Las Américas, 27 de septiembre de 2024.Ha transcurrido una década desde la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un centro de formación de docentes ubicado en Ayotzinapa, Tixla, estado de Guerrero, México. A lo largo de estos 10 años no ha habido justicia y los avances han sido posibles por la lucha inclaudicable de los padres y madres.
La investigación de la desaparición de estos jóvenes, un gravísimo caso de violencia estatal en México, en un primer momento fue dolosamente desviada para encubrir a los responsables. A pesar de las solicitudes de los padres y madres, de sus representantes y de las autoridades fiscales, no ha sido posible el acceso pleno a información militar indispensable para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los jóvenes. Al respecto, en agosto de 2023 el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa fue claro en señalar que el ejército mexicano contó con información sobre la detención y desaparición de los estudiantes y a pesar de esto, decidió no actuar. Los expertos señalaron también la persistencia de mentiras y engaños para encubrir a los responsables y tergiversar la verdad de lo sucedido.
En este aniversario CEJIL se une a las voces que reconocen el inmenso coraje y valentía de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que no han cesado en su búsqueda de justicia y en su clamor por recuperar a sus hijos. Con ellas y ellos, nuestra solidaridad.
De igual manera, expresemos nuestro reconocimiento a las organizaciones que acompañan a las familias en esta lucha: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Serapaz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Estas organizaciones han sufrido acoso e intentos de desprestigio por su labor de defensa de los derechos humanos.
La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta en tanto no aparezcan las personas o se esclarezca su paradero. Pero, sobre todo, es una herida que no se cierra, una espera que no termina, un dolor que no encuentra alivio. Por eso, en este 10 aniversario, retomamos las demandas de familiares y organizaciones:
A las autoridades encargadas de impartir justicia, exigimos el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juicio y en su caso sanción, de todos los responsables, tanto en la esfera civil como militar. En este proceso es indispensable asegurar investigaciones independientes y rigurosas.
A las autoridades militares, demandamos la entrega de todos los archivos en su poder relacionados con este caso, pues está claro que tienen información que puede agilizar las investigaciones.
Y a quienes asumen el nuevo gobierno, le solicitamos vehemente que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de las familias y las organizaciones que las representan, especialmente garantizar la independencia de las investigaciones para que la verdad prevalezca en este caso. Es indispensable en el proceso que se reconozca y respete la legitimidad de la defensa de los Derechos Humanos y cesen los ataques a las organizaciones.
Finalmente, reiteramos la exigencia de que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Les faltan a sus familias, le faltan a México, nos faltan a toda la humanidad.
Ayotzinapa, Guerrero a 21 de febrero del año 2024.– Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, les brindamos un fraternal y combativo saludo.
Desde hace nueve años nos encontramos firmes y unidos en la exigencia de presentación con vida de nuestros hijos. Ni el gobierno ni caciques lograrán frenar nuestra lucha.
La creación de un mecanismo extraordinario de justicia.
Como se sabe, en el 2018 el actual gobierno se comprometió a esclarecer los hechos del caso Ayotzinapa, para ello creó mediante un decreto presidencial la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y posteriormente el Fiscal General de la República instituyó la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA).
El primer organismo investigaría las graves violaciones a los derechos humanos contra los estudiantes. Los resultados de la indagatoria los pondría a disposición de la UEILCA para que esta investigue, ubicando y judicializando los casos para el procesamiento y sanción de los responsables.
Posteriormente llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en las indagatorias. El grupo de expertos fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la medida cautelar MC-409/2014 para brindar asistencia técnica al estado mexicano en materia de líneas de investigación, búsqueda y atención a víctimas.
Así se integraba el mecanismo extraordinario de justicia con el que este gobierno daría verdad y justicia a las madres y padres de los 43.
La CoVAJ y la UEILCA avanzaron con tropiezos. La primera inició las búsquedas en terreno sin tener testigos e informantes claves, por lo que fueron infructuosas. La segunda institución estaba acéfala, sin un fiscal, tuvieron que pasar 8 meses para su nombramiento. El Fiscal especial tuvo que enfrentar a un personal burocrático con viejas inercias que obstaculizan el trabajo, por lo que hizo una reestructuración completa y conformó un nuevo equipo. Por otro lado, la investigación que realizó la anterior PGR estaba afectada de nulidad, todas las pruebas fueron declaradas ilícitas por el primer tribunal del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas. El nuevo fiscal tuvo que buscar nuevas pruebas y realizar las consignaciones correspondientes, así logró meter a la cárcel a un número importante de personas responsables que habían sido liberados por una investigación ilegal del gobierno anterior. En estos laberintos de burocratismo e investigación turbia el nuevo fiscal perdió cerca de dos años.
