Bajo el lema: Educación hoy, paz mañana, más de 7 organizaciones sociales y productivas impulsan el Pacto Nacional por la Educación ante la crisis educativa más dramática de los últimos 40 años. Este miércoles 28 en San José, y jueves 29 en todo el país.
La consigna principal de la movilización nacional con expresiones regionales, es la defensa del 8% Constitucional, una transformación tributaria justa y la participación ciudadana activa en la defensa de la agenda social para Costa Rica.
Las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo y otros sectores han lanzado una iniciativa multisectorial con el objetivo de fortalecer la calidad de la educación pública en Costa Rica, enfrentando la crisis educativa más dramática de las últimas cuatro décadas. Esta propuesta busca superar la movilización histórica del 2023 y reactivar el proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública, demostrando la capacidad de acción y cohesión de las organizaciones participantes.
Iniciada el 20 de junio de 2023, la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública tiene como objetivo no solo mejorar las condiciones de las aulas, sino también promover una transformación social y tributaria justa. La meta es asegurar una educación pública de calidad que impacte positivamente la vida de todas las personas, con la participación activa de todos los actores de la sociedad, incluyendo los tres Poderes de la República.
En el contexto de la presentación del presupuesto para educación en la Asamblea Legislativa, las organizaciones reiteran la importancia de garantizar el 8% del PIB para la educación, tal como lo establece la Constitución. Además, se subraya la necesidad de crear espacios de diálogo donde familias, estudiantes y sectores sociales puedan participar activamente en las decisiones que afecten la educación pública, garantizando así un futuro pacífico y próspero para Costa Rica.
Sobre la agenda social amplia, los liderazgos y organizaciones que integran la Mesa Nacional de Diálogo, advierten que la crisis educativa es parte de una crisis más amplia que afecta los servicios de salud, el sector agroalimentario, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, y los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país. Ante esta realidad, hacen un llamado a la unidad nacional para enfrentar de manera coherente y solidaria los desafíos que afectan a miles de familias, estudiantes y personas trabajadoras en Costa Rica.
Bajo el lema: «Educación hoy, paz mañana», las organizaciones marcharán el próximo 28 de agosto desde el Parque de la Merced hacia la Plaza de la Democracia, y simultáneamente desde el Pretil de la UCR y la sede central de la UNED en Sabanilla, a las 8:00 am. Las columnas ciudadanas y multisectoriales se reunirán en la Plaza de la Democracia, donde presentarán al Parlamento la propuesta del Pacto Nacional, en el contexto de la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa.
El 29 de agosto, se realizarán acciones regionales en el Caribe, Huetar Norte, Chorotega, Brunca, Pacífico, y otras regiones del país. Estas 15 acciones regionales, de carácter pacífico, propositivo, cultural y artístico, buscarán llevar el mensaje a la ciudadanía y a más sectores, para concertar una defensa nacional de la educación. Puede ver detalles en el PDF adjunto.
Por la defensa de nuestra democracia y bienestar marchamos, los logros en Costa Rica, nuestras instituciones públicas, el agro, el agua, la salud, el ambiente, los derechos humanos y laborales que hemos conquistado. ¡Marchamos por todo lo que amamos! Contacto: Tel. 8382-9203 | vsolano@conare.ac.cr
Asunto: Movilización nacional por la educación pública y la agenda social de Costa Rica:
¡Educación hoy, paz mañana!
Para: La sociedad costarricense
Considerando que:
✓ Los diferentes sectores que integran el “Pacto por la educación pública”, organizan una marcha pacífica de protesta, el próximo 28 de agosto del 2024 en San José y 29 de agosto en el sector regional del país (Limón, Río Frío, Pérez Zeledón, Nicoya y Liberia).
✓ La protección al Estado Social de Derecho es un deber de todas las personas costarricenses, sin embargo, éste presenta una profunda crisis sin precedentes desde que ha venido acrecentándose año a año. Cabe señalar por ejemplo la crisis en todos los niveles de la educación costarricense que se ha venido señalando en Informe del Estado de la Educación.
