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Transparencia y acceso a la información pública como medio de creación de políticas para el bienestar económico y social

Este lunes 28 de setiembre de 2020, a la 1.00 pm, y en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, se llevó a cabo el segundo Foro como parte del Simposio Internacional titulado: Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos, a través de la presencialidad remota (Zoom).

El tema abordado en este espacio se refiere a la “Transparencia y acceso a la información pública como medio de creación de políticas para el bienestar económico y social”. Para exponer al respecto participaron los expositores nacionales e internacionales: Carolina Hidalgo, Diputada Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ana Cristina Migorane Arniz, Profesora de la Universidad de San Pablo-CEU, Gustavo Fuchs, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Andrés Araya, Asociación Costa Rica Integra (Sociedad Civil) y Susana Soto de la Abriendo Datos. La moderación de la mesa de trabajo estuvo a cargo del Master Guillermo Acuña González, académico de la Universidad Nacional-UNA-Costa Rica.

La diputada Carolina Hidalgo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, planteó que el contexto actual de pandemia ha sido sumamente retador, en el tanto las instituciones del Estado no se encontraban preparadas para una situación de tal magnitud y tampoco se tiene experiencia en el manejo de situaciones similares a esta. Asimismo, que América Latina es vulnerable dado la gran informalidad con la que opera la economía, por lo que los efectos de la Covid-19, ha provocado decrecimiento económico, graves afectaciones en poblaciones vulnerables como lo son, las mujeres, población estudiantil, población migrante, así como una importante reducción de la jornada laboral y por ende de los ingresos que las familias perciben: “Desde el Parlamento se han generado más de 16 proyectos de ley relacionados con la atención de la pandemia, que tiene que ver con acciones como: bono proteger, la restricción vehicular, notificaciones sanitarias, reducciones en las jornadas de trabajo, traslados de feriado, sesiones del parlamento por medios tecnológicos, apoyos e incentivos fiscales para algunos sectores, así como el retraso de pagos de algunos rubros fiscales”.

En cuanto a las acciones de transparencia la diputada Hidalgo, reconoció la necesidad de que el Parlamento realice mayores esfuerzos, pero, también mencionó que se ha realizado publicidad de las reuniones que mantienen los jefes de las fracciones, se han venido realizando también transmisiones de las sesiones de plenario por medio de radio y televisión, se han compartido las agendas diarias de las sesiones del plenario, se transmiten sesiones virtuales con las comisiones legislativas y se han implementado cuatro canales de YouTube que transmiten el contenido.

Ana Cristina Migorane Arniz, Académica de la Universidad de San Pablo-CEU-España, indicó que ante la situación de pandemia habían dos opciones, por un lado, no hacer nada y mantener la economía o por otro lado, declarar la alerta sanitaria y tomar acciones para enfrentarla a costa de la desaceleración económica: “En este sentido, España decidió enfrentarla siendo en este momento uno de los países más afectados de Europa, las consecuencia dichas acciones no se hicieron esperar, se han experimentado grandes efectos en el sector productivo, con una caída del PIB de 21% una de las más grandes caídas en los últimos años, afectando así el consumo de bienes y servicios”.

Para Migorane, las afectaciones de la COVID-19 en España presenta algunas similitudes con Costa Rica, presentándose mayores afectaciones en el sector de servicios que se encuentra cubierta en un gran porcentaje por el turismo, la destrucción del tejido empresarial que corresponde en 98% a pequeñas y medianas empresas que, aunque se crean relativamente fácil, es también fácil que se destruyan, el empleo se ha visto reducido en un 1,7% y se ha identificado una pérdida en el nivel educativo. Al igual que en Costa Rica ha habido un aumento en el déficit público.

Según esta profesora, la sociedad en general vive en la incertidumbre de lo que pueda suceder en la economía, pero, el sector público se podría ir recuperado, en la medida que genere empleo y pueda sortear la crisis sanitaria que ha causado la pandemia, con nuevas contrataciones y la transferencia en ayudas sociales: “ En nuestro país, se han adoptado medidas como la asignación de bonos sociales para gastos como luz y agua, se ha gestionado una moratoria en el pago de hipotecas, se han aprobado diversas ayudas sociales, se ha colaborado con las pymes por medio de créditos oficiales, han destinado recursos para la investigación para una vacuna contra la Covid-19 y han destinado recursos para material sanitario”, indicó Ana Cristina Migorane Arniz.

