Ir al contenido principal

Farid Ayales Esna… su huella indeleble – In Memoriam

Vladimir de la Cruz

Conocí a Farid hace ya bastante años, a finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, cuando estábamos en la Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica.

Lo conocí como permaneció invariable en su vida, jovial, jocoso, amistoso, noble, siempre sonriente, nada rencoroso, afable, bastante sociable, sobre todo de buen y refinando trato, haciendo que en su relación laboral como suprior jerárquico, o personal, predominara siempre lo positivo, buscando la unidad de acción en la diversidad de opinión, procurando soluciones concretas, reales, posibles, exagerando a veces su guanacastequidad, y su liberianismo, su pampa, su Guanacaste, su Liberia, sus acompañantes permanentes como su sombras,

Siempre lo vi como una persona muy vinculada a su familia, a sus hermanos y hermana, y a sus históricas raíces libanesas. Su familia era su centro vital. En mi caso particular, compartimos hijos en el colegio en Costa Rica, y en la Universidad en Estados Unidos, lo que estrechó nuestra amistad.

Compartimos inquietudes políticas, desde distintas tiendas partidarias pero siempre con gran respeto y cariño personal.

Graduado de Abogado marchó a Italia donde hizo su Doctorado en Derecho, especializándose en Derecho Laboral o del Trabajo, campo en el que llegó a destacar como académico y como funcionario público en su condición de ministro de Trabajo.

Su vida académica y su experiencia en Italia lo sensibilizaron en el campo laboral. La vida universitaria en Costa Rica, en los días de la Facultad de Derecho, lo politizó y su experiencia en Italia le amplió sus horizontes y compromisos políticos, y le enriqueció su cultura general.

Su vida, desde sus años universitarios fue siempre intensa, apasionada por las banderas y compromisos que adquiría, que enarbolaba y defendía.

Le gustaba comer bien, lo que le llevó a desarrollar su proyecto gastronómico en el Restaurante Balbeck, al norte de Heredia, con comida libanesa. Le gustaba igualmente invitar a comer asados hechos y muy bien atendidos por él.

Recién regresado de Italia se encontró una Costa Rica agitada académicamente. El gobierno de José Figueres Ferrer impulsaba, a inicios de la década de 1970, una gran revolución en la educación superior nacional, cuando en 1973 impulsó la creación de la Universidad Nacional, en Heredia, a la que siguieron luego el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Cartago y la Universidad Estatal a Distancia, proyectada en todo el país.

La Comisión Ad Hoc que creó la Universidad Nacional estuvo integrada por el padre Benjamín Núñez Vargas, por Uladislao Gámez, por Francisco Morales Hernández, entre otros.

La Universidad Nacional, bajo el concepto de Universidad Necesaria, revolucionó con nuevas carreras y nuevos conceptos de admisión, incluso permitiendo, en casos especiales el ingreso de adultos sin el bachillerato colegial, tomando en cuenta su experiencia vital. Entre las unidades académicas nuevas estaba el Instituto de Estudios del Trabajo, IESTRA, la Escuela de Relaciones Internacionales, la Escuela de Planificación Social y la de Veterinaria, entre otras. En el IESTRA se dieron casos de esas matrículas especiales, que resultaron exitosas profesional y académicamente en sus resultados con dirigentes sindicales que allí se matricularon.

Dirigida la Universidad Nacional por el padre Benjamín Núñez Vargas, el Instituto de Estudios del Trabajo, IESTRA, se puso bajo la dirección de Farid Ayales Esna, por varios, años, quien también dirigió la Escuela de Relaciones Internacionales.

Al asumir la dirección del IESTRA me invitó a formar parte del profesorado del IESTRA, cuestión que por razones políticas no le gustó al Rector Núñez Vargas, quien intentó despedirme, junto a Alberto Salom, que también se había integrado al IESTRA. Farid asumió la defensa de sus profesores y allí permanecimos trabajando. En mi caso fortaleciendo mi amistad con él y valorando su integridad profesional, académica y política.

Del Instituto de Estudios del Trabajo pasó a dirigir la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. En esta Unidad Académica impulso la defensa y fortalecimiento del Estatuto de Neutralidad Permanente para Costa Rica y las Propuestas de Paz que había planteado el presidente Luis Alberto Monge, con motivo de su Proclama de Neutralidad, en el contexto de la guerra que agitaba a Nicaragua y a Centroamérica.

De la Universidad se lo llevaron a Relaciones Exteriores, donde le pusieron a cargo, en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, de la Embajada de Costa Rica en Nicaragua, en un período complejo y difícil en Nicaragua, como en Centroamérica, que supo atender con gran inteligencia, cuando se estaban firmando los acuerdos que le pusieron fin a la guerra en Centroamérica, donde jugó un papel importante en las negociaciones en las que le tocó participar, mérito que se lo reconocieron al Presidente Oscar Arias cuando le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, en 1987, y al propio Farid cuando en Nicaragua también le dieron una distinción del más alto nivel protocolario y nacional.

Luego fue llevado al Ministerio de Trabajo, donde se desempeñó como ministro en el gobierno de José María Figueres Olsen.

En su vida académica universitaria, en su tiempo de director del Instituto de Estudios del Trabajo, se llevó a cabo una verdadera revolución institucional haciendo del Instituto una Unidad Académica al servicio de la capacitación de dirigentes de organizaciones sociales, de sindicatos y cooperativas.

Me atrevo afirmar que una gran parte de la dirigencia nacional sindical de esas décadas, de 1970 y 1980, se formó universitariamente en el IESTRA.