✓ El presupuesto de la Educación Pública en todos los niveles se encuentra en riesgo, llegando a valores de 5,2% del PIB, el porcentaje más bajo desde 2008, incumpliendo nuestra Constitución Política y acrecentando la crisis educativa. Necesitamos un pacto nacional por la educación pública y transformación tributaria justa. Instamos a que se cumpla el 8% constitucional del PIB para educación pública en Costa Rica.
✓ Esta crisis del Estado Social de Derecho debe ser abordada con la participación de todos los sectores del país, entre los que se encuentran: las personas trabajadoras del país, la academia, las diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones cooperantes y la sociedad civil en general.
✓ Los colegios profesionales, como entes públicos no estatales, tienen un interés legítimo en la defensa del Estado Social de Derecho, en beneficio de las personas costarricenses. Esto por cuanto el rol de los Colegios Profesionales es un elemento sustancial de la robustez de régimen social de derecho con fundamento en la búsqueda de su fortalecimiento y la regulación del ejercicio de las personas profesionales de este país. Por ello desde los colegios esta defensa es un deber ético. Así como el defender la educación pública estatal.
✓ La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica fue creada hace más de 57 años bajo la Ley 3662 “Ley Orgánica de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica” con fecha de publicación del 23 de septiembre 1966. Actualmente integrada por 34 colegios profesionales universitarios. Uno de sus objetivos es “…Estimular el desenvolvimiento científico, cultural, técnico y social de la Nación.”.
Por tanto:
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica FECOPROU acuerda apoyar y participar de la “Movilización nacional por la educación pública y la agenda social de Costa Rica:
¡Educación hoy, paz mañana! en defensa del estado social de derecho y de la educación pública, a realizarse este 28 y 29 de agosto del 2024, instar a las personas agremiadas a los diferentes Colegios
Profesionales que integran FECOPROU a participar en este encuentro de la ciudadanía y hacer un llamado a toda la sociedad costarricense a unirse a esta gran marcha pacífica nacional.
Acuerdo CP-12-04-2024, de sesión extraordinaria CP-12-2024 del Comité Permanente de FECOPROU, celebrada el 21 de agosto del 2024. ACUERDO FIRME.
Dra. Silvia Coto Presidenta Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica
Tiempos difíciles para Chiquita Brands. Después de los graves problemas que está teniendo en Estados Unidos, la transnacional bananera está siendo acusada de desalojar y echar a la calle a su propio personal en el Atlántico costarricense.
Giorgio Trucchi
En el municipio de Talamanca, fronterizo con Panamá, la empresa Chiriquí Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, controla dos fincas bananeras (Tayrona y Cañaveral).
El 85 por ciento de los trabajadores tiene nacionalidad panameña y, en su mayoría, pertenece a la etnia Ngöbe-Buglé (unas cuatrocientos personas).
Un acuerdo firmado el año pasado entre Costa Rica y Panamá les otorgó la doble nacionalidad para que pudieran gozar de ciertos beneficios.
Un 46 por ciento sigue viviendo en territorio panameño, se levanta a diario a las 3 de la mañana y cruza el puente que divide los países para ir a trabajar. El restante 54 por ciento reside en territorio costarricense.
Muchos de ellos viven en cuadrantes¹ que la compañía bananera construyó y cuyas casas les fueron otorgadas en comodato.
Desalojando familias
Igual que otras compañías transnacionales y empresas fruteras nacionales, Chiquita acostumbra en sus contratos de trabajo incluir el ofrecimiento de viviendas para los trabajadores y sus familias.
Este beneficio está reglamentado por el código de trabajo costarricense (art. 164) bajo la figura del “salario en especie²”.
En las últimas semanas, la compañía está avisando a decenas de trabajadores que tienen 15 días para desocupar sus viviendas y buscar a dónde irse.
Algo que también se está llevando a cabo, hasta con más brutalidad, en otras zonas del país y que la Rel UITA ha venido documentando.
“Lo que Chiquita está haciendo es brutal. Hay compañeros que tienen décadas trabajando en la empresa y que están siendo desalojados juntos a su familia”, dijo a La Rel, Carlos Quiroz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Chiriqui Land Company (Sitrachiri).
“En este momento están sacando a 17 familias, aduciendo que no cumplen con los requisitos de asignación de vivienda y trayendo argumentos tontos. Esto es ridículo y sabemos que van por más desalojos. Se habla de al menos 47 familias afectadas”, agregó.
