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Etiqueta: acción de inconstitucionalidad

El agua: por un pago ambiental y socialmente justo

La Sala Constitucional ha aceptado a trámite una ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesta por la CONFRATERNIDAD GUANACASTECA contra el ínfimo costo de agua que pagan los grandes monocultivos agrícolas de arroz, caña de azúcar, palma aceitera, café.

Los datos hablan por sí mismos. Mientras los privilegiados dueños de enormes monocultivos pagan 18 centavos de colón por cada metro cúbico- 1.000 litros- de agua que usan, los demás agricultores, incluyendo a los más pequeños, pagan 10 veces más. Para uso doméstico, usted paga al menos 400 colones por metro cúbico. O sea: unas 2.000 veces  más. 

Nuestra acción de inconstitucionalidad pretende ordenar y traer justicia al manejo del agua. También pretende su sostenibilidad  para las futuras generaciones. Eliminar los privilegios de unos pocos impulsará la modernización de sistemas de riego y un gran ahorro de agua.

No estamos en contra de los grandes productores, pero la experiencia indica que solo un precio más justo por el agua los hará modernizar sus sistemas de riego, lo cual produciría un enorme ahorro en su consumo. Con este ahorro, se podría dar riego a miles de pequeños agricultores, impulsando así la reactivación económica, la generación de trabajo en las zonas rurales y una baja en el precio de productos de consumo masivo y canasta básica. Incluso podría acabar ahorrando al país los 1,000 millones de dólares del costo estimado del proyecto PAACUME – embalse río Piedras, un proyecto diseñado para seguir garantizando agua casi gratuita a los grandes monocultivos. 

Los ingresos adicionales obtenidos por un precio más justo del agua permitirían, además, tener más recursos para la protección de bosques, reforestación, parques nacionales y zonas de recarga de acuíferos. 

Esta acción de inconstitucionalidad fue presentada por la CONFRATERNIDAD GUANACASTECA,  y tiene el apoyo de grupos de agricultores, universitarios y de defensa del ambiente.

Hemos obtenido el criterio de instituciones técnicas y académicas. Deseamos oír la opinión de los candidatos a la presidencia, y esperamos que debatan sobre los retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta el país.

Costa Rica es rica en agua, pero no se la maneja bien. Siendo indispensable para la vida, escasea y se raciona en muchas partes. Su consumo está declarado un derecho humano, pero muchas familias e incluso comunidades enteras carecen de agua potable.

Al mismo tiempo, gran parte del agua se entrega, a bajísimo precio, a pocas, poderosas y privilegiadas manos. Según datos de MINAE, de toda el agua del país el 76% se usa en riego y solo el 10,7% en consumo humano. Es necesario poner orden en AyA, pero es aún más importante y urgente ordenar el riego.

Al aceptar para trámite nuestra acción, la Sala IV dio un importante paso hacia un uso más justo y racional del agua . Esperamos que, a pesar de los enormes intereses en juego, esta se resuelva favorablemente, para ello solicitamos su amplia discusión, así como el apoyo de la ciudadanía.

 ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Correo: confraternidad_gte@yahoo.com

ADJUNTAMOS RESOLUCIÓN SALA CONSTITUCIONAL

 

Compartido con SURCOS por CONFRATERNIDAD GUANACASTECA.

ANEP presentará acción de inconstitucionalidad contra ley fiscal

En esta semana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación oficialmente denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley de la República No. 9635, “bautizada por el pueblo que la enfrentó mediando el ejercicio legítimo de la Democracia de la Calle, como combo fiscal”, informa un comunicado enviado por Albino Vargas Barrantes a SURCOS.

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Dirigente indígena busca justicia y soberanía en el Territorio Indígena de Terraba: NO PH Diquís

  • Acción de inconstitucionalidad

 

FECON, 10 de julio 2018. Mediante la Acción de Inconstitucionalidad 18-005745-0007-CO el dirigente indígena Asdrubal Rivera Villanueva busca llevar justicia y soberanía al Territorio Indígena de Terraba.

