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Etiqueta: Áreas Silvestres Protegidas

ONU: “Para prevenir nuevas pandemias hay que cambiar el modelo agrícola que deforesta y destruye la biodiversidad»

  • En Costa Rica el sector piñero ha invadido 16.385 hectáreas de humedales y ha deforestado 5.500 hectáreas de cobertura forestal;
  • Al menos 1.300 hectáreas de Áreas Silvestres Protegidas han sido invadidos por piña.

(8/07/2020). El Programa para el Medio Ambiente de la Naciones Unidas (PNUMA) pone el foco en el avance de la agricultura industrial factor que podría desencadenar nuevas pandemias en el futuro y llama a cambiar el modelo agrícola que deforesta y destruye la biodiversidad.

El informe Prevenir la próxima pandemia: Zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión es un esfuerzo conjunto del (PNUMA) y el Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI, por sus siglas en inglés).  El reporte identifica siete tendencias que impulsan la creciente aparición de las zoonosis, entre éstas, la mayor demanda de proteína animal, el aumento de la agricultura intensiva e insostenible, la explotación de la vida silvestre y la crisis climática.

En Costa Rica el según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019 el 87% de la superficie cultivada en el país está ocupada por monocultivos intensivos. Solamente entre 2001 y 2015 la industria piñera deforestó más de 5.500 hectáreas de según información del Proyecto de Monitoreo del Paisaje Productivo (www.mocupp.org).

Además se registra en Costa Rica la perdida de bosques avanza fuertemente de la mano de la expansión piñera. El último informe del Estado de la Nación de 2019 reveló, utilizando datos satelitales, que 3.824 hectáreas de piña invadieron áreas protegidas y 16.385 hectáreas invadieron humedales.

La lucha contra la expansión piñera cumple casi dos décadas denunciando los abusos de las empresas y entidades estatales aliadas de este modelo insostenible. Cientos de comunidades se han visto impactadas por las fumigaciones y los impactos a la salud de las personas que viven y trabajan en las plantaciones son evidentes y pueden ser más graves conforme pasen más años de exposición a estas sustancias.

Esta semana el Ministerio de Ambiente y Energía ha publicado la Directriz No-0006-2020 que reafirma lo existente en el marco normativo nacional sobre conservación y señala que las actividades agroindustriales dentro de las Áreas Silvestres Protegidas deben de salir de dichas zonas. Les da un año a las empresas de agronegocio para hacer efectivo el cese de estas actividades ilegales. Es un paso en la dirección correcta pero insuficiente para proteger la salud humana, ambiental y de los ecosistemas.

Es un error pensar en la re-activación económica continuando con un modelo de agricultura basado los monocultivos, los paquetes tecnológicos de agrovenenos y destrucción de la biodiversidad. Hay que implementar modos de producción de alimentos basados en la agroecología el cuido del bosque y la biodiversidad.

Henry Picado Cerdas. Es apicultor y agricultor miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y Federación Ecologista FECON

Referencias:

1)        La salud humana, animal y ambiental debe considerarse una sola para prevenir la próxima pandemia. https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-salud-humana-animal-y-ambiental-debe-considerarse-una

2)        Informe Prevenir la próxima pandemia: Zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión https://www.unenvironment.org/es/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and

3)        Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 https://www.inec.cr/encuesta-nacional-agropecuaria

4)        MOCUPP http://www.mocupp.org/

5)        Investigación Base del Informe del Estado de la Nación. https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/12/Gonzalez-V.-2019.-Piña.pdf

6)        Directriz MINAE No-0006-2020 https://feconcr.com/wp-content/uploads/2020/07/NO-MONOCULTIVOS.pdf

Áreas silvestres reactivarían turismo y economía

Mediante encadenamientos productivos

La crisis generada en el sector turismo debido al impacto de la Covid-19, tiene a empresarios, trabajadores y sus familias al borde de la calamidad, pues a la fecha no se vislumbra la mínima apertura de dicho sector. Ante esta difícil situación el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional (Cinpe), identificó en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) el potencial para estimular la demanda y dinámica del turismo en el corto y mediano plazo, siempre y cuando se acoja al turista nacional y se generen encadenamientos productivos.

Marco Otoya, docente e investigador del Cinpe-UNA, explicó que las ASP por su naturaleza y la diversidad de encadenamientos productivos que genera su existencia, son una oportunidad para mitigar los efectos del COVID-19 en el sector turismo. Al mismo tiempo, el mercado nacional es una oportunidad para estimular la demanda y dinámica del sector en el corto y mediano plazo, sobre todo porque en 2018 las ASP recibieron más de dos millones de visitantes, de los cuales el 54% fueron visitantes nacionales.

Costa Rica cuenta con un 25% de su territorio bajo la categoría de ASP, conformadas por Parques Nacionales, Reservas Biológicas y Reservas Forestales, entre otras. En total 145 ASP, de las cuales solo 40 recibieron visitación en el 2018; No obstante, esto generó ingresos importantes para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y para las comunidades cercanas a estas zonas.

Otoya agregó que los parques nacionales y en general otras ASP, provocan un efecto positivo y una serie de encadenamientos productivos en las áreas geográficas donde se ubican. “Esto implica la creación de una serie de actividades generadoras de empleo como hoteles, restaurantes, tour operadores, venta local de artesanías y productos propios de la zona”, indicó el investigador.

Recalcó además que muchos son los ejemplos en donde la visitación a un Parque Nacional se asocia a la compra de otros productos como fresas, flores y quesos, o bien a la realización de una actividad recreativa particular como la visita a un mirador, pesca recreativa o canopy. También, restaurantes y hoteles requieren productos agrícolas o insumos que se producen en áreas geográficas distintas. La visitación y el transporte se organiza desde operadores ubicados otras zonas, incluso cuando la visita se organiza por cuenta propia requiere del consumo y disfrute de bienes o servicios que no son necesariamente locales.

Acciones en cifras

En cuanto a cifras el Cinpe estimó que el aporte a nivel nacional de los parques nacionales y reservas biológicas por los servicios ecosistémicos que generan fue de aproximadamente ¢1 billón de colones para el año 2016, donde las empresas dedicadas a actividades relacionadas con el turismo fueron las más beneficiadas con la existencia de los parques nacionales y reservas biológicas con aproximadamente ¢809.478 millones, representando el 78.73% del aporte total generado. En el 2018 el fondo de parques nacionales, cuyo principal ingreso es la cuota que se cobra por visitación se estimó en ¢18.350 millones y para este año los ingresos por visitación estaban estimados en ¢13.510 millones.

Otoya expresó que lo anterior muestra el potencial de las ASP para generar ingresos y contribuir a nivel local en la generación de empleo y al desarrollo socioeconómico de las comunidades. “Dado que las ASP generan empleos directos e indirectos, permiten el desarrollo de la actividad turística y la actividad comercial en general, parte de las medidas y estrategias para mitigar la crisis del COVID-19.

Aseveró que el sector turismo debería enfocarse de inmediato a estimular la demanda interna, ya que el estímulo de la demanda nacional puede ser una estrategia que proporcione al sector los primeros recursos para su reactivación.

Papel del Estado

Al respecto, Otoya comentó que el SINAC debe jugar un papel fundamental en la atracción de la demanda interna a las ASP, pero también debe mejorar sus condiciones de acceso, infraestructura y servicios, principalmente de aquellas ASP menos visitadas pero que se ubican en zonas rurales con un potencial de estimular su actividad socioeconómica y productiva.

En cuanto al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a nivel internacional deberían vincular el concepto de ecoturismo con el turismo de salud, paz, meditación y espiritual, de modo que se aprovechen los relativamente buenos resultados por la forma cómo se enfrentó la pandemia en nuestro país, combinado con la fama de ecoturismo. Evidentemente esta estrategia debe posicionar las ASP en el ámbito internacional y en la mente del costarricense.

Otoya concluyó aseverando que “las campañas dirigidas al sector deben ser innovadoras y efectivas pues de acuerdo con datos del propio ICT, en la decisión de vacacionar del costarricense la publicidad en la televisión influye muy poco (5%) y la internet medianamente (28%).

****Mayor información con: M.Sc. Marco Otoya, investigador del Cinpe (8315-2771) o con la Oficina de Comunicación de la UNA, con el periodista Johnny Núñez (8674-8535).

Imagen ilustrativa.

Enviado por UNA Comunicación.

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UNA: Guardaparques se actualizan para velar por conservación

La creciente demanda turística de los parques nacionales representa un reto para quienes velan por la conservación de estos recursos. En diciembre anterior, en la Estación Biológica Altamira, ubicada en el Parque Internacional La Amistad, el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis-UNA) impartió el curso “Nuevos abordajes para la Conservación y Manejo de Áreas Silvestres Protegidas”, dirigido a graduados del Diplomado en Conservación y Manejo de Áreas Protegidas para Guardaparques.