Hasta junio de 2022 logró reunir pruebas importantes e hizo una judicialización de alrededor de 80 personas responsables de la desaparición por acción y omisión, entre los que se encontraban delincuentes de Guerrero Unidos, policías municipales, policías estatales, federales y 20 elementos del ejército mexicano. En agosto de ese mismo año se libraron las órdenes de aprehensión. Al intentar ejecutarlas, la Secretaría de la Defensa Nacional se negó. Presionó al presidente y a las autoridades civiles que terminaron cancelando las órdenes.
Para el año 2022 las investigaciones apuntaban a la responsabilidad del ejército mexicano. Varios militares del 27 Batallón de infantería tenían responsabilidad por omisión en la desaparición de los 43 y otros más, estaban coludidos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Por lo demás, existían elementos de convicción de que dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta el momento de su desaparición. Supieron en tiempo real, lo que les ocurría y donde fueron llevados los jóvenes. Llama poderosamente la atención que en la sección segunda de inteligencia fue encontrada una foja que corresponde a una intervención telefónica ilegal que el ejército habría realizado la noche del 26 de septiembre al jefe de plaza del grupo delictivo guerreros unidos y al director de seguridad pública municipal. En la conversación refieren que están trasladando a 17 estudiantes de barandilla municipal a Loma de Coyotes ubicado a las afueras de Iguala.
Por otro lado, los documentos entregados y revisados por el GIEI estaban incompletos, hacían falta 800 folios. Por esta razón las madres y padres de los 43 exigen al ejército la entrega de los referidos documentos y datos adicionales relacionados con el traslado de 17 estudiantes.
Los militares obstaculizan la investigación.
Luego de la desaparición de los estudiantes, vecinos de Iguala decían que estos fueron llevados al 27 batallón de infantería con sede en Iguala. Varias madres y padres fueron a buscar a ese lugar, pero les negaron la información. Sin embargo, la sospecha creció.
El secretario de la defensa nacional intentó atajar diciendo que era una infamia que se les quisiera colocar en el banquillo de los acusados manchando a la institución, cuando ellos no tuvieron nada que ver. Dijo que se enteraron ya tarde de los hechos ya que la mayoría de la tropa había salido a prestar auxilio por un siniestro. Que salieron a patrullar encontrando a un grupo de jóvenes en el hospital Cristina al que ofrecieron ayuda, pero estos se negaron y no supieron más del hecho.
Las investigaciones echan por tierra esta versión y evidencia que los mandos militares ocultan información del caso. La realidad es que: i) el ejército desde antes del 26 de septiembre daba seguimiento a los estudiantes, ya que por lo menos dos soldados estaban infiltrados en la normal con la fachada de alumnos. Uno de los desaparecidos era un soldado en activo, ii) al arribar a Iguala agentes de inteligencia militar le siguieron los pasos, iii) dos soldados los monitorean en tiempo real a través de las cámaras del C4, iv) además que intervinieron teléfonos de los perpetradores de la desaparición y escucharon sus comunicaciones sabiendo lo que ocurría con los estudiantes.
Por lo tanto, los soldados que daban seguimiento a los estudiantes realizaron reportes a sus superiores dando cuenta de lo que ocurría, pero esta información no se ha entregado. El ejército aduce que no existe nada en sus archivos.
Aunado a lo anterior, existen datos de prueba sólidos que establecen la colusión de elementos del ejército mexicano adscritos al 27 batallón de infantería con el grupo delictivo Guerreros Unidos. De igual forma, un testigo refiere que 25 estudiantes fueron introducidos al 27 batallón de infantería, torturados y asesinados.
Por esta razón se pidió a las autoridades que el ejército entregara la información que tenía en su poder recabada el 26 de septiembre con motivo de su intervención en los hechos de agresión a los estudiantes y que se investigara y sancionara a los que tuvieran responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.
Esta solicitud generó molestias a las autoridades, principalmente los militares, cuando se libraron 20 órdenes de aprehensión contra sus miembros, presionaron al ejecutivo y la FGR terminó cancelándolas. Por la presión de las madres y padres de los 43 en el año 2023 se reactivaron.
