La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia condenó nuevamente al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) por desacatar una sentencia de este órgano, en donde ordenaba la construcción de pasos de fauna en la Ruta 32. Esta ruta está siendo ampliada en el tramo Guápiles y Limón, en donde abunda fauna silvestre.
Esta nueva sentencia había sido interpuesta por medio del mecanismo judicial conocido como gestión de desobediencia, interpuesto por María Elena Fournier contra la entidad estatal. Fournier ha alegado que, de los 21 pasos de fauna prometidos por la entidad, solo se han podido construir 2, con serias deficiencias.
Por su parte, CONAVI alegó que había avances de 29 pasos inferiores construidos, así como 2 pasos aéreos, pero que persistían problemas presupuestarios en la institución pública. La Sala Constitucional, por otra parte, encontró que la entidad no ha cumplido con lo ordenado, así como deficiencias en los pasos construidos, además del poco avance en la construcción de pasos aéreos para fauna que vive en los árboles de la zona como monos y perezosos.
Además, el CONAVI había rechazado los diseños propuestos por la Comisión de Vías y Vida Silvestre y la Escuela de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). La entidad alegó que la propuesta carecía de firmas de profesionales colegiados, estudios económicos, funcionales y estructurales, y de presupuesto para ejecutarse.
También, el CONAVI alegó que los 18 pasos de fauna aéreos que se deben construir requieren adendas contractuales que aún no están formalizadas. Por otra parte, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), encontró que los pasos construidos carecen de adaptaciones técnicas como mallas, pasarelas y accesos que aseguren su uso efectivo por la fauna que rodea la ruta.
El CONAVI había sido previamente condenado por la Sala Constitucional en la sentencia Nº 2021-001189 del 22 de enero de 2021. La condena, era concluir los pasos de fauna en los tramos intervenidos en un plazo de tres meses, sin embargo, se solicitó que el plazo fuese aumentado a 36 meses. También, la entidad solicitó un nuevo aumento del plazo de ejecución de la sentencia a un año, pero la Sala Constitucional rechazó el alegato.
Ahora, la Sala Constitucional advierte que los funcionarios públicos responsables de la obra se exponen a sanciones penales y disciplinarias, en caso de persistir el incumplimiento. De esta manera, la decisión de la Sala Constitucional busca salvaguardar el derecho a la protección ambiental y de la fauna silvestre.