Gustavo Fuchs del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), comentó que Costa Rica es un país que pertenece al Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) este incluye derechos relacionados con la seguridad social, nivel de vida adecuado, acceso a la cultura, ambientes sanos, derecho a la información y en tiempos de pandemia el acceso la información científica. En este sentido, Fuchs dijo que los países que suscribieron el Pacto creen que el acceso a la información puede hacer una diferencia para la población en términos económicos, sociales y culturales, tal es el caso respecto de la pandemia, con la cual los gobiernos toman decisiones sanitarias, comerciales y políticas, ofreciéndole a la población la oportunidad de participar en esas decisiones: “ Por ejemplo existe poca información acerca de los intentos por reducir la inversión en educación, trabajo, salud y vivienda, así como la decisión del gobierno de priorizar en el pago de deuda, a pesar de que organismos internacionales han indicado que esto no debería ser así en tiempo de pandemia, todo esto sumando al hecho de que en la Asamblea Legislativa, los proyectos que inciden directamente en el bienestar de la población se encuentran estancados u obstruidos, mientras, que se le da trámite a unos pocos, pero no mejorar directamente la situación del país. Algunos de esos proyectos tienen que ver con reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicamentos y a la canasta básica, lo cual afectaría positivamente a la población de manera directa”.

Para el representante del IIDH, es preocupante que haya en este momento proyectos que se están discutiendo, que no toman en cuenta este Pacto en proyectos específicos para ciertos grupos económicos como, taxistas o empresas grandes, dejando de lado que en Costa Rica el 80% de la producción se da a través de Pymes y Mipymes:” Es importante que todos los actores políticos informen a la ciudadanía acerca de cómo se incorporarán los DESC en la discusión del nuevo presupuesto nacional, tanto, para mejorar la condición interna, como para mejorar la calificación internacional de Costa Rica ante las organizaciones”.

Andrés Araya, Asociación Costa Rica Integra, organización de la sociedad civil, expuso que la transparencia es un principio que debe ser aplicado a nivel institucional y por todos los funcionarios públicos, privados y gestores, con el fin de que la población pueda saber y comprender las actuaciones prever la manera en que actuarán. Por ende, la importancia de la transparencia radica en su aplicación como política pública, para mejorar la relación y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones, así como fortalecer la democracia. Es por ello, que la información, la transparencia le ofrece a la ciudadanía mayor conocimiento sobre las acciones de las instituciones del Estado, para evaluar dichas acciones: “Las políticas deben estar basadas en datos abiertos y en un gobierno abierto, los cuales deben ser conocidos por la ciudadanía, para participar en la toma de decisiones. Un nuevo paradigma en el manejo de la información, dado su gran volumen, velocidad y variedad hace que herramientas como el Big Data sean utilizadas por los gobiernos de manera transparente de cara a la ciudadanía”.

Araya, puntualizó que Gobierno Abierto, es un concepto que se refiere a la relación del gobierno con la ciudadanía a través de principios como la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana, así como los elementos relacionados a esos principios, tales como: comunicación, información oportuna y la creación de medios tecnológicos para la difusión de información: “ La información proveniente de los datos de gobierno abierto, no debe ser específica, debe estar a disposición de todos, no debe tener costo y debe ser útil para la toma de decisiones, al cruzarla por distintas instituciones. Un aspecto importante en las que interviene un gobierno abierto es la seguridad pues accediendo a la información de barrios y espacios públicos, se puede crear alianzas y colaboraciones con instancias como la fuerza pública para el beneficio de la ciudadanía”, recalcó el representante de Costa Rica Integra.

