Si nadie se los ha dicho antes, permítanme ser claro: Aunque algunos prefieran silenciarlo por vergüenza o conveniencia, esta es una verdad que llevo grabada en el alma, como un sello tribal destinado a transmitirse a las generaciones futuras.
Hasta bien entrada la década de 1940, las personas negras del Caribe, como mis padres, mis hermanos y nuestros antepasados, a pesar de haber nacido en el país, eran legalmente consideradas personas indeseables en Costa Rica
Esta no fue una categoría simbólica: Tuvo consecuencias reales y devastadoras. Se tradujo en el despojo sistemático de tierras, en la negación de derechos básicos y en una exclusión deliberada por parte del Estado. Solo quienes han vivido esa experiencia pueden dimensionar el profundo dolor que conlleva.
En este contexto no caben los rodeos, la corrección política ni los discursos tibios. El mensaje debe ser claro y firme:
Exigimos la devolución de nuestras tierras
Sin importar quién las posea hoy, el Estado debe asumir su responsabilidad histórica:
Devolver lo que aún conserva en su poder (Administrados por INDER, SINAC, etc.) o expropiar a quienes se beneficiaron de aquella injusticia.
Que continúen siendo humedales y áreas de protección, pero propiedad de las familias originarias afrodescendientes en calidad de Reservas Privadas.
Por otro lado, la convivencia en nuestros territorios no es un derecho automático, sino un privilegio que debe merecerse a través del respeto mutuo a nuestras costumbres, cultura y modo de vida. Pero jamás la imposición de culturas foráneas.
Es cierto que muchos de nuestros mayores se vieron obligados a vender a precios ínfimos. Pero pocas veces se reconoce el papel activo que tuvo el propio Estado costarricense en ese proceso. No fue solo omisión; fue acción directa:
El abandono sistemático de la región, un cuasi apartheid de la región caribeña, que continúa hasta el día de hoy.
La negación persistente de inversión pública y promoción de inversión privada. Así como el frecuente redireccionamiento de las pocas existentes.
El respaldo tácito y expreso a invasiones de nuestras tierras por precaristas.
La obstaculización del derecho a titular nuestras propiedades.
Y, finalmente, la titulaciónmasiva a favor del Estado, de políticos y de sus allegados.
En síntesis: Nuestras familias fueron empujadas a la marginalidad porque el Estado decidió que éramos inmigrantes no deseados.
Las comunidades afrodescendientes del Caribe Sur de Costa Rica lanzan un urgente llamado a la movilización y organización ante la acelerada implementación de los Planes Reguladores Costeros (PRC) que el Gobierno impulsa en sus territorios ancestrales, desde Colorado hasta Manzanillo.
Estos planes, que promueven grandes desarrollos hoteleros y turísticos, amenazan con transformar irreversiblemente el paisaje cultural y desplazar a las familias locales, poniendo en riesgo los derechos históricos y culturales que este pueblo ha reclamado por generaciones.
“El Gobierno avanza sin consulta adecuada y sin respetar los protocolos establecidos para proteger nuestros derechos territoriales”, alerta Marco Levy Virgo, líder afrodescendiente y firmante del comunicado. Recordó además las luchas previas, como la resistencia comunitaria que logró frenar la reducción del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en 2019, y la persistente demanda por restitución de tierras en Cocles.
El llamado es claro y contundente: se exige el cumplimiento estricto de la Consulta Previa, Libre e Informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de que se aprueben nuevos planes que podrían desplazar a estas comunidades.
Para fortalecer esta defensa, se propone organizar asambleas comunitarias en Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo y otras localidades afectadas, y consolidar el Foro del Pueblo Tribal Afrodescendiente como plataforma nacional e internacional para articular demandas y acciones conjuntas.
“El Caribe Sur no puede convertirse en un nuevo Guanacaste, donde el turismo extractivo ha desplazado a comunidades enteras”, enfatizan, llamando a preservar la riqueza cultural, la conexión ancestral con la tierra y el mar, y la historia de resistencia del pueblo afrodescendiente.
Con esta movilización, la población afrocaribeña busca no solo defender su territorio, sino también asegurar justicia, reconocimiento y un futuro digno para las generaciones presentes y venideras.
Imágenes:
https://www.albasud.org/blog/es/1106/caribe-sur-costa-rica-un-escenario-abierto Imagen de Arturo Silva Lucas
Por Bernardo Archer Moore Presidente de ACUDHECA Correo: acudheca@gnail.com*
En la Costa Rica de mis padres y abuelos, esa era la norma impuesta a los afrodescendientes: los espacios de decisión política estaban reservados exclusivamente para los blancos.
¿Se imagina usted, lo que se siente cuando te niegan la entrada a una reunión en tu propia comunidad, solo por el color de tu piel “blanca”, sabiendo que las decisiones que se tomen afectarán directamente el derecho sobre su propiedad?
Esa era la realidad cotidiana en Puerto Limón antes de la promulgación de la Ley N.º 4230 del 21 de noviembre de 1968, conocida como la Ley Contra la Discriminación Racial.
El artículo 1.º: Esta ley penaliza expresamente la negativa de acceso a personas, por motivos de raza, color de piel, origen étnicoo nacionalidad, a asociaciones, centros de entretenimiento, hoteles, clubes y establecimientos afines.
Su aprobación fue impulsada por el entonces diputado Carl Eduardo Neil (Q.E.P.D.), tras una serie de incidentes que sacudieron al país, entre ellos, el conocido caso del Club Miramar en Limón en 1967, donde a ciudadanos afrodescendientes se les prohibió el ingreso únicamente por su color de piel. (Reina de Simpatía de los Carnavales de Limón – Dr. Katherine Sawyers Royal).
Gracias a esa lucha legislativa, la segregación racial en espacios sociales privados pasó a ser un delito.
Y sin embargo, me duele recordar cómo, aún en mi adolescencia, compañeros de secundaria me informaron con mucha pena:
«Que No me dejarían entrar con ellos a ese club ni a la piscina, por ser negro».
Hoy, ese dolor sigue presente.
Por ello, resulta profundamente preocupante observar cómo, en algunas zonas del Caribe Sur, se intenta revivir formas de exclusión del pasado, disfrazadas ahora de regulaciones, permisos y privilegios de figurar.
Ya no se trata de letreros en la entrada, sino de decisiones y prácticas en las que el color de piel, el origen cultural o la procedencia continúan influyendo. Solo que, en esta ocasión, la discriminación se dirige contra inmigrantes blancos.
Repetir ese patrón de exclusión, aunque invertido, constituye un retroceso histórico, jurídico y humano. Nuestra lucha no es solo por preservar la memoria de las injusticias sufridas, sino por afirmar la dignidad presente y futura del pueblo tribal afrodescendiente, en igualdad y justicia para todos.
Lo más desconcertante es que estas exclusiones se intenten justificar bajo el amparo del Foro Nacional Permanente de la Población Tribal Afrodescendiente de Costa Rica, creado por el Decreto Ejecutivo N.º 43532‑MP‑MINAE‑MCJ‑MEP, del 5 de mayo de 2022.
Este decreto establece el reconocimiento del pueblo tribal afrocostarricense y propone la creación de espacios de diálogo en comunidades como Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres, Cahuita, Puerto Viejo y Limón Centro, con el fin de garantizar procesos de consulta previa y protección territorial.
Sin embargo, desde su promulgación hasta la fecha, la comunidad tribal de Cahuita no ha sido convocada a ningún proceso de diálogo real ni representativo.
Es más, en diversas ocasiones se han realizado reuniones en el Salón Comunal de Cahuita sobre este mismo tema, sin que los habitantes locales hayan sido invitados ni informados, incluyendo a vecinos que viven justo al otro lado de la calle de dicho salón. Muchos de ellos, legítimamente, se preguntan:
“¿De qué se trata esa reunión?”
Una consulta sin inclusión es una simulación. Y excluir a Cahuita de este proceso no solo contradice el espíritu del decreto, sino que vulnera el principio de representatividad y participación activa que exige el derecho internacional en materia de pueblos tribales.
*Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de CAHUITA.
PorBernardo Archer Moore Cahuita, 26 de junio de 2025
El éxito o el fracaso de una nación, un pueblo o una familia depende, muchas veces, de la capacidad de sus líderes para reconocer los legados heredados — y actuar con decisión cuando se presentan esas escasas y valiosas ventanas de oportunidad.
Pero cuando el síndrome de “Hombre o Mujer GRANDE “ nos conduce a darlo por sentado, y así olvidar los sacrificios y luchas de quienes nos antecedieron; las oportunidades pierden su sentido y dejamos la puerta abierta: Al abuso, la injusticia e irrespeto de la dignidad de nuestros pueblos.
Y, finalmente cuando llega la cosecha de nuestra negligencia individual y colectiva, caemos en la misma trampa de siempre: Buscar culpables en todas partes (extranjeros, oligarcas nacionales, empresarios o políticos locales corruptos)en todos, menos en nosotros mismos.
A propósito de todo esto: ¿Qué lugar ocupamos los Afro descendientes en C.R.?
“Primeros en la fila del castigo, y últimos cuando reparten el dinero.Un país donde el apellido pesa más que el oro, y el color dicta la medida del respeto”.
“Un país donde el linaje abre puertas que el mérito ni siquiera toca”.
“Quien no entienda esta verdad amarga, no es libre ni rebelde: Solo se miente a sí mismo, con la venda bien atada al alma.”
Hoy, la región Caribe de Costa Rica —incluido mi propio pueblo, Cahuita, Talamanca— atraviesa uno de esos momentos escasos y reales de oportunidad: La posibilidad de recuperar el derecho legítimo a la propiedad privada en zonas costeras, tanto de lo que se encuentra en la superficie de la tierra como en el subsuelo; incluyendo los restos de nuestros antepasados, enterrados con confianza y luego confiscados y profanados por el irrespeto e indiferencia del estado – (nuestro primer cementerio ancestral en Punta CAHUITA).
Si no reaccionamos ahora, esta oportunidad desaparecerá — como tantas otras que dejamos perder en el pasado: El control sobre los ferrocarriles y Puertos Caribeños, dónde los ingresos de ambas actividades económicas, por ley, estaban destinados para el desarrollo socio-económico de la región; los cuales alimentaban nuestras economías locales, y las instituciones que construimos pero no defendimos.
Y ahora que la puerta de la migración hacia Estados Unidos está cerrada (excepto para unos pocos acusados de supuesto narcotráfico internacional), y que la capital de nuestra propia nación se ha vuelto hostil — plagada de crimen, desempleo y la continuidad de un racismo histórico hacia los afrocaribeños — ¿qué nos queda como comunidades sino levantarnos y defender lo que legítimamente nos pertenece?
Mi pregunta es simple y directa:
¿Vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo se esfuma esta oportunidad, como tantas otras?
¿O estás listo para levantarte — como pueblo, como comunidad — y reclamar lo que por derecho nos corresponde?
Como comunidad, tenemos la responsabilidad moral de defender las tierras que aún poseemos, sino también la legitimidad de lo que nuestros antepasados vendieron para poner alimento sobre nuestras mesas, guiados por el profundo principio cultural de “no morder la mano que nos dio de comer«, cuando el Estado nos abandonó por completo.
Llamado urgente a las comunidades afrodescendientes sobre la intervención de la Defensoría de los Habitantes Ignorada por Líderes.
A todos los pobladores afrodescendientes de Costa Rica 1 de junio de 2025
Estimados hermanos y hermanas de la comunidad afrodescendiente,
Nos dirigimos a ustedes con un sentido de urgencia y solidaridad para informarles sobre un asunto crítico que afecta los derechos de nuestras comunidades, particularmente en lo relacionado con la propiedad ancestral en zonas como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. El pasado 11 de diciembre de 2024, la Defensoría de los Habitantes emitió un documento trascendental —Oficio N° 13873-2024-DHR, Registro de Intervención N° 442152-2024-RI— a raíz de una solicitud de intervención presentada por el señor Marco Vinicio Levy Virgo. Este documento aborda las continuas violaciones a nuestros derechos humanos, específicamente nuestro derecho a las tierras ancestrales y a la consulta previa, protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros marcos legales nacionales e internacionales.
La intervención de la Defensoría detalla la omisión del Estado costarricense en reconocer y proteger los derechos de propiedad ancestral de las comunidades afrodescendientes, así como la falta de consulta previa, libre e informada, como lo exige el Convenio 169. El documento presenta recomendaciones específicas al Ministerio de la Presidencia, entre las que destacan:
1. Nombrar con prontitud un nuevo Comisionado de Inclusión Social para dar seguimiento a las iniciativas de poblaciones vulnerables, incluyendo la afrodescendiente.
2. Designar una unidad técnica administrativa del Poder Ejecutivo para gestionar los procesos de consulta de los pueblos tribales afrodescendientes.
3. Definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente” mediante coordinación interinstitucional y un peritaje cultural.
4. Ejecutar a la brevedad los procesos de consulta para delimitar y reconocer los territorios ancestrales afrodescendientes.
Estas recomendaciones están fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 1993, y el Decreto Ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (5 de mayo de 2022), que reconoce a los afrodescendientes costarricenses como pueblo tribal y establece el Foro Tribal Afro Costarricense como instancia de diálogo con el gobierno. Además, la Defensoría reconoce la discriminación sistémica y las injusticias históricas sufridas por nuestras comunidades, así como la inacción del Estado, según se desprende de informes previos (como el de Acciones de Protección de Derechos de las Personas Afrodescendientes 2015-2021 y el informe de la ex Defensora Montserrat Solano Carboni de 2014-2018).
Lamentablemente, hemos constatado que esta intervención crucial de la Defensoría ha sido ignorada por algunos líderes afrodescendientes, quienes no han reconocido ni actuado en relación con este documento oficial. Esta inacción pone en riesgo los avances hacia la garantía de nuestros derechos a las tierras ancestrales, la consulta previa y la autodeterminación, derechos que no son negociables, sino consagrados en el derecho internacional y en la Constitución multiétnica y pluricultural de Costa Rica.
Hacemos un llamado a todos los pobladores afrodescendientes a unirse para exigir rendición de cuentas tanto a nuestros líderes como al Estado. Las recomendaciones de la Defensoría son un grito de acción, instando al gobierno a cumplir con sus obligaciones legales bajo los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos y el principio de no discriminación. No podemos permitir que el silencio o la indiferencia de algunos obstaculicen nuestra lucha colectiva por la justicia, el reconocimiento y la protección de nuestro legado ancestral.
Instamos a la comunidad a:
• Informarse sobre la intervención de la Defensoría (Oficio N° 13873-2024-DHR) contactando a la institución en correspondencia@dhr.go.cr o visitando sus oficinas en Barrio México, Calle 22, Avenidas 7 y 11, San José.
• Participar con organizaciones comunitarias para asegurar que el Foro Tribal Afro Costarricense y otros organismos representativos prioricen este tema y aboguen por la implementación de las recomendaciones de la Defensoría.
• Exigir transparencia y acción a los líderes afrodescendientes para abordar las violaciones de nuestros derechos y apoyar los esfuerzos legales y técnicos necesarios para garantizar nuestras tierras ancestrales.
La lucha por nuestros derechos como pueblo tribal afrodescendiente es una responsabilidad compartida. Honremos la resiliencia de nuestros ancestros uniéndonos, educándonos y exigiendo responsabilidad tanto a nuestros líderes como al Estado. El momento para el reconocimiento, la justicia y el desarrollo —como se estableció en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)— es ahora.