Chiquita, las mismas mañas
Lo que más llama la atención es que todos los trabajadores afectados están afiliados al Sindicato, cuatro de ellos son delegados sindicales en las fincas.
“Lo que creemos es que se trata de una arremetida para forzar a los trabajadores a aceptar algunas propuestas, avanzadas por la empresa, que violan nuestro convenio colectivo”, manifestó Quiroz.
Chiquita estaría presionando para que los trabajadores renuncien al empleo de mutuo acuerdo, retiren su liquidación y acepten ser recontratados con garantías desmejoradas, en especial la que se refiere al derecho a vacaciones.
“Sin embargo, en este acuerdo se sigue garantizando el derecho a la vivienda, por lo tanto, creemos que la amenaza de desalojo persigue el objetivo de obligar a los compañeros a aceptar esta propuesta”, explicó el dirigente sindical.
Ofensiva sindical
El pasado 21 de agosto, Quiroz, en calidad de secretario general del Sindicato, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se detenga la orden de desalojo.
También se instó a la empresa a frenar la medida y sentarse a negociar.
“Vamos a esperar que la Sala se pronuncie, mientras tanto estamos denunciando ese atropello a nivel nacional e internacional. Los compañeros se mantienen firmes y no quieren salir. También estamos valorando otras acciones judiciales”, concluyó Quiroz.
¹Complejos habitacionales que surgen en los alrededores de las plantaciones donde viven las y los trabajadores y sus familias. ²Entre las diferentes formas de retribución, el salario en especie se paga con bienes o medios distintos al dinero como, por ejemplo, alimento, alojamiento o transporte. Este no podrá ser mayor al 50 por ciento de lo que reciba el trabajador en dinero efectivo.
Modelo ex vivo para estudios biliares endoscópicos guiados con medio de contraste.
Foto: Dr. Roberto Estrada.
A través de un proceso de simbiosis con las empresas de ciencias para la vida, el Hospital de Equinos de la Universidad Nacional (UNA), mediante el servicio de enseñanza y simulación clínica de la Escuela de Medicina Veterinaria (EMV-UNA), ha colaborado con el desarrollo de dispositivos biomédicos para tratamientos arteriales, gastrointestinales, implantes y expansores de tejidos humanos, entre otros.
Roberto Estrada coordinador del servicio de enseñanza y simulación clínica de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (UNA), comentó que han colaborado con cuatro de las 104 empresas de ciencias para la vida en el diseño de asas electroquirúrgicos, clips para cerrar defectos gastrointestinales, dispositivos para estudios biliares, uterinos, máquina de respiración para crisis respiratoria, diseñada junto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), en tiempos del covid-19 e implantes y expansores de tejidos para mujeres mastectomizadas cuando padecen cáncer de seno.
“Hemos trabajado en el área gastrointestinal con empresas como Boston Scientific, Medtronic, Hologic, Establishment Labs. Acabamos de terminar un estudio en ratones para crear expansores de tejido en mujeres mastectomizadas y así determinar cuáles funcionan y se unen mejor al tejido. “Como universidad tenemos que ser pertinentes y tratar de visualizar lo que ocupa el mercado para que vuelva a nosotros y establecer un apoyo recíproco para crecer”, dijo el especialista en equinos.
En la misma línea, Rafael Vindas, coordinador del laboratorio de Medicina Regenerativa de la EMV, ejecuta un estudio con las universidades de Utrecht, Holanda y Oulu en Finlandia para regenerar cartílago en rodillas y coxas de caballos, así como en colaboración con el TEC, para la elaborar implantes de titanio texturizados para prótesis en humanos.
En el ámbito institucional, Vindas resaltó que el Hospital de Equinos de la UNA trabaja en conjunto con investigadores de la Escuela de Química, Física Médica y Biología, con el propósito de diseñar por medio de la bioimpresora, algunas estructuras para aplicarlas en animales y posteriormente trasladar esa información en beneficio del ser humano.
Vindas manifestó que en seis meses se tendrán resultados más concretos para darlos a conocer. De momento, los ensayos clínicos avanzan de forma satisfactoria en los laboratorios europeos.
