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Etiqueta: agricultura

Acerca del acuerdo arrocero y la permanencia de los productores de arroz

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

German Masís

Un grupo de 66 personas integrado por especialistas en economía y políticas públicas, pidieron el jueves anterior al presidente de la República, Carlos Alvarado, reconsiderar el acuerdo al que llegó el Gobierno con los arroceros.

Una primera percepción del comunicado de los especialistas, es que se utilizan argumentos de liberalización y eficiencia económica similares a los que utilizaban en el lejano 1986 las autoridades del Gobierno de aquel momento, para exponer sus razonamientos acerca del imperativo de eliminar los precios subsidiados de los granos, restringir la participación del Estado y recomendar a los productores reconvertirse hacia cultivos no tradicionales de exportación.

Al final las políticas de cambio se impusieron, porque era más barato importar el maíz y más de 40 mil productores de la zona Atlántica dejaron de producirlo, incursionaron sin apoyo primero en cacao y después en raíces y tubérculos y finalmente se constituyeron en mano de obra de las empresas piñeras, que hoy ocupan las tierras antes dedicadas a la producción de maíz.

Pese a que la petición indicada está referida plenamente a la actividad arrocera, el documento no profundiza en la evolución de la producción nacional de arroz y sobre cuáles son las razones para que en la actualidad ésta actividad esté dominada por los consorcios arroceros quienes reciben los mayores beneficios y que en la fase de producción permanezcan los pequeños productores de recursos limitados que obtienen una baja productividad.

Al respecto es bueno mencionar que la estructura productiva de la actividad arrocera se modificó en las últimas décadas, en buena medida como resultado de las políticas establecidas en las décadas de los 80 y 90 dirigidas a desestimular la producción de granos, desmantelar el esquema estatal de apoyo a esa actividad y eliminar las licencias de importación.

Como resultado de esas políticas, los productores han venido desapareciendo progresivamente, sobre todo los medianos y grandes productores que se han trasladado a actividades más rentables como la producción de caña, melón y sandía, permaneciendo un grupo de alrededor de 500 pequeños productores que han decidido permanecer en la producción de arroz por su compromiso con la producción alimentaria del país.

Otros actores en la actividad han sido las empresas agro-industrializadoras del arroz, que con la salida de las plantas procesadoras de granos del CNP, asumieron plenamente el procesamiento del grano que es la fase que más valor genera, se han retirado de la fase de producción y han tendido a concentrar en unas pocas empresas el proceso agroindustrial de acopio, la transformación y distribución del producto terminado con diversas marcas y calidades.  De más de 12 empresas arroceras que había en la década de los 90, por la tendencia del capital hacia la concentración de las actividades, el negocio arrocero se encuentra hoy en manos de 3 o 4 consorcios agroindustriales(arroceras).

Mientras el otro gran actor de la actividad arrocera, son las empresas importadoras surgidas en la década de los 90, que por lo general importan alrededor de un 60% del arroz a precios más bajos al producido a nivel local y lo hacen según las restricciones del abastecimiento nacional, pero sabemos cuánto influyen las importaciones baratas en los precios finales al consumidor?

Finalmente, surge el actor adicional en la actividad, la Corporación Arrocera Nacional, surgido en la década de los 90 con el propósito de apoyar a los productores nacionales, regular la relación con las arroceras y con los importadores del producto.  CONARROZ ha debido cumplir su labor de apoyo a los productores, en medio del proceso de concentración de la actividad arrocera en grandes procesadoras e importadores, pero se podrían haber mantenido los productores agrícolas de arroz pilado, si ésta no organización no hubiera existido?, seguramente que no, pero ese fue el espíritu de la ley de creación de la corporación apoyar al productor nacional.

En esa perspectiva se ubica el acuerdo a que llegaron recientemente las Autoridades gubernamentales y los diferentes actores de la actividad arrocera, cuyos aspectos específicos son los siguientes:

1.mantener el mecanismo de regulación del precio porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, un precio del arroz relativamente estable.

2.mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que el productor pueda continuar en la actividad, ya que de efectuarse la liberalización del precio se desmantelaría la estructura productiva existente.

3.mantener la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo y las importaciones necesarias.

4.mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, es esencial para mantener la producción nacional, muchos países tienen aranceles para proteger su producción más sensible y estratégica (como Estados Unidos con su millonario programa de subsidios Farm Bill y China con su programa de protección de la producción de arroz).

5.el impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera. (Alterdescr.com, agosto-2020)

Un aspecto adicional al acuerdo, es que se fijó un plazo de tres meses para establecer una ruta para proteger y fortalecer al sector, con el fin de afrontar la desgravación del precio del arroz que ocurrirá en 2024 en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

No obstante, según el mencionado documento, todos los elementos señalados son prácticas anticompetitivas, por lo que proponen “eliminar la fijación de precios mínimos y el arancel a las importaciones y abrir el mercado arrocero” (CrHoy.com,11-9-2020), con lo que consecuentemente deben desaparecer CONARROZ, los productores y presuntamente las arroceras, quienes si podrían trasladarse a otra actividad.