Para concluir el panel, Susana Soto de la organización “Abriendo Datos”, comentó que la CEPAL señala a la región latinoamericana como un territorio que aún previo a la pandemia ya enfrentaba serios problemas de crecimiento económico y un limitado espacio de política fiscal, de esta manera, ese panorama se vio agravado por la pandemia, pues según dicha organización se cerrará el 2020 con más de 30 millones de personas que caerán en la pobreza: “ A pesar que la pandemia ha causado un gran impacto, la región ya experimentaba problemas de base, que, por no haber sido corregidos, se empeoraron durante lo que va el 2020, por ejemplo, Costa Rica, en agosto reportó una tasa de desempleo del 24,4%, equivalente a más de 550.000 personas y 150.000 hogares que subsisten a través de la ayuda alimentaria que provee el Ministerio de Educación Pública (MEP), desde el programa de comedores escolares”.

Para Soto, en el sector educación se prevé un descenso en el nivel de Costa Rica en las pruebas estandarizadas PIZA de la OCDE, la brecha digital entre la educación pública y privada coloca en desventaja a más de 500.000 estudiantes que no han tiene acceso, y más de 50.000 con quienes ni siquiera el MEP ha tenido contacto durante la crisis de la pandemia. Asimismo, debe considerarse que las brechas digitales de los ciudadanos, pero también la del Estado tendrá un efecto que no es visible en lo inmediato, pero, que tendrá impacto en 20 o 30 años sobre la economía del país, tal y como ocurrió con la educación en los años 80 y que se ve reflejada hoy en día.

Para la representante de “Abriendo Datos” el derecho a la información y el acceso a ella, más que una herramienta, debe ser tratada por el gobierno como un derecho y como tal debe concentrarse en protegerlo y garantizarlo. A pesar de que no todas las personas se interesan por la información y que por lo tanto se requiere una mediación al respecto, lo cierto es que, la información debe estar disponible pues es la base de la transparencia, el gobierno abierto y el acceso a los datos: “ Costa Rica requiere avanzar en la discusión y aprobación de una Ley de acceso a la información, ya que judicializar los procesos de acceso a la información no es el camino para democratizar el acceso a los datos”.

El Master Guillermo Acuña González, académico de la Universidad Nacional y moderador de la actividad, comentó lo tratado en esta mesa de trabajo y recalcó sobre la identificación que se realiza en el marco de la coyuntura de la pandemia de la afectación mayor que han tenido las poblaciones vulnerables, (trabajadores, mujeres, población migrante) que además plantea el reto de seguir trabajando en la reducción de la desigualdad. Asimismo, sobre el esfuerzo que se viene realizando desde el Parlamento para la discusión y aprobación de política pública que permita responder ante la inesperada situación.

Acuña, sintetizó que con respecto a la situación que vive en varios países en relación con la pandemia, lo que ha generado un deterioro del sector turístico, la producción, la destrucción del tejido empresarial y sus repercusiones a nivel social. De esta manera, se requiere que los gobiernos locales y la ciudadanía en general, tengan una participación más activa en lo relacionado a los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para enfrentar las soluciones y esfuerzos de forma articulada.

Señala que en la región Latinoamérica muchos de los DESC (Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas) que se habían alcanzado, han empezado a retroceder, entre estos factores se ve afectado el del derecho a la información, lo cual constituye un peligro para el bienestar de la población. Los DESC son derechos que se van ajustando a las vicisitudes de las coyunturas, por lo que en el marco de la pandemia deben ser analizados y observados: “En el concepto de transparencia es muy pertinente su vinculación con el proceso de formulación de políticas públicas y democratización del poder público. La potencialidad se puede alcanzar en un proceso de trabajo conjunto, de co-creación, disposición de trabajo mutuo, con inteligencia colectiva entre el gobierno abierto y la ciudadanía, que aspire a consenso para mejorar la calidad de la sociedad. Es necesario reflexionar sobre la deuda que se está generando con las generaciones de jóvenes y niños para el futuro del país, así como con la salud mental que ha sido dañada durante este año a partir de las consecuencias de la pandemia”, concluyó el académico del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Este Simposio se lleva a cabo en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo Nacional, y fue organizado por la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Movimiento Iniciativa Popular, la Fundación Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ParlAmericas, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Enlace al evento completo: https://www.facebook.com/104524877983409/videos/355827238999121

Por: Efraín Cavallini Acuña-UNA
Joselyn Miranda. Estudiante RI-UNA. Ideario Diálogo Nacional