Ciencia para la vida
Estrada explicó que el primer contacto del Hospital de Equinos fue con Boston Scientific, para investigaciones en dispositivos biomédicos, donde se creó un asa de electrocirugía para quitar pólipos, el cual tiene el potencial de salvar a miles de personas alrededor del mundo, porque antes el riesgo era muy alto, pues mucha gente se moría para sacar un pólipo y ver si era cáncer.
El dispositivo lo diseñaron técnicos e ingenieros ticos con ideas de médicos nacionales. “Se probó en nuestra universidad y resulta que la empresa que creyó en nosotros se ahorró seis meses de producción de este dispositivo, lo que en Boston Scientific equivale a miles de dólares en costos de la planta e ingresos generados por las ventas de los dispositivos”, aseveró Estrada.
El especialista expresó que la simbiosis con las empresas de ciencias de la vida, se compone de dos aristas; por un lado, los proyectos de desarrollo local necesitan de espacios seguros, donde se prueben los dispositivos por medio de la utilización de modelos de simulación clínica. “Esto permite a los científicos avanzar y hacer cambios en los dispositivos para que resulten más eficientes y causen menos daño e impacto en la salud humana”, resaltó Estrada.
El veterinario agregó que la segunda arista de esta vinculación, academia-empresa se basa en cómo el médico o técnico, tanto humano como veterinario, aprende un proceso o técnica nueva para usar un dispositivo de primera generación. “Tiene la ventaja de practicar en modelos para luego ser implementado en el paciente y así utilizarlo la forma adecuada y no poner en riesgo la integridad del paciente, posibilidad de riesgos y eventuales demandas, porque en un curso de un día no se aprende una técnica, sino que requiere de práctica. Entonces la idea es abrir ese espacio al crecimiento del desarrollo y de las habilidades”, subrayó Estrada.
Luego de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aprobara un proyecto para implementar dos unidades de alto desempeño para atender las listas de espera en Oftalmología y Ortopedia, en los servicios de la Clínica Oftalmológica y la Clínica Marcial Fallas, la Defensoría de los Habitantes anunció que dará seguimiento a dicho plan.
Como parte de las acciones, la Defensoría solicitó a la Gerencia Médica de la CCSS, informar los antecedentes técnicos que dieron fundamento al proyecto, copia de los acuerdos de la Junta y los términos planteados en el proyecto. También se consultó sobre los recursos disponibles, fuente de financiamiento, recursos humanos asignados, el periodo durante el cual se ejecutará, los indicadores de evaluación para determinar el progreso en la reducción de listas de espera, los mecanismos utilizados para realizar la coordinación necesaria que permita la ejecución de la jornada ordinaria de dichas clínicas y la programación extraordinaria.
Además, se pidió la valoración -si se ha realizado- sobre la eventual ampliación del proyecto a otros CAIS del país, a fin de que puedan atender a la población cercana y los criterios de selección de los pacientes para la implementación del proyecto que busca, en un plazo determinado, realizar la mayor cantidad posible de operaciones de las listas de espera, especialmente, en jornada ordinaria.
De acuerdo con datos de la CCSS publicados en medios de prensa, anualmente, ingresan a la lista de espera de operación por cataratas entre 20.000 y 30.000 pacientes nuevos. En lo que va del 2024, hay 27.000 casos más. Con respecto a ortopedia, al 2024, 14.278 personas estaban en espera de alguna cirugía en esta especialidad médica.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
En un esfuerzo por fortalecer la atención y protección de las personas adultas mayores y con discapacidad, la diputada Vanessa Castro Mora, del Partido Unidad Social Cristiana, ha presentado una nueva iniciativa de ley que busca la creación de comités cantonales dedicados a estas poblaciones en cada uno de los 84 cantones del país.
La diputada Castro Mora destaca que «la creación de los Comités Cantonales de la Persona Adulta Mayor y la Persona con Discapacidad es crucial para responder a las necesidades específicas de estos grupos en cada cantón, promoviendo soluciones adaptadas que aseguren equidad y justicia social en el territorio nacional.»