Esta acción está planteada en contra del Decreto Ejecutivo Nº 34312 que da conveniencia nacional e interés público a los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, así como a sus obras de transmisión, desprotegiendo de esta forma parte del territorio indígena que cuenta con una protección legal superior. Este decreto pretende igualar los terrenos indígenas con cualquier otro terreno forestal, a pesar de la diferenciación legal existente.

El espíritu de la Ley No. 6172, del 16 de noviembre de 1977, se basa en que los territorios indígenas únicamente habiten personas indígenas. Por eso en su artículo 2°, párrafo segundo, las declara de propiedad de las comunidades indígenas, y después, en su artículo 3°, además de decir que son inalienables, imprescriptibles e intransferibles, claramente dispone que son exclusivas para aquellas comunidades indígenas. El artículo 3° prohíbe a no indígenas alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estos territorios, y declara absolutamente nulo todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas. Confirmado por la Jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administración se trata de propiedades inalienables (TCA Sección Previa sentencia 138-2013). En este mismo sentido el artículo 4° indica que los territorios serán regidos por los indígenas, “en sus estructuras comunitarias tradicionales”. Esto excluye la posibilidad de que personas no indígenas puedan hacerlo.

Por otro lado el artículo 7° de esta ley pone en evidencia que estamos frente a un régimen jurídico de protección especial para los terrenos forestales dentro de territorios indígenas. Estos deben mantener su aptitud forestal. Así las cosas, resulta inaplicable al efecto la excepción establecida en el artículo 34 y 19.b, pues hay una ley especial que establece una categoría de protección más elevada. La intención de modificar el uso de suelo de estas zonas haciendo una represa hidroeléctrica, es incompatible con el mandato legal de mantener la vocación de bosque. Es evidente que sustituir los ecosistemas en cuestión por un proyecto hidroeléctrico, hace materialmente imposible que se conserve la naturaleza forestal del terreno.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional es posible autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales decretando de conveniencia nacional dicho proyecto (Voto 13100-2010 y Voto 13622). Esta declaratoria de conveniencia nacional y de interés público tiene como requisito justificar que el impacto ambiental se amortiguaría por el beneficio social a la población afectada. Pero en el Decreto no existe ningún apartado que desarrolle el alcance del impacto ambiental y por el contrario en su artículo Nº 6 le da a la Secretaría Técnica Ambiental un plazo de 5 meses para la determinación de la viabilidad ambiental.

Se lesiona puntualmente el Artículo 50 de la Constitución Política porque de él se deriva la aplicación del principio precautorio, que dice que en caso de certeza científica sobre el impacto ambiental de un proyecto el Estado debe de resolver a favor de la naturaleza. En este caso el Decreto en su artículo 6 admite que no tiene conocimiento del impacto ambiental de proyecto Diquis y aun así le otorga conveniencia nacional, a pesar de que evidentemente, sin una evaluación ambiental, el impacto ambiental se desconoce.

Si la dimensión ambiental no se tiene clara ¿cómo sabe el Poder Ejecutivo que el costo del proyecto se justifica con los beneficios? Es imposible saberlo si aún no se conoce el costo ambiental y cultural.

Hace una semana vimos con alegría como se inauguraba un nuevo u-suré en el Territorio Indígena de Cabagra (VocesNuestas, 9-7-2018) después de que dos manos criminales habían quemado esta estructura años atrás. El u-suré representa para la cultura bribri el orden del universo y la conexión con Sibú. Una represa hidroeléctrica sobre tierras indígenas sagradas vendría a significar otro ataque directo contra estos pueblos que luchan por que lo dejen vivir en paz.

 

Información 8760 9800.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por FECON.

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Presentan acción de inconstitucionalidad para proteger Río Grande de Térraba

De Álvaro Sagot

Redacté una acción de inconstitucionalidad para proteger el Río Grande de Térraba para que no se haga el PH DIQUIS. Alegamos derechos de la naturaleza y violación a territorios indígenas dado que se quiere dejar bajo agua más de 100 sitios sagrados de grupos originarios. Quienes quieran dar su apoyo deben presentar una coadyuvancia a la Sala Constitucional. Esto no es una cadenita de peticiones en línea, es algo real. Acá les dejo un formato para los que puedan dar su apoyo.