Frente a la perspectiva de liberalización, sabemos que los mercados agrícolas en el mundo, no son abiertos y de libre competencia, son fundamentalmente de excedentes y en ellos operan una serie de mediaciones comerciales, políticas y hasta culturales, que definen el mercado de productos agroalimentarios y también conocemos los riesgos de la dependencia de las importaciones, debido a la volatilidad de los precios agrícolas como ocurrió durante la crisis alimentaria del 2007-8.

Al respecto, el Ministro de Agricultura ha manifestado que “aquí no es un concepto de precio para favorecer al consumidor. También es un análisis de factores estructurales que tiene que ver con políticas públicas en términos de lo que queremos como país: si queremos producir alimentos agrícolas; o si queremos ser como Singapur, donde todo se importa, lo único que tenemos que hacer es importarlo todo sin tener una respuesta hoy a los productores agrícolas que tienen que hacer una transformación sustantiva para ser más eficientes”.

«Si hay que importarlo todo, no solo pasaría con el arroz, sino que iríamos caminando en la desaparición de todos los sectores agrícolas. Podríamos pensar en eliminar productores de frijol que quedan pocos y solo el 20% del frijol que se consume se produce en el país…, sectores de papa y cebolla porque en Holanda la producen más barata”, añadió.(ElPaís.cr,12-9-2020)

Entre los elementos que sustentan la petición de los especialistas, se encuentra la recomendación del informe de la OCDE, que dice que “el 70% de los costarricenses consume arroz y que la regulación estatal sobre el producto tiene un efecto regresivo, en el cual salen perjudicadas las familias de menos ingresos. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre este argumento, es oportuno valorar que una pretendida liberalización del precio no garantizaría que la población de menores recursos pueda acceder a las presentaciones de arroz de mayor precio y que el arroz de consumo popular (calidad 70-30) es el que se incluye regularmente en la canasta básica alimentaria al igual que el que se utiliza en los comedores escolares.

De ahí que, coincidimos con la posición de CONARROZ que “la regulación del precio ha sido beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado el cual ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable”.

Otro aspecto presente en el comunicado es el que afirma que “no se justifica atrasar las reformas al sectorporque con ello ganan losoligopolios grandes”, pero ¿existe una real preocupación sobre el papel de las grandes empresas agroindustriales e importadoras?

La presencia y predominio de éstas parece consustancial al desarrollo del capital en las actividades agrícolas, así en actividades como la producción y comercio de frijol prevalecen 4 o 5 empacadoras grandes que controlan la producción, las importaciones y definen el precio de todas las presentaciones del producto final que llega a los consumidores.

Este poder concentrador y oligopólico de unas pocas empresas, se manifiesta hasta en el comercio interno de frutas y hortalizas, pues se ha mencionado que el CENADA es manejado por unos pocos grandes comerciantes que controlan el comercio y el precio de los diferentes productos.

Al respecto el diputado Welmer Ramos ha dicho que la “mayor desgracia” está en la producción y comercialización de hortalizas y frutas que están dominadas por unos pocos “tagarotes”, y que la diferencia con actividades como leche, café o caña de azúcar, es porque en ellas ha habido un acuerdo de producción y comercialización y una entidad que garantiza la participación justa de todos los actores. (alterdescr.com, agosto 2020)

Finalmente, el otro elemento mencionado en el documento es que “para apoyar a los pequeños y medianos productores, es necesario transformar los programas establecidos en un programa de reconversión agrícola, que incluya la posibilidad de ser más eficientes en arroz o de moverse a otras actividades”. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre un posible programa de reconversión agrícola, el Ministro de Agricultura respondió “que no es sencillo. Para emigrar a otros cultivos agrícolas, afirma que se deben tomar en cuenta factores de conocimiento, suelos y microclimas”.

Además, es oportuno mencionar que en los años 2009 y 2010, las unidades de producción arrocera lograron mejorar su productividad como resultado del apoyo del Plan Nacional de Alimentos, que impulsó el Gobierno Arias Sánchez debido al aumento de los precios y el desabastecimiento mundial de alimentos.   En esa ocasión los productores de arroz y frijol lograron elevar sus rendimientos mediante la incorporación de semillas mejoradas, insumos y tecnología apropiada y prácticas postcosecha, como lo pretende efectuar ahora CONARROZ con este acuerdo.

Adicionalmente el documento agrega que “es probable que sea necesario subsidiar de manera temporala algunos productores de bajos ingresos. Debería ser un programa de asistencia social, para el cual existen los recursos”.   Contrariamente desde hace muchos años, se ha afirmado que el apoyo a los productores debe ser objeto de la política productiva para que se integren a la producción y al mercado en mejores condiciones y no de la política social, como parte de la población pobre excluida de la actividad productiva.

En ese sentido el Ministro de Agricultura ha expresado que “nos compete garantizar la productividad, producción, empleo, mano de obra y repartición de la riqueza en las zonas rurales que es donde más deprimida está” y añadió que se trabaja en que los agricultores participen más de la venta de sus productos en mercados digitales y espacios territoriales, con el fin de que eviten transitar largas distancias para comercializar el grano. (ElPaís.cr, 12-9-2020)

El desarrollo de actividad arrocera, no responde nada más al factor precio, la participación de los pequeños productores y de las organizaciones que los apoyan también importan, así como la producción nacional y la soberanía alimentaria.  El Estado ha venido apoyando la actividad con semillas mejoradas, riego y sistemas productivas más sostenibles para que la producción nacional de arroz, las semillas mejoradas de arroz y el sistema productivo se mantenga y no desaparezca. 

