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Etiqueta: banca pública

Y, entonces, ¿privatizamos los bancos?

Luis Paulino Vargas Solís

Últimamente varios escándalos manchan la imagen de los bancos públicos: Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Nacional (BNCR). En el primer caso, respecto de negocios realizados por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), en los cuales hay claros indicios de manejos irregulares y corruptos, con perjuicio para quienes han invertido en esos fondos. En el segundo, la cuestión de la Asociación Solidarista, y el robo, por ₡3,3 miles de millones en efectivo, hurtados de la caja fuerte (que no bóveda) del propio banco.

Diferente al “cementazo”, que hace unos años golpeó al BCR, en estos tres casos no aparecen involucradas figuras políticas de alto nivel. Esto nos advierte que, contrario al mito popular, la corrupción no es, ni mucho menos, patrimonio exclusivo de las élites políticas. De hecho, el hobby favorito de los muy ricos de Costa Rica es el fraude fiscal y la ocultación de la riqueza, todo un glamoroso ejercicio de corrupción a gran escala. O, como en lo del robo en el BNCR, donde un tipo de nivel clase media es actor principal.

La cuestión entonces es: ¿Qué hacemos? ¿Privatizamos los bancos públicos?

Eso sería tirar el chiquito junto con el agua sucia de la tina. No nos conviene.

La evidencia es clarísima: los bancos públicos son mucho más eficientes y dan aportes muy superiores que los que dan los privados:

  • El número de agencias y sucursales de los bancos públicos triplica la de los bancos privados, y alcanza los lugares más lejanos, donde estos jamás llegarán.
  • Las cargas parafiscales que aportan los bancos públicos hacen que su contribución fiscal prácticamente duplique la de los privados.
  • Aun cuando todo lo anterior eleva los costos de los públicos, sus tasas de interés son, la gran mayoría de las veces, más bajas, y, en ocasiones, mucho más bajas. Dos ejemplos: construcción y consumo, donde, hoy día, las tasas en los privados exceden hasta en 5,6 puntos porcentuales las de los públicos.
  • Los diversos indicadores de eficiencia que miden el “margen de intermediación financiera” (M1, M4 y M4A), demuestran una amplia ventaja a favor de los bancos públicos.

Atacar los problemas de corrupción en la banca pública no pasa por la privatización. Esa es solo una necedad ideológica y un negociazo corrupto. Son urgentes reformas que contemplen aspectos como los siguientes:

  • Total independencia de las influencias politiqueras del gobierno de turno.
  • Estrictos y rigurosos mecanismos de rendición de cuentas.
  • Supervisión ciudadana desde organizaciones independientes.
  • Supervisión técnica desde organizaciones calificadas, independientes del negocio financiero.

Colochos mentales en Zapote

Luis Paulino Vargas Solís
Economista / Investigador CICDE-UNED

Al presidente Chaves no le gustó lo que Douglas Soto, gerente general del BCR, dijo ante la comisión legislativa que estudia el proyecto de ley que propone privatizar ese banco. Y como no le gustó, su primerísima y más ruidosa reacción, fue atacarlo personalmente. Es la característico de este gobierno: arrinconar a patadas a quien se atreva a disentir.

Aparte esa chabacanería, el único argumento del presidente consistió en afirmar que el BCR, podría pagar más impuestos, puesto que los bancos privados son “más rentables” que los públicos.

Evidentemente, el presidente tiene un colocho mental, y está gravemente confundido.

Es obvio que el presidente habla de rentabilidad privada, en cuyo caso habría que aclararle un detalle muy básico: no se supone que los bancos públicos deban ser rentables, como son los privados. Claramente el presidente no entiende lo que es propio de una entidad pública. Igual uno podría decir que los servicios privados de salud y educación son más “rentables” que sus contrapartes públicas. Pero es que, sin duda, los servicios públicos de salud y educación no deben ser rentables desde el punto de vista de la rentabilidad privada.

En tales casos, mejor fuera hablar de “rentabilidad social”. Pero parece que ni en Ohio ni en el Banco Mundial le enseñaron al Dr. Chaves lo que eso podría significar.

Además, en algún momento, el presidente habló de “números contundentes”, aunque, a decir verdad, no aportó muchos números que digamos. Ni contundentes ni de los otros.

Pero ¿qué tal si repasamos algunos numeritos para ayudarnos a entender por qué los bancos privados son más “rentables” que los públicos? Los datos que doy a continuación, incluyen al Banco Popular dentro de la categoría de bancos públicos, y en lo que a los bancos privados se refiere, incluye los 8 grupos financieros principales:

1) Número total de agencias y sucursales: bancos públicos 513; bancos privados 123.

2) Porcentaje de sucursales en el área metropolitana de San José: 32,2% los públicos; 47,2%, los privados.

3) Porcentaje de sucursales fuera del área central de Costa Rica: 43,5% los públicos, 22,8% los privados.

4) Un detalle llamativo: los bancos privados tienen 14 agencias en Escazú, o sea, ese opulento cantón, sede de corporaciones transnacionales y residencia de la gente más rica de Costa Rica, acapara el 11,4% de las sucursales de esos bancos. En el caso de los bancos públicos, en Escazú se ubican 9 sucursales, un 1,8% del total respectivo.

Al presidente la fascina la “rentabilidad” de los bancos privados. He aquí una de las razones por las que son más “rentables”: no solo tienen mucho menos sucursales, sino que el 77% de éstas, están en el área central del país, estratégicamente posicionadas en lugares donde mayor riqueza se concentra, como el cantón de Escazú.

