La suspensión injustificada de fondos a la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) provocará el cierre de programas en derechos humanos, redes comunitarias y capacitación para el empleo de personas mayores.
Desde hace cinco meses, el MTSS suspendió la transferencia de fondos a AGECO, sin una resolución administrativa y sin el debido proceso, lo que está afectando la atención de miles de personas usuarias de los servicios de esta organización no gubernamental, la única que aborda integralmente el envejecimiento activo.
Debido a estas informaciones se ha coordinado un espacio desde Cáritas, liderado por el Arzobispo Edwin Aguiluz para conocer más detalles sobre la situación. Su participación es de fundamental importancia ya que se necesita articulación de sectores para hacer eco de las situaciones que se presentan en la actualidad y afectan a las poblaciones que más requieren de programas sociales.
Dicho espacio se realizará el próximo martes 18 de octubre, 2022 a las 10:00 am, por Zoom en el siguiente enlace:
El próximo 15 de octubre a las 7:00 p.m. se realizará el Festival Ranchero en el Salón Comunal de Chirraca. Este hermoso festival será en beneficio del Hogar para Adultos Mayores Juanita Corrales de Acosta.
El valor de la entrada pre venta es de ₡2000 y el día del evento será de ₡3000.
Si desea reservar su entrada llame al número de teléfono 8339 2316.
El pasado 30 de julio de 2022, un grupo de adultos mayores presentó un recurso de amparo, en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social, solicitando que se obligue a la CCSS a cancelar en el mes de agosto de 2022, el reajuste de 2,52% a las pensiones por la pérdida de valor debido a la inflación de los precios del segundo semestre de 2021, retroactivo a enero de 2022, correspondientes a 330 mil pensionados de IVM.
Se apela a La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 y al artículo 21 de la Constitución Política, que establece el derecho a la vida como el bien jurídico más valioso que tiene todo ser humano, ya que se les está viendo vulnerado al no poder siquiera comprar los alimentos básicos.
Se está a la espera de que la Sala Constitucional declare con lugar el recurso de amparo y la Caja realice el aumento de la pensión en el mes de agosto de 2022.
Compartido con SURCOS por Rodrigo Arias López.
Imagen de cabecera tomada de https://cambiopolitico.com
En el año 2022 el PIAM continuará ofreciendo cursos y opciones recreativas que mezclaran la presencialidad, la virtualidad y en otros casos la bimodalidad. Foto de archivo
Pese a la COVID-19, la UCR sigue llegando a las poblaciones adulta y adulta mayor de Costa Rica
Autoría: Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)
El 2021 fue un año de celebración para el Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), ya que llegó a los 35 años de labores, ofreciendo oportunidades académicas y recreativas en aras de la inclusión y participación de uno de los sectores poblaciones con menos oportunidades de aprendizaje y esparcimiento en el país.
Sin embargo, la conmemoración estuvo marcada por los grandes retos que implicó la pandemia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; entre ellos, la adecuación de los cursos a la virtualidad, la escasa preparación de las personas participantes a las tecnologías y la brecha digital que evidenció la pandemia.
Previo a la nueva realidad que vive el mundo, el PIAM tenía una matrícula que rondaba las 5000 personas por ciclo, pero la COVID-19 incidió en una rebaja importante de la población estudiantil del año 2021. Anteriormente, la población estudiantil delPIAMrepresentaba el 8% de la matrícula total de la UCR.
Pese a los desafíos, este programa institucional los asumió pensando en que los derechos a la integración, la inclusión en las oportunidades educativas y la autorrealización de las personas adultas y adultas mayores, son prioridades sociales.
La COVID-19 “no significó un cese, ya que el aprendizaje no cesa, al contrario, significó un replanteamiento de cómo continuar aprendiendo en circunstancias diferentes. Por lo tanto, la respuesta fue trasladar la oferta educativa a la virtualidad. Fue un reto para la comunidad estudiantil, personas facilitadoras, equipo de voluntariado y personal administrativo, ya que fue necesario aprender sobre procesos educativos virtuales y, sobre todo, una reflexión de cómo estos procesos se podían aplicar en la gerontología, es decir, en la educación dirigida a mayores”, comentó la magister Sofía Segura Cano, coordinadora general del PIAM.
