El taller La aventura del cuerpo es un espacio enfocado en gestionar estrategias psicocorporales para abordar y comprender los cambios y transformaciones en la adolescencia. Se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre, en el marco del V Simposio Internacional y IX Nacional sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, organizado por el Programa de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica (Pidena-UCR).
UCR: Los profesionales con problemas conductuales son producto de las carencias de una formación integral
Los especialistas resaltaron la importancia de fortalecer la creatividad y la imaginación en niños, niñas y adolescentes. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
En una conversación con diversidad de perspectivas y opiniones, los especialistas invitados al foro “La Niñez y la Adolescencia en la Agenda 2030” coincidieron en señalar la importancia de la educación diversa, integral e inclusiva como eje crucial para el desarrollo de la niñez y la adolescencia en Costa Rica.
El académico Josial Salas, coordinador de Advocacy de la organización Visión Mundial, resaltó la relevancia de una educación que trascienda las aulas, pues considera que el arte, la cultura y la convivencia ayudan a fortalecer las habilidades blandas que formarán la personalidad de la niñez en desarrollo.
Al hacer referencia a las carencias formativas en esa línea, Salas señaló que “diversos estudios del sector empleador aseguran que si bien reciben excelentes profesionales, son personas que llegan con importantes problemas conductuales. Son personas que no se saben comunicar o tienen problemas de inteligencia emocional, eso se debe fortalecer desde la niñez en el sistema educativo”.
Desde otra perspectiva, el geógrafo Carlos von Marschall, del Ministerio de Planificación (Mudeplan), enfatizó la relevancia de la inclusión de la niñez y adolescencia de áreas rurales en estos proyectos de educación diversa y multidisciplinaria.
Según Von Marschall, son estas poblaciones las que normalmente se ven marginadas, pues las políticas públicas se enfocan en las zonas de mayor concentración de personas y dejan de lado a miles de niños y adolescentes. “Si no se cambia el enfoque y continuamos con uno centralizado, no vamos a avanzar en la reducción de brechas dentro del país. Las zonas alejadas, los pueblos indígenas y las zonas costeras siempre son las de menor desarrollo y son en las que hay mayor cantidad de niños y adolescentes”, acotó Von Marschall.
Por otro lado, el Gerente de Programas Unicef-Costa Rica, Manuel Baldares, resaltó algunas de las fortalezas y oportunidades con las que cuenta Costa Rica de cara a la lucha contra las desigualdades, en especial a las referentes a poblaciones vulnerables. Según Baldares, para el 2017, de acuerdo con los datos de Unicef, el país tenía 30,5% de población menor de edad, sin embargo, de esa cantidad, el 34% era niños en condición de pobreza.
Además, Baldares resaltó que 5 de cada 10 adolescentes estaban fuera del sistema educativo para ese entonces, con especial énfasis en poblaciones indígenas, migrantes, discapacitados, zonas rurales y afrodescendientes.
“En el tema de cobertura educativa, sobre todo a nivel de primaria, Costa Rica tiene unos índices muy desarrollados. Pero hay retos como la respuesta a las desigualdades que existen en el país, todavía hay muchos niños, niñas y adolescentes que ven afectado el cumplimiento de sus derechos y esas son las poblaciones más vulnerables”, concluyó Baldares.
Este foro fue organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena-UCR) y se desarrolló como antesala del V Simposio Internacional y IX Nacional sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia “Desigualdades, Abordajes y Experiencias en el Escenario del Desarrollo Sostenible”, que se realizará el 3, 4 y 5 de septiembre del presente año.
El coordinador de Pridena-UCR, Milton Ariel Brenes, moderó el espacio y afirmó que estas actividades son valiosas “para revisar la manera en que se concretan las agendas en una región cada vez más desigual” como es Centroamérica.
“El simposio significa una convergencia de los actores nacionales e internacionales que trabajan con niñez y adolescencia para buscar soluciones a las problemáticas que los jóvenes están afrontando”, concluyó Brenes.
Manuel Baldares reflexionó sobre el estado de la niñez y la adolescencia desde la perspectiva de la Unicef. Foto: Anel Kenjekeeva.
Este 10 de diciembre se celebran 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Acción Social de la UCR en derechos humanos llega a casi dos millones de personas en todas las regiones
“La vulnerabilidad del incumplimiento de los derechos humanos es un asunto que atraviesa a todos los segmentos de población. En especial, la pobreza, la exclusión educativa, el trabajo informal y otras actividades que los enrolan en actividades ilícitas”, detalló Dina Espinosa Brilla, coordinadora del proyecto EDNA. Foto muestra niños jugando. Archivo VAS.
Para superar los pendientes en materia de derechos humanos y lograr que la mayor cantidad de habitantes en el territorio nacional los disfruten a plenitud, cada año la Universidad de Costa Rica (UCR) invierte miles de horas en la ejecución de más de 130 proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).
Los desafíos de la sociedad costarricense para construir una sociedad más equitativa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos son múltiples. Por eso, desde cada una de las iniciativas de la VAS se llega a las comunidades con proyectos relacionados con la niñez y la adolescencia, el derecho al trabajo justo, el envejecimiento digno, el acceso a la educación, la prevención de la violencia por causa de género, edad, orientación e identidad sexuales.
Con un presupuesto de ₡265 millones anuales, el personal universitario y la comunidad estudiantil asumen como propios los problemas que impiden que cada persona acceda a los derechos humanos garantizados por la normativa nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Precisamente, este 10 diciembre la humanidad celebrará los 75 de la promulgación de dicha declaración. Sus 30 artículos se han constituido una guía para que los Estados y sus instituciones eliminen las barreras para garantizar que todas las personas alcancen esa plenitud, sin distinción alguna.
