Ir al contenido principal

Etiqueta: Asamblea Legislativa

El directorio legislativo 2022 – 2023 ¿Ejemplo de democracia o “golpe suave” al nuevo gobierno?

Nuevos diputados, con Rodrigo Arias al centro. Foto: https://semanariouniversidad.com/

Por Alex García

El grupo económico que representa Rodrigo Arias y su hermano, el expresidente, Oscar Arias logró 24 horas antes de la elección del directorio, crear un bloque mayoritario de diputados por medio del acuerdo firmado por 4 partidos (con la clara exclusión de la bancada de gobierno).  Lo que deja en claro que existirá una fuerte pugna entre el ejecutivo y el legislativo para definir el rumbo del país en los próximos 4 años. Sin perder tiempo el nuevo bloque político definió la agenda y el método para desarrollarla, marcando así el espacio de acción al nuevo gobierno, que constitucionalmente tiene la potestad de definir agenda legislativa en los primeros 90 días del nuevo periodo constitucional.

El bloque suma 41 votos, una mayoría contundente para mantener el control y definir agenda. Ante esta realidad el nuevo gobierno se vio obligado a negociar la lista de proyectos que se agendarán. Cediendo así la iniciativa legislativa al grupo de poder liderado por los hermanos Arias Sánchez.

Presenciamos, así como este grupo de poder fáctico (el de los hermanos Arias), basados en la experiencia desarrollada durante los 4 años del gobierno de “Carlitos el progre”, en el quedó claro que es el control de la asamblea lo que permite ejercer el dominio estratégico del poder, no necesitó ganar las elecciones para asumir el poder. Le bastó colocar estratégicamente a sus piezas y por medio de un “ejemplar ejercicio democrático” tomar el control de la Asamblea Legislativa. 

Rodrigo Arias cuenta con el apoyo unánime de la prensa, del capital financiero, de la mayoría de los grupos del poder fáctico y de la embajada de los EEUU. Además, su “buena prensa” le permite colocar en el imaginario popular la imagen del líder con la ansiada “capacidad de gobernar”.

La figura de Rodrigo Arias cubre con creces la falencia de liderazgo que hubo en 3 de las 4 presidencias legislativas de la Asamblea Legislativa el cuatrienio pasado.

Su designación, de paso, logra otro de los objetivos de su grupo de poder: borrar del escenario político nacional al ex presidente José María Figueres.

La derecha ha demostrado una vez más su capacidad de generar unidad con visión estratégica, dejando de lado sus divergencias de forma, se unen basados en sus coincidencias de fondo y actúan en consecuencia. 

Así las cosas, todo parece indicar que, a partir de este 01 de mayo 2022, iniciamos una nueva etapa en la vida política del país. Quizá estamos presenciando el fin de la segunda república. 

Las diferentes y diversas organizaciones y grupos progresistas de la izquierda, deben tomar nota de esto y empezar a trabajar por la unión, dejando de lado la desgastante e inútil actitud de la hipercrítica y los fundamentalismos dogmáticos. Es la hora de contar con criterios objetivos de unidad, la hora de leer y actuar con profundidad de análisis. La coyuntura nacional e internacional que transitamos no deja espacio para perder el tiempo en discusiones de forma, urge construir basados en objetivos de fondo.

Le tocará a la nueva fracción del Frente Amplio plantar resistencia ante la embestida neoliberal, desarrollar capacidad política para unir la protesta popular y generar condiciones para incidir en el ejecutivo, para dar la lucha en defensa de las garantías sociales. 

Un inmenso reto que requiere contar con el apoyo de todas las personas que se identifican con el progreso social, la igualdad, los derechos de la clase trabajadora y los valores democráticos. 

Esperamos que la fracción y la dirigencia del Frente Amplio faciliten los espacios para ir creando la necesaria unidad popular.

DE LA ESTULTICIA Y EL LARGO CAMINO HACIA EL OLVIDO

Columna Libertarios y Liberticidas(26)
Tercera época
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Principio del formulario

La estulticia de los gobernantes, y de buena parte de las gentes de la llamada «sociedad civil» costarricense de la segunda mitad de los años cincuenta del siglo anterior, no soportó la presencia de la historia viva, expresada en el extraordinario patrimonio arquitectónico que nos dejaron las generaciones anteriores, a lo largo de un siglo, pues según esas gentes había que modernizar la capital de la República llenándola de horribles edificaciones de varilla y cemento, todas casi idénticas y espantosas. La encarnizada destrucción del Palacio Nacional, edificado entre 1855 y 1857 por un arquitecto alemán, hasta entonces sede de la Asamblea Legislativa de Costa Rica es equivalente en nuestro medio a la quema (o alguna de las sucesivas destrucciones) de la Biblioteca de Alejandría, por parte de monoteístas cristianos o musulmanes, en dos momentos históricos diferentes, ateniéndonos a la especificidad del contexto histórico, social y cultural en el que tales hechos se produjeron. Ni siquiera vale la pena lamentarse, somos el país que nunca fue, a pesar del pretencioso chauvinismo con el que miramos hacia las otras naciones de la América Central, las que por cierto han conservado su patrimonio arquitectónico.

Nos convertimos en un país sin historia, a la pérdida del patrimonio cultural strictu sensu siguió un extendido analfabetismo por desuso, donde no hay lectura e investigación que llegue a grandes sectores de la población, la que hoy está inmersa en los avatares de la globalización, la que nos rotula como seres sin identidad propia. Sucede, entonces, que al no estar visibles los lugares donde ocurrieron los hechos históricos de más importancia, de los que ya no hay evidencia material, su recuerdo se diluye de la memoria de las gentes, sobre todo de las mayorías populares. Las siguientes generaciones difícilmente se van a identificar con algo que no ven, pasan preguntando donde quedaba la plaza tal o la institución llamada…no es posible que las hagan suyas, más allá de la «aburrida» lectura a la que son obligados dentro de la educación formal.

En medio de todo esto, nos encontramos con que el PLN o Partido Liberación Nacional, que alguna vez fue el partido político más importante en este país no existe como tal desde hace muchos años, lo que quedó fue la franquicia electoral de la que disfrutan los herederos de los padres y abuelos fundadores quienes quedaron reducidos a la condición de estatuas, cuando no condenados al olvido, ahora es una fábrica o sindicato para hacer diputados YES MEN AND ALSO YES WOMEN, como dijo con acierto el recordado Alberto Cañas Escalante.

Del socialismo democrático, o de algo así, del que tanto se hablaba en tiempos de Rodrigo Facio Brenes, Daniel Oduber Quirós, Carlos Luis Jiménez Maffio, Luis Alberto Monge, Rodolfo Solano Orfila, los hermanos Fernando y José Manuel Salazar Navarrete, Enrique Azofeifa Víquez, Cecilia González, Jorge Luis Villanueva, Piquín Garro, Fernando Volio Jiménez, Manuel Carballo y tantos otros, de grata memoria, no quedó ni el recuerdo, es como si no hubiese existido ni siquiera como la formulación de una política posible o, al menos utópica en el mejor sentido del término.