LOGROS DEL 2021
“El trabajo del PIAM representa décadas de arduo trabajo en el desarrollo de diversos proyectos relacionados con el derecho de las personas mayores a la educación a lo largo de la vida. El proyecto más conocido y sobresaliente es el que ofrece cursos específicos y regulares cada ciclo lectivo”, agregó la magister Karen Masís Fernández, asesora de investigación y divulgación del programa.
Masís indicó que durante el primer ciclo 2021 la matrícula sumó 1.050 personas, en 95 grupos específicos para mayores de 50 años de edad y 34 grupos regulares. En el segundo periodo lectivo se registraron 965 estudiantes en 89 grupos específicos y 46 grupos regulares.
Esta oferta educativa se brindó en modalidad virtual, con el apoyo de casi 100 personas facilitadoras, y 39 asistentes voluntarios, que facilitaron opciones formativas con participantes de todo el país, incluso algunas que habitan enEstados Unidos y Canadá.
“Queremos reconocer la constancia, la dedicación y el esfuerzo de todas esas personas, estudiantes, facilitadoras y asistentes, porque gracias a ellas tenemos una comunidad PIAM consolidada y aportamos un granito de arena a la construcción de una sociedad con más oportunidades educativas y de participación para esta población”, prosiguió Masís.
LO QUE VIENE PARA EL 2022
El año 2022 será otro donde el programa experimentará cambios, ya que se mantendrán algunos procesos y cursos virtuales.
“Enenero se publicarán las fechas del proceso de matrícula y en febrero la Guía de cursos y horarios con el detalle de los que serán presenciales, virtuales y bimodales. Sabemos que será un gran reto, pero confiamos en la madurez del programa y que la institución que nos respalda para seguir adelante, por muchos años más”, dijo Masís. Las fechas establecidas para el año 2022 se mantienen, con cursos que se extenderán desde el 28 de marzo al 27 de julio.
Aunque aún no existe certeza del comportamiento de la pandemia sanitaria y cómo incidirá en las directrices gubernamentales y universitarias, de momento se trabaja con las establecidas este año de reducir al mínimo la presencialidad; pero “lo que sí podríamos decir es que mantendremos la oferta de diversos cursos en los módulos de arte y cultura, idiomas, conocimientos generales, movimiento humano, estilos de vida saludables, tecnologías de la información, manualidades, y grupos culturales”, dijo la funcionaria.
Por su parte, la coordinadora general del PIAM afirmó que “la continuidad de este programa significa reflexión, compromiso y trabajo, pero también significa celebración, remembranzas y esperanza. Por todo esto, este año que celebramos con júbilo el 35 aniversario, reiteramos nuestro compromiso”, concluyó Segura.
El PIAM es un programa fundado en 1986 y adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las personas interesadas en conocer las opciones formativas y recreativas del PIAM puedenvisitar el sitio web del programa y ahondar sobre cómo vincularse a alguna de ellas en el año 2022.
El Programa Integral de la Persona Adulta Mayor de la región de Occidente (Pipamro), ofrece alternativas que fomentan hábitos de vida saludables de una manera integral.
Programa Integral de la Persona Adulta Mayor
Desde hace 35 años, el Programa Integral de la Persona Adulta Mayor de la región de Occidente (Pipamro), ofrece a esta población alternativas que fomentan hábitos de vida saludables de una manera integral, por medio de actividades formativas, culturales, artísticas y recreativas.
En 1986 inició su labor como un proyecto de Acción Social con un pequeño grupo de personas adultas mayores. Con el paso del tiempo el programa fue creciendo, tanto en número de participantes, como en proyectos y diversidad de actividades ofrecidas.
En un principio, se enfocó en mejorar la condición física de la población, por ello cuenta con un equipo de profesionales de la Sección de Educación Física quienes tienen a cargo los proyectos de movimiento y salud; Aquafitness, Caminata y recreación, Música Movimiento y salud, y Pilates.
