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Etiqueta: agenda 2030

Retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS – IEM-UNA

El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional denuncia retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación ante la entrada en vigencia del decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, mediante el cual el Gobierno de la República ha sustituido el marco que regulaba la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica.

Si bien el decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE fue publicado el pasado 2 de abril, desde el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) consideramos imprescindible manifestarnos hoy, porque esta reforma sigue siendo un claro síntoma de las brechas estructurales que enfrentamos en materia de derechos humanos, sostenibilidad, igualdad social y de género. Su contenido y orientación reflejan un cambio normativo e ideológico progresivo que no puede pasar desapercibido ni normalizarse por el paso del tiempo.

Aunque en apariencia se refuerza la sujeción del nuevo decreto al orden constitucional, el análisis técnico revela que esta reforma representa un giro político que altera sustancialmente la gobernanza, contenido y operatividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país, así como del cumplimiento en materia de obligaciones de derechos humanos. No se trata de un simple ajuste administrativo, sino que es una reconfiguración del enfoque nacional hacia el desarrollo sostenible, con implicaciones graves para los derechos humanos, la institucionalidad pública y el compromiso multilateral de Costa Rica.

Entre los cambios más preocupantes destacan:

● La actualización de los considerandos I al V, que ahora parecen coincidir con los párrafos 55 y 72 de la resolución A/RES/70/1 y con nuestra Constitución Política, pero que subraya el derecho interno como marco prioritario, obviando que es precisamente el derecho internacional el que obliga a nuestro país a sujetar a estándares mayores y más estrictos la protección a los derechos humanos. Parece entonces que el objetivo es relativizar los compromisos internacionales y reinterpretar antojadizamente las obligaciones políticas y jurídicas.

● La eliminación del artículo 12, que disponía la obligación de las instituciones públicas de destinar recursos propios y gestionar cooperación internacional para la implementación de los ODS. Esta derogación deja en el aire el financiamiento estatal de la Agenda 2030, debilitando su viabilidad operativa.

● La supresión del artículo 15, que otorgaba a los ODS el estatus de interés público, deja en evidencia la reducción del compromiso estatal en las garantías y derechos de todas las personas para acceder a una mejor calidad de vida a través del desarrollo del país y, en cambio, plantea restar legitimidad normativa a los objetivos de la Agenda 2030.

● La introducción de un glosario normativo (nuevo artículo 2), con términos como «dignidad», «cultura», «bienestar”, que no corresponden a los estándares del derecho internacional ni nacional a través de la jurisprudencia constitucional. Estas definiciones solo pueden resultar en interpretaciones, que son excluyentes a la hora de ejecutar políticas públicas.

● El nuevo enfoque selectivo sobre los ODS plantea que el Estado escogerá algunos “adoptados por el país” y que además subordinan a la estrategia nacional el compromiso con los principios de integralidad, progresividad y no regresión de los derechos humanos y, por lo tanto, también de los 17 objetivos y 169 metas establecidos por la comunidad internacional.

Aunque se amplían algunas funciones de gobernanza (como las del Consejo y la Secretaría Técnica), estas operarán bajo parámetros vagos como “diálogo de buena fe” y sin el respaldo estructural que otorgan los artículos derogados.

Desde el IEM, advertimos que esta reforma fragmenta la visión holística del desarrollo sostenible, debilita la responsabilidad estatal frente a los compromisos adquiridos y crea condiciones para reinterpretaciones ideológicas contrarias a la igualdad, los derechos humanos y la justicia. Esta medida se enmarca en un contexto regional e internacional de desinformación y ataques coordinados contra la Agenda 2030, lo que incrementa la urgencia de mantener una postura firme y crítica.

Costa Rica, históricamente reconocida por su liderazgo en derechos humanos, sostenibilidad e inclusión, no puede dar marcha atrás. Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a defender el enfoque integral, participativo y transformador de los ODS. Solo así podremos garantizar un desarrollo sostenible que ponga en el centro la vida digna, la igualdad sustantiva y el bienestar de absolutamente todas las personas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Costa Rica erosiona su imagen ambiental a un mes de la cumbre oceánica al retirar apoyo a la Agenda 2030

El liderazgo verdadero no se proclama en cumbres; se ejerce en el territorio.