El Manifiesto de Patio de Agua para una revolución democrática de 1968, suscrito por tantos socialdemócratas de entonces, que tanta ira suscitó en el diario La Nación y en toda la derecha cavernícola de aquel gobierno reaccionario de José Joaquín Trejos, al parecer quedó para la crítica devoradora de las ratas como dijo Karl Marx, a propósito de uno de sus textos de juventud.

Lo mismo sucede en cuanto al Keynesianismo rooseveltiano de don José Figueres Ferrer –por así llamarlo- con sus políticas redistributivas del ingreso, la intervención del estado para regular el mercado y los salarios crecientes, un tema del que creo que muchas gentes de este cambio de siglo ni siquiera han oído hablar, además de que es una herejía o quienes lo hagan estarían incurriendo en el dogmatismo cuando lo políticamente correcto es ser pragmáticos, FOR EVER, entre los politiquillos que usufructúan de lo que quedó del viejo PLN, beneficiándose de un modelo económico en el que la libre competencia no pasó de ser un slogan. Muchos piensan que es mejor seguir las enseñanzas económicas neoclásicas de la Escuela de Chicago, con Von Mises y Hayek como obispos y profetas precursores, aunque sin aplicar sus consabidos preceptos.

Ahora hay que vender, malbaratándolas a precio de remate, las instituciones que se hicieron con los esfuerzos de todos los costarricenses, una tarea que deja inconclusa, aunque bastante encaminada, el cortesano Carlos Alvarado, para lo que tuvo la decisiva ayuda parlamentaria de los diputados del PLN PAC PUSC y demás partidos de la coalición gobernante que se integró en abril de 2018, con el concurso no tan periférico de los panderetas del RN y NR.

No hay duda, a falta de otras señales, de que Rodrigo Chaves se encamina por esa ruta, tras vencer en unas elecciones donde los poderes fácticos hicieron hasta lo imposible para impedir su llegada a la Casa Presidencial del barrio de El Zapote, en una de las campañas políticas más sucias de nuestra historia reciente. ¿Podríamos darle, al menos, el beneficio de la duda al recién llegado? ¿Se atreverá a obligar a los grandes evasores tributarios a pagar la inmensa deuda que han acumulado con el fisco? ¿detendrá o podrá detener la liquidación de la Caja Costarricense de Seguro Social y el saqueo sistemático de sus dos regímenes? ¿La Nación y los grandes medios de la radio y la TV le pagarán al fisco, en valores indexados al presente, sus franquicias para seguir utilizando el espacio radioeléctrico o, en su defecto, el nuevo presidente tendrá que sobornarlos? ¿Se terminarán las cochinillas y las trochas? La lista es muy larga.

Principio del formulario

Más sombras que luces para nuestro Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando todavía el presidente electo, Rodrigo Chaves Robles no ha revelado los nombres de todas las personas integrantes de su gabinete, queda claro con las ya anunciadas que la orientación neoliberal, es la que marcará el norte del nuevo gobierno.

Los antecedentes de Chaves Robles en el Banco Mundial y, particularmente, por las políticas fijadas a Indonesia desde la oficina que él dirigía, no dejan mucho margen como para pensar que las políticas que impulsará él y su equipo de gobierno, no se saldrán mucho de ese guión. Asimismo su fugaz paso como ministro de Hacienda de la administración saliente también permite pensar que las políticas neoliberales que han erosionado nuestro Estado de Bienestar, seguirán presentes y activas en los próximos cuatro años.

Es como la crónica de una situación tan predecible como anunciada. La deriva neoliberal del gobierno de Carlos Alvarado es fruto del contubernio entre un gobierno que nunca cumplió con lo prometido en la campaña electoral de 2018 y unas fracciones como las del PLN, PUSC y los evangélicos (de Restauración y Nueva República) que le aseguraron una mayoría calificada al saliente gobierno del PAC. Las leyes aprobadas en este cuatrienio han sido como cuchillos afilados que han sido clavados en nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Le han provocado múltiples hemorragias y la sangre sigue fluyendo.

Lo que le costó a la sociedad costarricense y al país construir en varios decenios del siglo anterior, inició su declive –con zigzagueos– a partir de la década de los años ochenta, con dos administraciones liberacionistas: La de Luis Alberto Monge y, especialmente, la de Oscar Arias. El neoliberalismo que campeaba por sus respetos en Estados Unidos (Ronald Reagan) e Inglaterra (Margaret Tatcher) en esa época, influyó de manera, cada vez más corrosiva, en las políticas del país desde entonces.

El llamado “Consenso de Washington”, que impuso fórmulas económicas neoliberales que impulsaron varios organismos financieros internacionales en los años ochenta y noventa de la centuria anterior, se convirtió en el catecismo orientador bajo la consigna: ¡Más mercado, menos Estado! De esta manera, empezó una cuenta regresiva para el genuino ESD de Costa Rica, que singularizó nuestro desarrollo relativo y proyectó avances sociales significativos del país, en el contexto latinoamericano e internacional.

La administración que termina el próximo 8 de mayo y «su» fracción ampliamente mayoritaria en el Congreso, aceleraron y profundizaron el daño de nuestro ESD; tal y como lo expresan el incremento de la pobreza, la desigualdad social y la ominosa concentración de la riqueza en cada vez menos manos. La pandemia, que provocó que algunos fenómenos se profundizaron, no es la causa de este significativo deterioro del ESD. Es una situación que, desafortunadamente, nos viene de lejos.

Teníamos la leve esperanza de que el presidente electo, a partir de los aprendizajes del mismo Banco Mundial y el FMI sobre los desastres sociales y económicos generados por las políticas neoliberales que han impulsado en diversos países en las últimas décadas, en un afán rectificador, fijara un rumbo distinto a sus políticas acorde a la grave situación social que enfrentan las mayorías del país. Pero no. Todo hace prever que mantendrá el rumbo trazado por el gobierno anterior.

Los nombres ya adelantados del nuevo gabinete tienen una marca política e ideológica que no vaticina un cambio de rumbo nacional. Quien ha sido anunciada como Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, libertaria de origen y tránsfuga de varios partidos, en la campaña anterior hizo todo lo posible por mostrar su credo neoliberal. Ella será el enlace con una Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por fracciones y diputados sin vocación progresista. Es muy posible que ella se entienda muy bien con muchas y muchos de los diputados; incluyendo –desde luego– al que podría convertirse en el presidente del Parlamento este 1º de mayo, Rodrigo Arias Sánchez.