Este curso buscaba brindarles a los participantes elementos que apoyaran su quehacer en las áreas protegidas. Los temas abordados fueron: 1. Estrategias y técnicas de buenas prácticas en el manejo y aplicación del turismo sostenible en las áreas silvestres protegidas a cargo de Carlos Morera, investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas. 2. Conocimiento de las bases teóricas y prácticas necesarias para crear e implementar buenas prácticas en interacciones entre la vida silvestre y los visitantes de las áreas silvestres protegidas, dirigido por Grace Wong, directora del Icomvis-UNA y 3. Conocimiento desde una perspectiva teórica, tecnológica y práctica, en la aplicación de tecnologías geoespaciales como soporte en los diversos procesos en toma de decisiones y una gestión adecuada de las áreas silvestre protegidas, impartido por Luis Sandoval, también investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas.

“Los temas que se trataron son muy relevantes para nosotros, sobre todo yo que trabajo en un parque muy visitado me parece fundamental conocer sobre la interacción. También me parece importante que se puedan abordar otros temas como el cambio de comportamiento de los animales y la legislación en cuanto al espacio marino y aéreo, ahora que están de moda los drones, estos pasan muy cerca y obviamente afecta a la fauna silvestre”, dijo Alonso Villalobos quien trabaja en el Parque Manuel Antonio.

En el curso participaron 20 funcionarios de las Áreas de Conservación: Amistad, Pacífico Central, Arenal Huetar Norte, Tortuguero, Central, Isla del Coco y Osa, específicamente del parque Nacional Manuel Antonio, Parque Internacional Amistad, Refugio San Lucas, Humedal Sierpe, Reserva La cangreja entre otros.

Graduados del Diplomado en Conservación y Manejo de Áreas Protegidas para Guardaparques se mantienen actualizados a través de los cursos que imparte el Icomvis-UNA. Foto: Luis Sandoval.

 

Enviado por Oficina de Comunicación UNA.

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Aumentan en 300% las invasiones de Piñeras en Áreas Silvestres Protegidas y Humedales

  • 824 hectáreas de cultivo de piña dentro de ASP

  • 385 hectáreas piñeras en humedales

(FECON, 13/11/2019) En el marco de la presentación del Informe del Estado de la Nación 2019 resalta entre sus resultados la invasión del agro-negocio de la piña dentro de Áreas Silvestres Protegidas y de humedales, también protegidos por ley (1).

El Programa del Estado de la Nación revela que existen 3.824 hectáreas sembradas con piña dentro del Corredor Fronterizo Norte, Refugios de Vida Silvestre Maquenque y Barra del Colorado. Estos datos revela un aumento de más del 50% reportada hace un año cuando FECON denunció que existían cerca de 1300 Ha de piña en las mismas ASP (2).

Además esta edición del Estado de la Nación revela que las piñeras han invadido 16.324 hectáreas de humedales. Espacios de vida claves para la conservación de la naturaleza y evitar situaciones de emergencia como pueden ser inundaciones.

Existe un conflicto importante entre la vocación de conservación de la naturaleza del país y la dinámica productiva de expansión de monocultivos destructivos como lo es la piña en Costa Rica. El aumento de piñeras metidas en ASP en un 300% es una muestra de que la expansión piñera es una de las emergencias ambientales más importantes que afrontamos en al país.

En promedio en la Secretaría Técnica Ambiental se aprueban tres mil hectáreas anuales de piñeras de forma legal, pero la mayoría de esta expansión se da de manera ilegal, como las que se dan dentro de Áreas Silvestres Protegidas y Humedales.

Al mismo tiempo que se expande descontroladamente la piña, el gobierno mira para otro lado y hasta niega que sea un problema importante la expansión piñera.

Contacto: 8760 9800

Nota:

1. https://estadonacion.or.cr/informes/

2. https://semanariouniversidad.com/bloque1/pais-esta-desarmado-para-enfrentar-la-degradacion-de-sus-bosques/

 

Enviado por FECON.

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Artistas llaman a diálogo por ambiente y vida humana

Ante la alarmante “situación socio ambiental que se vive en las zonas de cultivo de piña”, más de un centenar de artistas firmaron un documento que enviaron al presidente de la Republica, Carlos Alvarado Quesada.

En el documento se llama la atención en relación con que el cultivo de esa fruta “ha invadido Áreas Silvestres Protegidas…. así como el impacto a las fuentes de agua, que han sido contaminadas por el tipo de agroquímicos utilizado de manera intensiva”. Se indica además que no se debe pasar “por alto, los sucesos que se han dado en las últimas semanas, con respecto a los movimientos de trabajadores y trabajadoras que reclaman sus derechos y garantías establecidas por la legislación vigente”.