A los cursos de formación universitaria se agregaron los cursos intensivos a los sindicatos en todo el territorio nacional los fines de semana. Solo con el Sindicato de Educadores Costarricenses, SEC, que fue muy favorecido en la capacitación de sus dirigentes, se hacían alrededor de 50 actividades de capacitación anuales en diferentes regiones del país. Así como el SEC, las principales centrales sindicales del país y los más importantes sindicatos nacionales fueron atendidos por el IESTRA.

En su período ministerial el movimiento sindical se fortaleció, entrando en una grave crisis a partir de 1991, cuando se desintegró el Sistema Mundial Socialista, cuyas repercusiones al acabar con la Guerra Fría, debilitaron a las organizaciones sindicales que pertenecían y a los partidos políticos que se reflejaban en esa Guerra Fría, debilitándolas y haciendo surgir otras dirigencias sindicales, más apolitizadas y mediatizadas por las nuevas políticas económicas y militaristas internacionales que surgieron en el diseño actual de las relaciones políticas mundiales.

Así se proyectaba la Universidad Nacional, en la época de Farid Ayales, en el movimiento sindical urbano y rural del país, que durante esos años se fortaleció en su dirigencia sindical y en sus capacidades organizativas y de sus luchas.

La atención universitaria al movimiento sindical fue a todos los sindicatos no importaba quien los dirigiera, si dirigentes comunistas o de izquierda, si socialdemócratas o socialcristianos, o sindicatos sin adherencia a partidos políticos.

Con el IESTRA se partieron o quebraron estereotipos, que contribuyeron a fortalecer la institucionalidad democrática nacional, haciendo que la política social y sindical se uniera en la academia.

Más tarde, como Ministro impulsó, lo que había conocido embrionariamente en Italia, que fue el beneficio económico, que hoy disfrutan todos los trabajadores, que conocemos como salario escolar, un salario completo, que se da al inicio del ciclo lectivo, para que las familias se ayuden en los gastos de inicio de las escuelas y colegios. Así se incrementaba el poder de compra de los salarios. Inició con un ahorro mensual del 2% hasta que se creó como ajuste adicional o sobresueldo a los trabajadores del sector público, que se extendió en 1999 al sector privado.

Como ministro también impulsó una tarjeta especial de trabajo para cubrir mejor a los trabajadores migrantes, especialmente a los nicaragüenses, que laboraban en las áreas agrícolas, como otra medida, junto al salario escolar, que tendía a fortalecer las condiciones sociales y de bienestar de los trabajadores.

En su Ministerio no se impulsaron políticas de flexibilización laboral, como ya se estaban dando en otros países de América Latina. Bajo su Ministerio se impulsaron las Leyes de “Fomento de la lactancia materna”, la “Ley contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia”, definiéndose el acoso sexual y sus manifestaciones, como las obligaciones y responsabilidades del empleador en estas situaciones. También se dio la Ley “Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, y se establecieron días feriados, y traslado de algunos al días al lunes con posibilidad para los practicantes de religiones distintas a la católica de solicitar como días libres, los de celebración propias de sus creencias. También se adicionaron como feriados obligatorios el 11de abril y el 15 de agosto. Igualmente se prohibió la compensación de vacaciones.

Bajo su Ministerio no hubo acusaciones sindicales ante la OIT de que en Costa Rica se violaran derechos sindicales. Al finalizar su ministerio trató de satisfacer las necesidades de los empleadores y mejorar las condiciones de empleo para los trabajadores. Tambén fortaleció las relaciones con el Ministerio de Ganaderia en el Programa de Gobierno, de “Combate contra la pobreza”, buscando la generación de empleo.

Cuando se le diagnosticó su mal, su cáncer, estuve más cerca de él por mi esposa, en ese momento, que contribuyó, junto con el excelente grupo de médicos que siempre le atendió, a prolongarle exitosamente la vida. En este sentido, Farid tuvo un excelente grupo profesional, científico de médicos, del más alto nivel científico médico, que le atendían, que tuvieron en sus manos a Farid que, a su vez, fue un excelente paciente, que rigurosamente atendía y cumplía lo que se le pedía.

Su vida fue una integración de la vida académica universitaria, como docente o profesor y como director de Unidades Académicas, con la vida diplomática, como Embajador, con la vida política partidaria, como militante activo del Partido Liberación Nacional, con la vida política pública como Ministro de Trabajo.

Farid Ayales sabía combinar y disfrutar su vida personal y familiar, de esposo, padre y abuelo, así como su vida social, que le permitió cultivar una inmensa cantidad de fieles amigos. Si algo había en Farid era su lealtad con sus amigos, el gusto y placer para reunirlos en sus cumpleaños y cuando así lo demandaba.

Lo tuve como un gran amigo, en las buenas y en las malas que le tocó vivir. Solo en estos momentos se pone a prueba la amistad. Los que así vivimos la amistad con Farid nunca lo vamos a olvidar. Permanecerá siempre con nosotros en el recuerdo de sus amenas conversaciones, en los sueños compartidos, en la cotidianidad de nuestros recuerdos y en saber que Farid era una buena persona. En la Historia Nacional nos deja su huella indeleble.

(Intervención leída en la ceremonia religiosa del sepelio de Farid Ayales Esna, el 24 de marzo del 2025, en la Parroquia Inmaculada Concepción de la Unión)

Compartido con SURCOS por el autor.

Los Chicago Boys de la Sala Constitucional

Manuel Hernández

El voto del Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución, N* 2025-8201, que resolvió las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por varios sindicatos (acumuladas), contra diferentes normas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N*9635, sigue aferrándose dogmáticamente a aquellos padres ideológicos del neoliberalismo, entre ellos, Buchanan, Friedman y Hayek.