Después, se unió la Sección de Psicología quien desarrolla un proyecto que atiende a esta población, y otras disciplinas que colaboran por medio de cursos, talleres y charlas. Además, como parte de la consolidación que tiene este programa, cuenta con un proyecto de Extensión Cultural debidamente inscrito, se trata del grupo de bailes folklóricos “Recuerdos de mi Tierra”, integrado por un grupo de mujeres adultas mayores.
Según el encargado de este programa, el M.Sc. Diego Moya Castro, “el crecimiento ha sido muy positivo, se han mejorado condiciones a nivel de infraestructura, se ha mejorado el apoyo a las personas adultas mayores y se han aumentado las actividades y los cursos”.
Explicó que gracias a ello, en el 2019 fueron merecedores del premio “Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida” otorgado por el Consejo Nacional de Rectores en conjunto con la Defensoría de los Habitantes y las cinco universidades públicas del país.
De la mano con la investigación
Este programa ha facilitado la creación de proyectos de investigación, cuyos resultados han sido relevantes para hacer ajustes necesarios para mejorar el acompañamiento que se ofrece a las personas adultas mayores.
Moya destaca que tanto profesores de educación física como de psicología han realizado proyectos formales (inscritos) e informales de investigación con la población que se atiende en el programa.
De esta forma, se han realizado investigaciones relacionadas con el equilibrio, la flexibilidad, resiliencia, aspectos motivacionales y otros que ayudan a mejorar la calidad de vida. “Los resultados nos han ayudado a hacer mejoras, a plantearnos nuevas metas, a adaptarnos más a las personas adultas mayores y sus necesidades, pues al final la investigación y la acción social son pilares que se complementan” aseguró Moya.
El impacto de la pandemia
El programa se ha visto afectado con la pandemia ya que, la totalidad de las actividades desarrolladas en la actualidad son virtuales. La participación de personas adultas mayores ha disminuido, aún así, el proyecto ha mantenido un buen grupo de personas inscritas quienes practican los ejercicios y participan en los cursos desde sus hogares. “El programa se ha transformado a la virtualidad, se ha tratado de ayudar a las personas para que se adapten a los medios tecnológicos, hemos aceptado personas de otros lugares y los proyectos han tenido que replantear sus actividades” señaló Moya.
Destacó que, también han aprovechado este contexto para investigar sobre los efectos de la pandemia en la población adulta mayor, en la cual se evalúa la condición física, la psicológica y el uso de tecnologías. Añadió que los resultados obtenidos les han permitido medir el impacto sufrido en la población y pensar en estrategias de colaboración.
Señaló que, todas las enseñanzas adquiridas con esta experiencia permitirán reajustar el programa a futuro. “Cuando volvamos, podremos mantener un equilibrio entre lo presencial y lo virtual, pues algunas actividades por medios virtuales tienen más alcance y también se puede favorecer a poblaciones de otras zonas” aseguró.
Añadió que es necesario acercase más a las personas y conocer un poco más su realidad, reforzar más el apoyo psicológico porque han sido muy afectados y realizar más investigación. “La pandemia nos ha ayudado a ver más allá de la población que está en el programa, a ver otros grupos a nivel de Occidente que necesitan apoyo desde la Universidad de Costa Rica”.
Grettel Rojas Vásquez Periodista, Sede de Occidente
500 familias pobres y de clase media a punto de quedar sin vivienda por el recorte al BANHVI
Precarios, territorios indígenas, asentamientos campesinos, adultos mayores principales afectados
Encuentro será el sábado 8 de mayo a las 9 am en San José
Este año 2021 el BANVHI inició labores con un 4096 menos de su presupuesto respecto al del año pasado. Los recortes están golpeando básicamente el Presupuesto Fodesaf y el Presupuesto del Impuesto Solidario. Para complicar el panorama, a la fecha el Ministerio de Hacienda no ha publicado el decreto que le permita a la Contraloría autorizar al BANHVI utilizar los 28.000 millones que están Incluidos en el Presupuesto Ordinario de la República 2021.