 

EXPEDIENTE: 18-005745-0007-CO

PROCESO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACCIONANTE: ASDRUBAL RIVERA VILLANUEVA

SEÑORES

SALA CONSTITUCIONAL

SM

Los suscritos (nombre y datos) atentos manifestamos:

Solicitamos se tenga este escrito como una coadyuvancia activa a la acción de inconstitucionalidad contra el decreto de conveniencia nacional del PH DIQUIS.

Pedimos que la acción sea declarada con lugar y se respeten territorios indígenas, así como los sitios sagrados.

Pedimos que se disponga que el Río Grande de Terraba, debe ser tomado como un sujeto con personalidad jurídica conforme se dice en la acción.

Nuestra legitimación emana de los intereses difusos y estamos apoyando las acciones de personas que son de pueblos originarios, amén de que todo esto busca proteger el ambiente también.

……………………………

Deben firmar el escrito y proceder a ir a dejarlo a la Sala Constitucional en el transcurso de la otra semana.

 

Imagen tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por Luis Alberto Soto, texto original de Álvaro Sagot.

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RedMICA y Voces Nuestras presentan acción de inconstitucionalidad por vacíos legales en ley que regula radio y televisión

Conferencia de Prensa

RedMICA y Voces Nuestras2
Foto de la presentación de la acción en la Sala Constitucional, San José.

Este jueves 09 de marzo, integrantes de la Red de Iniciativas y Medios de Comunicación Alternativa (RedMICA) y de la Asociación Voces Nuestras darán a conocer los detalles de una acción de inconstitucionalidad que interpusieron el pasado lunes 06 de marzo en contra de la Ley de Radio, por graves vacíos legales que lesionan la libertad de expresión y la protección de bienes públicos, como el espectro radioeléctrico. Mediante la acción legal también se impugna el Reglamento de Transición a la Televisión Digital (Decreto ejecutivo 36774).

La conferencia de prensa, en la que se darán a conocer todos los detalles de esta acción legal y sus posibles implicaciones, será este jueves 9 de marzo, a las 10 a.m. en la Plaza de la Libertad de Expresión, en la Universidad de Costa Rica, ubicada frente al Semanario Universidad.

 

Contacto: Catalina Montenegro, Cel. 8827-4091

Fabiola Pomareda, Cel. 8433-2985

 

Enviado a SURCOS por Fabiola Pomareda.

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Sala constitucional rechazó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad de Otto Guevara contra de la Convención Colectiva del MEP y SEC-Sitracome

Sala constitucional rechazó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad de Otto Guevara contra de la Convención Colectiva del MEP y SEC2

Comunicado

Otra victoria del SEC sobre los enemigos de las y los trabajadores

 

Sala constitucional rechazó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Otto Guevara en contra de la Convención Colectiva del MEP y SEC-Sitracome.

Por medio del Voto el #7221-2015 del 20 de mayo del 2015, la Sala Constitucional rechazó la acción presentada meses atrás por el diputado Otto Guevara contra La Convención Colectiva entre el Ministerio de Educación Pública, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME).

La información la recibió el SEC esta tarde de parte del MEP, durante una reunión efectuada con el objetivo analizar la situación del personal interino.

Nuevamente el SEC se apunta un triunfo y la justicia nos da la razón.

 

Enviado a SURCOS Digital por SEC CR.