¿Quiénes tienen sucursales en Upala, Guatuso, la Cruz, Río Frío, la Virgen de Sarapiquí, Batán, Guácimo, Palmar Norte o Puerto Jiménez? Ningún banco privado. Solo bancos públicos. Por eso los privados son más “rentables”.

¿Salvarán los cambios políticos a Liberación Nacional?

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional, de los actuales partidos activos, en la vida nacional, es el más viejo y el que más ha impactado el desarrollo institucional del país desde 1951, cuando se fundó, y desde 1953 cuando empezó a ejercer gobiernos. Si se retrotrae su historia a sus raíces desde la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando su fundador, José Figueres gobernó, a la fuerza, de facto, con los Decretos Ley que aprobaron, en ese período de Gobierno, que sentaron las bases de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, más importancia se le puede reconocer en el desarrollo institucional nacional al Partido Liberación Nacional, que dirigió el país en 9 ocasiones, 9 gobiernos, 1953, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1994, 2006 y 2010 de los 18 gobiernos que ha tenido el país desde entonces, incluido el actual.

El resto de los gobiernos se los han repartido 3 coaliciones en 1958, 1966 y 1978, de tradición opositora liberacionista con ribetes socialcristianos, 3 del Partido Unidad Social Cristiana, 1990, 1998, 2002, dos del Partido Acción Ciudadana, 2014 y 2018 y el actual Gobierno de Partido Progreso Social Democrático, 2022-2026.

De esa acción de gobiernos liberacionistas se desarrolló el Estado asistencialista, benefactor y el Estado Social de Derecho que se construyó especialmente hasta 1978, fortaleciendo un conjunto de instituciones públicas poderosas, claves y estratégicas para el desarrollo nacional, como han sido la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas que se impulsan en los Gobiernos de Figueres y Daniel Oduber, 1970-1978, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Consejo Nacional de la Producción para sirvió para asegurar precios justos a los productores nacionales, asegurar sus cosechas para el consumo y para regular precios para los consumidores, la Banca pública estatal que se puso al servicio de distintos sectores empresariales, comerciales y productivos y del público, la Caja Costarricense del Seguro Social, que fundada en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, se desarrolla, amplía y universaliza sus servicios por el impulso que le da Liberación Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, el motor del desarrollo y de la economía nacional, y el Instituto Nacional de Seguros, por citar algunas de las instituciones que durante los gobiernos liberacionistas se fortalecieron, al menos hasta 1978.

Fue la Liberación Nacional el que impulsó y fortaleció la clase media nacional, que a pesar de los embates económicos con que se ha venido golpeando a toda la población del país, sigue siendo fuerte, poderosa y sobreviviente, una parte de ella y la otra, sectores amplios de la clase media amenazados en su estatus de vida, con tendencia a ser excluidos y expulsados de esta clase media, reduciendo su tamaño, y a pasando, parte de ella, a formar parte de la composición social de los sectores pobres del país.

Con el Gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982 se empezó a desmantelar el Estado, se empezaron a privatizar instituciones que eran empresas públicas. A partir del Gobierno de Luis Alberto Monge se impulsaron los Planes de Ajuste Estructural y al inicio de la década de 1990 se impuso la política de Tratados de Libre Comercio, que han atendido todos los gobiernos desde entonces, entre otros cambios importantes que afectaron estructuralmente el desarrollo institucional del país.

El proceso de desmantelamiento estatal no ha cesado. La apertura bancaria, o la desnacionalización que se impuso en el Gobierno de José María Figueres, 1994-1998, culmina no solo con el sector bancario financiero nacional gobernando el país, sino que conduce ahora a deshacerse de más instituciones bancarias públicas, como es el intento de vender el Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica.

La descentralización por la privatización de servicios en las instituciones estatales ha debilitado su esencia, camino cada vez más seguro hacia su total privatización y desaparición de las mismas. Es la pinochetización fina, que se ha venido haciendo de la atención primaria de los servicios públicos esenciales, para imponer la privatización de todos los servicios públicos.

La educación pública la han debilitado, la han disminuido en su papel estratégico. La tendencia es hacia la privatización de toda la enseñanza.

La salud pública la han debilitado, fortaleciendo la atención de la salud en manos privadas, y sometiendo a la Caja Costarricense del Seguro Social a depender en diversos servicios de esa salud privada, con grave desatención a los asegurados. Las listas de espera son su mejor emblema.

Al ICE le llevan ganas desde hace muchos años. Del Consejo Nacional de Producción mantienen sus viejos edificios por avenida 10 como símbolo del abandono que se hizo de los productores y consumidores nacionales. Las Universidades son sujetas de ataques constantes en sus finanzas y en su autonomía institucional y funcional, como de reducirles su papel hasta donde puedan. El sector cultura, desarrollado institucionalmente desde el Gobierno de José Figueres, 1970-1974, lo tienen en capilla ardiente, casi artículo mortis en algunas de sus expresiones.

En este breve escenario se han fortalecido unos pequeños grupos nacionales, pero la inmensa población se ha empobrecido. Los índices de pobreza y pobreza extrema crecen. De la misma manera los índices de riqueza se concentran cada vez más en menos manos. A mayor riqueza nacional, concentrada en pocas manos, según los datos, se produce mayor pobreza y pobreza extrema, se reduce fácticamente el volumen de la clase media. Esto es más dramático en las regiones rurales y en las regiones de polos turísticos de desarrollo, donde esto se evidencia más.