A estas alturas (abril 2021) el BANVHI no ha podido aprobar un solo proyecto de vivienda de los muchos que están presentados, y además a los desarrolladores no se les permite tramitar en ninguna entidad autorizada ningún proyecto nuevo. En este momento 3.500 familias pobres están perdiendo su vivienda. Territorios indígenas, precarios, asentamientos campesinos, familias en pobreza en pueblos y ciudades, personas de la tercera edad, discapacitados y Bono Ordinario (familias que tienen lote propio) son los más afectados. Cerca de 4.000 bonos ordinarios (familias que tienen lote propio) están haciendo fila en el BANVHI.
También se afectan aquellas familias de clase media que tenían la esperanza de recibir un aporte del bono para ayudarse a completar los préstamos que le ofrecen entidades autorizadas y sistema bancario.
Y la economía en general se contrae, en momentos en que tanto se habla de reactivación. El sector de la construcción está perdiendo 13.500 puestos de trabajo al reducirse en 144.000 los metros cuadrados de construcción.
Para enfrentar esta crisis, analizarla y buscar soluciones, el Bloque de Vivienda y el Foro de Vivienda convocamos a un Encuentro Nacional de Vivienda para el sábado 8 de mayo a las 9 am en San José. Asistirán delegados de grupos, comités y asociaciones de todo el país. En este encuentro varias personas expositoras explicarán sus puntos de vista sobre el origen de esta crisis y cómo resolverla y luego los delegados discutirán las medidas a tomar y se adoptarán decisiones.
Al menos 14 adultos mayores, dos de los cuales eran awapas o médicos tradicionales, fallecieron en el territorio indígena bribri de Talamanca durante el 2020, debido a complicaciones asociadas a la COVID-19, según informó el vicepresidente de la Asociación de Desarrollo del territorio indígena Bribri (Aditibri), Emmanuel Buitagro.
La mayoría de los casos en esta comunidad se presentaron durante los meses de agosto y setiembre pasados, cuando hubo un brote de la enfermedad dentro del territorio indígena.
Buitagro explica que la pérdida de personas mayores en los territorios indígenas “deja un vacío en materia de conocimiento cultural de prácticas ancestrales, rituales, cantos ceremoniales, cánticos a la salud. Toda una gama de conocimientos que tienen estas autoridades ancestrales”.
Esto genera un debilitamiento y la pérdida de identidad de los pueblos, señala Buitagro.
A nivel nacional, de los poco más de 104.000 mil pobladores indígenas que hay en los 24 territorios, se reportan 1.900 contagios y 28 fallecimientos relacionados con la COVID-19. De esas personas fallecidas, 17 eran adultos mayores.
Por ejemplo, en el territorio de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas, se registró la muerte del presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena. “Don Salomón murió de COVID el año anterior, inclusive atendiendo con nosotros la pandemia”, contó el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola.
Hasta la semana del 15 de enero, las autoridades de salud reportaron un total acumulado de 52 casos positivos confirmados en el territorio Maleku, el deceso de dos personas indígenas y el de dos cónyuges no indígenas, así como 24 personas que habían sido aisladas por ser contactos cercanos de personas positivas. Para esa fecha solo se registraron siete casos activos en la comunidad.
Las autoridades intensificaron su trabajo en la zona, realizaron visitas casa por casa con traductores de la comunidad en lengua maleku para despejar las dudas de la población.
Para Geyner Blanco, indígena maleku, la muerte de mayores dentro de territorios indígenas bajo estas circunstancias representa “todo un choque a nivel comunitario” por la pérdida del acervo que resguardan estas personas.
El investigador del INIL-UCR, Alí García, califica como “tragedia en términos de pérdida de identidad y de conocimientos” la muerte prematura de mayores indígenas. Para García el trabajo de cualquier mayor en las comunidades originarias es mantener la esencia del conocimiento y con ello garantizar la existencia de la lengua.
El viceministro Otarola planteó que, al igual que sucede en el resto del país, dentro de los territorios indígenas hay personas escépticas al impacto real de la pandemia y por ende fortalecer la relación con las autoridades locales para transmitir los lineamientos de protección es un factor clave para evitar que el virus se propague.