De igual forma por la presión de las madres y padres el presidente ordenó la apertura de los archivos militares. El GIEI y la CoVAJ de Alejandro Encinas revisaron los documentos militares
Sin embargo, la exigencia de las madres de investigar al ejército y de entregar información molestó al presidente. En el año 2023 dijo que el ejército no tenía nada,que toda la información se había entregado. Desde entonces la investigación se estancó. El Fiscal especial del caso Ayotzinapa renuncia nombrando en su lugar a uno que carece de independencia y no conoce del tema. Posteriormente renunció Alejandro Encinas Rodríguez que era presidente de la CoVAJ y en su lugar fue nombrado alguien que desconoce el caso y que se ha dedicado a intentar dividir al grupo de madres y padres.
Lejos de avanzar en las líneas de investigación el presidente se ha dedicado a atacar a los abogados y al GIEI culpándolos de sus fracasos en el esclarecimiento de los hechos.
III. Las mentiras del presidente.
a) La sentencia del primer Tribunal Colegiado del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas.
En varias de sus conferencias mañaneras el primer mandatario ha referido que: a) el GIEI y los abogados promovieron la libertad de los detenidos por la desaparición de los 43, b) El GIEI y los abogados se oponían a la detención de Murillo Karam y c) Los abogados firmaron acuerdos bajo la mesa con el gobierno anterior.
Las afirmaciones del presidente son totalmente falsas, en primer término, en mayo de 2018 el primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa Tamaulipas emitió una sentencia en un amparo en revisión en la que ordenó: 1) que las investigaciones realizadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) eran irregulares y turbias razón por la cual las pruebas obtenidas eran ilícitas, 2) Redireccionar las indagatorias y 3) Crear una Comisión de Investigación de la Verdad en el caso Iguala.
Las madres y padres saludaron esta sentencia, por primera vez un Tribunal de México declaraba que las investigaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto llamada verdad histórica eran irregulares y habría que reconducirlas. De manera inédita ordenaba crear una Comisión de la Verdad con facultades de investigación penal como un mecanismo extraordinario para esclarecer los hechos y hacer justicia a las madres y padres de los 43. La CoVAJ y la nueva investigación está basada en el fallo que el presidente tanto cuestiona.
Obviamente, al declarar que las pruebas eran nulas, las acusaciones del gobierno anterior quedaron sin sustento y los responsables obtuvieron su libertad, pero correspondía al gobierno realizar nuevas acusaciones sustentadas en pruebas lícitas, circunstancia que no aconteció, ya que ni el gobierno anterior ni este, hicieron algo al respecto.Con mala fe el presidente toma del referido fallo lo conviene a su narrativa omitiendo elementos que favorecen a las madres y padres de los 43. Por ejemplo, la orden de reconducir las investigaciones de manera pronta e independiente, la creación de una Comisión de Investigación con facultades penales e incluso una compensación a las madres y padres por su lucha no son mencionados por el presidente quien se limita a referir que el fallo puso en libertad a los detenidos.
b) La detención de Murillo Karam.
Por otro lado, es igualmente falso que los abogados se opusieron a la detención
de Murillo, lo que en realidad aconteció fue que el GIEI advirtió a las autoridades que los procesos, incluido el de Murillo Karam, tenían debilidad probatoria, era menester fortalecer el caudal probatorio para evitar liberaciones, aunque ello llevara más tiempo procesal.
Esta advertencia se hizo realidad cuando Murillo Karam fue procesado. En el plazo constitucional estuvo a punto de ser liberado por pobreza probatoria. Al día de hoy esta circunstancia acontece en el proceso, por eso en el caso de los estudiantes alcanzó prisión domiciliaria. Se encuentra en prisión por un proceso que enfrenta por haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado alias el Cepillo un perpetrador de la desaparición de los estudiantes no por el caso de los jóvenes.
Otros procesos también han corrido la misma suerte, militares han obtenido su libertad por falta de pruebas. La libertad reciente de ocho militares obedeció a estas falencias. Las advertencias del GIEI pretendían evitar la fragilidad procesal que hoy exhibe el gobierno. No es válido que el presidente culpe solamente al poder judicial.
c) El GIEI, la CIDH, la OEA, Estados Unidos y los Conservadores.