En ese voto y sus precedentes, la Sala Constitucional abraza una doctrina económica, fiscalista y de austeridad, que no se compadece con el modelo constitucional de nuestro Estado Social y Democrático.

Es cierto, lo rescatable del voto consiste en que preserva, de cierta manera, el derecho de negociación colectiva en la función pública, siempre que se ajuste a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.

Este es el mantra de la doctrina de la Sala, que data del año 2000, a cuyo tenor, a lo largo de más de 20 años, el Tribunal ha mutilado, una tras otra, cualquier cantidad de convenciones colectivas de trabajo, porque, a su libre arbitrio, ha considerado que excedieron los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y hasta de moralidad.

La Sala Constitucional mantiene su posición fundamentalista: la causa de la crisis fiscal consiste en que los gastos exceden los ingresos, justificando -blanqueando- las políticas de recorte de las remuneraciones y reestructuración de las instituciones públicas, para lograr el equilibrio fiscal o la estabilidad presupuestaria.

No se pueden lanzar las campanas al vuelo con ese predecible pronunciamiento de la Sala Constitucional.

No es ningún cisne negro.

Como dice un proverbio del Rey Salomón:

“No hay nada nuevo bajo el sol.”

Próximamente compartiré un artículo en el que desarrollo este enfoque jurídico y constitucional. Manuel Hernández

Convocan a movimientos sociales por lucha contra proyecto eléctrico – 27 de marzo a las 7:30 am

Diversas organizaciones sociales y ambientales convocan a las barras del público de la Asamblea Legislativa para estar presentes en un momento crucial para el Proyecto 23.414 «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional».

La Comisión de Energía decidirá la continuidad o suspensión de la discusión del mencionado proyecto, por lo que se invita a los movimientos sociales a participar.

El encuentro está programado para el jueves 27 de marzo a las 7:30 de la mañana en las barras de la Asamblea Legislativa.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran Fecon, Ríos Vivos, Proal, Comunidades ECOlogistas La Ceiba, Acotel, Bloque Verde y Bloque Azul, FEUCR, y Talamanca Siempre Verde.

El Rugido Silenciado en Talamanca: Donde el Jaguar Habita, el Estado Olvida y el Banano Paga Miseria

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Crisis en la Producción de Banano en Talamanca: Explotación, Precios Injustos y la Lucha por la Dignidad.

Este artículo se desarrolla a partir de una entrevista con la organización «Antonio Saldaña», un colectivo que lucha por los derechos de los productores indígenas en Talamanca y que ha denunciado la grave crisis que enfrentan las comunidades debido a la explotación y los bajos precios impuestos en la comercialización del banano.

El Presidente de la República ha adoptado al jaguar como símbolo de su gobierno. En sus discursos, lo menciona como emblema de fuerza, liderazgo y orgullo nacional. Sin embargo, en Talamanca, donde el jaguar aún camina libre, los verdaderos guardianes de esta especie han sido abandonados. Los pueblos indígenas Bribris y Cabécares han protegido estas tierras por generaciones, asegurando la existencia del jaguar y la conservación del territorio. Pero mientras el gobierno se apropia del símbolo, ignora y margina a quienes realmente han luchado por su preservación.

Parte fundamental de esta protección es su sistema de producción tradicional y diversificado, basado en la armonía con la naturaleza. A diferencia del monocultivo industrial que degrada la tierra y amenaza la biodiversidad, los pueblos indígenas han mantenido un modelo agrícola sostenible, respetando los ciclos naturales y asegurando el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, este sistema enfrenta una crisis profunda, ya que los productores indígenas se ven obligados a vender su banano a precios de miseria, sin apoyo para fortalecer su modelo de producción ni acceso a mercados justos.

Esta contradicción se refleja en la crisis que enfrentan los productores de banano. La economía de estas comunidades se encuentra en un estado de precariedad extrema debido a la imposición de precios injustos y la indiferencia del gobierno. Se glorifica al jaguar en las campañas políticas, pero se olvida a los pueblos indígenas que lo protegen. El gobierno se presenta como defensor de la naturaleza, pero deja en el abandono a quienes sostienen los ecosistemas que permiten la existencia de esa fauna icónica.

Precios Miserables y Control de Intermediarios

Los productores han denunciado que las empresas intermediarias imponen precios extremadamente bajos, sin considerar los costos de producción y las dificultades logísticas que implica trabajar en un territorio alejado de los grandes centros comerciales. Hace años, el precio por kilo de banano alcanzó los 82 colones, pero actualmente se ha desplomado a 60 colones. Esta cifra es insuficiente para cubrir los gastos básicos de las familias productoras.

A esta crisis se suma una nueva directriz informal que obliga a los productores a vender solo la mitad de su producción, sin ofrecer ninguna solución para el sobrante. Esto significa que, si antes una familia vendía 200 kilos y obtenía 12,000 colones, ahora solo puede vender 100 kilos, reduciendo su ingreso a 6,000 colones. Mientras tanto, los costos de traslado siguen siendo altos, con productores que deben viajar hasta una hora y media para entregar sus productos, asumiendo todos los costos sin apoyo.

Una Economía en Ruinas: Sin Opciones y Sin Respuesta del Gobierno

El problema del bajo precio no solo afecta al banano, sino también a otros productos agrícolas de la zona, como el plátano y el cacao. La falta de mercados locales y la ausencia de ferias cantonales limitan aún más las oportunidades de venta directa, obligando a los productores a depender de las grandes empresas que controlan la comercialización y fijan los precios de manera arbitraria.

Las comunidades han intentado buscar soluciones mediante diálogos con instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta concreta ni medidas que ayuden a revertir la crisis.