El Ministro de Agricultura ha dicho, “hay muchos productores que por vocación se quedan en la producción. La producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”.

En las circunstancias actuales de pandemia, es fundamental apoyar la producción nacional de alimentos y evitar que los productores desaparezcan, queden desempleados, pierdan sus recursos y pasen a formar parte de la población en pobreza y desigualdad.

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Que la crisis del Covid-19 no se convierta en una crisis alimentaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

German Masís

La CEPAL y Oficina Regional de la FAO han hecho un llamado a los países latinoamericanos y del Caribe para evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria.

Estos organismos han presentado un análisis acerca de las vulnerabilidades socioeconómicas y alimentarias de los países y de las medidas aplicadas por éstos para atenuarlas, a la vez que han recomendado la adopción de un conjunto medidas urgentes para evitar la crisis y fortalecer la lucha contra el hambre.

Se considera que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor vulnerabilidad (FAO, Boletín junio, 2020).

En el caso de Costa Rica, es posible establecer algunas vulnerabilidades ligadas al sistema de distribución de alimentos, a los trabajadores que participan en el sistema, además de vulnerabilidades ligadas a la condición socioeconómica de la población.

Tomando como punto de partida que el país ha mantenido funcionado sus mercados con relativa normalidad y de que los riesgos de desabastecimiento alimentario han sido limitados, se puede establecer que se han presentado algunas interrupciones en la operación de las cadenas internas de comercio y también en la cadena regional, con el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para el transporte de carga.

En el ámbito de los trabajadores vinculados a los sistemas alimentarios, se indica que dado que la agricultura es intensiva en mano de obra (este sector involucra un 11,7% de la población ocupada), frente al COVID-19, los trabajadores de todos los eslabones de la cadena están expuestos desde el punto de vista tanto físico como económico.

En las empresas productoras y exportadoras de alimentos en sus fases de transformación y empaque como ocurrió en la zona norte, el riesgo de contagio aumenta por la mayor proximidad física entre personas requerida para llevar a cabo las actividades y la necesidad de trabajar in situ.

Los trabajadores de los mercados mayoristas y minoristas (ferias, mercados y supermercados) siguen trabajando en una situación de alto riesgo de contagio y sus sueldos no compensan ese mayor riesgo y, en el caso de los repartidores de comida a domicilio, los ingresos también son bajos y la informalidad es elevada.

Mientras tanto, en la producción agrícola familiar y de pequeñas fincas, los trabajadores requieren un nivel de proximidad física con otras personas para llevar a cabo sus tareas; dichas tareas asociadas no pueden realizarse de forma remota y por ello los trabajadores siguen circulando e interactuando entre sí, incluso en los periodos de fuerte confinamiento.

Durante la pandemia, han ingresado a todas las ciudades de la Gran Área Metropolitana y centros poblados de las demás regiones, camiones con alimentos producidos por miles de agricultores y pescadores artesanales, que llegan finalmente a las mesas de los consumidores costarricenses.

Ellos se podrían haber refugiado en sus casas para evitar el contagio, pero optaron por no detener su actividad.  Es paradójico que la inseguridad alimentaria y la pobreza estén presentes en la gran mayoría de los hogares de estos agricultores, que no tienen derecho a la seguridad social, vacaciones o acceso a servicios de salud, además de que los trabajadores agrícolas presentan altos niveles de informalidad y sus ingresos son inferiores al promedio del empleo no calificado.

Con respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas, teniendo en cuenta que la línea de pobreza extrema se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos, las personas que se encuentran por debajo de esta línea no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los costos básicos de alimentación.  Esto significa que la caída económica pronosticada para este año (un 3.6%) repercutiría directamente en la seguridad alimentaria de miles de personas y que el hambre se deriva de la pobreza (en particular, de la pobreza extrema).

Esto indica que el nivel de pobreza del país que asciende al 21%, involucrando a 336.845 hogares y la pobreza extrema que representa un 5.8% y 93.542 hogares (INEC,2019), podrían aumentar, si se cumple el pronóstico de la CEPAL de que debido a la pandemia la pobreza en Costa Rica podría tener un crecimiento de 3 puntos porcentuales, es decir alcanzaría el 24% como mínimo.

En el país, la pobreza y la pobreza extrema han tendido a ser más elevadas en las zonas rurales, pero también la informalidad del empleo y el bajo acceso a redes de protección social, lo que genera una situación de gran vulnerabilidad. De manera que si la pobreza es del 24.2% en las zonas rurales (19.8% en las zonas urbanas), con los mayores niveles en las zonas Brunca y Pacífico Central, con el 30.3% y 29.8% respectivamente, el deterioro de la pobreza podría ser aún mayor en ellas y el efecto sobre la inseguridad alimentaria también.

La incidencia de la pobreza no solo es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, sino también entre niños, adolescentes y jóvenes; indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas con niveles educacionales más bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

La pobreza rural se ha asociado tradicionalmente con la existencia de un gran contingente de pequeños productores agrícolas de baja productividad, con poca tierra y de baja calidad, y acceso limitado a bienes públicos.

