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Etiqueta: agricultura

¿Qué pasaría si Costa Rica prohibiera el glifosato?

(Bloque Verde, 29-3-2019). Es contundente que a nivel global este el glifosato está siendo rechazado por de la opinión pública, incluso en algunos países se ha sido prohibido; al mismo tiempo se está condenando en tribunales de justicia estadounidenses a Monsanto-Bayer a pagar indemnizaciones millonarias por negligencia sobre sus efectos crónicos en la salud; pese a esto la industria mundial produce el doble de la demanda global, de la cual 80% es formulado en China.

Las consecuencias del uso del glifosato son graves y están relacionadas específicamente con problemas de la salud humana y ambiental, ser precursor de ciertos tipos de cáncer, erosión de la biodiversidad, perdida de fertilidad del suelo, contaminación de alimentos y fuentes de agua, todas afectaciones documentadas y respaldadas con rigurosidad. Una prohibición de este agrotóxico traería beneficios para la población.

Actualmente el Gobierno de Costa Rica analiza la posibilidad de restringir el uso del herbicida glifosato en el territorio nacional, pero esa no es la única acción contra el herbicida más vendido del mundo. Hay en el territorio nacional 16 declaratorias municipales, universitarias e institucionales contra la aplicación del glifosato en áreas públicas. Además, hay un recurso de amparo con el expediente 19-001 662-007-CO interpuesto en la Sala Constitucional, por parte de personas de organizaciones de Bagaces, Guanacaste, que se encuentran afectadas por este plaguicida que algunos lo señalan como causante de la Enfermedad de Insuficiencia Renal Crónica (EIRC).

Hay evidencia de sobra. Incluso científicos argentinos se dieron a la tarea de recopilar 830 documentos con evidencia científica sobre el impacto de este herbicida. Se trata de un compilado entre informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones y resúmenes de congresos, que han sido publicados en revistas científicas (Rossi, 2018). Es decir, existe evidencia importante de que las consecuencias del uso de glifosato son mayores que sus beneficios.

En esta coyuntura es importante hacer el ejercicio de pensar en un futuro sin glifosato para que, como sociedad costarricense, podamos tomar una decisión informada.

Según el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional “el glifosato es un herbicida altamente hidrosoluble, con la capacidad de contaminar rápidamente aguas de escorrentía y superficiales como ríos y lagunas; se adsorbe a las partículas del suelo y puede, de esta forma, estar biodisponible para organismos que se alimentan por filtración de sedimentos. Es muy tóxico para organismos acuáticos como peces, algas y helechos; medianamente tóxico para anfibios, crustáceos y lombrices de tierra” (IRET 2015).

Según el ingeniero agrónomo Fernando Ramírez, del IRET “el cultivo que más glifosato consume porcentualmente, de acuerdo con el uso total en Costa Rica, es la palma africana (24,9%), le sigue arroz (7,8%), café (5,4%), banano (5,2%), cítricos (4,6%), pastos (3,7%) y frijol (2%). Para otros cultivos perennes como mango, aguacate, mora, rambután, cacao, etc., se estimó un uso en conjunto del 1,1%. Tubérculos como yuca, tiquizque, ñame, ñampí y otros suman un uso del 0,4% y las hortalizas que incluyen papa, zanahoria, repollo, cebolla, chile, tomate junto con melón y sandía suman el 0,4% (Ramírez, 2017).

Ramírez además señala que un 37,1% es usado en labores no agrícolas, esto significa en zonas públicas como calles, parques, aceras, acción ilegal por no estar permitido el uso del glifosato para estas labores.

El glifosato contra la agricultura

Se reportan numerosos efectos negativos de este herbicida en el desarrollo de los cultivos en los que se emplea. Pero sobresalen efectos que tiene que ver con la nutrición de las plantas y con la calidad nutricional de los alimentos que se producen. Para traerlo al plano nacional, en el cultivo del café se sabe que el glifosato está causando intoxicaciones crónicas de la planta, lo que lleva a hacerlas más susceptibles a enfermedades y a bajar su productividad. Lo mismo está pasando en palma aceitera, donde el uso de este herbicida está dañando las raíces del cultivo con grandes pérdidas para el sector.

Por otro lado, se reporta un efecto directo en la fijación de nitrógeno de las leguminosas por la acción del glifosato (Watts, 2016), haciendo que estas plantas no puedan incrementar la cantidad de este elemento en el suelo, fundamental para técnicas de asociación de cultivos utilizadas en prácticas culturales como el asocio de la milpa.

Se sabe que el glifosato inmoviliza nutrientes del suelo, evitando que las plantas puedan absolverlos. “Las partículas de glifosato pueden unirse a los metales (por ejemplo Fe y Mn) y formar complejos glifosato-metal poco solubles en los tejidos vegetales y o en la rizósfera de las plantas. El glifosato retarda la etapa de emergencia de la plántula, deformaciones en las hojas primarias (cotiledones), aumenta la formación de antocianinas en los cotiledones (rasgos de falta de luz), desarrollo desproporcionado de la raíz, senescencia tardía de los cotiledones (retraso en el crecimiento de las plantas) y deformación de las hojas, en comparación a las plantas donde no se aplica el glifosato” (Civeira, 2012).

Un futuro sin glifosato sería una oportunidad para incrementar la productividad agrícola (puesto que ya no se contaminarán los suelos); para transitar a formas de producción de alimentos sostenibles; para disminuir la incidencia de plagas; para aprovechar las tecnologías de cobertura de suelo; para la rotación de cultivos; para el manejo manual de plagas (lo que ayudaría a paliar el desempleo rural). Además, se prevendría la incidencia de enfermedades crónicas para humanos; tendríamos menos riesgo de estar en contacto con agua y alimentos contaminados, entre otros beneficios.

Las alternativas al glifosato ya son una realidad y se están utilizando. Existen prácticas culturales, rotación de cultivos, uso de coberturas, deshierba mecánica y manual, uso de tecnología a base de aire caliente o fuego, entre otros.