El presidente hace alusión a una delirante confabulación entre conservadores, la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH, el GIEI, los Estados Unidos, las organizaciones de derechos humanos y los conservadores. Refiere que se infiltraron en su gobierno aludiendo a Omar Gómez Trejo el exfiscal especial del caso Ayotzinapa, que Emilio Álvarez Icaza ahora diputado panista era Secretario Ejecutivo cuando se creó el acuerdo de asistencia técnica mediante el cual los expertos llegaron a coadyuvar en el caso y por lo tanto, todo es obra de los conservadores que enmarañaron el caso. Recientemente ha referido que encontró un documento que firmó el entonces director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez con Miguel Ángel Osorio Chong, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CIDH sugiriendo que es documento firmado bajo la mesa.
El documento al que hace referencia el presidente en sus mañaneras se refiere al convenio de asistencia técnica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindaría al Estado Mexicano, la cual fue firmada entre los representantes del estado Mexicano, la CIDH y los representantes de las madres y padres de los 43, tal documento se signó atendiendo a la medida cautelar MC-904/2014 que emitió este organismo internacional de protección a los derechos humanos a favor de las madres y padres de los 43.
La CIDH es un organismo de protección a los derechos humanos que crea la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, sus resoluciones son obligatorias para México.
La solicitud de la medida cautelar fue analizada por el pleno de la CIDH, revisando el caso en particular, los hechos y elementos de prueba allegados. Eso les permitió establecer que se colmaban los requisitos de gravedad y urgencia que establece el reglamento de la CIDH para su otorgamiento. La forma de implementar la medida cautelar fue que la CIDH brindara asistencia técnica al estado mexicano en materia de líneas de investigación, búsqueda y asistencia victimal.
Para ello la CIDH contrató un grupo de expertos independientes integrados por mujeres y hombres destacados en las Américas en materia de derechos humanos y así se conformó el GIEI que le dio un vuelco distinto a las investigaciones.
La medida cautelar fue emitida por el pleno de la CIDH compuesta por comisionados independientes de otras nacionalidades atendiendo a criterios jurídicos y estándares de derechos humanos. Decir que Emilio Álvarez Icaza tuvo que ver en el asunto es superficial e irresponsable.
El curso de la nueva indagatoria en buena medida obedece al trabajo del GIEI y no del gobierno actual que cuando llegó al poder, el grupo de expertos había puesto las bases de una nueva indagatoria.
Decir que la presencia de los expertos del GIEI en nuestro país obedece a una conspiración entre la OEA, Estados Unidos y los conservadores es una aseveración ligera que no resiste un análisis serio y responsable.
Lo contradictorio es que este gobierno mantiene buenas relaciones políticas y diplomáticas con EU, además es miembro de la OEA. Si le produce aversión política este organismo, debería pedir la salida de México, no hacerlo, es hipócrita.
En conclusión, las aseveraciones del presidente son infundios distractores para justificar su rotundo fracaso en el esclarecimiento de la desaparición de nuestros hijos y para quebrar la unidad de nuestra organización.
Atentamente.
Comité de madres y padres de los 43.
Información compartida con SURCOS por Orlando Barrantes Cartín.
El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), invita al espacio de diálogo abierto al público que se realizará mañana martes 26 de setiembre, para conversar sobre «Violencias Estatales y desaparición forzada en América Latina«.
Se contará con la participación de Julieta Montoya (Argentina), Cindy Vargas (Térraba, Costa Rica) y Tania Paloma Hernández (México).
La actividad se realiza en conmemoración del tercer aniversario de la desaparición forzada en Ayotzinapa.
Tierra Diversa Danza Teatro les quiere compartir su producción Video Danza “43+”, recordando a los 43 jóvenes que desaparecieron en Ayotzinapa, a las miles de personas desaparecidas en los pueblos latinoamericanos, y continuando la lucha de nuestros pueblos por la vida.
Esta es una producción junto al realizador audiovisual Alejandro Ferlini.
«El mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos»
«El mal gobierno oferta muerte como futuro»
«El mal gobierno se llena de criminales y asesinos»
Este jueves 26 de marzo se cumplió ya medio año del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Acontecimiento brutal, ya clasificado como crimen de lesa humanidad, que ha abierto un parte aguas en la actualidad de la política y de la institucionalidad del Estado Mexicano.