La pobreza, la pobreza extrema, el trabajo informal, el desempleo creciente, el desempleo de mujeres cabeza de familia, el ausentismo forzado del proceso educativo, en parte por la pandemia, la no recuperación de los empleos perdidos por la pandemia, las casi 1000 instituciones escolares y educativas paralizadas sanitariamente son apenas una ligera foto del país más feliz del mundo que tenemos…

El asunto es que el Partido Liberación Nacional es parte causal de todo esto. Las banderas sociales que Liberación Nacional tenía las arriaron hace mucho tiempo. Liberación Nacional perdió su memoria histórica, ya ni celebran sus fechas emblemáticas, en las campañas electorales carecían de historia y de conquistas institucionales impulsadas por ese partido. En las últimas campañas electorales se olvidaron de los sectores sociales, que fueron sus bases de apoyo histórico. La renovación de sus liderazgos partidarios se hizo cada vez más alejado de las bases y del pueblo. Se incrustó en Liberación Nacional una verdadera mafia administrativa, desde las instancias cantonales que impusieron cambios que controlaron la vida interna de ese Partido, descabezando a sus líderes históricos, y desmemorizando al Partido.

Las tres derrotas consecutivas electorales que arrastra Liberación Nacional, 2014, 2018 y 2022, a pesar de que en el 2014 y en el 2022, lograron inscribirse para la segunda vuelta electoral, no les alcanzó porque carecieron de mensaje, de identificación con sectores sociales, no pudieron levantar una sola propuesta social frente a un pueblo electoral necesitado de soluciones a los graves problemas que los aqueja, volcándose más fácilmente por nuevas opciones políticas, aunque les fallaran, porque los partidos tradicionales ya les habían y estaban fallando, y era preferible confiar, ensayo y error, en nueva opciones por peligrosas que pudieran ser. El canto de sirenas fue válido hasta el 2022.

Liberación Nacional fue cómplice del descrédito con el que se empezó a cuestionar a los políticos, a los dirigentes políticos, a los líderes tradicionales de los partidos, a los partidos políticos, a la Política como tal, al sistema político, al sistema democrático que lo han desacreditado facilitando las tendencias políticas autoritarias anti todo. En su propio seno se han comido a sus dirigentes históricos y las bases de su propio Partido.

Las medidas que han impulsado no son salvadoras. De no desmantelar la estructura mafiosa que controla el Partido para la escogencia de sus dirigentes y candidatos, desde las asambleas cantonales, no van a salir adelante.

El Partido dejó de ser un Partido Político hace mucho tiempo. Su Directorio Político era simbólico, de papel. En los últimos 20 años, me atrevo afirmar, que no se ha pronunciado públicamente de manera importante sobre ningún tema nacional.

La cabeza del Partido terminó siendo su cola, mientras las fracciones legislativas de Liberación Nacional se convertían de hecho en varias cabezas que trataban de gobernarlo.

No se sentía por ninguna parte que el Directorio Político fuera un baluarte de dirección política partidaria, hacia fuera del partido y hacia adentro.

En su Directorio llegó a mantenerse representantes de expresidentes que públicamente se habían retirado del Partido. Se aceptó a personas que se habían ido del partido, que se les habían enfrentado políticamente y electoralmente, de nuevo en el Directorio, como si nada hubiera pasado.

El Partido fue tomado por sectores bancario-financieros más que por políticos, respondiendo en ese sentido a esos otros intereses, más que la visión política que debe tener una organización que se precie de ser un partido político. Se ha impuesto una visión financiera de hacer negocios con el partido. 

El discurso manejado contra los líderes históricos, los poquillos que le quedan, es errado. Los nuevos que han sido nombrados no son menos tradicionales que los que se han convertido en blanco de los ataques, y quizá si el pensamiento político que los otros tienen.

A Liberación Nacional le faltan líderes políticos. Deberían tener espejos de los líderes socialdemócratas europeos y latinoamericanos que están en la lucha política, al lado de sectores populares.

A Liberación Nacional lo ha perjudicado mucho los vínculos con la corrupción y la narcomafia con que se ha vinculado a dirigentes suyos, de todo nivel, sin que el Partido haya podido hacer nada. No hay en este momento ninguna propuesta para modificar los Estatutos de manera que se permita actuar contra este tipo personas, y dirigentes de distinto rango, que se enquistan en el partido y sus estructuras internas, como públicas en las que participan, municipales, diputadiles o partidarias. Si eso no lo corrigen están manteniendo al paraguas que les filtra agua por todo lado.

Liberación Nacional dejó de ser un Partido pensante, ideológico, teórico doctrinario, visionario del país. En cierta forma dejó de ser un Partido político, como existían los partidos socialdemócratas. Carece de una perspectiva política, ideológica o teórica, y social para trazar el camino de la Costa Rica de los próximos años, carece de banderas sociales y políticas. Carece de identidad con sectores sociales.

Las renuncias de Laura Chinchilla, de Fernando Zamora y de Claudio Alpízar, parecieran ser las más importantes de los últimos meses en ese Partido. Por ahora son solo dirigentes y destacadas figuras del Partido.

Vienen las elecciones municipales dentro de un año. Este será el reto de Liberación Nacional, mantener las casi 50 alcaldías que tienen en su poder hoy.

El alcance de la última Asamblea Nacional solo ha trascendido en el nombramiento de dos de sus principales dirigentes del Directorio del Partido, apoyados por José María Figueres y Oscar Arias. Pareciera que esa Asamblea no dio para más.

Si es así, no ha habido más que un cambio cosmético, y en esa foto siguen siendo los más importantes dentro de ese Partido, guste o no, José María Figueres y Oscar Arias.