Actualmente, el Código Municipal permite a las municipalidades establecer oficinas dedicadas a este sector de la población, sin embargo, no todas cuentan con tales órganos. La propuesta de Castro Mora busca llenar este vacío legal y operativo, garantizando que estas estructuras no solo existan, sino que también funcionen efectivamente en todo el país.
Este proyecto de ley se enmarca en un contexto donde la atención integral y especializada para las personas adultas mayores y con discapacidad se ha vuelto más urgente que nunca, buscando asegurar que todos los cantones cuenten con las herramientas necesarias para ofrecer este soporte esencial.
Acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento, ¡y no los cambies por nada! Proverbios. 23:23 TLA
Las agrupaciones sociales que defienden las pocas instituciones que quedan del Estado de Bienestar en Costa Rica (sindicatos, cooperativas, organizaciones barriales, entre otras), llaman a una movilización el próximo 28 de agosto 2024. La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a su compromiso con la justicia y el bienestar de los pueblos, desea también alzar su voz juntamente con la población costarricense, en este momento en que se vulnerabiliza.
Reconocemos a la luz de los signos de los tiempos, que las actuales políticas neoliberales (cuyos pilares básicos incluyen la privatización de la energía eléctrica, la banca nacionalizada, la educación pública, la seguridad social; la reducción o la supresión de reglamentos específicos gubernamentales que pesan sobre los agentes económicos, incluyendo la eliminación de regulaciones que impidan al sector privado competir con un monopolio público, implementadas por el gobierno de turno, van en detrimento de los sectores más desfavorecidos de la nación costarricense.
Además de la demanda principal de la marcha, como lo es mejorar la calidad de la educación pública en todos sus niveles, así como el respeto constitucional del 8% del PIB para la educación. Se aboga por: la crisis ocasionada por los políticos de turno en los servicios de salud, ejemplificada por las listas de espera; la apertura del modelo eléctrico nacional pretendiendo trasladar el DOCSE (centro neurálgico de la electricidad costarricense) al MINAE bajo la dirección del Ministro directamente (político de turno), a fin sustituir el modelo solidario por un mercado de subastas al “mejor postor”, la venta de activos del Estado como el BCR, el abandono estatal del sector agroalimentario, la crisis de abastecimiento de agua potable, la violencia e inseguridad ciudadana, la crisis ambiental, la corrupción en los sistemas cooperativo de ahorro y préstamo, los recortes a programas sociales esenciales, la reducción de fondos para cultura y juventud, la censura a medios de comunicación y activistas sociales desde casa presidencial, que se refleja en la transgresión a los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país, la desigualdad, así como el rechazo a los recortes presupuestarios irresponsables e irracionales.
Toda esta crisis, la crisis educativa y del sistema de bienestar social en Costa Rica, reiteramos, agravan el deterioro de la política social de solidaridad, dirigida a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
En este sentido, desde la IMWC, impulsamos una educación que eduque críticamente al ser humano y transforme a la sociedad. La pedagogía y la educación del maestro Jesús de Palestina, como lo sugieren las reflexiones del educador brasileño Paulo Freire, contienen esta carga transformadora, cuando señala:
«Suelo decir que, independientemente de la posición cristiana en la que siempre traté de estar, Cristo será para mí, como lo es, un ejemplo de pedagogo… La enseñanza de Cristo no era ni podría ser lo de quien, como muchos de nosotros, juzgándose poseedor de una verdad, buscaba imponerla o simplemente transferirla. (…) Su pedagogía era la del testimonio de una Presencia que contradecía, que denunciaba y anunciaba. (…)”. De ahí la invitación que Cristo nos hizo y porque nos hizo, sigue haciéndonos – el de conocer la verdad de su mensaje en la práctica de sus más mínimos pormenores.
Evidentemente, si hacemos un estudio de Jesús maestro de Palestina, sus actos, acciones, su opción, se evidencia una valoración del ser humano, un rescate de su dignidad, un principio de igualdad y respeto, unos principios de convivencia social, en fin, se plantea elementos educativos, reunidos en un estilo de vida (que es el Evangelio como Buena Noticia), por el camino del bien, garantizando en forma personal y social, la construcción de un tejido social sano, donde reina la concordia, la solidaridad y el amor.