Otarola además explicó que se trabaja de manera preventiva y no esperando que la enfermedad afecte a la población, ya que reconoce que existen muchos rezagos históricos dentro de los territorios que provocan una mayor vulnerabilidad por ejemplo las dificultades de acceso a los sistemas de salud pero aún más a servicios básicos como agua potable.
“Hay un esquema importante para llevar no solo medidas sanitarias sino atención directa y de calidad como cualquier ciudadano recibe en este país a todos los territorios indígenas”, manifestó el viceministro.
Para revertir los efectos culturales provocados por la pandemia la Asociación de Desarrollo Indígena de Talamanca propone que durante este 2021 se otorguen becas para que personas jóvenes o adultas de la comunidad se capaciten y fortalezcan los conocimientos de su cultura tradicional indígena.
“Al ritmo al que vamos, si no se hace ninguna medida para salvaguardar el conocimiento, estamos propensos a que llegue un momento en que nadie de la comunidad maneje estos temas”, planteó con preocupación Emmanuel Buitrago, líder comunal indígena de Talamanca.
Foto: ADITIBRI Nota periodística de Interferencia – Radioemisoras UCR
El Centro Centroamericano de Población de la UCR y el Conapam unen esfuerzos para dimensionar la situación actual de una población que crece aceleradamente
Para el 2050, un cuarto de la población costarricense tendrá 65 años y más. Por ello, el Centro Centroamericano de Población de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, el Conapam y el PIAM profundizan en los principales desafíos que enfrenta este sector de la población, con el fin de que las instituciones públicas y privadas tomen las decisiones adecuadas para mejorar su calidad de vida. Foto: Anel Kenjekeeva.
La población mundial está envejeciendo a un ritmo muy acelerado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que para el 2050, el 22% de la población serán adultos mayores y además, el número de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones.
Costa Rica no es la excepción a este fenómeno, pues en 30 años el país tendrá alrededor de 1 262 000 personas mayores de 65 años, prácticamente tres veces más de las que se registraron en el 2019.
Así lo establece el II Informe del Estado de Situación de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica realizado por el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y el Programa Integral para la Atención de la Persona Adulta Mayor (PIAM-UCR).
En este informe se dimensionan las necesidades y condiciones de las personas adultas mayores en la actualidad, a la vez que, concreta en un solo documento los datos que permitirán abordar el tema de manera holística.
“Con este informe se brinda información actualizada a instituciones públicas y privadas, con el fin de fortalecer la toma decisiones en sus estrategias ante la necesidad de atención de las personas adultas mayores. Además, de potenciar en todo momento la complementariedad de las modalidades de atención y requerimientos de este grupo de la población”, señaló Teresita Aguilar, presidenta de la Junta Rectora del Conapam.
Uno de los factores expuestos en el informe, es el de la densidad demográfica.
Al ser la región Central la que presenta mayor densidad poblacional en el país, consecuentemente, también es en la que habita la mayor cantidad de adultos mayores, un 9,2 % exactamente, que equivale a 288 000 personas. Dicho porcentaje aumentará para el 2050, año en el que esta población representará un 23 % de la región.
Sin embargo, la península de Nicoya es la zona donde hay más personas con edades muy avanzadas, pero son los cantones de Belén y Escazú, los más envejecidos según la razón de envejecimiento (la cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 menores de 15 años).
Por otro lado, son las regiones Pacifico Central y la Brunca las que tienen un envejecimiento más acelerado y las regiones Norte y Caribe las que poseen un ritmo más lento.
Estabilidad económica
Según el criterio de pobreza multidimensional, un 18 % de los hogares con adultos mayores son pobres. La incidencia de pobreza y vulnerabilidad aumenta cuando en un hogar hay menores de edad quienes dependen del ingreso de la persona mayor, situación conocida como hogar multigeneracional.
Asimismo, un 13 % de las personas jubiladas siguen laborando. Según Gilbert Brenes, director del CCP, uno de los factores para que los pensionados tomen esa decisión, es que requieran de un mayor ingreso y más beneficios de la seguridad social.