En una carta enviada al Ministro de Agricultura y Ganadería, Victor Carvajal Porras, la organización «Antonio Saldaña» ha denunciado que Talamanca se encuentra en una de las peores condiciones socioeconómicas del país. La zona presenta altos índices de pobreza, mortalidad infantil, deserción escolar, embarazo adolescente y problemas de salud mental. Esta vulnerabilidad ha sido aprovechada por los intermediarios, quienes continúan lucrando mientras las comunidades ven cómo sus condiciones de vida se deterioran cada día más.

La contradicción es evidente: el gobierno habla de proteger la biodiversidad, pero abandona a los pueblos indígenas, quienes han sido los verdaderos guardianes de los bosques. Se promueven discursos sobre sostenibilidad, pero se permite que los productores indígenas sean explotados por intermediarios sin que se tomen medidas para garantizar su bienestar.

El jaguar sigue rugiendo en los discursos oficiales, pero en Talamanca sus guardianes luchan en silencio contra el hambre, la exclusión y la indiferencia estatal.

El Llamado a la Acción: Precios Justos y Mercados Alternativos

Los productores de Talamanca exigen la implementación de medidas urgentes que les permitan recibir un pago justo por su trabajo. Entre las propuestas destacan:

Apertura de mercados nacionales e internacionales para la comercialización del banano y otros productos a precios justos.

Simplificación de trámites burocráticos para la venta en el mercado local y nacional.

Creación de ferias cantonales que permitan a los productores vender directamente al consumidor.

Regulación de los precios del banano para evitar la explotación de los intermediarios.

Apoyo estatal para cubrir los costos logísticos y mejorar las condiciones de producción.

La organización «Antonio Saldaña» continuará visibilizando esta problemática y luchando por los derechos de las comunidades indígenas productoras de Talamanca. Es urgente que el gobierno y la sociedad tomen conciencia de esta crisis y tomen medidas concretas para evitar que más familias caigan en la pobreza extrema debido a la explotación del mercado agrícola.

El gobierno puede seguir usando el jaguar como su símbolo, pero en Talamanca saben la verdad: los jaguares no necesitan discursos, necesitan bosques, y los bosques necesitan a sus guardianes. Ignorar a los pueblos indígenas mientras se lucra con su identidad no es proteger al jaguar, es despojarlo de su verdadero hogar.

Derechos de los Pueblos Indígenas y Protección Económica

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y establecen la obligación del Estado de proteger sus medios de vida, incluyendo su actividad económica.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica, establece en su artículo 4 que los gobiernos deben adoptar medidas especiales para salvaguardar las instituciones, bienes, cultura y medio de vida de los pueblos indígenas. Además, en su artículo 6, exige que se consulte a estos pueblos sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar sus derechos, incluyendo el acceso a mercados y condiciones de producción.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) reconoce en su artículo 20 el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus sistemas económicos y medios de subsistencia, asegurando protección contra condiciones de explotación. También, el artículo 26 establece que tienen derecho a poseer, utilizar y controlar sus tierras y recursos, lo que implica que el Estado debe garantizar condiciones justas para su desarrollo económico.

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha establecido precedentes que obligan a los Estados a garantizar condiciones de vida dignas para los pueblos indígenas, protegiendo su autonomía económica y su derecho a un desarrollo sostenible.

En el contexto de Talamanca, la situación actual de los productores de banano refleja un incumplimiento grave de estos compromisos internacionales. La falta de políticas estatales para garantizar precios justos, la dependencia forzada de intermediarios y la ausencia de mercados accesibles contradicen el marco normativo internacional que Costa Rica ha ratificado y debe cumplir.

El Estado Costarricense: Obligaciones y Retos Pendientes

Dado el reconocimiento de estos instrumentos internacionales, el gobierno costarricense tiene la responsabilidad de:

  • Garantizar precios justos y condiciones de comercialización dignas para los pueblos indígenas, evitando la explotación de intermediarios.

  • Fomentar la autonomía económica de los pueblos indígenas, mediante incentivos para mercados locales y apoyo a la producción.

  • Asegurar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas agrícolas y económicas que los afectan directamente.

  • Implementar mecanismos de protección económica que impidan la vulnerabilidad extrema de estas comunidades frente a prácticas abusivas del mercado.

El caso de los productores de banano en Talamanca es un reflejo de la deuda histórica del Estado costarricense con sus pueblos indígenas. La crisis actual no es solo un problema económico, sino una violación de derechos humanos que requiere acciones inmediatas para garantizar condiciones de vida dignas y el respeto a la autonomía productiva de estas comunidades.

Orgánico, pero Injusto: Cómo las Certificaciones No Garantizan Precios Dignos

Las certificaciones orgánicas suelen presentarse como una garantía de comercio justo y sostenibilidad. En teoría, aseguran que los productos cumplen con estándares ambientales y sociales que deberían beneficiar tanto a los consumidores como a los productores. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas de Talamanca, esta certificación no se traduce en precios justos ni en mejores condiciones de vida.

A pesar de cumplir con los requisitos de producción orgánica, los productores indígenas siguen enfrentando precios bajos impuestos por intermediarios. Mientras los consumidores  pagan un alto valor por productos «orgánicos y sostenibles», quienes los cultivan reciben una fracción mínima de ese precio. Además, los costos asociados a la certificación (trámites, auditorías y cumplimiento de normativas) recaen sobre los productores, sin que esto garantice un beneficio económico real.