“Los Derechos Humanos tienen por principio primordial el respeto y el reconocimiento de la dignidad inherente de todas las personas. Esto implica a su vez la gestión de la igualdad de oportunidades, lo que tiene que ver con la inclusión y la reducción de la brecha social”, aseguró el Lic. José Daniel Rodríguez Arrieta, coordinador del proyecto “Población con discapacidad y derechos humanos: comunidades hacia la inclusión y el empoderamiento” (TC-633).
En materia de derechos humanos, el vínculo universidad-sociedad ha sido constante desde la creación de la UCR, aseguró Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social. Foto muestra jóvenes que se toman fotografia con marco #AcciónSocialUCR Archivo VAS.
El TC-633, de la Escuela de Ciencias Políticasde la UCR, es una instancia que vincula a estudiantes con las comunidades para fomentar espacios y actividades para reconocimiento, apropiación y sensibilización acerca de los derechos humanos de la población con discapacidad en función de la inclusión.
Una importante cantidad de proyectos de Acción Social trabajan porque la niñez y adolescencia tengan acceso a la salud, la educación y la posibilidad de vivir en ambientes libres de violencias. Uno de ellos es el proyecto del Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) denominado “Prevención de Violencia en 100 Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública” (ED-3221) . El objetivo es brindar capacitación al personal destacado en dichas escuelas sobre los temas de la violencia intraescolar y fomentar la permanencia en las aulas.
Además, la UCR aporta investigación para el diseño de políticas públicas en esta materia. Por ejemplo, se difunden periódicamente informes relacionados con la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Entre ellos destaca el “Informe EDNA: Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia” (ED-389), cuyo equipo de profesionales tiene su base en la Escuela de Estudios Generales.
En total, para el año 2018 unos 35 proyectos se relacionan con la población infantil y adolescente en Costa Rica.
Derechos Humanos y vínculo social
“La acción social es un pilar fundamental en la lógica y razón de ser de las universidades estatales. Nuestra labor es enteramente en función de la sociedad costarricense en tanto su progreso y su consolidación como una sociedad inclusiva que busque sostenidamente la reducción de las brechas sociales y económicas. Este es el contacto más directo y tangible de la Universidad con las comunidades a las cuales se debe; es la más visible devolución que se hace de la inversión de una sociedad en la educación superior y no debe nunca escatimarse en esta inversión”, aseguró el Lic. Rodríguez Arrieta.
Como parte de su compromiso con los derechos humanos, la UCR trabaja de la mano con instituciones estatales y organizaciones comunitarias para favorecer condiciones de acceso a todos los derechos para las personas habitantes en el territorio nacional. Foto archivo ODI.
De los 168 proyectos inscritos en la VAS, unos 16 se enfocan en el apoyo coordinado con otras organizaciones para que personas con alguna discapacidad tengan iguales oportunidades de acceso a la educación, la participación ciudadana e integrarse a la fuerza laboral del país.
Un ejemplo es el proyecto del Instituto de Investigación en Educación de la UCR para crear un “Modelo de capacitación en higiene y manipulación de los alimentos para personas con discapacidad intelectual” (ED-3104), que le ha permitido a jóvenes concluir exitosamente el curso este requisito para optar por una oportunidad laboral. Para ello, se diseñaron módulos temáticos a partir de los contenidos del programa estandarizado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Otro proyecto, “Construyendo juntos: Personas con discapacidad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos” (ED-3297), ejecutado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, se propone que en el país se “cumpla totalmente normativa nacional e internacional en derechos humanos en discapacidad e identificar las brechas normativas que aún persisten entre el ordenamiento jurídico nacional y lo que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece”, acotó el magíster Erick Hess Araya, coordinador del mismo.
Hess reafirmó que el “vínculo entre Universidad y sociedad es total, porque el proyecto avanza en la medida en que las personas con discapacidad así lo demandan y porque las personas con discapacidad van a obtener una orientación y asesoría técnica y académica que han solicitado para beneficio de sus propios intereses”. Actualmente, en Costa Rica cerca de medio millón de personas viven con alguna discapacidad y el 64% están excluidas de la fuerza laboral, con especial énfasis las mujeres.
“Decir que la UCR ha contribuido con los más diversos sectores de la sociedad costarricense no es retórico. La UCR ha estado presente desde sus inicios en el mejoramiento de la educación, la formación del concepto integral de la salud, en la generación de competencias productivas comunales, la defensa del ambiente, de los derechos humanos y la reivindicación de las fibras culturales que conforman nuestras identidades”, recordó la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social.
A la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hoy Ministra de la Niñez, se le olvidó ponerse la camiseta a favor de quienes por mandato presidencial se encuentran bajo su cuidado, al guardar silencio, luego que los Padres de la Patria cercenaran los recursos que con tanto esfuerzo se luchó tener, para apoyar programas y proyectos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes.
¿Será que la señora Ministra se le olvidó el juramento que hizo el 8 de mayo? Eso no lo podemos asegurar, pero si por la víspera se saca el día, ella sigue sin entender la función que le fue encomendada. Pareciera ser que en lugar de trabajar en el PANI lo hiciera en el Ministerio de Hacienda, buscando solucionar la situación fiscal del país, en lugar de realizar el trabajo que le fue encomendado de velar por la niñez costarricense.