En Costa Rica desde el año 2017 se desarrolla un movimiento social para desintoxicar Costa Rica y dejar de ser el país más fumigado del mundo. Es así como personas y organizaciones impulsaron las declaratorias de cantones libres de herbicidas en áreas públicas. Todo un esfuerzo desinteresado que ha dado el fruto de tener hasta el momento 22 territorios libres de estas sustancias.

Contacto: 8826 2270

Notas:

Fernando Ramírez. (2017) Uso del herbicida glifosato en Costa Rica en el periodo 2007 a 2015

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia/article/view/9045/10549

Eduardo Martín Rossi. (2018) Antología toxicológica del glifosato

http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Antologia_toxicologica_del_glifosato2

Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET). (2015). Base de datos de ingredientes activos importados en Centroamérica. Universidad Nacional. Costa Rica. http://plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/

Gabriela Civeira, Ms. Sc. Ing. Agr. (2012)Recopilación sobre los efectos del Glifosato en agroecosistemas http://www.suelos.org.ar/adjuntos/glifosato_en_agroecosistemas.pdf

Meriel Watts, et al. PAN (2016) https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-pan-glifosato.pdf

 

Foto: http://www.vocesnuestras.org/

Enviado por Bloque Verde.

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Minería acapara tierras y golpea agricultura en América Central

Por Edgardo Ayala

Las instalaciones de la mina de plata localizada en medio del municipio rural de San Rafael Las Flores, en Guatemala, están cerradas desde 2017, como resultado de la lucha de los pobladores de la zona contra esa actividad, que no les había sido consultada debidamente, como avaló el tribunal constitucional del país. Crédito: Edgardo Ayala/IPS.

SAN SALVADOR, 14 feb 2019 (IPS) – Como un pulpo que lo abarca todo, la minería metálica ha ido extendiendo sus tentáculos por América Central y golpeando la agricultura y los ecosistemas del área, de acuerdo a pobladores afectados, activistas y un nuevo informe sobre el problema.

“Donde está la empresa minera eran terrenos que arrendaban los campesinos para sembrar maíz y frijol, la base fundamental de nuestra agricultura, pero con la llegada de la compañía no hay tierras donde cultivar”, explicó Lesbia Villagrán, residente en el municipio de San Rafael Las Flores, en el este de Guatemala.

En esa localidad rural con algo más de 9.000 habitantes se instaló en 2007 la Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía canadiense Tahoe Resources, y desde entonces los residentes en diferentes asentamientos esparcidos por ese municipio y otros vecinos se organizaron para detener sus operaciones.

La lucha de los pobladores contra el yacimiento de plata El Escobal obedeció a que consideran que sus actividades afectan sus medios de vida, como la agricultura, el agua y la biodiversidad de la zona.

“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos, como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”: Julio González.

“Cuando yo estaba pequeña, mi papá arrendaba cuatro o seis manzanas (algo más de cuatro hectáreas) de tierra y para nosotros era alegría trabajar en la cosecha, abundante, pero cuando los dueños de esos terrenos los vendieron a la empresa, mi papá ya no pudo cosechar nuestros granos básico”, agregó Villagrán, de 28 años, en entrevista con IPS desde San Rafael.

El yacimiento cambió de dueño en enero, y ahora la empresa se llama Minera San Rafael El Escobal, subsidiaria de la también canadiense Pan American Silver, que según su portal de Internet es el segundo productor mundial de plata. Es propietaria y opera seis minas en México, Perú, Argentina, Bolivia y ahora en Guatemala.

“La situación agrícola es complicada debido a las operaciones de la empresa”, señaló Alex Reynoso, un caficultor de un municipio vecino a San Rafael.

De acuerdo a Reynoso, los mercados del país no quieren los productos cosechados cerca al yacimiento, porque temen que estén contaminados con los metales pesados utilizados en el proceso de extracción.

“Los mercados más importantes del país evitan comprar nuestros productos, así de sencillo”, subrayó a IPS desde su localidad.

IPS intentó obtener comentarios tanto de Tahoe Resources como de Pan American Silver, sobre las críticas de los residentes en San Rafael Las Flores en contra del yacimiento, sin lograr respuesta hasta el momento de publicar este reportaje.

Las operaciones de la mina se mantienen suspendidas desde julio 2017, debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que asumió el alegato de organizaciones de pobladores de la zona, pertenecientes al pueblo amerindio xinca, de que no fueron consultados sobre el proyecto.

El alto tribunal ratificó la medida de paralización en septiembre de 2018.

Organizaciones ambientalistas de América Central presentaron en San Salvador el estudio “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos, ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica”. En el documento se revela la extensión del sector y cómo ello afecta la agricultura y las formas de vida de los centroamericanos. Crédito: Cortesía de Asociación para el Desarrollo de El Salvador.

Este caso en Guatemala es un ejemplo de las tensiones que provoca en América Central la extracción de metales, una actividad que ha estado presente en el área, aunque en forma rudimentaria, desde los tiempos de la colonia española, en el siglo XVI.

Pero ha sido en las últimas décadas que ha mostrado una amplia expansión con la llegada de consorcios internacionales dedicados al sector.

El arribo de compañías extranjeras ha generado un conflicto social a partir de la oposición de residentes de los poblados donde se asientan las actividades mineras, especialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Por medio de las licencias ganadas, los consorcios han ido acaparando tierras de tradición agrícola o forestal, así como a los recursos hídricos vitales para la vida en las comunidades, sobre todo indígenas, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.

El estudio “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica”, hecho público el 11 de febrero en San Salvador, da cuenta de esa expansión y sus impactos.

En Honduras, hasta enero de 2017 se habían otorgado 172 concesiones de minería metálica, que en una extensión total de 7.275 kilómetros cuadrados, equivalentes a 6,47 del territorio del país.

En Guatemala, hasta la misma fecha, se habían otorgado 55 concesiones, con una superficie de 4.143 kilómetros cuadrados, un 3,81 por ciento de la superficie nacional.