El caso del banano en Talamanca demuestra que la certificación orgánica, por sí sola, no protege a los productores de la explotación ni corrige las desigualdades del mercado. Sin un acceso directo a mejores mercados, sin regulación de los precios y sin apoyo estatal para fortalecer su autonomía económica, las comunidades indígenas continúan atrapadas en un sistema que se disfraza de justo, pero que sigue perpetuando la exclusión y el abuso.

¿Quiénes Son los Intermediarios y Cómo Afectan a los Productores Indígenas?

Los intermediarios son empresas o personas que compran productos agrícolas directamente a los productores para luego revenderlos en mercados nacionales e internacionales. En teoría, su función es facilitar la comercialización y distribución de los productos, pero en la práctica, muchas veces imponen precios injustos y condiciones desventajosas para quienes cultivan la tierra.

En el caso de los productores indígenas de Talamanca, los intermediarios compran el banano a precios extremadamente bajos, a veces incluso imponiendo restricciones sobre la cantidad que pueden vender. Mientras los productores apenas sobreviven con ingresos insuficientes, estos intermediarios aumentan su margen de ganancia al vender el producto a precios mucho más altos en el mercado.

El problema radica en que las comunidades indígenas no tienen acceso directo a los mercados ni a infraestructura para comercializar su producción sin depender de los intermediarios. Esto crea un ciclo de explotación donde los productores trabajan largas jornadas, asumen los costos de producción y transporte, pero reciben una paga que no cubre ni lo básico para vivir.

Regular la actividad de los intermediarios y generar mercados alternativos donde los productores puedan vender de manera justa es una de las demandas urgentes de las comunidades indígenas de Talamanca.

El Muro Silencioso: Cómo el Racismo Institucional Margina a los Productores Indígenas en Talamanca

El racismo institucional es una de las principales barreras que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica. En el caso de los productores de banano en Talamanca, esta discriminación se manifiesta en la indiferencia del Estado ante sus demandas, la falta de políticas de apoyo y el ninguneo sistemático por parte de las instituciones.

A pesar de que el territorio Bribri enfrenta altos niveles de pobreza, precarización laboral y falta de acceso a servicios básicos, las autoridades no han tomado medidas para garantizar condiciones dignas para sus productores. Organizaciones como «Antonio Saldaña» han denunciado que los trámites para buscar soluciones son excesivamente burocráticos y las respuestas, cuando llegan, son tardías o insuficientes.

El racismo institucional se evidencia en la ausencia de mercados accesibles para los productos indígenas, en la falta de programas de financiamiento y en la imposición de normas comerciales que no consideran la realidad de estas comunidades. Mientras tanto, los intermediarios y las grandes empresas se benefician de su vulnerabilidad, perpetuando un sistema de explotación.

Este tipo de discriminación no es un caso aislado, sino un patrón histórico de exclusión que se repite en diversas comunidades indígenas del país. La lucha por precios justos no es solo una cuestión económica, sino también un acto de resistencia contra un sistema que invisibiliza y margina a los pueblos indígenas.

Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Derecho a una Vida Digna

Los derechos de los pueblos indígenas van mucho más allá de la visión folclórica o decorativa con la que suelen ser tratados en la política tradicional. No se trata solo de reconocer su cultura en discursos o de exhibir sus símbolos en eventos oficiales, sino de garantizar condiciones reales para una vida digna, basada en autonomía, justicia y equidad.

El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que los Estados deben garantizar el acceso a tierras, recursos, educación, salud y mercados justos, sin discriminación ni explotación. Sin embargo, en la práctica, muchas comunidades indígenas siguen enfrentando pobreza, exclusión y la imposición de modelos económicos que no respetan su forma de vida.

En el caso de Talamanca, los productores indígenas no solo deben luchar contra los bajos precios del banano y la explotación de intermediarios, sino también contra la indiferencia de un Estado que los deja fuera de sus políticas económicas y de desarrollo. Mientras el gobierno se apropia de su simbología, como el jaguar, las comunidades que protegen la tierra y la biodiversidad son marginadas y empobrecidas.

Respetar los derechos de los pueblos indígenas implica asegurar su bienestar material y su derecho a decidir sobre sus territorios y economías. No es suficiente con reconocerlos en la cultura oficial; es necesario garantizar que puedan vivir con dignidad, sin explotación ni olvido.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.

Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.

Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

Esta nota fue desarrollada por

Maquengal alza la voz en el Día Mundial del Agua: Urgen medidas para frenar la explotación del Río Frío

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En el marco del Festival del Agua, organizado por la Municipalidad de Guatuso para conmemorar el Día Mundial del Agua y realizado este 20 de marzo del 2025, la comunidad de Maquengal se hizo presente no solo como asistente, sino como protagonista de una alerta ambiental. Vecinas y vecinos entregaron cartas dirigidas al alcalde Carlos Sequeira Orozco y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Mariana Jiménez Arce, en las que exponen su preocupación por el impacto ambiental de la extracción de material del Río Frío y exigen medidas urgentes para su protección.

Un llamado a la acción en defensa del río

Desde hace años, los habitantes de Maquengal han sido testigos del deterioro progresivo del Río Frío, producto de la explotación indiscriminada de sus recursos. Esta actividad ha generado cambios severos en el ecosistema, incluyendo:

  • La alteración del cauce y la disminución del caudal.
  • La erosión de las riberas y una sedimentación descontrolada.
  • Peligros para la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas y de subsistencia.
  • La pérdida de espacios naturales esenciales para la comunidad.

Uno de los casos más emblemáticos es la Poza del Roncador, un sitio de encuentro y recreación que, debido al impacto ambiental, ha sido gravemente afectado. La erosión y el desprendimiento de piedras de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona, transformando un espacio vibrante en un lugar deteriorado y peligroso.