Ante ello, el llamado del grupo de artistas señala: “mostramos respaldo al mensaje artístico de la canción Tractorcito de Frontera” (https://surcosdigital.com/tractorcito-de-frontera-videoclip/). Después agrega: “Creemos que estos últimos acontecimientos requieren de un gran diálogo nacional convocado desde las autoridades de gobierno correspondientes, que incorpore no solamente al sector productivo, sino a las organizaciones laborales, universidades públicas, grupos ciudadanos y activistas del ecologismo, para llegar a acuerdos que posibiliten poner fin a las situaciones que se dan irregularmente al margen de las leyes, que se supone debemos cumplir quienes habitamos este país. Ninguna actividad económica podrá costear el irreparable daño a las fuentes del agua, ni tampoco el daño humanitario que sufren las personas trabajadoras y comunidades en las que se desarrolla el cultivo extensivo de piña”.

Puede leer el documento completo con las 113 firmas de respaldo en este enlace:

 

Enviado a SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

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Imágenes satelitales: piña se expande sin control

  • Evidencia científica revela que existen 1.482 hectáreas de piña sembradas dentro de Áreas Silvestres Protegidas.
  • En 2017 se registran 66.266 hectáreas de piña sembradas en el país.
  • Entre 2016-2017 el monocultivo de piña creció unas 9.000 hectáreas sin controles estatales.

(FECON, 14-01-2019.) Una actualización de mapas satelitales vinculados con la N.A.S.A revelan que existen 66.266 hectáreas de piña sembrada para el año 2017. Según mostraron las imágenes satelitales del Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP) de Costa Rica, elaborado por el Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) del CONARE. (disponibles en el sitio: http://www.snitcr.go.cr/)

Este mismo centro de investigaciones descubrió que las piñeras cubrían en 2016 unas 57.327 hectáreas del territorio nacional. Del 2016 al 2017 los empresarios piñeros incrementaron el área cultivada en 9.000 hectáreas lo cual representa un expansión de un 15,7% en tan solo un año.

La actividad de la producción de piña fresca en Costa Rica ha sido señalada como la responsable de contaminar fuentes de agua de poblaciones aledañas a este monocultivo. Incluso de ha visto envuelta en denuncias por no cumplir la legislación en materia laboral, ambiental y fiscal. Se sabe que entre el año 2000 y el 2015 esta industria deforestó de forma ilegal 5.566 hectáreas de áreas de protección en margenes de ríos y humedales.

El PRIAS además encontró 1.482 hectáreas dentro de Áreas Silvestres Protegidas, entre estas sobre sale el Refugio Corredor Fronterizo Norte, el Refugio de Vida Silvestre Maquenque y Barra del Colorado. El traslape de la piña con las zonas que se supone dedicadas a la conservación de la naturaleza ya había sido denunciado por la Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza (FECON) en 2017 cuando se demostró que habían 1.112 hectáreas de piña dentro de ASP. Un año después el PRIAS revela que hay 370 hectáreas adicionales para el 2017.

Estas casi 1.500 hectáreas de invasión por parte de las empresas piñeras dentro de las Áreas Silvestres Protegidas demuestra la inacción estatal. Se sabe que instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación ambiental no están haciendo su trabajo o son deficientes. Por lo tanto, son cómplices de la destrucción ambiental que esta sufriendo el país según el Artículo 57 de la Ley Forestal.

Pese a esto el actual gobierno ha recortado 2.000 millones de colones para el 2019 al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Esto pone cuesta arriba remediar cualquier impacto de la expansión irresponsable, ilegal y descontrolada del cultivo de la piña.

Contacto al teléfono: 87609800, Henry Picado Cerdas, Presidente de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza.

Enviado a SURCOS por FECON.

Diputados aprobaron ley con coordenadas erróneas

Solicitud de veto a modificación de Reserva Biológica Lomas de Barbudal

  • No existen estudios previos que justifiquen la modificación de límites
  • El Estado no tiene el dinero necesario para realizar la compra de los terrenos para la compensación de la biodiversidad
  • Se está violentando la Convención RAMSAR

 

FECON, Bloque Verde, 20-9-2018. Por medio de una carta pública, ambientalistas solicitamos a Carlos Alvarado Quesada vetar proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo N°20645: “Ley para modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal”.

En la carta se señalan errores graves en la tramitación que incluso algunos hacen inaplicable la modificación de los límites de Lomas de Barbudal. Inconsistencias que rozan la normativa constitucional, la legislación ambiental existente sobre Áreas Silvestres Protegidas y el Convenio RAMSAR.