6 razones para no vender el BCR

Carta pública a la Asamblea Legislativa*

Los abajo firmantes, apoyamos la posición de muchos profesionales y expertos que, desde muy diversas posiciones ideológicas y políticas, manifiestan oposición a la venta del Banco de Costa Rica (BCR).

Consideramos que la competencia entre la banca privada y la banca pública siempre es beneficiosa. La banca es mucho más que un tema financiero: tiene que ver con el bienestar de las personas y la ciudadanía, propósito último de toda política pública.

1.- LA COMPETENCIA BANCARIA SIEMPRE ES BUENA. De acuerdo con la SUGEF, Costa Rica tiene 11 bancos privados, 5 financieras privadas y 21 cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas. Es decir, 37 entidades privadas y solo 3 bancos públicos (ver información detallada en la página web de la Sugef). En simple teoría de la competencia, base de la sociedad de mercado, es muy sano que esa enorme cantidad de entidades bancarias privadas tengan competencia de algunos pocos bancos públicos con funciones diferenciadas. Esto ayuda al mercado, ayuda a la ciudadanía y a transparentar el negocio bancario.

Pretender lo contrario es favorecer oligopolios. Es estar en contra de la competencia misma. El BCR es la institución financiera pública con menor margen de intermediación del país (6,46%). El margen de intermediación financiera del BCR se redujo en casi un 3% entre 2019 y 2020, pasando de 171 mil millones de colones en 2019 a 167 mil millones de colones en 2020.

Eso es eficiencia operativa. Justamente, entre 2017 y 2019 dicho indicador pasó de 67,55% a 78,12%, es decir un aumento de más de 10 puntos porcentuales en menos de 2 años. Los principales expertos en banca nos indican que, a pesar de tantos bancos privados, el mercado bancario costarricense es oligopólico, con tasas de interés muy altas (y una diferencia muy aguda entra la tasa activa y pasiva). Dos importantes estudios lo demuestran: “Intermediación Financiera y Poder de Mercado: el caso Costa Rica” de Castro y Serrano (2013); y el estudio de Salas, Mora y Agüero, del año 2015, “Una mirada a la competitividad del Sistema Bancario Nacional Costarricense a través del Indicador de Boone”, publicado en la Revista de Ciencias Económicas, lo cuales concluyen claramente que el mercado bancario privado en Costa Rica es muy cerrado y no favorece al consumidor. Necesita competencia.

2.- LA VENTA DEL BCR NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE LA DEUDA: La venta del BCR en la suma que ha mencionado el propio presidente, de USD 1.800 millones, no es una solución al problema de la deuda en el corto plazo.

Tampoco en el largo plazo, pues es más lo que pierde el país por los rendimientos dejados de percibir por el BCR que el dinero que ahorraría en pago de intereses. Veamos los números duros:

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el año pasado, la deuda del Gobierno Central fue de USD 43.015 millones de dólares, los cuales corresponden a un 68,34% del PIB. Así que, USD 1.800 millones sería un aporte de solo el 4,1% en reducción a la deuda que ni siquiera nos libera de la situación más gravosa de la Regla Fiscal.

Veamos los números detallados: solo el año pasado 2021, el pago de intereses de la deuda del Gobierno fue de USD 2.989 millones (4,91% del PIB), de los cuales USD 2.593 millones (4,26 % del PIB) correspondieron a intereses de deuda interna, y USD 396 millones (0,65 % del PIB) a intereses de deuda externa. Literalmente, esos USD 1.800 millones se esfumarían en 6 o 12 meses, apenas en el pago de intereses.

En un año o dos, nos quedaríamos sin BCR y con la deuda igual o creciendo. Lo mismo que tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Las medidas para reducir la deuda tendrán que ser mucho más estructurales, como indicamos al final de este artículo.

3.- ¿Y SI NOS QUEDAMOS SOLO CON EL BANCO NACIONAL? Sería un grave error.

Serían 37 entidades privadas compitiendo contra un solo banco público.

Las tendencias oligopolistas se verían acentuadas. Además, se trata de dos bancos muy distintos. El BN es un banco más abierto y tradicional, con una gran masa de ahorrantes en cuentas de ahorro y créditos, extendido por todo el país. El BCR ejerce otra función: es una plataforma de servicios moderna, dinámica, que ofrece servicios mediante miles de negocios que apoyan la vida cotidiana de millones de personas al año.

4.- EL BCR Y EL BENEFICIO A LAS PYMES Y LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS. Con 162 oficinas, el BCR logra atender más de un 1 millón de transacciones mensuales entre clientes y usuarios, impulsando la autogestión bancaria y el uso de canales digitales. Adicionalmente, a través de 95 plataformas distribuidas en 67 oficinas BCR dentro de instituciones públicas, se beneficia con servicios bancarios a la población, con más de 9.815.000 servicios al año.

El BCR ha logrado colocar una serie de créditos y apoyos para las pymes del país a través de “PUNTOS TUCÁN”, el programa de microbanca más exitoso en la historia de Costa Rica, con 4.676 puntos y cobertura del 41% en comercios fuera de la GAM.

La clave es una red de pequeños comercios (sodas, pulperías, farmacias, etc.) que contribuyen al impulso social y a los procesos de bancarización. Como dijimos, el PROGRAMA TUCÁN del BCR es una red de 4.676 pequeños negocios afiliados que dinamizan económicamente a la sociedad.

Lo anterior convierte al BCR en la institución financiera que tiene mayor cobertura a nivel nacional, una tercera parte del alcance genérico está dedicado a sectores fuera de la GAM, superando en razón 4:1 la cantidad de oficinas que tiene el banco privado que más oficinas tiene.