Según la información de las organizaciones agrícolas, se estima que este sector se compone de entre 78 mil y 90 mil productores, a las que hay que agregar alrededor de 10 mil pescadores artesanales que son los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. La agricultura familiar representa, más de 50 mil pequeñas fincas y el 55% de las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria (Red Agricultura Familiar, 2017).   Los trabajadores agrícolas por cuenta propia y sus familiares no remunerados, en su mayoría agricultores familiares, tienen el nivel más bajo de ingresos de las diferentes categorías de inserción laboral en las zonas rurales.

Estas unidades de producción familiar, aportan, el 85% de la producción nacional de frijol, el 80% de la cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55% de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente de empleo e ingresos de la población rural. (Masís, G.2018, p.229).

La FAO y la CEPAL han realizado un registro de las medidas de política aplicadas por los Gobiernos para enfrentar la emergencia en el sector alimentario y en los territorios rurales de la región (FAO/CEPAL, 2020). Entre dichas medidas, se destacan:

La implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales para estabilizar la economía y apoyar a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, de modo que se asegure la disponibilidad de alimentos. Las medidas incluyen refinanciamiento, reducción o postergación de pagos, disminución de impuestos, flexibilización de contratos y aplicación de subsidios.

En nuestro país, se aprobaron medidas para que los bancos de brindarán una amnistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores (Alterdes, cr,2020), medidas que ahora se solicita prorrogar por 3 meses adicionales.

El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) efectuó una condonación de obligaciones financieras de primer piso que mantienen con esa entidad para 2.705 microproductores y pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas del país

Por su parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) otorgó una Moratoria en el pago de capital e intereses por hasta 6 meses en créditos con recursos del SBD para empresas con grave afectación económica y un período de gracia de hasta 12 meses en el pago de capital de operaciones financiadas con recursos del SBD para empresas con mediana afectación económica.  También brinda refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del SBD para capital de trabajo de emergencia y fondos no reembolsables para 200 pequeñas y medianas empresas (pymes). (FAO, Boletín, 2020)

A nivel institucional se ha dado la creación de equipos de trabajo del Sector Agropecuario para superar la emergencia, compuestos por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural y otros organismos como el PIMA, el SENARA, la FAO, el (IICA) y el banco de alimentos.

En la adaptación de la logística de las cadenas de suministro y para que la agricultura siga funcionando han sido importantes las siguientes medidas: la adopción de nuevos protocolos sanitarios; la capacitación de la fuerza de trabajo, el ajuste del nivel de funcionamiento en las plantas agroindustriales, la reprogramación de siembras y cambios en la elección de rubros productivos, entre otras. Estas medidas han sido dirigidas a todo tipo de empresas, incluidas las fincas de la agricultura familiar.

También ha sido importante la articulación de los actores en redes y el fomento del comercio digital y otras opciones de circuitos cortos de comercio. En este sentido, se han establecido mercados virtuales institucionales en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto Nacional de Aprendizaje) INA), así como mercados virtuales locales en Pérez Zeledón y la zona de los Santos.

En el reforzamiento de los programas de seguridad alimentaria estatales con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, se ha mantenido el programa de comedores escolares, mediante la distribución directa de bolsas de alimentos dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, a la que se han efectuado 5 entregas de alimentos.

Ligado a la distribución de alimentos a los comedores escolares, es necesario mencionar la labor del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que ha organizado la compra, acopio y envío de las bolsas de alimentos a las escuelas y comunidades.

Frente a la fuerte caída de la economía, los ingresos y las remesas, y al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos, la CEPAL y la FAO han propuesto un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.

La CEPAL y la FAO proponen un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema., como complemento al ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL (CEPAL,2020).

En Costa Rica, el bono Proteger establecido para apoyar a los trabajadores desempleados o que han visto reducida sus jornadas e ingresos y que ha cubierto alrededor de 530 mil personas durante 3 meses, puede asimilarse al ingreso básico de emergencia propuesto. Este bono pretende ampliarse por 3 meses adicionales e incluir a una población mayor cercana a las 900 mil personas, pero en la actualidad depende de la obtención de financiamiento extraordinario por parte del Gobierno.

Para otorgar liquidez a las empresas agropecuarias se proponen dos medidas complementarias: i) créditos blandos a empresas del sector productivo agrícola que operan en condiciones críticas y ii) bonos de inversión productiva para aumentar la inversión productiva en las fincas de los agricultores más rezagados mediante un bono de 250 dólares por explotación, entregado una sola vez, para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos.

Entre otras medidas mencionadas, es importante destacar la de expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.   Esta medida es crucial para los hogares de los agricultores familiares de subsistencia ante la disminución de sus ingresos no agrícolas, que en muchos casos representan más de la mitad de su ingreso total. (FAO, Boletín,2020).

La pandemia y el riesgo inminente de una crisis alimentaria recuerdan la importancia crucial de la agricultura y los sistemas alimentarios.  La agricultura es una de las pocas actividades imprescindibles, así como son imprescindibles los bienes que produce.

La pandemia obliga a reforzar la resiliencia y la inclusión social y a no olvidar los objetivos de una agricultura más sostenible y las prácticas de adecuación al cambio climático.  La sostenibilidad ambiental de la agricultura y los sistemas alimentarios y la integración entre la agricultura y la biodiversidad, son demandas de la sociedad que cobrarán más fuerza.