Es obvio, que, en esta propuesta liberadora de Jesús maestro de Palestina, están ausentes las políticas neoliberales, sin embargo, nos enseñó que la vía no es ni la servidumbre, ni el neo-feudalismo, apoyados en un sistema claramente represivo militar e ideológico, ni el irrespeto y explotación del ser humano en toda su diversidad etaria, de género y demás, ni la explotación y eliminación de los otros seres vivos constatados en todo el entorno eco ambiental.
En este sentido, creemos justas las luchas de los pueblos, el manifestarse públicamente en protección de sus derechos fundamentales, y a defender una vida en sociedad al estilo del Jesús educador de Palestina.
Creemos justa y válida la movilización del pueblo costarricense, por lo que lo acompañamos en esta iniciativa buscando rescatar, su más mínima condición humana, expresada en una educación pública digna y sistemas de servicios solidarios mínimos (agua potable, luz eléctrica, vivienda, comunicaciones limpias, salud pública) sin mediación politiquera sino salvaguardados constitucionalmente.
Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan. 8:31-32 TLA
El Concejo Municipal de Montes de Oca ha acordado, en la sesión ordinaria de este lunes 26 de agosto, sumarse a la movilización nacional en defensa de la educación pública que se desarrollará los días 28 y 29 de agosto próximos”.
En su acuerdo el Concejo Municipal manifiesta su preocupación por el estado actual de la educación pública y pide al gobierno de la República cumplir con la asignación presupuestaria que de acuerdo con la Constitución Política le corresponde a la educación pública, así como a las universidades públicas.
Se insta a todas las municipalidades del país a sumarse y a colaborar con esta movilización nacional.
Dado que una de las columnas de esta movilización saldrá de nuestro cantón, específicamente del pretil de la UCR, el Concejo Municipal de Montes de Oca invita a los vecinos y vecinas del cantón a sumarse a esta manifestación pacífica.
La moción, aprobada por unanimidad, fue presentada por el regidor suplente Gustavo Campos Alfaro; acogida por las regidurías propietarias Jorge Espinoza, Carolina Monge, Katya López y Enrique Sibaja y suscrita por las regidurías suplentes Kimberly Ortiz, Maritere Alvarado y Jorge Mora Portuguez.
Ante los cuestionamientos fundados contra la reelección del magistrado Luis Porfirio Sánchez, Mujeres por Costa Rica se suma al pedido a la Asamblea Legislativa para que un funcionario sin credenciales éticas ni jurídicas no permanezca en la Corte Suprema de Justicia.
No solo han sido evidentes sus prejuicios contra los derechos de las mujeres, plasmados en resoluciones que en su momento tuvieron que ser corregidas por instancias superiores, sino que han salido a la luz comportamiento agresivos de carácter sexual absolutamente inadmisibles.
En momentos en que hay voces que desprestigian en general a las instituciones de control, el país no puede darse el lujo de alimentar esos cuestionamientos colocando a gente indigna en puestos que exigen completa integridad profesional y moral.
Osvaldo Durán-Castro, profesor TEC, ecologista FECON
En una marcha de defensa del presupuesto de las U públicas de 2019 una estudiante llevó una pancarta que decía: “Abuela analfabeta. Madre primaria. Hija ingeniera”. Ésa es una excelente síntesis de resultados de la inversión en todos los campos y de la educación en particular y de haber tenido un Estado social robusto para mejorar la calidad de vida. En muchísimas familias costarricenses de clase media y pobres tenemos algo similar.
Foto: Osvaldo Durán-Castro – 2019.
En medio de la crisis de la educación un reto adicional de las U públicas es dialogar con la gente que no es parte de las comunidades universitarias. El Fondo Especial para la Educación Superior de Costa Rica, FEES, resulta desconocido y si las universidades no salimos a conversar, explicar y compartir con la población la misma crisis que nos ataca, estaremos cada día más aisladas y repudiadas. Si la gente no conoce lo que hacemos las U públicas, más allá de formar profesionales, seguirá persistiendo la mentira de que somos un reducto de gente vaga y privilegiada con salarios descomunales (ciertamente hay un reducido grupo de salarios elevados, pero la mayoría no disfruta de ningún privilegio). Es indispensable explicar cómo invertimos el presupuesto que recibimos porque si la gente desconoce lo que hacemos por medio de la ciencia, el arte, la educación en todas las materias y las culturas, a las cuales contribuimos, nos verán como el Gobierno desea que nos vean: innecesarias, cuando no como parásitos.