En el “Río de las Calabacitas”, hoy el grito conjunto de las voces amordazadas y reprimidas emerge del silencio de la muerte a través de los miles y miles de pasos de quienes por toda la República Mexicana no han parado de marchar exigiendo la aparición de los 43 estudiantes normalistas. Emerge a través de las pancartas y de las incansables protestas solidarias; a través de las movilizaciones estudiantiles y de las múltiples palabras escritas por figuras señeras de la intelectualidad mexicana; a través de los informes de los distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de otra índole (CNDH, CIDH, ONU) que hablan de tortura sistemática y que demandan al Gobierno Federal de la República Mexicana esclarecer la verdad sobre los brutales “hechos” de Ayotzinapa y sentar las correspondientes responsabilidades institucionales.
Sin embargo, la posición del Gobierno Federal mexicano ha sido y continúa siendo inconmovible en sostener su “verdad histórica”: los 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados por bandas del crimen organizado y después quemados en un basurero de Cocula. No hay nada más qué decir, caso cerrado. Por otra parte, según señala la actual Procuradora General de la República, Sra. Arely Gómez González, tampoco ningún organismo especializado ha presentado ninguna prueba de que en Ayotzinapa se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. “Pasemos la página y vuelvan a la normalidad”, ha sentenciado el Presidente Lic. Enrique Peña Nieto. “Supérenlo ya”, ha dicho el ex Presidente Vicente Fox Quesada.
A diferencia de las voces oficiales que rechazan cualquier responsabilidad suya y que han tomado la decisión de dar por concluidas las investigaciones y por cerrado “el caso”; que desconocen y rechazan además incluso hasta el informe presentado por el enviado especial de la ONU, las familias, padres y madres, de los 43 estudiantes normalistas han decidido tomar los caminos del mundo y llevar su denuncia y reclamo de justicia a diferentes foros internacionales. Totalmente inesperado. Las altas autoridades del Gobierno mexicano jamás hubieran esperado que llegara por fin una primera vez en que fallaran tanto sus cálculos y sus controles sobre las comunidades empobrecidas, marginadas y excluidas del campo mexicano. Las familias de los 43 estudiantes hoy no solo cuentan con un reconocimiento y un insoslayable respaldo en el contexto de la sociedad mexicana, sino que además han logrado posicionar su protesta y reclamo alrededor de todo el mundo; han logrado obtener respeto, admiración, cariño y solidaridad a nivel mundial.
De aquí en adelante, Ayotzinapa ya es una impronta de valentía y de dignidad de alcance cósmico en la historia mexicana. Más importante y valiosa aún, cuanto que acontece en la cúspide de aplicación de un modelo de desarrollo y de gobierno que tiene como una de sus principales características la del desprecio absoluto por las personas, por la vida y por la sustentabilidad de la naturaleza. Ayotzinapa representa el reclamo profundo y concreto por el derecho a la vida y por el respeto a la dignidad humana.
En la Sede del Pacífico “Arnoldo Ferreto Segura” (Universidad de Costa Rica, Ciudad de Puntarenas), una joven estudiante se preguntaba un día, un poco desconcertada (pero con tanta luz en sus manos), que cómo iba a ser posible que en un mismo día secuestraran a 43 personas y las desaparecieran a todas. En efecto, la joven estudiante tiene razón. Inverosímil. Ese es un hecho de tal magnitud, que cualquier persona lógicamente puede tener dificultades para encajarlo en su capacidad mental de asimilación y comprensión.
Una periodista de la Radio 870 de la UCR, me preguntaba que por qué Ayotzinapa. No tengo un conocimiento adecuado de la historia y menos de las múltiples complejidades de la realidad mexicana. Sin embargo, le respondí a la periodista, diciéndole que así como fue en esta ocasión el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, pudo haber sido en cualquier otro lugar donde existiera una Escuela Normal Rural. La razón de que haya sido Ayotzinapa, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que, en esta ocasión, las familias (padres y madres), decidieron romper y superar el miedo. Como decía una de las madres de los jóvenes maestros secuestrados y, posiblemente, asesinados: “nos han quitado tanto que ya nos quitaron el miedo”.
“Tanto nos han quitado, que ya nos quitaron el miedo”. Las desapariciones y asesinato de jóvenes estudiantes de las Escuelas Normales Rurales de México, no es una manifestación reciente ni aislada de extrema brutalidad. Ya tiene toda una larga historia, que es además una historia en la que es posible percibir la existencia de un entramado de persecución y de represión sistémica contra las comunidades estudiantiles de esas instituciones formadoras de maestros.