Para mayor información o para unirse a este esfuerzo, por favor contacte al teléfono (506).83-63-96-87
Durante la primera mitad del siglo pasado (1900 – 1950), sin ningún apoyo gubernamental, los habitantes del Caribe, principalmente de ascendencia africana, lograron ascender de la pobreza extrema a la riqueza; esto como resultado del trabajo duro, la disciplina, la unidad y una firme determinación de triunfar siendo autosuficientes en todo el sentido de la palabra.
Alcanzar tales niveles de éxito en un país extranjero no fue una tarea fácil, que podría describirse como pasar literalmente de harapos a la riqueza u solvencia financiera.
Es de resaltar, que durante un período político tumultuoso (1916 – 1924) que abarcó desde la dictadura de Tinoco hasta la transición al mandato del presidente Acosta García (1920 – 1924) se logró llevar a cabo la reubicación forzada del pueblo de Cahuita Point a Cahuita Bluff y la implementación de la Ley 35 de 1915.
Por cierto, las familias León, Harriet, Maduro Lindo, Tabash, Palmer, Plummer, Escocia, Castillo, De la Peña y Berrocal fueron algunas de las primeras diez familias en formalizar sus escrituras en el nuevo poblado de Cahuita Bluff.
Esto último, por sí solo, puso esas tierras fuera del alcance del patrimonio del Estado (ZMT), hoy día bajo administración municipal – indistintamente de quiénes sean sus actuales ocupantes. (Artículos 6 y 8 de la Ley 6043 de 1977). Cualquier discrepancia que existiera entre el dueño registral y poseedor actual, es arena de otro costal.
Aunado a lo anterior, es importante tener presente que la participación de los obreros afrodescendientes en huelgas bananeras de la década de 1920 marcó un hito en la historia de la República, al lograr reducir la jornada laboral a 8 horas. Igualmente fue fundamental para el éxito de la gran huelga bananera de 1934, liderada por «Calufa Fallas» con respaldo del Partido Comunista, lo cual marcó un punto de inflexión.
Por su parte, La United Fruit Company no demoró en mostrar su enfado, al obtener un contrato con el Estado para establecer nuevas plantaciones en el litoral Pacífico, cerrando las del Caribe y con acuerdo entre partes de “no emplear negros del atlantico en las nuevas fincas del pacifico, lo que generó una emigración masiva de la población afrodescendiente a Panamá en busca de trabajo.
Esa draconiana legislación contractual se dio lugar bajo la Tercera Administración Presidencial del Abogado Ricardo Jiménez Oreamuno (1910 – 1914; 1924 – 1928; 1932 – 1936).
La misma familia Jiménez que formó parte del Consorcio Empresarial que había solicitado la frustrada concesión de toda la Franja Costera del Caribe Sur en 1908 (3,000 ha. desde la desembocadura del río Estrella hasta la desembocadura del río Sixaola).
Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno de la República aprobó la Ley número 166 de 1935 para establecer un poblado (ciudad) en la playa de Old Harbour, supuestamente, para la población negra desempleada en razón de la prohibición de trabajar en las nuevas plantaciones de banano en el Pacífico; lo cual perturbó la economía de las comunidades negras, provocando la susodicha migración masiva.
A lo largo de las cuatro décadas comprendidas entre 1974 y 2014, enfrentamos una serie de adversidades significativas, entre las cuales destacan las siguientes:
En la década de 1970, la llegada del hongo monilia devastó las plantaciones de cacao.
Además, se llevó a cabo la reubicación de las Aduanas Centrales de Limón a San José, lo que se consideró como una «reubicación de funciones» que perjudicó tanto a esta dependencia como a la fuente de empleo local.
Posteriormente, se procedió con la reestructuración y traslado de las oficinas principales de RECOPE de Limón a San José. También se cerró por completo la administración y operación ferroviaria.
Para empeorar las cosas, en 2012 se firmó el Contrato de Concesión de APM, lo que resultó en el cierre parcial de Japdeva, afectando aún más la economía de la región.