En una crisis sanitaria se valora más la calidad de los alimentos, la inocuidad, la trazabilidad, las certificaciones de calidad y los atributos ambientales, sociales o culturales. Los consumidores acelerarán el cambio de sus preferencias hacia alimentos sanos, saludables y con identidad.

Durante la pandemia, se ha establecido el comercio digital, este es el nuevo concepto de cadena corta de comercio.  Se va a acelerar el surgimiento de oportunidades para la digitalización de la agricultura y con ello se incrementará la influencia de los consumidores en la definición de los modelos productivos y de los bienes generados por la agricultura.  La digitalización será un gran desafío para la agricultura familiar y los pescadores artesanales, pues implica un modelo de negocio diferente de aquel al que están acostumbrados.

Con la emergencia se ha hecho evidente que se requiere de un Estado e instituciones públicas agroalimentarias y rurales fortalecidas, con mayores y mejores capacidades, circunstancia que ha vuelto a señalar la urgencia de la renovación de la institucionalidad pública agrícola, alimentaria y rural del país.

El futuro de los sistemas agroalimentarios en América Latina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

El Banco Interamericano de Desarrollo y su División de Medio Ambiente y Desarrollo Rural organizó el 15 de este mes, el webinar: “El Futuro de los Sistemas Agroalimentarios y la Transformación del Sector Rural”, con la participación de Carolina Trivelli del Instituto de Estudios Peruanos, de Juan Lucas Restrepo de la Alianza de Biodiversidad internacional y el CIAT y Julio Berdegué, Representante de la FAO para América Latina.

La especialista Trivelli expuso sobre la transformación rural en América Latina y el Caribe, señalando el espacio y el rol de la agricultura, la alimentación y lo rural en el futuro de la región.

En esa dirección afirmó que la agricultura, los sistemas alimentarios y el mundo rural enriquecen a nuestra región en muchas dimensiones y que tienen funciones centrales e insustituibles en la construcción del desarrollo sostenible.

También dijo que el reposicionamiento cultural, social y político de lo rural en el desarrollo y el futuro latinoamericano, es condición necesaria para que existan estrategias de transformación rural, además de que la agricultura, los sistemas alimentarios y el mundo rural tienen que ser más resilientes y ambientalmente sostenibles.

Mencionó que hay una crisis innegable de malnutrición en el planeta y que América Latina y el Caribe tiene condiciones extraordinarias para ser un actor central de la solución de esta crisis alimentaria y que la región con su enorme diversidad agroecológica puede ser un proveedor privilegiado de alimentos saludables para el mundo, provenientes de nuestra agricultura, ganadería y pesca, y de nuestros procesadores de alimentos.

Asimismo estableció, que desde hace décadas la región viene diversificando sus economías rurales, sin embargo, las políticas públicas siguen casi exclusivamente orientadas a la producción silvoagropecuaria, pesquera y minera, por lo que debemos pensar en desarrollar nuevos motores de desarrollo basados en el mundo rural: como el turismo, las energías renovables, los servicios ambientales y ramas de la bioeconomía que requieren más innovación y valor agregado.

Trivelli apuntó que la transformación rural en la dirección del desarrollo sostenible, simple y sencillamente no es posible en ausencia de un formidable esfuerzo de innovación y esta no es posible sin un aumento en la inversión pública en ciencia y tecnología.

Así mismo, cuestionó en relación a la transformación rural, si continuamos en una senda que se basa principalmente en la asistencia social o si se llega a un acuerdo de inclusión social para dar una real oportunidad a esos sectores sociales de la agricultura familiar y el medio rural de construir medios de vida que les permitan crear o acceder a empleos que generen un incremento en sus ingresos y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Además, recordó que el mundo rural carga con desigualdades estructurales profundamente enraizadas en nuestra historia: la concentración de la tierra y las desigualdades étnica, de género, y territorial, son innegables y condicionan el acceso a todo tipo de activos, bienes y servicios públicos, adicionalmente a los efectos de la pobreza, por lo que es fundamental establecer qué lugar tiene en la estrategia de transformación rural, la superación de las desigualdades estructurales.

El Especialista Restrepo desarrolló el tema El Rol de la Tecnología en el futuro de los Sistemas agroalimentarios y definió como aspectos centrales, que es necesario transformar y rebalancear los sistemas agroalimentarios.

Afirmó que hay en todos los países, una acción frente al clima que determina las tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles y que el esfuerzo hacia el mejoramiento de los sistemas agroalimentarios debe tener un enfoque territorial y hacia cadenas de valor específicas.

También dijo que es necesario entender el entorno alimentario en los países, así como la participación y las necesidades del consumidor para obtener una alimentación sana.

Además indicó que con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la inclusión digital es fundamental, dirigida a validar y ajustar las opciones tecnológicas con los agricultores y que es necesario valorar los paisajes multifuncionales y recomponer aquellos los paisajes agrícolas que han sido intervenidos y modificados.

Finalmente señaló que es clave apoyar a los tomadores de decisiones con información sobre la biodiversidad de los sistemas y la posibilidad de disponer de un índice de agrodiversidad.