Y si en esta oportunidad, la horrorosa monstruosidad de la barbarie que representa la desaparición de los 43 maestros de Ayotzinapa logró trascender, eso se debe, como dijo la madre de uno de ellos, “a que nos han quitado tanto, que ya nos quitaron el miedo”. Se sabe que previamente a lo ocurrido en Ayotzinapa, otro grupo considerable de estudiantes normalistas también había sido ejecutado en otra localidad, sin que las familias se hubieran atrevido ni siquiera a ir en búsqueda de sus muertos. El miedo les impedía incluso hasta nombrarlos.
Las autoridades de los poderes formales mexicanos, federales y del Estado de Guerrero, políticas, policiales, judiciales, castrenses, han intentado vertebrar una y otra vez explicaciones en las que se busca focalizar los hechos, aislarlos y atribuirlos a situaciones de corrupción y de colusión de políticos y fuerzas policíacas locales con bandas del crimen organizado. También han deplorado que las movilizaciones en reclamo de la aparición de los 43 maestros hayan afectado, por ejemplo, el turismo en Acapulco. El jerarca del Poder Ejecutivo mexicano ha hecho suya la expresión emblemática “Todos somos Ayotzinapa”, al mismo tiempo que ha hecho llamados a “pasar la página” y a volver a la normalidad; a regresar a la paz, al trabajo y a recuperar la armonía de la convivencia social y ciudadana quebrantada por un acontecimiento insólito. Es decir: olvidémonos ya de esta lamentable eventualidad.
Inverosímil. La joven estudiante de la Sede del Pacífico “Arnoldo Ferreto Segura” de la Universidad de Costa Rica (con tanta luz en sus manos), sigue teniendo razón.
A los pueblos y naciones que integramos a la nación mexicana
Ayotzinapa
La masacre de estudiantes y civiles ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre debe ser tipificada como crimen de Estado. Más allá del involucramiento directo de policías y paramilitares pertenecientes al municipio de Iguala, existen múltiples indicios que sugieren el montaje de una provocación mayor. La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos, policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se coordinan cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense como la DEA, la CIA, el FBI, la ASN y el mismo ejército estadounidense.
No debe descartarse que el baño de sangre y el terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas. Se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre las mafias de la clase política local, entre figueroistas y perredistas.
Por el contexto político y social que vive el país y por la larga cadena de antecedentes represivos del PRI y de quienes gobiernan, tampoco debe excluirse que estamos entrando a nueva fase represiva contra la sociedad civil, donde las operaciones de los grupos de paramilitares y las fuerzas armadas se dirigen también contra los movimientos sociales y civiles.
Peña Nieto, el responsable de crimen de estado perpetrado en Atenco en mayo de 2006, tomó posesión en medio de una provocación el 1º de diciembre de 2012, en la que se coludieron los mandos de las fuerzas federales y las del Gobierno del Distrito Federal. El resultado arrojó la muerte de Juan Francisco Kuykendall, de múltiples heridos y detenidos. A la postre salió a relucir la utilización de grupos paramilitares y de policías y militares que se disfrazaron de manifestantes para provocar disturbios.
Lo acaecido en Iguala es la otra cara de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el capital trasnacional; y, al igual que la masacre de Atlatlaya, no son eventos excepcionales sino un rasgo estructural del proceso de ocupación neocolonial de nuestro país. Es una extensión de la violencia desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas “colaterales”. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia. La matanza de normalistas de Ayotzinapa es una lección ejemplar dirigida a quienes se atreven a disentir y protestar. Una provocación para incitar a que los oprimidos respondan a balazos y así justificar la represión a gran escala. Es la apuesta del partido de la guerra, el capital trasnacional y su clase política, para cancelar toda alternativa pacifica de superación de la catástrofe humanitaria que padecemos.
La elección de las víctimas —los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa— no fue accidental. Tampoco la forma en que previamente se les criminalizó para luego masácralos, torturarlos y desaparecerlos. Es de tal magnitud el crimen perpetrado en Iguala que puede ser comparado con las masacres cometidas por el Estado mexicano en épocas recientes: con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962 y las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; equiparable a la matanza de Acteal en 1997, a las masacres de Aguas Blancas y el Charco en Guerrero; a los más de 500 asesinatos cometidos en contra de perredistas durante el gobierno de Carlos Salinas, y la toma violenta de San Salvador Atenco entre otros. La condena de la ONU, la OEA y las recomendaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos ante este hecho atroz y genocida, muestran la gravedad del crimen.