Nicaragua, para mayo de 2017 había otorgado concesiones para 146 operaciones extractivistas, y aún procesa 20 solicitudes más. En conjunto, incluyendo las solicitudes pendientes, engloban 11.143 kilómetros cuadrados, es decir, 8,55 por ciento de su superficie total.

El Salvador hizo historia a nivel internacional, al ser el primer país en el mundo en prohibir de tajo toda forma de minería, en marzo del 2017.

Pero hasta 2006 se registraban 31 concesiones metálicas, que cubrían un área de 1.088 kilómetros cuadrados, 5,17 por ciento de su territorio.

América Central es una región de grandes carencias sociales, con una población de 48 millones de habitantes y una extensión de 524.000 kilómetros cuadrados, y de la que forman parte también Costa Rica y Panamá.

Es además, una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, con pérdidas anuales en cosechas, ya sea por exceso de agua, en el periodo de lluvias, o por sequías, en el seco.

Siguiendo el ejemplo salvadoreño, “hay casos de movimientos que están solicitando territorios libres de minería” en países vecinos, explicó a IPS la investigadora nicaragüense Angélica Alfaro, una de las responsables del nuevo estudio.

“Pero la realidad es que en países como Honduras, Guatemala y Nicaragua se han creado leyes orientadas directamente a promover al sector minero”, dijo Alfaro, que trabajó en el documento en su calidad de consultora de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador.

El informe fue publicado por la Alianza Centroamericana frente a la Minería, un conglomerado de organizaciones ambientalistas de la región.

El sector minero pone en riesgo la seguridad alimentaria del istmo porque impacta directamente la agricultura, pues afecta varias cuencas, aseguró a IPS el activista Julio González, del colectivo guatemalteco Madre Selva.

Por ejemplo la mina Cerro Blanco, localizada en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, limítrofe con el occidente salvadoreño, es parte de la cuenca Ostua- Güija-Lempa.

La contaminación producida por el yacimiento pasa al lago Guija, en El Salvador, y de ahí al río Lempa, que serpentea por este país y cuya agua es aprovechada para el riego y para el consumo humano, luego de ser purificada.

“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos, como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”, destacó González, quien participó en la presentación del estudio en San Salvador.

Agregó que las tierras usadas por el sector no son precisamente las enormes extensiones propiedad de terratenientes, sino las zonas usadas para la agricultura de subsistencia, sobre todo en territorios indígenas, expulsados históricamente de sus tierras y asentados en zonas boscosas.

“Pero esa es la agricultura que sostiene la seguridad alimentaria”, subrayó.

El informe “Impactos de la minería metálica en Centroamérica”, publicado en 2011, advertía ya que “el acceso al espacio geográfico con el que cuenta la minería es el doble que el dedicado a la producción de granos básicos, es decir, por cada kilómetro cuadrado que se encuentra cultivado con granos básicos en Centroamérica existen dos kilómetros cuadrados sobre los cuales la industria minera ejerce control”.

 

Información publicada por IPS Noticias.

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Proyecto ley limitaría uso de semillas criollas

  • Pueblos indígenas no han sido consultados sobre nueva ley de semillas

  • Una ley hecha a la medida de las empresas trasnacionales del agronegocio

FECON, 27/10/2018. Con el 40 aniversario de la Oficina Nacional de Semillas el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa en la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Semillas bajo el expediente 21.087, de aprobarse, daría más protección a la Propiedad Intelectual sobre variedades comerciales de semillas al mismo tiempo que limita el comercio de semillas criollas o nativas para campesinos e indígenas.

Aunque el articulado supuestamente deja fuera las semillas criollas del ámbito de aplicación de la ley; esto es siempre y cuando no intervengan con los negocios privados de las empresas. Es decir, que en el momento que una empresa se sienta ofendida por la práctica ancestral de compartir semillas, estas corren el riesgo de ser perseguidas y criminalizadas.

Este fenómeno de privatización de las semillas es global. La ola de mega-fusiones de empresas trasnacionales ha dejado al mundo de la agricultura en un estado de concentración y monopolio nunca antes visto. En 2006, diez compañía controlaban el 57% de negocio de la semillas (i), menos de diez años después, para el 2018, sólo tres empresas controlarán el 60% de las semillas del mundo (ii). Estos tres emporios multinacionales se conocen por el nombre de Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-DuPont (iii); estos gigantes son producto de compras y fusiones sin precedentes, con inversiones de hasta USD$63.000 millones. En este escenario internacional en materia agrícola es en el que se desenvuelve nuestro país.

Según la Ofinase en Costa Rica el negocio de importación de simientes reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales (iv). Es claro que el país no es excepción al contexto mundial. Datos de la Ofinase revelan que se encuentran registradas 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas (v); de estas solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente. Lo que evidencia que la tendencia mundial no es ajena a la realidad Costarricense.

El mercado doméstico de las semillas están controlado en pocas manos y desean incrementar la presión para certificar y registrar todas las semillas siguiendo el mandato de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) mejor conocido como el club de los países ricos. Un ente privado de carácter neoliberal, al margen del sistema de Naciones Unidas que presiona a sus miembros para adoptar políticas de libre comercio. El ingreso de Costa Rica a la OCDE nos costaría como país ¢1.789 millones al año, solamente por cuota de membresía.

Todavía no somos miembros pero ya la OCDE ha recomendado a Costa Rica incrementar el uso de semillas certificadas en el país (vi) y así criminalizar la semilla campesina.

De aprobarse esta ley, las personas que sean encontradas cultivando o vendiendo semillas sin los permisos estipulados, serán objeto de multas de hasta 5 salarios base. Lo que equivale a ¢2.155.000. Estas sanciones vienen descritas en el artículo 44 del proyecto de ley, pero no es todo.