El tercer rubro más importante en las colocaciones del BCR el año anterior fue a pymes, pasando de 25.959 millones de colones en 2020 a 36.491 millones en 2021. Aparte de su ser una gran Plataforma de Negocios para pequeños empresarios, el BCR tiene un impacto importantísimo para instituciones de bien social. Solamente en los último cinco años (período 2017-2021), las aportaciones a estas instituciones han sido las siguientes:

− CONAPE: 10.651.536.687 colones

− CNE: 6.390.922.155 colones

− IVM: 34.415.944.483 colones

− Infocoop: 11.564.438.799 colones

No solo se perderían esas cargas parafiscales sino, además, una serie de herramientas de carácter estratégico como el pago a pensiones de invalidez, las plataformas de depósitos judiciales, becas universitarias, alianzas público-público, la migración digital y educación financiera, fideicomisos de obra pública y las donaciones directas a emergencias nacional.

5.- EL BCR Y SU IMPORTANCIA PARA EL MUNDO RURAL. El BCR cuenta con 162 oficinas distribuidas en 15 regiones, zonas como Pérez Zeledón cuenta con 13 oficinas, la Zona Sur, con 6, el Caribe con 15, Guanacaste con 17 y la Zona Occidental y Puntarenas con 7 y 10 respectivamente. ¿Ha visto usted banca privada en las zonas más rurales y alejadas del país, como es el caso de Guayabo de Bagaces o Aguas Claras de Upala? No. Allí solo existen el BCR y el BN. La razón es muy sencilla: la vida rural no es generalmente rentable para la banca privada, cuyo eje son las tarjetas de crédito y crédito de consumo.

El mundo rural se mueve con créditos a pequeña escala para los productores, ofreciendo servicios financieros, acompañamiento empresarial y manejando el ahorro de miles de familias. Eso solo lo hace la banca estatal, pues son actividades que no generan mucha rentabilidad financiera. Por eso, sólo el BN y el BCR atienden a nuestro mundo rural y campesino. El acceso al mercado bancario de las poblaciones más vulnerables debe ser una prioridad democrática.

6.- ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN INTEGRAL AL PROBLEMA DE LA DEUDA? La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural. Por un lado, generar reducción de gasto burocrático ineficiente. Pero, además, correcciones tributarias modernas y justas. Cobrar impuestos (no a la mayoría de los empresarios y ciudadanos que ya pagan muchos tributos) sino, a la gran cantidad de evasores, y a los muchos sectores y grupos que están metidos en odiosos y privilegiados sistemas de exención y exoneración. El propio Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó, desde el año 2018, que la evasión de impuestos en CR era casi el 5,4% del PIB anual y que los sectores exonerados dejaban de pagar casi un 4,15% anual del PIB adicional, según estudios del Ministerio de Hacienda del año 2021. Ambas sumas son más del 9% del PIB anual. Con eso bastaría para eliminar nuestra deuda es menos de 10 años.

Hay que eliminar los odiosos privilegios de las grandes empresas que reportan 0 ganancias en impuesto de renta; y también de aquellas que se esconden en paraísos fiscales mediante mecanismos como los denunciados en Panama Papers. Son malas prácticas tercermundistas. Todo el mundo tiene que pagar impuestos en una democracia moderna.

Ya el G-20, impulsado por el propio gobierno de los EE.UU. anunció que hay que implantar un impuesto corporativo mundial de, al menos, el 15%.

Y ni qué decir del sobrepago de los intereses de la deuda pública interna que, injustamente, absorbe otros puntos del PIB en sobreprecios.

La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural que dilapidar los activos estratégicos.

Insistimos en lo que se dijo al inicio: regalar el Banco en 1.800 millones de dólares, como si fuera un plato de lentejas, no puede ser visto más que como una “curita” a corto plazo sin reformas estructurales y de largo plazo. Está claro que no solucionará la deuda del Gobierno Central. Un activo como el Banco de Costa Rica es mucho más que su valor financiero, es un motor de desarrollo que le genera gran cantidad de beneficios al país.

*FIRMANTES

  • Alpízar Otoya, Claudio. Politólogo.
  • Arguedas, Gabriela. Experta en bioética.
  • Araujo, Ana Margarita. Experta en mediación.
  • Arrunátegui Madrigal, Karla. Psicóloga.
  • Botey, Montserrat. Economista.
  • Bustos, José Manuel. Empresario.
  • Cabezas Moya, Rodrigo. Médico.
  • Carranza Villalobos, Carlos. Investigador.
  • Castellón Rodríguez, Leonardo, director Instituto de Investigaciones Económicas (UCR)
  • Castro Calvo, Ricardo. Asesor Legislativo.
  • Chan Mora, Gustavo. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica.
  • Cuevas Cordero, Felisa. Socióloga.
  • Céspedes Vargas, Renzo, Economista.
  • De Sárraga, Alejandro. Economista, experto en desarrollo local.
  • Díaz Jiménez, Luis Fernando.
  • Dubois Cisneros, Vanessa. Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA).
  • Fonseca Rodríguez, Ariel. Periodista.
  • Garrón Figuls, Ricardo.
  • Hernández González, Greivin. Economista.
  • Leiva, Jorge. Economista y empresario.
  • Lopes, Gilberto. Periodista y escritor.
  • Moreno Buján, Marcela. Decana de la Facultad de Derecho UCR.
  • Muñoz Villalobos, Alejandro.
  • Mora Portuguez, Jorge. Vicepresidente del Concejo Municipal, Municipalidad de Montes de Oca.
  • Nuñez Artiles, Adriana., Periodista.
  • Nuñez Vargas, Eduardo. Politólogo.
  • Olivares Martínez, Luis Carlos. Abogado, economista, especialista en Políticas Públicas.
  • Ordóñez Chacón, Jaime. Abogado.
  • Quirós, Javier. Ex secretario del Tribunal Electoral del PLN.
  • Ramos González, Welmer. Economista.
  • Rosales, Rotsay. Politólogo.
  • Solís, Sonia Montejo, Economista.
  • Succar Guzmán, Habib. Escritor.
  • Trejos Benavides, Eugenio. Exrector TEC.
  • Ulate, Enrique. Coordinador del Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)
  • Varela Erasheva, Marcelo. Experto en desarrollo.
  • Vargas Zeledón, Olman. Exsecretario Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y arquitectos (CFIA).
  • Vartanian, Daniel. Economista.
  • Vásquez Drexler, Juan Carlos. Abogado especialista en tecnología.

