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Etiqueta: área protegida

Investigadoras UNA habían alertado al MINAE sobre visitantes en Manuel Antonio

Publicado el . Publicado en Sin categoría.

En marzo anterior, la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa invitó a las académicas Laura Porras Murillo y Grace Wong Reyes, académicas e investigadoras del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, (Icomvis-UNA), a dar su opinión sobre el proyecto de ley “Reforma de los párrafos primero y segundo del artículo tercero de la ley 9885, de 24 de agosto 2020, ley que reforma la ley 5100, de 15 de noviembre de 1972, y sus reformas, Parque Recreativo Playas de Manuel Antonio, Expediente N.° 22.734”, ya que ellas realizan investigación en el parque en mención.

Debido a su preocupación por esta propuesta de ley y otros aspectos relacionados a la conservación de los recursos naturales en el parque, también se reunieron el 14 de marzo de 2023 con el señor Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía (Minae) para expresar sus preocupaciones tanto en forma verbal como escriba, sobre estos aspectos. A continuación, el oficio enviado a Tattenbach:

14 de marzo de 2023
UNA-EXT-ICOMVIS-OFIC-036-2023

Señor
Franz Tattenbach Capra
Ministro de Ambiente y Energía

Estimado señor:

Reciban un cordial saludo. Este oficio tiene como propósito expresarle nuestra preocupación por las presiones a las que está sometido o potencialmente pueden darse en el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA): a nivel externo el proyecto de ley que pretende modificar dos artículos de la ley de creación del parque y a nivel incluye interno, aspectos relacionados con el estado de conservación de los recursos naturales que se resguardan en esa área protegida, ambos niveles están relacionados. A la vez planteamos algunas sugerencias para abordar estos temas.

En primera instancia, nos preocupa las consecuencias que potencialmente pueda causar en el parque la aprobación del proyecto de ley “Reforma de los párrafos primero y segundo del artículo tercero de la ley 9885, de 24 de agosto 2020, ley que reforma la ley 5100, de 15 de noviembre de 1972, y sus reformas, Parque Recreativo Playas de Manuel Antonio, Expediente N.° 22.734”. Leímos el proyecto de ley y es alarmante que el mismo parte de la premisa de que no existe sustento técnico que respalde algunas decisiones que se han tomado sobre la gestión del parque, específicamente: en cuanto a los días habilitados para ingreso de los visitantes y el horario. La aseveración de que no existe sustento técnico se aleja de la verdad, ya que en el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, hemos generado investigación sobre las especies de fauna silvestre que tienen interacciones con los humanos y turistas en el Parque Nacional Manuel Antonio desde el año 1990 y más permanentemente desde el 2012 y los resultados de esas investigaciones han sido circulados a nivel de MINAE, SINAC, ACOPAC y administración del parque.

Hemos logrado identificar que, a mayor visitación mayor número de interacciones negativas se presentan entre el ser humano y fauna en el parque, ya que los visitantes ingresan con alimentos para su consumo y hasta finales del 2022, la comida que podían adquirir en la soda que estaba concesionada dentro del parque. Ahora y hasta que se asigna la concesión de la soda, habrá más conflictos porque los turistas pueden llevar sus alimentos al parque. En los primeros meses de este año, ya se han reportado un incremento en los conflictos por la comida que llevan los turistas. Nos preguntamos, ¿Qué va a suceder si se aprueba la ley y el sistema de flujo de visitantes (sale uno ingresa otro) deje sin límite el ingreso de turistas? Ese escenario no solo predice una situación difícil de manejar para la administración del parque, por la cantidad de afectaciones que va a sufrir la fauna silvestre, sino que también por la capacidad física de los mismos senderos y de la infraestructura turística.

El proyecto de ley menciona erróneamente la falta de sustento técnico para restringir la cantidad de visitantes y el cierre de un día a la semana, pero tampoco presenta un estudio o un sustento técnico que justifique el incremento en el número de visitantes al parque. Cabe recordar que el parque pasó de recibir máximo 800 visitantes por día hace diez años y actualmente recibe 3000 diariamente.

Somos conscientes que los ingresos que se generan en esa área protegida son de suma importancia para el SINAC, así como para el sector turismo y para el país. Sin embargo, consideramos que este último componente no debería de sobreponerse al objetivo de conservación de la vida silvestre que habita en el PNMA y que a fin de cuentas es el recurso que promueve toda la actividad turística que se genera en el parque y en la zona de Quepos.

Los resultados obtenidos han servido como justificación científica para algunas de las decisiones de manejo que han sido tomado por la administración del parque, incluyendo la prohibición para acampar dentro del parque, el cierre de un día a la semana (actualmente martes), la restricción en el ingreso de alimentos, y el no aumento de la capacidad de carga. Todas estas medidas con el propósito de resguardar los recursos naturales que deben protegerse en un área silvestre protegida como lo es el Parque nacional Manuel Antonio.

Los otros temas preocupantes y problemáticos en el Parque Nacional Manuel Antonio son varios, y algunos de los de mayor relevancia relacionados con la conservación de la fauna de esta área protegida son:

  1. Interacciones fauna silvestre-visitantes.

Desde el año 2012 el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (ICOMVIS-UNA) realiza proyectos de investigación tanto dentro del parque como en el área aledaña, con el fin de conocer sobre las interacciones entre humanos y fauna y el estado de la fauna tanto a nivel ecológico como de salud.

Como parte de los resultados obtenidos en estos 10 años de investigación, hemos logrado identificar las principales presiones a las que están siendo sometidas algunas. Las interacciones entre algunas especies de fauna y turistas se han convertido en un problema que afecta tanto a los animales como a la administración de parque, ya que se tienen que dirigir los pocos recursos humanos con lo que cuentan a la vigilancia de turistas, más que a la educación y protección vigilancia de la fauna.

Como lo señalamos anteriormente, la problemática de las interacciones entre fauna silvestre y visitantes se centra en la disponibilidad de alimentos que los animales encuentran en las zonas de mayor concentración de visitantes. Por años ha habido reportes de turistas mordidos por mapaches, monos y garrobos en el área de uso público del parque, esta situación se produce porque los turistas les ofrecen comida a los animales y con el tiempo los animales se han acostumbrado a aprovechar este recurso, inclusive las crías han aprendido a tomar comida de los salveques de los turistas o a sacar del basurero restos de alimentos. Por suerte, ninguna de esas interacciones entre la fauna y los turistas ha pasado a más de un mordisco o un rasguño, ni ha pasado a la transmisión de una enfermedad, pero potencialmente si puede producirse una situación peligrosa, y podría pasar también que algún turista tome acciones legales contra el área por un incidente de este tipo.

De las múltiples interacciones identificadas mediante nuestra investigación, las que tienen relación con la comida son las que se presentan con mayor frecuencia e intensidad, y han causado problemas sobre las poblaciones de mono carablanca y mapache principalmente, quienes han cambiado su comportamiento natural debido a la presencia de alimento de origen humano en su dieta y a la insistencia de los turistas por alimentarlos de forma directa o indirecta.