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FECON: Procuraduría profundiza criterio contra reglamento de transgénicos

En audiencia Constitucional

FECON - Procuraduría profundiza criterio contra reglamento de transgénicos

(San José, 7 de agosto, 2014) En la audiencia efectuada para conocer los criterios de la Acción de Inconstitucionalidad (expediente No. 12-017013-0007-CO) interpuesta por ecologistas, apicultores, organizaciones indígenas y campesinas, académicos, así como por el ex diputado José María Villalta contra el reglamento de la Ley de Protección Fitosanitaria impugnado por contener un procedimiento que no se ajusta a las disposiciones de la Constitución Política en materia ambiental, se ratificó y profundizó la posición de los Accionantes, incluso con los criterios de la Procuraduría en el sentido de que el actual instrumento de valoración ambiental no es equivalente a la Evaluación Ambiental; así como que el Reglamento cuestionado es inconstitucional al impedir el acceso a la información a todas las personas, y reservarlo solamente para los técnicos.

La discusión sobre las violaciones a la Constitución Política giró sobre dos puntos. En primer lugar que el reglamento para otorgamiento de permisos para la liberación de transgénicos prohíbe el acceso a la información técnica evitando una participación efectiva e informada de la ciudadanía. En segundo lugar, que la actividad no exige una evaluación de impacto ambiental como requisito para otorgar los permisos.

Tomando en cuenta los argumentos expuestos, así como las preguntas realizadas por los magistrados, se vislumbra que la Sala Constitucional va a ratificar la posición de la Procuraduría y los Accionantes con respecto a la inconstitucionalidad del Artículo 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, que establece confidencialidad de la información técnica y científica sobre productos transgénicos.

Para las personas que pusieron la Acción de Inconstitucionalidad fue sólida la posición del Dr. Allan Astorga, especialista en Evaluación Ambiental y ex director de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), quien aseguró que “es claro que la actividad de uso de organismos genéticamente modificados en las actividades agrícolas de Costa Rica debería cumplir con un trámite completo de Evaluación de Impacto Ambiental, por medio de un Estudio de Impacto Ambiental, independientemente de que realice un “análisis de riesgo” ante el MAG”. El experto presentó un estudio detallado de las ventajas comparativas de realizar un Estudio de Impacto Ambiental respecto a un análisis de riesgo para el uso de productos transgénicos (Ver Estudio).

Por su parte, el Dr. Jaime García, catedrático de la UCR y de la UNED, profundizó sobre otra deficiencia del proceso de otorgamiento de permisos para la liberación de organismos genéticamente modificados al sostener que “no tienen fecha de caducidad y los informes de seguimiento a estas siembras autorizadas de cultivos transgénicos NO vuelven a analizarse a lo interno de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, aunque posteriormente se varíen las áreas y los lugares de siembra de estos eventos autorizados” (Ver criterio).

A pesar de que el ingeniero Alex May, presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, trató de defender la supuesta rigurosidad, capacidad administrativa y confianza de la “evaluación de riesgos” empleada en el país, lo cierto es que no existe tal control porque existen registros de impactos ecológicos ocurridos por transgénicos. Uno de estos impactos corresponde a los eventos descontrolados de propagación de plantas y rebrotes de algodón transgénico ocurridos en Cañas, Guanacaste en el año 2005 (Sprenger, 2008), y también, se recuerda que en Chomes en Puntarenas más de 180 mujeres trabajadoras sufrieron de intoxicaciones con uso de pesticidas en campos de algodón transgénico durante los meses de julio y octubre de 2010 (IRET, 2011).

Aunque la Cámara de Fomento a la Apicultura no pudo participar directamente durante la audiencia, dejó patente que las autoridades deberían solicitar un Estudio de Impacto Ambiental porque en su caso se deberían de valorar los impactos y costos que sufrirían en su interés de exportar miel a Europa por la enorme posibilidad de una contaminación de abejas con genes transgénicos (ver comunicado).

Después de las contundentes exposiciones de la Procuraduría y de los Accionantes, el balance final de la audiencia se considera positivo. Solamente, queda esperar que en el plazo de un mes, la Sala resuelva el destino de este Reglamento y con él, también el futuro de los permisos para la liberación de transgénicos al ambiente que se encuentran suspendidos como consecuencia de la Acción de Inconstitucionalidad en mención.

FECON - Procuraduría profundiza criterio contra reglamento de transgénicos2

Información circulada por presidencia de FECON.

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