La venta del BCR requiere una reforma parcial de la Constitución Política

Por Manuel Hernández, abogado

En estos días tan lluviosos, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto denominado “Ley de venta del conglomerado financiero Banco de Costa Rica”.

El objetivo de este anunciado proyecto es vender, al mejor postor del mercado, el Banco de Costa  Rica y sus sociedades subsidiarias.

Aparte de la discusión acerca de las razones de conveniencia o no de vender este importante activo del Estado, ya sean motivos de orden político, económico y social, incluso de orden fiscal, que es hasta ahora donde el debate se ha centrado, es necesario entrar a discutir, de manera imprescindible, si mediante un proyecto de ley ordinario, desde el punto de vista del Derecho de la Constitución, se puede realizar esta jugosa operación de privatización y venta de un banco estatal.

En mi opinión, considero que no es pertinente promocionar así la venta de esta institución autónoma, por los siguientes motivos que formulo de manera resumida:

1.- En primer lugar, es necesario recordar el Decreto Ejecutivo N° 71, de 21 junio de 1948, emitido por la Junta Fundadora de la Segunda República.

Este decreto fundamentalmente definió lo siguiente: por una parte, estableció que sólo el Estado, por intermedio de sus instituciones bancarias propias, podrá movilizar los depósitos del público.

Por otra parte, nacionalizó la banca privada, expropiando por motivos de utilidad pública, las acciones del Banco de Costa Rica, Banco Anglo Costarricense (qdep) y el Banco Crédito Agrícola de Cartago (qdep).

En una elocuente alocución que realizó en la radio el Presidente de la Junta de Gobierno, José Figueres Ferrer, prácticamente en la víspera de la promulgación de este histórico decreto, lo justificó de esta manera:

“(…) De ahí nace el tremendo poder social que disponen [los bancos privados] y que, en la actualidad- en el siglo veinte- constituye un verdadero anacronismo. La administración del dinero y el crédito no debe estar en manos particulares, como no lo están ya tampoco la distribución del agua potable ni los servicios de correos. Es al Estado, órgano político de la Nación, a quien corresponde esas funciones vitales de la economía. El negocio bancario es el más seguro y el más productivo de todos los negocios. (…) Semejante poder, repito, no debe estar en manos de particulares, sino de la Nación.”
Cualquier comentario se quedaría muy corto frente a la contundencia de estas vigorosas palabras, que resuenan con tanta fuerza en la actualidad, 74 años después, que sería recomendable que el señor Presidente de la República leyera integralmente.

2.- El decreto-ley de nacionalización bancaria fue complementado y catapultado por la Constitución Política, promulgada el 07 de noviembre de 1949.

La Constitución emergente dibujó un nuevo diseño de la arquitectura de la institucionalidad pública, basado en un esquema orgánico de descentralización política y administrativa, que comprende las instituciones autónomas y municipalidades.

El artículo 188, en su redacción original, dispuso que las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia, en materia de gobierno y administración.

Luego, el artículo siguiente estipula:

“Artículo 189.- Son instituciones autónomas:

  • Los Bancos del Estado;
  • Las instituciones aseguradores del Estado;
  • Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menos de los dos tercios del total de sus miembros.”

Al tenor del primer inciso de este artículo, el constituyente preceptuó que los Bancos del Estado son instituciones autónomas.

Esta declaratoria constitucional tiene efectos y alcances determinantes que obstaculizan que por la vía de un simple proyecto de ley pueda ser vendido un banco del Estado.

3.- Ahora bien, volviendo a lo que venimos, el proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la venta, total o parcial, de los activos y pasivos del Banco de Costa Rica, sus sociedades subsidiarias, y “su extinción como institución autónoma, a partir del momento en que la venta total sea válida y eficaz (…).” (artículo 1).

Una vez que se haya realizada la venta total de las acciones, “(…)  se disolverá de pleno derecho el Banco de Costa Rica como institución autónoma y se deberá proceder con la liquidación correspondiente” (artículo 34).

Esta privatización del Banco de Costa Rica, en realidad, su reprivatización,  y consecuente extinción, jurídicamente no es posible, porque la Constitución Política de manera expresa e inequívoca estableció, ad litteram, que los bancos del Estado son instituciones autónomas.

La voluntad del poder constituyente originario, plasmada en el texto del artículo 189.1 de la Constitución, consolidando la nacionalización bancaria decretada por la Junta Fundadora de la Segunda República, fue reforzar su naturaleza pública; pero, además, todos quedaron configurados constitucionalmente como instituciones autónomas del Estado, incluido el Banco Nacional de Costa Rica.