En repetidas ocasiones le hemos hecho saber a la administración del parque, a las autoridades de ACOPAC, de SINAC, e incluso de los señores ministros de Ambiente que lo han precedido a usted, sobre el problema que genera el ingreso de alimentos al parque, que se ve agravado por el aumento en el ingreso de turistas que se estableció en 2019, en 1700 personas y ahora a partir de este mes incrementaron en 3000 personas por día. Más turistas significa más comida disponible dentro del parque, mayor concentración de personas en áreas específicas del parque (entrada, playas, sendero perezoso) y por ende más interacciones negativas con la fauna.

La prohibición de ingreso de alimentos y la apertura de la soda dentro del parque parecía una buena opción para disminuir el problema que genera la relación turista-comida-fauna. Sin embargo, el hecho de que la soda sea un sitio abierto, totalmente expuesto a la fauna, genera un problema: un punto de concentración de comida y turistas al cual los animales llegan y tratan de ingresar a la soda, inclusive a la cocina, pudiendo generar un problema mayor de salud.

Hace algunos años, cuando se planteó la opción de abrir la soda dentro del parque, hicimos la sugerencia a la administración del parque de construirla dentro de una “gran jaula”, o algo similar, con la idea de que los turistas ingresaran a esa “jaula” a consumir alimentos y salieran sin comida, y de esa forma los animales no tuviesen la oportunidad de entrar al recinto y, por ende, no tuviesen acceso a los alimentos ni a los turistas al momento de comer. Esta idea cobra nuevamente relevancia, ya que el problema ahora es real: los monos carablanca, principalmente, llegan a la soda atraídos por la comida, los turistas continúan ofreciéndoles comida y en los últimos meses hemos podido observar cómo los monos intentan ingresar a la cocina de la soda. Para reducir ese foco de interacciones entre visitantes y fauna silvestre, fuertemente sugerimos que un requisito para la concesión de la soda se incluya el cierre de los alrededores de la soda, como una jaula, y establecer como medida regulatoria, que los turistas consuman los alimentos solo dentro de ese espacio.

Está documentado mediante investigación científica, que el consumo de alimentos de origen humano les puede provocar a los animales silvestres: diabetes, hígado graso, caries, parásitos zoonóticos que pueden transmitirse al ser humano o viceversa, además de provocarles cambios en el comportamiento.

  1. Cierre de la visitación al parque por un día a la semana y ampliación de horarios de visitación.

Volviendo a las interacciones entre fauna y visitante, creemos que se debe mantener el decreto de cierre del parque un día a la semana y no se debe de ampliar el horario de acceso a visitantes. Y por ende creemos que el SINAC debe de procurar que no se apruebe el proyecto de ley que pretende cambiar dos de los artículos de la ley de creación del PNMA. Los animales que habitan en el parque, principalmente los que se mueven en el sector de uso público están sometidos a mucha presión por la cantidad de visitantes que llegan al parque, algunas especies que no tienen la capacidad de ajustarse a esas condiciones pueden sufrir estrés y otras, están “aprovechando” recursos extras (alimentos de los visitantes), no obstante, a fin de cuentas, esta situación les está deteriorando su estado de salud, además de la integridad del ecosistema. Tomando en cuenta que la fauna silvestre es un atractivo de gran importancia, el parque debería de mantener un horario que permita el disfrute del recurso por parte de los visitantes, pero que a la vez permita el mayor tiempo posible en “condiciones naturales” o sin visitantes a la fauna silvestre, eso implica mantener como mínimo un día cerrado a la semana para que los animales silvestres “descansen” y se “recuperen” de la presión de los visitantes y a la vez pueda contribuir al mantenimiento de los recursos en el área en el mediano plazo. El monitoreo de la fauna durante el cierre del parque por motivo de la pandemia del COVID-19, demostró que los animales vuelven a sus hábitos naturales cuando están sin presión por la visitación, dejaron de movilizarse en las áreas de mayor concentración de turistas, y su actividad dejó de concentrar su actividad en los horarios de alimentación de los turistas (hacia el mediodía).

  1. No incremento de la visitación del parque.

Como lo hemos planteado con anterioridad, es necesario que el conflicto entre la fauna silvestre y los visitantes se aborde desde varios ángulos y deben participar no solo el SINAC sino también el ente que dicta las directrices del sector turismo a nivel nacional, o sea el Instituto Costarricense de Turismo. No se debe perder de vista que no es lo mismo incentivar la actividad turística en cualquier sitio del país que en un área silvestre protegida. Originalmente las áreas silvestres protegidas fueron creadas para salvaguardar un recurso silvestre valioso y posteriormente se incorporó la parte de turismo. Creemos que en el escenario actual es factible un desarrollo turístico en las áreas silvestres protegidas, pero antes de la generación de fondos por turismo, es prioritario salvaguardar el recurso silvestre a largo plazo, que es el elemento generador de divisas económicas, y en segunda instancia el disfrute del visitante. Con un ingreso diario de 3000 personas o más al Parque Nacional Manuel Antonio, sin contabilizar en esa cantidad a niños y adultos mayores, se producirá un impacto negativo continuo y constante sobre el área protegida y un deterioro en todos los recursos a corto o mediano plazo, a la vez que se compromete el disfrute de área silvestre por parte del visitante y a largo plazo probablemente también afectará los

ingresos económicos, ¿quién querrá visitar un parque nacional deteriorado?

Según la página web del MINAE, el viceministerio de Ambiente “es el responsable de velar y promover el desarrollo de estrategias, políticas y planes que procuren la conservación de la diversidad biológica, in situ y ex situ, …”, creemos que una medida como incrementar el número de visitantes en un área físicamente limitada como es el Parque Nacional Manuel Antonio no se está promoviendo el propósito señalado en el sitio web. El ministerio debería apoyar la toma de decisiones en bases científicas y no decisiones políticas.

Es entendible que el ICT, las cámaras de turismo locales y nacionales hagan presión para que el ingreso de visitantes al parque sea ilimitado, ellos defienden su objetivo. No obstante, el MINAE es el ente responsable de salvaguardar y procurar la conservación de la diversidad biológica, por lo tanto, debe enfocar sus esfuerzos en lograrlo y no ceder ante la presión de otros entes. Es necesario que como país tengamos una visión a largo plazo para garantizar la existencia en buena forma de los recursos naturales y no ceder a las visiones corto plasistas que solo les interesa la inmediatez. En este caso el MINAE es el ente estatal que debe ser el guardián de nuestras áreas protegidas.

La importancia del Parque Nacional Manuel Antonio va en aumento, los datos que hemos recopilado el último año con cámaras trampa, muestran la presencia en el parque de especies de mamíferos medianos y grandes, tanto depredadores como presas, como pumas, coyotes, saínos, entre otros. No es sólo un parque con playas, es un ecosistema complejo que contribuye con la conservación de la biodiversidad del país.