En este proyecto de ley serán obligatorias las inscripciones de las variedades comerciales. Lo que tiene un costo alto para campesinos e indígenas que desearan estar dentro del comercio formal de semillas a nivel nacional. El costo del trámite de inscripción actualmente rondan los ¢405.000 para plantas procesadoras de semillas; e inscribir una nueva variedad de semillas le costaría ¢155.000. Costos que están lejos de ser accesibles para campesinos o indígenas que desearan ser parte del abasto nacional de semillas.

Las discusiones para hacer una nueva Ley de Semillas en Costa Rica no ha contado con la participación adecuada por parte de sectores como en campesino o el indígena. Incluso desde el sector ambiental hemos tenido que defender nuestro derecho a participar de la discusión dentro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. Esta discusión debería ser abierta, plural, participativa y democrática puesto que se tratan de intereses de poblaciones sensibles. El Convenio 169 de la OIT debe de ser respetado y las poblaciones originarias deberían ser tomadas en cuenta.

Es urgente comenzar una discusión para que, como sociedad costarricense, impulsemos un verdadero proceso de fortalecimiento de la producción nacional y apoyar la agricultura campesina, que da de comer a la mayoría de personas que vivimos en este país.

Referencias:

(i) http://www.etcgroup.org/es/content/las-10-compa%C3%B1%C3%ADas-de-semillas-m%C3%A1s-importantes-del-mundo-2006

(ii) http://www.etcgroup.org/es/content/megafusiones-agricolas-quien-decidira-lo-que-comemos

(iii) https://www.righttofoodandnutrition.org/files/r_t_f_a_n_w_2017_spa_7.pdf

(iv)http://ofinase.go.cr/wp-content/uploads/201808ie_totalimp2017.pdf

(v) http://ofinase.go.cr/servicios/registro-empresas/?print=pdf

(vi) https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-costa-rica_9789264269125-en

 

Enviado por FECON.

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UCR: Agrónoma propone mejora en la producción de avispas que controlan la mosca de la fruta

Por su estudio, la Ing. Rossy Morera obtuvo un reconocimiento en la Primera Conferencia Internacional de Control Biológico realizada en la India

La avispa Diachasmimorpha longicaudata es un enemigo natural de la mosca de la fruta, que se utiliza como método de control biológico para disminuir las poblaciones de moscas que afectan los frutales.

A todos nos ha pasado alguna vez al comernos una guayaba: después del primer mordisco aparecen los gusanos moviéndose dentro de la fruta. Este problema, causado por la mosca de la fruta (Ceratitis capitata), también afecta a otros frutales de importancia comercial en Costa Rica como cas, jocote, mango y naranja.

Por suerte, existe un enemigo natural de la mosca: la avispa (Diachasmimorpha longicaudata). Esta se puede reproducir masivamente bajo condiciones controladas para liberarla en el campo y así lograr reducir las poblaciones de moscas y, por ende, el uso de agroquímicos en las plantaciones de frutas tropicales.

Mejorar el proceso de producción de este parasitoide es el objetivo que persigue el estudio realizado por la ingeniera agrónoma Rossy Morera Montoya, quien es estudiante de la Maestría Académica en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en Protección de Cultivos de la UCR y funcionaria del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

Infografía elaborada por Rafael Espinoza ODI-UCR.

Aportes de investigación

Actualmente, en Costa Rica el Programa Nacional de Moscas de la Fruta del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el único ente en el país encargado de criar y reproducir masivamente los géneros y especies de moscas de la fruta y sus parasitoides.

Morera descubrió que depositar una cantidad exacta de larvas de Ceraritis capitata en el dispositivo de parasitación que se utiliza en el laboratorio donde las reproducen puede marcar una diferencia importante para aumentar la vida útil del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata.

Su objetivo es que este aporte sirva para avanzar hacia una producción de mayor escala en el país que contribuya a combatir las pérdidas provocadas por al mosca de la fruta. “Han existido diferentes cuellos de botella en el proceso que se han ido mejorando y afinando y esto no había sido analizado todavía. Cuando llegué al proceso de cría me di cuenta de que el volumen de larva era un punto importante a medir, sobre todo por la manipulación que se hace del hospedero” enfatizó la investigadora.

Así se realiza una producción masiva de parasitoides

Duración: 15 días

  1. Los adultos de la mosca Ceratitis capitata se alimentan, copulan y ponen sus huevecillos en una malla.
  2. Los huevecillos se someten a un proceso de burbujeo por 24 horas para estandarizar su maduración para que todas las larvas emerjan al mismo tiempo.
  3. El huevecillo eclosiona y sale la larva, la cual se alimenta hasta que llega al estadío L3.
  4. La larva se somete a rayos X. Esto evita el desarrollo de la mosca y en caso de que emerja alguna sería estéril.
  5. Las larvas se colocan en aros que sirven como dispositivos de parasitación. Allí la hembra del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata llega a depositar sus huevecillos dentro de las larvas.
  6. El parasitoide se alimenta de la larva de la mosca y al final lo que emerge de la pupa es una avispa.

Resultados

El estudio demostró que colocar un volumen de 80 cc de larvas L3 en el dispositivo de parasitación es óptimo para lograr la mejor calidad de parasitoide, mientras que, si se coloca un mayor volumen 100 cc de larvas aumenta la mortalidad o un menor volumen, 60 cc o 70 cc, no hay diferencias significativas.

Para determinar la calidad de las avispas Morera realizó un análisis multicriterio que incluyó variables como el porcentaje de parasitismo, la fecundidad, el porcentaje de emergencia, la mortalidad, la habilidad de vuelo y la proporción entre machos y hembras. También se validaron correlaciones entre variables como el peso de la larva y la fecundidad que demuestran que el tamaño de la larva del hospedero puede influir en una mejor calidad del parasitoide.

Por su estudio, la Ing. Rossy Morera obtuvo el reconocimiento a la mejor presentación oral en la Primera Conferencia Internacional en Control Biológico: enfoques y aplicaciones organizada por la Sociedad para el Avance del Biocontrol y la Oficina Nacional de Recursos de Insectos Agrícolas de la India que se realizó del 27 al 29 de setiembre en Bengaluru, India.