Es decir, por mandato de la Constitución, por un lado, se constitucionalizó la naturaleza pública de los bancos del Estado. Pero, por otro lado, se rediseñaron como instituciones autónomas del Estado.

Esta regulación constitucional le impone un límite a la venta y privatización de los Bancos del Estado.

4.- Así las cosas, jamás podría sostenerse, al amparo de un proyecto de ley ordinario, la despublificación del Banco de Costa Rica, transformándolo en un banco privado.

El proyecto implica, por tanto, una desconstitucionalización que enerva la naturaleza pública y el régimen de autonomía que el constituyente le atribuyó a dichos bancos.

La  enajenación del Banco de Costa Rica, cuya naturaleza jurídica blindó la Carta Política Fundamental, norma normarun suprema, no se puede aprobar a merced de una reforma legislativa ordinaria; salvo que sea saltándose olímpicamente, con una buena garrocha fabricada en los astilleros del Banco Mundial (BM), la Constitución de 1949.

Si los bancos del Estado fueron configurados, ex constitutione como instituciones públicas y autónomas del Estado, sólo por una reforma constitucional podrían ser desposeídos de esta naturaleza jurídica, para que sin violentarse el ordenamiento jurídico, puedan ser susceptibles de un  proceso de venta y transformarse en un banco privado (regla de contrarius actus o paralelismo jurídico de las formas).

La eventual venta del Banco de Costa Rica, desde la óptica constitucional, si de algo todavía vale la Constitución de nuestro país, no se puede realizar a cuestas de un proyecto de ley común; excepto que se reforme el artículo 189.1 de la Constitución, mediante el procedimiento garantista de reforma parcial previsto en el artículo 195 de la misma.

¡Ni 38 votos, y mucho menos, la cifra de 29 votos, son pertinentes para vender esta institución fundacional del Estado Social y Democrático¡ La reforma constitucional es insalvable.

Lamentablemente, en los últimos 4 años, aquella devaluada Constitución se ha convertido en un producto más de la canasta básica alimentaria: un rollo de papel higiénico, de una sola capa.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Memoria Histórica: ANEP #13. El pacto Figueres – Calderón

18 de mayo 2022

En el mes de junio de 1995, dos partidos políticos, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, dos caras de un mismo proyecto político neoliberal, consolidan el “Pacto de la Vergüenza”.

Ambos partidos durante años han conducido nuestro país, a un mayor empobrecimiento y a una mayor desigualdad social.

Para la ANEP, las encuestas de opinión acerca del gobierno y del presidente “…dejan un claro descontento nacional con las políticas neoliberales y las acciones antipopulares de elevar impuestos, despido de empleados públicos y de entrega vergonzosa a los dictados de los organismos financieros internacionales…”

Caricatura alusiva al tema del Pacto Figueres-Calderón (En Marcha, junio 1995).

El pacto significó la eliminación definitiva de la banca nacionalizada -hoy totalmente cumplido-, además, la entrega de aquellas empresas rentables del Estado, como es la FANAL, hoy en proceso de desmantelamiento; pero además la reducción forzada del déficit fiscal, que conlleva el despido de miles de empleados públicos y el deterioro y cierre de muchas instituciones y servicios públicos; también agenda permanente de la política costarricense.

La ANEP denuncia “…la maniobra del Partido Unidad, al engañar a los costarricenses presentándose como opuestos al Paquete Tributario, pero comprometiéndose a no obstaculizar su trámite en la votación legislativa…”

Asimismo, el sindicalismo, considera y denuncia el doble juego del Gobierno, al aparentar negociaciones con diferentes sectores sociales y presentarse como dispuesto al diálogo, cuando en realidad hace yunta con la supuesta oposición para seguir promoviendo mayor pobreza a la gran mayoría de costarricenses.

Manifestación en 1995.

En el editorial de la “Prensa Libre”, del 15 de junio de 1995, se expresa: “…llamando a las  cosas por su nombre, el acuerdo Figueres-Calderón es simplemente la crónica de la toma del poder perpetrada por el liberalismo radical, el que considera que la ley de la oferta y la demanda está moralmente por encima de los diez mandamientos, y que los pobres por su mala cabeza… tienen la culpa, de su propia condición… y que si alguna gente se muere de hambre eso forma parte de la selección natural que elimina a los más débiles…”

Liberación Nacional y la Unidad se comprometen con el acuerdo, a no obstaculizar según su turno la aprobación de cualquier impuesto futuro, en situaciones similares a la presente, la conclusión es desoladora.

El editorial del vespertino lleva el nombre sugestivo “La flor del cactus”, porque es posible que la macro economía costarricense crezca pronto brillante, colorida y espinosa, como la flor del cactus, pero la paz social está en tremendo peligro.

Flor de cactus.

Adalberto Fonseca Esquivel
Historiador

(Fuente: “En Marcha”, junio de 1995)

El poder de las finanzas ¿Quién manda en Costa Rica?

Luis Paulino Vargas Solís

El poder de las finanzas

Si usted revisa las tasas de interés que los bancos en Costa Rica –públicos y privados- cobran sobre el crédito destinado a actividades productivas como la agricultura, la industria y la construcción, se encontrará con que éstas oscilan en el rango de 14 al 19% anual. Entretanto la inflación se sitúa en este momento en un 5% con tendencia decreciente (fue 3,68% para todo 2013). Si luego usted mira las tasas de interés sobre depósitos, se encontrará que para un año plazo se paga un interés de alrededor del 6,5%. Adviértanse entonces dos detalles:

(a) el amplio margen entre las tasas activas (las que se cobran sobre créditos concedidos)  y tasas pasivas (las que se pagan sobre los depósitos);

(b) el amplio margen que asimismo existe entre esas tasas activas y los índices de inflación.