“Por otro lado, están las personas que se encuentran en perfectas condiciones de salud y que consideran que pueden seguir trabajando. Entre ese porcentaje de personas ocupadas, el 59 % son trabajadores independientes, el 26 % lo hace desde su casa y el 13 % labora en actividades agrícolas”, comentó.
Cabe recalcar que, en comparación con el primer informe publicado en el 2008, hay cada vez más personas mayores con la segundaria completa, que son separadas, divorciadas o están viviendo en unión libre.
“Existe mayor prevalencia de discapacidad entre las mujeres mayores, siendo las enfermedades crónicas lo que más se padecen y las psiquiátricas las que menos, pero son estas las que están asociadas a una mayor discapacidad y peor estado de salud. Esta situación representa un gran reto para el sistema de salud costarricense, pues se debe hacer el esfuerzo de ampliar los servicios psiquiátricos que atienden a esta población”, señaló Gilbert Brenes, director del CCP-UCR.
Convivencia y acompañamiento
De acuerdo con lo recapitulado en el informe, San José cuenta con un total de 46 centros de atención para adultos mayores. No obstante, se indica que la cantidad de este tipo de instituciones sigue siendo escasa frente a la demanda y el crecimiento poblacional. En el país hay un total de 135 de hogares, centros diurnos y fundaciones dirigidas a las personas de 65 años y más.
Por otro lado, han habido avances en cuanto a la atención que se brinda en estos espacios, pues pasó de una atención estrictamente asistencial a un enfoque mucho más integral que involucra lo social, lo emocional y lo cultural, y que también enfatizan en la promoción de la salud. Estas características son albergadas por el concepto de “cuido” y bajo este abordaje es que las “Red de Cuido” se han ido desarrollando y esparciendo por todo el país. De manera que, se ha atendido a 15 mil personas en 52 redes en funcionamiento, según datos del 2020.
“El desarrollo de estas organizaciones surge en un contexto de reconocimiento e institucionalización de los derechos de las personas adultas mayores”, comentó Marisol Rapso Brenes, trabajadora social e investigadora de este proyecto.
Si bien es cierto, la mayoría de las personas adultas mayores vive en hogares familiares, muchas de ellas lo hacen en condiciones de vulnerabilidad. Por esta razón, el Conapam hace un llamado a la promoción de las organizaciones de bienestar social.
“Estas son sostenibles si existe una integración entre las instituciones públicas y las iniciativas privadas, que muchas veces surgen de las comunidades o sea un trabajo en conjunto para fortalecer la cantidad y calidad de servicio”, señaló.
Discrimincación y violencia
Lastimosamente, el II Informe del Estado de Situación de las Personas Adultas Mayores señala que los abusos y la discriminación hacia este sector de la población persiste. De manera que, un 43 % de los costarricenses de 65 años y más reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia.
Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis 2018), entre el 2014 y el 2018, la manifestación de abuso más frecuente fue el abandono y la negligencia, seguido del abuso institucional, que se caracteriza por ser la negación de seguridad social y servicios de salud.
En la Enadis se tomaron en cuenta los registros administrativos sobre consultas y denuncias en las distintas instancias y fue en ese análisis en el que se evidenciaron las agresiones psicológicas, físicas, hurtos, agresiones con arma.
Además, el 10 % de las personas encuestadas perciben algún tipo de discriminacion, sobre todo en espacios como el hogar, el barrio, el transporte público y los centros de salud.
Por su parte, el informe del CCP y el Conapam muestra las percepciones de los distintos grupos de edad relacionados a la vejez. En general, esta etapa se asocia con aspectos negativos como la pérdida del respeto, el deterioro de la salud, aislamiento social, la dependencia y la depresión.
“Es importante señalar que sin la academia involucrada de lleno en estos esfuerzos nos quedamos con rezagos importantes que hay que atender. Ya que, si no tenemos la información se complica tomar decisiones, pero este informe nos permite hacerlo con mayor precisión porque nos permite ubicarnos donde están los verdaderos desafíos”.