La profesional y estudiante de maestría recalcó la importancia de ver la producción masiva del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata como un proceso industrial y para ésto es necesario introducir cambios en ciertas variables que produzcan pequeños resultados que contribuyan a afinar el proceso para llevarlo escalas industriales como ya lo hacen otros países del mundo.

Para realizar su investigación Morera contó con acceso a la planta de producción del Programa Nacional de Mosca de la Fruta y con la tutoría de la profesora Dra Helga Blanco Metzler, especialista en manejo integrado de plagas y ecología de insectos de la Escuela de Agronomia de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Mosca de la fruta en CR: un problema de larga data

Las moscas de la fruta han sido por décadas un dolor de cabeza para los productores de frutas en Costa Rica: cas, guayabas, jocotes, mangos y naranjas son algunas de las frutas tropicales que se ven afectadas por la mosca que se ha estudiado en el país desde inicios del siglo XX.

En el país se han aplicado diferentes estrategias para controlar esta plaga que en los años 80 llegó a afectar más del 90% de las especies de frutales de importancia comercial. Una de las más utilizadas es el control biológico que empezó a aplicarse desde los años 70 con la cría masiva de Ceratitis capitata, con el objeto de liberar machos esterilizados, y la producción de parasitoides que cortan el ciclo de reproducción de la mosca.

Katzy O`neal Coto

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UNA: extensión-investigación, gestora de cambios

  • Educación no formal para la vida de los pueblos y hacer realidad la Universidad Necesaria

 

El proyecto Estrategia Integral para disminuir el uso de Plaguicidas en la Agricultura para mejorar la calidad ambiental en Zarcero desarrollado por el Instituto Regional en Estudio de Sustancias Tóxicas,  (IRET), la Escuela de Ciencias Agrarias (ECA) y la División de Educación Rural (DER), desarrolla UNA extensión universitaria comprometida con el encuentro de saberes entre personas agricultoras de la comunidad de Zarcero y los equipos académicos.

Gracias a la generosidad de los agricultores y al compromiso de la aprendiente Kimberly Mejía Alvarado y las Académicas: Martha Acevedo Orozco y Marisol Vidal Castillo fue posible compartir una jornada de trabajo de campo con dos agricultores de Zarcero. Ambos se mostraron muy complacidos al ver personas universitarias cosechando culantro junto con ellos, justo un día antes de tener que viajar a la feria agrícola en Ciudad Quesada.

La jornada fue una valiosa oportunidad para vivir UNA experiencia de extensión-investigación que  anima tertulias colmadas de diálogos espontáneos donde se comparten preguntas gestoras de profunda reflexión y se animan conversaciones fluidas para conocer con mayor detalle las  problemáticas que enfrentan como personas agricultoras y sus familias.

El trabajo conjunto de labranza de la tierra entre agricultores, aprendientes universitarias y co-aprendientes académicas se constituye en una excelente oportunidad para forjar procesos de educación no formal que aportan a la vida de los pueblos y revitalizan la Universidad Necesaria.

 

Colaboración:

Marisol Vidal –Académica UNA

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Los granos y semillas en Costa Rica llevan sello de calidad UCR

  • Universidad cuenta con laboratorio oficial para evaluar la calidad de los granos y semillas que forman parte de la dieta básica de los costarricenses

 

El arroz y los frijoles que los costarricenses cocinan para preparar un buen gallo pinto deben ser de calidad. Por eso, el Centro de Investigación en Granos y Semillas (Cigras) de la UCR se encarga de verificar la calidad de los granos que se comercializan en Costa Rica para asegurar que cumplan con los estándares que se ofrece a los consumidores.

En el Laboratorio de Granos del Cigras, ubicado en la Sede Rodrigo Facio, los expertos se encargan de verificar, a solicitud de empresas y productores, que los principales granos de consumo en Costa Rica: el arroz, los frijoles y el maíz tengan propiedades físicas y culinarias adecuadas antes de llegar a los hogares costarricenses.

Estos análisis son vitales para las compañías que se dedican a la compra o venta de granos, ya que así pueden dar fé de la calidad del producto que venden. Además, los informes que emite este laboratorio les permite resolver disputas a nivel comercial cuando existen lotes que vienen con algún daño, lo cual puede significar una gran pérdida económica para el productor o el comprador.

Salud de los consumidores

En el Laboratorio de Micotoxinas se realizan otro tipo de pruebas que permiten detectar compuestos que podrían afectar la salud humana llamados micotoxinas, que han sido reportadas como sustancias cancerígenas. Éstas son producidas por hongos que crecen en los granos como el arroz, el maíz, los frijoles, el trigo y el maní.

Allí se reciben las muestras que envía el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) de los cargamentos de granos que ingresan por los puertos y las fronteras costarricenses. En caso de que se determinen niveles de contaminación por encima de la norma, el SFE informa al Ministerio de Salud para tomar las medidas del caso y así proteger la salud de los consumidores. También algunas empresas costarricenses que desean garantizar la calidad de su producto solicitan al Cigras este tipo de análisis.

16/07/2014, Centro para Investigaciones en Granos y Semillas,
En el Laboratorio de Granos, se aplican minuciosos análisis principalmente en arroz, frijol y maíz. Del 6 de junio 2017 al 6 de junio 2018 ingresaron 186 muestras de estos granos para ser evaluados.

El consumo de granos contaminados con micotoxinas ha sido relacionado con diferentes tipos de cáncer y directamente con el cáncer de hígado. Por eso, los científicos del Cigras además están desarrollando un diagnóstico a nivel nacional que permita brindar a las autoridades del sector agroalimentario información confiable sobre estas toxinas con el objetivo de proteger la salud de la población costarricense.

Semilla de calidad para los agricultores

Los expertos del Cigras también están detrás de las semillas certificadas de alta calidad que utilizan los agricultores costarricenses. Su papel en determinar la sanidad y el vigor de la semilla es escencial para los productores pues ésto es el primer paso para definir si un cultivo o una actividad agronómica será productiva y rentable.