No solo nunca salió a defender el que no se le quitara al PANI el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta, escondida como una moción del proyecto de paquete de impuestos N°20580 “Fortalecimiento de la Hacienda Pública” que incluye también el tema de empleo público y el mecanismo conocido como regla fiscal. Sino que además no ejecuta el presupuesto institucional.
El mecanismo aprobado ayer por los Diputados contempla evitar la aprobación de proyectos de ley sin fuente de financiamiento, todo nuevo gasto debe contar con una fuente de financiamiento en el largo plazo, el proyecto que contemple gastos debe ser conocido por el Ministerio de Hacienda que tendrá la responsabilidad de dictaminarlo, esta regla busca desacelerar el gasto corriente durante un periodo prudente, mientras se alcanza un nivel razonable de “equilibrio fiscal”. Pero además elimina los ya existentes.
Nuestra Jerarca parece desconocer el mandato internacional, que obliga a las naciones que ratificaron la Convención de los Derechos el Niño, de asegurar recursos para la ejecución de programas que permitan la atención y protección integral de la persona menor de edad, no solo cuando ya han sido violentados sus derechos, sino mucho antes, mediante programas preventivos, para evitar que esto suceda y no convertirlos en una víctima más.
Claro que ahora, las señoras y señores diputados pueden argumentar que la Institución es incapaz de ejecutar los recursos, cuando la realidad es que para nadie es un secreto que en el 2017 el dinero nunca ingresó a las arcas del PANI, por el supuesto problema fiscal que existía y lo poco que entregaron fue demasiado tarde para poder ejecutarse en su totalidad. Y ni qué hablar del 2018, cuando la Ministra a 5 meses de haber asumido su cargo, todavía se encuentra “acomodando la casa” y tiene la mayoría de proyectos detenidos, lo que significa que, a la fecha, solo se ha ejecutado el 30% del presupuesto institucional, entendiendo que la mayoría de lo invertido fue durante los primeros 4 meses de la administración anterior.
Ante esta situación el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) no puede guardar silencio, y denuncia el accionar de la jerarca, para que se sienten las responsabilidades en quien realmente corresponde. De manera que la próxima vez que un niño sea víctima inocente, esta no recaiga en los funcionarios quienes nuevamente deberán trabajar sin recursos, por culpa de decisiones políticas y no técnicas.
*Imagen ilustrativa tomada de http://www.pani.go.cr/
Apertura de oficinas de atención directiva y programas fue rechazado
Carlos J. Cabezas Mora (*)
Luego de que la administración del Patronato Nacional de la Infancia justificara el cambio en la estructura organizativa creando nuevos departamentos, reubicando otros, la Autoridad Presupuestaria por una decisión de carácter político rechazó la creación de las plazas, según supimos de manera informal.
El Código de la Niñez establece que tratándose del cumplimiento de los derechos de la infancia y juventud el Estado no puede argumentar falta de recursos presupuestarios, una institución como la nuestra que ha sido asediada por medios de comunicación y criticada por la ciudadanía por no dar abasto con la demanda social, producto sin duda de una cultura de violencia existente en el país, requiere de fortalecimiento, sin embargo todo esto poco o nada importó a la hora de rechazar esta nueva expansión de coberturas en el resto del territorio nacional.
La niñez tiene derecho al juego, pero que jueguen con su presente y futuro es simplemente inadmisible, sabemos que la situación fiscal del gobierno no es la mejor, pero también sabemos que otras instituciones con facilidad se han convertido en la prioridad nacional, como el caso de seguridad pública, pues el sentimiento de inseguridad vigente sí es tema de campaña electoral, pero evitar que nuevas generaciones ingrese a las filas delictivas parece que continuará siendo la gran omisión de las políticas fiscales de todos los gobiernos.
La niñez y la adolescencia son el presente y futuro de una nación y con la política economicista neoliberal dictada por los organismos financieros internacionales acreedores, comprometen con cifras engañosas y argumentos de la clase empresarial y política dominante, la inversión social para la niñez de nuestro país, lesionando su desarrollo integral y postergando la construcción de una ciudadanía activa y consciente de su entorno en una coyuntura de un capitalismo deshumanizante.
Con el proyecto de ley y su regla fiscal creemos que las instituciones que no generan ingresos sino solo inversión social, como es el caso del PANI posible que sean las primeras víctimas del economicismo que tiende a atender lo urgente no lo estratégico para nuestro país, nos extrañó muchísimos no conocer una posición de la actual administración sobre la amenaza de que el artículo de la ley orgánica que garantiza la obligación de girar el 7% del impuesto sobre la renta fuera derogada, cuando era un deber como institución en su misión de defender los derechos de la niñez.
Tendremos más herramientas para el llamado a nuestros compañeros y compañeras para sumarse a la protesta nacional contra el gobierno entrante, ahora en defensa de los servicios públicos también.
(*) Secretario General, SEPI. CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES
El nueve de setiembre se celebra en Costa Rica el día del niño y la niña. Se trata de una celebración establecida por recomendación dada en 1954 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, pidiendo que todos los países instituyeran un día consagrado a la fraternidad y comprensión entre niños del mundo entero, destinado a actividades para promover los ideales y objetivos de las Naciones Unidades, así como el bienestar infantil, e intensificar y extender los esfuerzos a favor de todos los niños y niñas del mundo. Según la Convención de Derechos del Niño, se entiende por niño a toda persona menor de 18 años, por lo que se incluye también a las personas adolescentes.