El punto (a) nos advierte sobre dos posibilidades: que la banca (tanto pública como privada) es muy ineficiente, lo cual se refleja en un margen muy amplio entre las tasas a las cuales se captan recursos y las tasas a las que se conceden los créditos, o bien que hay un juego de extracción de rentas, que los bancos realizan por medio de ese amplio margen. Lo más probable es que en la realidad lo que se da es una combinación de ambas cosas.

El punto (b), por su parte, refuerza la tesis de la extracción de rentas, pero en este caso directamente del bolsillo de los clientes a los que los bancos conceden crédito, toda vez que se les hace pagar unas tasas de interés que, una vez compensada la inflación, dejan un amplio margen a favor de los bancos.

El poder de las finanzas2

Obsérvese, por otro lado, lo que ocurre con el tipo de cambio colón-dólar. Recordemos que por tres años consecutivos –entre los últimos meses de 2010 y finales de 2013- el dólar se mantuvo pegado en 500 colones o poquito más. Cierto que a inicios de 2014 las cosas cambiaron: a finales de enero empezó a darse una devaluación que llevó el tipo de cambio a cerca de 570 colones hacia el 10-11 de marzo. Luego de lo cual la intervención del Banco Central hizo que el valor del dólar volviese a deslizarse hacia abajo. Y si bien no volvió a los gloriosos 500 colones, si se ha estabilizado –desde hace ya más de cuatro meses- en los alrededores de 540 colones por dólar.

¿Quién gana y quién pierde con esta estabilización del dólar? Es usual que se piense que la ganancia es para toda la población, entre otras cosas porque ello contribuye a que la inflación se estabilice y, obviamente, abarata relativamente los productos importados. Y, sin embargo, estos beneficios son discutibles, en primer lugar porque no obstante la relativamente baja inflación, los datos disponibles (elaborados por el INEC) claramente muestran que durante estos años de inflación reducida (2009 en adelante), los salarios sin embargo se han quedado a la zaga. A fin de cuentas, pues, el poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de la población va cuesta abajo.

Es ciertamente paradójico: tipo de cambio estable, baja inflación y…¿salarios reales decrecientes? Creo que la explicación de esto último hay que buscarla en tres factores estrechamente relacionados entre sí: el debilitado dinamismo de la economía, el grave deterioro de la situación del empleo y la desorganización de los trabajadores y trabajadoras. Ello ofrece un cuadro propicio al deterioro de los salarios.

Y, en fin, ¿por qué la economía se ha mantenido débil y, encima, por qué tiende a debilitarse aún más en los últimos dos años? Las razones son diversas y algunas tienen que ver con los efectos negativos derivados de la muy mediocre evolución de la economía mundial durante los últimos siete años. Pero también hay factores internos que afectan. Uno de los cuales es, muy probablemente, el tipo de cambio. El asunto es que la estabilidad aparente que durante años ha mostrado éste último, implica, cuando se descuenta la evolución de la inflación, un aumento de los costos relativos con que –comparativamente a sus competidoras externas- producen las empresas costarricenses. Y ello afecta al sector turismo, a las actividades exportadoras pero también a las industrias y actividades económicas cuya producción compite con productos importados. Una forma de ilustrarlo es viendo la evolución que registran las exportaciones costarricenses. En los años anteriores a 2008 –especialmente el bienio 2006 y 2007- crecían en los alrededores del 15% anual. Tras el bajón de 2009 y hasta la actualidad, ello ya no es posible. Hubo un amago de recuperación en 2012, el cual demostró ser muy transitorio. En los últimos dos años el comportamiento de las exportaciones es simplemente decepcionante (su crecimiento es cero o negativo).

Así pues, y en contra de lo que usualmente se cree, la situación que se registra en relación con el tipo de cambio colón-dólar genera mucho más daño que beneficio. Eso es así para la mayor parte de la economía y de la población, aunque no para los bancos. Para éstos el tipo de cambio férreamente estabilizado es un excelente negocio. En primer lugar porque ello propicia la atracción de capitales en dólares que alimentan la colocación de créditos con ganancias más que sustanciales para los bancos. En segundo lugar porque el tipo de cambio estable actúa como una ancla que frena la inflación y contribuye a mantenerla baja. Lo cual también favorece el negocio bancario, ya que, como hemos visto, estos colocan créditos sobre los cuales cobran tasas de interés mucho más altas que la inflación vigente.

El poder de las finanzas3

Todo este juego financiero en relación con tasas de interés y tipo de cambio redunda finalmente en lo mismo: jugosas ganancias para el sector financiero. No es casualidad que la actividad financiera crezca a tasas que exceden del 7% anual cuando la economía en su conjunto lo hace al 3,5%-3,6% anual. Visto de otra forma: la proporción que los servicios financieros representaban en el PIB era del 4,0% a inicios del nuevo siglo, alcanzó 4,7% en 2006 y salta al 5,8% en 2014.

En síntesis: la conducción de la economía en gran medida responde a los intereses del negocio financiero (banca y flujos de capitales), con consecuencias muy dañinas para la actividad productiva, la generación del empleo y las situaciones de pobreza y desigualdad. Y aunque por una cuestión de extensión aquí no podré explicarlo, incluso toda la discusión sobre déficit fiscal y recortes presupuestarios está igualmente condicionada por el predominio de tales intereses.

 

Tomado del Blog Soñar con los Pies en la Tierra de Luis Paulino Vargas.

http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2014/11/el-poder-de-las-finanzas-quien-manda-en.html

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