A un mes de coorganizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (junio de 2025), Costa Rica protagoniza un nuevo episodio que desconcierta a la comunidad internacional y debilita su imagen como referente en liderazgo y compromiso ambiental.

Nos referimos a la eliminación de la financiación y de la declaratoria de interés público del decreto que da seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretada mediante la modificación del Decreto Ejecutivo N.° 40203. Esto no solo implica un desinterés por la sostenibilidad como política de Estado, sino que debilita la capacidad del país para acceder a cooperación internacional, articular esfuerzos multisectoriales y garantizar derechos fundamentales.

¿Con qué liderazgo y legitimidad puede el gobierno coorganizar una cumbre sobre océanos, cuya génesis y columna vertebral son los ODS —especialmente el número 14— de la Agenda 2030? ¿Quién nos va a tomar en serio si somos verdes solo de las fronteras para afuera, y aquí adentro la política ambiental es negacionista, contradictoria y regresiva?

Porque este caso no es el único. Las decisiones más recientes del gobierno evidencian una política ecocida, marcada por el desmantelamiento institucional, la permisividad extractiva y el abandono sistemático de sus propios compromisos ambientales y sociales.

Esta decisión se enmarca en un patrón de retroceso que se ha acelerado en los últimos meses. El caso más reciente es el escándalo por el trasiego autorizado de 12.6 toneladas de aletas de tiburón martillo para su reexportación, reportado por la organización CREMA en marzo de 2025. Esta acción contradice abiertamente el compromiso con la protección de especies en peligro y con el ODS 14 (Vida submarina), justo cuando el país se presenta como anfitrión global de una cumbre dedicada al océano.

A esto se suman graves retrocesos en gobernanza ambiental, como lo ocurrido en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde se ha instaurado un modelo autoritario e impuesto de toma de decisiones, ignorando a las comunidades locales y permitiendo el avance de intereses gentrificadores y extractivos. La falta de participación ciudadana y el debilitamiento del marco jurídico ambiental revelan una tendencia alarmante hacia la destrucción institucional del patrimonio natural del Estado.

En materia de agua y salud pública, la situación no es mejor. El gobierno ha aumentado ilegalmente —pues está contra el reglamento vigente— los niveles permitidos de pesticidas en el agua potable, lo que atenta contra los derechos humanos, la salud y el cumplimiento del ODS 6 (Agua limpia y saneamiento). Toda la zona norte de Cartago enfrenta niveles peligrosos de contaminación con degradados del clorotalonil en sus nacientes y pozos, superando los límites establecidos por la legislación vigente. Para legalizar dicha acción, propuso elevar los niveles de contaminación mediante una modificación al Decreto Ejecutivo Nº 38924-S, que fue rechazada por todas las Universidades Públicas, ARESEP, Defensoría de los Habitantes, la Academia de Ciencias y sociedad civil.

Todos estos hechos no son aislados: responden a una lógica de gobernanza que desmantela lo público, prioriza intereses privados y erosiona los derechos humanos y ambientales. Un modelo de gestión que promueve el extractivismo como política y el silencio institucional como estrategia. En este contexto, hablar de sostenibilidad, océanos sanos y liderazgo climático resulta, al menos, hipócrita.

Cambio de rumbo. Hace unos seis meses, Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República, decía: Desde el Gobierno de Costa Rica reiteramos nuestro compromiso con la implementación de la Agenda 2030, clave para el desarrollo sostenible de Costa Rica. Con el 41% de los indicadores ODS mostrando un comportamiento desfavorable, es urgente que todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta el sector privado y la sociedad civil, intensifiquen sus esfuerzos para reducir las brechas sociales, económicas y ambientales”. ¿Entonces, este es el compromiso y la consecuencia unos meses después?

Esta nueva contradicción del gobierno abre muchas otras preguntas. Si revisamos, gran parte de la Agenda 2030 es la columna vertebral de proyectos de cooperación internacional que hacen posible la implementación de políticas ambientales. Por eso nos preguntamos: ¿Qué va a pasar con estos y otros financiamientos cuando los organismos internacionales vean el actuar del gobierno?, ¿Se trata de una decisión inspirada en la postura reciente de la administración Trump, que anunció su rechazo a la Agenda 2030 hace apenas un mes? ¿O es una acción deliberada para polarizar, aprovechando la ola conspiranoica que rodea a esta agenda?

Esta decisión genera más dudas que certezas. Pero lo que sí está claro es que Costa Rica no puede seguir sosteniendo una narrativa de ejemplo global mientras autoriza el aleteo, envenena sus nacientes, silencia comunidades y desactiva compromisos internacionales. Si realmente quiere defender los océanos, debe empezar por cuidar sus ríos, proteger sus bosques, respetar a sus pueblos y garantizar el carácter público y democrático de sus políticas ambientales.

Agenda 2030: “Un importante signo de esperanza”

Freddy Pacheco León

“Una esperanza que se realizará si la Agenda se implementa de manera verdadera, justa y efectiva”, dijo alzando su voz. Aunque, indicó (ya les diremos quién) que solo será posible cumplir sus 17 objetivos, si se implementa de manera verdadera, justa y efectiva. Tarea complicada pues, los objetivos, como señaló el señor secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, requieren que “La ambición a nivel mundial debe traducirse en actuaciones de todas las comunidades y naciones, basadas en estrategias de aplicación que se perciban como propias a nivel local”. “Hemos llegado a un momento decisivo en la historia de la humanidad”, dijo el líder de la ONU”, donde los Objetivos constituyen una agenda “para las personas y el planeta”, así como “para la prosperidad, la paz y la asociación compartidas”.

Después de más de dos años de reuniones, foros, conferencias, con amplia participación de las naciones preocupadas, por el camino hacia la destrucción que está siguiendo el planeta, sucedió algo inédito en la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, realizada el 25 de setiembre del 2015, en Nueva York. Fue tal el avance logrado hacia alcanzar el consenso entre las naciones parte de la ONU, que, musulmanes, católicos, cristianos protestantes, judíos, ateos, agnósticos, budistas, islamistas, hindúes, tradicionales africanos…, no tuvieron reparos en darse las manos en pro del desarrollo sostenible. Los representantes de Haití se unieron a los de Francia y Argelia; igual, sucedió con los de Gran Bretaña, Jamaica, Pakistán, Irán, Israel y los de Emiratos Árabes; y los de Costa Rica, Brasil, España, Portugal, Grecia, Turquía, Chipre, China, Rusia, Lituania y Polonia, compartieron la satisfacción de estar presentes en ese día histórico para el planeta. Y no seguimos anotando nombres de naciones, pues la lista es larga. Lo resumimos anotando, que los representantes de Oceanía, Asia, África, América y Europa, de las 193 naciones que conforman la ONU, por UNANIMIDAD, acogieron, sin reparos, los 17 objetivos que integran la AGENDA 2030 para el Desarrollo Sostenible. Algo imposible de haberse logrado, si en los textos que la sustentan, hubiera, al menos uno de ellos, percibido algo por lo cual no podrían estar de acuerdo en firmar. 

Agenda, que compromete a todos los países y partes interesadas a 1) poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 2) poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; 3) garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades; 4) garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos; 5) lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; 6) garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos; 7) garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; 8) promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; 9) construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 10) reducir la desigualdad en los países y entre ellos; 11) lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 12) garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; 13) adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; 14) conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; 15) proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; 16) promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas; y, por último, 17) fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Objetivos acompañados de 169 metas, que, aunque ambiciosas, muy ambiciosas, señalan un camino planetario que la Humanidad, por su misma supervivencia, ha de seguir.

Ha de destacarse la participación activa de quien quiso estar presente en tan memorable asamblea. El Papa Francisco, por cuya presencia la bandera del Vaticano fue izada por vez primera, en 70 años, en la sede de las Naciones Unidas. Francisco resumió su pensamiento manifestando: «Alzo mi voz junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre mundial, es una importante señal de esperanza”. Garantía de que, no se equivocaron las 193 naciones que, en forma unánime, acogieron tan trascendental declaración. Propio a su forma de involucrarse en las tareas en pro de la Humanidad, el Sumo Pontífice del catolicismo llamó la atención, en el sentido de que se debe actuar según lo suscrito. Francisco advirtió a la comunidad internacional sobre el peligro de caer en «un nominalismo que se quede en declaraciones«, cual práctica de «apaciguar las conciencias» con declaraciones solemnes y agradables, en lugar de hacer «verdaderamente efectiva la lucha contra todos los flagelos«.