El Especialista Berdegué, expuso sobre una Institucionalidad para la Transformación rural, donde mencionó que con frecuencia observamos fallas y carencias de las políticas agrícolas en los países y nos preguntamos por qué se mantienen esas políticas y concluimos que es por una cierta aceptación de la institucionalidad y de los mismos actores, a la vez que cuestionó que ningún sector en ningún país de la región, puede reconocer que la institucionalidad que tenemos, es la que necesitamos hoy, y, menos aún, mañana.

Argumentó que la institucionalidad pública en la agricultura, los sistemas alimentarios y el mundo rurales emergió en las décadas anteriores y es un entramado institucional muy incompleto, ineficiente y crecientemente incompetente para conducir las decisiones públicas, privadas y sociales requeridas para la transformación rural.

Berdegué estableció que la disyuntiva de construir nuevos arreglos institucionales para la transformación rural, o de seguir parchando lo que tenemos como básicamente hacemos ahora, se expresa en muchas y muy diversas preguntas sobre el desarrollo agrícola y rural para las que no tenemos respuestas y que las decisiones que se tomen sobre las reformas institucionales, determinarán en buena medida la posibilidad, el sentido y los resultados de la transformación rural.

Por su parte, esbozó que el cambio institucional está expresado en varias dimensiones: en la revaloración de lo social y de lo rural, en la reforma de los Ministerios que dirigen el sector agropecuario y rural, en la existencia de estrategias y políticas territoriales efectivas y en promover la gobernanza y gobernabilidad de las instituciones.

Finalmente, confirmó que es en la situación actual frente al Covid y los problemas sanitarios, de desempleo, pobreza y búsqueda de soluciones para la reactivación productiva y económica de las áreas rurales, donde es más necesario el cambio institucional.

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

Ficciones ticas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Ricardo Quirós Z, comunicador social

Ficción #1: la excepcionalidad tica

No deja de generar cierto asombro el revuelo con el que la gente se ha tomado el incremento sostenido de los casos de coronavirus en la última semana. Sin duda, hasta ahora la atención a la pandemia desplegada por las instituciones de salud pública (si del Estado benefactor tan ninguneado) y liderada con excepcional paciencia y destreza por el ministro Daniel Salas ha logrado contener y mantener bajo control la diseminación de la pandemia durante estos 3 meses.

Lamentablemente es tiempo de poner los pies en la tierra y entender que estamos en una pandemia, un problema de magnitud global; si países desarrollados con sistemas de salud robustos y políticas de atención social integrales han sufrido el embate del Covid 19, ¿qué nos hace pensar que estamos exentos de ese doloroso tránsito?

A pesar del ministro Salas, la Virgen de los Ángeles y el incansable esfuerzo del sector salud, el país tarde o temprano alcanzará un incremento exponencial de los casos y con cifras dolorosas que nadie quiere ver. Hemos ganado un tiempo valioso que nos permitió prepararnos mejor, pero el asunto apenas comienza. Pareciera que como sociedad apelamos a la ficción para salvarnos, como que seguimos esperando ese gol de último minuto que muchas veces nos da la clasificación.

Lo cierto es que la realidad, es decir, la ciencia y la estadística nos dicen otra cosa, datos que nos asustan, que nos hacen entrar en negación y voltear la cara a otro lado. Al final, se terminará sacrificando al ministro estrella; entonces diremos que “por dejar que las cosas salieran de control” y como otros funcionarios públicos destacados, terminará en el paredón de la opinión pública, azuzada por los intereses electoreros de ciertos políticos en campaña tempranera.

Ficción #2: Los nicas: el origen del todo mal

Ahora que las cosas empeoran, que mejor manera de evadir la realidad que culpar al otro, al de afuera, es decir a los nicas, que en el imaginario tico son el origen de todo mal y desgracia que afecta al país. Y entonces aflora la xenofobia histórica en sus más grotescas expresiones: “que construyan un muro”, “que hagan redadas y los deporten en camiones”, “que cierren la frontera” (cerrada desde hace meses, por cierto), que manden toda la policía a la línea fronteriza (¿Aja…y quien cuidará su barrio?).

Y entonces cuando uno trata de establecer un dialogo medianamente cuerdo sobre el problema te estampan en la cara la sentencia xenofóbica de moda “Vas a ver, cuando te estés muriendo tu respirador lo tendrá un nica”. Pero, el asunto es mucho más complejo. Los nicaragüenses que viven en el país en condición migratoria regular tienen tanto derecho como cualquier otra persona tica toda vez que pagan seguro social e impuestos (eso que muchos ticos no pagan).

¿En el caso de los indocumentados, ya saben que serán deportados a la primera y que no recibirán atención médica, entonces a qué vienen? ¿Será que solo vienen a Costa Rica? ¿Honduras y El Salvador estarán exentos de tan “desafortunada plaga”? ¿Y por qué están en restricción ciertos cantones que no son fronterizos? Todas esas preguntas las respondió el ministro estrella cuando dijo (un poco en clave) que el aumento tiene que ver con actividades agrícolas y de empaque (léase empacadoras de agroexportación). Si probablemente en esta migración irregular “hay de piña”, también de banano y en unos meses más de café. Se sabe desde hace años que, al amparo de una condición migratoria irregular, contratistas y empresarios se aprovechan para emplear mano de obra migrante sin las menores garantías sociales ni derechos laborales.