Las incongruencias confirmadas después del segundo debate en la Asamblea Legislativa, consisten en que no se consideraron criterios técnicos de los polígonos topográficos en cuanto a la fijación de los nuevos límites de la Reserva Lomas de Barbudal. El cual contiene un error en las coordenadas geográficas, concretamente existe un error de 3 metros en la Latitud y 13 metros en la Longitud.

Mediante el oficio DIG-0388-2018 del 06 de setiembre de 2018, el Registro Nacional comunica a la Asamblea Legislativa la existencia de una serie de irregularidades sobre las coordenadas contenidas en el texto aprobado, mismas que buscan establecer los nuevos límites que tendrá la Reserva Biológica Lomas del Barbudal.

En este sentido la carta dirigida al mandatario señala que “urge la imperiosa necesidad de que se adecuen los límites planteados en el texto del Decreto Legislativo N°9610, de previo a su entrada en vigencia, entre otras razones, para que sea posible dar garantía en cuanto a la seguridad jurídica sobre régimen de propiedad dentro de los nuevos linderos requeridos.”

Por otro lado no existen los estudios técnicos necesarios. En el oficio SENARA-GG-0674 del 13 de setiembre de 2018, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, en adelante SENARA, realiza una serie de confirmaciones sobre la ausencia de estudios técnicos y científicos suficientes, para justificar la decisión de desafectar 113 ha de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, lo cual significa, que no existe el respaldo científico suficiente, para tomar la medida. Lamentablemente esto no se realizó, a pesar de la clara necesidad de realizar los estudios en los términos exigidos por la Ley Orgánica del Ambiente. Esa modificación de límites requiere de estudios científicos que la confirmen, tal y como se indica en la exposición de motivos que acompañó al Proyecto de Ley.

Pese a eso los estudios no existen, por lo tanto no existe el fundamento científico que justifique la necesidad de realizar el PAACUME. Porque no se tiene certeza científica de ser la única fuente disponible de recurso hídrico para turismo, riego, consumo humano y generación eléctrica de la región.

Otra razón, para fundamentar la presente solicitud de veto es que si bien, no se cuenta son los recursos necesarios para adquirir los terrenos a compensar. Según el Artículo 72.- del Reglamento de la Ley de Biodiversidad es necesario:(…) (g) Existencia de recursos financieros suficientes para adquirir los terrenos del área propuesta y asegurar su adecuada protección y manejo en el largo plazo. (…)”

A pesar del requisito, en el mismo oficio del SENARA-GG-0674 se indica (sobre los recursos para adquirir las fincas de compensación): “Hasta este momento (13 de setiembre del año en curso) no se tienen incorporados estos recursos en el presupuesto institucional…”

Además de que no se puede garantizar la existencia de recursos financieros suficientes para la adquisición de esas fincas, según lo indica el SENARA, tampoco se han, si quiera, presupuestado los recursos para asegurar su protección y manejo en el largo plazo, tal cual, lo exige nuestro ordenamiento jurídico ambiental.

Finalmente, la Convención Ramsar, ratificada mediante la Ley N°7224 del 8 de mayo de 1991, permite que por motivos de urgencia nacional se modifiquen los sitios incluidos dentro de sus apéndices, sin embargo, en el caso concreto esta urgencia no existe. Según se ha manifestado, es el PAACUME el que justifica la disminución de los límites de la Reserva Lomas de Barbudal, pero el SENARA indica que: “(…) hay que tener claro que el Paacume no considera dentro de sus objetivos el tratamiento y distribución de agua potable.”

Por lo tanto, la necesidad de abastecimiento poblacional no puede justificar la intervención del área silvestre protegida y, evidentemente, no es urgente, pues la Administración, ni siquiera la consideró dentro de los objetivos del PAACUME.

La solicitud al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, es que considerando las implicaciones negativas que tendría la entrada en vigencia de un proyecto de ley sin criterios técnicos en cuanto a la fijación de los nuevos límites de la Reserva Lomas de Barbudal; que no se justifica sobre la necesidad de abastecimiento poblacional y que no cuenta con el contenido presupuestario correspondiente ni para adquirir; ni para darle mantenimiento en el largo plazo a las más de 400 ha de compensación que pasan a formar parte de la Reserva. La carta solicita se

Por esta razón se lanzó una campaña de recolección de firmas en apoyo al veto el Decreto Legislativo N°9610, mediante la plataforma

https://secure.avaaz.org/es/petition/Carlos_Alvarado_Quesada_Presidente_Republica_de_Costa_Rica_No_a_la_Destruccion_de_Reserva_Lomas_de_Barbudal/

*Información al teléfono: 8892 7959 o al 8760 9800.