También hay que explicarle a la población las implicaciones del desfinanciamiento para la inversión social en salud, educación, electricidad, infraestructura, becas, programas de asistencia a la gente más pobre, etc. En otras palabras, la desaparición forzada de nuestro Estado social. Pero esa tarea puede resultar difícil porque, si somos autocrítico.as, debemos reconocer que hay gente dentro de las U públicas que sigue encapsulada, distante y desconocedora del otro mundo real que existe y subsiste afuera de las aulas.
El odio contra lo público hace que mucha gente crea que los 291.743 empleados públicos son los responsables de las crisis del país. Según el Banco Central en junio de 2024 la fuerza laboral de Costa Rica estaba integrada por 2.157.476 personas, incluidas 201.124 desempleadas. Este Gobierno y muchos anteriores han logrado crear una confrontación real, basada en desinformación, entre los empleados públicos y gran parte de la población costarricense que repite que esas menos de 300.000 personas son culpables de las crisis que vivimos; es tan absurdo como culpar a los ambientalistas por los desastres de Crucitas y de Gandoca Manzanillo.
La historia necia de que la plata de las universidades se va en salarios de lujo, se responde fácilmente si entendemos que el Ministerio de Educación Pública y las universidades tienen como tarea fundamental la enseñanza en las aulas. En el caso de las universidades, a la docencia en las aulas se suman la investigación científica especializada en muchísimos campos y la extensión y acción social que permiten atender y buscar respuestas a múltiples necesidades de comunidades, empresas privadas, grupos y organizaciones sociales. Esas tareas son las que aseguran que el país tenga una educación superior pública de calidad y cada vez con mejor impacto positivo. Las U públicas no son empresas privadas de educación; responden a necesidades colectivas y no a los negocios y el lucro financiero. Quienes realizan esa tarea de la educación son docentes y por tanto son quienes deben ser pagados. En el ministerio de obras públicas el rubro principal deben ser los contratos de construcción de carreteras, puentes y mantenimiento de la infraestructura en general, y ahí se gasta el dinero. En los hospitales es lógico que haya gastos elevados para el pago del personal que asegura todos los oficios de salud que se ofrecen. Todo eso es inversión social pública.
El diálogo Universidad-país debe darse en todos los espacios. Por ejemplo, en uno de nuestros grupos de Seminario de estudios costarricenses del TEC, dedicamos tiempo para crear explicaciones de la crisis de la educación, pensando en que hay que llevar esa información a la gente afuera de las U. En sesiones de trabajo de proyectos de extensión social como “Pueblos Originarios y Universidades Públicas” (POUP) y Declaratoria del Consejo nacional de rectores, CONARE, “2024: UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, también hemos dedicado tiempo para que ese grupo de trabajo y estudio de Pueblos originarios Cabécar/China Kichá, Bribri/Salitre, Brorän Térraba y Yäbamï dí Kátà/Cabagra, entre otros, conozca lo que está ocurriendo con el FEES y con la educación en general.
La población debe saber que las U públicas negocian su presupuesto en condiciones de desventaja impuestas por el Gobierno. La quinta y última sesión de intento de negociación del FEES 2025 fue en Casa presidencial aunque no era una sede consensuada. La reunión tardó apenas 1 minuto por insólito que parezca, pues el Ejecutivo sólo repitió que no habría ninguna negociación y que el monto del FEES 2025 se definirá en la Asamblea legislativa. Es la primera vez que esto ocurre en más de ochenta años de educación superior pública en Costa Rica. Luego de cerca de hora y media de espera en la calle y dentro del edificio, tras ese minuto, las 5 rectorías y la representación estudiantil, fueron poco menos que expulsadas de la Casa presidencial sin siquiera haber dialogado.