Ficción #3: El sur también existe

Pero mientras estamos distraídos vigilando si se nos meten los nicas por el norte, nos olvidamos que la frontera sur también existe y que el vecino país tiene la nada despreciable cifra de 16.000 casos. Esa otra frontera, mucho más permeable y difusa, ha sido zona de paso permanente en los últimos años para los más oscuros negocios: contrabando de licores, cigarrillos y otras hierbas, trata de personas, narcotráfico, etc. Por demás está decir que, en pocos meses, la actividad cafetalera atraerá la migración de mano de obra panameña, principalmente del pueblo Ngäbe-Buglé. Entonces seguro diremos que el problema son los “indios panameños”

Ficción #4: No me toca a mí

Al calor de los más airados discursos contra la migración y los reclamos por “nuestros derechos”, nadie parece estar pensando en que este año, con las fronteras cerradas (como pedimos) y en plena crisis económica, no habrá quien vaya a cortar caña y coger café. La falta de mano de obra posiblemente golpeará la producción agrícola y con ello profundizará la crisis galopante. ¿Será que estamos dispuestos a ir a ensuciarnos las manos cogiendo café? La respuesta obvia es la de siempre: “no me toca a mí” “yo estudie”. Y mientras tanto seguiremos yendo a tomar las birras a la clandestina de Gelo, celebrando el partido en molote con los compas y viendo aquel “lance” que te conté.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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Costa Rica: problemas en el sector agrícola y migración

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Manuel Vega Bolaños

El temor a contraer el virus es un miedo terrible, y en estos momentos en muchas comunidades de Costa Rica, las personas informan a las autoridades sobre la llegada de extraños por su acento.

Entiendo completamente que el orden debe existir para evitar el caos, pero hay países en que las personas se ven en la necesidad de salir hacia otros por diferentes motivos y Nicaragua no es una excepción, especialmente y entre otras cosas porque este país está sancionado y bloqueado por los Estados Unidos, las huelgas han tumbado la economía, etc. etc., no entro a los detalles políticos.

Costa Rica es un país en que el sector agrícola ha perdido importancia, sin embargo, para prestar atención a las actividades locales, se demanda de un trabajo que el costarricense no quiere realizar por varias razones, entre ellas debido a los bajos salarios y las garantías sociales.

Se estima que el sector agrícola requiere más de 40 mil trabajadores, aunado a ello, en oficios domésticos la demanda es de varios miles de empleos y el hogar, unos que también por las razones anteriormente mencionadas pocos nacionales desean desarrollar.

En cuanto al sector agrícola, el Ministerio de Trabajo solicitó alrededor de 40 mil trabajadores en el 2019, de los cuales solo 485 eran de Costa Rica, o el 1% de la fuerza laboral, se apuntó ante el Ministro de Trabajo.

La caña de azúcar, el café, el melón, los cítricos, la piña, el banano, entre otros, son algunos de los cultivos que requieren para su corta y cosecha a mano miles de personas o si no se pierden sus cultivos, lo que puede tener un impacto negativo en la economía de muchas áreas geográficas agravando más la crisis económica.

A este problema de escasez de mano de obra en la agricultura se suma la demanda de mujeres que trabajan en el hogar, ya que Costa Rica es uno de los países más caros del continente y actualmente el esposo y la esposa se ven obligados a trabajar para cubrir los gastos del hogar o sea sobrevivir.

Para trabajar las dos personas, se requiere que miles de mujeres realicen tareas domésticas, y la mayoría de ellas vemos son nicaragüenses.

Cerramos las fronteras, ¡las noticias dicen que unas 15,000 personas fueron devueltas o deportadas a Nicaragua por la policía!

Si en Costa Rica hay más de 350 mil desempleados, y se espera que en las condiciones de la crisis de salud supere los 500 mil, por el comportamiento de años anteriores se podría esperar que la población nacional tendrá poca reacción al trabajo en la agricultura y el trabajo doméstico. Y si no encontramos salidas consensuadas que preserven tanto el orden como la salud de la población nacional, podríamos encontrarnos en los próximos o meses sentados en una bomba de tiempo.

El cronograma de cosechas no se puede posponer, ¡es como decirle a una vaca que guarde la leche ya que sábado y domingo son feriados!

Y ni que decir si se normalizan las clases y, demás actividades económicas.

Esta reflexión la hago al compás de la lluvia de esta tarde con las preocupaciones de un excelente amigo que se encontraba realizando labores agrícolas en su finca de café en la altura de Grecia, y quien todos los años recibe a familias nicaragüenses para la cosecha del café.

 

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La OCDE y el agro: algunas precisiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.

Dolorosa pérdida del esfuerzo agrícola

Escrito en . Publicado en Derechos.

German Masís Morales compartió con SURCOS un video en el cual se aprecia toneladas de cebolla tiradas ante la imposibilidad de venderlas.

Masís Morales es sociólogo, profesor jubilado de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica y especialista en desarrollo territorial rural, sistemas agroalimentarios, políticas agrícolas y desarrollo Local. Además, es consultor en proyectos de desarrollo y seguridad alimentaria.

El especialista comentó a SURCOS: “Esta es la situación que están enfrentando productores agrícolas de San Isidro de Heredia y de otras zonas del país como Upala, Zarcero, Turrialba y Coto Brus debido a la disminución en las ventas de productos agrícolas y las consecuentes pérdidas de buena parte de la producción.