Como se puede ver, se trata de una fecha que va más allá de solamente un día de entretenimiento infantil, como se acostumbra en nuestro país, y que tiene que ver, entre otras cosas, con la intensificación de los esfuerzos para asegurar el bienestar de todos los niños y niñas. En este sentido, resulta muy importante aprovechar esta fecha simbólica para reflexionar sobre las deudas que Costa Rica mantiene con su población menor de edad, y en consecuencia, con toda la sociedad. A continuación se reseñan algunas consideradas particularmente críticas por sus implicaciones para todo el desarrollo nacional.
Salud
Pese a que Costa Rica tiene un perfil de salud adelantado para América Latina y que su esperanza de vida es elevada, subsisten retos importantes, tales como el de mejorar la calidad de los servicios en salud y ampliar la cobertura en los sistemas de atención a madres, niños, niñas y adolescentes, desarrollando un enfoque de prevención con mayor participación de las comunidades. El país todavía cuenta con coberturas bajas de captación y atención de mujeres en el posparto (69%) y la atención integral de adolescentes se estima que no supera el 40%.
Pobreza
En Costa Rica, se estima que cerca de una tercera parte de la niñez y la adolescencia se encuentra en situación de pobreza, lo cual sube aun más en zonas rurales y costas, donde se acerca a la mitad de la población menor de edad (43%), viéndose así lesionados múltiples derechos y limitándose seriamente las posibilidades de desarrollo integral a largo plazo para esta población. Esto se relaciona con que las familias más pobres suelen ser más numerosas, ya que los niños y niñas representan el 46% del total de miembros de los hogares que están en pobreza extrema, mientras son apenas el 22% en los hogares no pobres.
Educación
Aunque la amplia mayoría de la niñez en Costa Rica asiste a la educación primaria, todavía un 66% de niños y niñas de los dos quintiles de más bajos ingresos no asiste al nivel preescolar de preparatoria, y se estima que cerca de un 50% de quienes tienen entre 18 y 22 años no culmina la educación secundaria, mientras que solo un 28% de quienes están entre 25 y 34 años alcanza la educación superior, lo cual menoscaba las opciones de desarrollo futuro de quienes resultan excluidos del sistema educativo. Además, evaluaciones internacionales de desempeño educativo, tales como las pruebas PISA, muestran bajas calificaciones en las tres áreas evaluadas (matemáticas, ciencias y lenguaje), lo que evidencia que la calidad del sistema educativo costarricense es deficiente, dificultándose así el desarrollo pleno del potencial de sus habitantes.
Sexualidad
Aunque la comunidad internacional reconoce la importancia de una educación integral de la sexualidad, en Costa Rica, este sigue siendo un asunto polémico, pues algunos sectores se oponen a que se hable abiertamente de este tema en escuelas y colegios. Mientras esto ocurre, la situación de las personas menores de edad en esta materia es preocupante, puesto que, por ejemplo, un 17% del total de nacimientos ocurre en madres adolescentes, y algunos estudios recientes revelan considerable ignorancia en la población menor de edad sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Violencia
Según el Hospital Nacional de Niños, se tiene que, cada día, se reciben en este centro un promedio cercano a los seis casos de violencia contra personas menores de edad, siendo el tipo principal la negligencia por parte de las personas encargadas del cuido de estas. Pese a que la investigación reciente, particularmente la neurocientífica, viene confirmando que las personas menores de edad que sufren agresión ven dañado su desarrollo cerebral, y a pesar de que en Costa Rica el castigo físico y el trato humillante están prohibidos por ley desde el 2008, diversos estudios realizados por el INEINA de la Universidad Nacional y otras entidades, reflejan que una mayoría de padres y madres (50% a 55%) siguen considerando el castigo físico como un método apropiado para criar a sus hijos.
Derechos
Si bien es cierto que Costa Rica ratificó la Convención sobre Derechos del Niño en 1990 y aprobó su Código de Niñez y Adolescencia en 1998, estudios recientes realizados por el INEINA reflejan que el Sistema Nacional de Protección Integral se encuentra desarticulado y con una capacidad débil para promover el cumplimiento efectivo de todos los derechos para todos los niños y niñas en el territorio nacional.
¿Qué hacer frente a estos grandes retos?
Algunas de las acciones que debería emprender el Estado costarricense para dar un salto cualitativo frente a los anteriores desafíos, son las siguientes:
Pasar de un enfoque centrado en instituciones individuales, a uno centrado en los sistemas interinstitucionales, ya que los retos que tenemos son de una envergadura y complejidad tal que ninguna institución por sí sola puede enfrentarlos integral y eficazmente.
Pasar de un enfoque centrado en el activismo asistencialista, a uno centrado en resultados en términos de incidencia en desarrollo humano, priorizando la evaluación científica de las intervenciones y la toma de decisiones basada en evidencia.
Pasar de una protección especial basada en la institucionalización (albergues, hospicios u orfanatos) a una centrada en las familias.
Descentralizar la protección, dando mayor protagonismo a los espacios locales, particularmente a las municipalidades, de manera que desde estos niveles se puedan identificar prioridades y ejes articuladores de la acción que faciliten el encuentro y desarrollo de sinergias interinstitucionales más cerca que quienes más lo requieren. La creación de políticas cantonales de niñez y adolescencia puede ser un instrumento valioso para impulsar esto.
Fortalecer decididamente la prevención, atendiendo integralmente los factores generadores de riesgo y vulnerabilidad, y no esperando pasivamente a que revienten las emergencias y los casos más agudos.
Consolidar y blindar la inversión en niñez y adolescencia, reconociendo sus altos niveles de retorno social, gracias a los grandes beneficios que la misma ofrece al desarrollo social del país, así como a la disminución de la incidencia de graves problemáticas tales como la delincuencia, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, así como el abuso y tráfico de drogas.