En el Laboratorio de Semillas del Cigras, que es Laboratorio Oficial de Análisis de Calidad de Semillas para todo el país, verifican que las semillas puedan germinar adecuadamente, mediante análisis físicos y fisiológicos. Además allí se realiza investigación sobre fisiología, almacenamiento y procesamiento de semillas de hortalizas, forestales tropicales, pastos y cereales.

Laboratorio de semillas

Del 6 de junio 2017 al 6 de junio 2018, ingresaron 1635 muestras, lo que equivale a 2690 ensayos. Dentro de lo analizado se encuentran arroz, frijol, hortalizas, forrajes, forestales, y café entre otros.

Más allá de garantizar la calidad de los granos y las semillas, el Cigras también busca contribuir en la mejora genética de plantas de relevancia agronómica para Costa Rica como las plantas ornamentales, el banano, la soya y el arroz para brindar a los productores materiales superiores.

Este centro además colaboró en la elaboración de la Política Nacional de Semillas de Costa Rica que busca potenciar las capacidades que tiene el país de ofrecer y utilizar semillas de calidad. Esta política incluye a los sectores involucrados en la producción de nuevas variedades, conservación de germoplasma, producción de semillas, comercialización, entre otros tanto públicos como privados.

 

Katzy O`neal Coto

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UNA: La Universidad Necesaria no descansa. Viajamos en julio a tierras hermanas de la Abya Yala

La Universidad Necesaria asume el compromiso de aportar trabajo académico que anima diálogos y encuentro de saberes con pueblos ancestrales de la Abya Yala; así como de centros universitarios comprometidos con el logro de sociedades inclusivas y solidarias.

Del 4 al 10 de julio del año en curso, se socializó la producción educativa modular generada en el proyecto Vínculo Interdisciplinario para la Salud Ecosistémica, los libros tejidos en el marco de una docencia innovadora, que articula la investigación, la extensión y producción.

También, se socializó el mensaje educativo que abandera el proyecto “Estrategia Integral para disminuir el uso de plaguicidas en la agricultura y mejorar la calidad ambiental en Zarcero-Alajuela”, a fin de generar prácticas agrícolas saludables que consideran la vida ecosistémica en la Madre Tierra.

El diálogo académico compartido permitió repensar el trabajo forjado desde los recintos universitarios cuando considera el encuentro de saberes tejido desde la vida cotidiana de las comunidades rurales e indígenas y el conocimiento generado desde la acción sustantiva de los centros universitarios de Costa Rica y el estado plurinacional de Bolivia.

En la jornada participaron: Bejarano Pérez Kira María (Docente Escuela La Casona), Berrocal Montero Silvia y Loría Bolaños Rocío académicas de la Escuela de Ciencias Agrarias, Lázaro Ortiz María Victoria, Serrano Calderón Kathia y Novoa Núñez Berny (Director@s de Escuelas Indígenas), Rojas Gómez José, (Director de centro educativo rural), Retana Álvarez Efraín, (Médico CCSS en Talamanca), Reyes Zúñiga Lorena, (Asesora Educativa en territorio indígena), Phillips Rodríguez Eugenie, (Bióloga), Víquez Gómez Rita María, Wendoly Sandoval Umana (docentes en educación primeria) y las personas coordinadoras del trabajo académico; por Bolivia M.Sc, Ramiro Huinac y por Costa Rica, la Dra. Marisol Vidal Castillo-CIDE UNA.

Para la UNA es motivo de satisfacción saber que se compartieron 4 encuentros en sedes universitarias, 3 conversatorios en espacios de vida comunitarios, 1 jornada en el Instituto de Investigación Interdisciplinaria en Cochabamba. 1 jornada con el Vice-Ministro de Educación y su equipo y 3 programas de televisión con Cobertura Nacional en Bolivia, que mostraron el valor que tiene el conocimiento universitario cuando emerge del diálogo de saberes y del caminar con las comunidades rurales e indígenas de la Abya Yala.

Colaboración:

Dra. Marisol Vidal Castillo. Académica CIDE UNA.

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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UCR: El biocarbón o biochar: una alternativa novedosa al tratamiento de los desechos de la piña

  • Este producto, además, promete aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo

 

La producción de biocarbón a partir del rastrojo de la piña es una de las soluciones que la Universidad de Costa Rica (UCR) investiga para ofrecerle al sector piñero nacional una alternativa al manejo adecuado de los desechos de la fruta.

El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la UCR, trabaja en esta iniciativa con la colaboración de la Universidad Autónoma de Barcelona, de España, y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por medio del Servicio Fitosanitario del Estado.

El proyecto se encuentra aún en una etapa de experimentación en el laboratorio y se espera, este mismo año, iniciar los ensayos de campo en una finca en Pital de San Carlos, en la Zona Huetar Norte del país, donde ya ha sido expuesto a un grupo de productores.

Los investigadores Juan Salvador Chin Campillo, químico, y Marta Pérez Villanueva, microbióloga, explicaron que esta idea es muy novedosa para Costa Rica y en el trópico, debido a que no hay antecedentes sobre el uso de la técnica en el cultivo de piña. Asimismo, ampliará la información disponible acerca del comportamiento ambiental de los plaguicidas en el suelo de la región norte del país.

«Nosotros estamos proponiendo la incorporación del carbón a las prácticas agrícolas y prácticas agrícolas adaptadas al uso del carbón. Por eso estamos evaluando el uso de este material, porque se ha mostrado en otros lugares que los plaguicidas responden de diversa manera dependiendo de su naturaleza química», explicaron los científicos.

En Costa Rica hay más de 50 000 hectáreas sembradas de piña. La mitad están ubicadas en la Zona Norte.

El biochar se produce mediante un proceso llamado pirólisis, que consiste en exponer la biomasa a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, para luego ser aplicado al suelo. Es un proceso semejante al que tradicionalmente se ha utilizado en las carboneras.