La Santa Sede, por ejemplo, expresó su esperanza de que el indicador actual de pobreza extrema, aproximadamente un dólar al día pueda ir acompañado o sustituido, por indicadores más ambiciosos y más amplios, al tiempo que alertó a la comunidad internacional, sobre el peligro de pensar que «una sola solución teórica y apriorística proporcionará una respuesta a todos los desafíos». Y, para que no quedara duda alguna de la transparencia del texto de la declaración, también acogido por el Vaticano, se enfatizó en que, cualquier referencia a “género”, “igualdad de género” y empoderamiento de mujeres y niñas”, se entiende de acuerdo con el uso común y generalmente aceptado de la palabra “género” basado en el criterio biológico. Identidad masculina y femenina, que a su vez se ve reforzada por las numerosas referencias en la Agenda 2030 a ambos sexos”, dice el Vaticano. Se trata, pues, de un texto de consenso, que no produjera división alguna, entre las naciones y las creencias predominantes en el mundo, y que no se prestara, para segundas interpretaciones.

Asimismo, la declaración reconoce la independencia de todas y cada una de las naciones, en busca de su cumplimiento según sus legislaciones internas. Se fue parte de su creación y aprobación (ello para todas las naciones) pero, aun así, en cada país se puso en práctica según su derecho interno. En Costa Rica, por ejemplo, en un acto público realizado el 9 de setiembre del 2016, con la participación oficial de los presidentes de los tres poderes de la República (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), acompañados por el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, los rectores de las universidades estatales, junto a representantes de gobiernos locales, del sector privado y de la sociedad civil, se firmó el «Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica». De esa forma, se asumió un compromiso, formal y público, para la consecución de la declaración de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que conforman la Agenda 2030, cuya propuesta, de acuerdo a decreto ejecutivo posterior, no contiene trámites y requerimientos, como se aplican a los convenios internacionales. El artículo 1, determina que “Este decreto tiene como objetivo establecer una estructura organizacional para planificar, implementar y dar seguimiento en Costa Rica a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante «los ODS», y sus 169 metas conexas y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en adelante «la Agenda 2030».

Y es que, con la ejecución de la Agenda 2030, se busca poner fin a la pobreza y el hambre, hacer realidad los derechos humanos de todos, lograr la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y garantizar la protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Sobre la pobreza extrema y el hambre, las estadísticas son apabullantes. Más allá de los 15 años de vigencia de la declaración, de ese compromiso mundial acogido por consenso, que rige hasta el año 2030, habrá que luchar intensamente para que las estimaciones para dos décadas después sean menos dramáticas. En cuanto a pobreza extrema, para el año 2050, esa cifra habrá alcanzado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad, por lo que se reconoce que   no es posible, lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos, que favorecen esa inhumana tendencia. Así, uno de los objetivos, el de las “Ciudades Sostenibles”, juega un papel especial.

El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo, en conjunto con el aumento de la migración del campo a la ciudad, ha provocado un incremento explosivo de ciudades desbordadas por su crecimiento. Para 1990, se contaban 10 ciudades con más de 10 millones de habitantes en el mundo. Al momento de aprobar la declaración que nos ocupa, la cifra había aumentado a 28, donde viven en total, cerca de 453 millones de personas. Aunque, usted amigo lo conoce, no es un asunto exclusivo de esas inmensas urbes, pues en naciones subdesarrolladas como la nuestra, en esperadas diferentes proporciones, también lo vivimos.

Es casi una norma, que la pobreza extrema suele concentrarse en los espacios urbanos, creando así tareas específicas para los gobiernos nacionales y municipales, que tienen la tarea fundamental de mitigar, y ojalá acabar, técnicamente, con el desorden del uso del suelo.

La sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, creación de áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana, de manera que sea participativa e inclusiva, según se ha de reflejar en planes que orienten el crecimiento de las ciudades hacia la periferia, acorde con la disponibilidad de recursos, como el fundamental abastecimiento de agua potable, el acceso a la energía y el transporte.