Además, la comunidad ha observado una alarmante pérdida de cobertura forestal en las márgenes del río, lo que afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión de las riberas. En pocas semanas, el nivel del agua ha cambiado de manera visible, evidenciando la rapidez con la que el ecosistema está siendo afectado.

Exigencias de la comunidad

Ante esta crisis ambiental, las personas vecinas de Maquengal han solicitado a las autoridades que:

  • No se otorguen más concesiones para la explotación de cauces de dominio público, asegurando la protección de los ecosistemas y los bienes naturales comunes.
  • Se limite la concesión de permisos privados y se prioricen proyectos que realmente beneficien el bienestar comunal, evitando la sobreexplotación del río.
  • Se regule estrictamente la extracción de material, permitiéndola solo para fines esenciales como el mantenimiento de vías cantonales y bajo criterios ambientales rigurosos.
  • Se realice una evaluación técnica y ambiental del daño acumulado en las partes altas del río y se implementen medidas de restauración de manera inmediata.

Asimismo, la comunidad recordó al alcalde Carlos Sequeira Orozco su compromiso de campaña de realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideran que este es el momento oportuno para cumplir con ese compromiso, pues solo con información clara y actualizada se podrán tomar decisiones responsables en beneficio del bien común.

“No podemos seguir ignorando esta realidad”

Las y los habitantes de Maquengal han dejado claro que no están en contra del desarrollo del cantón, pero rechazan que este se haga a costa de la vida y la sostenibilidad de sus ecosistemas. En su carta, expresan con firmeza que conocen la normativa ambiental y la realidad del cambio climático, pero cuestionan la falta de acciones concretas para abordar la crisis del Río Frío.

El deterioro ambiental ya no es solo una preocupación técnica, sino una vivencia cotidiana para la comunidad. La pérdida de espacios naturales, la inseguridad en áreas que antes eran de recreación y el temor de que en el futuro solo queden recuerdos del río, los ha llevado a alzar la voz y exigir soluciones.

Ahora, la comunidad espera respuestas y acciones inmediatas por parte de la Municipalidad y las autoridades ambientales. Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir defendiendo el Río Frío, su biodiversidad y su importancia como fuente de vida y bienestar para las futuras generaciones.

La participación ambiental comunitaria: Un derecho y una herramienta de cambio

La participación ambiental es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y el Acuerdo de Escazú (2018), los cuales establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y el Código Municipal reconocen el derecho de las comunidades a involucrarse en la gestión ambiental y exigir la protección de los recursos naturales.

Este derecho no solo permite que las comunidades sean escuchadas, sino que también fortalece la gobernanza ambiental, promoviendo la transparencia y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Cuando las comunidades participan activamente en la defensa de su entorno, se convierten en actores clave para la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Un ejemplo de esto es la reciente acción de la comunidad de Maquengal, en Guatuso, donde sus habitantes, preocupados por la explotación del Río Frío, se movilizaron y presentaron cartas al alcalde y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Esta acción no solo visibiliza el impacto ambiental de la extracción de materiales en el río, sino que también representa un ejercicio concreto de participación ambiental, donde la comunidad exige el cumplimiento de normativas ambientales y la implementación de medidas de protección y restauración ecológica.

Casos como el de Maquengal demuestran que la participación ciudadana es esencial para la defensa del ambiente. No se trata solo de denunciar, sino de involucrarse en la construcción de soluciones sostenibles. Cuando una comunidad se une en la defensa de su territorio, genera cambios reales y refuerza la conciencia ambiental para las futuras generaciones.

Documentos entregados

Carta entregada al alcalde de Guatuso Carlos Sequeira Orozco

Carta entregada a Mariana Jiménez Arce, directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN)

Algunas imágenes del Río Frío

Les compartimos esta infografía que resume las alertas de la comunidad de Maquengal en torno al Río Frío.

Grecia, mucho más que zonas francas: voces ciudadanas en acción

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En este episodio de Sentirse Saberes, nos trasladamos a Grecia, Costa Rica, para explorar los desafíos y potencialidades de este cantón en medio de su transformación económica y social. Junto a representantes de organizaciones ambientales, académicos y líderes comunitarios, abordamos temas clave como:

✅ El impacto del crecimiento urbano y las zonas francas en el ecosistema y la vida cotidiana de la comunidad.
✅ El papel de la organización ciudadana para la protección del medio ambiente y la recuperación del tejido social.
✅ La juventud como motor de cambio, sus desafíos y el rol de la educación ambiental.
✅ El Observatorio Ciudadano del Agua y su trabajo en la conservación del río Agualote.

¿Cómo podemos equilibrar el crecimiento con la preservación de la identidad local y el bienestar comunitario? ¿Qué retos enfrenta la comunidad para fortalecer su entorno y su calidad de vida? ¡Acompáñanos en esta conversación inspiradora y descubre las voces que están transformando Grecia!

Escúchalo ahora y únete al diálogo.

Demofobia y crisis política en Costa Rica

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Mauricio Ramírez

La demofobia, o el miedo al pueblo, no es un fenómeno reciente en la política costarricense ni en Occidente. Su origen se remonta a finales de los años 80 y se consolidó en los 90, cuando la clase política tradicional abandonó al pueblo como sujeto central del quehacer político. La caída del bloque socialista y el fin de la Unión Soviética convencieron a las élites triunfantes de que ya no necesitaban la participación real de la ciudadanía para gobernar porque no tenían competencia ideológica que amenazara con llevarse el beneplácito popular. En su lugar, bastaba con mantener un cascarón democrático vacío: rituales electorales cada cuatro años que legitimaran el ejercicio del poder sin alterar sus intereses. Como el gatopardo de Lampedusa: cambios para que nada cambie.