  1. El área de uso público del PNMA es un área finita.

En varias ocasiones y también en el proyecto de ley de modificación a dos artículos de creación del PNMA se menciona que solo la afluencia de visitantes se concentra en 41 hectáreas, que es una extensión muy pequeña y por eso no hay efecto negativo, porque hay mucho terreno libre de turistas, No obstante creemos que esa forma de análisis del área de uso público del parque está errada, ya que no se está contemplando el sobre uso que se dá en un área tan pequeña, ya que un muy alto porcentaje de los turistas se concentran en el sendero Perezoso, el Paralelo, el que va a playa Espadilla y en las playas Manuel Antonio y Espadilla Sur. La presión sobre esa superficie es alta y está provocando su compactación y deterioro. Eso sin contar la capacidad logística del parque en servicios sanitarios para los visitantes.

Repetidamente hemos mencionado que ese sector de uso público del parque debería de bajársele la presión y una forma es que las diferentes instituciones públicas y privadas traten de desarrollar otros polos de desarrollo turísticos en el pacífico central. De esa forma la región tendría otras posibilidades de ingreso por turismo y el PNMA aseguraría la conservación de sus recursos naturales.

Para concluir queremos ser enfáticas y respetuosamente le solicitamos que en su calidad de ministro interponga sus capacidades para que no se apruebe el proyecto de ley que modifica dos artículos de la ley de creación del parque. En otro orden de temas, creemos que es necesario buscar alternativas para reducir la interacción entre el consumo de alimentos por parte de los visitantes y la fauna silvestre del parque, y ante ese escenario, la instalación de una estructura que aísle la soda y excluya a los animales es una excelente opción. Es primordial para la fauna silvestre y los recursos naturales del parque se les permita “descansar”, mediante el cierre del parque por un día a la semana y no incrementar el horario de visitación ni la visitación al parque. Según información difundida por la prensa nacional e internacional el año pasado, el Parque Nacional Manuel Antonio fue incluido en el documental titulado “Our Great National Parks”, y se menciona como un sitio turístico infaltable por su naturaleza. Muy respetuosamente, le solicitamos que el MINAE, como ente rector de la biodiversidad de este país siga defendiendo las áreas silvestres protegidas y sus recursos para asegurar su existencia a largo plazo.

Cordialmente,

Laura Porras Murillo, Dra
Grace Wong Reyes, Ph.D.

Cc. Señor Rafael Gutiérrez, Viceministro de Ambiente y Director SINAC
Señor Luis Sánchez, Director ACOPAC
Señor, Francisco Jiménez, Administrador PNMA

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen ilustrativa.

¿Agua para Guanacaste?… O más bien un regalo para unas pocas empresas acaparadoras de agua en la región más seca del país

Publicado el . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra.

  • Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢300.000 millones en un contexto de crisis económica para beneficiar supuestos evasores fiscales y empresas contaminantes

  • Embalse atenta contra ecosistema del Jabirú, la cigüeña más grande del continente americano y en peligro de extinción

(FECON 26-7-2022) El “Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” PAACUME por sus siglas, es de sobra conocido por beneficiar a unas pocas grandes empresas de monocultivo y mega turismo. En la misma Declaración de Impacto Ambiental (1) queda claro que el grueso del agua quedara en manos de CATSA, Pelón de la Bajura, Hacienda el Viejo, la Corporación Del Monte y Exporpack S.A. Algunas de estas empresas cuestionadas en casos de Panama Papers (2), desastres ambientales y con fuerte vinculo con el partido Liberación Nacional.
¿Es ecológicamente aceptable regalarle infraestructura tan cara a empresas con muy cuestionables prácticas ambientales? ¿Es justo ofrecer más agua a empresarios como estos que han demostrado moverse bajo esquemas de poca transparencia ? ¿Es justo que todo el país les regalemos una infraestructura tan cara a empresarios que esconden sus ganancias para no pagar impuestos?
El movimiento ecologista ha señalado, en múltiples ocasiones, que este megaproyecto de infraestructura carece de sustento técnico suficiente; tiene errores catastrales importantes y pone en riesgo la biodiversidad de un Área RAMSAR. Por otro lado el PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita la inversión de $458 millones; de los cuales $425 millones (unos 300.000 millones de colones) provendrían del empréstito aún por ratificar en segundo debate por la Asamblea Legislativa.
El Paacume requiere inundar unas 113 hectáreas de un ecosistema en riesgo donde se protejen especies en peligro en extinción como lo es el Jabiru mycteria, conocida como Galán sin Ventura y denominada la mayor cigüeña de América y que se contabilizan tan solo 120 individuos.
Por otro lado, el Registro Nacional en el oficio DIG-0388-2018 dirigido a la Asamblea Legislativa advirtió de los errores que existen en el proyecto que aprobó el plenario mediante la llamada vía rápida conocida también como 208 bis. El Registro Nacional demostró que las nuevas fronteras tienen errores catastrales importantes, pero los diputados lo pasaron por alto.
Sumado a esto tanto SENARA, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería admitieron que no tenían el dinero para adquirir las fincas que supuestamente compensarían las 113 hectáreas y dependen de la modificación del Presupuesto Extraordinario pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. La Federación Ecologista consultó en 2018 al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la fuente de financiamiento de los recursos necesarios para adquirir las tierras supondrían la compensarían la perdida de biodiversidad. El oficio DM-MAG-715-2018, el ahora exministro Renato Alvarado admitió que el Gobierno Central no tiene el dinero para adquirir las tierras al momento de firmar la ley de modificación de los limites de la Reserva Biológica. ¿Entonces no será posible la compensación de las más de cien hectáreas que le quitarán en al Área Protegida?
Por otro lado, en el oficio SENARA-GG-0674 del 13 de setiembre de 2018, la directora del SENARA, Patricia Quirós confirmó sobre la ausencia de estudios técnicos y científicos suficientes, para justificar la decisión de desafectar 113 ha de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, lo cual significa, que no existió el respaldo científico suficiente, para tomar la medida, a pesar de eso fue aprobado en la legislatura pasada con 41 votos a favor.
Tanto el SENARA como el AyA han señalado que el Paacume no considera dentro de sus objetivos el tratamiento y distribución de agua potable de consumo humano. La necesidad de abastecimiento poblacional no es viable en este proyecto según el mismo AyA. Es evidentemente que Paacume sólo tiene como objetivo beneficiar a grandes empresas cañeras, meloneras y arroceras; sumado a esto megaturismo.