20.465 0388 IGN 6-7-2018

Nuevo doc 2018-09-20

 

Enviado por FECON.

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Ambiente y 100 días: organizaciones envían carta al Presidente

En su primer discurso presidencial, usted prometió: “Protección y balance con el ambiente”. Sin embargo, en estos primeros 100 Días, su gobierno de “unidad nacional” no honra las promesas de campaña electoral ni su discurso inaugural, pero sí perpetúa el accionar de las anteriores administraciones, respondiendo a los intereses supremos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sus socios.

Su gobierno continúa promoviendo el Proyecto Mesoamérica (PM), extensión del Plan Puebla Panamá, con claros mandatos internacionales, para asegurar el mayor flujo de bienes y servicios del país hacia el Norte, por medio del saqueo y la privatización de nuestros recursos naturales y vida, que obligan al endeudamiento para financiar la infraestructura de proyectos privados al servicio del gran capital, como ocurre con el Proyecto PAACUME en Guanacaste y el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis en el Sur, contribuyendo aún más con el creciente Déficit Fiscal.

En el marco del PM su gobierno sigue impulsando la modernización de la infraestructura de los principales Puertos en el Caribe y Pacífico costarricenses para privatizarlos posteriormente sin importar el desempleo. Se amplían y construyen nuevas carreteras y aeropuertos como el de Osa, pese a la fragilidad de su entorno ambiental. Se acelera la desregulación del SETENA y el debilitamiento del SENARA para favorecer la entrega del agua a manos llenas para regar jardines, campos de golf y hasta vender el agua embotellada, ignorando el impacto real del Cambio Climático en Guanacaste, una de las provincias más empobrecidas y la más seca del país.

Los jerarcas del MINAE, de la Dirección de Aguas, y el AyA siguen sin poner límites al uso y abuso del agua por las grandes empresas de monocultivos como la caña de azúcar, el arroz, el melón, la sandía y la piña, sin importarles que las empresas devuelvan el agua contaminada a los ríos, quebradas, nacientes y pozos que utilizan las comunidades humanas y silvestres.

A los 100 Días, su administración destaca negativamente para el ambiente por las siguientes razones:

  1. SAQUEO DEL AGUA DE LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS MEDIANTE LA “NORMA DEL DEBATE ARREGLADO” EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: su gobierno de “unidad nacional” con Rodolfo Piza, utiliza tácticas y estrategias de convencimiento con los diputados y diputadas de todas las fracciones, a espaldas de las comunidades empobrecidas y vulnerables, mediante la “norma del Debate Arreglado”, para entregar el agua de las Áreas Silvestres Protegidas, mediante proyectos promovidos por el Banco Mundial y la Global Water Parneship (GWP), como el 20.465 que modifica los límites de la Reserva Biológica Barbudal en Guanacaste y el No. 20.447 para extraer el agua de los Parques Nacionales, pese al desperdicio enorme debido a la mala administración del AyA originando conflictos en comunidades como Nimboyores y Sardinal en Guanacaste; Guacimal, Orocú, Malinche y Costa de Pájaros en Puntarenas y Tacares de Grecia y Atenas en Alajuela, entre otros.
  2. SAQUEO DE LA BIODIVERSIDAD Y TIERRAS MEDIANTE LA TITULACIÓN DE LA MILLA FRONTERIZA, DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS, DE LAS RESERVAS FORESTALES, ENTRE OTROS: iniciativas que cuentan con apoyo abierto del Ministro MINAE Carlos Manuel Rodríguez Echandi, incorporado por su gobierno para asegurar el cumplimiento de “mandatos ambientales” inconclusos de gobiernos anteriores del Partido Unidad Social Cristiana. Se sigue utilizando a los pobres como justificantes para favorecer a las empresas inmobiliarias, constructoras, turísticas, etc. como ocurre desde hace 20 años en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe costarricense y con la tramitación actual del Proyecto No. 20.407 que pretende “regular” el Patrimonio Natural y Forestal, fomentando la expansión y crecimiento urbano sobre áreas de protección y recarga acuífera, ignorando los objetivos de conservación, uso y manejo sostenible, generando pérdida de la biodiversidad e interrupción de los Corredores Biológicos, considerados garantes para disminuir los impactos del Cambio Climático y que trunca la aspiración de Carbono Neutralidad de su gestión gubernamental.
  3. AUMENTA LA DESPROTECCIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS: su “gobierno de unidad nacional” parece olvidar que el agua subterránea o de los acuíferos representan entre 70 y 100% del agua para el consumo humano en distintas partes del país y en vez de aumentar la protección de la misma, implementando la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, se pretende dejarla sin efecto, favoreciendo la expansión urbana sobre mantos acuíferos y zonas de protección, sin tomar en cuenta la disminución acelerada de caudales, la contaminación de aguas superficiales y los impactos reales del Cambio Climático ya presentes en el país. En la Zona Norte de Heredia, continúan permitiéndose actividades humanas pese a su condición de inalienabilidad, específicamente para la protección del recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, siendo por tanto patrimonio natural del Estado, con clara violación a la Ley No. 65 del año 1888 y al Voto de la Sala Constitucional Nº 2008-12109. Resulta inadmisible que en su gobierno continúe el establecimiento de enjambres de gasolineras sobre el Acuífero BarrancaEl Roble en Puntarenas, expuesto también a la contaminación fecal por colapso de la obsoleta Planta de Tratamiento del AyA, contribuyendo aún más con el deterioro del ya ultrajado Humedal Laguna Bonilla, último reducto de vida silvestre y único humedal urbano de agua dulce en el cantón Central de Puntarenas.
  4. NO SE APRUEBA LA MORATORIA AL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: ..continúa la expansión del cultivo de la piña, en detrimento de los bosques naturales y cultivados con incentivos fiscales, invadiendo las zonas de amortiguamiento de importantes áreas silvestres protegidas, como es el Parque Internacional de La Amistad, Patrimonio Natural Mundial de las UNESCO y contaminando el agua de ríos, quebradas, nacientes y pozos que quedan inhabilitados para el consumo humano, con altos costos ambientales y económicos que pagamos todos, como ocurre en las comunidades de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana en Siquirres y Veracruz, La Trinidad, Quebrada Grande, San Marcos y San Luis de Pital en la Región Huetar Norte, entre otras.
  5. SE MANTIENEN LAS INCONGRUENCIAS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA METÁLICA Y NO METÁLICA: pese a las recomendaciones dictadas por la Contraloría General de la República aún no se reforma el Decreto Ejecutivo No. 29300 – MINAE, ni se depura ni actualiza el Catastro Nacional Minero, tampoco se ejercen controles sobre las cantidades de materiales que se extraen, procesan y venden de las distintas concesiones, pese a que algunos de esos materiales se emplean en la construcción de carreteras por las que se cobran sumas millonarias sin haber cancelado los impuestos. Persiste la concentración de concesiones no metálicas en las cuencas medias y bajas de los ríos Barranca, Lagarto y Guacimal en Puntarenas y Tempisque, Abangares y Ahogados en Guanacaste, entre otros, afectando el suministro de agua para consumo humano; o exponiendo la roca madre como sucede en los ríos General en la Región Brunca y Toro Amarillo en el Caribe. La minería artesanal del oro, al igual que en Crucitas, se practica ilegalmente en Abangares y Miramar, afectando zonas ambientalmente frágiles, contaminando cursos de agua superficiales que desembocan en el Golfo de Nicoya, como sucede con la Quebrada Gongolona en Abangares y las Quebradas Zamora y El Padre en Miramar. Sorprende que después de 11 años de la caída estrepitosa de la mina de oro a cielo abierto en Miramar, aún no se exige el Cierre Técnico de la misma, ni “opera de oficio” la cancelación de la concesión pese a los incumplimientos de la misma, como reconoció el Ministro del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en la Universidad de Costa Rica a los 8 días de haber asumido funciones en la actual administración.
  6. AUSENCIA DE DIRECTRICES PARA EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN INGREDIENTES DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) O TRANSGÉNICOS: la ausencia de directrices sobre el etiquetado de los productos OGM resulta en la protección de su gobierno a los intereses de las corporaciones, en detrimento de los derechos individuales de los residentes locales que ven limitados sus derechos humanos de acceso a la información y libre elección bien informados, para saber qué se consume.
  7. SIN ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL USO Y ABUSO DE AGROQUÍMICOS: las empresas y personas siguen utilizando sin controles agroquímicos, incluso prohibidos por otros gobiernos, porque no existe una política de Estado para reducir efectivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas; por lo que en la práctica seguimos siendo el país consumidor más voraz de plaguicidas químicos en la agricultura, mientras continuamos muriendo de cáncer gástrico, sin advertir siquiera una ruta incipiente de que su co-gobierno con Piza traten de fomentar la agricultura orgánica.
  8. NINGUNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LAS DISPUTAS POR LOS TERRITORIOS INDÍGENAS: persiste el olvido sistemático del Estado en relación al conflicto por la tierra e intereses contrapuestos, propiciando el irrespeto a la soberanía y autonomía de las comunidades indígenas, que generan enfrentamientos violentos entre los pobladores indígenas y no indígenas, bloqueos, quemas de ranchos habitados, persecución y amenazas a la integridad física y emocional de los indígenas. Se mantiene la amenaza constante de expulsión de indígenas de sus territorios por empresas nacionales y extranjeras, avaladas por el Estado para explotar sus recursos naturales, como ocurre con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis y 16 represas hidroeléctricas en Talamanca que destruirían los ríos Telire, Coen, Lari, Urén y el ecosistema del Parque Internacional La Amistad, entre otros.
  9. MORDAZAS Y RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES (COVIRENAS): los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-ACLAC) bloquean y fuerzan trámites engorrosos para limitar las acciones y participación de personas decentes y antiguos miembros de los COVIRENAS, violándose la Declaración de Río Sobre Ambiente y Desarrollo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contradiciendo los Principios de fundación del Partido Acción Ciudadana e ignorando el incalculable valor de la participación ciudadana para contribuir con la protección de algunas regiones para la Humanidad, catalogadas como Reservas de la Biosfera, Sitios de Patrimonio Mundial Natural y Humedales RAMSAR que se protegen en ACLAC.