Marvin Rodriguez, vicepresidente de la República.
Específicamente, las mujeres tienen una perspectiva más temerosa, pues ellas el envejecimiento lo relacionan con el miedo a lo desconocido y con pérdidas de la salud o la belleza.
En cambio los hombres, si integran aspectos positivos, aunque siempre vinculados con un estereotipo como en la madurez, el conocimiento y la experiencia que aportan los años. No obstante, ambos grupos identifican la violencia como un elemento siempre presente. El abandono es el tipo de violencia más mencionado.
De igual forma, las personas adultas mayores se autoperciben como “nada respetadas” (68 %), muy integradas en espacios familiares (56 %), pero indican poca integración en espacios de decisión (73 %), según el estudio del 2016 del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) citado en el informe.
De acuerdo con Teresita Aguilar, presidenta de la Junta Rectora del Conapam, uno de los objetivos de este informe es evidenciar la obligación de todos los costarricenses para brindar a las personas de 65 años y más, un país en donde se viva con dignidad y se respeten los Derechos Humanos. Foto: Anel Kenjekeeva.
Es por estas razones, que el Conapam, el CCP y el PIAM establecen la educación para el envejecimiento como un pilar para el cambio de perspectiva sobre la vejez, en la construcción de relaciones intergeneracionales, respetuosas y en la promoción de estilos de vida saludable, que tendrá como consecuencia una vejez activa y segura.
“Mucho de lo que nos revela este informe nos obliga a dar un mayor esfuerzo para todas las personas que creemos que los derechos de las personas adultas mayores deben ser respetados al igual que los derechos de todas las demás personas sin ninguna distinción”, comentó Marvin Rodriguez, vicepresidente de la República.
Rodríguez asistió a la presentación del II Informe del Estado de Situación de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica el pasado 1 de octubre, en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor.
Este documento deja claro que existen diferencias sociales, económicas y culturales en la población adulta mayor en Costa Rica y las características de algunos de los sugrupos es de vulnerabilidad y pobreza, lo que requiere atención del Estado y la sociedad en general, de acuerdo con Karen Masis, investigadora de la UCR.
Sin embargo, también se evidencia que hay cada vez más personas adultas mayores conscientes de sus derechos y que buscan activamente protegerlos y demandarlos.
Valeria García Bravo Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
SURCOS recibió este comunicado de SINDEU, SITUN, AFITEC, AFUP y ANEJUD:
Los y las jubiladas del Magisterio Nacional denunciamos ante la sociedad costarricense el atropello cometido por las fracciones de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa al aprobar, en forma unánime, la Ley 9796 contra un sector de la población, constituido en su gran mayoría por adultos mayores (97.61 %), Ley que destruye y fracciona el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.
Esta Ley fue concebida para aumentar el monto del impuesto ya existente, y que pagaban las personas pensionadas de acuerdo con el Régimen del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, como “contribución especial” para enfrentar el problema de las finanzas públicas. El impuesto entró a regir en el mes de julio, 2020 en plena pandemia del COVID-19.
Las dramáticas consecuencias de esta Ley han afectado a 3181 personas jubiladas del Magisterio. De esta población el 46 % son mujeres. Además, el 68,08 % de las personas afectadas tiene edades entre 65 y 105 años. El aumento del impuesto ha dejado a la mayoría de las personas jubiladas con una pensión líquida muy baja, incluso con montos de ¢20 000 o ¢30 000 colones al mes, razón por la cual no pueden sufragar ni sus gastos mínimos de alimentación.
Las pensiones del Magisterio Nacional ya estaban gravadas por la Ley 7531 desde 1995, con un impuesto que se paga sobre el monto bruto y oscila entre el 10 y el 16 %. Además, esa misma Ley establece, en el artículo 71, que a las pensiones mayores de cuatro millones de colones se les impone, por tractos, el pago de tasas que oscilan entre el 25 % y el 75 %, según la suma que supere esa base impositiva. A estos impuestos hay que agregar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR), el seguro del enfermedad y maternidad de la CCSS, la póliza mutual de vida y el porcentaje del Régimen de Administración de JUPEMA de 5/1000.