Referencias
1.Declaración de Impacto Ambiental PAACUME https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/projects/Declaratoria%20de%20Impacto%20Ambiental%20%20PAACUME.pdf
2.Azucarera CATSA allanada por supuesta defraudación con impuestos. https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/azucarera-catsa-allanada-por-supuesta-defraudacion-con-impuestos/J6XLVVN25BBDVOJRB4PLX24QFY/story/
3. Anidación de Jabirú en Ceibas en el Bosque Seco Tropical de Costa Rica https://www.periodicomensaje.com/ambientales/2682-anidacion-de-jabiru-en-ceibas-en-el-bosque-seco-tropical-de-costa-rica
4. MAG oficio DM-MAG-715-2018 https://www.dropbox.com/s/gkvyg5erdcpjvzk/DM-MAG-715-2018%28signed%29.pdf?dl=0
5. Registro Nacional oficio DIG-0388-2018 https://www.dropbox.com/s/bvy61gj9qnsmuvo/Registro%20Nacional%20.pdf?dl=0
6. Oficio SENARA-GG-0674 https://www.dropbox.com/s/6f3dddd4sn28uyf/SENARA%20.pdf?dl=0

Día Nacional de los Parques Nacionales: parques de papel inundados de amenazas

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

Mauricio Álvarez Mora*

 

No hay mucho que celebrar pero si mucho que reclamar, denunciar y accionar. Así se podría resumir este 24 de agosto, Día de los Parques Nacionales, día supuestamente festivo, que tradicionalmente ha sido conmemorado por las autoridades con la firma de alguna nueva Área Protegida.

Dos hechos marcarán esta celebración 2016: un recurso de amparo acogido en días recientes, y que la fecha coincide con el ingreso en prisión del guardaparques Mauricio Steller, quien fue condenado por sucesos que se dan día a día y de manera silenciosa en los Parques Nacionales. A esto se le suman una larga lista de amenazas directas, o en forma de leyes y proyectos, que están sucediendo hoy, y que afectan la integridad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

El recurso de amparo acogido, pretende exigir la información y confirmación del estado paupérrimo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, exigir cuentas en los manejos de los fondos generados por los Parques Nacionales y exigir derechos básicos para el trabajo de los guardaparques. La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo, expediente Nº 16-010216-0007-CO, interpuesto por Mario Andrés Boza Loría, FECON, SITRAMINAE, entre otros. El amparo se refiere a la violación de los derechos fundamentales de las y los guardaparques; y la transgresión del derecho fundamental a un ambiente sano, por omisión y negligencia del Estado costarricense en la toma de medidas efectivas para proteger y desarrollar el sistema de parques nacionales. El amparo recurre al Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Hacienda, Ministro de Salud, Contralora General de La Republica y Director General del Servicio Civil (ver recurso amparo).

Un Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas (el total existente de áreas es 171), cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 áreas silvestre protegidas no se cuenta con recursos materiales para cumplir con acciones de control y protección.

En otras palabras, con base en los datos de la Contraloría, el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” pues han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección alguna y mucho menos con administración. Por ejemplo el Parque Internacional La Amistad que cuenta con casi 200 mil hectáreas, y está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con 1 guardaparques.

Desde 1998 no se ha creado ninguna plaza de guardaparques, pero además los que se pensionan o renuncian no son sustituidos y esto produce reducciones de entre 50% y 70% de guardaparques en algunas Áreas Protegidas.

Mientras los guardaparques son sometidos a pésimas condiciones y ningún incentivo para su duro trabajo, el Estado Costarricense, la economía nacional, y el sector turístico cabalgan sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sólo en el 2015, el ingreso de ecoturistas superó el millón cuatrocientos mil personas, generando beneficios cercanos a los dos billones de dólares. Por ejemplo, gracias al Parque Nacional Manuel Antonio, el 80% de la población del cantón de Aguirre vive de la actividad turística, generada alrededor del Área Protegida. En el Parque Nacional Marino Ballena, el 90% de la economía las comunidades depende del ecoturismo.

A la cárcel por hacer su trabajo. Así se puede definir la condena ratificada en días recientes por un juzgado de casación con lo cual el guardaparques Mauricio Steller estará 12 años en la cárcel. En este caso el sistema judicial favoreció a los victimarios de las tortugas, y no a Steller, quien fue condenado a partir del testimonio de hueveros, dejando vulnerables a quienes defienden la Naturaleza en vez de protegerles (FECON, 25-8- 2015). Por este motivo FECON pidió el indulto del guardaparque condenado (FECON, 1-9-2015).

Lista de amenazas. En vez de procurar revertir este contexto más bien lo profundizamos, consumiendo a cuentagotas el patrimonio con una serie de políticas, propuestas, proyectos y leyes que de ponerse en práctica terminarán con el sistema de conservación. Si se hace un repaso por este laberinto de eventos en que nos meten los poderes Legislativo y Ejecutivo, podemos reconocer la crisis en la que nos encontramos:

  1. La ley 9373 de moratoria en zonas especiales, señalada como inconstitucional por parte de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (FECON, 15-7-2016).
  2. Una comisión legislativa trató de votar a escondidas un texto sustitutivo para Proyecto de Ley sobre Geotermia en Parques Nacionales (Expediente Nº 19.233) contraviniendo la mayoría de criterios negativos de las universidades públicas, criterios de la Procuraduría, la Contraloría, la posición del Presidente de la República, las promesas de campaña, comunidades, académicos y ecologistas (FECON, 29-6-2016).
  3. La Ruta 257 al Megapuerto destruyó y redujo parte del Humedal Cariari en Moín. La Trocha Fronteriza se trazó en un Área Protegida (FECON, 11-7-2016).
  4. Para generalizar y legalizar estos casos como la Trocha o Ruta 257, el Presidente Solís y el MOPT presentaron un proyecto (exp. N º 19.899) que daría autorización de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegida (FECON, 10-8-2016).
  5. La ley nº 9205 sobre la titulación de propiedad JAPDEVA desafecta áreas silvestres protegidas como Humedal Cariari y ocho zonas más, para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de privados. Ésta ley se encuentra actualmente impugnada por FECON Y SITRAMINAE (FECON, 8-4-2014).
  6. En Guanacaste, SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, la cual es parte del sitio de importancia RAMSAR, para hacer el embalse Río Piedras.
  7. La expansión de los monocultivos, específicamente de piña, está cercando y acabando con Caño Negro y áreas de amortiguamiento, así como el Parque Internacional La Amistad del lado del Pacifico Sur. La feroz expansión de Palma también ha alcanzado al Parque Nacional Manuel Antonio, y recientemente se denunció la siembra dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado (FECON, 13-2-16).
  8. Este gobierno abandonó la iniciativa de crear un Área Protegida en Playa Moín. Por el contrario, con la Ruta 257 se abrió la puerta a la destrucción e industrialización, deshonrando la causa por la cual Jairo Mora fue asesinado (FECON, 30-3-16).

Estos son claros ejemplos de que existe una intención de deteriorar el Sistema de Áreas Protegidas en Costa Rica, de ir comiéndose de a poquitos y a mordiscos lo que ha costado tres generaciones de ahorro en recursos naturales en este país, y que de paso nos ha dado el prestigio ambiental mundial, hoy también en entredicho. Por ello, ecologistas y guardaparques consideran que no hay nada que celebrar y mucho que denunciar.

 

*Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales, UCR, presidencia@feconcr.org

 

Imagen tomada de la página oficial de FECON.

Información enviada a SURCOS Digital por FECON.

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Violación de área protegida Quebrada Tierra Blanca

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

CONCEVERDE emitió una carta dirigida al ingeniero Freedy Valerio, funcionario del Minae, Heredia, manifestando que de la Dirección de Aguas del MINAET, les hicieron llegar el oficio adjunto, donde se confirma la existencia de la Quebrada Tierra Blanca como área de protección; lo que vendría a sostener la denuncia realizada por dicha organización en septiembre del 2015, en la cual se sostiene que el cuerpo de agua indicado en el plano catastro H-526166-83 aparece como propiedad de Ermelinda Espinoza Chaves, siendo éste de dominio público y es de carácter o flujo permanente.

Calificaron como lamentable que el Minae haya cuestionado documentos oficiales, como la Hoja Cartográfica Barva del Instituto Geográfico Nacional y hasta un dictamen anterior de la misma Dirección de Aguas que ya tenían como un hecho, la existencia de la mencionada quebrada.

“Habiendo transcurrido 3 meses que la Dirección de Aguas les envío el dictamen de verificación del cuerpo de agua llamado Quebrada Tierra Blanca, me parece negligente que a la fecha no hemos recibido su informe sobre lo actuado para sancionar y denunciar ante las instancias judiciales a quien cometió los hechos de violación a una zona de protección” se manifestó en la carta.

AT-2635-2015

AT-4546-2015

*Imagen con fines ilustrativos.

 

Información enviada a SURCOS Digital por CONCEVERDE.

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Unámonos por el agua: No al comercio de madera en áreas silvestres protegidas

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

UNOVIDA ha estado trabajando en una campaña nacional para mejorar el cuido de nuestra agua, del ecoturismo y del cuido del medio ambiente.

Según un comunicado enviado por dicha organización, en estos días están destruyendo bosques lluviosos primarios dentro del área protegida Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque. Esta destrucción del bosque está realizada bajo un plan de manejo autorizado por MINAE; pero en la realidad los planes de manejo funcionan como un portillo para una destrucción mucho más grande del bosque. En Maquenque se están destruyendo nacientes, quebradas y cortando miles de árboles para comercializar unos pocos.

El aforo del agua potable de las comunidades cercanas ya bajo un 70 % debido a tala de bosques dentro el área protegida; el impacto en el ecoturismo es muy negativo y por supuesto se le suma un montón de animales que mueren y otros que pierden su hogar. Este problema no es sólo de Maquenque, también puede ocurrir en cualquiera de los 24 refugios mixtos en el país y por lo tanto, trata de un problema social-ambiental a nivel nacional.

Es por esta razón que se dio inicio con la campaña “Protegidas de verdad”, formada por organizaciones sociales, ambientales y negocios privados, en la que se hace un llamado a la Asamblea Legislativa a modificar la Ley Forestal y prohibir el comercio de madera originada de bosques en áreas protegidas.

En el siguiente enlace encontrarán información adjunta: http://protegidasdeverdad.wix.com/costaricaverde

  • Exposición de motivos
  • Propuesta para modificar la ley forestal
  • Video de la campaña

En el video de la campaña que según se indicó será publicado pronto, se desea mostrar una participación de los diferentes sectores sociales, ambientales y el sector privado. Se insta a las diferentes organizaciones que quieran participar a enviar su logo para incluirlo al final del video, en conjunto con los demás para mostrar su apoyo a esta causa.

 

*Imagen tomada de http://protegidasdeverdad.wix.com/costaricaverde

 

Información enviada a SURCOS Digital por Heidy Murillo Quesada, UNOVIDA.

Sede de Occidente impulsa recuperación del Laguito

Publicado el . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

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Embalse El Porvenir, uno de los humedales de la microcuenca alta de la quebrada Estero (foto Cindy Rodríguez).

Actualmente es un pantano

Si se reactiva como área de recreación podría disminuir las inundaciones en el centro de San Ramón

 

Grettel Rojas Vásquez,

Periodista, Sede de Occidente

 

Con el objetivo crear las condiciones adecuadas para recuperar el Laguito, un antiguo lugar de recreo ubicado muy cerca del campus de la Universidad de Costa Rica (UCR) en San Ramón, la Sede de Occidente creó el programa de investigaciones Recuperación y sostenibilidad de la microcuenca alta de la quebrada Estero.

El Laguito es un humedal que forma parte de las áreas protegidas de la UCR. En los últimos años perdió el espejo de agua y se convirtió en una zona pantanosa, con efectos nocivos tanto para el ecosistema como para la seguridad de la ciudad de San Ramón ante posibles inundaciones.

El Dr. Henry Vargas Benavides, coordinador de Investigación, señaló que la Sede de Occidente está muy interesada en recuperar este lugar que fue donado por el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) en 1970. Señaló que durante muchos años estuvo activo como un centro de recreación, pero que a partir de los años noventas empezó a deteriorarse.

Destacó que la importancia de crear un programa radica en un beneficio no solo al medio ambiente sino a la comunidad, “por el problema que ha tenido el cantón de San Ramón con diferentes inundaciones que han habido como la del año 1978, en la que el centro de San Ramón colapsó”.

Vargas indicó que además de estas acciones la Sede de Occidente coordina reuniones con funcionarios de la Municipalidad del cantón, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para unir esfuerzos y lograr recuperar este humedal.

Trabajo con las comunidades

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Este es el Laguito, actualmente el espacio donde debería estar el espejo de agua está cubierto de vegetación típica de zonas pantanosas (foto Grettel Rojas Vásquez).

Según la directora del programa, M.Sc. Cindy Rodríguez Arias, “el programa se creó con el objetivo primordial de restaurar el Laguito, pero esto no se puede hacer aislado de todo lo que pasa en sus alrededores.

La idea, según Rodríguez, es recuperar el ecosistema acuático y el espacio para actividades académicas, y devolverle al Laguito la capacidad de embalse para evitar inundaciones en la ciudad de San Ramón.

Con este programa la Sede está impulsando una serie de acciones, pero depende de la colaboración de las personas que viven en los alrededores así como de la Municipalidad y la Comisión de Emergencias.

Rodríguez mencionó que el éxito de la iniciativa “depende de que la gente tome conciencia de que hay que disminuir la contaminación de la quebrada, ya que estas aguas van directamente al Laguito. La idea es que los vecinos busquen opciones para evitar esa contaminación”.

Además, indicó que el papel de la Municipalidad y de la Comisión Nacional de Emergencias es primordial ya que “necesitamos recursos para dragar el lago, hay que sacar una buena cantidad de sedimento que se ha acumulado para darle capacidad de embalse. En este momento tenemos un pantano y cuando llueve muy fuerte el agua pasa directo a la ciudad de San Ramón, lo que puede provocar inundaciones” aseguró.

Proyectos vigentes

Sede de Occidente impulsa recuperación del Laguito3
Fotografía antigua del Laguito de San Ramón, en este espacio la comunidad organizaba actividades recreativas (foto cortesía Cindy Rodríguez).

En la actualidad se están desarrollando tres proyectos de investigación y un proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) para lograr este objetivo.

Uno sobre Gestión del Laguito que pretende rehabilitar el ecosistema terrestre y acuático y la infraestructura del sector para llevar a cabo labores de investigación, acción social y docencia.

Otro de los proyectos pretende crear biojardineras que permitan hacer educación ambiental y a la vez dar soluciones reales para mejorar la calidad de las aguas que se descargan en el Laguito.