En la Agenda 2030, es determinante, por su innegable trascendencia, que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza; que, sin lograrla, no puede haber desarrollo sostenible. Por ello, la declaración plantea objetivos y metas, de carácter integrado e indivisible, que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Ha de reconocerse, sin embargo, que la estrategia es muy dispar en su ejecución, cuando ha pasado casi una década desde su adopción, pese a que, al adoptarla, las naciones se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación, mediante alianzas centradas, especialmente, en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Finalmente, la Agenda 2030, implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país se enfrenta a retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, por lo cual, cada uno fija sus propias metas nacionales de acuerdo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Compromiso que, a nivel individual, nos invita a reafirmar el espíritu de solidaridad del pueblo para con sus semejantes miserables, teniendo muy presente el clamor del Papa Francisco, de que la AGENDA 2030, se constituya en “Un importante signo de esperanza”.

16.4.2024

Día Mundial del Agua: UCR apoya a gestores comunitarios

La Escuela de Ingeniería Química acompaña a gestores comunitarios en la gestión del recurso hídrico

La Escuela de Ingeniería Química se suma a los esfuerzos de la UCR para apoyar las comunidades en la gestión sostenible del recurso hídrico administrado por los acueductos comunitarios. Foto ED-3507

Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030, es lograr que la humanidad encuentre caminos para resolver la crisis mundial del agua y encontrar mecanismos para garantizar su disponibilidad, su gestión sostenible y el saneamiento para todas las comunidades. Además de este esfuerzo global, cada 22 de marzo la Organización de Naciones Unidas promueve que todos los países realicen jornadas de reflexión con motivo del Día Mundial del Agua.

Relacionado con esa meta, la Universidad de Costa Rica (UCR) mediante la ejecución de decenas de proyectos de Acción Social, Investigación y Docencia impulsa proyectos para el adecuado manejo de cuencas hidrográficas, acueductos comunitarios y la gestión de los recursos hídricos en el territorio nacional.

Al menos 30 proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) trabajan directamente en el apoyo de comunidades para el manejo sostenible de los recursos hídricos destinados al consumo humano, la agricultura y la protección de los ecosistemas.

Uno de ellos es el liderado por la Escuela de Ingeniería Química, que mediante su proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua en la Región Caraigres” (ED-3507) se dio a la tarea de facilitar las habilidades y herramientas para la aplicación de un Plan de Mejora y Eficacia, que permitió identificar las mayores deficiencias dentro de los acueductos comunitarios de esa región. Y posteriormente, crear recursos virtuales dirigidos a la autogestión exitosa. Esa región la conforman tres cantones de San José, incluidos en el Plan de Desarrollo Rural Territorial de Acosta-Desamparados-Aserrí 2016-2021.

En la Región de Caraigres existen 41 acueductos administrados por asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, popularmente conocidas como Asadas. Estas están integradas por juntas de vecinos que se encargan de todos los aspectos técnicos y administrativos.

Según la Ing. Adriana Araya Díaz, docente coordinadora del proyecto, “el trabajo dentro de las Asadas es desarrollado en su mayoría por personas voluntarias que día a día hacen su mayor esfuerzo por permitir que miles de personas tengan acceso a agua potable, y a pesar del apoyo de diversas instituciones, existen grandes deficiencias y dificultades técnicas, administrativas y financieras a las que se enfrentan una gran cantidad de ASADAs a nivel nacional. Adicionalmente, existen vacíos de información sobre la situación de algunos acueductos comunales, lo cual dificulta la generación de rutas de acción por parte de instituciones”.

Araya explicó que originalmente esta iniciativa de Acción Social surgió como un proyecto ganador de Fondos Concursables de la VAS. Posteriormente se diseñó una estrategia de apoyo formativo al personal vinculado con las asadas de Caraigres, y contó con el apoyo de estudiantes del trabajo comunal “Adaptación y mitigación del cambio climático hacia un desarrollo sostenible” (TC-724). Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de talleres educativos en comunidades y la realización de inventarios de gases de efecto invernadero.

En total, 12 estudiantes del TC-724 se vincularon a este proyecto y participaron activamente en la elaboración de material informativo -diseño de infografías-, búsqueda de información, lectura de documentos, entre otros. Además, participaron en algunas reuniones con representantes de instituciones públicas, de manera que con la información recabada se avanzó en la sistematización de información. Desde el año 2019 los estudiantes han colaborado con las Asadas de Poás y Barrio Corazón de Jesús, ambas en Aserrí.