En cualquier otro país que se precie de democrático, el presidente y su gobierno habrían renunciado ante un suceso como el de Tlatlaya o el de Ayotzinapa. Aquí Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero, con la abierta complicidad del poder judicial y legislativo, de los medios de comunicación y del grueso de la clase política, manipulan las indagatorias y evaden sus responsabilidades, creando chivos expiatorios. Sin embargo, no pueden ocultar los nexos que guardan los grupos criminales con el estado mexicano y un sector de empresarios. Sin el patrocinio y la tutela de ambos no sería posible la sobrevivencia de la “delincuencia organizada”. Son ellos, además de la DEA o la CIA, quien los surte de armas, de canales financieros para el lavado de dinero y de protección, tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos y más allá.
El terrorismo de estado nos ha colocado a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total. Nuestra vida no les merece la menor importancia; todos y todas somos potenciales víctimas. Quienes hoy mal gobiernan ya no deben permanecer al frente de las instituciones de la Republica; todos ellos son responsables del desastre nacional; ellos abandonaron todo principio ético de respeto por la vida humana sin importar las banderas y colores partidistas que ostentan. Señor Enrique Peña Nieto y Señor Ángel Rivero, les exigimos que presenten a los desaparecidos; les pedimos, les demandamos, les exigimos que renuncien a sus altos cargos y comparezcan ante la justicia junto a todos sus cómplices.
A todos y todas les pedimos estar atentos a las acciones que promoveremos en los próximos días; además, llamamos a participar en todo tipo de acciones de resistencia civil pacífica que desde la sociedad civil se vienen impulsando. Las actividades, que por nuestra parte promoveremos, serán anunciadas en la página, el correo y el Facebook de la Constituyente.
Favor de ENVIAR SUS FIRMAS DE ADHESIÓN a este pronunciamiento al correo mencionado.
Primeras firmas:
Obispo José Raúl Vera López, Obispo Alfonso Leija Salas, Gilberto López y Rivas, Daniel Gershenson, Gabriela Juárez, José Guadalupe Suárez, Alfonso Anaya, Patricia Santiago, Luz María Montoya, Leonor Cortés, Hildelisa Preciado, Rocío Eslava, Pablo Velarde, Hilda Goicochea, Eva Cárdenas, Minerva Andrade, Lázaro González, Graciela Rangel, Leticia Guerrero, Guadalupe Luquín. Leonel Ávila. Raciel Gutiérrez, Juan Melchor, Lied Miguel, Yury Zareth, Estela Cabrera, Isabelle Cauzard, Víctor Manzanares, Francisco Chew, Pedro Ramírez, Marcos Tello, Magdiel Sánchez, Romeo Cartagena, Jessica Alcázar, Fernando Márquez, Daniela Fontaine, Fernanda Tomasini, Ximena Ponce, Iván Alejandro Martínez Zazueta, Catalina Castillo, Jorge Arias Rodríguez, Juan José Villagrán Reyes, Marcela Godínez, Jesús Ramírez Funes (Cristianos Comprometidos), Benigno Arellano Arrellano (Enlace Acolhua – Región Oriente del Estado de México), Leonel Reyes Ávila, Antonio Sarmiento Gálan, Rocío Vargas, David Escobar, Emilia González, Rosalío Morales, Mónica Carrasco, Jesús Villaseca, Heriberto Rodríguez, Darío Rubén Carreón, José Luis Razo Ochoa, Ernesto Jiménez Olin (Unión Popular Valle Gómez AC), Ernesto Morales, Anamaría Ashwell, Dra. Josefina Mena Abraham (Pdta. Grupo de Tecnología Alternativa SC), Maricarmen Montes, Leonor Aída Concha, Lourdes del Villar, Ángeles González, Rosa Barranco, Elizabeth Alejandre, Bertha Vallejo, Graciela Tapia, Claudio Alonso Murrieta Ortiz, Martín Rodríguez Rodríguez, Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), Organización Popular Independiente A.C., Rafael Segura Millán, Norma Esmeralda Maldonado, Marta Sánchez Soler y José Jacques Medina (Movimiento Migrante Mesoamericano), José Flores Martínez, María Aurora Marín Fernández, Comunidad Teológica de México, Rafael Segura Millán, Leticia Rentería, Patricia