Para German Masís es necesario definir una propuesta de apoyo a la producción y al comercio agroalimentario de la agricultura familiar, en la que se unan las organizaciones agrícolas, cooperativas, centros agrícolas y las instituciones del sector agropecuario.

Este especialista forma parte de Alternativas para el Desarrollo Territorial, una organización de especialistas en el campo del desarrollo territorial.

Le invitamos a ver y compartir este breve video, en el cual, la mujer que lo filmó muestra la situación que viven en la producción agrícola durante la pandemia.

 

Foto del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

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Secretaría de Seguridad Social de la CTRN: Ministro de Agricultura debe seguir

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

SURCOS recibió este comunicado:

“La Secretaria de Seguridad Social de la CTRN, insta respetuosamente a las autoridades de Gobierno a desistir y mejor aún, ni siquiera analizar el posible y remoto escenario de una destitución del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera.

La posibilidad de un escenario de ese talante podría convertirse en un detonante social de alto calado en diversos actores del agro, lo cual no es atinado en las circunstancias país actuales.

Además, está claro que su posición (no pose), en los medios de comunicación es de recibo para nuestra Central ya que no cabe duda de que el modelo de desarrollo de apertura comercial y en ese tanto capitalista por naturaleza ha relegado y tiene en la miseria a los sectores del agro nacional.

Así las cosas y siendo conocedores de que diversas figuras del orbe y la misma FAO han formulado que la pandemia ha obligado a repensar la seguridad alimentaria en armonía con el medio ambiente en todo el mundo, y que esta es una actividad estratégica para los sucesivos años, dejamos planteada la petitoria respetuosa al Gobierno de la República de desistir de cualquier acción contra el respetable don Renato Alvarado Rivera, lo cual incluye la posibilidad de una destitución.

Sería un craso error en el actual contexto, más, interpretando a priori que parte de las medidas económicas que debe presentar al país el equipo económico el próximo viernes sin duda debe tener una prioridad manifiesta hacia el sector agro, ya que esto evitará seguir contribuyendo a la confrontación social.

Servidor atento,

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social CTRN”

Foto: UCR

Declaración pública de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Declaración pública de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica ante la actual situación del sector agropecuario nacional.

La agricultura ha sido una actividad fundamental de nuestra economía, generando empleo, encadenamientos productivos e ingresos en comunidades rurales y urbanas.

También ha sido fuente de progreso social para los costarricenses y clave en los momentos más complicados de la vida nacional. Es innegable que, en la presente crisis sanitaria, nuevamente ha demostrado su trascendencia, al garantizar la seguridad alimentaria de la nación.

Hoy, mientras se pide que la mayoría de la población se mantenga en casa para mitigar el contagio de la enfermedad COVID-19, los productores, apoyados por nuestros profesionales de la agricultura, siguen trabajando para asegurar los alimentos esenciales que el país requiere. Tal empeño también merece reconocimiento, agradecimiento y dignificación.

El sector agropecuario costarricense, a pesar del abandono al que ha sido sometido por décadas, con sumo esfuerzo enfrenta estos inesperados retos en sus procesos productivos y en la comercialización interna y externa.

Reconociendo que las situaciones especiales demandan medidas extraordinarias, la producción agropecuaria nacional requiere de un decisivo y claro respaldo del Gobierno de la República, para procurar su efectivo fortalecimiento y garantizar de manera más eficiente la seguridad alimentaria, así como el progreso económico y social del sector.

Las indispensables medidas para alcanzar los propósitos indicados, requieren fundamentarse en un reconocimiento oficial de que la agricultura y sus servicios conexos, deben considerarse esenciales para el funcionamiento de las cadenas agroalimentarias y comerciales.

Tal reconocimiento ha sido recomendado por organismos internacionales, en particular la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “Es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo de todos los órganos del Estado y de la población. Es esencial mantener vivo el sistema agroproductivo, para que la crisis sanitaria no se transforme en una crisis alimentaria.”

En consideración de lo expuesto, reiterando el valor estratégico de la agricultura y con el fin de enfrentar de mejor manera la presente situación de crisis, respetuosamente sugerimos al señor Presidente de la República adoptar las siguientes medidas.

  1. Declarar la producción alimentaria y la agricultura como actividades estratégicas de interés público, en el marco de la presente Emergencia Nacional, de manera que el Poder Ejecutivo, por la vía de excepción, pueda gestionar las acciones y asignación de los recursos necesarios para atender esa condición.
  2. Restituir y garantizar la rectoría del sector agropecuario en la figura del Ministro de Agricultura y Ganadería.
  3. Convocar a un diálogo nacional, destinado al establecimiento de una agenda consensuada, para garantizar el fortalecimiento del sector agropecuario y una estrategia común para el periodo post COVID-19.
  4. Diseñar un plan de financiamiento extraordinario para la agricultura, liderado por la banca pública y considerando sus particularidades productivas del sector.
  5. Impulsar la reactivación de la asistencia técnica básica y de la transferencia de las nuevas tecnologías para los diferentes grupos de productores, con la colaboración coordinada de las agencias de extensión agrícola, universidades y otras organizaciones públicas y privadas.

Declaración CIAgro 6 mayo 2020

 

Foto: MAG

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