También se está desarrollando el proyecto Esculturas Vivas con el que se va a desarrollar una propuesta de gestión paisajística para la elaboración de un jardín botánico-escultórico sostenible.

Además, se creó el TCU Rescate de la microcuenca alta de la quebrada Estero, que pretende vincular la parte social con la de investigación. Según el encargado de este proyecto, Lic. Edwin Barrantes, la idea es trabajar con las comunidades en educación ambiental, capacitación manejo de desechos sólidos y líquidos, capacitación en cuanto a buenas prácticas ambientales que se puedan aplicar al hogar y que se traduzca en mejoras en la calidad del cuerpo de agua de la quebrada.

También, según Barrantes, se pretende trabajar la parte de producción con prácticas agrosilvopastoriles para cambiar el sistema de producción aplicado por los vecinos de la zona, lo que puede mejorar de forma sustancial el área de la quebrada, y así evitar el arrastre de los agroquímicos hacia el cuerpo de agua.

La idea es que el TCU pueda trabajar en conjunto con las comunidades que están ubicadas en el área de influencia del Laguito como Los Olivos, San Pedro, Orlich, Los Tucanes y el Porvenir.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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La mega Asunción del Gobierno

Publicado el . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Mauricio Álvarez M*

 

No bastó con declararle la guerra a los mares en los últimos días (Diario Extra Opinión, 27-3-2015). Con la luz verde para el cuestionado Tajo Asunción, el gobierno abrió otro frente, en esta ocasión contra el futuro abastecimiento de agua en Limón.

El AyA aseguró que el megaproyecto del Tajo Asunción pone en riesgo tanto la cuenca del Río Banano, área protegida estratégica desde hace décadas, como la construcción del nuevo acueducto de Limón, que significaría nada más y nada menos que agua potable para 94.000 personas y para los próximos 200 años.

El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos de semejante calibre, y sin mayor problema le facilitan la apertura a uno de los principales tajos que abastecería de materiales de construcción a otro megaproyecto como lo es la construcción de la Terminal de Contenedores en Moín por APM Terminals, operación que necesitará miles de toneladas de material rocoso para reseñar y sustituir más de 10 millones de metros cúbicos de sedimento y fondo lodoso y construir una isla del tamaño del Parque la Sabana.

Cada día queda más en evidencia que por encima del ambiente para el gobierno están las incuestionables inversiones y megaproyectos de infraestructura: aval a la destrucción del humedal Cariari, desalojo del refugio de vida silvestre y hogar de Jairo Mora, el retorcido aval ambiental al muelle de APM terminal, la refinería China, la regresión ambiental que incluye el proyecto de la ruta 32, la eliminación de la moratoria a la incineración por la presión de alcaldes del “PLUSC” o impulsar Diquis, todo amalgamado por el provechoso continuismo en Setena.

Estos escandalosos casos tan siquiera parecen ruborizar a quienes llegaron al poder ganando votos con un Pacto Ambiental que ya quedó en el olvido en menos de un año de gestión, señal clara de activar todas las alarmas de parte del sector ambiental y la ciudadanía en general.

Así que al menos en materia ambiental, no aconteció el mentado gobierno del cambio, sin embargo sí cambió el movimiento social y comunitario, bajamos la guardia, y nos volvimos más pasivos: hemos tolerado lo que no hubiésemos dejado pasar a un gobierno del “PLUSC”.

¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que no corresponde otorgarle al gobierno toda la responsabilidad, por eso con el Pacto Ambiental las expectativas fueron de trabajo conjunto. Asimismo ha actuado la fracción del FA en su alianza legislativa, cosa que estuvo bien al principio para facilitar la estabilidad, pero que no han sabido leer a tiempo la necesaria ruptura en más de una ocasión, siguiendo el estilo cantinflesco del gobierno del PAC en su vaivén de apoyo a cuestionables proyectos como la ruta 32, que al final no ha hecho más que contribuir a dar señales confusas y desmovilizar a la sociedad civil, confirmando la necesaria autonomía de organizaciones sociales de la línea y dinámica de partidos políticos, y aunque se compartan “camisetas”, no se disminuya la capacidad de disentir y cuestionar.

Una tras otra mala decisión ha llevado a que el MINAE sea una mala copia de la anterior administración, y ante su actuación hemos incurrido en un grave descuido como movimiento ambiental: no hemos anticipado y rechazado a tiempo los tremendos retrocesos en la protección al ambiente por parte del Gobierno, cosa que sí hicimos ante la anterior administración. Es un año perdido, con un gobierno sin la mínima intención de cumplir la palabra, es sí, solo si se trata de un negocio, un proyecto de infraestructura, o la sumisión colonial a holandeses, chinos y gringos.

El caso del Tajo Asunción nos dejó dos lecciones: Primero nos confirmó que ya un criterio técnico o principio precautorio no aplica en grandes inversiones o proyectos, ya nos debió haber quedado claro cuando presentamos un extenso recurso de revocatoria por la manera en que se otorgó la viabilidad ambiental a APM Terminals, con una “contorsión olímpica” se reinterpretó la normativa en la Comisión Plenaria de la Setena y se separó del criterio de su Unidad Técnica, con muy poca argumentación de fondo se conviertió en defensora de la empresa para aprobar, a como diera lugar, el proyecto. Segundo, que si bien hay gente sensible y amiga en el gobierno, los más altos jerarcas se apartan del criterio técnico para facilitar los negocios de “otros”. El tema es que ya se empieza a sospechar que esos “otros” no necesariamente son del régimen anterior.

En conclusión, este gobierno fijó su norte en megaproyectos e infraestructura a cualquier precio y por encima de cualquier criterio, lo cual nos lleva a separarnos de defender esta continuidad de guerra contra la naturaleza e interiorizar que seguimos gobernados por “otros” que trabajan para los negocios de los “mismos.”

 

*Presidente Fecon y profesor UCR

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Las comunidades garífunas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una breve perspectiva

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Equidad y derechos de la mujer, Madre Tierra.

Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Durante esta semana que concluyó, se celebraron las audiencias ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso que opone a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz al Estado de Honduras: se trata de uno de los varios casos que oponen la comunidad garífuna al Estado hondureño desde varios años (Nota 1). Un estudio sobre la cultura garífuna isleña de Honduras ya advertía hace unos años que: “/…/  debo decir que, las organizaciones garífunas hondureñas, no reciben impuestos, no sustituyen al Estado, ni a las municipalidades del país; únicamente luchan por una sociedad incluyente, participativa, justa, libre de racismo y con igualdad de oportunidades para todas y todas. El Estado hondureño, está llamado a corregir las inequidades históricamente producidas, dado que las comunidades deben ser y son sujetas de las decisiones y de los cambios” (Nota 2).

En esta semana se observó la presencia de unos 70 integrantes de la comunidad garífuna que participaron en las audiencias o apoyaron a sus líderes durante estos días en San José.