Es predecible que el arismo tendrá un peso muy significativo en la Asamblea Legislativa, tanto por el carácter mayoritario que tiene la fracción del PLN como por el liderazgo que podría protagonizar Arias Sánchez. Esta no es una buena noticia para los sectores populares y mayoritarios del país que aspiran y esperan políticas realmente inclusivas, que empiecen a revitalizar el Estado de Bienestar. Ya son muchos años llevando palo como para seguir recibiendo golpes desesperanzadores.

Aún queda un breve espacio para la esperanza, sea que venga con los nombramientos pendientes en ministerios y otras instituciones como por las políticas que habrá de anunciar Chaves Robles y, algo más importante aún, por las que empezará a aplicar a partir del 8 de mayo próximo. Empero –en mi caso—no me hago muchas ilusiones.

Mi esperanza cierta ha estado y estará siempre centrada, en el espíritu de lucha de nuestro pueblo, en su vocación progresista y democrática. Vaticino –sin ser necesariamente pitoniso– que la lucha social, en las calles y otros escenarios, estará muy presente en los próximos meses y años, en caso que este nuevo gobierno persista en destruir lo que queda del ESD y no se enrumbe a mejorar las esperanzas y las condiciones de vida de las mayorías excluidas y cada vez más empobrecidas. Porque, al fin y al cabo: No hay mal que dure tantos años, ni cuerpo social que lo resista.

(24 de abril, 2022)

LOS MODERNOS CONTRATOS BANANEROS

Oscar Madrigal

La United Fruit Company firmó contratos con el Estado que luego de ser aprobados por el Congreso o la Asamblea Legislativa se convertían en ley. Fueron los llamados contrato-ley. Evidentemente esos contratos daban privilegios más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico y sobre todo no podían ser revisados o corregidos si no era por una nueva ley, un nuevo acuerdo legislativo.

En ese mimo sentido se firmó el contrato con ALCOA en 1970 que al aprobarse el 24 de diciembre se convirtió el contrato en ley de la República.

Esos convenios y otros se forjaron con el objetivo de desarrollar zonas alejadas del Centro, abandonadas por los gobiernos, pobres y sin esperanza. Para el desarrollo de esos lugares se crearon las zonas bananeras en la década del 30 en el Atlántico y luego en el Sur del país. La misma justificación se utilizó para “llevar progreso” al Valle de El General con ALCOA.

Casi un siglo después y luego de llenar de privilegios a esas compañías que llevarían el progreso y la bonanza a esos lugares, los cantones y distritos más pobres de CR se ubican en las zonas costeras y las fronterizas.

Después de ALCOA se prohibieron los contratos-ley por considerarlos demasiado onerosos, que antentaban incluso contra la soberanía nacional. Su prohibición, para mayor fortaleza, se asentó en la Constitución Política.

Costa Rica ya no puede tener contratos-ley.

Sin embargo, ahora han ideado un nuevo mecanismo que se asemeja mucho ya que por el contenido se asemejan a los contratos ley.

La Asamblea Legislativa se dispone a aprobar una ley donde se encuentren todos los privilegios posibles para otorgar a las empresas sin que se mencionen o concreten los nombres del contratante. Es más sencillo, pero el propósito es el mismo, ya que no se podrán corregir o cambiar los términos de fondo del contrato con una determinada empresa a menos que se reforme la ley.

Está por aprobarse hoy un proyecto de ley cuyo fin es “llevar el Progreso” a las zonas de los litorales, rurales y fronterizas más pobres y atrasadas. La forma o mecanismo es la creación de más zonas francas pero no solo con los mismos privilegios de las actuales, sino aumentándolas considerablemente.

Según ha informado la prensa, básicamente CRHoy, el proyecto de ley persigue ampliar los beneficios del régimen de zonas francas mediante la creación de tres nuevas categorías: sector de servicios de salud humana, insumos (incluidos agrícolas, pecuarios y pesqueros), y parques sostenibles de aventura. Se les dan beneficios tales no pagar totalmente algunas cargas sociales como las de FODESAF, INA y otras, así como las acostumbradas exenciones fiscales (no pagar impuestos de renta, municipales y otros). Además, la Aresep deberá dar tarifas preferenciales en electricidad y agua.

A las empresas interesadas en instalarse fuera de la GAM se les otorgaría facilidad de trámites y exenciones fiscales, con el propósito de estimular el desarrollo de sectores productivos como la agroindustria, industria alimentaria, manufactura liviana, infraestructura turística y servicios.

Por propuesta de los diputados Villalta, Carranza y Paola Vega, se logró aminorar algunos de estos privilegios como reducir la exención del pago a Fodesaf o que las que se acojan al régimen, sean solo empresas nuevas para impedir una romería empresarial hacia las zonas francas.

Debe quedar claro que lo que aprobarán los diputados es un régimen de privilegio con el fin, supuestamente, de mitigar la pobreza en zonas rurales y costeras. Es un privilegio que todos los costarricenses damos a las empresas a cambio, también supuestamente, de más empleo y reducción de la pobreza. Pero privilegios al fin y al cabo que todos pagaremos.

Lo único que esperamos es que no nos pase lo mismo que con las zonas bananeras, con estos nuevos y modernos contratos-ley: que al cabo de varias décadas solo tengamos más desamparo y abandono.

ALERTAS ANTE ACCIONES LEGISLATIVAS DURANTE ESTOS ÚLTIMOS DÍAS DE SESIONES . . . ¡PELIGROSAS REFORMAS!!!

SURCOS comparte:

Cuando ya los diputados están a punto de terminar sus labores de cuatro años, es decir, antes del 30 de abril, aparecen las ocurrencias y goles de media cancha. Muchos de esos ni siquiera son propios de los representantes, sino de vivazos que los usan para introducir perversas ocurrencias dentro de proyectos que no tienen nada que ver con el respectivo tema, pero que esperan que nadie se percate sino hasta que se hayan convertido en ley.

El ejemplo del Expediente Legislativo No. 22.428 es evidente y manifiesto. Con la excusa de cumplir con las reglas de la OCDE, que han servido para un fregado y para un cocido, introducen reformas al Código Penal, Procesal Penal, Ley del Ministerio Público, Ley de Estupefacientes y otros productos similares, todo dentro del ya famoso antigarantismo que cunde en el país.

Se reforma el Código Penal en el delito de coacción, para introducir tipos penales con penas altas en casos de que alguien compela a no denunciar un hecho delictivo, siendo que ya la figura encuadraría en la tipicidad existente . . . ¿qué será lo que se pretende con eso?

Se reforma la Ley de Extradición, para regular los casos de jurisdicción universal, sin discusión ni debate en un tema de altísima importancia.

¡Increíble!!! Se reforma la ley de intervenciones telefónicas, para ampliar a casi todo el Código Penal lo que nació como una excepción y se incluyen todos los delitos de probidad . . . y hasta la famosa entelequia del fraude de ley en la función administrativa. Se acabó la privacidad de las comunicaciones!!!

El golazo de media cancha: quieren modificar la ley de estupefacientes, para poder sancionar no solo a aquellos que presuntamente legitimen capitales cuando sepan que se originan en una actividad delictiva, sino también cuando «lo asuman como posible» . . . es decir, ya se cruza la barrera del dolo y penetran en la culpa consciente . . . es impresionante como pretenden legislar a hurtadillas y en la oscuridad de la noche . . . y acá la responsabilidad es de quienes redactan semejantes estupideces antigarantistas y con total desprecio al Derecho.

También proponen que se aplique la pena del lavado de dinero a «quien se coloque en una posición de no saber sobre el origen ilícito» . . . ocurrentes y bárbaros, que destruyen el Derecho sin ni siquiera eructar . . . además, agregan elementos para facilitar condenas a granel, propios de un talante dictatorial y autoritario . . .

Se introducen normas para fortalecer a la UIF del Instituto sobre Drogas, de tal manera que hasta los delitos de probidad quedan incluidos en su accionar.

Todo el proyecto es una colección antigarantista, ocurrente, autoritario, dictatorial y absurdo. Pero lo peor es que lo quieran pasar a hurtadillas, a escondidas y sin respeto para nadie. 

Por eso agradezco a algunos diputados que me lo enviaron, a sabiendas que mis observaciones serían de TOTAL REPUDIO a semejante bodrio.

Otros posiblemente lo esconden, porque sienten vergüenza siquiera de informar acerca de esta entelequia. Aprovechemos que apenas sale de la Comisión al plenario, para evitar la sinvergüenzada de que se apruebe esta memez. 

Tomado de la página del Lic. José Miguel Villalobos Umaña.

Pilar Cisneros no puede formar parte del Directorio Provisional ni Definitivo de la Asamblea Legislativa

Vladimir de la Cruz

El Primero de Mayo la próxima Asamblea Legislativa, como Poder Legislativo, iniciará sus labores para el próximo cuatrienio.

Por primera vez inicia con sesiones extraordinarias, en las cuales el Poder Ejecutivo es el que tiene la iniciativa de ley, lo que significa que solamente el Poder Ejecutivo, El Presidente con sus ministros, podrá proponer Proyectos de Ley para su trámite de aprobación y discusión parlamentaria, durante los meses de mayo, junio y julio, de sesiones extraordinarias.

El Presidente puede proponer Proyectos de Ley que están en la corriente legislativa, de la agenda legislativa del Plenario, que le dejan los actuales diputados a los próximos, o propone Proyectos de Ley que son de su propio interés, del nuevo Presidente, en este caso, y de sus Ministros.

Se espera que en esta ocasión, por iniciar los primeros tres meses con sesiones extraordinarias, el Presidente envíe Proyectos de Ley que respondan a sus promesas y ofertas electorales, a su Plan de Gobierno, mostrando así cuáles serán los principales pasos y ejes de su futura Administración. Probablemente esto ya lo ha venido negociando con los futuros diputados, y partidos políticos, por medio de sus Jefes de Fracción, y su nombrado Ministro de la Presidencia.

La sesión del Primero de Mayo tiene, entonces, la relevancia de que se integra la nueva Asamblea Legislativa para iniciar los trabajos de aprobación de Proyectos de Leyes, pendientes y nuevos.

Para esa integración la Asamblea Legislativa tiene dos momentos, que comprenden dos sesiones de arranque.

La primera es la Sesión con la cual inicia sus labores constitucionales. Esta primera Sesión se constituye con un Directorio Provisional, ad hoc, cuya función es abrir las sesiones parlamentarias para que se elija el Directorio Legislativo que presidirá la Primera Legislatura, período que va desde el primero de mayo del 2022 hasta el 30 de abril del 2023.

Este Directorio Provisional lo determina la Constitución Política y el Reglamento Legislativo, para lo cual el Tribunal Supremo de Elecciones, tomando en cuenta los diputados de mayor edad, lo integra con los diputados, en su orden, de mayor a menor edad, para ocupar los puestos de Presidente, Vicepresidente, Primer Secretario, Segundo Secretario, Primer Prosecretario, Segundo Prosecretario.

Esta decisión la comunica el Tribunal Supremo de Elecciones cuando entrega las credenciales de los diputados. De esta forma ese primer momento de arranque de la Legislatura no tiene ninguna discusión de fondo, o forma, sobre quienes pueden formar parte de este Directorio. Esto lo impone la Constitución Política y el Reglamento Legislativo y lo regula, en su nombramiento, el Tribunal Supremo de Elecciones.

Por establecido el Directorio Provisional, segundo momento del acto inicial de la Sesión que abre la Asamblea Legislativa, se procede a una elección de los miembros del Directorio que dirigirán por el resto de año, en forma definitiva, al Poder Legislativo, lo que se hará puesto por puesto, para lo cual se necesitan 29 votos a favor de un postulado para que asuma el cargo. En este momento se espera que las fracciones, si no se han puesto de acuerdo en cuales diputados dirigirán el Congreso, procedan a postular candidatos para cada puesto, los que se van definiendo por los resultados de votación. Así se integra el Directorio de la Asamblea Legislativa.

Esa primera Sesión allí termina oficialmente. Antes, en esa primera sesión, por la solemnidad de la misma, se recibía, en una segunda sesión inmediata, el Informe del Estado de la Nación que constitucionalmente debe rendir cada año el Presidente de la República al Congreso, lo que se ha trasladado para sesión siguiente, del siguiente día, pero su Informe si debe recibirlo el Congreso el primero de mayo, debido a que en los procesos de elección de miembros del Directorio Definitivo, en ocasiones, se entrababa demasiado su discusión, y escogencia, de miembros del Directorio, alargándose mucho el tiempo de trabajo de esa primera sesión.

El Tribunal Supremo de Elecciones al momento de escoger los miembros del Primer Directorio Provisional debe velar que todos ellos, y no solo el Presidente y el Vicepresidente provisional de esa primera sesión, cumplan con los requisitos que se necesitan para ser Presidente de la República, que exigen ser costarricense por nacimiento, es decir, nacer en el territorio costarricense, o ser hijo de padre y madre costarricense, ser del estado seglar, y ser mayor de 30 años.

Al Presidente de la República en sus ausencias temporales o definitivas le sustituyen los Vicepresidentes electos con él. Para las ausencias temporales el Presidente escoge cuál de los dos vicepresidentes le sustituye.

Se ha venido usando, a modo de tradición, que el Presidente, en sus salidas y ausencias, alterna entre la Primera y Segunda Vicepresidencia, su sustitución, para que ambos vicepresidentes puedan ejercer el cargo de Presidente en ejercicio, aunque sea unos días, y hasta puedan firmar con su nombre algún Decreto o Ley que les toque aprobar y darle el trámite definitivo.

Si la ausencia es definitiva le sustituye por su orden el Primer Vicepresidente o el Segundo según sea el caso. En el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, su Primer Vicepresidente, Kevin Casas, renunció y le sucedió su Segunda Vicepresidenta para su tercera legislatura. En la Cuarta Legislatura la Vicepresidenta, Laura Chinchilla, por asumir el cargo de candidata a la Presidencia de la República, renunció a su Vicepresidencia, quedándose Oscar Arias sin vicepresidentes que le sustituyeran.

En este caso, la Constitución Política establece, en su Artículo 135, que por ausencias, o faltas definitivas de los dos vicepresidentes, les sustituirá para reemplazar al Presidente, el Presidente de la Asamblea Legislativa. Esto sucedió en la Cuarta Legislatura de Oscar Arias, 2009-2010, varias veces cuando el entonces Presidente del Congreso, Francisco Antonio Pacheco, le sustituyó en sus ausencias temporales.

Cuando el Presidente Legislativo sustituye al Presidente de la República, si es temporalmente, suspende su curul legislativa y cualquier cargo partidarios mientras ejerza como Presidente de la República. Así sucedió también con Francisco Antonio Pacheco, que además era Presidente del Partido Liberación Nacional. Si la sustitución fuera definitiva tiene que renunciar a estos cargos legislativos y partidarios.

El Artículo 15 del Reglamento Legislativo, que es el único Reglamento que tiene carácter de Ley de la República, establece la forma de integración del Directorio Provisional de la primera sesión del primero de mayo. Dice así: “El Directorio Provisional que deba actuar en la primera sesión de la primera legislatura de un período constitucional, estaría formado por los seis diputados de mayor edad que hayan resultado electos a la cabeza de sus respectivas papeletas. El de mayor edad ejercería la Presidencia y los que lo sigan en edad, en forma decreciente, ocuparían los cargos de Vicepresidente, Primer Secretario, Segundo Secretario, Primer Prosecretario y Segundo Prosecretario.”

El apartado referido al Directorio Definitivo, en el Reglamento Legislativo, señala que “El Directorio de la Asamblea Legislativa estaría integrado por un Presidente y dos Secretarios, estos con la denominación de Primero y Segundo”, y su Artículo 22 dice que: “El Directorio también tendría un Vicepresidente y dos Prosecretarios que reemplazarán, en sus faltas temporales, al Presidente y a los Secretarios, respectivamente”, y que “en ausencia del Vicepresidente presidiría el Primer Secretario y en ese mismo orden serían suplidos, en sus faltas temporales, todos los miembros del Directorio.” De esta forma queda bien señalado que todos los miembros del Directorio deben tener las mismas cualidades personales que se necesita para ser Presidente de la República.

El Tribunal Supremo de Elecciones ha anunciado, lo que fue publicado en el periódico La Nación el 8 de abril pasado, que presidirá el Directorio Provisional el diputado Rodrigo Arias Sánchez, y que la diputada Pilar Cisneros ocupará la Segunda Secretaría Provisional.

En mi opinión de conformidad a la lógica de la sustitución presidencial establecida en la Constitución Política, y en el mismo Reglamento Legislativo, la diputada Cisneros Gallo, no puede ocupar ninguno de los puestos del Directorio, aunque sea en la Sesión Primera Provisional, por más meramente protocolaria que se le pueda considerar, porque por sí no puede ocupar ninguno de esos cargos del Directorio, ni de manera provisional ni definitiva, porque todos ellos, en la forma que se establecen y se regulan, pueden llegar a ocupar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y consecuentemente la de la República.

Obviamente nadie espera que el próximo primero de mayo, mientras no se produzca el nombramiento del Directorio Legislativo Definitivo, sucediera una catástrofe institucional y nacional que pudiera provocar ese ascenso por ausencia definitiva del Presidente de la República, de sus Vicepresidentes, y hasta del mismo Presidente Provisional de la Asamblea, por el cual alguno de los miembros del Directorio Provisional tuviera que ejercer el cargo de Presidente de la República, sin tener los requisitos constitucionales que se exigen para este cargo.

Si la limitación de ejercicio de cargo existe deber aplicarse para situaciones temporales y definitivas. Si así ha procedido el Tribunal Supremo de Elecciones, en la escogencia de estos miembros del Directorio Legislativo Provisional próximo, debiera, aún en tiempo, corregir la designación de la diputada Pilar Cisneros Gallo como miembro del Directorio Provisional. Su edad, ni su nacionalidad costarricense adoptada, no se impone sobre los requisitos de la nacionalidad originaria, la de ser costarricense por nacimiento o ser hija de padre y madre costarricense. Ella nació en Perú de padres peruanos. Ha vivido aquí, ha trabajado aquí, tiene buena fama, tiene esposo e hijos costarricenses, tiene una reconocida buena familia, yo espero que sea una gran diputada, que se va a hacer sentir, pero eso no le alcanza para poder formar parte del Directorio Legislativo, Provisional o Definitivo.

Si el Tribunal Supremo de Elecciones dice otra cosa, queda el Tribunal en cuestionamiento de cómo interpreta la legalidad y la constitucionalidad de las normas citadas. Espero que su escogimiento no sea por miedo reverencial al nuevo Presidente de la República o a la nueva diputada, aquel están dispuestos a comprarse broncas con todo mundo, y probablemente hasta con la institucionalidad misma.

No recuerdo que en el pasado hubiera habido un caso similar y por ello una jurisprudencia al respecto.

La próxima Asamblea Legislativa y su Primer Directorio legislativo, ¿Rodrigo Arias Sánchez?

Vladimir de la Cruz

Un poquito de historia

La estructura y la división de Poderes Públicos viene, en la historia política contemporánea, desde que a finales del siglo XVII y principio del siglo XVIII, se empezaron a plantear las tesis relacionadas con el origen del Poder, especialmente la negación de la fuente divina del poder político, que el Poder de las autoridades emanaba de la voluntad de Dios, lo que caracterizó a las monarquías, y a los sistemas teocráticos, y del surgimiento de las tesis de la representación política y de la voluntad popular, del soberano, del pueblo, como la legítima fuente del Poder.

De ello derivó, por las funciones que se establecieron en esta nueva concepción, una estructura de tres poderes. El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que respondían a las limitaciones que se estaban estableciendo para las monarquías, y con la representación política que estaba surgiendo como la fuente del Poder. Con la instauración de los regímenes republicanos cobró más fuerza esta división de poderes públicos.

¿Un solo Poder Público con tres funciones o tres Poderes públicos?

Las teorías modernas, actuales, desde finales del siglo pasado, ya habían señalado que el Poder es uno solo, indivisible, que se expresa en tres funciones, la Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial. Por razones constitucionales, al establecer la división de Poderes, en Costa Rica, seguimos hablando de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, pero constitucionalmente se puede hablar de Función Ejecutiva, Función Legislativa y función Judicial.

Este concepto viene desde nuestras primeras constituciones y desde la Independencia. Con el ingreso que hicimos a las Provincias Unidas de Centroamérica, 1823-1824, y a la República Federal de Centroamérica, 1824-1838, con el Estado de Costa Rica inserto allí, y hasta 1848, empezaron a existir los Poderes en esa forma clásica que surgieron y evolucionaron, fortaleciéndose, esa estructura, con la Declaración de la República de Costa Rica, el 31 de agosto de 1848, con la Asamblea Constituyente de 1949, y con la Constitución Política actual del 7 de noviembre, de ese año, con sus reformas.

En la Constitución Política de 1949 se le dio autonomía e independencia institucional al Tribunal Supremo de Elecciones, considerándolo un Poder Electoral, un cuarto poder político en el país.

Estos cuatro poderes públicos tienen específicamente, cada uno de ellos, sus propias funciones, legislativa, ejecutiva, judicial y electoral, que son indelegables.

Evolución del Poder Legislativo en Costa Rica

Lo novedoso de este proceso es que el Poder Legislativo desde su origen conoció en el país dos formas de expresarse, con una sola Cámara legislativa y con dos, cuando también funcionó el Senado, como se estableció por última vez en la Constitución de 1917.

Hasta 1948 se conoció el Poder Legislativo como Congreso de Diputados, Cámara de Representantes y Cámara de Senadores. También funcionaron Asambleas Constituyentes. Desde 1949 se le llama Asamblea Legislativa.

En la vida reciente, desde finales del siglo XX, se ha hablado del Poder de la Prensa, de la Opinión Pública, sin que tenga ningún reconocimiento constitucional.

Cuando en el siglo XIX actuaban conjuntamente la Cámara de Senadores y el Congreso, se le llamaba Cámara Plena.

Parlamentarios, Legisladores, Congresistas, Senadores y Diputados

A los miembros de este cuerpo político se les llama de las siguientes maneras: Parlamentarios, cuando se hace referencia al parlamento inglés, que fue la primera manifestación del Poder Legislativo en la época moderna. Surgió en Inglaterra evolucionando desde el 1215 hasta su etapa actual, con representación de sectores, estructuración que logró su máximo desarrollo, en aquella época, con la llamada Revolución Gloriosa de 1689. También se les llama Legisladores porque la función principal de los miembros de este Poder es hacer las Leyes, función que se le quitó a los monarcas. También se les llama Congresistas, por ser los miembros del Congreso, como figura institucional del Poder Legislativo, aunque también se les llama Diputados, porque así se les llama en la actual denominación que tiene el Poder Legislativo, en Costa Rica, que es Asamblea Legislativa.

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo representan la voluntad soberana de los ciudadanos

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son los Poderes públicos que mejor identifican la representación popular por la forma como se eligen sus integrantes, por elecciones populares, en la sociedad moderna, por medio de elecciones con participación de partidos políticos, como lo hacemos en Costa Rica desde 1890, representativos de distintos grupos de ciudadanos organizados de la sociedad civil y de la sociedad política.

En términos generales la representación política en estos dos poderes, Ejecutivo y Legislativo, se distingue, de manera que en el Poder Ejecutivo se concentra en el resultado de un solo partido político, con sus votantes integrándolo, encabezado por el Presidente de la República y los Ministros de su exclusivo nombramiento. En tanto, que el Poder Legislativo se integra proporcionalmente por el resultado de votos de los distintos partidos políticos, lo que le produce una representación popular más amplia.

Como funciones destacadas tiene el Poder Legislativo la de hacer, derogar o modificar las Leyes de la República, y la de ejercer el control político del Poder Ejecutivo, en todas sus manifestaciones, lo que lo hace, por ello, ser considerado el Primer Poder de la República, el más importante, en el que descansa la Soberanía Popular.

En la práctica institucional el Poder Ejecutivo es el que mayor relevancia tiene, para bien o para mal, ante los ciudadanos, por sus acciones cotidianas, de todos los días, desde los ministerios y todas las instituciones de la Administración Pública.

Integración y trabajo de los diputados

El Poder Legislativo se integra por los diputados, que son verdaderos representantes políticos de sus partidos, los que representan, y de los ciudadanos que por cada provincia los elige, en su condición de diputados nacionales.

En su función, y condición de diputados, los 57 que constituyen el Pleno de la Asamblea Legislativa son absolutamente iguales entre sí.

El trabajo parlamentario se hace por períodos anuales, que se llaman Legislaturas, las que inician su labor, el 1 de mayo y terminan el 30 de abril siguiente. De esta forma en un Gobierno, como el que inicia, con Rodrigo Chaves Robles, habrá 4 Legislaturas, empezando la primera el próximo primero de mayo.

Para su trabajo los diputados se dividen en Comisiones Legislativas y en el Plenario Legislativo. En las Comisiones estudian los Proyectos de Ley. De ellas resultan aprobados o rechazados. Al ser aprobados, se pasan al Plenario con los informes de la discusión de la mayoría de los diputados, y con los informes de minorías que tengan, de los cuales el Plenario puede tomar cualquiera para su ulterior trámite y discusión. Si se rechazan se pasan al Archivo de la Asamblea Legislativa.

Entre las Comisiones de trabajo las hay permanentes y especiales. Ocasionalmente pueden crear Comisiones para atender alguna situación particular.

En la Asamblea Legislativa todo lo que conocen los diputados se tramita como Proyectos de Ley. De todas las comisiones solo hay una que opera con secretividad, la de Honores, que nombra el Presidente de la Asamblea Legislativa, y que solo él conoce de su integración.

La integración de las Comisiones la hace el Presidente de la Asamblea, en la que puede considerar propuestas de las fracciones parlamentarias o de los mismos diputados. Las Comisiones trabajan durante las mañanas y parte de la tarde, antes del trabajo del Plenario Legislativo.

Todas las sesiones son públicas, excepto aquellas que por alguna particularidad puedan declararse secretas para la discusión de lo que se proponga.

La primera sesión legislativa y el nombramiento del Presidente de la Asamblea Legislativa.

Al integrarse la Asamblea Legislativa se establece constitucionalmente que debe reunirse el primero de mayo, y que para esa primera sesión el Directorio Legislativo, que es el grupo de Diputados que dirige, en cada Legislatura, la marcha de la Asamblea se nombrará por mayoridad, por los diputados de mayor edad. Para ello, el Tribunal Supremo de Elecciones define quienes son los que constituirán ese Primer Directorio Provisional, cuya función principal es, además de abrir el trabajo legislativo de la Primera Legislatura, nombrar el Directorio de la Asamblea que lo seguirá presidiendo, por el resto de tiempo de la Legislatura, hasta el siguiente primero de mayo, donde se renueva este Directorio.

El nombramiento del Directorio, una vez que se hace, es efectivo de inmediato.

Para el nombramiento de los miembros del Directorio se necesita la mitad más uno de los diputados, 29 de ellos.

Ha sido usual, al menos desde el 2014, que el Presidente de la Asamblea Legislativa sea un diputado de la fracción parlamentaria, del Partido que ganó las elecciones, pero no es obligatorio que así sea. Es tan solo una cortesía política que se estilado en estos últimos dos gobiernos, cuando esa primera Legislatura la presidieron los diputados Henry Mora y Carolina Hidalgo, ambos diputados del Partido Acción Ciudadana, que en esos gobiernos tenían 14 y 10 diputados, de los 57 que forman parte de la Asamblea Legislativa. El actual Partido Progreso Social Democrático tiene 10 diputados. Esa cortesía institucional es tan solo para armonizar la gestión de arranque, entre ambos poderes, y la tramitación de los primeros proyectos de leyes, dándole, de esa manera, el beneficio de la duda en su operación inicial al nuevo Presidente y Gobierno.

No es obligatorio porque también se puede interpretar que el pueblo Soberano se pronunció, en las elecciones, para darle mayoría de diputados a las fracciones legislativas que no son las del partido ganador u oficial, y que esas diferencias, con el Partido de Gobierno, son para afirmar con más fuerza el control político que deben llevar los diputados.

También se debe tomar en cuenta que la integración del Directorio, esto por ley, debe ser paritario, mitad de diputados y mitad de diputadas. En el caso actual con más fuerza esto deber privar porque esta nueva Asamblea Legislativa tiene la mayor cantidad de mujeres parlamentarias, 27, de 57. Cuando el Presidente electo señaló su preferencia por un candidato masculino de su partido para presidir esta Primera Legislatura marginó a diputadas de su partido que tienen mérito para pelear esa Presidencia, o una Vicepresidencia legislativa. Se le salió al Presidente su machismo y su marginación de las mujeres. No debe olvidar que existe en el país para estos puestos la ley de la igualdad y la paridad.

La actual Asamblea Legislativa se integra por seis partidos políticos que se hacen representar por seis fracciones de diputados. La más grande la de Liberación Nacional, con 19 diputados, la segunda, la del Partido Progreso Social Democrático, que es la del Gobierno, con 10, la tercera, la de la Unidad Social Cristiana, con 9, siguiendo la de Nueva República, con 7 y, con 6 diputados, las fracciones de los partidos Frente Amplio y el Liberal Progresista. Esto significa en la práctica que si Liberación Nacional y el Partido de Gobierno, por sí solos tienen 29 diputados, la mitad de todos ellos, pueden decidir, si así lo quisieran o pactaren, la integración del Directorio Legislativo.

Liberación Nacional ha señalado, con todo derecho, que tienen intención de dirigir la Asamblea Legislativa. El Partido Progreso Social Democrático, el de gobierno, ha llamado la atención sobre la cortesía y práctica que se ha seguido, en los últimos dos gobiernos, de darle oportunidad de dirigir la primera Legislatura.

Liberación Nacional ha propuesto para dirigir la Primera Legislatura al Diputado Rodrigo Arias Sánchez. El Partido Progreso Social Democrático ha propuesto a un diputado, Manuel Esteban Morales Díaz. Mientras esa propuesta solo sea para el primer puesto está bien. Pero si pierde la Presidencia tiene que postular una mujer para la Vicepresidencia, y pareciera, a la luz pública, todavía no tenerla.

Como fracción legislativa Liberación Nacional tiene la ventaja para establecer alianzas para integrar el Directorio Legislativo. Si pacta solo con el partido de gobierno, por sí, esos dos partidos pueden nombrar todo el Directorio como lo quieran, tienen en conjunto 29 diputados. Si pacta con dos partidos de los otros también puede integrar el Directorio como quieran.

Liberación Nacional no va a aflojar en su petición porque parten de la apreciación que su candidato el Diputado Rodrigo Arias es el más indicado para hacerlo, por su experiencia política, por su capacidad de negociación bien reconocida, desde que fue Ministro de la Presidencia en dos ocasiones y por asesoramientos similares que ha dado a otros gobiernos, incluido el de Abel Pacheco.

Rodrigo Arias, sin duda, para mí es el mejor candidato en esta ocasión, con las posibilidades de elección, en la actual Asamblea Legislativa, para ser electo Presidente del Congreso. Tiene la experiencia política que inició desde la regiduría municipal hace casi 50 años, fue Ministro de la Presidencia en dos ocasiones, asesor del gobierno de Abel Pacheco, lo que es muy importante porque tiene la experiencia de negociación con el sector legislativo, en lo que ha demostrado gran habilidad, lo que se va a necesitar ante este nuevo Gobierno. También se ha desarrollado como empresario muy exitoso en distintos campos, un signo de estos tiempos.

El Partido de Gobierno está postulando uno de sus diputados, sin experiencia alguna. Lo más seguro es que sea derrotado en la primera votación, salvo que Liberación conceda darle su apoyo. Para ganar, el partido de gobierno, con su postulación necesitaría armar una alianza coyuntural con al menos 3 de los partidos más pequeños que están en la Asamblea, lo que no es imposible pero es difícil.

El sentido de la realidad impone negociar directamente con Liberación Nacional, no la Presidencia de la Asamblea per se, en esta primera Legislatura. En su lugar, negociar la Vicepresidencia de la Asamblea, en esta Primera Legislatura, y dejar para la Segunda Legislatura, en el 2023, la posibilidad de la presidencia legislativa, una vez que los propios diputados desarrollen experiencia. Si así fuera, tiene el partido de Gobierno que postular una mujer para Vicepresidencia legislativa, porque, por la ley de la paridad, no pueden postular un hombre, si Rodrigo Arias es electo Presidente.

En este caso tiene, el Partido de Gobierno, la diputada indicada, que es la Presidenta del Partido Progreso Social Democrático, la fundadora de ese Partido, Luz Mary Alpízar Loaiza, bien preparada, para que ocupe la Vice Presidencia del Congreso, con amplia experiencia política previa. Igualmente, tiene otra diputada, la representante por Alajuela, María Marta Padilla Bonilla, con experiencia política partidaria de más de 10 años y con una rica labor en desarrollar microempresas comunales. Ahí tiene el partido dos buenas candidatas para la Vicepresidencia del Congreso. Pilar Cisneros Gallo no puede serlo porque tiene impedimento constitucional para ese cargo.

El Presidente de la Asamblea Legislativa puede sustituir, después de los Vicepresidentes de la República, por rango, distinción y nombramiento, al Presidente de la República, y este cargo solo lo puede ostentar una persona que haya nacido en Costa Rica, o tenga la nacionalidad, por esa razón, o por sangre costarricense, por ser hijo de padre o madre costarricense. Pilar Cisneros es nacida en Perú, de padre y madre peruanos.

En la Asamblea Legislativa de 1958-1962, por una “cortesía” de un diputado liberacionista, en la tercera y cuarta legislatura, le dio su voto a la fracción del partido de Mario Echandi para que presidiera la Asamblea Legislativa. A ese diputado, el Dr. Álvaro Montero Padilla, por ese acto prácticamente lo expulsaron de Liberación Nacional. En esa época el bipartidismo así funcionaba, imponiendo. Desde 1998 en la Asamblea Legislativa los partidos tienen que negociar la integración del Directorio, porque ninguno tiene la mayoría suficiente para elegir por sí solos. De los puestos del Directorio, el Presidente y el Primer Secretario son los más importantes.

Las otras fracciones legislativas pueden participar de la negociación política para integrar el primer Directorio, y darle el realce del caso con la mayor cantidad de votos a favor. Los otros puestos no tienen la relevancia de esos dos, pero a los diputados les gusta figurar allí.

Los líderes parlamentarios, en primer lugar los que fueron candidatos presidenciales, Fabricio Alvarado y Eli Feinzaig, que también son Jefes de Fracción de sus respectivos partidos, pueden jugar un papel importante en este sentido al integrar el Primer Directorio Legislativo.

La negociación ha empezado. Esperaremos los resultados.

Panorama gris para el empleo público

SITRAINA

El nivel de autoritarismo que se está pronunciando en la arquitectura jurídica nacional es alarmante. Uno de los principios fundamentales de la democracia es el pluralismo que le garantiza participación política, efectiva y real, a las diversas posiciones sobre la administración de la cosa pública. Para garantizar el pluralismo, contrario al autoritarismo que implica un sometimiento a una sola autoridad, el equilibrio de poderes es un pilar fundamental. De la necesidad del equilibrio de los poderes deriva la independencia de los tres poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las autonomías municipales y universitaria y la libertad sindical y la negociación colectiva.

Los medios de comunicación masiva que representan la voz de los principales grupos de poder de este país se han encargado de estigmatizar a los sindicatos en una descarada campaña, generada después de la lucha en contra del TLC. Sin embargo, el desprestigio de los sindicatos en el fondo conlleva un profundo menosprecio por la libertad sindical y la negociación colectiva porque implican un equilibrio de poder entre la parte patronal y la parte trabajadora, una manifestación práctica de pluralismo político y un obstáculo para toda pretensión autoritaria de gobierno.

La reciente aprobación en segundo debate del Expediente 19431 o el proyecto de ley Marco de Empleo Público no es en realidad una medida de contención de gasto público, sino un abaratamiento de los bienes y servicios que presta el Estado para garantizar justicia y bienestar social. Bajo un argumento falacioso se ha hecho pensar a las masas que el problema fiscal es el “gasto” público y que recortando el “gasto” del Estado se solucionarán los problemas económicos. Ahora bien, lo que los/as neoliberales llaman “gasto” en realidad es “inversión” en salud, educación, agua, electricidad, seguros y calidad de vida que garantiza justicia y bienestar social para el pueblo costarricense. O sea, quieren desmejorar las condiciones de vida del pueblo para justificar un chivo expiatorio (el “gasto” público) que deje en el silencio la verdadera causa de la crisis económica: el fraude fiscal.

Además, este proyecto representa un avance del autoritarismo y un retroceso democrático en lo que concierne al pluralismo y el equilibrio de poderes, ya que imposibilita que la clase trabajadora de una institución negocie a través de sus sindicatos con las autoridades administrativas de la institución las condiciones salariales, mismas que son impuestas por MIDEPLAN.

Además, estas nuevas potestades de MIDEPLAN (un ente del Poder Ejecutivo) se aplicarán a todos los puestos comunes (el sector administrativo y de servicios no especializados) del Poder Judicial. O sea, el Poder Ejecutivo tendrá injerencia directa en los nombramientos del personal administrativo del Poder Judicial. Luego, esto constituye un golpe antidemocrático en contra del pluralismo y la independencia de los poderes de la República.

En conclusión, este proyecto de ley aprobado por la actual Asamblea Legislativa no es un proyecto de empleo público e implica un desmantelamiento descarado del orden jurídico nacional.

 

Foto: Archivo ODI, UCR

Nuevo golpe para la clase trabajadora por parte de la Asamblea Legislativa

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum expresa su decepción y profunda preocupación ante la conducta deplorable de las y los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, de archivar una importante iniciativa para la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

Para nuestro país, es de la más alta prioridad lograr un mundo del trabajo totalmente libre de violencia y acoso laboral, lo que debe lograrse con la acción comprometida y patriótica de los tres poderes del Estado para dar esa garantía esencial a toda la ciudadanía, y especialmente a las mujeres trabajadoras que tanto sufren el flagelo de la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo.

Es muy lamentable que la Asamblea Legislativa saliente, con pocas y muy meritorias excepciones, tenga un nivel tan bajo de compromiso con la ciudadanía, con los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de la nación, y con la comunidad internacional, en un asunto que es trascendente para la democracia y la sana convivencia social y laboral.
La CTRN espera que el nuevo Gobierno y la nueva Asamblea Legislativa puedan retomar lo antes posible las acciones para ratificar el Convenio 190, y de esa forma reforzar las leyes y políticas para prevenir y erradicar la violencia y el acoso en los centros de trabajo, como corresponde en toda sociedad civilizada.

La democracia política se sustenta en la democracia económica

Mainier Barboza Soto

Mainier Barboza Soto

La democracia política se sustenta en la democracia económica, es decir, en la distribución equitativa de la riqueza. Hay dos datos importantes:

2012: 87 personas y/o sus familias, pasan a categoría de multimillonarios, tienen una riqueza acumulada de $12 mil millones (El Financiero y La Nación, julio 2012).

2018: La cantidad de esos milmillonarios pasa a 100 personas o familias y la fortuna acumulada llega a $14 mil millones, ibídem.2018).

Esa suma era equivalente al 22.98 % del presupuesto nacional del año 2019.

Si hacemos una analogía con respecto a los índices de pobreza, resulta que dichas sumas, utilizando solo un 10%, alcanzaría para pagar 5 veces al día el monto de la línea de pobreza establecida (BM. $2.00) a unas 500 mil personas durante 280 días. ¿Qué tal??

Esta gente no conoce el concepto solidaridad, ni el de distribución, menos el de otredad.

Este dato y ese ejercicio que propongo como ejemplo, paliaría el problema del desempleo durante un período de 9 meses y 10 días, ahora, si se asume el compromiso del empresariado de una posible recuperación del 2% del PIB, tendríamos para duplicar esos 280 días.

La distribución de la riqueza ya está contemplada en el artículo 50 de nuestra Carta Magna. En la próxima Asamblea Legislativa este será un proyecto prioritario para la recuperación económica: garantizar el sustento mínimo para toda la población, en especial la más deprimida.