ENTREGA DE RESULTADOS

Si bien la ejecución del proyecto concluyó en diciembre del año 2020, la entrega de resultados se realizará en los primeros días de abril. A partir de ahora, las Asadas tendrán a su disposición una serie de materiales gráficos y videos tutoriales sobre aspectos técnicos y administrativos que facilitarán el trabajo para las personas que cada día asumen la tarea de la gestión del recurso hídrico en sus comunidades.

No obstante, explicó Araya, dado que las falencias técnicas son similares en otras regiones del país, estos recursos serán de gran valor para todas las personas interesadas que realizan este trabajo en todo el país.

Para María José Bermúdez, vecina del barrio Corazón de Jesús de Aserrí, e integrante de la Comisión de Recurso Hídrico del Consejo Territorial de Caraigres, este proyecto facilitó la asociatividad entre las diferentes Asadas de la zona. Bermúdez reiteró que la administración está a cargo de personas de los vecindarios bajo criterios populares, sin el apoyo de profesionales. “Las falencias en conocimientos técnicos, la existencia de sistemas obsoletos, y la ausencia de mapas de las tuberías en funcionamientos y bitácoras sobre los procedimientos ejecutados son los problemas comunes en todas las Asadas”.

Según Bermúdez, en la mayoría de Asadas se requieren generar capacidades para fortalecer la gestión del recurso hídrico, incluso de aspectos tan cotidianos como la correcta facturación y administración del aspecto financiero.

La gestora comunitaria acotó que desde las Asadas los apoyos institucionales se han visto desde un rol punitivo del Ministerio de Salud o el mismo Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA). Por eso, prosiguió, la mediación de la UCR para la aplicación de la herramienta de Plan de Mejora y Eficacia, diseñada por el AYA es una oportunidad para aplicar mejoras sustantivas, lo que permitirá optar por recursos de inversión en las Asadas de Caraigres.

Aunque la pandemia sanitaria del año 2020 obligó a cambiar la estrategia del proyecto, se adaptaron las actividades a la virtualidad y se lograron los objetivos, explicó la Ing. Araya. “Tras la conclusión del proyecto, la idea siempre fue la sostenibilidad del proyecto en el ámbito comunitario y que fueran las propias personas de esas comunidades las que lo ejecuten a partir de ahora”, agregó.

APRENDIZAJE COMPARTIDO

“La principal lección aprendida fue que la gestión del agua es un proceso muy complejo que requiere de un compromiso institucional y de trabajo con las comunidades. No solo a nivel institucional, sino también la comprensión de que solo el manejo de una Asada es todo un reto, ya que se necesita saber mucha información, lo cual lo convierte en un trabajo complejo”, dijo Andrés Romero Méndez, estudiante de la Escuela de Geografía y uno de los que apoyó este proceso.

De acuerdo con la Ing. Araya, para la ejecución de este proyecto se partió del criterio que “todos los saberes son válidos y fue un reto lograr un lenguaje accesible para que los contenidos que se produjeron se entendieran”.

En ese sentido, Lucía Rodríguez, estudiante de Ingeniería Química, afirmó que “tener este acercamiento con las comunidades es muy distinto a lo que se aprende en las aulas, porque la realidad de muchas Asadas es que no tienen plantas de tratamientos o procedimientos que aprendemos en los cursos de Ingeniería Química”.

Rodríguez comentó que para el resto de estudiantes fue una experiencia sumamente reveladora ya que lo aprendido es muy ajeno a sus carreras y fue muy valioso conocer de primera mano cómo es que funcionan las instituciones públicas.

Finalmente y como último aprendizaje se visualiza el valor que tiene la creatividad en los procesos de acción social para enfrentar las situaciones adversas. Si el equipo gestor hubiera decidido no continuar con el proyecto debido a que la gran mayoría de actividades planteadas eran presenciales, los recursos disponibles hubieran sido desaprovechados. Aun así, la creatividad permitió encontrar una nueva idea que además de sostener la esencia de la iniciativa, amplió el alcance del proyecto en materia de población beneficiaria y en sostenibilidad en el tiempo”, concluyó Araya.