Es central que el país deje de ver el tema de niñez y adolescencia como un asunto meramente sectorial y comprenda su importancia neurálgica, sistémica y, en consecuencia, estratégica para el país como un todo. De otra manera, corremos el riesgo de mantener estas grandes deudas sin ser saldadas.
(*)Académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (Ineina-UNA).
***Mayores detalles con Pablo Chaverri, Ineina, 8842-4749 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomad de vox.lacea.org
¿Por qué persiste la violencia contra la niñez, pese al marco jurídico de avanzada existente en Costa Rica? Investigadores del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la UNA responden esta pregunta en el marco del Día del Niño
El pasado martes 6 de setiembre el investigador Pablo Chaverri, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA), ofreció la conferencia “¿Por qué persiste la violencia contra la niñez, pese al marco jurídico existente?”, ante funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, en las instalaciones de esa entidad.
Para Chaverri, el país cuenta con un marco jurídico reconocidamente avanzado en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia; sin embargo, en la realidad estos derechos son irrespetados. Incluso, está prohibido en Costa Rica el castigo físico en la crianza de los menores; no obstante, este sigue ocurriendo.
Entre los factores que fundamentan la persistencia de la violencia está lo cultural-histórico, el concepto “pater familias”, que tiene que ver con el padre todopoderoso que puede hacer con sus hijos y su familia lo que le plazca, porque son de su propiedad, tal como se concibió en el derecho romano. “Aunque esa legislación no está vigente, en la mente de muchos pareciera que sí lo está”.
Otro elemento es la influencia del entorno. Las personas que habitualmente observan violencia a su alrededor, tienen mayor probabilidad de reproducir este tipo de conducta. Hay múltiples ejemplos de cómo nuestra cultura está llena de violencia, destacó el especialista en ciencia cognitiva.
Por su parte, el abogado Rodolfo Vicente ofreció una conferencia sobre “Enfoque de derechos en niñez y adolescencia”, el pasado jueves 8 de setiembre, en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Ramón.
Explicó el investigador del INEINA, que el enfoque de derechos representa el paso de las necesidades a los derechos; es decir, cuando el mundo adulto no es el que decide qué derechos se les da a los niños, sino que como seres humanos, ellos pueden exigirlo, como se establece a través de la legislación de avanzada con la que cuenta el país.
En cuanto a la violencia contra la niñez, Vicente sostiene que “el tema es que hay una legislación muy buena, pero se sigue considerando que los niños son objeto de los adultos”.
Explicó que los adultos se niegan entender que los niños son personas, iguales a ellos. “Es el mismo paso de cuando se eliminó la esclavitud; cómo nos costó eliminar la institución de la esclavitud porque considerábamos que los esclavos estaban bien, porque no eran gente… Eso está pasando con los niños”, enfatizó.
***Mayores detalles con los investigadores Pablo Chaverri 8842-4749 y Rodolfo Vicente 8399-1227 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.sinmordaza.com
Enviado SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.
A pesar de la creación de instituciones y leyes para la protección de la niñez y la adolescencia, persiste un problema estructural, puesto que la distribución y gestión de los recursos no ha permitido optimizar el desempeño del Sistema Nacional de Protección Integral. Las desigualdades afectan con mayor fuerza a las niños, niños y adolescentes que viven en zonas rurales, costeras y fronterizas.
Se cumplen 25 años de que Costa Rica ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y sin embargo persisten importantes desigualdades en las áreas de educación, salud, protección y acceso a la recreación, que afectan especialmente a las niñas, niños y adolescentes de poblaciones indígenas, migrantes y afro descendientes; así como a aquellos con discapacidad. Esta es la conclusión contundente que se desprende del VIII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA).
El VIII Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (conocido como el Informe EDNA) ofrece un balance sobre la situación de las personas menores de edad en nuestro país y se elabora en el marco de cooperación entre la UCR y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El VIII Informe EDNA fue presentado este viernes 11 de diciembre, en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Consiste en un trabajo analítico sobre la situación de diferentes factores normativos, políticos, programáticos y socioculturales que inciden en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia costarricense. Las fuentes utilizadas en el Informe corresponden a fuentes oficiales de información primarias y segundarias provenientes tanto de registros administrativos (registros de estadísticas vitales, educativos, de salud, judiciales, etc.) como de Encuestas Nacionales (Encuestas Nacionales de Hogares y/o personas) y Censos (Censo Nacional de Población y Vivienda 1989, 2000 y 2011). El EDNA también genera datos relevantes convirtiéndose en fuente primaria.
¿Tras el rastro del avance o el retroceso?
Patricia Fumero ha destacado en diferentes foros en torno a los resultados del octavo informe EDNA que el acceso a la cultura y espacios culturales públicos para niñas, niños y adolescentes requiere de mayor inversión y una mejora en la colaboración interinstitucional que conjugue políticas culturales, y no solo acciones puntuales (foto Laura Rodríguez).
Para la Dra. Patricia Fumero Vargas, de la UCR y coordinadora académica de este informe, es necesario superar el predominio de la visión adulto-céntrica basada en el concepto de posesión y control social sobre las niñas, niños y adolescentes para brindar a esta población el acceso a sus derechos. “Necesitamos empezar a pensar en las poblaciones vulnerables a partir de la economía del hambre la cual ayuda a comprender la deserción escolar, el embarazo temprano y el impacto de las débiles políticas de salud”.