Costa Rica no fue la excepción. Un episodio emblemático ocurrió en el año 2000, cuando la Asamblea Legislativa discutía el Combo del ICE, un paquete de reformas para privatizar el sector eléctrico y de telecomunicaciones. En ese contexto, una diputada de un reconocido partido político dejó en evidencia su desprecio por la voluntad popular al declarar: “Las masas nunca…no siempre tienen la razón…las masas han cometido desastres en la historia de la humanidad, es la gente pensante, la gente informada la que sabe hacer los verdaderos cambios». Con ese argumento, justificaba una supuesta superioridad intelectual y hasta moral para ignorar el clamor ciudadano que, en su mayoría, rechazaba el proyecto. Aquí está retratado un momento histórico clave de divorcio entre clase política y pueblo costarricense.

Lo que la señora diputada omitió, es que los grandes desastres a los que se refiere no han sido producto del pensamiento propio de esas masas, sino de élites organizadas y “pensantes” como las que ella representaba, que en diferentes momentos históricos han manipulado a esas masas para generar caos. Ahora, existe una desconfianza mutua: una clase política considerada como la de “siempre”, que se niega a escuchar y representar a las masas porque las considera de antemano “ignorantes”, y unas masas que desconfían de esa clase política que no representa ni sus intereses ni sus valores.

Han pasado 25 años desde aquel triste episodio, y el divorcio entre la clase política y el pueblo solo ha crecido. En este contexto, no es sorprendente que fenómenos como el chavismo tico hayan surgido con fuerza y amplio respaldo popular. Esta nueva corriente política ha sabido leer con astucia los errores tácticos de la élite tradicional y, en lugar de seguir su mismo camino de demofobia y menosprecio al pueblo, ha optado, por lo contrario: actuar como su megáfono, mimetizarse con él y presentarse como su defensor.

Sin embargo, este populismo no es más que una estrategia calculada para servir los intereses de una nueva casta económica emergente que busca desplazar a la vieja oligarquía que ha gobernado el país de la mano de la clase política tradicional, utilizando al pueblo como herramienta política.

Lo verdaderamente trágico es que el pueblo, en su desesperación y abandono, ha caído en una trampa. Cree haber encontrado un líder mesiánico que lo representa, sin darse cuenta de que está siendo instrumentalizado en una lucha de poder entre élites. No es casualidad que la Biblia advierta sobre los falsos mesías, aquellos que prometen salvación, pero solo buscan su propio beneficio. Como dice el viejo y conocido refrán: en río revuelto, ganancia de pescadores, y el oficialismo ha sabido aprovechar este descontento popular para consolidar su proyecto de poder.

Mientras la clase política tradicional sigue atrapada en su demofobia y luchas de poder internas, el oficialismo ha entendido que, en lugar de tratar al pueblo como ignorante, resulta más rentable hablar su lenguaje y mostrarse cercano a sus preocupaciones. Esto les ha permitido ganarse la simpatía de los sectores más golpeados por el neoliberalismo, aquellos que han sido excluidos del modelo económico impuesto por las élites desde los años 90.

Con sus aciertos y errores, el pueblo sigue siendo pueblo. En medio del huracán de la globalización neoliberal, que busca desarraigarlo y convertirlo en una simple pieza de la maquinaria económica, la gente se aferra a sus creencias, costumbres y tradiciones como un acto de resistencia. Este fenómeno no es distinto al de los pueblos indígenas o afrodescendientes, que defienden su identidad frente a la homogeneización impuesta por la modernidad. Paradójicamente, el progresismo posmoderno, que suele admirar la resistencia cultural de estas comunidades, desprecia cuando un país o un pueblo en su conjunto intenta hacer lo mismo.

Si una comunidad indígena defiende sus costumbres, es vista con respeto y admiración. Pero si un pueblo defiende su fe, sus tradiciones o su identidad nacional, es calificado como retrógrado, conservador y anticuado. Este doble estándar es una muestra de cómo el progresismo ha caído en la trampa del neoliberalismo que dice combatir. En lugar de entender que la resistencia cultural es legítima en todos los niveles, han optado por imponer una visión única del mundo, alineándose sin querer con el mismo sistema que critican.

Ante la demofobia de la clase política tradicional tanto de izquierdas como de derechas, y el oportunismo de los nuevos actores, el resultado es inevitable: el surgimiento de outsiders como única alternativa política viable para el pueblo. En un sistema donde la política se ha convertido en un juego de castas, estos líderes aparecen como salvadores, canalizando el descontento popular y presentándose como la voz de los olvidados. Pero la historia ha demostrado que cuando los monstruos emergen, terminan por devorar lo poco que queda.

Así, la democracia costarricense se encuentra en una encrucijada peligrosa. Mientras la casta tradicional sigue despreciando al pueblo y los nuevos “líderes” lo usan como herramienta de poder en favor de intereses privados, tan es así que están a favor del Combo 2.0 que se discute en la Asamblea Legislativa en estos momentos, la ciudadanía se convierte en un simple espectador de una lucha entre facciones que poco tienen que ver con sus verdaderos intereses y valores. Si este ciclo no se rompe, Costa Rica corre el riesgo de perder lo poco que le queda de su democracia real, reemplazada por un teatro donde el pueblo es solo un actor secundario en una obra escrita por otros.

Chinos en Puntarenas

Manuel Delgado

Habla el cielo, de puro estrellado”, dice José Martí iniciando su hermosísima página sobre nuestra Puntarenas, cuando narra su estancia de aquella noche de junio de 1894.

