universidad de Costa Rica, un espacio en el cual se discutió la situación actual, las problemáticas y los desafíos del régimen de becas. Durante este evento, las y los estudiantes participantes se reunieron para compartir experiencias y perspectivas evidenciando la importancia de escuchar diversas voces en temas que impactan directamente en la comunidad académica y en el aspecto social de la educación.

El encuentro contó con el respaldo activo de diversas entidades, entre ellas las sedes, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (ViVE) y el Consejo Universitario, cuya colaboración fue fundamental para impulsar un diálogo constructivo. Por medio de la participación se obtuvieron nuevos aportes, ideas y experiencias personales, se enriqueció las conversaciones y ello permitió identificar tanto fortalezas como áreas de mejora en el sistema de becas, subrayando la relevancia de la interacción interinstitucional en la búsqueda de soluciones.

Como resultado del análisis y el intercambio de opiniones, se elaborará un informe final que servirá para alimentar futuras discusiones sobre el régimen de becas. Esta iniciativa fue compartida con SURCOS por la representante de Sedes Regionales en el Consejo Universitario, Esperanza Tasies, reafirmando el compromiso de la comunidad universitaria por transformar y optimizar los mecanismos de apoyo educativo y avanzando hacia un sistema más justo y eficiente.

Deforestación en frontera de Nicaragua y Costa Rica avanza sin control institucional

La Fundación del Río, presentó un informe con un análisis cartográfico detallado que evidencia el avance de la deforestación en la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. Este informe centra la atención en el surgimiento de una nueva invasión en la localidad de Indio Maíz y en el área protegida del Río San Juan, alertando sobre la fragilidad de estos ecosistemas tan valiosos y reconocidos internacionalmente.

La zona en cuestión engloba parte del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, que se ubica estratégicamente en el extremo sur del río San Juan y constituye un eslabón fundamental para la conectividad ecológica entre áreas protegidas, como la Reserva Indio Maíz. Este corredor biológico es vital para la conservación de una gran diversidad de especies y para mantener el equilibrio hidrológico en la región fronteriza.

Fotografía proporcionada por Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua y Fundación del Río

El informe revela que el deterioro ambiental se ha acelerado en los últimos años, evidenciado por la pérdida significativa de cobertura boscosa, incendios recurrentes y el cambio agresivo en el uso del suelo. Las actividades ilegales y el manejo inadecuado de la tierra han propiciado una transformación del paisaje, donde la deforestación se asocia a la conversión de áreas a pastos, cultivos y otras infraestructuras que fragmentan el bosque.

En la zona de Indio Maíz se ha documentado una dinámica en la que actores vinculados a estructuras locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con exfuncionarios y líderes comunitarios, han promovido la ocupación irregular de tierras. Testimonios, recopilados por la organización, y evidencias cartográficas muestran que desde inicios de 2022 se han establecido asentamientos ilegales, los cuales han llevado a la segmentación de diversas áreas originalmente destinadas a la conservación.

En estos procesos, se reporta que las familias invasoras son recibidas por coordinadores locales y figuras políticas que, a cambio de pagos elevados o promesas de avales informales, facilitan el acceso a terrenos protegidos. La ausencia de documentación legal y la aprobación tácita de estos procesos han permitido la expansión descontrolada de la ocupación, provocando una notable deforestación para convertir el bosque en tierras agrícolas o ganaderas.

Los nuevos asentamientos no se limitan a un solo sector, sino que su avance se extiende hacia la zona protegida del Río San Juan, afectando la integridad de un corredor vital que conecta con áreas de alta biodiversidad y con territorios fronterizos. Esta invasión bilateral entre Indio Maíz y el área del río ha intensificado los impactos ambientales en un espacio que debe ser preservado por su valor ecológico y paisajístico.

Fotografía proporcionada por Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua y Fundación del Río

La fundación critica la gestión de las instituciones nicaragüenses, evidenciando deficiencias en el monitoreo y vigilancia por parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), y de la Fuerza Armada, quienes, a pesar de contar con puestos de control, no han logrado impedir el avance ilegal en zonas sensibles. Esta carencia de acción y la posible complicidad de ciertos actores estatales han contribuido a la expansión de actividades ilícitas, como la minería ilegal, el tráfico de fauna y la comercialización irregular de madera.

Con base en un riguroso trabajo de campo, análisis de imágenes satelitales y el uso de sistemas de información geográfica, la organización concluye una alarmante reducción de la vegetación, alertando sobre la pérdida irreversible de hectáreas de bosque y la fragmentación de paisajes que cumplen funciones cruciales, como el almacenamiento de carbono y la regulación del régimen hidrológico del río San Juan.

El nuevo frente de invasión en Indio Maíz y la deteriorada situación en la zona protegida del río San Juan representan desafíos críticos para la conservación ambiental y la soberanía ecológica de la región fronteriza. Este informe se erige como un llamado urgente a la acción nacional e internacional, instando a las autoridades y a la comunidad global a adoptar medidas contundentes que frenen la invasión ilegal, restauren los ecosistemas afectados y aseguren el cumplimiento de los compromisos en materia de protección ambiental.

Para consultar el informe completo, con detalle de los hallazgos encontrados puede acceder a este enlace.

