- Desprotección estatal incrementa caza ilegal dentro de Áreas Silvestres Protegidas
- Las organizaciones ecologistas solicitamos a las personas diputadas de aprobar el proyecto de Ley Expediente No 19.610 que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida
FECON, 30 julio 2018. El descuido estructural de las Áreas Silvestres Protegidas por parte del Estado genera que personas conscientes de los daños se expongan a enfrentar ellos mimos los delitos ambientales.
Una muestra de ello es que desde 1998 no se abren nuevas plazas para guardaparques. Por tanto, ha crecido la crecería furtiva ilegal indiscriminada y saqueo de la flora, persisten sin controles adecuados. Se calcula que se necesitan 800 plazas con rango de Guardaparques, así como su equipamiento, para atender esta crisis pero la gran mayoría de recursos del SINAC son invertidos en la atracción y atención de turismo dentro de los Parques Nacionales, dejando la tarea de control y prevención sin financiamiento.
Entre 2015 y 2016 se reportan 5723 denuncias de violaciones a la ley forestal de estas sólo 1299 fueron interpuestas como denuncias formales en instancias judiciales. Es decir existe una impunidad de más de una quinta parte de los delitos ambientales de nuestro país.
Ante esto personas como, el galardonado por el premio Guayacán, Alcides Parajeles, se ven enfrentados a bandas criminales de accionan en la Península de Osa. En un contexto dónde se sabe que a nivel global el tráfico de vida silvestre está entre las tres actividades ilegales más rentables de mundo, sólo por detrás del narcotráfico y la venta ilegal de armas.
Por lo tanto, ecologistas como Parajeles se encuentra muchas veces indefenso. Pero esto no es nuevo, de según datos de FECON en Costa Rica se registran al menos 12 asesinatos, más de 24 atentados y otras 25 amenazas directas y unas 22 demandas contra activistas ambientales y ecologistas.
Además la impunidad de los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -en su quinto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Javier Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días y 7 meses después, son muchas veces condenados a la impunidad.
Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que nos dedicamos a la protección de la naturaleza es urgente que se haga una reforma a la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, Ley N.° 1594. Ya dictaminada en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Reforma que propone:
-que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años;
-la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos;
-serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores.
Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza.
Tel: 8760 9800
Enviado por FECON.
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