Describe ese sabor fiestero, de baile y de parranda, que se respiraba en el puerto. Hay un momento en que detalla: “Afuera, en mesas limpias, las chinas venden gallinas asadas, pescado frito, frijoles y tortas, y el rompope de huevo y maíz, grato y espeso.”

Siempre me intrigó esa presencia abundante de chinas vendiendo comida en las calles, y lo pregunté a dirigentes de la comunidad china en Costa Rica. “Jamás, me dijeron, no había chinas en esa época, y si las había, estaban casadas y no se les permitía salir de sus casas. ¿Una china en las calles? Eso es impensable”. Ese fue mi primer tropiezo.

La misma duda asalta con el verbo chinear, que al parecer viene de la palabra china. En mi niñez decíamos que los ricos (yo era un niño muy pobre) tenían en sus casas chinas, que eran esas mujeres de servicio. Simplemente eran empleadas domésticas que, entre otras cosas, cuidaban a los niños, es decir, los chineaban.

Pero resulta que me dicen que eso es igualmente imposible. Los hacendados mantenían chinos en sus haciendas y casas, muchos de ellos, como cocineros, pero chinas, jamás.

En un estudio publicado en 2008, Ronald Soto Quirós señala que un siglo antes el número de chinos registrados en el país era de 63 hombres y sólo 6 mujeres. Los varones eran principalmente cocineros, sastres, zapateros, pero sobre todo lavanderos. Allí señala en muchas partes que a los emigrantes chinos no se les permitía traer a sus esposas, aunque sí señala que más tarde algunas mujeres chinas hacían trabajos domésticos, aunque su número es muy reducido.

Resulta que una tercera vez me tropecé con el vocablo “chino”, pero no aquí, sino en México. Me costaba mucho entender el término, porque chino se refería simplemente al colocho, al riso de pelo que muchas mexicanas se hacían de manera trabajosa y artificial. Sucede que nuestros indígenas americanos tenían el pelo lacio, y era difícil alcanzar un rizado, es decir, un “chino”.

Elena Poniatowska, en su novela “Hasta no verte Jesús mío”, recoge las palabras de la Jesusa que varias veces menciona el tema. En el capítulo 1 dice que un personaje traía “chinas sus pestañas”. Entendía que quería decir lacias o chuzas, como decimos, pero no. Más adelante, hablando de otra persona, escribe que “tenía su pelo chino quebrado y usaba trenzas” (Capítulo 4). Dos capítulos más adelante señala que “entonces se usaba el pelo largo y a los niños se les hacía un chinito aquí en medio de la cabeza y les caía la puntita del chino en la frente… ¡Y vaya que costaba trabajo el chino aquél! Se mojaba el pelo en agua de linaza, se enrollaba con un carrizo y ya salía el bucle redondo, botijón, tiesecito. ¡Pelos lisos no me gustaban, lacios, no, no, porque se ven muy mal!”

Entonces quedaba claro: chino se refería al bucle, al colocho, o a la persona colocha.

Por cierto, la palabra “china” es allí corriente a raíz de un legendario personaje que fue la China Poblana, toda una institución en México. No existe, hasta donde yo sé, una descripción exacta de esa muchacha de Puebla, pero suele representársela precisamente con el pelo rizado, más mulata que mestiza. Así se ve, por ejemplo, en los grabados de José Guadalupe Posada.

Todo esto me hizo pensar que aquí está el detalle: chino significa entonces lo contrario de lo que parece; chino es no-chino, valga la dialéctica.

Sucede que, en su estructura de castas, la sociedad racista de la colonia española denominaba “chino” a la categoría de seres humanos que provenía de la mezcla de un indígena con un negro, o de un indígena con un mulato, un afrodescendiente. Pues bien, es muy explicable que en esa descendencia predomine el pelo negro, es decir, afro. Entonces es casi seguro que el “chino” de la colonia tuviera el pelo rizado. Es muy tentador pensar que el asunto está así resuelto, al menos para México.

Volvemos a Martí. Está probado cuando los conquistadores españoles quisieron hacer frente a la crisis poblacional que resultó del casi total exterminio del indígena guanacasteco, trajeron esclavos negros a los que cruzaron con las mujeres chorotegas. De allí viene esa bellísima mezcla que constituye la base de la población guanacasteca. Entonces no es descabellado pensar que eso fue lo que vio Martí en esa noche estrellada en Puntarenas, esa mezcla de sangres materializada en mujeres que ofrecían a los visitantes, en las noches de fiesta, sus comidas peninsulares. Eran chinas, como las de México y Cuba, sangre africana e indígena de la que nos sentimos tan orgullosos.

(En las ilustraciones: Óleo de Miguel Cabrera de 1763 mostrando una familia de negro e india y su hijo chino y China Poblana grabado de José Guadalupe Posada).

Asociación ecologista solicita pronunciamiento sobre Acuerdo de Escazú

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para expresar su apoyo a la reforma del Código Penal y solicitar un pronunciamiento sobre el Acuerdo de Escazú.

En un documento oficial con fecha 21 de marzo de 2025, la organización, representada por Marco Levy Virgo, destacó la importancia de la reforma que busca agilizar los procesos judiciales y fortalecer el acceso a la justicia.

La comunicación enfatiza la necesidad de que el Poder Judicial emita un pronunciamiento sobre el Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional enfocado en la información, participación pública y justicia en temas ambientales.

La asociación señala que históricamente las personas han enfrentado discriminación estructural en la atención de denuncias ambientales, evidenciando obstáculos en los procesos administrativos y judiciales.

El documento solicita que un pronunciamiento judicial reafirme el compromiso con la democracia ambiental y garantice la transparencia de las instituciones públicas en la defensa del entorno.