El CICA investiga el tema desde el 2016. El proceso ha comprendido, en primer lugar, hacer una caracterización química, física y estructural del biocarbón y, en segundo lugar, evaluar en el campo los efectos de este material en el suelo y en el cultivo.

«El carbón se aplica al suelo como enmienda orgánica antes del cultivo. En otros países se han documentado mejoras en la calidad del suelo en cuanto a fertilidad», comentó Chin.

UCR El biocarbon o biochar una alternativa novedosa al tratamiento de los desechos de la pina
Para la producción de biocarbón primero se seca el rastrojo de la piña, luego se hacen pequeñas porciones comprimidas, conocidas como pellets, que pasan por un proceso de pirólisis y finalmente el producto carbonizado se muele (foto Laura Rodríguez). – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

Problemas ambientales

El rastrojo es causante de problemas ambientales, ya que deshacerse de él no es tan sencillo. Es un desecho muy duro y, por ende, tarda mucho en descomponerse. Lo que se acostumbra es hacer una quema química, que consiste en secarlo con un herbicida, y en algunos casos luego le prenden fuego. Posteriormente incorporan esta materia orgánica al suelo con ayuda de maquinaria. Además, los desechos que el cultivo de la piña genera son el hospedero de la mosca del establo (Stomoxys calcitrans), un insecto que se alimenta de la sangre del ganado y ha provocado conflictos con el sector ganadero.

En Costa Rica se producen 8,2 millones de toneladas de rastrojo de piña por año.

Otro de los problemas identificados es que el rastrojo se produce en grandes cantidades y por sus características es muy difícil de tratar. Posee cerca del 85 % de agua, tiene mucha celulosa y las hojas estás cubiertas de una cera que evita que la planta pierda el agua y se seque. Además, otra parte son las «ñongas», como se le llama al tallo de la planta, que también presenta dificultades para su tratamiento.

La propuesta

Para la producción de biochar se necesita un horno para procesar la biomasa. Si este proceso se realiza bajo condiciones controladas, se minimiza la producción de emisiones contaminantes a la atmósfera, afirmaron Chin y Pérez. Para esto, el CICA elaboró un prototipo de esta tecnología.

Los investigadores han evaluado los efectos del biocarbón elaborado a diferentes temperaturas, la cantidad que debe ser adicionada al suelo y los cambios en las características fisioquímicas del suelo.

El estudio también incluye el análisis de los efectos del biocarbón en el ambiente y en el agroecosistema para conocer cómo responden las poblaciones microbiológicas que conviven en el suelo, pues una gran porporción de ellas no son patógenos, sino más bien benéficas y ayudan al cultivo; además de si aporta al crecimiento de las plantas y a la raíz.

«El carbón, por su porosidad, puede ayudar a distribuir mejor el agua en el área de la raíz de la planta, lo que le sirve a esta para mejorar la absorción de nutrientes», expresó Pérez.

Las repercusiones en el uso de los plaguicidas es otro de los aspectos que se desea conocer. Al respecto, los investigadores del CICA explicaron que intentan comprobar si al aplicar el carbón al suelo, la plantación de piña tendrá disponibles más nutrientres, las plantas serán más resistentes al ataque de plagas y enfermedades, y esto provocaría que se apliquen menos fertilizantes y plaguicidas.

 

Patricia Blanco Picado

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

 

Foto de portada, Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR detecta residuos de plaguicidas en fuentes de agua en la Zona Norte

  • Hallazgos son parte del proyecto conjunto entre la UCR y el Servicio Fitosanitario del Estado para fomentar buenas prácticas agrícolas (BPA) en fincas productoras de piña

Frutas y verduras
Estudio realizado tomó muestras en 22 sitios de aguas superficiales (ríos y quebradas) y en 10 sitios de aguas subterráneas (pozos y nacientes). Los muestreos en aguas superficiales se realizaron durante los años 2015, 2016 y 2017 tres veces al año, en las épocas seca, lluviosa y de transición. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

El Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de piña en la Zona Norte, ejecutado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), encontró presencia de plaguicidas en algunas fuentes de agua de los distritos de Pital, Aguas Zarcas y Venecia de San Carlos, y el cantón de Río Cuarto.

Como parte del estudio, se tomaron muestras en 22 sitios de aguas superficiales (ríos y quebradas) y en 10 sitios de aguas subterráneas (pozos y nacientes), ubicados en dichas localidades. Los muestreos en aguas superficiales se realizaron durante los años 2015, 2016 y 2017 tres veces al año, en las épocas seca, lluviosa y de transición. Mientras que los muestreos en aguas subterráneas se realizaron durante el 2015, 2016 e inicios del 2017.

A partir del primer año de análisis de muestras, se observaron tendencias sobre la presencia de trazas (cantidades minúsculas) de ingredientes activos de bromacil detectados en algunos pozos y nacientes de varias Asadas que fueron muestreadas, previo al tratamiento del agua para consumo, lo que llevó a los investigadores del CICA a informar a las autoridades competentes.

"La investigación que se realiza en la Universidad de Costa Rica y particularmente ésta es una investigación que se financia con fondos públicos y por lo tanto estamos en la obligación de brindar resultados a la sociedad costarricense", reconoció el Dr. Fernando Santamaría, Vicerrector de Investigación de la UCR.
«La investigación que se realiza en la Universidad de Costa Rica y particularmente ésta es una investigación que se financia con fondos públicos y por lo tanto estamos en la obligación de brindar resultados a la sociedad costarricense», reconoció el Dr. Fernando Santamaría, Vicerrector de Investigación de la UCR.

Los científicos sostienen que las concentraciones de ingredientes activos encontradas son bajas según los niveles establecidos por entidades internacionales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. No obstante, en algunos casos, dichas concentraciones sobrepasan los parámetros de calidad para residuos de plaguicidas establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable que rige en Costa Rica actualmente.

