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Etiqueta: autoritarismo

La libertad de prensa, esencia de nuestra democracia

Freddy Pacheco León

Más allá de lo que se piense, bien o mal del periódico La Nación desde diferentes balcones, el fallo de la Sala Constitucional que tantas reacciones ha provocado, es de vital trascendencia para el ejercicio del derecho a la libertad de prensa y de expresión en Costa Rica.

Cuando la actual ministra de Salud emitió la orden sanitaria contra el funcionamiento del “Parque Viva”, alegó que era por las presas de autos que se hacían en las noches de concierto, y que actuaba en respuesta a un reclamo anónimo. Ello sucedía en medio de una intensa campaña del presidente Chaves contra el diario La Nación y algunos de sus periodistas, y en general, contra lo que él llama peyorativamente “prensa canalla”, que se extiende a diversos medios de radio, televisión, diarios digitales y un sinnúmero de medios de prensa, donde eso sí, la Nación es uno de los más importantes.

Es dentro de ese contexto que se produce la acción del Poder Ejecutivo, por lo que casi unánimemente, se interpretó como un acto contra ese medio de prensa en particular, pues se comprendió que al golpear el centro de entretenimiento «Parque Viva», propiedad de la misma empresa, se estaba a su vez golpeando sustancialmente las finanzas del medio de prensa y por ende, su capacidad periodística.

Ahora bien, es igualmente reconocido que el argumento de «las presas» es insustentable pues esa situación no era ni es, especial ni única, principalmente en las vías estrechas del área metropolitana, donde la circulación de cientos de miles de vehículos provoca un caos vial, que cada día se hace más inmanejable para nuestras autoridades del Mopt. Así que, no creemos que sea negado ni por los mismos que hoy critican la resolución de la Sala Constitucional, al recurso de amparo presentado por unos estimables periodistas, que tal determinación apresurada de la señora ministra de Salud no era más que, como se dice popularmente, “una sacada de clavo” contra La Nación, disimulada tras una supuesta denuncia anónima de un vecino afectado por los vehículos que de vez en cuando llegan al “Parque Viva”.

En cuanto a la afectación indirecta de la extraña orden sanitaria de la ministra Chacón, cabe recordar que es algo que forma parte de la jurisprudencia nacional y convenios internacionales, resultado de acciones muy frecuentes contra la libertad de prensa. Con el pasar de los años, se ha evidenciado una coincidencia en los diferentes sistemas regionales de protección a los derechos humanos en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión y de prensa, en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. Se estima que sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad, editamos de un párrafo de una resolución de la Procuraduría General de la República del año 2005. En la misma se agrega: «Ahora bien, una vez que se ha determinado el contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, se ha resaltado la importancia de la libertad de expresión en un régimen democrático y el rol de los medios de comunicación y el periodismo, y se han establecido los requisitos para que las restricciones de que puede ser objeto el derecho mencionado sean compatibles con la Convención Americana”. Restricciones, agregamos, que no necesariamente han de ser directas, como abundan impunemente en otras latitudes, sino también como en el presente caso, mediante acciones colaterales “aparentemente” ajenas a la capacidad de un medio de prensa de ejercer su libertad de expresión, aunque éstas aparentemente nos pudieren disgustar.

Precisamente eso es lo que está en juego, peligrosamente. No hace falta cerrar a la fuerza un medio de prensa, (acción directa), pues puede afectársele en su ejercicio por una vía que, por ejemplo, afecte sus finanzas (acción indirecta). En ambos casos se erosiona la libertad de prensa y de expresión, aunque obviamente, todas las circunstancias tendrán sus particularidades.

Por otro lado, dice en un audio un señor abogado (lamentablemente no identificado) que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no debía haber emitido el fallo sobre el cierre que nos ocupa del “Parque Viva”, porque eso correspondía más bien a un tribunal de menor jerarquía. Argumento discutible, pues sentimos que el caballero desdeña la gran importancia que encierra el derecho a la libertad de prensa y de expresión, al expresar que, por verse limitado indirectamente no debió haber sido visto por la Sala IV, desdeñando que se trata de algo fundamental que todos los costarricenses tenemos el deber de defender como derecho universal.

Y es que para nosotros es esencial el papel que juega la libertad de expresión (y de prensa) en el mantenimiento de nuestra sociedad democrática. Sin el debido respeto, directo e indirecto, a esas libertades cuan amplias son, la democracia se erosiona, y de ese suelo degradado podrían brotar hierbas que peligrosamente limitarían el crecimiento del respeto al pluralismo y la tolerancia, y, por ende, hacia los medios de denuncia y control ciudadanos que llegarían a ser inoperantes, avanzándose así, hacia sistemas políticos autoritarios, como ha sucedido dolorosamente en países hermanos del continente.

Con su resolución, la Sala Constitucional nos reafirma responsablemente, su disposición a proteger la libertad de prensa y de expresión, aún ante amenazas indirectas como en el presente caso. Y eso es digno de aplaudir.

En fin, razonablemente, no se puede dudar que el cierre de actividades del “Parque Viva”, reconocido públicamente como un elemento financiero estructural de la empresa que publica el diario La Nación, tendría y seguramente tuvo, un efecto económico que eventualmente amenazaría con restringir por esa vía indirecta, la libre circulación de las ideas. Con el fallo de los señores magistrados, se elimina un peligroso paso que buscó poner obstáculos, en el camino por el que habrá de avanzarse hacia el fortalecimiento de la libertad de prensa y de expresión, para la consolidación de la democracia. Por vías indirectas hemos sido testigos como en otros países se ha restringido la libre expresión, por ejemplo, obstaculizando el acceso al papel y otros materiales y equipos, o, como es muy evidente en nuestro país, discriminando a diversos medios de prensa con la contratación de espacios para la divulgación de comunicados oficiales, como ha sucedido especialmente en programas de opinión por la radio. También por allí habrá de avanzarse.

PVP: Rodrigo Chaves violenta la Constitución Política y es un feroz enemigo de la CCSS

San José, 12 de octubre de 2022
PARTIDO VANGUARDIA POPULAR

Se eligió, en las últimas elecciones, a un presidente arbitrario y prepotente. Tanto, que no le importa el respeto a la ley y pareciera que a la Constitución Política tampoco. Esto evidencia que nunca leyó el texto del Artículo 73 de la Carta Magna que establece lo siguiente: LA ADMINISTRACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS SEGUROS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA, DENOMINADA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Esta norma constitucional tiene la fuerza de roca y no puede ser vulnerada por ningún funcionario y menos por un presidente de la República que juró defenderla. Recuerde presidente Chaves que la voluntad popular no eligió a un dictador y a este propósito copiamos lo que dice el Artículo 11 de la Constitución: LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SON SIMPLES DEPOSITARIOS DE LA AUTORIDAD Y NO PUEDEN ARROGARSE FACULTARSE QUE LA LEY NO LES CONCEDE. DEBEN PRESTAR JURAMENTO DE OBSERVAR Y CUMPLIR ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES. LA ACCIÓN PARA EXIGIRLES LA RESPONSABILIDAD PENAL DE SUS ACTOS ES PÚBLICA.

Su decreto 43 732-H-MTSS-MIDEPLAN es absolutamente inconstitucional. Un galimatías jurídico. Una vergonzosa enredadera para abusar de sus funciones.

Pero también es inhumano porque es una agresión contra los trabajadores quienes todos los días, con su esfuerzo garantizan la vida, la salud y el trabajo de la mayoría de los costarricenses.

La Contralora de la República en la prensa de hoy hace unos breves comentarios al Proyecto de Presupuesto presentado por su Gobierno ante la Asamblea Legislativa. El periodista preguntó: “¿El Presupuesto está dejando por fuera gastos que el Gobierno tiene hacer? Respondió la Contralora: “Estamos hablando de cifras grandes, estamos hablando de cuotas estatales al Seguro de Salud, cuotas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social”.

El presidente Chaves, improvisado por un error del pueblo, resulta ahora feroz enemigo de la Caja del Seguro Social y por esa vía enemigo de la clase trabajadora.

No basta quejarse es necesario luchar porque solo así lograremos una democracia verdadera que nos permita enderezar lo que nació torcido.

Si Chaves no puede garantizar la democracia, nos toca a la ciudadanía hacerlo

Marco “Kiko” Palma/Juan Carlos Cruz

A propósito de la “advertencia” del presidente Chaves en el sentido de que él no puede garantizar la vigencia de la democracia en el país en caso de que se acentúe la crisis nacional, nos toca a la ciudadanía garantizarla. No es de recibo que las adversidades socioeconómicas sirvan de cama de germinación para el autoritarismo, la intolerancia y las restricciones democráticas.

Si bien la institucionalidad y las garantías democráticas, son en muchos casos formales, su defensa abre la posibilidad de pasar a la ofensiva ciudadana para su vigencia plena y su profundización.

La defensa de la institucionalidad, los derechos y garantías democráticas, puede constituirse en un eje aglutinador para la reorganización de los sectores sociales que hoy se encuentran desmovilizados e indiferentes frente a las diversas amenazas que se ciernen, no solo sobre el país, sino sobre le región y el mundo en general.

Hay muchos antecedentes en la historia de las luchas sociales, de cómo las crisis de cualquier tipo, se convirtieron en oportunidades de organización social, comunitaria, gremial, cultural, socio-productiva, entre otras, para avanzar en conquistas sociales. Estamos ante el reto de convertir la advertencia presidencial en un movimiento ciudadano por las garantías democráticas. Es tiempo de actuar.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

UNDECA llama a defender la autonomía de la CCSS y demanda pago inmediato de ajuste salarial acordado

Costa Rica atraviesa una crisis política, social e institucional sin precedentes, que tiene la democracia al borde del precipicio.

No obstante, que el señor Álvaro Ramos Chaves no fue un funcionario sospechoso de ser amigo de trabajadores o sindicatos, tenemos que reconocerle que fue respetuoso del Estado de Derecho; pero su compromiso con el principio de legalidad constitucional, lo llevó a tener controversias por los comportamientos autoritarios del Gobierno de Rodrigo Chaves, la última, por su posición respetuosa de la legalidad del ajuste salarial adeudado a las personas trabajadoras de la CCSS.

La dignidad de don Álvaro y apego a los principios democráticos y científicos, demostró que estuvo muy por encima de la conducta sumisa que esperaba su implacable verdugo, y en definitiva, le costaron que el Presidente de la República y su obediente Consejo de Gobierno, cuyos salarios se incrementaron en más de un millón de colones, ordenaran su destitución inmediata.

El ajuste salarial acordado por la Junta Directiva de la CCSS estuvo sustentado en criterios técnicos, jurídicos y constitucionales, en el Código de Trabajo, la autonomía constitucionalmente atribuida a esa institución y pronunciamientos de MIDEPLAN.

Este ajuste salarial se aprobó e hizo efectivo en una gran cantidad de instituciones: Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Nacional, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Junta de Protección Social, Poder Judicial y varias municipalidades, entre otros.

Es más, tenemos, que destacar que la misma Contraloría General de la República, órgano constitucional que le corresponde la fiscalización superior de la Hacienda Pública, desde el año pasado, mediante resolución suscrita por la señora Marta Acosta, Contralora General, hizo efectivo ese ajuste salarial.

Advertimos a los y las trabajadoras de la benemérita CCSS, emblemática del Estado Social y Democrático, garante de la salud de la población, que nuestra querida institución está en un gravísimo riesgo, por una parte, por la exorbitante intervención política del Gobierno, y por otra parte, por los espurios intereses mercantilistas y privatizadores.

UNDECA llama a todos y todas las trabajadoras de la CCSS a pronunciarse y salir a defender enérgicamente la autonomía institucional y demanda el pago inmediato del ajuste salarial.

¡Detengamos la hostilidad política contra las personas que laboran en la CCSS, que más que merecido tienen este ajuste! La CCSS no está quebrada, el gobierno le debe más de 3 billones de colones y tampoco le paga.

El Bloque Sindical de Salud: UNDECA, UMN, SIPROCIMECA, ANPE, SINASSASS Y SINAME, informa que nos estaremos reuniendo a primera hora el próximo martes.

San José, 18 de setiembre de 2022

El presidente camina hacia un posible segundo acto dictatorial

COMUNICACIÓN POLÍTICA DE SIFUPCR

18 setiembre 2022

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR

No tenemos la menor duda de que se avecina una semana histórica para el país y su institucionalidad, hecho que coloca a una de las instituciones más emblemáticas en el centro de un proceso que definirá la ruta de lo que conocemos como Estado Social de derecho.

Decimos lo anterior pues la parte visible del tema de la deuda salarial en la CCSS esconde un escenario paralelo altamente riesgoso para el país en su conjunto.

Es decir, más allá del tema salarial, lo cierto es que el presidente a nuestro juicio, ya ejecuto un primer acto dictatorial al destituir al respetable Don Álvaro Ramos Chaves.

Decimos esto porque la familia laboral de la Caja y el país en su conjunto tienen derecho saber y a entender que el tema de la deuda salarial en la Caja, aparte de ser legal, no implica un nuevo gasto y que además en términos reales esa deuda talvez alcance a ser posiblemente de un 1%, mientras la inflación ha llegado arriba del 11 %.

Esto sin dejar de decir, que el poder adquisitivo real de los trabajadores y trabajadoras de la Caja, tuvo una pérdida en los dos últimos años del 12% para el sector no profesional, mientras que el sector profesional arribo a una pérdida del 37%. (Esto último aunado a la reforma del régimen del IVM, según datos oficiales, ha generado el retiro de al menos 200 profesionales de la CCSS y se espera un mayor boom de deserción).

Así las cosas, hay que tener claridad meridiana que el verdadero problema de fondo para el Gobierno en ejercicio y los partidos políticos que aspiran llegar al Ejecutivo radica en la fisura que genera el acuerdo de pago en la Caja a la lógica fundamentalista de la ley 9635 y su cuadrada regla fiscal, cuadratura que hasta el mismo presidente desea cambiar, al punto de haber presentado un proyecto de ley para modificarla, claro con la excepción hecha del tema salarial.

En esa línea el caso de la Caja acarrea un riesgo de efecto domino en una buena cantidad de instituciones, lo cual dinamitaría aún más la ley 9635 y su regla fiscal en el tema de los salarios y eso no puede, ni debe suceder.

Es por estas y posiblemente otras razones, que parece estar en desarrollo un acoplamiento político ideológico de Eli Feinzaig, Rodrigo Arias Sánchez y otras fracciones legislativas cristianas y evangélicas, para chantajear a Rodrigo Chaves Robles, que ocupa platica para gastar y mantener su populismo en la cima, aunque los cambios estructurales que le urgen al país no caminen nada y se siga acumulando un estallido social.

 En esta lógica cobra sentido mayúsculo frenar a toda costa y revertir el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja para pagar la deuda salarial a cambio de dar los votos para los eurobonos que necesita el presidente, ya sea en un solo monto o a poquitos.

Es así como el presidente podría entrar en una lógica que lo conduzca a valorar las rutas políticas y «legales» que posiblemente contengan las características de un segundo acto Presidencial con rasgos dictatoriales.

A nuestro entender los escenarios que indicaremos al final pueden ayudar a visualizar esas rutas y dependiendo de cómo avancen los acontecimientos la próxima semana, los riesgos para el país son enormes, pues la fisonomía dictatorial que está en desarrollo cuenta con arquitectos e ingenieros, que la están construyendo a partir de posibles argucias legales, conjuntadas claro está, con una narrativa mediática y de redes para asestar un golpe furibundo a la institucionalidad, que sin duda va más allá del tema salarial de la Caja.

Así, las cosas nuestro sindicato informa para que la gran familia de la CCSS, tenga claridad de que lo que está por definirse a partir del próximo Martes 20 de setiembre 2022 tiene una parte visible en lo del pago denla deuda, pero que en caso de tener que desarrollar un movimiento de lucha, al menos es menester dejar claro previamente que esta pelea de la Caja tiene repercusiones gigantescas para el país en su conjunto, es decir, estamos a las puertas de una huelga política por la defensa de la institucionalidad denla Patria, que además rompe con la lógica dogmática de la ley 9635 ( » ley de fortalecimiento de las finanzas públicas» y su regla fiscal).

Tenemos entonces que el desarrollo de los acontecimientos para la próxima semana podría estar consolidando un segundo acto de características dictatoriales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles y en ese sentido la familia laboral de la Caja y la población en general debe ser bien informada de los riesgos país que encierra la parte visible del tema de la deuda salarial al personal de la Caja.

Escenarios:

 1.- La ex- ministra de trabajo llega con un mandato claro Rodrigo Chaves Robles de imponer la tesis de gobierno de forma radical. (Fuente: Información filtrada de una opinión vertida por un colaborador cercano a la ministra de Trabajo), ahora presidenta ejecutiva de la CCSS).

Este escenario implicaría un acuerdo de Junta que tiene dos posibilidades:

A- Revocar el acuerdo de pago de deuda salarial de 2020, con criterios jurídicos sacados de la manga.

B- O buscar un acuerdo de la Directiva de la CCSS, en la línea de suspender el acuerdo de pago del aumento o bien suspender indefinidamente los aumentos de salarios en la CCSS.

Ahora bien, si la Junta no la acuerpa, el gobierno posiblemente (Entiéndase Rodrigo Chaves Robles), tomará medidas radicales para «LIMPIAR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS».

En esa línea se hemos consultado a varios juristas para entender las posibilidades que tiene el gobierno de intervenir la CCSS y hay tres opciones.

A.- Inventar un debido proceso con una Medida cautelar de separación de directores.

B. Pedir la renuncia de uno miembro del estado y dejar la CCSS, acéfala sin Junta directiva por falta de Quorum estructural (sin un miembro la Junta no puede legalmente sesionar), y hacer y deshacer como quieran.

C- Promover la intervención alegando que estamos incumpliendo con la ley de presupuesto y el tope del 60% de endeudamiento. Cosa sin fundamento, pero todo se puede esperar.

Juan Carlos Durán Castro SIFUPCR

Destitución de Álvaro Ramos: acto fallido de provocación política y error que no tiene marcha atrás

Orlando Barrantes Cartín

Fuente: socialism.com

En realidad, quienes hagan la lectura de que la destitución de Álvaro Ramos es un acto fallido de provocación política del presidente Chaves están en lo correcto.

De paso miles de trabajadores de la CCSS y su Junta Directiva, muchos de los cuales votaron por él, ya saben con certeza que tienen en frente a un presidente de la república enemigo de la CCSS.

Puede ser que Chaves haya cometido su primer y peor error en estos cuatro años. Y no puede echar para atrás.

Los que han ejercido mandos de poder saben que, en la circunstancia de un gobierno joven como el de Chaves, lo prudente es arreglar con todos los que se pueda, porque cuatro años se hacen muuuy largos en política. Rodrigo Chaves se echó encima, -la verdad sin necesidad-, al sector salud. Y los demás empleados públicos están echando para su saco.

A Chávez probablemente le esté pasando lo de aquel vecino que se pegó la lotería y no sabe invertir bien. Ganar el premio mayor fue su perdición, no su bendición.

Chávez es un megalómano, un engreído, que cree que todo el mundo debe acatar sus órdenes sin chistar y que haber tenido el 90% de aprobación de la opinión pública le da patente de corso.

Nadie le ha dicho, porque le temen, no porque lo respetan, que el favor de la opinión pública está pegado con agua, no con goma loca.

Acabo de leer el comunicado de Casa Presidencial donde anuncian y explican el motivo del corte de cabeza de don Álvaro. Me parece, por su estilo, que lo redactó el propio Chaves pues presenta el despido como hago natural, frío. Muy rápido las redes sociales han explotado y no precisamente para seguirle aplaudiendo como foca, que ha sido lo cotidiano.

Estamos viendo que Chávez está sin Congreso, lo hemos venido diciendo, y eso es debilidad. Doña Pilar, la única diputada con quien realmente cuenta, se ve cada vez más cansada, menos beligerante.

Se siente fuerte el presidente por ser hijo protegido del FMI y el BM. Pero, cuidado, en su momento podría ser extrema debilidad.

El acto bravucón del despido de don Álvaro le va a empezar a mostrar al presidente Chaves el país que no conoce.

Separar el grano de la paja

Oscar Madrigal

El anuncio de ayer del presidente Chaves de vender el Banco de Costa Rica dilucida claramente el rumbo y el contenido de la política de su gobierno. Estamos en presencia del más rancio neoliberalismo, del más ortodoxo y más entreguista. Mientras los países del mundo y de América Latina retornan de la época de la subasta de los bienes del Estado, tales como Argentina, Méjico, Bolivia o Chile para recuperarlos e incorporarlos al acerbo nacional, el presidente Chaves propone subastarlo, casi inexorablemente, a precio de baratija.

Los propios números propuestos por don Rodrigo prueba que su venta no producirá mayor beneficio, ni redundará en la reducción de la deuda pública. Él dice que el precio de venta puede alcanzar un 3% del PIB, sea de aproximadamente un billón de colones; sin embargo, la deuda pública es de 29 billones de colones.

Como se ve, con la venta del BCR la aguja casi no se movería, mientras perderíamos un bien o activo del Estado que le produce grandes utilidades todos los años. Según proyecciones del Ministerio de Hacienda la relación PIB/deuda pública, se ubicará en el 2027 en un 62% y en el 2032 en un 50%. Como se ve, según Hacienda, sin la venta del BCR la relación disminuirá rápidamente en el futuro cercano. Se ha repetido hasta el cansancio, que el Gobierno pretende que esas utilidades millonarias se las lleve un banquero extranjero y no que se queden en las instituciones nacionales. Esto representa el más puro entreguismo anti-patriota.

El gobierno de Chaves, por otra parte, se ha caracterizado por favores, descarados, a los que pagaron su campaña electoral (tal el caso de la continuación de la concesión de Caldera, el favorecer a los importadores de arroz o ayudar a los empresarios autobuseros) y ejercer la represión contra los funcionarios que discrepen de las opiniones de los ministros (caso de carretera Paquera- Naranjo, comisión de vacunación) o imponer en contrataciones públicas a empresas de su simpatía, como el caso de la empresa que sustituye a Riteve. Es el gobierno de los compadrazgos y no el del interés general. Son actuaciones por lo demás sospechosas y corruptas. Es cuestión de ver los hechos.

El Gobierno se ha especializado en montar la parafernalia, los juegos de pólvora, las distracciones verbales, para ocultar su falta total de beligerancia para afrontar los problemas nacionales.

Mientras se da la imagen de que los problemas se están enfrentando por el bien común, la inflación, sea el aumento general de precios, sigue disparada (12%), la pobreza crece (400 mil niños y niñas viven en pobreza), la desocupación no cede porque la gente ya se cansó de buscar trabajo y la agenda legislativa del Gobierno de Chaves hasta ahora conocida es la venta de activos como el BCR, el INS y Bicsa y el apoyo decidido al proyecto de jornadas 4/3 que liquida el pago de horas extras. Nada en favor del pueblo.

Esos son los hechos, envueltos en hojas de promesas, bravuconadas y desplantes. Lo que hay es una política típicamente neoliberal de Chaves condimentada con baile, “bombas” y una pizca de autoritarismo.

Todo ello con el fin de impulsar una política neoliberal de lo peor que ha ocurrido en nuestro país, mediante cantos de sirena que engatusan a las mayorías.

Alguien me decía hace unos días: Chaves vende el Teatro Nacional y aquí nadie reacciona. Ya veremos.

Hechos y dichos que podrían considerarse alarmantes dado su carácter prepotente y autoritario

Dr. Jorge A. Camacho*

Escribo este comentario, movido por la preocupación que muchos costarricenses tenemos por el curso y discurso que, en estos pocos meses, ha tomado el gobierno actual, principalmente en la figura del presidente. No me mueve ningún interés partidario y, menos, personal. Desde el inicio, se ha venido dando un encadenamiento de hechos y dichos, que podrían considerarse alarmantes, dado su carácter prepotente y autoritario, ajeno a la auténtica práctica de la democracia, en particular la nuestra, que se ha considerado ejemplar por décadas. Ese comportamiento y su grave perjuicio lo hemos visto, y lo vemos, en diversos países del continente, incluyendo, recientemente, a USA. En el gobernante actual, se ven una serie de elementos que, por la frecuencia y caracterización, no deben considerarse casos aislados; más bien, por el contrario, como indicadores de toda una programática tendencia que podría agudizarse con el tiempo. Y este comportamiento, como es común, viene casi siempre acompañado de un irresponsable populismo.

He aquí el ordenamiento de unos cuantos eslabones de la cadena:

  1. Desde el primer día, en un acto inconsulto y anticientífico, por decreto, quita la exigencia del uso de la mascarilla. Este acto, en apariencia intrascendente podría no serlo, si se le mira en el contexto en que otros gobernantes conocidos han minimizado o desoído los consejos de la ciencia. ¿A qué viene esta decisión irrelevante precisamente en el día de la toma de posesión? ¿Sería solo por advertir que estará por echar abajo todos los logros de la administración anterior, incluyendo el magnífico desempeño en el campo de la salud?
  2. En un acto inaudito, frente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los tres pilares de la constitución democrática, arremete contra este poder, rompiendo los límites que su cargo le exige guardar.
  3. La emprende contra la prensa que, como sabemos, debe considerase el cuarto poder en la estructura de toda democracia. Cualquier crítica u objeción que se le haga, aunque bien documentada, será para él “una canallada”, lo cual el populacho aplaude. Guardando todavía cierta distancia, como en el país vecino, está buscando debilitar la prensa de diversas formas, cuando no sea obsecuente con sus actuaciones y discursos.
  4. Junto a ello, se ha creado, desde el principio, una estructura de apoyo popular en las redes, los llamados “troles”, en que se percibe, entre otros tonos, el tufillo seudoreligioso que tanto daño hizo en el gobierno anterior, en que el odio, la mentira y la vulgaridad campean; pero ahora, además, ensalzando la figura del gobernante a ridículos extremos mesiánicos y, óigase bien, a escasos meses de iniciado, y sin dar muestras de su carácter ejecutivo, como se ha visto con la relación con la Asamblea Legislativa, algunos claman, muy peligrosamente, desde ahora, para que pueda reelegirse dentro de cuatro años. El gobernante, desde luego, tiene que conocer estos “apoyos” en los que “la gradería de sol” de B. Cañas, ahora ha invadido y embarrialado la cancha con las expresiones más burdas, vulgares y llenas de odio para cualquier discrepancia en su contra. Sé, para confirmar esto, que, como una jauría, se vendrán contra este escrito.
  5. Siguiendo con el irrespeto a los límites que su investidura le obliga, arremete contra otro Poder, que debe ser el primero: la Asamblea Legislativa y sus integrantes que, según él, lo que hacen es “jugar chapitas”. Y peor, la vocera más importante del novel “partido”, siendo ella jefa de su fracción, desvalida la esencia de su función argumentado que es mejor gobernar vía decreto, al mejor estilo del gobernante salvadoreño y otros. Todos, pasos reconocidos del autoritarismo que tanto daño han hecho a muchos otros países.
  6. En sus discursos, como el reciente en Guanacaste, de manera altisonante e histriónica, del más refinado estilo populista, con un tono de campaña política, dice cosas que halagan al pueblo necesitado de oírlas, a veces mintiendo, al arrogarse acuerdos o resoluciones ya resueltos desde el gobierno anterior, como el del Agua para Guanacaste o las sensibleras referencias a la pobreza de su infancia, ya desmentidas con datos concretos en las redes.
  7. Hace una convocatoria a los “reservistas”, para crear una fuerza “parapoliciaca”. Esto ¿no podría derivar, como en otros regímenes, en una especie de guardia “pretoriana” al servicio del gobernante? ¿No era mejor reforzar, para la seguridad ciudadana, el presupuesto para la policía constitucionalmente autorizada?
  8. En la campaña, ofreció premiar económicamente, a quienes denunciaran, por ejemplo, dentro de una misma institución, a personas y hechos por corrupción. ¿No podría prestarse esto a una especie de interesado esbirraje con fines más allá de ese, en todo caso, poco elegante proceder, y convertirse en un espionaje también de tipo político, como sucede en las dictaduras?

Como dije al principio, más allá de partidos políticos, los ciudadanos conscientes que respetamos y valoramos la tradición democrática de la que hemos gozado por mucho tiempo, debemos, desde ya, estar alertas antes de que sea demasiado tarde, como la Historia lo ha demostrado muchas veces: “Pasarle la raya al autoritarismo”, según el artículo recientemente publicado por la académica Flores Estrada”.

 

* Publicado por el CEDI en Facebook, compartido con SURCOS por Deyanira Sequeira.

Foto: SINART

Autoritarismo y crisis ecológica desde Costa Rica

Alexis Antonio Rodríguez Brenes

Con respecto al artículo publicado por el Semanario Universidad, el 6 de julio del 2022, titulado: “Reestructuración del MINAE excluiría a comunidades, indígenas y universidades de toma de decisiones ambientales” (https://semanariouniversidad.com/pais/estructuracion-del-minae-excluiria-a-comunidades-indigenas-y-universidades-de-toma-de-decisiones-ambientales/), quisiera comentar sobre esta postura del Gobierno de Costa Rica a pocos días de iniciado su mandato y de cómo estas acciones atentan directamente contra la vida.

La Tierra, el planeta en el que vivimos, sufre una crisis ecológica que se ha salido de las manos de las y los seres humanos. El capitalismo, ya no solo entendido meramente como un sistema económico, sino como un fenómeno cultural que no solo predomina en Occidente ya que se ha extendido a casi la totalidad de las poblaciones que habitan La Tierra, es la marca de esta debacle que enfrenta la humanidad. Sumado a la decadente sociabilidad del mundo, donde la empatía y la solidaridad son algo especial por su poca aparición en la vida cotidiana, surge el capitalismo con sus despiadados métodos extractivistas y explotadores, que, a modo de resumir la historia, está a un paso de acabar con la vida humana y ya ha consumado la vida de muchos otros seres vivos que habitaban el planeta Tierra.

A pesar de la magnitud de la emergencia planetaria, por la cual en los últimos años hemos visto emerger a la luz pública personas representantes de múltiples áreas, como la ciencia moderna, la sabiduría ancestral, la política, el arte, etcétera, que han alzado su voz con estrategias creativas, la indiferencia predomina. Y el problema no se queda ahí, se agrava, debido a que muchas de estas personas que con valentía asumen su responsabilidad de comunicarle al resto de la población la gravedad de la crisis ecológica que estamos viviendo y que además activamente trabajan en defensa de la naturaleza, son constantemente amenazadas y hasta asesinadas por personas que resguardan los intereses del capital. Estos actos violentos predominan en Latinoamérica y Costa Rica no es la excepción; como ejemplo están los asesinatos de Jairo Mora en 2013 y de los aborígenes Sergio Rojas en 2019 y Jehry Rivera en 2020. Cabe resaltar que en el último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) se menciona que en las tierras que gestionan las comunidades indígenas alrededor del mundo se encuentra el 80% restante de la biodiversidad del planeta.

Enlazando con el artículo publicado en el Semanario Universidad que detalla las graves implicaciones que el Gobierno pretende imponer con el proyecto de ley que busca reestructurar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), lo dicho anteriormente refleja las profundidades de esta nefasta reforma. El autoritarismo del presidente Chaves es una característica clave de este proyecto, evidenciado en la intención de limitar la toma de decisiones a una sola persona, que sería quien encabece el MINAE, excluyendo la diversidad de criterios científicos, técnicos, económicos, políticos y a la voz del pueblo; esto para rendirle pleitesía a la clase alta de este país y a empresas transnacionales, que sin escrúpulos, con la única intención de alimentar su avaricia, están en total disposición de malgastar los recursos naturales, sin importarles las vidas que se acaben por estas acciones.

Para ocultar esto se utiliza el velo de que son decisiones necesarias para “reactivar la economía” o para “generar más empleos”, pero quienes realmente se benefician son la minoría que ostenta el poder económico y político, y quienes sufrimos somos las y los mismos de siempre, la clase trabajadora, aquellas y aquellos que aceptamos estas circunstancias inhumanas que nos limitan a sobrevivir la vida, no a vivirla. Además, ¿cuál economía se va a reactivar o cuáles empleos se van a generar cuando ni siquiera existan las condiciones para sostener la vida humana en el planeta?

El colapso planetario es inminente, las consecuencias las tenemos frente a nuestros ojos: tormentas cada vez más intensas, frecuentes incendios forestales, grandes extensiones de suelos degradados, océanos contaminados, olas de calor sin precedentes, escasez de alimentos por falta de polinización, migración impulsada por el cambio climático, y esta lista aún puede crecer. Esto se puede comprobar en el último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que con datos científicos recientes y detallados muestran como se agrava la crisis, los efectos cada vez son más severos y a pesar de esto los países ricos siguen siendo los mayores culpables, no muestran signos de querer revertir la situación y quienes sufren las peores consecuencias son los países colonizados y explotados por estos países ricos. En estos enlaces pueden leer un artículo que resume puntos importantes del reporte del IPCC y el reporte completo que lamentablemente solo se encuentra en el idioma inglés: https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/ultimo-informe-ipcc/https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

Mitigar las consecuencias aún es posible, pero se necesitan cambios radicales, porque estamos viviendo tiempo radicales. Infórmese, lea, estudie, tome posición, responsabilícese, solidarícese, radicalícese.

Entre dos fuegos

Oscar Madrigal

Los sectores populares se encuentran en medio del fuego cruzado entre dos sectores de la derecha a cual más reaccionario y conservador. Por un lado el Gobierno encabezado por el presidente Chaves que desea conducir el país disparado hacia el autoritarismo, promoviendo la centralización del Estado a costa de la participación ciudadana, la desaparición de la producción nacional, junto al ataque a La Nación, a otros grupos reaccionarios de la derecha. Es un gobierno que fundamentado en un mensaje de eficiencia impulsa políticas muy de derecha que se orientan a acabar con los rescoldos democráticos que dejó el gobierno de Alvarado.

El gobierno de Chaves propone rebajar el precio del arroz a costa de la desaparición de los pequeños productores de arroz y cambiar a los poderosos industriales del arroz por los poderosos importadores de arroz.

Propone acabar con Setena y otros órganos ambientales para convertirlos en apéndices del Ministro del ramo y con ello debilitar las políticas ambientales a cambio -supuestamente- de mayor inversión.

Propone adherirse a la Alianza del Pacífico para terminar de abrir las fronteras a los productos agrícolas y acabar con lo poco que queda del campesinado nacional.

Ataca a La Nación, cerrando una empresa de su grupo económico, justificado en potenciales emergencias, aunque eso signifique ahogar más a esa empresa y dificultar aún más la recuperación de las inversiones hechas por la Caja y otras instituciones.

La izquierda defiende la libertad de expresión y de prensa, aunque sabe que ninguno de esos grupos, el de Chaves o La Nación, representan esa libertad. Simplemente debe desenmascarar ese juego sabiendo que ninguna de esas fuerzas vendrá en auxilio de la auténtica defensa de la libertad de expresión, en especial de la izquierda.

La izquierda está en medio de esos dos fuegos, de grupos ambos reaccionarios y antipopulares.

Sin embargo, no puede desinteresarse del asunto y ver el pleito desde el palco o el balcón.

En ese pleito las fuerzas populares deberían levantar sus propias banderas para no quedar encerradas en la disyuntiva planteada por los grupos reaccionarios. Levantar una tercera vía, una alternativa clara, en especial por parte de la organizaciones populares, sindicatos, ambientalistas, organizaciones campesinas, de vivienda, federaciones de estudiantes, para no quedar encerrados en disyuntivas falsas y contrarias a los intereses populares.

Por ejemplo, si el sistema de producción de arroz es injusto con el consumidor, es necesario construir uno que combine esa aspiración con la defensa de la producción nacional.

A nivel ambiental hay que oponerse radicalmente a los intentos de secuestrar los avances ambientales en función de los egoístas intereses económicos. Al igual hay que defender a los pequeños propietarios de la amenaza de la Alianza del Pacífico creando soluciones y alternativas.

Hay que defender la libertad de prensa amenazada por el Gobierno aunque eso no represente una defensa de las políticas reaccionarias que ha defendido a lo largo de la historia La Nación.

El Gobierno de Chaves da signos de avanzar hacia el autoritarismo estilo Bukele en El Salvador, para beneficiar esencialmente a grupos oligárquicos poderosos.

Hay que pasar a la ofensiva, aunque noto una gran pasividad, como que estamos paralizados. Espero equivocarme.