Alcalde de Montes de Oca declina participación en evento en Israel tras escuchar al Concejo Municipal y a la Comunidad

Por Jorge Mora Portuguez
Regidor Suplente
Municipalidad de Montes de Oca

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello García, comunicó oficialmente este martes su decisión de no participar en el evento internacional MuniWorld 2025, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel.

La decisión se da tras escuchar los planteamientos del Concejo Municipal y de diversos sectores de la comunidad, en relación con el actual contexto internacional y las preocupaciones éticas asociadas a la participación institucional en actividades organizadas por el gobierno israelí.

El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó por unanimidad una moción en la que se insta al alcalde a declinar su participación, al tiempo que se reafirma nuestra condena al Estado genocida de Israel por las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas contra la población palestina.

En su comunicado oficial, la alcaldía indicó que «si bien inicialmente se valoró la participación por el enfoque técnico del evento, que abordaría temas como ciudades inteligentes, innovación, cambio climático y tratamiento de aguas residuales; tras un análisis integral y considerando el contexto internacional actual, el Gobierno Local ha optado por no asistir, reafirmando su compromiso con la escucha ciudadana.»

La decisión del alcalde ha sido recibida como un gesto de madurez política, apertura al diálogo institucional, capacidad de escucha a la ciudadanía y compromiso con los valores de justicia y de respeto a los derechos humanos.

En el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal se insta a los otros gobiernos locales del país a declinar su participación en dicho evento.

Montes de Oca, 5 de junio de 2025

En el Día Mundial del Ambiente ecologistas llevan a juicio a Bayer y al Estado

Ecologistas de Costa Rica llevan a juicio a Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste

Los ecologistas señalan que la aprobación de la liberación del algodón transgénico COT102, junto con otros dos eventos apilados, se realizó de forma arbitraria, al no cumplir con los requisitos de bioseguridad, participación pública y transparencia exigidos tanto por el marco jurídico costarricense como por el Protocolo de Cartagena, del cual Costa Rica es firmante.

  • Asimismo, indican que Costa Rica forma parte del centro de origen del algodón, y que liberar algodones transgénicos representa un riesgo para la biodiversidad del país, ya que la liberación del cultivo transgénico apilado en cuestión se llevó a cabo ignorando la solicitud de información técnica valiosa, necesaria para deliberar y emitir un voto razonado como integrantes de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).

  • Acusan al Servicio Fitosanitario del Estado de tener una actitud laxa, complaciente y permisiva con las transnacionales que siembran transgénicos en Costa Rica, y de no resguardar la bioseguridad en un país que alberga el 5 % de la biodiversidad mundial.

Este jueves 5 y viernes 6 de junio da inicio la recta final de un proceso contencioso-administrativo que lleva más de diez años. Los académicos en ciencias agrícolas Fabián Pacheco y Jaime García serán los testigos principales por parte del movimiento ecologista costarricense. Años atrás, ambos fueron representantes ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), durante la evaluación de riesgos para autorizar o denegar la siembra de organismos transgénicos en Costa Rica.

La audiencia se celebrará en el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, en Calle Blancos, Goicoechea, donde los actores del proceso legal presentarán a sus testigos y los abogados aportarán las pruebas ante los jueces.

La demanda es liderada por las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica. En este caso específico, se plantea que la liberación del algodón transgénico apilado se realizó sin poder analizar información faltante, así como información adicional que el doctor en Ciencias Agrícolas, Jaime García, y el máster en Agrobiología Ambiental, Fabián Pacheco, solicitaron en calidad de integrantes de la CTNBio.

“Comparecemos en representación y como testigos de las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, para solicitar la anulación de la autorización de liberación al ambiente del algodón transgénico COT102, en calidad de evento apilado, por haber sido emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente y el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”, indicó Jaime García.

Por su parte, Fabián Pacheco señaló:

“Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Lo que aquí ocurrió fue una aprobación exprés, opaca, carente de estudios realizados en condiciones agroecológicas iguales o similares al área de liberación, así como de otro tipo de información relevante que fue solicitada formalmente. Es claro y evidente que dichas solicitudes de información fueron ignoradas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en complacencia con los negocios con organismos transgénicos de las transnacionales. Se autorizó la liberación de un algodón modificado genéticamente (transgénico) apilado sin demostrar científicamente que no implica riesgos para la biodiversidad o los ecosistemas locales”.

Asimismo, agregó:

“Y esto es aún más grave si recordamos que Costa Rica ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que exige expresamente que, ante la falta de certeza científica, se aplique el Principio de Precaución. Este tratado internacional es vinculante y debe prevalecer sobre cualquier resolución administrativa”.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, este 5 de junio, las y los ecologistas afirman que celebran esta fecha en pie de lucha, con la esperanza de que se demuestre que en Costa Rica el Estado Social de Derecho funciona y protege al ambiente y a sus pobladores. Señalan que es un buen día para exigir justicia para con la naturaleza, la cual seguirán defendiendo por esta y las futuras generaciones.

Datos del caso:

  • Expediente: 18-4060-1027-CA

  • Actoras: Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad y Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica.

  • Demandadas: Estado, SFE, Bayer