 

Autoría:
Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)

La UCR apoya a gestores comunitarios del agua

Día Mundial del Agua

Mediante proyectos de Acción Social apoya a comunidades en el manejo de los recursos hídricos

En la gestión comunitaria del recurso hídrico, la UCR ejecuta decenas de proyectos de Acción Social para apoyar a personas gestoras, involucrando al personal docente y de investigación, estudiantes universitarios y líderes locales para que cada comunidad se convierta en defensora de los ecosistemas que permiten llevar agua potable de calidad a los hogares. Foto ED-3507

Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030, es lograr que la humanidad encuentre caminos para resolver la crisis mundial del agua y encontrar mecanismos para garantizar su disponibilidad, su gestión sostenible y el saneamiento para todas las comunidades. Además de este esfuerzo global, cada 22 de marzo la Organización de Naciones Unidas promueve que todos los países realicen jornadas de reflexión con motivo del Día Mundial del Agua.

Relacionado con esa meta, la Universidad de Costa Rica (UCR) mediante la ejecución de decenas de proyectos de Acción Social, Investigación y Docencia impulsa proyectos para el adecuado manejo de cuencas hidrográficas, acueductos comunitarios y la gestión de los recursos hídricos en el territorio nacional.

Al menos 30 proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) trabajan directamente en el apoyo de comunidades para el manejo sostenible de los recursos hídricos destinados al consumo humano, la agricultura y la protección de los ecosistemas.

Uno de ellos es el liderado por la Escuela de Ingeniería Química, que mediante su proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua en la Región Caraigres” (ED-3507) se dio a la tarea de facilitar las habilidades y herramientas para la aplicación de un Plan de Mejora y Eficacia, que permitió identificar las mayores deficiencias dentro de los acueductos comunitarios de esa región. Y posteriormente, crear recursos virtuales dirigidos a la autogestión exitosa. Esa región la conforman tres cantones de San José, incluidos en el Plan de Desarrollo Rural Territorial de Acosta-Desamparados-Aserrí 2016-2021.

En la Región de Caraigres existen 41 acueductos administrados por asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, popularmente conocidas como Asadas. Estas están integradas por juntas de vecinos que se encargan de todos los aspectos técnicos y administrativos.

Según la Ing. Adriana Araya Díaz, docente coordinadora del proyecto, “el trabajo dentro de las Asadas es desarrollado en su mayoría por personas voluntarias que día a día hacen su mayor esfuerzo por permitir que miles de personas tengan acceso a agua potable, y a pesar del apoyo de diversas instituciones, existen grandes deficiencias y dificultades técnicas, administrativas y financieras a las que se enfrentan una gran cantidad de ASADAs a nivel nacional. Adicionalmente, existen vacíos de información sobre la situación de algunos acueductos comunales, lo cual dificulta la generación de rutas de acción por parte de instituciones”.

Araya explicó que originalmente esta iniciativa de Acción Social surgió como un proyecto ganador de Fondos Concursables de la VAS. Posteriormente se diseñó una estrategia de apoyo formativo al personal vinculado con las asadas de Caraigres, y contó con el apoyo de estudiantes del trabajo comunal “Adaptación y mitigación del cambio climático hacia un desarrollo sostenible” (TC-724). Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de talleres educativos en comunidades y la realización de inventarios de gases de efecto invernadero.

En total, 12 estudiantes del TC-724 se vincularon a este proyecto y participaron activamente en la elaboración de material informativo -diseño de infografías-, búsqueda de información, lectura de documentos, entre otros. Además, participaron en algunas reuniones con representantes de instituciones públicas, de manera que con la información recabada se avanzó en la sistematización de información. Desde el año 2019 los estudiantes han colaborado con las Asadas de Poás y Barrio Corazón de Jesús, ambas en Aserrí.

La Escuela de Ingeniería Química se suma a los esfuerzos de la UCR para apoyar las comunidades en la gestión sostenible del recurso hídrico administrado por los acueductos comunitarios. Foto ED-ED-3507

Entrega de resultados

Si bien la ejecución del proyecto concluyó en diciembre del año 2020, la entrega de resultados se realizará en los primeros días de abril. A partir de ahora, las Asadas tendrán a su disposición una serie de materiales gráficos y videos tutoriales sobre aspectos técnicos y administrativos que facilitarán el trabajo para las personas que cada día asumen la tarea de la gestión del recurso hídrico en sus comunidades.