En el caso de aguas superficiales el bromacil, la ametrina y el diurón, herbicidas utilizados para el cultivo de la piña, fueron los plaguicidas más frecuentemente detectados y cuantificados en muestras de ríos y quebradas durante el desarrollo del proyecto. El bromacil fue prohibido por el Gobierno para su importación a partir del 24 de mayo del 2017 y para su uso a partir de noviembre del mismo año. También se detectaron en menor medida otros plaguicidas como metalaxil, carbendazím y hexazinona.

El jueves 18 de junio de 2018, en la Facultad de Ciencias Sociales se presentaron hallazgos del proyecto conjunto entre el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA-UCR) y del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para fomentar buenas prácticas agrícolas (BPA) en fincas productoras de piña.
El jueves 18 de junio de 2018, en la Facultad de Ciencias Sociales se presentaron hallazgos del proyecto conjunto entre el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA-UCR) y del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para fomentar buenas prácticas agrícolas (BPA) en fincas productoras de piña.

LEA TAMBIÉN: UCR advirtió presencia de plaguicida usado en piña en Humedal Térraba-Sierpe 2017

Cabe destacar que, actualmente, en Costa Rica las concentraciones residuales de estas sustancias en aguas superficiales no se encuentran reguladas de acuerdo con el reglamento vigente 33601-MINAE-5. Al respecto, el investigador Greivin Pérez expresó: “Este proyecto servirá como linea base para que las autoridades competentes puedan actualizar la regulación nacional en materia de valores máximos permitidos de plaguicidas por medio de futuras investigaciones que complementen la actual”.

El proyecto, además, incluyó análisis físicoquímicos y microbiológicos de muestras tomadas en ríos y quebradas, que permitieron detectar, en algunos casos, contaminación por coliformes fecales. Adicionalmente, se tomaron muestras de sedimentos y de piña que fueron analizados con tecnología de punta en el laboratorio del CICA. En las frutas ninguno de los valores de plaguicidas detectados superó los límites máximos de residuos permitidos en piña.

El CICA cuenta con ensayos acreditados y equipo de alta tecnología para la detección y análisis de residuos de plaguicidas mediante técnicas de cromatografía de líquidos y cromatografía de gases, acoplados a espectometría de masas, lo cual permitió detectar trazas en las muestras de agua analizadas.

UCR detecta residuos de plaguicidas en fuentes de agua en la Zona Norte4
El vicerrector de Investigación, Fernando Santamaría y dos investigadores del CICA, Laura Brenes y Greivin Pérez presentaron los principales resultados de los análisis realizados en la Zona Norte. Brenes recalcó que el proyecto incluye además el trabajo con productores piñeros para mejorar sus prácticas agrícolas en el uso de plaguicidas.

La Universidad de Costa Rica, a través del CICA, recomendó en abril del 2017 al Servicio Fitosanitario del Estado discutir urgentemente los resultados preliminares de este estudio con las autoridades nacionales responsablesdel Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Acueductos y Alcantarillados (AyA) con el fin de que se tomen las medidas regulatorias correspondientes. Recomendaron que la atención esté centrada no soloo en los residuos de plaguicidas sino también en otros potenciales riesgos de origen microbiológico y físicoquímicos.

ADEMÁS: Investigadores de diferentes centros e institutos de la UCR aportan conocimientos y nuevas alternativas para reducir el uso de pesticidas y plaguicidas

Como parte del proyecto “Caracterización de la prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña para la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA)”, actualmente, el CICA está realizando capacitaciones y campañas informativas con los productores de de la Zona Norte donde operan más de 150 fincas productoras de piña para la reducción en el uso de agroquímicos y procurar su manejo apropiado en este cultivo.

UCR detecta residuos de plaguicidas en fuentes de agua en la Zona Norte5
El investigador Greivin Pérez del CICA explicó los resultados obtenidos durante los años 2015, 2016 y 2017 donde se detectó la presencia de Bromacil en aguas subterráneas.

Katzy O`neal Coto

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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¿Protección o defensa del agro?

Dr. Carlos Pomareda (*)

 

Defensa comercial no es lo mismo que proteccionismo, aunque mucha gente cree eso o utiliza la frase con fines politiqueros o, peor aún, con mala fe. Hay quienes tratan de dar la impresión de que proteger es elevar los aranceles (tomado de los libros de texto) y argumentan que quienes pierden con eso son los consumidores.

El anuncio hecho por parte del Ministro de Agricultura de que se protegerá a la agricultura nacional, ha despertado irritación de parte de quienes están acostumbrados a ir por la libre en las prácticas comerciales internacionales, a la vista y paciencia de entidades con presunta responsabilidad en este campo y que no la cumplen.

Esta irresponsabilidad surge por la tolerancia a importaciones de productos mal etiquetados; por falta de vigilancia aduanera, que permite que ingresen unos productos con el nombre de otros parecidos, pero que pagan menos aranceles; por importaciones por parte de empresas que no cumplen las normas de disponer de facilidades para el comercio de acuerdo a los establecido; por prácticas que pueden ser de dumping pero que no son valoradas; por prácticas monopólicas encubiertas, y muchas más razones. Cambiar la actual praxis del comercio implica, como se dice en sencillo, tocarle los huevos al águila.

El país puede mantener sus tratados comerciales; pero no se debe aceptar de que con el cuento del libre comercio y la desgravación gradual, se actúe a río revuelto. El cambio en la praxis del comercio internacional es indispensable. Este cambio requiere una alianza por la agricultura, la agroindustria y la alimentación, en la que deben participar con energía el MAG, COMEX, el MEIC, Hacienda y la Comisión para promover la Competencia y la Defensoría del Consumidor.

Rectificar el verbo es muy importante, para aclarar que no se trata de volver al proteccionismo; pero también es necesario que el mensaje sea claramente entendido, tanto por los productores, para no crear falsas expectativas; así como por el resto de la sociedad, para no alarmarse por lo que no es.

 

(*) Ingeniero agrícola, Doctor en economía agrícola, consultor nacional e internacional, autor.

 

Foto del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Enviado por Fabiola Pomareda.

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