Las poblaciones con menor acceso a la educación la integran niños, niñas y adolescentes indígenas, afro-descendientes, migrantes, personas con discapacidad y adolescentes madres o en unión de hecho o matrimonio (antes de los 18 años). A menudo, este segmento de población es excluido de los procesos educativos formales, ya sea por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, o bien, porque las opciones educativas no están a su alcance, más aun cuando se trata de condiciones especiales.
Las condiciones de vulnerabilidad se remarcan en contrastes tales como que, según el censo del 2011, en relación con la no asistencia a clases, se detectó un 23,5% de menores migrantes frente a un 11,8% de no migrantes; así como un 20,2% de menores indígenas frente a un 12,2% de no indígenas. El reto está en que el presupuesto para la educación pública se extienda a la diversidad de poblaciones, así como en la variedad de apoyos a la educación (uniformes, materiales de trabajo, viáticos).
Gordon Jonathan Lewis, Representante de UNICEF: Para enfrentar estas situaciones, motivamos a Costa Rica a asumir con mayor fuerza el enfoque de equidad en las políticas públicas y a implementar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para lograr una mayor inclusión social de la niñez. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción alguna, tienen derecho a recibir todas las oportunidades para el disfrute pleno de sus derechos. El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Niñez y Adolescencia de Costa Rica marcan la ruta para lograrlo (foto Laura Rodríguez).
No obstante, la dificultad estriba en el financiamiento a la educación; lo que, a pesar de las mejoras que se han hecho, no logra suplir adecuadamente todas las necesidades. Hace falta una política de inclusión que, además, capacite a los docentes y a las comunidades para la atención de esta problemática.
Los niños y las niñas se ven más afectados por la pobreza. Entre las razones, se encuentra el hecho de que las familias pobres son las más numerosas. De acuerdo con un estudio reciente del PNUD, los niños y las niñas representan el 46,3% del total de miembros de los hogares que están en pobreza extrema, el 39,3% de los que están en pobreza no extrema y el 21,7% de los países no pobres, pero que son vulnerables. A ello se suma, que hay mayor proporción de mujeres jefas de hogar, la cual aumenta conforme se incrementa la pobreza, con efectos negativos en el cuido de los niños y las niñas, sobre todo de los más pequeños, y en el ejercicio del derecho a la educación.
Durante su intervención en el acto, el señor Gordon Jonathan Lewis representante de UNICEF-Costa Rica, reconoció que al suscribir Costa Rica la Convención sobre los Derechos del Niño inició un cambio de paradigma que conllevó el imperativo moral que significa trabajar en pro de los derechos de esta población, “y hoy en día la pregunta que todos debemos hacernos es ¿es Costa Rica un mejor país para sus niños? Para Lewis si bien los avances y logros han sido importantes, estos no han llegado a toda esta población de la misma manera, lo cual no posibilita que todos aborden el tren del desarrollo”.
Al referirse a este octavo informe de la UCR, la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Ana Teresa León, enfatizó que el país tiene un desafío enorme: el abordaje de una atención integral de la niñez y la adolescencia; además de hacer investigación que nos diga con precisión los alcances de la problemática y cuáles son las estrategias innovadoras que se requieren para abordar la negligencia, la explotación sexual, el trabajo infantil, entre otros. “Necesitamos otras respuestas para no seguir haciendo más de lo mismo, y este octavo informe nos muestra una muy clara radiografía pero ahora qué vamos a hacer; y es entonces cuando el tema de la investigación que pueda hacerse de los espacios universitarios, para aunar esfuerzos con otras instancias en la búsqueda de respuestas, cobra gran importancia”.
Ana Teresa León: necesitamos respuestas innovadoras para no seguir haciendo lo mismo que décadas atrás, y es una tarea no solo del PANI sino de diferentes entes que debemos trabajar en conjunto y de una sociedad que debe asimilar el concepto de derechos humanos cuando hablamos de los derechos de la niñez y adolescencia (foto Laura Rodríguez).
Entre los datos innovadores de este informe se encuentran los referentes al tema de la cultura. Se requiere mayor inversión para generar espacios culturales públicos de calidad para el esparcimiento y se debe realizar un adecuado monitoreo de las políticas sociales y la inversión social en niñez.
Para Roberto Salom Echeverría, vicerrector de Acción Social de la Universidad de Costa Rica “este octavo informe es el resultado de un gran esfuerzo académico e investigativo que contribuye a la reflexión y análisis crítico de la situación, como de los problemas de esta población con respecto al ejercicio y defensa de sus derechos. La UCR realiza este tipo de investigaciones desde el año 2000 con el objetivo de favorecer la adopción y reorientación de políticas públicas en esta materia; así como la acción desde la esfera de la sociedad civil, siempre desde los principios fundamentales de la UCR como institución de educación superior pública; para posibilitar una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más incluyente; que no piense sólo de forma adulto céntrica”.
El vicerrector enfatizó que este informe sienta las bases para la revisión de los planteamientos de los siete informes anteriores, como capital generado que permite afirmar que “contamos ya con una abundante información sobre numerosos temas ligados a los derechos de la niñez y la adolescencia y con este informe se pretende difundir y discutir esos alcances, actividad que es estratégica para impulsar los cambios».
Algunos desafíos y recomendaciones en el octavo informe EDNA
Desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, la niñez en Costa Rica ha experimentado una realidad de contrastes y paradojas, que comienza con el hecho de experimentar una crisis y un ajuste de expectativas y de recursos en el momento en que este tratado internacional se asume en el país como el enfoque que orienta el marco legal e institucional.
