SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el cual hace referencia a las notas periodísticas Abogado intervino en Ley de empleo público a solicitud de “gente amiga de los diputados” y Gobierno y diputados gestan nuevo texto para Empleo Público: convenciones en disputa del Semanario Universidad:

• Empleo Público: “cocinan” texto final del Proyecto 21.336 a escondidas y al margen de la institucionalidad parlamentaria
• Diputada Zoila Rosa Volio “cantó” lo que para ANEP son inmorales y antiéticas “sesiones de trabajo”, en las cuales recibieron “línea” para golpear aún más a las 330 mil familias trabajadoras del empleo público.
• Expresidente Oscar Arias Sánchez se mete en Proyecto de Empleo Público por interpósita mano
• Abogado constitucionalista, promotor de la reelección presidencial y columnista de la prensa de odio, es el cerebro intelectual del más grande ataque laboral de la época de la “segunda república”
• Semanario Universidad destapa las maniobras políticas-extraparlamentarias contra la institucionalidad constitucional del empleo público.

La diputada “independiente” Zoila Rosa Volio Pacheco “cantó”, en declaraciones a Semanario Universidad, que hubo “cuatro o cinco reuniones muy intensas, de largas horas negociando…”, nuevos contenidos, que a juicio de ANEP, son de corte anti-obrero e inconstitucionales, para introducir al nefasto Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, profundizando su carácter totalitario en materia de las relaciones futuras del personal de todos los servicios públicos con su patrono Estado.

Indicó la mencionada legisladora que esas “cuatro o cinco reuniones muy intensas…”, de las que nadie supo nada y que, evidentemente, se realizaron al margen de la institucionalidad parlamentaria (pues no fueron nunca sesiones legislativas públicas, en el seno de la Comisión de Gobierno y Administración que venía tramitando dicho proyecto); se dieron por iniciativa de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Pilar Garrido Gonzalo; así como por parte del legislador gobiernista Víctor Morales Mora, presidente de la indicada comisión.

En esas “cuatro o cinco reuniones muy intensas…”, verdadero conciliábulo (reunión de personas para tratar algo que se quiere mantener oculto), participaron por parte del PLN, los diputados Luis Fernando Chacón Monge y David Gourzong Cerdas, así como su colega de bancada parlamentaria, Silvia Hernández Sánchez. También estuvieron participando la diputada de Restauración Nacional, Mileidy Alvarado Arias; el diputado del PUSC, Pablo Heriberto Abarca Mora; así como el legislador de Nueva República, Jonathan Prendas Rodríguez.

En esas reuniones secretas, prácticamente planificadas para que estas personas diputadas recibieran lineamientos ideológicos en contra de las 330 mil personas trabajadoras asalariadas empleados públicas; participó como “asesor” el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle.

Nos indica la nota de Semanario Universidad, titulada “Abogado intervino en Ley de empleo público a solicitud de “gente amiga de los diputados”, que Rubén Hernández Valle fue magistrado suplente de la Sala Constitucional, de 1991 a 1993; y, además, que fue él quien interpuso las acciones de inconstitucionalidad que le permitieron a Óscar Arias Sánchez ocupar la Presidencia de la República, por segunda vez (2006-2010).

En los últimos meses, Hernández Valle escribe artículos de opinión que le publica la corporación mediática emblema del periodismo de odio, en los cuales ha planteado su visión totalitaria del empleo público, dentro de la cual aboga por la eliminación del principio constitucional de la negociación colectiva.

El indicado abogado admite el carácter secreto de esas “cuatro o cinco reuniones muy intensas…”, al margen de la institucionalidad parlamentaria con estas declaraciones a Semanario Universidad: “A mí lo que me pidieron fue ir a una reunión. Un grupo de personas me pidieron ir a una reunión, un grupo de gente amiga de los diputados, y llegaron diputados de todos los partidos. Eso fue algo privado, me pidieron que fuera a eso y yo tengo que respetar la voluntad de ellos. Ya le dije que no, me pidieron que no revelaran los nombres, ellos me lo pidieron, es una cuestión privada. No le voy a decir nada más sobre eso. Ahí me quedo, le digo que no puedo decirle”.

Como ya lo mencionamos, Semanario Universidad destapa estas reuniones secretas, confirmadas por la “cantada” de la diputada Zoila Rosa Volio Pacheco.

En este oscuro proceso de secretismo contra la clase trabajadora asalariada del sector público, se destaca la intervención del diputado liberacionista Wagner Jiménez Zúñiga, quien admitió que fue a solicitud de su asesor, Miguel Guillén, que se le abrió las puertas al abogado Hernández Valle para que éste introdujera sus perversas ideas contra el empleo público.

Tenemos entendido que el señor Guillén representa a Óscar Arias Sánchez, en el Directorio Político del Partido Liberación Nacional (PLN).  Se sabe que, del exmandatario, el abogado forma parte de su círculo de amigos. Para ANEP, en consecuencia, queda claro que dicho expresidente está involucrado en la línea ideológica antiobrera del proyecto de empleo público, vía interpósita mano.

Con los dos reportajes de Semanario Universidad, conocidos vía digital en la tarde de este viernes 8 de enero de 2021; para la ANEP, aparte de reafirmar que el Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es inconstitucional por los cuatro costados; queda claro que se ha estado tramitando al margen de la institucionalidad parlamentaria; que está viciado por ser espurio su proceso legislativo altamente contaminado por la oscuridad de esos pactos políticos muy típicos de la clase política tradicional; que han sido burlados y desechados, completamente, los planteamientos sindicales formulados responsablemente en defensa de la constitucionalidad del empleo público y planteados, con transparencia total, ante la Comisión de Gobierno y Administración; que las demás personas legisladoras que no fueron incluidas en el pacto político de las  “cuatro o cinco reuniones muy intensas…, han sido pisoteadas en su dignidad y en su soberanía como representantes populares electos para legislar en transparencia, pues ahora se les “torcerán los brazos” para que voten lo que le es afín a los criterios de Óscar Arias Sánchez, por ejemplo.

Las personas trabajadoras asalariadas del empleo público, así como sus respectivas familias, tienen la palabra.

Los reportajes de Semanario Universidad son Gobierno y diputados gestan nuevo texto para Empleo Público: convenciones en disputa; y, Abogado intervino en Ley de empleo público a solicitud de “gente amiga de los diputados”.

San José, viernes 8 de enero de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP