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Etiqueta: AYA

Tribunal declara con lugar recurso de amparo por contaminación en Puerto Viejo: ordenó medidas urgentes desde el 2019

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2019, resolvió el Expediente número 19-002174-0007-CO, con la Resolución número 2019007689, relativo a un recurso de amparo presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según consta en el expediente, el recurso de amparo fue recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:21 horas del 12 de febrero de 2019. En dicho recurso, Marco Levy Virgo expuso que en la entrada principal a Puerto Viejo se encuentra una gran laguna de aguas negras que fluyen hacia la playa, lo que representa un riesgo para la seguridad y vida de los turistas nacionales e internacionales. Afirmó que, a pesar de haber solicitado una solución a las autoridades correspondientes, no se había tomado ninguna medida al respecto hasta la fecha de interposición del recurso. Además, argumenta que se vulneran sus derechos fundamentales y solicitó que se declarara con lugar el recurso y se obligará a los recurridos a resolver de manera inmediata el problema sanitario, colocando rótulos preventivos e implementando medidas para eliminarlo definitivamente.

La Sala Constitucional, tras analizar los argumentos presentados, resolvió declarar con lugar el recurso de amparo. En consecuencia, se ordenó a las autoridades pertinentes, incluyendo a la Presidenta Ejecutiva (Yamileth Astorga Espeleta) y al Gerente General del AyA (Manuel Antonio Salas Pereira), al Alcalde Municipal de Talamanca (Marvin Antonio Gómez Bran) y a la Directora del Área Rectora de Salud de Talamanca (Jennifer Jones Villiers) del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen esos cargos, que en un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, brinden una solución al problema de contaminación en Puerto Viejo.

Asimismo, se instruyó al AyA a coordinar con las otras instituciones involucradas (Municipalidad de Talamanca y Ministerio de Salud) para implementar medidas temporales o provisionales mientras se trabaja en una solución definitiva al problema de contaminación. Se advirtió que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de conformidad con el artículo 71, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Finalmente, se condenó a la Municipalidad de Talamanca, al AyA y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que dieron lugar a la presente resolución, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, se dio la orden de notificar a las autoridades correspondientes.

Se adjunta la resolución completa para su consulta y análisis.

Imagen ilustrativa, UCR.

Respuesta de la ANEP ante lamentables declaraciones del presidente de AyA en contra de los trabajadores y la ciudadanía

Durante la mañana del martes 2 de abril del 2024, Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, se refiere a las declaraciones del presidente ejecutivo de AyA, Juan Manuel Quesada, como temerarias. Vargas menciona el rechazo categórico por las graves declaraciones que culpan a los trabajadores y los usuarios de AyA por el desastre del instituto. Además, menciona que dichas declaraciones podrían ventilarse en los Tribunales de Justicia, ya que podrían potenciar o calificar por delitos de injuria, calumnia y difamación. También pide que el director retracte sus declaraciones y busque el diálogo.

Edwin Marín Bonilla, presidente seccional ANEP-AyA, le recuerda al nuevo presidente ejecutivo que dentro de la institución hay mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores, que aman la institución y han entregado su máximo esfuerzo durante años para mantenerla en pie, pero día con día se mete la mano neoliberal que tiene como finalidad privatizar AyA y afectar a dichas personas. Marín hace hincapié en que no se debe culpar a los trabajadores y usuarios de la gestión mediocre de la institución, ya que esto es una falta de respeto. 

El asesor de la ANEP en temas de ambiente y agua, Freddy Pacheco León, le recuerda a Quesada la suspensión del préstamo por casi 400 millones de dólares por parte del Gobierno de la República para ejecutar el proyecto Orosi dos. proyecto que generaría agua para quince cantones (800 mil personas) planteado como solución del abastecimiento de agua en el Área Metropolitana, sumado a otro más directo para abastecer cantones como Hatillo y Alajuelita, los que serían la solución ante la problemática de agua actual. Dichos proyectos fueron heredados y descartados por la nueva administración. Se le pide al director ampliar la transparencia con respecto a la situación que aqueja a miles de costarricenses.

Escasez y desperdicio de agua. La paradoja que afecta a Hatillo

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Una de las pocas cosas buenas, que se podrían rescatar de la gestión por ocho años de «gente PAC» en el AyA, era el proyecto para mitigar, al menos, el gran DESPERDICIO de agua que se vive en el balneario de Ojo de Agua. Agua cristalina que brota desde el acuífero Barva, y que desciende por la «catarata», para después de fluir por las piscinas recreativas, antes de pasar al laguito artificial, donde se produce significativa infiltración y evaporación. Del laguito, el agua drena hacia la pequeña quebrada La Fuente, de pequeña cuenca tributaria, y mucho desarrollo urbano, por lo cual transfiere un muy bajo caudal. Leemos en el estudio de impacto ambiental realizado para la carretera San José – San Ramón, que el riachuelo juega un papel importante como receptor de agua de lluvia, pues en la región se muestran altos niveles de precipitación (de 146 a 148 mm/h), que provocan altos valores de escorrentía superficial en tiempo muy corto. Asimismo, e Inevitablemente, producto del desarrollo urbano poco ordenado, la quebrada es receptora de contaminantes aguas servidas, antes de terminar su corto recorrido en el río Segundo, que a su vez desemboca en el río Virilla.

Recordemos que en 1937, los estadistas el presidente León Cortés y su ministro de Fomento, Ricardo Jiménez, ante las necesidades de poblaciones de la vertiente del Pacífico, entregaron concluida una cañería de 80 kilómetros, desde donde brota esa riqueza natural, hasta Puntarenas, pues comprendieron que era irracional que, mientras donde hoy está el balneario, se estaba derrochando el líquido vital, muchos compatriotas, a lo largo de la línea del tren a vapor que corría de San José al puerto, no tenían agua suficiente para satisfacer sus necesidades familiares. Muy importante fue el que no se evidenciara mezquindad alguna, en contra del presidente y su ministro, por tomar agua de ese sitio para satisfacer la sed de compatriotas que la necesitaban.

Pasaron los años, y aparte de un aporte a los pobladores de San Rafael de Alajuela, el resto del agua se siguió utilizando para el hermoso y popular balneario, que tantas historias encierra para los ticos. Balneario que, a diferencia de la inmensa mayoría de las piscinas en el mundo, sus aguas, muy frías, por cierto, fluyen constantemente, a una velocidad de más de 350 litros por segundo. Agua, de gran pureza, que no se recircula, no se filtra, no se clora, y que ahorita, mientras usted nos honra con su lectura, está fluyendo desde el ojo de agua hasta el río Virilla, sin ningún aprovechamiento. Agua con capacidad de saciar la sed y satisfacer otras necesidades, de unas 140 mil personas, que, en el AyA, después de mucho «pensarlo», concluyeron que ese desperdicio irracional debía, al menos, mitigarse. Así surgió el proyecto «Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua”, con el que se podría captar, ¡durante las noches!, hasta aproximadamente, el 40% del caudal (150 L/s), cuidándose de que el laguito artificial y la quebrada que lo drena, mantuviera su caudal ecológico durante esas horas nocturnas. Por lo dicho, ha de aclararse, que, como se ha descrito, ni las piscinas recreativas, ni el laguito, ni la quebrada La Fuente, se irían a quedar sin agua suficiente para lo que se necesitare.

Como parte de dicho racional proyecto, se propuso construir una mini-cañería de tan solo 1,4 km (si se le compara con la magna obra construida hasta el bello puerto hace casi 90 años), que, desde el cercano Puente de Mulas, abastecería de agua potable, a las comunidades de Hatillo, Alajuelita, y otras comunidades sedientas del sur de San José, a las que se les incumple, impunemente, el precepto constitucional de que el acceso al agua, en calidad y cantidad suficientes, es un derecho humano.

Pero, como también con el tiempo, ha cambiado el comportamiento de algunos compatriotas, antes solidarios y siempre prestos a tender la mano a sus semejantes necesitados, no faltaron los que se opusieron a tan loable y digno proyecto. Así, mostrando poca solidaridad con los niños, ancianos y demás habitantes de las citadas poblaciones, ante la oposición de un comité, formado para defender «el balneario y el «gran» río», que se forma con las aguas que salen del laguito artificial, el presidente Chaves ordenó a los jerarcas del AyA (a los que estaban hace año y medio), que archivaran el proyecto, que se olvidaran de él, que buscaran otra solución a la escasez de agua en el sur de San José, pues él, en atención “al clamor popular” que escuchaba desde «las comunidades de Belén y San Rafael de Alajuela», tenía que escuchar al pueblo…

Sumado a ese pretexto populista, se alegó que había que obtenerse la casi imposible viabilidad ambiental de las autoridades ambientales, cual, si en la Setena fueren a rechazar un proyecto semejante, así porque así.

Ahora que la situación de escasez de agua, principalmente en Hatillo, es insostenible, por inhumana e irracional, los culpables de haber obstaculizado la solución concreta al gravísimo problema, ¡que sí fueron escuchados por Chaves!, guardan incómodo silencio, pues prefieren que nadie hable de la pírrica victoria obtenida, supuestamente en defensa de un importante “río”, que falsamente afirmaron, iría a secarse, al tiempo que se destruiría el querido balneario, dijeron.

25.3.2024

Parlamento Cívico Ambiental exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo

Comunicado

  • Por resolución de sus 39 organizaciones, manifiesta su apoyo a las comunidades que desde hace años vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares.

  • Asimismo, manifiesta su oposición a la línea política del Poder Ejecutivo de debilitamiento, desfinanciación de la institucionalidad ambiental del país y de centralización de las decisiones.

  • Insta a las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa para que, en resguardo del compromiso país con la estabilidad democrática, condenen las acciones represivas ejecutadas.

Este 19 de marzo del 2024 el directorio del Parlamento Cívico Ambiental, comunicó el Acuerdo 10-24 en el que este foro cívico exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo. La resolución se refiere a la situación de las comunidades vulnerables cuyo suministro de agua ha llegado a ser tan irregular e insuficiente que es violatoria del derecho establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política. En el acuerdo, se condena además la situación de la institucionalidad a cargo de garantizar el cumplimiento de ese derecho la cual hoy día carece de los recursos técnicos y financieros para garantizarlo y es víctima de decisiones erradas producto de la línea política de la administración de turno. Con vehemencia se exige que cesen las acciones represivas tomadas contra la dirigencia comunal que ha ejercido su legítimo derecho a la protesta.

La resolución insta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa a que condenen esta situación y exijan su inmediata resolución. Se insta a las fuentes de cooperación internacional para que no estimulen con sus recursos iniciativas que atenten contra las políticas de Estado que le han brindado a Costa Rica el liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional y que exijan la adopción de políticas congruentes con el cumplimiento de los compromisos del país en materia ambiental. Asimismo, llama a toda la sociedad civil costarricense, al sector académico y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse en una sola voz en oposición de estas acciones que atentan no solamente contra la buena marcha de las políticas sociales y ambientales en Costa Rica, sino que atentan también contra la estabilidad democrática del país. Señala que se dirigirá nota al Lic. David. R. Boyd Relator Especial Sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, con el fin de ponerle al tanto de la situación que se está dando en Costa Rica.

Carmen Caballero, de la Fundación Laberinto, segunda secretaría del directorio señaló que el parlamento con esta resolución reaccionó no sólo a la situación que se presentó en Hatillo sino al fuerte llamado que hicieron varias organizaciones de este foro cívico. Oscar Moya Cantero de Hidrobag, primer secretario y vecino de Hatillo afectado por la falta de suministro de agua, enfatizó que los vecinos exigen que si Acueductos y Alcantarillado no tiene capacidad operativa para resolver la situación, que convoquen a una reunión de emergencia para que casa presidencial asigne los recursos necesarios para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Bernardo Aguilar, presidente del directorio, de la Asociación ARTES-JUSTECO, enfatizó que el derecho humano al agua es una de las áreas de mayor trabajo e interés del Parlamento Cívico Ambiental por lo que resulta lógica y consecuente la preocupación de las organizaciones con la situación de injusticia ambiental que se está presentado respecto al recurso hídrico en las comunidades vulnerables del sur del Valle Central y en otros lugares del país.

SURCOS comparte el documento del acuerdo:

UNDECA sobre crisis de suministro de agua

Autoridades deben resolver

5 días consecutivos y hasta más, deben soportar los vecinos de las comunidades de Hatillos, San Sebastián, sector oeste de San José, Moravia y otras localidades, sin que Acueductos y Alcantarillados les suministre agua potable para sus necesidades básicas.

El deterioro en el abastecimiento de agua es un problema que lleva décadas sin resolverse y lo único que se ofrece a los vecinos es un largo expediente de promesas sin solución. La ejecución de obras es lenta o nula respecto al crecimiento de la población, los fenómenos climáticos y contaminación descontrolada empeoran las cosas, al afectar las fuentes de agua desde donde, históricamente, se provee de este líquido a las comunidades.   

Debemos agregar también la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos y autoridades del A y A, quienes incluso dan prioridad a la provisión de agua para intereses particulares, como es sabido a grandes condominios, industrias, entre otros.

Manifestaciones y detenciones de vecinos 

Son muchísimos años los que los vecinos han soportado las carencias de agua, los incumplimientos del A y A de sus promesas de solución y los horarios de suministro de agua.

Esto los ha llevado a salir a las calles a exigir soluciones. El desabastecimiento permanente de agua potable, que ha adquirido dimensiones nunca vistas, ha llevado a la desesperación.

Estas acciones tienen responsables, y no son los vecinos que salen a protestar o los nueve manifestantes que fueron detenidos lamentablemente el día de ayer. Los responsables son las autoridades del AyA y del Gobierno que no dan respuestas oportunas y soluciones viables.

Criminalizar la protesta no es solución, solo un detonante más para ver a más y más ciudadanos en las calles exigiendo sus derechos constitucionales.

El agua no es una mercancía, es un bien común, ¡Defendámosla!

Comunidades de Guadalupe y Tibás se solidarizan con Hatillo en lucha por el agua

Comunidades de Guadalupe y Tibás presentan comunicados en solidaridad con Hatillo en su lucha por el acceso al agua. Ambas comunidades denuncian la inoperancia de las autoridades responsables y la falta de soluciones concretas frente a la problemática del desabastecimiento de agua potable. Además, resaltan las consecuencias negativas que este problema tiene en diversos aspectos de la vida cotidiana, como el acceso a la educación y las labores de cuidado, así como el impacto desigual que afecta especialmente a las comunidades de clase trabajadora. 


Comunicado Guadalupe por el agua

El día de hoy en horas de la mañana recibimos la noticia de la detención de al menos 9 personas, incluidos dos regidores municipales electos, mientras se manifestaban en la zona de Hatillo por su derecho al recurso hídrico. 

Como vecinas y vecinos de Guadalupe vivimos en carne propia los daños y efectos del desabastecimiento de agua en nuestras comunidades y también nos hemos organizado para defender nuestro derecho.

Denunciamos la inoperancia del AyA y el gobierno de Rodrigo Chaves para dar solución a este grave problema, así como las maniobras para evitar que las comunidades se organicen. 

Nos solidarizamos con las personas detenidas y exigimos que se elimine cualquier causa en su contra, pues su lucha por el agua es justa y también es nuestra lucha. Llamamos a que todas las comunidades nos organicemos para exigir nuestro derecho al agua.

Unidos por el Agua – Guadalupe

Martes 18 de marzo 2024


Comunicado Tibás por el agua

Desde el movimiento de personas vecinas de Tibás organizadas “Tibás por el agua”, denunciamos que:

  1. Las personas vecinas de Hatillo, al igual que nuestra comunidad, ha venido sufriendo graves problemas de abastecimiento de agua potable desde hace ya más de un mes (misma situación que vienen viviendo comunidades como Guadalupe, Moravia, La Carpio, Alajuelita, Tres Ríos, etc). Este faltante de agua ha llegado a afectar incluso el acceso a educación, teniendo varios centros educativos que suspender lecciones por la falta de agua. 
  2. El no tener acceso al agua, implica una afectación directa a las labores de cuido, mismas que mayoritariamente asumen las mujeres, de modo que se convierte en un elemento más para las brechas que ya de por sí socialmente existen para este sector, incluso incrementando la violencia de género frente al no cumplimiento de estas labores impuestas, esto sumado a la acumulación de carga laboral no remunerada.
  3. Ante esta situación, desde hace varias semanas la comunidad organizada de Hatillo se he venido manifestando para exigir acceso al derecho básico del agua, obteniendo constantes promesas que hasta el momento no se han cumplido.
  4. El día de hoy, lunes 18 de marzo en horas de la mañana, por órdenes de la fiscalía, la policía reprime la manifestación de estas personas organizadas, resultando nueve personas detenidas y trasladadas por flagrancia.
  5. Frente al incremento de la inseguridad y violencia resulta indignante e incomprensible que se destinen recursos policiales y judiciales para amedrentar personas por exigir su derecho a tener agua potable en sus hogares y quienes no estaban cometiendo ningún delito, mientras la delincuencia organizada transita libremente armada. Esto deja en entredicho la función de las fuerzas policiales y del Ministerio de seguridad pública, quien el día de hoy no pareciera demostrar que su labor es la protección de la ciudadanía, sino más bien la persecución de personas que simplemente luchan por derechos básicos, como el acceso a agua.  

Por lo tanto:

  1. Desde el movimiento “Tibás por agua” nos solidarizamos con las personas vecinas de Hatillo que han venido organizándose en pro de su derecho al agua y especialmente con las nueve personas detenidas el día de hoy.
  2. Exigimos la inmediata liberación sin cargos, ni represalias de las personas detenidas, así como una inmediata investigación sobre este proceder dudoso de parte del ministerio público de ordenar la detención de líderes comunales.
  3. Exigimos a las autoridades del AyA y al gobierno una solución inmediata al faltante de agua tanto en Hatillo como en las demás comunidades que venimos denunciando dicho faltante, siendo que aparte de constantes reuniones dónde se nos prometen acciones que nunca se llevan a cabo, no vemos voluntad real alguna de parte de las autoridades para solucionar un problema tan grave como el del acceso al agua. 
  4. Exigimos consecuencia, dado que, si por un lado la semana pasada se abrió una mesa de diálogo con las distintas comunidades afectadas, resulta inconsecuente que el día de hoy se le responda a la comunidad de Hatillo con represión y detenciones innecesarias. Esto nos genera una desconfianza total hacia dicho supuesto diálogo.
  5. Hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas a unirnos y organizarnos en defensa del agua en las calles y no dejarnos amedrentar, siendo que además se hace evidente que el acceso al agua también es un tema de clase, en dónde son las comunidades de la clase trabajadora las que sufren del faltante de agua y no las de las clases con alto poder adquisitivo, lo que a su vez repercute en el acceso a educación, labores de cuido y trabajo.

Tibás por el agua

Martes 18 de marzo 2024

Foro interinstitucional para atender crisis en Oreamuno en el Día Mundial del Agua: “Agua Segura como motor para la Paz Social”

El Foro se realizará en conmemoración del 22 de marzo Día Mundial del Agua, cuyo lema de este año es “Agua para la Paz”, el evento contará con la participación del Viceministro de Salud, Ministro del MINAE, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) o sus representantes, así como participantes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el alcalde de Oreamuno y el Presidente de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno.

Se llevará a cabo el jueves 21 de marzo a las 3:00 p.m. en el Miniauditorio de la Facultad de Ingeniería, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, Ciudad de la Investigación UCR, primera planta del edificio de Aulas de la Facultad.

Ante la inminente crisis desatada por la contaminación de metabolitos de agroquímicos, problemas de escasez y protección de las fuentes, este espacio busca en sus participantes el diálogo y el manejo de conceptos comunes en lo que respecta a la problemática del Agua Segura en el país y busca incentivar un trabajo político conjunto con los tomadores de decisión y las comunidades.

Este espacio es organizado por la  Red GUIAS (Gestión Universitaria de Investigación en Aguas) de la Universidad de Costa Rica, que consideró contribuir con el desarrollo de una Hoja de Ruta País para el Agua Segura; es decir una descripción sistemática de un conjunto de principios, actitudes y pasos prácticos que orienten a las instituciones y a las personas tomadoras de decisión en la materia, cuyo trabajo conjunto posibilite la concreción de una meta ambiciosa pero plausible: que en Costa Rica toda comunidad y población pueda disfrutar, sin restricciones y obstáculos, de agua con calidad y cantidad para su desarrollo humano.

Contexto

Diversos estudios han apuntado que, si bien ciertas regiones del Planeta gozan de abundantes fuentes de Agua para los diversos usos que hacen sus habitantes, esto no implica de manera automática la certeza de que todas las poblaciones y personas puedan disfrutar del recurso en cantidad, calidad y continuidad, mediante un aprovechamiento sostenible. Igualmente, se ha evidenciado con diversos estudios de caso, que cuando coexisten comunidades que ven limitado su acceso al agua con otras que tienen un disfrute más pleno se presenta un caldo de cultivo para la conflictividad social, pugnas en los territorios y la aparición de obstáculos estructurales que limitan el desarrollo humano.

En el caso de Costa Rica, nuestra tradición democrática nos ha llevado a valorar la Paz Social. Esta no implica la ausencia de discrepancias o diferencias entre grupos políticos y actores sociales; por el contrario, es necesario más bien en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica y -en la medida de lo posible- unidos buscando soluciones a los problemas que nos aquejan y los retos que se avecinan.

Kioscos Ambientales UCR

AYA reforma el Reglamento de Prestación de Servicio: ¿Agilizando el extractivismo urbano?

Observatorio de Bienes Comunes

Con el anuncio de la reforma al Reglamento de Prestación de Servicio realizado por la presidencia ejecutiva del AYA junto a la Cámara Costarricense de la Construcción, para garantizar una aprobación más rápida de las disponibilidades de agua para los desarrollos inmobiliarios en Costa Rica, nos gustaría reflexionar sobre el contexto en qué se está desarrollando esta iniciativa, que representa una forma más de desregulación de la normativa para facilitar las actividades de la industria de la construcción.

Costa Rica en la última década viene agudizando su situación en torno al agua, llegando a tener escenarios de estrés hídrico en alrededor de 34% de sus sistemas de abastecimiento (2022). Por esta razón, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones que tienen estás iniciativas para la «promoción» de las actividades económicas del país. Más allá de la promoción, llama la atención las pocas acciones en torno a la protección de las fuentes de agua, como lo refleja la crisis actual que atraviesa la zona de Oreamuno de Cartago con la actual contaminación de la mayoría de sus nacientes de agua por plaguicidas.

Una institucionalidad que se preocupa por la «promoción» de actividades económicas, pero tiene un accionar deficiente en el desarrollo de esquemas de protección, sólo refleja la incidencia en las políticas públicas de ciertos actores económicos, para facilitar sus negocios sin ninguna responsabilidad en la sostenibilidad de los escenarios a los que nos están empujando, es decir, están cercando al agua, y provocando así, una agudización del agotamiento del abastecimiento potable.

Queremos reflexionar sobre el contexto del agua que recibe esta normativa, e invitarles a pensar sobre las implicaciones que tiene los extractivismos urbanos en nuestro contexto costarricense, donde actores económicos están presionando cada vez más para garantizar el incremento de sus actividades inmobiliarias gracias a una normativa a la medida. ¿Qué podemos esperar?

Les invitamos a leer el informe «Patrones e impactos del uso de agua y la energía en Costa Rica» escrito por Francisco Angulo, una investigación de base del Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2022, mismo que nos permite tener un mejor contexto del agua en el país.

ANEP: red de cuido persiste en AyA y se incrementa con nombramiento del nuevo presidente ejecutivo

La ANEP ve con preocupación los nombramientos que hoy surgen desde la Presidencia Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), apoyados por la actual Junta Directiva de la institución, como un posible tráfico de influencias y no como una decisión analizada para mejorar la gestión.

Los cuestionamientos de nuestra organización y su seccional en AyA, se dan luego de la sesión extraordinaria 07-2024 del 29 de febrero de 2024, artículo 4, acuerdo 2024-0047, donde se nombra a Pamela Castro Leitón en la Subgerencia Sistemas Periféricos.

Castro Leitón, abandonó la Institución demostrando que no tenía las capacidades ni la experiencia para asumir un cargo vital y de alto rango. Además, se retiró de A y A después de fuertes cuestionamientos públicos por parte del mismo presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, en conferencia de prensa (Se adjunta video).

Para la ANEP y su seccional en AyA, la incorporación nuevamente de Castro Leitón a la Institución obedece a que su esposo Alexander Davis Barquero, funge como gerente de Servicio Técnicos de Recope. (https://www.recope.go.cr/quienes-somos/alta-gerencia/), sumado a que el actual presidente ejecutivo de AyA, Juan Manuel Quesada, proviene de Recope.