Es también interesan te el reconocimiento de los derechos sociales e individuales de la niñez en un momento de ajuste y reformas en el Estado Social, en el que esta institucionalidad estaba en duda. Después de 25 años, no hubo un desmantelamiento del Estado Social, más bien se dio una recuperación de la inversión social, dentro de la cual la niñez se ha visto favorecida gracias a que ha recibido relativamente más recursos que otros sectores de población, a pesar de que su peso en la pirámide poblacional ha tendido a ser menor.
Esto ha permitido mejorar algunos indicadores sociales, como, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil y recuperar otros que habían caído dramáticamente, como los indicadores en el campo educativo. Al mismo tiempo que se presenta esta realidad, las condiciones de vulnerabilidad de la niñez más bien ha crecido, sobre todo porque el entorno económico y social ha cambiado, generando una gran desigualdad social y profundizando brechas sociales entre los niños y las niñas, sobre todo entre las zonas rurales más pobres y las áreas urbanas más privilegiadas.
Otro contraste interesante es la presencia de una extensa red de protección social y de políticas universales, que no solo se mantuvieron a pesar de las presiones para privatizar el Estado Social, sino que consolidaron un enfoque de servicios de atención pública al que accede la mayoría de la población, sobre todo en los servicios de atención de la salud y la educación, y una red de protección social hacia los grupos que están en condiciones de vulnerabilidad.
Esta institucionalidad, no obstante, vive una profunda crisis de gestión, tanto porque no está organizada como se debe, ni conceptualmente ha sido eficiente para adoptar el enfoque de los derechos humanos, ya que operativamente encuentra una serie de ineficiencias, que impiden que la inversión social llegue con mayor impacto a quienes la necesitan. Resulta evidente que se requiere de una reforma político-administrativa que subsane semejantes carencias, pero esta urgencia contrasta con un hecho verificable: a partir de la crisis, las instituciones están experimentando procesos de reforma, al punto de que hoy tenemos varias generaciones de cambios sustanciales, aunque incrementales.
Pareciera que la violencia y el maltrato hacia la niñez son más explícitos hoy, aunque ello puede obedecer a que se han visibilizado problemáticas como la violencia y el maltrato hacia la niñez.
Vista la realidad de la niñez desde esta perspectiva, está muy claro que no hay cabida para interpretaciones fáciles, sino que, nunca como hoy, se requiere trazar un panorama de innovaciones que permita aprovechar la institucionalidad, la legalidad y la sensibilidad existente para configurar políticas que trasciendan los períodos cortos de gobierno y formulen una política de largo plazo. Existen los instrumentos de política y el nivel de compromiso, pero al mismo tiempo, hay factores de riesgo que amenazan con retroceder y relativizar los logros alcanzados hasta hoy.
Para el año 2011 más de 47.000 niños, niñas y adolescentes en Costa Rica entre los 5 y los 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (foto archivo ODI).
Con el objetivo de intercambiar experiencias de trabajo con niños, niñas y adolescentes en comunidades y reflexionar sobre los espacios comunitarios como ámbitos de acción y promoción de sus derechos, el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) de la UCR llevó a cabo recientemente la jornada “Promoción de derechos de niñas, niños, y adolescentes en espacios comunitarios: abordaje técnico y metodológico”
Durante dos días las y los participantes encontraron un espacio para intercambiar experiencias de trabajo con menores de edad en espacios comunitarios, también para reflexionar sobre éstos como ámbitos de acción y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, y analizar el uso de las técnicas y procesos metodológicos, como medios para la educación y sensibilización en el enfoque de derechos.
Lic. Ariel Brenes Rodríguez: “Desde del 2008 y la ejecución a partir del 2009 y hasta el año 2012 del proyecto titulado “Organización comunitaria para la sensibilización y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes en comunidades de alta vulnerabilidad social de la provincia de Limón”, se contribuyó a la implementación de acciones en el territorio de Limón, atendiendo a un total de 2758 personas durante los tres años (foto María Peña).
Para la M.Sc. Carmen María Castillo Porras, directora del PRIDENA, esta jornada fue más que pertinente y oportuna en momentos en los que el país es testigo de recurrentes y alarmantes casos de violación de los derechos de la niñez. “Como universidad pública la UCR tiene la función social de formar profesionales no solo con sentido crítico, sino también comprometidos con la vigencia de los derechos humanos, y en este sentido la universidad pública conjuntamente con otras instituciones y organizaciones, constituyen un sector estratégico en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos”.
Para Castillo esta jornada también permitió valorar los espacios comunitarios como aquellos ámbitos donde se desarrolla la vida cotidiana, donde ocurren los procesos de formación, socialización, donde se producen las prácticas culturales; donde se cumplen o se violentan los derechos de las personas.
La Master Beatriz Villalobos, de la Escuela de enfermería, expuso los alcances y aportes del TCU -604 Estrategias de promoción de la salud infantil, en el tema de los derechos de la niñez en sus comunidades (foto María Peña).
Papel de la niñez y adolescencia
Durante su intervención en el primer día de la jornada, el Lic. Ariel Brenes Rodríguez, colaborador del PRIDENA, se refirió a la necesidad de posicionar en el marco de la ciudadanía el papel activo de la niñez y adolescencia, tanto en la construcción de la sociedad como el abordaje de sus propias necesidades. “El ejercicio de la ciudadanía logra concretarse en los diferentes espacios de la vida cotidiana, aportando a la conformación de niñas, niños y adolescentes como agentes activos de su entorno”.