La lucha de las comunidades garífunas:

Si bien la distribución geográfica de la población garífuna (estimada en unas 600.000 personas) incluye a Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua,  es la comunidad de Honduras la que ha recurrido con mayor regularidad a instancias internacionales para intentar hacer valer sus derechos. La controversia en relación a la comunidad del Triunfo de la Cruz surgió debido a varios proyectos impulsados desde hace muchos años por Honduras para atraer inversión extranjera en esos territorios ancestrales del pueblo garífuna. Estos proyectos consisten en crear infraestructura turística y promover actividades comerciales, crear las denominadas “ciudades modelo”, decretar una área protegida y proceder al traspaso de tierras a un fideicomiso Estado/inversionistas extranjeros: estos proyectos de diversa naturaleza se hicieron, según los peticionarios garífunas  (quienes agotaron pacientemente una tras una las vías jurisdiccionales hondureñas antes de acudir al sistema interamericano) sin respetar algunos de sus derechos históricos sobre estos territorios.  En el 2012, la Comisión Interamericana constató que: “ A partir de 1990, la situación se agravó notoriamente frente al otorgamiento por parte de autoridades públicas a grupos empresariales de turismo y a particulares de títulos de propiedad sobre áreas poseídas por la Comunidad, lo que dio lugar a que organizaciones comunales y nacionales garífunas realizaran una serie de acciones orientadas a denunciar las violaciones de las cuales eran víctimas y a reivindicar sus tierras ancestrales ./…/  En particular, los hechos denunciados refieren lo siguiente (i) las consecuencias de la ampliación del radio urbano del Municipio de Tela en relación con el Proyecto Marbella, el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Tela y la Cooperativa el Esfuerzo; (ii) la injerencia de la Municipalidad de Tela en la creación y permanencia de una Junta Directiva paralela del Patronato de la Comunidad; (iii) la planificación y ejecución de proyectos turísticos; (iv) la creación del área protegida Punta Izopo; y (v) los hostigamientos, amenazas y asesinato de autoridades, líderes y lideresas de la Comunidad por actividades en defensa de su territorio ancestral “ (Informe 76/12 de la Comisión, caso 12.548, párr. 98-100).  En otro ámbito, que evidencia de igual manera la poca atención de las autoridades en relación a los reclamos de las comunidades garífunas (pero a su vez la determinación de las comunidades garífunas hondureñas), un Panel del Banco Mundial debió, en el 2006, ordenar una investigación en relación a un proyecto crediticio por más de 25 millones de US$ impulsado por el Estado de Honduras (quién no procedió a consultar a las poblaciones garífunas y medir el impacto sobre estas). Se lee en el informe sobre admisibilidad (ver texto completo del Informe y Recomendación sobre Solicitud de Inspección, Programa de Administración de Créditos (Crédito AIF Nº 3858-HO ) que : “El Panel determina que los Solicitantes han alegado que las acciones del Banco Mundial constituyen una violación de las políticas y procedimientos del Banco sobre pueblos indígenas, hábitats naturales, evaluación ambiental y supervisión y que estas acciones han tenido o podrían tener un efecto adverso significativo sobre los derechos de los Solicitantes, según lo establecido en el Párrafo 9(b). El Panel observa la necesidad de recabar datos sobre los planteos de los Solicitantes en cuanto a que el Banco violó sus propias políticas y procedimientos operacionales”.  En el informe de investigación  del Panel de Investigación del Banco Mundial del año siguiente  (ver informe titulado: ”Honduras: Programa de Administración de Tierras de Honduras (Crédito de la AIF 3858-HO) – año 2007 ”, se concluye de manera muy clara por parte de los miembros del Panel de Investigación que: “Dada la relativa vulnerabilidad económica y política de los pueblos indígenas, el Panel determina que las salvaguardias dispuestas en el marco del Proyecto no son adecuadas para proteger los derechos garífunas sobre sus Tierras Étnicas en el contexto de la ejecución del Proyecto” (p. 111).

Una serie de violaciones a los derechos humanos:

En el presente caso expuesto por la comunidad de Triunfo de la Cruz ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el respeto al derecho a la propiedad (artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) es uno de los principales alegatos presentados, al no haber aún el Estado provisto a esta comunidad de un acceso efectivo a un título de propiedad sobre sus territorios ancestrales; así como por haberse abstenido durante todo este tiempo de demarcarlo de una manera adecuada. Sin titulación ni linderos claramente establecidos, el ejercicio del derecho a la propiedad se ve sustancialmente limitado.  Además de otras violaciones al Pacto de San José detectadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz (ver carta oficial del 21 de febrero del 2013 de la Comisión a la Corte disponible aquí  buscando el acápite correspondiente a “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, Honduras”), la Comisión refiere a un tema que posiblemente interese a comunidades de otros Estados de la región latinoamericana: la imperiosa necesidad de consultar a las comunidades en el caso de megaproyectos que las puedan afectar o regulaciones sobre el uso de suelo. «Otro de los componentes del presente caso es la falta de una consulta previa, libre e informada a la Comunidad de Triunfo de la Cruz y sus miembros con respecto a la adopción de decisiones que afectan el territorio que han ocupado históricamente. Dentro de tales decisiones se destacan la planificación y ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos; la creación de un área protegida en parte del territorio ancestral; y las ventas de tierras comunitarias» señalaba la Comisión al remitir el caso a la Corte de San José. Para los representantes de las organizaciones garífunas hondureñas (ver nota de prensa), «lo que se espera es que haya una sentencia no solamente para que se le restituyan las tierras a la comunidad de Triunfo de La Cruz sino que se implemente en el país una ley sobre la consulta y consentimiento previo libre e informado que se requiere para que los proyectos a implementar cuenten con el aval de las comunidades«. Se trata de un vacío legal del que no solo adolece el Estado hondureño en el hemisferio americano, y que ha dado lugar a una larga serie de medidas cautelares ordenadas en años recientes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de comunidades indígenas, tribales y campesinas, ya sea para frenar proyectos que las afectan o para proteger a sus líderes de actos de intimidación y amenazas de los que son a muy a menudo víctimas (ver listado oficial).

Años atrás tuvimos la oportunidad de referirnos a la delicada situación en la que se encontraba – y sigue encontrándose – Costa Rica en relación al megaproyecto hidroeléctrico El Diquis (ver breve artículo) de cara a sus obligaciones internacionales con relación a los pueblos indígenas. En un interesante artículo de Karine Rinaldi publicado a finales del 2012 en Costa Rica, la jurista expresó que: “de conformidad con la jurisprudencia interamericana, las consultas deben hacerse desde las primeras fases y constituir una comunicación constante entre las partes (lo que excluye una simple entrega de información por parte del Estado). Además, es importante entender que deben realizarse mediante procesos culturalmente adaptados; en este sentido, la Corte Suprema de Justicia debería haber integrado la dimensión temporal para respetar los tiempos y las formas tradicionales de toma de decisiones de los pueblos indígenas”.  Las regulaciones ambientales también parecieran haber sido vulneradas según expresado por el experto en derecho ambiental, el reconocido abogado Alvaro Sagot (ver artículo).  La administración que inició en mayo del 2014 “hereda” de la correspondiente al ejercicio 2010-2014 este delicado problema (como muchos otros), y el proyecto El Diquís pareciera estar “varado” según un titular de La Nación (Costa Rica) reciente. La máxima representante de Naciones Unidas en Costa Rica en septiembre del 2013 (verentrevista) ratificó y deploró, de manera más general, la situación de discriminación y abandono en la que se encuentran las comunidades indígenas de Costa Rica.