Además, se implementaron leyes que favorecen la actividad precaria y la apropiación gubernamental de tierras (ITCO/IDA/INDER), así como la Ley sobre Zona Marítima Terrestre 6043 de 1977. Más recientemente, se publicó el Manual del ICT para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de 2013, en complemento a la Ley número 9242 de 2014 que obliga a las municipalidades a elaborar y poner en vigencia un Plan Regulador Costero.
Estas acciones han dejado a nuestras comunidades costeras en una situación precaria una vez más, sin tierras agrícolas y costeras, completamente devastadas.
Ignorar estas sombrías realidades históricas al formular políticas de desarrollo para las comunidades tribales de la región del Caribe sería exponer a las generaciones futuras a sufrir injusticias similares a las de sus antepasados.
Cada 30 de agosto se conmemora el Día para la Celebración de la Lengua Criolla Limonense, así establecido por la Ley #9 619, para reconocer el aporte cultural oral de la comunidad afrodescendiente costarricense.
Día de las Culturas
El inglés criollo limonense es una herencia cultural inmaterial que lucha ante su desplazamiento lingüístico
Desde Guanacaste hasta el Sur, y del Pacífico al Caribe, el sistema educativo sigue sin reconocer la diversidad étnica y lingüística, mientras que la niñez y adolescencia siguen recibiendo una educación hispanohablante. El patrimonio lingüístico de Costa Rica se compone de al menos ocho lenguas, siete de ellas con diversos grados de vitalidad entre los pueblos y territorios indígenas, y el inglés criollo limonense.
Pese a que se carece de estadísticas recientes, algunos estudios han calculado que la comunidad hablante del inglés criollo limonense llega a “unas 65 000 personas, aunque la transmisión intergeneracional es cada vez menor debido a la exigencia social por aprender el inglés estándar para fines laborales; pero ese dato no es exacto”, recalcó la magister Kristel García Robinson, coordinadora del proyecto de Acción Social denominado “Kryol Kaana” (EC-618).
El proyecto “Kryol Kaana”, que en español significa la esquina del criollo, es un proyecto de Acción Social de la Sede del Caribe (SC-UCR) que pretende fortalecer el patrimonio cultural entre la población caribeña más joven.
La magister García comentó que se imparten talleres en centros educativos y otras instituciones de la región, y también fuera de la misma, sobre los orígenes del idioma, la historia afrodescendiente, y los usos de la lengua entre la población. “Nos encontramos que siempre en los grupos hay personas que hablan el inglés criollo, pero hemos detectado que existe vergüenza en admitirlo, pero a medida que se desarrollan las actividades se empoderan para hablarlo”.
“Otro de los aspectos que explicamos es que existen investigaciones en las universidades públicas que están trabajando en la traducción de obras literarias, que se están haciendo esfuerzos por rescatar nuestra lengua y aunque no existe aún una gramática ni una escritura estandarizada, estamos avanzando”, agregó García.
Según la Lic. Luisa Francis Scoth, docente de la Escuela Olimpia Trejos López, uno de los centros educativos participantes, “el inglés estándar y el “kryol” van de la mano, en él usamos frases acortadas para hacerlo más rápido y fluido, y la parte gramatical también cambia. En nuestra comunidad hay niños que lo usan para comunicarse, y los que no saben inglés lo captan rápidamente, yo creo que es muy importante mantenerlo”.
Superando la estigmatización social
“Por su condición de lengua criolla, esta variedad del inglés ha estado fuertemente estigmatizada, lo cual ha propiciado actitudes negativas hacia ella, tanto por parte de la comunidad hispanocostarricense como por sus propios hablantes. Esto mismo ha contribuido a su desplazamiento en su comunidad hablante a expensas tanto del inglés estándar como del español”, aseguró el Dr. Mario Portilla Chávez, ex director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas (Inil-UCR) y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua (ACL).
Aunque en el pasado el “kryol” fue la lengua común en el Caribe costarricense, ésta ha sufrido un desplazamiento ante el español y el inglés estándar, porque existen prejuicios al considerarse una forma inadecuada de hablar la lengua inglesa.
Desde la reforma educativa de mediados del siglo XX, la enseñanza del inglés criollo y usos sociales decayeron. En las décadas siguientes se describió como un “flat/broken english”, un “patois” o “mekatelyu”; el primero se refiere a un mal inglés, el segundo es erróneo ya que refiere a una variedad del inglés con influencia francesa y el último es un término acuñado a finales de los años setenta por Jack Wilson, investigador de origen estadounidense .
En la actualidad, existe coincidencia entre la comunidad caribeña y lingüistas que el término correcto para referirse a este idioma es inglés criollo limonense, o como sus propios hablantes le llaman, solamente como “kryol”, y debe considerarse una variante más de la lengua inglesa. Pero Portilla es claro que muchas personas prefieren el uso del inglés estándar porque “nadie quiere que le digan que habla un mal inglés”.
Al respecto, la investigadora García Robinson acotó que “perder esta herencia sería un daño irreparable a la cultura de la región, por eso es muy importante esta contribución de la Universidad de Costa Rica (UCR), y la Sede del Caribe cuenta con un equipo que puede aportar un impulso no solamente curricular, sino un abordaje profesional para recuperar el valor patrimonial en enfoques lingüísticos y culturales, en un espacio para que los participantes puedan explorar, valorar y conocer el criollo limonense”.
Asimismo, explicó García, debe superarse la creencia que es un idioma solo de afrodescendientes porque en la actualidad lo hablan y entienden personas de todas las etnias que habitan el Caribe costarricense. “Esta es una lengua que además tiene un factor de aglutinador social es una manera de aceptación, para reconocernos entre iguales sin importar la etnia e incluso se usa para excluir a otros hablantes que no la dominan”.
Retornar a lo esencial
El proyecto “Kryol Kaana” aspira a una población trilingüe, es decir, el dominio del español, del “kryol” y el inglés estándar. “Pero se necesita más apoyo porque en las escuelas limonenses solo se enseña español, y los padres ya no transmiten el “kryol” a sus hijos e hijas olvidando que la lengua transmite nuestra cultura”.
Rosibel Reyes Castro, ejecutiva institucional del Colegio Científico del Atlántico, destacó el aporte de la UCR mediante este proyecto, “lo aplaudo porque es evidente que el idioma se está perdiendo, muchos de los ancestros que lo hablaban han fallecido y aunque se conocen algunas palabras ya no es de uso común, y estos talleres son buenísimos porque la gente vuelve a recordarlo”.
“Considero que hacer esto es rescatar el idioma propio de la provincia y es importante que se hable en los cantones de Limón, pero lamentablemente nos está sucediendo lo mismo con las lenguas indígenas”, prosiguó Reyes.
“El rescate del “kryol” es una lucha por nuestros valores, aunque actualmente los padres jóvenes no quieren practicarlo por vergüenza y no lo enseñan a sus hijos. De ahí es que me sumo al aplauso por este proyecto y deseo que sigan viniendo a nuestra institución, porque están haciendo una excelente labor”, concluyó la Lic. Francis Scotch.
Eduardo Muñoz-Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
El Observatorio del Racismo (OBCRA) invita a toda la comunidad universitaria a sintonizar su próximo programa de radio, «Conversando sobre el racismo», que contará con la participación del reconocido escritor y activista Dr. Quince Duncan. En esta ocasión, se abordará el tema:
Costa Rica: 500 años de presencia y aportes de africanos y sus descendientes.
Fecha: martes 24 de setiembre
Hora: 8:00 a.m.
Sintoniza en: Radio 870 AM Saber Vivir, UCR.
El Dr. Quince Duncan es una figura clave en la defensa de los derechos étnicos en Costa Rica y a nivel internacional. Fue el primer Comisionado Presidencial para Asuntos Afrodescendientes y ha formado parte de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Además, Duncan es autor de más de 60 publicaciones, incluyendo estudios sobre literatura costarricense y afrodescendiente, ensayos históricos, y varias novelas. Su obra ha sido galardonada con el Premio Editorial de Costa Rica y el Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría.