Esa imposición y falta absoluta de respeto desconocen que existe una amplia agenda de cooperación CONARE-Gobierno que incluye más de 40 proyectos, entre los cuales hay 14 en educación, 12 en el sector productivo y desarrollo nacional, 4 en salud, entre otros. Esto demuestra que las universidades, a pesar de que su autonomía especial les permite definir cómo ejecutar su presupuesto, mantienen diálogo y buscan consenso para trabajar con el Poder ejecutivo. Con el mismo Gobierno desde hace años se definieron 11 criterios, 25 indicadores, parámetros de medición de resultados y otras pautas de medición y rendición de cuentas, que permiten saber con claridad cómo se ejecuta el presupuesto y el impacto que tienen las U públicas en la sociedad. Todo esto ha sido desconocido por el Ejecutivo.
El pasado 23 de agosto la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, expuso en un foro que en la sesión del 11 de junio el ministro de Hacienda propuso “un 1% de crecimiento para el FEES 2025, que corresponde a ₡5.761 millones (presentación basada en datos inconsistentes, que el ministro debió revisar)”. CONARE rechazó esa propuesta y reafirmó la “solicitud de un aumento del 4,06% (¢23.389 millones) sobre el FEES 2024 para determinar el monto del FEES 2025, así como la devolución de recursos postergados de 2020 y 2021, por un total de ¢62.590 millones”. Todos los datos expuestos en la fallida negociación demuestran que ya en este año las universidades requieren ¢23.389.132 millones adicionales para tener un presupuesto que se iguale al de 2020. Otro hecho relevante que permite constatar la falta de seriedad del Gobierno es que el 16 de agosto 2024, en la quinta fallida sesión de la Comisión de enlace (Gobierno y Universidades), “CONARE solicitó al Ministro de Hacienda que explicara técnicamente de dónde surgió la propuesta del 1% y su justificación. El ministro indicó que en el transcurso de la tarde del mismo día entregaría la respuesta por escrito, compromiso que no cumplió”.
Esos faltantes de ¢23.389 millones para el 2025 y de ¢62.590 millones de años anteriores, significan, en concreto y en términos sencillos, que igual que una familia sin ingresos suficientes, las U públicas (y la educación en su totalidad) se van a seguir empobreciendo. Desde 2018 se ha hecho más que crudo el incumplimiento del artículo 78 de la Constitución política que obliga a que Educación reciba el 8% del Producto interno bruto, PIB, incluido el 1.5% para las U públicas. En 2018 el presupuesto fue del 7,40% y de ahí en adelante sigue en caída libre hasta el 5,4% en el 2023 y 5,2% este año. Es probable que en el 2025 no se alcance ni el 5% del PIB.
Este escenario de crisis total que vive el sistema de educación en Costa Rica es absolutamente contradictorio con las exigencias del Gobierno a las universidades para que sumen proyectos y mejoren su impacto en la sociedad costarricense, pues a la vez les extirpa el presupuesto indispensable para todas esas responsabilidades. Un posible recorte al MEP de hasta ₡65.000 millones en el 2025 lo que asegura es el deterioro mayor de la calidad de la educación, más escuelas hechas tugurios y que servicios como comedores y transporte que ayudan a las familias más pobres, serán aún más debilitados. No está de más recordar que para muchísimas familias los comedores escolares son un apoyo indispensable pues literalmente son la principal fuente de alimentos de sus hijo/as.
Foto: Francisco Mojica Mendieta.
En las U públicas el recorte de presupuesto significa menos cupos para ingreso de nuevos estudiantes a todas las universidades, menos plazas docentes, salarios en deterioro para la mayoría de funcionario.as, sobre todo para cientos que están en condición de interinos; menos laboratorios, menos investigación científica, menos posibilidades de inversión en las regiones fuera del valle central, debilitamiento e imposibilidad de desarrollar programas de investigación, acción y extensión social con comunidades y organizaciones sociales en todo el país, menos trabajo conjunto con empresas y con el propio Gobierno. Por supuesto que habrá menos plata para becas, residencias y otros subsidios para estudiantes de las familias más pobres que sólo gracias a esas ayudas llegan a ser profesionales.
Ante el Gobierno las U públicas no ganaremos en las aulas. Salir a la calle a defender el derecho a la educación es urgente. También es indispensable salir a dialogar con la población, explicar cómo le servimos a la sociedad y sumarnos a todos los colectivos que queremos recuperar el país. Esos son algunos de los grandes desafíos inmediatos.