Por todas estas agresiones, violaciones e inacciones sobre el medio ambiente, su gobierno “nacional” y del “bicentenario” requiere un cambio de rumbo y dirigencia en instituciones como el MINAE, la Dirección de Aguas y el AyA, cuyos jerarcas siguen demostrando irrespeto y falta de compromiso con la protección del ambiente y la biodiversidad. Exigimos no se permitan talas ni otra actividad humana en zonas ambientalmente frágiles, especialmente donde se atente contra el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central y otras regiones del país.

Suscriben,

Asociación Conservacionista Yiski

CEUS del Golfo de Nicoya

Comité Ambiental de Miramar

Conceverde

Ni una sola mina

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por María Elena Fournier.

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Cacería ilegal en Osa y agresiones a ambientalistas

  • Desprotección estatal incrementa caza ilegal dentro de Áreas Silvestres Protegidas
  • Las organizaciones ecologistas solicitamos a las personas diputadas de aprobar el proyecto de Ley Expediente No 19.610 que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida

 

FECON, 30 julio 2018. El descuido estructural de las Áreas Silvestres Protegidas por parte del Estado genera que personas conscientes de los daños se expongan a enfrentar ellos mimos los delitos ambientales.

Una muestra de ello es que desde 1998 no se abren nuevas plazas para guardaparques. Por tanto, ha crecido la crecería furtiva ilegal indiscriminada y saqueo de la flora, persisten sin controles adecuados. Se calcula que se necesitan 800 plazas con rango de Guardaparques, así como su equipamiento, para atender esta crisis pero la gran mayoría de recursos del SINAC son invertidos en la atracción y atención de turismo dentro de los Parques Nacionales, dejando la tarea de control y prevención sin financiamiento.

Entre 2015 y 2016 se reportan 5723 denuncias de violaciones a la ley forestal de estas sólo 1299 fueron interpuestas como denuncias formales en instancias judiciales. Es decir existe una impunidad de más de una quinta parte de los delitos ambientales de nuestro país.

Ante esto personas como, el galardonado por el premio Guayacán, Alcides Parajeles, se ven enfrentados a bandas criminales de accionan en la Península de Osa. En un contexto dónde se sabe que a nivel global el tráfico de vida silvestre está entre las tres actividades ilegales más rentables de mundo, sólo por detrás del narcotráfico y la venta ilegal de armas.

Por lo tanto, ecologistas como Parajeles se encuentra muchas veces indefenso. Pero esto no es nuevo, de según datos de FECON en Costa Rica se registran al menos 12 asesinatos, más de 24 atentados y otras 25 amenazas directas y unas 22 demandas contra activistas ambientales y ecologistas.

Además la impunidad de los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -en su quinto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Javier Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días y 7 meses después, son muchas veces condenados a la impunidad.

Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que nos dedicamos a la protección de la naturaleza es urgente que se haga una reforma a la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, Ley N.° 1594. Ya dictaminada en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Reforma que propone:

-que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años;

-la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos;

-serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores.

 

Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza.

Tel: 8760 9800

Caceria ilegal en Osa y agresiones a ambientalistas conferencia

 

Enviado por FECON.

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