La Ley 9796 grava las pensiones a partir del monto bruto de ¢2 296 000,00, lo que provoca un fuerte incremento en la carga impositiva. Esta ocurrencia, porque ni siquiera se fundamentó en un estudio actuarial como lo exige el sistema jurídico costarricense, fue obra de la diputada Xiomara Rodríguez del Partido Restauración Nacional (RN), que gozó de la complicidad, tanto de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo en la figura de Luis Paulino Mora Lizano, como de la Casa Presidencial y todas las fracciones legislativas PLN/PUSC/PAC/FA/PRSC/RN que la votaron a favor en forma unánime.
Lo expuesto demuestra que estamos ante una acción abiertamente “confiscatoria” contra las pensiones de miles de trabajadores de la educación costarricense (primaria, secundaria y universitaria) que pone en riesgo, incluso, la sobrevivencia de miles de adultos y adultas mayores, que han cotizado honesta y regularmente a lo largo de toda su vida laboral y lo siguen haciendo aún pensionados, con el fin de disfrutar de una vejez digna. Esta población se ha visto obligada a adquirir compromisos crediticios para satisfacer, fundamentalmente, sus necesidades de salud y la compra de medicamentos e implementos médicos.
La situación provocada por la Ley 9796 despoja a las personas adultas mayores de una gran parte de sus ingresos por pensión, hecho que contraría los compromisos que ha adquirido el Estado costarricense al firmar la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, convertida en Ley 9394 y firmada el 8 de setiembre del 2016.
La campaña desarrollada por parte del Gobierno y de la fracción legislativa del PAC, en asocio con el PLN/PUSC y los partidos neopentecostales (RN/NR), contra la clase trabajadora activa y pensionada, no cesa; hay en la corriente legislativa otro proyecto, el 21 345 presentado por el diputado Víctor Morales Mora del PAC, que pretende trasladar, entre otros, los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder Judicial al Régimen de Pensiones de la CCSS (IVM). Es la nueva estrategia para golpear más los bolsillos de las personas jubiladas y próximas a hacerlo. Exigimos que cese el ataque contra la clase trabajadora y pensionada.
No pueden el Gobierno, sus aliados políticos y el sector empresarial seguir descargando los costos económicos de la pandemia del COVID-19 y de la crisis fiscal del país sobre los hombros de las y los trabajadores, y mucho menos sobre los de las personas pensionadas.
Demandamos que se garantice, como lo ha firmado el Estado costarricense, lo establecido en la Ley 9394 derivada de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fundamentalmente en lo que corresponde a: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población (artículo 6).
Exigimos el retiro inmediato de la corriente legislativa del proyecto 21 345 denominado Ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones del diputado Víctor Morales Mora y de la fracción del PAC por las nefastas consecuencias que traería sobre la población jubilada y la que lo hará en el futuro. Pedimos, también, el retiro de todos aquellos otros proyectos legislativos que atenten contra la población jubilada y su calidad de vida.
Denunciamos ante el Magisterio Nacional y la ciudadanía el empeño evidente de Rocío Aguilar Montoya, de la Superintendencia de Pensiones y de Luis Paulino Mora Lizano, exdirector de la Dirección Nacional de Pensiones, la realización de diversas acciones tendientes a debilitar los regímenes de pensiones existentes, pues en diversas instancias y de modo reiterado proponen y promueven eliminar los diferentes regímenes de pensiones para unificarlos en uno solo.
Convocamos a las organizaciones del Magisterio Nacional y de las universidades estatales a construir un amplio frente, en conjunto con el movimiento laboral del país, a fin de defender el legítimo derecho a tener una pensión digna e impedir la utilización irresponsable de los recursos de nuestros fondos de pensiones por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En ANDE, nos preocupamos por nuestra afiliación adulta mayor, por ello, compartiremos una serie de recomendaciones, para que entre todas y todos apoyemos a este sector tan importante, en medio de la emergencia nacional, que atravesamos por el COVID-19.