Todos los programas del OBCRA quedan grabados y disponibles en el Portal OBCRA:obcra.fcs.ucr.ac.cr para ser utilizados en espacios educativos.
El pasado 23 de mayo de 2024 la Defensoría de los Habitantes recibe un recurso de amparo en contra del Estado y la Municipalidad del cantón de Talamanca, esto por discriminación estructural, violación de derechos humanos de propiedad ancestral, consulta previa y autodeterminación de la comunidad tribal afrodescendiente. En este documento se expresa que la población afrodescendiente del país ha sido invisibilizada por todo el Estado y entes que lo conforman y en especial por el alcalde del Concejo Municipal de Talamanca, esto referente al convenio 106 y 169 de la organización interamericana en contra del racismo.
Marco Levy Virgo hace una solicitud a la Defensoría de los Habitantes la cual es respondida en el oficio N° DH-DIND-0329-2024. En este documento, en resumen, explica que la Defensoría no puede intervenir en asuntos que están pendientes de resolución judicial. Sin embargo, se proporciona información sobre las leyes y normativas vigentes relacionadas con la protección de los derechos de las personas afrodescendientes en Costa Rica, así como el seguimiento realizado por la Defensoría en temas de interés social. Además, se informa sobre un simposio internacional organizado para abordar la aceleración de los derechos de las poblaciones afrodescendientes.
Marco Levy en representación de la comunidad Afrodescendiente emite un comunicado dirigido a la Defensora de los Habitantes, en el cual se expresa la preocupación por “la falta de acción de la Defensoría” en la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. El documento, emitido en respuesta al oficio N° DH-DIND-0329-2024, señala una aparente contradicción en la postura del organismo en relación con los derechos de esta comunidad.
Según la comunidad afrocostarricense, la Defensoría reconoce en su oficio la importancia de garantizar el funcionamiento del sector público conforme a la moral, la justicia y la Constitución Política, así como el respeto a los derechos humanos y libertades sociales de las personas afrodescendientes. Sin embargo, critican que, pese a este reconocimiento, la Defensoría no habría actuado de manera efectiva para detener las violaciones de derechos humanos que están sufriendo.
Uno de los puntos clave de la crítica es la aparente inacción de la Defensoría frente a la violación del derecho de propiedad ancestral sobre tierras en comunidades como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. La comunidad afrocostarricense alega que la Defensoría no ha intervenido para garantizar el respeto y reconocimiento de estos derechos, protegidos por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Además, el comunicado destaca que la Defensoría ha reconocido en informes previos la violación de derechos de la población afrodescendiente, pero no ha tomado medidas para evitar estas violaciones. Se menciona específicamente la falta de consulta previa en decisiones que afectan a la comunidad afrodescendiente, incumpliendo recomendaciones internacionales.
En respuesta a estas preocupaciones, Marco Levy en representación de la comunidad afrocostarricense menciona una serie de solicitudes para un correcto accionar de la Defensoría de los Habitantes. Se solicita a la Defensoría intervenir de manera directa e inmediata para garantizar el respeto a la propiedad ancestral afrodescendiente según el convenio OIT 169. Gestionar con el Estado el funcionamiento de este para que se proteja este derecho. Proteger y respetar las comunidades de Cahuita, SIquirres, Matina, Parismina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. Gestionar la emisión de una ley especial a favor de la población afrodescendiente y garantizar el derecho a consulta previa y participación efectiva. Intervenir a la Defensoría en favor de la población afrocostarricense y cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente. Entre las acciones solicitadas se encuentran la delimitación y reconocimiento de territorios ancestrales, así como la protección de derechos de consulta y participación efectiva en decisiones que afecten a estas comunidades.
El comunicado concluye instando a la Defensoría a asumir un papel más activo en la protección de los derechos de la población afrodescendiente, especialmente en el contexto de las violaciones graves y directas que están sufriendo en relación con sus territorios ancestrales y otros derechos fundamentales.