Otro de los nombramientos cuestionados, es el que se origina en la sesión 07-2024 del 29 de febrero de 2024, mediante acuerdo 2024-0046, en el cual, la Junta Directiva de A y A, acuerda nombrar a María José Castillo León, en el puesto de Subgerente General, a partir del momento más próximo que pueda incorporarse a sus funciones, aspecto que será determinado en coordinación con la Presidencia Ejecutiva, indica el acuerdo.

La señora Castillo León no es más que la misma asesora legislativa, militante del Partido Progreso Social Democrático, de Pilar Cisneros y desconocemos de publicaciones importantes sobre su conocimiento en temas de agua potable o saneamiento, y más bien se le ha visto en vuelta en situaciones polémicas en la Asamblea Legislativa.

De forma clara se nota que el presidente ejecutivo de AyA, Juan Manuel Quesada, nombra a su red de cuido y que está lejos de ser un agente de cambio o que venga realmente a fortalecer la institución.

Contaminación por clorotalonil: auditora interna de AyA solicita auditar a la subgerencia por incumplimiento de funciones

Solicitan intervención de ARESEP

Ante una carta enviada por el Frente Ecologista de Cipreses la auditora interna del AyA Karen Espinoza Vindas fue clara en decir “creo fundamental desde mi incorporación a la Auditoría Interna que se audite la Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados, para analizar si cumplen con el bloque de legalidad, en cuanto asesorar, evaluar, capacitar, fiscalizar, acompañar e intervenir a las Asadas (ver oficio de respuesta).

El AyA debió intervenir desde 2021 la ASADA de Cipreses de Cartago por denuncias comprobadas de “(…) desabastecimiento del servicio de agua potable, otorgamiento de nuevas disponibilidades sin tener la capacidad hídrica, inadecuado uso de fondos públicos, donaciones, compra de bienes y donaciones de propiedades sin contar con criterio técnico del AyA (…) Informe Administrativo número GSD-UEN-GAR-2021-00641 del 15-2-2021).

Sin embargo, a tres años de esta decisión es parte de la “papa caliente” de la contaminación no solo de tres ASADAS si no de una inminente emergencia de contaminación de toda la Zona Norte de Cartago. Mientras esto pasa, la junta directiva y el AyA hacen un esfuerzo incesante por no hacer nada y pasarse la responsabilidad de abajo para arriba y viceversa. Cartas van y vienen, no así una solución permanente y sobre todo un diagnóstico real de la contaminación por agroquímicos en la zona de Cartago.

Para el Frente Ecológico, el AyA está en desacato ante la solicitud de los Magistrados de analizar el agua de la Zona Norte de Cartago de forma integral considerando la comprobada contaminación con agrotóxicos degradados del Clorotalonil. Tampoco ha cumplido con el Ministerio de Salud, la Controlaría General de la República y la Defensoría de los Habitantes que solicitaron hace meses estudios hidrogeológicos en Cipreses de Oreamuno.

La Sala Constitucional dictó hace casi dos años que: “… para solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno; y 2) investigar si el problema de contaminación en las nacientes supracitadas ha perjudicado a otras comunidades de la zona. En el ínterin, las autoridades supracitadas deberán garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión…” (Exp: 22-015651-0007-CO)

Por otro lado las fuentes contaminadas siguen desprotegidas y siguen siendo fumigadas a vista y paciencia de todas las autoridades, ante esta situación tan prolongada y desesperante el Frente Ecológico está solicitando una intervención del intendente de aguas de ARESEP Marco Cordero a quien invitan a la comunidad para “comprender la desesperación que sentimos al ver que el AyA no ha tenido la capacidad (o la voluntad) de resolver este problema que se encuentra absolutamente documentado en todas sus aristas: financiero, ecológico y social y sobre el cual en tres ocasiones la Sala Constitucional nos ha dado la razón” (ver solicitud de intervención).

Además, cierran diciendo que “ya es momento que su representada intervenga el AyA” (…) y “ARESEP no puede hacerse de la vista gorda ante este problema”.

Documentación: https://drive.google.com/drive/folders/1gDynj9hRSJSyNX7W7VBaogpGs4wCy3KG?usp=sharing

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.