Medidas cautelares  y otras medidas ordenadas a Honduras:

En el caso de las comunidades garífunas, ya el 28 de abril de 2006 la Comisión había solicitado la adopción de medidas cautelares en favor de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. En aquella ocasión había instado al Estado a que «adopte las medidas que sean necesarias para proteger y respetar el derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales pertenecientes a la Comunidad de Triunfo de la Cruz. En especial, /que/ tome las medidas necesarias para evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que afecte el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad de Triunfo de la Cruz, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva en el caso Nº 12.548» (Informe 76/12, Caso 12.548, Comisión IDH, p. 3 punto 12). El 16 de septiembre de 2011, la Comisión ordenó al Estado de Honduras (MC 322/11, Honduras) medidas cautelares a favor de Miriam Miranda, objeto de amenazas y hostigamientos en razón de su labor en defensa de los derechos de las comunidades garífunas. La Comisión «solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Miriam Miranda, concertar las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar«. Estas medidas cautelares y unas más a favor de líderes garífunas forman parte de las 80 medidas cautelares que convirtieron a Honduras en el Estado con mayor número de medidas cautelares según los resultados de un foro realizado en Tegucigalpa en el año 2013: el dato reviste interés en la medida en que evidencia la poca atención de las actuales autoridades de Honduras con relación al respeto de los derechos humanos.  Un año atrás, en enero del 2010, la estación de radio garífuna  “Faluna Binetu” fue incendiada por desconocidos (ver nota), sumándose a una larga lista de actos de intimidación, vejaciones y amenazas sufridos por la comunidad garífuna y por sus representantes, sin que ello provoque por parte de las autoridades de Honduras reacción alguna. Cabe señalar que en diciembre del 2013, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos accedió a la petición de los representantes de las comunidades garífunas para poder contar con el apoyo del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

De posibles perspectivas: 

La sentencia a dictarse en este caso  (así como los relacionados con otras comunidades garífunas hondureñas) podría precisar el alcance de la jurisprudencia interamericana en el caso Saramaka contra Surinam (Nota 3), en particular en relación a los elementos culturales y espirituales que son parte intrínseca de la identidad de los pueblos indígenas y tribales del continente americano. En el caso de los garífunas hondureños, la UNESCO ha identificado la relación muy fuerte de su cultura con relación al agua (ver ficha técnica del Programa Hidrológico de la UNESCO). En el caso Saramaka contra Surinam, leemos que “la Corte, por lo tanto, concluye que los miembros del pueblo Saramaka conforman una comunidad tribal protegida por el derecho internacional de los derechos humanos que garantiza el derecho al territorio comunal que han usado y ocupado tradicionalmente, derivado del uso y ocupación, de larga data, de la tierra y de los recursos necesarios para su subsistencia física y cultural y, asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales para reconocer, respetar, proteger y garantizar a los integrantes del pueblo Saramaka el derecho de propiedad comunal respecto de dicho territorio” (párr. 96, ver texto integral de la sentencia).  Con relación a este último aspecto (el carácter colectivo de la propiedad), la Corte mostró su enojo ante las aseveraciones del Estado, y enfatizó (párr. 103) que: “/…/ es improcedente el argumento del Estado en cuanto a que es discriminatorio aprobar una ley que reconozca las formas comunales de posesión de la tierra. Es un principio establecido en el derecho internacional que el trato desigual a personas en condiciones desiguales no necesariamente constituye discriminación no permitida”. En lo que respecta al uso de los recursos naturales, sentenció sin mayor contemplación (párr. 121) a las autoridades de Surinam que: “De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte según lo establecido en los casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa, los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo”.

Conclusión:

En un reciente foro realizado en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, la experta en temas indígenas Karine Rinaldi recordaba de manera muy clara que: «El estilo de vida no es meramente cuestión de posesión o producción sino un elemento material y espiritual base de su cultura, integridad y supervivencia» (ver nota publicada por Elpais.cr). El caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz contra Honduras podría dar lugar a una sentencia de los jueces de la Corte de San José que permita confortar algunos principios jurídicos esbozados con anterioridad, brindando así una luz de esperanza a muchos de los pueblos indígenas y tribales de América Latina golpeados por megaproyectos o iniciativas inconsultas de otro tipo que amenazan su supervivencia como comunidades. Un estudio sobre las diversas técnicas usadas por el juez interamericano en su jurisprudencia  con relación a los elementos culturales concluye precisamente al respecto que: «… los conceptos amplificadores de los derechos convencionales mantienen la Convención en movimiento y son las herramientas por excelencia del juez interamericano para avivar esta primavera jurisprudencial» (Nota 4). Es muy probable que muchas comunidades del hemisferio americano que se han sentido en el pasado discriminadas, despojadas, humilladas (y hasta burladas) por sus propias autoridades estatales estén con algunas expectativas con relación al caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz.  Los especialistas, analistas y demás observadores deberán por su parte mostrarse atentos (y alertas) a este caso y al contenido de la decisión de los jueces. Esperemos que los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se muestren a la altura ante los desafíos que plantean las valientes comunidades garífunas hondureñas al sistema interamericano de protección de los derechos humanos como tal.

NOTAS:

Nota 1: Otro caso similar fue remitido por la Comisión a la Corte en octubre del 2013 (comunidad garífuna de Punta Piedra, ver para mayores detalles comunicado oficial de la CIDH) . En el 2007 la Comisión declaró de igual manera admisible una petición de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos (ver informe 39/07).

Nota 2: Véase estudio de CACHO CABALLERO X. M., “Derechos económicos, sociales y culturales de la población garífuna isleña en Honduras”, disponible aquí.

Nota 3: Véase estudio de RINALDI K. y RIVERA JUANISTI J., «Pueblo Saramaka versus Surinam: el derecho a la supervivencia de los pueblos indigenas y tribales como pueblos«. Los derechos de los pueblos indígenas también pueden ser analizados desde la perspectiva del derecho ambiental: remitimos a un estudio reciente de la experta Karine Rinaldi sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en relación al principio de no regresión: RINALDI K., «Principio de no regresión ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Enseñanzas de la jurisprudencia Interamericana«, disponible aqui, pp. 356-384.

Nota 4: Véase ESTUPIÑAN SILVA R., «Pueblos indígenas y tribales: la construcción de contenidos culturales inherentes en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos«, (cita extraída de la p. 612).

Comunidades garífunas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 21 de mayo del presente, se realizó en la sede ubicada en Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, un encuentro cultural entre garífunas y guanacastecos. Foto tomada de la página en Facebook Conferencias UCR Guanacaste.

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