Gutiérrez-Otero, Laura Jiménez, María Hilda De la Vega Cobos, Lucero de Lourdes Espíndola De la Vega, Carlos Molina, Catalina Eibenschutz, Ana Deisy García Granado, Elena Barona Orosco, Ericka García Morales, María Luisa García Martínez, Bertha García Barillas, Fernando Hernández Hernández (Unión de Pochtecas de México, AC y Ayuntamiento Popular de Ixtacalco), Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Chiapas, México), Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Jitotol (Chiapas,México), Laklumal Ixim- Norte Selva (Chiapas, México), Frente de Lucha Popular 29 de febrero de Huixtán (Chiapas, México), Frente Popular de Ixtapa Ricardo Flores Magón (Chiapas, México),Gilberto Ríos Munguía, Andrés Peñaloza, Fausto Lázaro, Pablo Hernández, Carolina Avilés, Rosa María Mejía Alcocer, Lilian Eréndira Pacheco Magaña, María Goretti Espíndola De la Vega, Violeta Pacheco, Fabiola Sánchez Quiroz, David Sánchez Sánchez, Amanda Castillo McCamant, Carlos Olivares Valencia, Elsa Valencia Ramírez, Carlos Mario Olivares Ledezma, Yunset Jaime, Olivia Sánchez, Sandra Carmona, Rosa Vargas, Raymundo Hernández, José Sandoval, Red de Antropología del Sur, Rosa Cristina Báez Valdés, Mirta Clara,Marcelino Rodarte Hernández (Coordinadora del magisterio democrático de Zacatecas sección 58), Silvia Tamez González, Claudia Mónica Salazar Villava, Bibliotecarios SEP-DF SNTE XI-DIII20, Alfonso Díaz Rey (Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, Salamanca, Gto.), Homero Castro Guzmán, Dra. Leticia Chavarría (Comité Médico Ciudadano de Cd. Juárez), Erick Noé Garza Torres,
Firmas internacionales:
Rainer Stoeckelmann (Alemania), Silvia Tenorio (El Salvador), Luis Infanti De la Mora, osm (Obispo Vicario Apostólico de Aysén – Chile), Comunidades Eclesiales de Base (Guatemala), Conrado Sanjur (COPODEHUPA, Panamá), Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA (Panamá), Noris J. Rodríguez (Panamá), María E. Solares (Bolivia), Lorena De Jesús (San Salvador, El Salvador), Carina López Monja (Relaciones Internacionales del Frente Popular Darío Santillán, Argentina),Roberto Muñoz A. (Casa Bolívar, Chile), Loly Medina (El Salvador), German Bedoya (Coordinador Nacional Agrario, Colombia), Movimiento Popular Patria Grande (Argentina), Dora Treviño (Chicago, USA), Congreso de los Pueblos (Colombia), Miriam Boyer (Alemania), Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional (Argentina)
Ante la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” en México, la Universidad de Costa Rica declama su rechazo a cualquier tipo de violación de los derechos humanos.
Según lo informado por varios medios de comunicación mexicanos, la desaparición de estos jóvenes ocurrió el pasado 26 de setiembre, luego de ser detenidos y reprimidos por la policía local, con la supuesta ayuda de grupo de bandas delictivas asociadas al poder político. A un mes de su detención, las autoridades no han dado información sobre el paradero de los estudiantes.
El Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR asegura que estos hechos “son enteramente repudiables y constituyen una exhortación para todas las personas amantes de la paz a redoblar sus esfuerzos por reafirmar la vigencia de los derechos humanos en todos los países”.
Asimismo, Jensen hace un llamado a que estos acontecimientos sean objeto de análisis y discusión por parte de la comunidad universitaria, a la vez que manifiesta su rechazo a todo tipo de criminalización del ejercicio de los derechos legítimamente constituidos, entre ellos el derecho a disentir y protestar.
La Universidad de Costa Rica expresa su profundo pesar y exhorta a las autoridades de ese hermano país a hacer todos los posibles esfuerzos por dar con el paradero de los 43 estudiantes, y aplicar consecuentemente los principios legales para identificar a los responsables de este deplorable hecho.