No obstante, explicó Araya, dado que las falencias técnicas son similares en otras regiones del país, estos recursos serán de gran valor para todas las personas interesadas que realizan este trabajo en todo el país.

Para María José Bermúdez, vecina del barrio Corazón de Jesús de Aserrí, e integrante de la Comisión de Recurso Hídrico del Consejo Territorial de Caraigres, este proyecto facilitó la asociatividad entre las diferentes Asadas de la zona. Bermúdez reiteró que la administración está a cargo de personas de los vecindarios bajo criterios populares, sin el apoyo de profesionales. “Las falencias en conocimientos técnicos, la existencia de sistemas obsoletos, y la ausencia de mapas de las tuberías en funcionamientos y bitácoras sobre los procedimientos ejecutados son los problemas comunes en todas las Asadas”.

Según Bermúdez, en la mayoría de Asadas se requieren generar capacidades para fortalecer la gestión del recurso hídrico, incluso de aspectos tan cotidianos como la correcta facturación y administración del aspecto financiero.

La gestora comunitaria acotó que desde las Asadas los apoyos institucionales se han visto desde un rol punitivo del Ministerio de Salud o el mismo Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA). Por eso, prosiguió, la mediación de la UCR para la aplicación de la herramienta de Plan de Mejora y Eficacia, diseñada por el AYA es una oportunidad para aplicar mejoras sustantivas, lo que permitirá optar por recursos de inversión en las Asadas de Caraigres.

Aunque la pandemia sanitaria del año 2020 obligó a cambiar la estrategia del proyecto, se adaptaron las actividades a la virtualidad y se lograron los objetivos, explicó la Ing. Araya. “Tras la conclusión del proyecto, la idea siempre fue la sostenibilidad del proyecto en el ámbito comunitario y que fueran las propias personas de esas comunidades las que lo ejecuten a partir de ahora”, agregó.

María José Bermúdez, vecina de Aserrí, destacó que la mediación de la UCR en la aplicación de la herramienta de Plan de Mejora y Eficacia, diseñada por el AYA es una oportunidad para aplicar mejoras sustantivas, lo que permitirá optar por recursos de inversión en las Asadas de la Región Caraigres. Foto ED-3507

Aprendizaje compartido

“La principal lección aprendida fue que la gestión del agua es un proceso muy complejo que requiere de un compromiso institucional y de trabajo con las comunidades. No solo a nivel institucional, sino también la comprensión de que solo el manejo de una Asada es todo un reto, ya que se necesita saber mucha información, lo cual lo convierte en un trabajo complejo”, dijo Andrés Romero Méndez, estudiante de la Escuela de Geografía y uno de los que apoyó este proceso.

De acuerdo con la Ing. Araya, para la ejecución de este proyecto se partió del criterio que “todos los saberes son válidos y fue un reto lograr un lenguaje accesible para que los contenidos que se produjeron se entendieran”.

En ese sentido, Lucía Rodríguez, estudiante de Ingeniería Química, afirmó que “tener este acercamiento con las comunidades es muy distinto a lo que se aprende en las aulas, porque la realidad de muchas Asadas es que no tienen plantas de tratamientos o procedimientos que aprendemos en los cursos de Ingeniería Química”.

Rodríguez comentó que para el resto de estudiantes fue una experiencia sumamente reveladora ya que lo aprendido es muy ajeno a sus carreras y fue muy valioso conocer de primera mano cómo es que funcionan las instituciones públicas.

Finalmente y como último aprendizaje se visualiza el valor que tiene la creatividad en los procesos de acción social para enfrentar las situación adversas. Si el equipo gestor hubiera decidido no continuar con el proyecto debido a que la gran mayoría de actividades planteadas eran presenciales, los recursos disponibles hubieran sido desaprovechados. Aun así, la creatividad permitió encontrar una nueva idea que además de sostener la esencia de la iniciativa, amplió el alcance del proyecto en materia de población beneficiaria y en sostenibilidad en el tiempo”, concluyó Araya.

 

Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social