El Lic. Carlos Rubio Torres, de la Facultad de Educación, detalló el proyecto Un paseo por el Teatro Nacional de Costa Rica: visitas de verano, para niñas y niños (foto María Peña).
Los espacios locales, subrayó Brenes, son escenarios vitales para la construcción y ejercicio de ciudadanía plena, en ellos la vida cotidiana encuentra concreción. En esa esquematización de acciones en la línea de los Derechos Humanos de las Personas Menores de Edad, la Universidad de Costa Rica ha contribuido mediante el Programa PRIDENA a su promoción desde diferentes ángulos del ordenamiento jurídico internacional y nacional, uno de esos planos de acción, precisamente, lo ha constituido el quehacer desde las localidades locales. De igual forma, mediante los diferentes Trabajos Comunales Universitarios (TCU) o Proyectos de Extensión Docentes (ED) adscritos al Programa, se ha contribuido en materia a lo largo del territorio costarricense y se ha realizado una serie de acciones tendientes a continuar manteniendo la estrecha relación de la Universidad de Costa Rica en los espacios locales.
El tema de los derechos de la niñez debe abordarse desde muy variadas ópticas y disciplinas. Por ello, durante la jornada organizada por el PRIDENA colaboraron profesionales de la UCR en enfermería, psicología, trabajo social, artes musicales, educación, orientación y educación especial, salud pública, Instituto de investigación en educación UCR.
Junto con estos profesionales, también hicieron sus aportes organizaciones cuya labor se centra en la niñez: Visión mundial, Programa de Niñez y Adolescencia de la UNED, Fundación Paniamor, Subcomisión Lúdico Creativa de CONARE, PANI, la Red Interinstitucional para la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica.
Conclusiones
El intercambio de saberes permitió visualizar una labor universitaria coherentemente articulada con otras organizaciones en beneficio de la niñez. Así lo resumió la Coordinadora del PRIDENA:
– Se logró coordinar con otros entes y especialistas para establecer más o nuevas alianzas estratégicas y mecanismos de coordinación con base en los trabajos y experiencias expuestos por cada uno de ellos.
– Se posibilitó un intercambio de saberes sobre cómo trabajar los derechos de la niñez desde los espacios comunitarios por medio de infinidad de técnicas, de herramientas, de propuestas, de formas de trabajo; para trabajar con niñez, padres, madres, adolescentes; para aclarar el panorama de cómo trabajar y desarrollar planes piloto en comunidades.
– Se comprobó que en las comunidades la gente es activa, participa, está trabajando; son voces con interés por trabajar a favor de la niñez y hacer propuestas.
– La UCR presentó muchos de los proyectos desarrollados por la institución y quedó claro la cantidad de alianzas estratégicas que establece con instituciones, organizaciones, gobiernos locales, asociaciones, iglesias, ONGs, pastorales, centros educativos, centros de salud, y el trabajo articulado con actores sociales presentes en las comunidades.
Resultados del Simposio internacional realizado en la UCR
Sobre protección integral de la niñez en América Latina ante las políticas públicas
La memoria digital del Simposio Internacional ¿Cómo garantizar la protección integral ante las transformaciones de la política pública en América Latina y el Caribe? se puede encontrar en la página.
El Programa Interdisciplinario de Estudios de Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la UCR (Pridena) presentó la memoria digitaldel Cuarto Simposio Internacional ¿Cómo garantizar la protección integral ante las transformaciones de la política pública en América Latina y el Caribe?, y la puso a disposición de los diferentes entes y personas que trabajan en esta temática en Costa Rica y en el exterior.
Según detalló Ariel Brenes Rodríguez, funcionario de Pridena, la memoria debe verse en perspectiva, no simplemente como un producto, sino como el resultado de un proceso que ofrece la UCR, en el que actores sociales trabajan el tema de niñez y adolescencia; son muchas voces que intentan encaminar esfuerzos.
“En la memoria las personas encontrarán discusiones desde una órbita nacional hasta un plano internacional, estructurados, enfocadas en garantizar la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia ante las transformaciones de la política pública en América Latina y el Caribe”, señaló.
Pridena busca con esta memoria de su cuarto simposio internacional compartir con organizaciones y especialistas de la sociedad civil los avances y retos analizados sobre la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en el Caribe y América Latina (foto con fines ilustrativos).
Con la presentación de este documento, que reúne las diferentes ponencias, contenidos y novedades sobre el tema, Pridena busca aumentar el nivel de impacto y la producción de conocimiento acerca de este tópico, que incentiva la Universidad al posibilitar este tipo de citas internacionales, afirmó Brenes.
“Esta memoria permitirá ampliar conocimientos sobre cómo actuar ante las transformaciones respecto de las políticas públicas en el Caribe y América Latina,a la hora de intervenir desde el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, y cómo sostener esa protección integral ante dichas transformaciones”, agregó.
Los diferentes contenidos de la memoria se desarrollan según tres premisas: reflexión de las características que asume la política pública en cuanto a garantía, cumplimiento, promoción y exigibilidad de los derechos de la niñez y adolescencia; reflexiones teórico metodológicas y técnico operativas desde ambas regiones; así como la divulgación por medio de un resumen de los proyectos exitosos que se plantearon durante el simposio.
Pridena en sus doce años de existencia, ha logrado con la realización de cuatro simposios internacionales, acumular un capital importante vinculado al nivel de convocatoria y proyección internacional. En la actividad del 2014 participaron 14 representaciones de diferentes países de la región; se presentaron 52 ponencias y se contó con la asistencia de 200 personas.
